Sentencia 2010-00107 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Radicación: 11001-03-25-000-2010-00107-00

Radicación 0841-2010

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Germán Alfonso López Daza

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Se trata de establecer si los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales se sancionó al demandante con destitución del cargo de asesor, código 105 de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, y lo inhabilitó por el término de cinco (5) años para desempeñar cargos públicos, fueron proferidos con desconocimiento del debido proceso y falsa motivación o si por el contrario obedecen a las disposiciones constitucional y legales.

Actos acusados

• Fallo disciplinario de primera instancia de 21 de marzo de 2006, mediante el cual, la comisión especial disciplinaria encabezada por el procurador regional del Huila, sancionó al demandante con destitución del cargo de asesor, código 105 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y lo inhabilitó por el término de cinco (5) años para desempeñar cargos públicos, por cuanto como servidor público efectuó aportes a la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta (fls. 11-104).

• Fallo disciplinario de segunda instancia de 9 de agosto de 2006, a través del cual, el procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa confirmó la sanción impuesta al accionante (fls. 105-116).

De lo probado en el proceso

De la vinculación del actor

Según da cuenta la certificación proferida por la jefe de la división de recursos humanos de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva-Huila, el actor prestó sus servicios a la institución desde el 21 de julio de 2000 al 10 de septiembre de 200, ocupando el cargo de asesor del área jurídica, código 105 (fl. 277, cdno. 2).

Mediante Resolución 871 de 21 de julio de 2000, la gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, nombró al demandante en el cargo de asesor, código 105 (fls. 63-64, cdno. 5).

Hechos que dieron origen al proceso disciplinario

El 27 de febrero de 2002 una comisión especial conformada por la procuradora de familia de Neiva, el procurador provincial de Neiva y una secretaria ad hoc, en cumplimiento de la directiva 3 de 21 de febrero de 2002, proferida por el Procurador General de la Nación y de acuerdo al comité regional y provincial de control de asuntos electorales, efectuaron una visita a las instalaciones de la campaña al Senado de la República del señor Jaime Bravo Motta, encontrando una lista de varias personas que realizaron aportes económicos a la misma, entre los cuales figuraba el servidor público Germán Alfonso López Daza; por lo que se solicitó copia de los documentos y comprobantes de retiro de bonos de solidaridad y recibos de ingresos y egresos de la campaña (fls. 1-21, cdno. 5).

Del proceso disciplinario

Mediante auto de 7 de marzo de 2002, el procurador provincial de Neiva y con fundamento en lo previsto en el artículo 47 de la Ley 200 de 1995, ordenó la apertura de indagación preliminar, para lo cual dispuso la práctica de algunas pruebas y remitió las actuaciones por competencia a la procuraduría regional del Huila (fl. 22, cdno. 5).

• Germán López y Argenis Garavito cancelaron el bono de solidaridad 93 por valor de $ 1.000.000 (fl. 161, cdno. 1).

• La colilla de los desprendibles de los bonos de solidaridad, contienen el nombre del actor.

• La señora Ana Mireya Castillo Rubiano, en su declaración afirmó que el implicado labora en el Hospital de Neiva (fls. 181-183, cdno. 1).

• Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión del accionante como asesor, código 105 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (fls. 190-191, cdno. 1).

Por auto de 31 de marzo de 2003 el procurador regional del Huila (fl. 99, cdno. 1), resolvió abrir investigación disciplinaria en contra del actor y otros, por la presunta violación de la prohibición contenida en el artículo 110 de la Carta Política, teniendo en cuenta que presuntamente en su condición de servidor público efectuó contribución a la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta, para el periodo 2002-2006. Además ordenó la práctica de otras pruebas, así:

• En la versión libre rendida por el actor, afirma que la señora Argenis Garavito Arévalo, es su amiga personal y que en el día de su cumpleaños se encontraban en un restaurante, cuando se les acercó una señora de nombre Mireya y le sugirió a Argenis que apoyara al candidato al Senado Jaime Bravo Motta, ante lo cual por cortesía su amiga respondió que sí; él respondió que su esposa podría estar interesada teniendo en cuenta que los hijos del candidato estudiaban en un colegio de su propiedad, es así como con posterioridad le remitieron un bono por valor de $ 1.000.000 previa aprobación de las socias del colegio.

• A petición del implicado se les recepcionó testimonio a las señoras María Cristina Vargas Losada (esposa), así como a Gloria Ximena y Nohora Piedad Vargas Losada (cuñadas), quienes conforman las cuotas sociales de la Sociedad Inversiones Vargas Losada Limitada, propietarias del Colegio Gimnasio Los Ángeles, quienes dan cuenta de la adquisición del bono de solidaridad 93 por valor de $ 1.000.000.

• Así mismo en su declaración la contadora del referido colegio, Sonia Edith Falla Puentes, señaló que únicamente puede dar fe del registro contable de egreso correspondiente al pago del bono por valor de $ 1.000.000.

El 15 de marzo de 2004 el procurador regional del Huila profirió el auto de cargos en contra del implicado y otros (fls. 599-673, cdno. 7), para lo cual argumentó:

• Cargo único: el actor en su condición de asesor, código 105 de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva-Huila, como servidor público presuntamente efectúo aportes a la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta (actualmente Senador en ejercicio), para el periodo 2002-2006 por la suma de $ 1.000.000.

• A la anterior conclusión llegó después de corroborar su nombre en el comprobante de ingreso de 20 de diciembre de 2001, cancelando el bono de solidaridad 93, al igual que el libro de bonos y el reporte de donantes de 10 de abril de 2002 realizado por el candidato ante la Organización Electoral, Consejo Nacional Electoral, Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales.

• La anterior conducta se encuentra expresamente prohibida por los artículos 1º, 2º, 6º, 110, 123, 127 y 209 de la Carta Política, así como los artículos 25-10 y 40-1; y 42 de la Ley 200 de 1995.

• Conforme lo previsto en el artículo 25 del código único disciplinario, la calificó como gravísima, cometida a título de dolo.

El demandante presentó escrito de descargos (fls. 708-727, cdno. 7), en que argumentó lo siguiente:

• La procuraduría ha probado que un dinero ingresó a la contabilidad de la precandidatura al Senado del señor Jaime Bravo Motta, además que el nombre del implicado aparece en los libros de contabilidad de la referida campaña.

• Sin embargo, no comprobó que efectivamente el disciplinado realizó la contribución en dinero y que este salió de su patrimonio, pues cualquier persona pudo efectuar la anotación en los libros y afirmar por ese simple hecho, que efectuó aportes en dinero para una causa específica.

• Aduce la ausencia de tipicidad de la conducta por cuanto el artículo 110 superior no ha sido reglamentado y existen normas anteriores que otorgan ciertas excepciones a esta prohibición, como es el artículo 1º del Decreto 3074 de 1968, el cual se encuentra vigente, según la cual, el aporte a campañas por parte de un funcionario se hace en forma voluntaria, esto no es sancionable a la luz del artículo 110 de la Carta Política.

• Afirma que para el 20 de diciembre de 2001 oficialmente el señor Jaime Bravo Motta no se encontraba en campaña al Senado, pues su candidatura se oficializó el 5 de febrero de 2002, cuando se inscribió ante la delegación departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

• Por lo anterior, el operador disciplinario está investigando una conducta que no es sancionable, ya que los aportes registrados a su nombre, fueron efectuados a un ciudadano que aún no ostentaba oficialmente la calidad de candidato al Senado.

• Alega la ausencia de valoración probatoria conforme al principio de la sana crítica, teniendo en cuenta que el comprobante de egreso que hace parte de la contabilidad de la sociedad Inversiones Vargas Losada Ltda., y que fue incluido en los libros contables de la empresa, se debe reputar como válido y debe ser tenido en cuenta como plena prueba. Además la procuraduría regional del Huila no tuvo en cuenta en su conjunto las declaraciones de quienes hicieron parte de la campaña, las cuales dan cuenta que nunca efectuó aportes a la referida campaña.

Mediante auto de 9 de febrero de 2005 el procurador regional del Huila reiteró la práctica de las pruebas ya señaladas (fls. 1093-1094, cdno. 5).

El procurador regional del Huila por auto de 11 de octubre de 2005, ordenó correr traslado para que los implicados presentaran alegatos de conclusión (fl. 1197, cdno. 5), insistiendo que debe ser absuelto del cargo que se le imputa, toda vez que no existe prueba que demuestre que efectivamente efectuó contribución a la campaña al Senado del señor Bravo Motta, antes por el contrario el acervo probatorio da cuenta de que la contribución que se le imputa fue realiza por la Sociedad Vargas Losada Ltda.

El 21 de marzo de 2006 la comisión especial disciplinaria encabezada por el procurador regional del Huila, profirió fallo disciplinario de primera instancia, mediante el cual resolvió sancionar al demandante con destitución del cargo de asesor, código 105 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos por el término de cinco (5) años (fls. 122-175), para lo cual argumentó lo siguiente:

• La conducta endilgada al disciplinado se adecua típicamente a la contenida en el artículo 110 de la Carta Política, disposición que se aplica de forma directa tal y como lo indicó la Corte Constitucional en Sentencia C-280 de 1996, según la cual no se requiere desarrollo legal de dicha disposición, por tanto, su aplicación se hizo en acatamiento del ordenamiento jurídico.

• Con relación a la participación en política, señaló que la Constitución Política de 1991 consagró un buen número de derechos de los ciudadanos, dentro de ellos, el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40). De este derecho se deriva el de elegir y ser elegido, el de garantizarle hacer parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y todas las formas de participación democrática (art. 103 ib.).

• Sin embargo el voto como mecanismo de participación —como todo derecho— tiene sus límites; es así como el mismo constituyente en el artículo 110 superior dispuso que: “Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o pérdida de la investidura”, seguidamente al artículo 109 ídem contempló la contribución a los gastos electorales de los partidos y movimientos políticos.

• Por tanto, no existe contradicción entre los derechos fundamentales de participación política en la forma planteada por la doctrina y la jurisprudencia, y la aplicación que ha hecho el operador disciplinario de la prohibición contemplada en el artículo 110 de la Constitución Política, como lo ha entendido la Corte Constitucional en Sentencia C-454 de 1993.

• Insiste en que la falta imputada al disciplinado se encuentra expresamente contemplada en la Constitución y la ley, y obedecen a comportamientos que son considerados de mayor reproche por el constituyente primario y por el legislador.

• Señala que no es posible dar aplicación al principio de favorabilidad, por considerar que lo previsto en el artículo 1º del Decreto 3074 de 1968, es contrario a lo establecido en los artículos 40, 110 y 127 de la Constitución Política y lo señalado sobre el particular por la Corte Constitucional.

• Por lo anterior mantiene la imputación de la falta como gravísima, cometida a título de dolo.

El disciplinado inconforme con la anterior decisión, el 25 de abril de 2006 presentó el recurso de apelación en que solicitó se revocara la sanción impuesta y en su lugar fuera absuelto de toda responsabilidad (fls. 1515-1602, cdno. 9), para lo cual, señaló lo siguiente:

• Con relación a las disposiciones citadas en el pliego de cargos, señaló que con relación al artículo 127 de la Constitución Política no existe prueba, y la imputación se cimentó en el artículo 110 ibídem, pero una cosa es la intervención en política y otra la contribución a los partidos. De igual manera se le imputa el desconocimiento del artículo 25-10 de la Ley 200 de 1995, que hace referencia a estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, por lo que estima que la configuración de la tipicidad no es clara.

• Aduce que para la determinación de la falta prevista en el artículo 110 de la Carta Política, no basta la transgresión del deber, sino que se deben dar todos los elementos del tipo, es decir, la acción de contribuir (pagar una cuota) para un fin, que solo se da mediante el dolo, y no puede ser futo de un descuido, sino de la intención de que el suceso se presente en la realidad, de que su comportamiento sea dirigido hacia el desconocimiento de la norma.

• Por tanto, no se puede atentar contra el tipo penal previsto en el artículo 110 superior de manera culposa, pues tal comportamiento está dirigido a la realización de un objetivo.

• El presente caso, la actividad del operador disciplinario es nula respecto al dolo, pues no se efectuó un análisis del mismo, el cual constituye el elemento cognoscitivo y volitivo, de los cuales no se verificaron frente a la acción de contribuir que se le imputo al disciplinado.

• Respecto a la inhabilidad afirmó que el operador disciplinario reconoce el carácter autónomo de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 110 de la Carta Política, pero en ella no se contempla la inhabilidad de la cual fue objeto el disciplinado.

• Antes por el contrario el artículo 124 superior indicó que la ley desarrollará y determinará la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y la forma de hacerla efectiva; por tanto, el juzgado no podía ir más allá del contenido normativo e imponerle una inhabilidad de cinco (5) años al disciplinado, cuando la norma no contempla tal sanción.

El procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa el 9 de agosto de 2006, profirió fallo disciplinario de segunda instancia (fls. 297-319), mediante el cual confirmó la sanción impuesta al disciplinado, con base en la siguiente argumentación:

• La ley disciplinaria pretende que los servidores públicos cumplan fielmente con sus deberes oficiales para la buena marcha de la administración pública; de manera que la infracción al deber funcional se constituye en el fundamento de la imputación del ilícito disciplinario. La acción disciplinaria se origina en el incumplimiento de un deber, de una prohibición o la omisión o extralimitación de sus funciones y su fin consiste en garantizar el buen funcionamiento del Estado.

• El artículo 110 de la Constitución Política, prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas, hacer contribución a los partidos, movimientos o candidatos o inducir a otros a que lo hagan, es decir, que consagra una prohibición de hacer, se trata además de norma completa, por cuanto indica tanto la conducta como la sanción que se debe imponer en caso de trasgresión.

• La comisión analizó las pruebas obrantes en el proceso disciplinario, teniendo como inexistentes las que se aportaron por fuera del término de la investigación. Las documentales, fueron el acta de visita practicada por la procuraduría a la sede de la campaña de Jaime Bravo Motta, copia del comprobante de ingreso por el pago del bono 93 a nombre del señor Germán Alfonso López Daza, donde se registra además el número de cédula del disciplinado en la colilla del bono.

• De las anteriores pruebas se infiere que el aportante del dinero del bono fue el referido funcionario de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

• También se tuvo en cuenta el informe de ingresos y egresos de la campaña electoral al Senado del Dr. Jaime Bravo Motta, para el periodo 2002-2006, el cual se encuentra firmado por contador público y se presume verdadero, al cual el operador disciplinario le da plena validez y no fue tachado de falso, por lo que los argumentos de primera instancia son claros al establecer que el disciplinado incurrió en la prohibición contenida en el artículo 110 superior.

• Además fueron analizados los testimonios de Jaime Segura, tesorero de la campaña, la versión libre del disciplinado, con lo cual se confirmó que el disciplinado en su condición de servidor público conoció al candidato Jaime Bravo Motta, lo cual constituye un indicio en su contra y no ofrece credibilidad las afirmaciones dadas en la versión libre, en el sentido de señalar que fueron terceras personas las que hicieron el aporte.

• Afirma que se probó debidamente el dolo exigido por las leyes 200 de 1995 y 734 de 2002 y se contó con la certeza de que existía el conocimiento de la prohibición, y con el comportamiento del disciplinado se impidió el cumplimiento de los fines propuestos por el Estado. La conducta fue idónea en la producción del resultado, por tanto, se trata de una falta disciplinaria de rango constitucional.

• En cuanto a la inhabilidad, precisó que en vigencia de la Ley 200 de 1995, norma que tiene plena aplicación en el presente caso, corresponde a una sanción accesoria a las faltas gravísimas que como tal, su aplicación está prevista en el artículo 30.

A folio 638 del expediente obra certificación de 23 de abril de 2007, proferida por un asesor del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral, en que hizo constar lo siguiente: “Que una vez revisado el archivo físico de esta dependencia, se pudo establecer que dentro de la relación de donaciones o aportantes de la campaña del doctor Jaime Bravo al Senado, en las elecciones celebradas el 10 de marzo de 2002, no aparece registro alguno a nombre del ciudadano Germán Alfonso López Daza” (se resalta).

Análisis de la Sala

De la excepción de caducidad de la acción

El apoderado de la Procuraduría General de la Nación propuso la excepción de caducidad de la acción por cuanto la demanda se instauró por fuera del término de caducidad de cuatro (4) meses previsto en el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo, además que no se agotó el requisito previo de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

Antes de revisar el procedimiento que en el sub lite se aplicó para notificar al demandante los actos que le impusieron la sanción disciplinaria que hoy impugna, es preciso señalar que esta Sala ha admitido un solo término de caducidad para demandar tanto los actos que imponen sanciones disciplinarias como el que dispone su ejecución y en tales casos, el término respectivo debe computarse a partir de la notificación del acto de ejecución.

Sobre el punto esta Sala señaló:

“(...) Pues bien, tratándose de los actos de ejecución expedidos por el nominador, en cumplimiento de los de “solicitud de destitución” que dicte la Procuraduría General de la Nación, por su indiscutible conexidad con estos, se impone que al ser demandados aquellos deba hacerse conjuntamente con los que dicta la Procuraduría General de la Nación con dicha petición-sanción, no solo por ser los que los originan, pues no se concibe su existencia sin su causa eficiente, sino por la naturaleza de su conexidad.

En virtud de la incuestionable conexidad existente entre tales actos, en aras de propiciar una efectiva protección de los administrados, la Sala ha admitido que el término de caducidad sea uno solo para impugnar tanto el acto de ejecución de la sanción, como aquellos que imponen al funcionario la respectiva penalización por comisión de faltas disciplinarias, término que debe comenzar a contarse a partir de la notificación del acto de ejecución (...)”(3).

El numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo pertinente a la caducidad de las acciones, expresa:

“2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe (...)”.

La decisión de segunda instancia a que alude la Procuraduría General de la Nación corresponde al fallo disciplinario de 9 de agosto de 2006, proferido por el procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa, para confirmar la decisión de primera instancia de 21 de marzo de 2006, mediante el cual, la comisión especial disciplinaria encabezada por el procurador regional del Huila sancionó al señor Germán Alfonso López Daza con destitución del cargo de asesor, código 105, de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y lo inhabilitó por el término de cinco (5) años.

El fallo mencionado en el artículo 3º ordenó remitir las diligencias al centro de notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, para que por esa dependencia se dispusiera lo pertinente a fin de notificar al disciplinado entre otros, advirtiendo que contra esa providencia no procede recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa (fl. 116, vto.).

A folio 1672 del cuaderno 9 del expediente obra el acta de notificación personal del fallo de segunda instancia al apoderado del señor Germán Alfonso López Daza, la cual se surtió el 18 de agosto de 2006.

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene una caducidad de cuatro (4) meses por disposición del numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y la demanda fue presentada dentro de esa oportunidad pues el fallo disciplinario de segunda instancia de 9 de agosto de 2006, le fue notificado al apoderado del actor el día 18 del mismo mes y año (sin que exista prueba de la ejecución de la sanción), por lo que la demanda debió ser presentada dentro de los cuatro (4) meses siguientes y se presentó el 18 de diciembre del mismo año (fl. 10), esto es dentro del término de caducidad de la acción.

En consecuencia, la Sala habrá de declarar no probada la excepción de caducidad de la acción.

De la potestad disciplinaria de la administración pública

La potestad disciplinaria es el deber que tienen todos los órganos e instituciones públicas de mantener y restablecer el orden, la disciplina y la moralidad que incumbe conservar a todo aquel que preste sus servicios al Estado como servidor público.

Lo anterior teniendo en cuenta que, si las funciones esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política en su artículo 2º, correlativamente, es deber de todo servidor público desempeñar sus funciones con estricto apego al bloque de legalidad ‘latu sensu’, como lo prevé el artículo 123 ibídem, al indicar que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”, además el artículo 6º del mismo ordenamiento dispone que los servidores del Estado responden por infringir la Constitución y las leyes y por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

En Sentencia C-028 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto, la Corte Constitucional, al respecto, indicó:

“(...) El ejercicio de la potestad disciplinaria es una de las más importantes manifestaciones del ‘ius puniendi’ estatal, la cual tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública, es decir, la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia, entre otros, que necesariamente deben orientar su actividad (...).

Entonces, resulta claro que el modelo de Estado adoptado por Colombia pone de presente, en las diferentes normas constitucionales, que el cumplimiento de las finalidades básicas y fundamentales por él trazadas, se logra a través del desarrollo de las funciones públicas atribuidas a los servidores públicos y a ciertos particulares, razón por la cual, dada la indiscutible relevancia que el buen ejercicio de dichas labores reviste, se hace indispensable la instauración de un régimen de responsabilidades que garantice el efectivo desempeño de las referidas tareas (...).

Así las cosas, debe afirmarse que el derecho disciplinario pretende garantizar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo, cometido este que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la administración pública cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma constitucional (...)”(4).

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de 1º de octubre de 2009, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, indicó:

“(...) Como ninguna parte de la actividad de las autoridades debe estar al margen de los valores que pregona la Constitución, es apenas natural que el debido proceso se deba aplicar a todas las actividades y desde luego a la administración de las sanciones disciplinarias, porque en ellas están comprometidos derecho fundamentales de los enjuiciados. Entonces, las sanciones no se administran de cualquier modo, sino con sujeción al debido proceso, tal como este fue concebido por el legislador en el código disciplinario único, y por tanto, sometido al examen del Juez constitucional para ver su apego a la Carta Política (...)”.

Bajo esta perspectiva, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la jurisdicción contenciosa administrativa, implica una especial cualificación y depuración del debate, pues dicho control no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si de una tercera instancia se tratara.

Corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, entre otras cosas, verificar que la prueba recaudada en el trámite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, que la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa.

Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando esta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esas pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que se ejerció en el presente caso por la Procuraduría General de Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el Ley 200 de 1995 y es en principio ajena a la actividad de la jurisdicción.

De la contribución a campañas políticas por servidores públicos

El demandante fue sancionado destitución del cargo de asesor, código 105 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, porque presuntamente contribuyó a la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta para el periodo constitucional 2002-2006, para lo cual, adquirió un bono por valor de $ 1.000.000.

La Sala estima necesario precisar que la Constitución Política, prohíbe a todos los funcionarios públicos hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos, para lo cual, en el artículo 110 indicó lo siguiente:

“Se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”.

El Código Único Disciplinario - Ley 200 de 1995,

‟ART. 25.—Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas: (...).

10. Actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución o en la ley.

‟ART. 40.—Los deberes. Son deberes de los servidores públicos los siguientes:

1. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los tratados públicos ratificados por el gobierno colombiano, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo (...).

‟ART. 42.—Las inhabilidades. Se entienden incorporadas a este código las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos. “Texto resaltado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-448 de 1998 y el texto restante exequible; ver el artículo 19, Ley 4ª de 1992, ver el concepto del Consejo de Estado 751 de 1995.

La Corte Constitucional en Sentencia C-280 de 25 de junio de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, al respecto indicó lo siguiente:

“(...) En relación con el inciso final del artículo 32, según el cual las faltas gravísimas, esto es, las descritas por el artículo 25 de ese mismo estatuto, se sancionan con terminación del contrato, es necesario hacer la siguiente precisión: el artículo 110 de la Carta señala que será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura que quien desempeñe funciones públicas haga contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o induzca a otros a que lo hagan, salvo las excepciones legales. Ahora bien, los numerales 7ª y 8ª del artículo 25 del CDU desarrollan en parte esta prohibición constitucional pero no cubren todas las hipótesis (...), por lo cual la Corte entiende que esta prohibición constitucional sigue operando de manera autónoma (...) como causa de terminación de los contratos, pues mal podría el legislador modificar el alcance de una prohibición constitucional. Por ello la expresión acusada ‘terminación del contrato de trabajo’ de este artículo 32 será declarada exequible pero con esa precisión (...)”.

Así mismo el Consejo de Estado en sentencia de 11 de mayo de 2004, Expediente 2147, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con relación a la prohibición constitucional de contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o que induzca a otros a que lo hagan, precisó:

“(...) En igual sentido se pronunció la Sala en providencia de fecha 19 de abril de 1995 “(Exp. AC-2444, M.P. Joaquín Barreto Ruiz), en la que agregó que la prohibición del artículo 110 se aplicaba de manera absoluta hasta tanto la ley no señale los casos de excepción a que allí se aludía.

Dijo la Sala en esa oportunidad:

‘(...) En relación con lo expresado por la señora procuradora delegada, respecto a la imposibilidad de decretar la pérdida de investidura de los congresistas con base en lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución Política, sea lo primero anotar, que le asiste razón cuando dice que la ley puede establecer excepciones a la prohibición establecida por el artículo 110, pues ello emerge del texto mismo de la norma. Mas sin embargo, no es acertado deducir que porque el legislador le pueda establecer excepciones y por ello la causal sea relativa, se deba dejar de aplicar. Lo cierto es, que la prohibición deberá aplicarse, ‘salvo las excepciones que establezca la ley’, como lo dice la norma sub examine (...).

Finalmente dirá la Sala, que no es necesario que la ley desarrolle o reglamente el artículo 110, para que pueda dársele aplicación. La ausencia de ley que establezca excepciones en él previstas estará prohibida de manera absoluta, sin excepciones, pero no que el precepto constitucional no pueda aplicarse. La interpretación del constituyente no fue la de condicionar la aplicación de la norma a la previa determinación de las excepciones si ella hubiere sido, así habría dispuesto expresa o tácitamente, y ello no fue así (...)’.

A juicio de la Sala, de la simple lectura de las disposiciones de la Ley 130 de 1994, antes transcritas, relacionadas con la financiación de los partidos y movimientos políticos y de sus campañas electorales, en armonía con las precisas prescripciones de los artículos 109 y 110 de la Constitución, solo el Estado y los particulares están llamados a contribuir a ese propósito, por ende, a los servidores públicos, en todas sus modalidades, les está vedado hacerlo so pena de que incurran en las sanciones que al efecto se ha establecido, cuales son, en lo que a este asunto interesan, la remoción del cargo y la pérdida de investidura (...)”.

Por otro lado, la Ley 130 de 1994 en el capítulo IV que trata “de la financiación estatal y privada”, dispuso que el financiamiento de los movimientos políticos estaría a cargo del Estado y de los particulares como personas naturales y jurídicas, sin que contemplara excepción a la prohibición constitucional para que los servidores públicos pudieran hacer aportes.

Además la Corte Constitucional al efectuar el control de constitucionalidad del proyecto de Ley 216 de 2005, declaró inexequible el numeral 4ª del artículo 39 en donde se contemplaba la posibilidad de hacer contribuciones a los fondos de los partidos, por lo tanto, queda claro que la aplicación que de la prohibición constitucional no contraviene norma constitucional alguna, ni atenta contra el derecho de participación política. De manera que esta clase de faltas se encuentran expresamente establecidas en la Carta Política o la ley, y obedecen a comportamientos que son considerados de mayor reproche según el constituyente y el legislador.

De la violación al debido proceso, por falta de apreciación integral de las pruebas

Indicó el actor que la sanción de destitución e inhabilidad por cinco (5) años para desempeñar cargos públicos, se hizo sin que en el proceso disciplinario obraran pruebas que le permitieran al investigador llegar a tal conclusión, además que se dejaron de valorar aquellas que demostraban su inocencia y finalmente aduce que obra en el proceso certificación proferida por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral, en la que de manera clara se precisa que no efectuó contribución alguna a la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta.

El artículo 29 de la Constitución Política, respecto al debido proceso indica que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional ha entendido(5), que los derechos de contradicción y controversia tienen vigencia desde la iniciación misma del trámite administrativo disciplinario, es decir, desde la indagación preliminar pasando por la investigación disciplinaria y el juzgamiento(6).

La Ley 200 de 1995, por la cual se expide el código disciplinario único, con relación al debido proceso determinó:

“ART. 5º—Debido proceso. Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, ante funcionario competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la Constitución y en este código, salvo que se trate de faltas disciplinarias cometidas por miembros de la fuerza pública en razón de sus funciones, caso en el cual se aplicarán el procedimiento prescrito para ellos”.

De igual manera previó que en el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá en favor del disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla, es así como a juicio de la Corte Constitucional, “(...) No entiende (...) cómo se pueda vulnerar la presunción de inocencia cuando se ordena a la autoridad administrativa competente para investigar a un determinado funcionario público que en caso de duda sobre la responsabilidad del disciplinado esta ha de resolverse en su favor. Y, por el contrario, advierte que de no procederse en esa forma sí se produciría la violación de tal presunción, pues si los hechos que constituyen una infracción administrativa no están debidamente probados en el expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir que el investigado es responsable, mal podría declararse culpable a quien no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la conducta antijurídica (...)”(7).

Así mismo el artículo 13 ibídem, dispone que el respeto al debido proceso administrativo reconoce el derecho que le asiste al disciplinado que el operador disciplinario en la aplicación del procedimiento tendrá en cuenta el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que intervienen en el trámite de la investigación, para lo cual el implicado tendrá a conocer las diligencias y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de otras.

De otra parte debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 118 ídem, el fallo disciplinario que dispone la imposición de una sanción solo es procedente cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-036 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, dijo:

“(...) 3.5 La Corte, en aquella ocasión, consideró que la facultad discrecional consagrada en esta disposición a favor de la autoridad disciplinaria de decidir si considera necesario o no oír en exposición espontánea al servidor público investigado, viola el derecho de defensa, pues olvida que esta solicitud del encartado en la indagación preliminar de ser escuchado, corresponde al derecho que tiene cuando sabe que su conducta puede estar comprometida por una queja o denuncia. En estas condiciones, dijo la Corte, que a su pedido de ser oído, la autoridad disciplinaria no puede negarse. Explicó la Corte:

‟Ahora bien, de la lectura atenta del artículo 140 del código disciplinario único, se tiene que el investigador ‟(...) podrá oír en exposición espontánea al servidor público que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado” (resaltado fuera de texto). Ello significa que, cuando no existe una persona claramente definida o, lo que es lo mismo, no se tiene certeza sobre el posible autor de la falta disciplinaria, el servidor público que tiene a su cargo el esclarecimiento real de los hechos que dieron lugar a la queja, puede acudir a los medios de prueba que considere pertinentes, sin que ello autorice al funcionario investigador a negarse a oír al servidor público que así lo solicite si este último lo estima pertinente, pues, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si un servidor público tiene conocimiento de que su conducta puede resultar comprometida en virtud de una queja o denuncia instaurada y, solicita al funcionario investigador la recepción de la exposición espontánea, en aras de ejercer su derecho de defensa, tendrá que ser escuchado, sin que esta solicitud quede sujeta a la discrecionalidad del investigador.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, habrá de declararse la inexequibilidad del artículo 140 del código disciplinario único, en cuanto hace referencia a la expresión ‟que considere necesario”, norma que es exequible en lo demás, bajo el entendido de que se es oído en exposición espontánea, cuando así se solicita por un servidor público para fines de la investigación preliminar, constituye para este el legítimo ejercicio del derecho de defensa como posible investigado, el cual no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del funcionario investigador, en ningún caso” (Sent. C-892/99).

3.6. Ahora, frente a la misma expresión contenida en una disposición semejante, se concluye que se está frente a cosa juzgada, pues, la frase acusada, el legislador la reprodujo exactamente igual dentro de un contexto muy semejante al que se encontraba en el anterior código disciplinario único y, como las razones expresadas por la Corte en la sentencia aludida para declarar la inexequibilidad parcial del artículo 140 de la Ley 200 de 1995 son las mismas que ahora conducen a la inexequibilidad de la expresión acusada del artículo 150, inciso 5º de la Ley 734 de 2002, se declarará inexequible (...)”.

En el sub lite, el actor aduce que se desconoció el debido proceso por cuanto la Procuraduría General de la Nación fundamentó la sanción de destitución e inhabilidad por cinco años (5), en la declaración rendida por el contador de la campaña electoral de Jaime Bravo Motta al Senado, así como al registro de su nombre en un libro, donde se afirma que efectuó contribución por valor de $ 1.000.000 porque adquirió el bono de contribución 93; empero no tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por las socias de la Sociedad Vargas Lozada Ltda., quienes de manera unánime afirman que fueron ellas, quienes adquirieron el bono de contribución voluntaria 93, lo cual se constató con el registro contable en los respectivos libros, así como en la nota de egreso y el correspondiente retiro de la cuenta de la referida sociedad.

Una vez analizado el acervo probatorio obrante en el proceso disciplinario, se pudo constatar que se allegaron las siguientes pruebas que fueron solicitadas, decretadas y recepcionadas por el operador disciplinario:

• Según da cuenta el acta 18 de 15 de noviembre de 2001, la junta directiva de la Sociedad Inversiones Vargas Losada Ltda., aprobó efectuar una donación a la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta.

• La Sociedad Inversiones Vargas Losada Ltda. canceló el bono de solidaridad 93 a la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta el 20 de diciembre de 2001.

• Los testimonios de las señoras Nohora Piedad, Gloria Jimena y María Cristina Vargas Losada socias de la renombrada sociedad que de manera unánime sostienen que efectivamente fueron ellas quienes en nombre de la persona jurídica referida adquirieron el bono de solidaridad 93 por valor de $ 1.000.000.

• Igualmente obra la declaración de la contadora del colegio perteneciente a la Sociedad Vargas Losada Ltda., Sonia Edith Falla Puentes, indicando que efectivamente fue ella quien realizó el correspondiente registro contable relacionado con el pago del bono de solidaridad 93.

• Informe 46 de 29 de julio de 2005, proferido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, seccional Huila, señalando que previo estudio grafológico de la firma consignada en la colilla del bono de solidaridad 93, no corresponde a la del disciplinado.

• Declaración rendida por Jaime Segura Carvajal, tesorero de la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Mota, quien indicó que no existe claridad y certeza respecto a la identidad de quienes aparecen en las colillas como compradores de los bonos, fueron los que efectivamente los adquirieron, al sostener que: “(...) las personas encargadas de colocar los bonos, llenaban las colillas con el nombre de aportante o de la persona que se quería que figurara como aportante, me explico: en ocasiones un padre de familia o un familiar quería que su hijo o familiar entre las personas que hubieran contribuido a la campaña, lo hacían figurar a él aunque realmente el aporte no lo hubiere hecho directamente (...)”.

Por su parte la Procuraduría General de la Nación mediante los actos acusados resolvió no tener en cuenta las declaraciones de las señoras Nohora Piedad, Gloria Jimena y María Cristina Vargas Losada, socias de la Sociedad Vargas Losada Ltda., por considerar que eran testigos sospechosas, por tratarse de la esposa del disciplinado y sus cuñadas, decisión que compartiría la Sala si no fuera porque al confrontarlas con las demás pruebas documentales y testimoniales que se reseñaron, coinciden en afirmar que fueron ellas quienes en nombre y representación de la sociedad resolvieron efectuar el aporte a la campaña al Senado del señor Bravo Motta.

Por si esto fuera poco, a folio 638 del cuaderno principal obra certificación proferida por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales(8) del Consejo Nacional Electoral, cuyo contenido literal da cuenta “(...) que una vez revisado el archivo físico de esta dependencia, se pudo establecer que dentro de la relación de donaciones o aportantes de la campaña del doctor Jaime Bravo al Senado, en las elecciones celebradas el 10 de marzo de 2002, no aparece registrado alguno a nombra del ciudadano Germán Alfonso López Daza (...)” (se resalta).

Así las cosas, la Sala estima que comoquiera que el organismo encargado de efectuar la revisión de la contabilidad de la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta, advirtió que el señor López Daza no efectuó ningún aporte a la misma, es decir, que no se configuró la tipicidad disciplinaria por la que fue sancionado con destitución del cargo e inhabilidad, por tanto, desaparece del mundo jurídico.

Por tanto, el cargo de violación al debido proceso por indebida apreciación de las pruebas está llamado a prosperar y en consecuencia se declarará la nulidad de los actos acusados.

Del reconocimiento de perjuicios morales

Como restablecimiento del derecho solicita el accionante que previa declaratoria de nulidad de los actos acusados, se condene a la accionada al reconocimiento y pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta que en su condición de docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Surcolombiana del Huila, desde el 2001, Doctorado en Derecho de la Universidad de París y autor de más de 10 investigaciones en el campo jurídico, se vio perjudicado en su buen nombre ante la comunidad académica, universitaria y social debido a que el fallo sancionatorio emitido por la accionada, fue ampliamente difundido por los medios de comunicación escritos y radiales, situación que le generó una afectación moral ante los señalamientos de sus alumnos y colegas de la comunidad en general.

La jurisprudencia de esta corporación, frente a la tasación de este perjuicio, que es de carácter extrapatrimonial, ha considerado que, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En efecto, ha indicado la Sección Tercera que “este entendimiento es congruente con la posición recientemente reiterada por esta Sala Plena(9),en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan”(10).

Así mismo la Sección Segunda de esta corporación en sentencia de 7 de noviembre de 2013(11), precisó lo siguiente:

“(...) Para sustentar su reclamo de indemnización de perjuicios morales, el apoderado de la señora Gil presentó junto con su demanda (a) un informe psicológico sobre el impacto que la decisión disciplinaria tuvo sobre la psiquis de Ana Isabel Gil, transcrito en la sección 4.2.1 precedente, y (b) copia de la edición del semanario Boyacá 7 Días del 7 al 10 de mayo de 2010, en la cual se publicó, en la primera y segunda página, la noticia sobre la destitución de la señora Gil, con una fotografía suya y una detallada explicación de la decisión sancionatoria. También se solicitaron y practicaron varios testimonios de personas allegadas personal y profesionalmente a la señora Gil, quienes declararon sobre el profundo impacto emocional y psicológico que tuvo esta injusta decisión sobre la vida de la afectada. Entre otras, resaltaron que debido a la pérdida de ingresos económicos, los hijos de la señora Gil tuvieron que retirarse de la universidad y debieron abandonar el país.

Para el Consejo de Estado es claro que la señora Ana Isabel Gil se vio forzada a soportar el profundo impacto psicológico y emocional que se demuestra en las pruebas que obran en el expediente, sin estar obligada a ello, por cuanto la decisión de la procuraduría de destituirla fue ilegal e injusta. No se requieren demasiadas pruebas para convencer a la Sala del efecto destructivo que puede tener, no solo una decisión sancionatoria como la que se adoptó en su contra, sino la publicación de esta sanción con gran despliegue en los medios de comunicación del departamento de Boyacá, así como los ulteriores impactos derivados de la pérdida de un ingreso mensual como el que tenía la señora Gil antes de su destitución.

Por las anteriores razones, la Sala considera justo ordenar a la Nación-Procuraduría General de la Nación que pague, a título de indemnización por los perjuicios morales causados a la señora Ana Isabel Gil, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales actualmente vigentes.

También se ordenará al procurador regional de Boyacá que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente providencia, convoque a una rueda de prensa con los principales medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y electrónicos del departamento de Boyacá, para comunicarles el contenido de la presente decisión, por lo menos con el mismo despliegue y detalle que recibió la noticia de la destitución de la señora Gil, la cual se publicó en la edición del viernes 7 de mayo de 2010 del semanario Boyacá 7 Días” (...)”.

En el presente caso, para demostrar los perjuicios morales que le ocasionó la decisión adoptada mediante los actos acusados, arrimó las siguientes pruebas:

• Abogado de la Universidad Santo Tomas, graduado en 1994 (fl. 266, cdno. 2).

• Especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público, de la Universidad Nacional, graduado en 1997 (fl. 267, cdno. 2).

• Especialista en derecho constitucional, de la Universidad de París I de Francia, graduado en el 2000 (fl. 268, cdno. 2).

• Máster en instituciones políticas y públicas, de la Universidad de París II de Francia, graduado en el 2000 (fl. 269, cdno. 2).

• Aspirante a Doctor de la Universidad de Paris II de Francia (fl. 271, cdno. 2).

• Resolución PC 211-A de 28 de febrero de 2001, por medio de la cual, el rector de la Universidad Surcolombiana del Huila, designó al demandante como docente de la Facultad de Derecho, para dictar la asignatura derecho constitucional colombiano (fls. 257-258, cdno. 2).

• De igual manera se recepcionaron los siguientes testimonios:

— El señor Leonardo Leyva Celis (fls. 414-417), afirmó que el accionante le dictó clases en el tercer semestre de derecho, en el 2004 en la Universidad Surcolombiana mostrándose siempre como una persona dinámica, servicial y estudiosa, y para el 2005 cuando realizaba una investigación de vulneración del derecho a la salud, el tutor fue el actor pero, era una persona distraída y retraída, y ya en el 2006 vivía muy pensativa y triste, cuando indagó el motivo se enteró que lo habían sancionado con destitución en la procuraduría.

— Por su parte Carlos Eduardo García Cruz, señaló que el demandante fue su docente en el 2001 y por pertenecer a un grupo de investigación que el doctor López Daza lideraba se enteró de la sanción de que fue objeto, razón por la cual vivió desorientado durante mucho tiempo (fls. 414-417).

— El señor Efraín Hoyos Galindo, indicó que lo conoció en la Universidad Surcolombiana, donde fue su jefe en el programa de investigación de la Facultad de Derecho por cinco (5) años y tuvo conocimiento de la sanción de destitución y fue testigo de la tristeza que le produjo, además porque se vio afectado porque tuvo conocimiento que en dos oportunidades iba a ser postulado a decano, pero por esa circunstancia no pudo (fls. 419-421, cdno. 2).

— Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez (fls. 422-423, cdno. 3), precisó que era profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Surcolombiana y que en el 2004 fue nombrado vicerrector de investigaciones y luego rector encargado, y desafortunadamente por la inhabilidad de que fue objeto no pudo acceder al cargo de decano de la facultad.

Del acervo probatorio que se relaciona se infiere que efectivamente el señor Germán Alfonso López Daza se vio afectado emocionalmente al tener que soportar el cuestionamiento de sus familiares, alumnos y comunidad universitaria en general por la sanción de destitución e inhabilidad de que fue objeto por parte de la Procuraduría General de la Nación, sin estar obligado a ello, por cuanto como quedó demostrado la accionada procedió a sancionarlo sin contar con las pruebas necesarias para demostrar su responsabilidad en los hechos de que fue objeto de reproche.

Como quedó demostrado que los actos acusados le produjeron una afectación emocional que no estaba en el deber de soportar, por cuanto se trató de decisiones que fueron adoptadas por la Procuraduría General de la Nación con desconocimiento de lo establecido en la Constitución Política y las leyes, se le condenará a que pague a título de indemnización por los perjuicios morales causados al señor Germán Alfonso López Daza, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Conclusiones

• La acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene una caducidad de cuatro (4) meses por disposición del numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y la demanda fue presentada dentro de esa oportunidad teniendo en cuenta que el fallo disciplinario de segunda instancia de 9 de agosto de 2006, le fue notificado al apoderado del actor el día 18 del mismo mes y año, esto es dentro del término de caducidad de la acción.

• El control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando esta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esas pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad.

• La prohibición constitucional de que ningún funcionario puede efectuar aportes a campañas políticas, no contraviene norma constitucional alguna, ni atenta contra el derecho de participación política y obedecen a comportamientos que son considerados de mayor reproche según el constituyente y el legislador.

• El organismo encargado de efectuar la revisión de la contabilidad de la campaña al Senado del señor Jaime Bravo Motta, advirtió que el doctor López Daza no efectuó ningún aporte a la misma, es decir, que no se configuró la tipicidad disciplinaria por la que fue sancionado con destitución del cargo e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, por tanto, desaparece del mundo jurídico.

• Los actos acusados le produjeron al demandante una afectación emocional que no estaba en el deber de soportar, por cuanto se trató de decisiones que fueron adoptadas por la Procuraduría General de la Nación con desconocimiento de lo establecido en la Constitución Política y las leyes, por lo que se condenará a que le pague a título de indemnización por los perjuicios morales causados la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, según las prueban obrantes en el expediente el actor pudo desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual fuerza concluir que en el sub lite se debe acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual se declarara la nulidad de los actos acusados y se ordenará igualmente el reconocimiento y pago de la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por los perjuicios morales que le ocasionaron.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE no probada la excepción de caducidad propuesta por la Procuraduría General de la Nación.

2. DECLÁRASE la nulidad parcial de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia de 21 de marzo y 9 de agosto de 2006 respectivamente, proferidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales se sancionó al señor Germán Alfonso López Daza con destitución del cargo de asesor, código 105 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDÉNASE a la Nación, Procuraduría General de la Nación a pagarle al señor Germán Alfonso López Daza, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de indemnización de los perjuicios morales irrogados por las decisiones disciplinarias que se anulan en la presente providencia.

4. ORDÉNASE a la Nación, Procuraduría General de la Nación efectuar la desanotación de cualquier registro o anotación disciplinaria negativa que exista en el sistema de antecedentes disciplinarios en contra del señor Germán Alfonso López Daza, derivada de las decisiones sancionatorias que se anulan en la presente providencia.

5. DESE cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y, una vez en firme este proveído archívense las presentes diligencias. Cúmplase».

(3) Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 27 de septiembre de 2007, Expediente 7392-05. Actor: William Gildardo Pacheco Granados.

(4) Sentencia C-948 de 2002.

(5) Cfr. entre otras sentencias C-430 de 1997, C-597 de 1996, C-150 de 1993.

(6) Sentencias C-150/93, M.P. Fabio Morón Díaz; C-411/93 M.P. Carlos Gaviria Díaz; C- 412/93, M.P. Eduardo Cifuentes M.

(7) Texto resaltado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-244 de 1996.

(8) Se precisa que el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral, es el organismo encargado de revisar los informes de ingresos y gastos de las campañas que deben presentar los partidos, según da cuenta la Resolución 152 de 1997.

(9) Sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), M.P. Hernán Andrade Rincón.

(10) Sentencia de 14 de marzo de 2013, rad. 25000-23-26-000-1999-00791-01(23632); actor: María Iveth García Suárez y otros, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(11) Sentencia de 7 de noviembre de 2013, Expediente 0256-2011, radicación 11001-03-25-000-2011-00084-00, actor: Ana Isabel Gil Castiblanco, demandado: Procuraduría General de la Nación, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.