Sentencia 2010-00110/44290 de mayo 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 270012331000201000110 01 (44.290)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Manuel Moreno Moreno y otros

Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial

Acción: Reparación directa

Tema: Privación injusta de la libertad - reiteración jurisprudencial / Inoperancia de la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad patrimonial del Estado.

Bogotá D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 10 de febrero de 2012, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(17).

2. Ejercicio oportuno de la acción

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1º de 1984(18), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(19).

En el sub examine la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad dManuel(sic) Moreno Moreno, supuestamente ocurrida entre el 22 de febrero de 2006 y el 26 de marzo de 2007, fecha en la que quedó bajo libertad provisional.

Teniendo en cuenta que la decisión que absolvió al señor Moreno Moreno fue proferida el 8 de agosto de 2008 y quedó ejecutoriada el 2 de septiembre del mismo año(20) y que la demanda se presentó 13 de agosto de 2010(21), resulta evidente que la acción se ejercitó oportunamente.

3. El objeto del recurso de apelación

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones, atacando en concreto la valoración que realizó el a quo, al considerar que es errada, pues desconoció los fundamentos del proceso penal.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve la parte demandante se encuentra limitado al aspecto indicado, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio del motivo de inconformidad planteado en el mencionado recurso de apelación.

4. Lo probado en el proceso

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

4.1. El 21 de febrero de 2005(22), Manuel Moreno Moreno rindió indagatoria ante el Juzgado Veintiséis de Instrucción Penal Militar en el que declaró que (se transcribe literalmente):

“Ya en el sector nos dispararon unos manes al parecer los famosos guerrilleros unos tipos que tengan armas y que tengan ese tipo de armamaneto(sic) si ellos disparan que puede pensar y nosotros respondimos al fuego (...) Preguntado: quienes dispararon, por orden de quien, o quien o quienes fueron los autores materiales de la muerte de estos dos sujetos. Contestó. Todos disparamos, nadie nos ordenó a nosotros nos disparamos (sic) y reaccionamos al fuego, de la muerte no se quien haya sido porque todos disparamos (...)”.

4.2. El 15 de septiembre de 2005(23), la Unidad de Delitos Contra la Vida, la Integridad Personal y el Pudor Sexuales - Fiscalía Primera Seccional de Quibdó, dio Apertura de Instrucción en contra dManuel(sic) Moreno y otros.

4.3. Que también el 15 de septiembre de 2005(24), Manuel Moreno Moreno, rindió indagatoria ante la misma Fiscalía Seccional, en la que expresó que (se transcribe literalmente):

“A eso de las diez llegó la información el dos de febrero de 2005, que había presencia de bandidos sobre la carretera, a eso salimos como a las diez y cuarenta del batallón, hasta el puente de la platina, luego allí nos descargó el vehículo, y proseguimos a pie, íbamos en doble hilera a lado y lado de la vía, a la altura del basurero, como la noche estaba tan oscura, salieron, o nos encendieron como cuatro o cinco personas, y nosotros respondimos. Ninguno de los que conformábamos la tropa resultamos heridos”.

4.4. El 20 de febrero de 2006(25) la Unidad de Delitos Contra la Vida, la Integridad Personal y el Pudor Sexuales - Fiscalía Primera Seccional de Quibdó, profirió medida de aseguramiento en contra del señor Moreno Moreno, consistente en detención preventiva por el delito de homicidio agravado.

4.5. El 22 de febrero de 2006(26), Manuel Moreno Moreno fue capturado por la Policía Judicial de Quibdó.

4.6. El 19 de agosto de 2006(27), la Unidad de Delitos Contra la Vida, la Integridad Personal y el Pudor Sexuales - Fiscalía Primera Seccional de Quibdó dictó resolución de acusación en contra dManuel(sic) Moreno Moreno y otros por el delito de homicidio agravado.

4.7. El 12 de marzo de 2007(28), el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, le concedió la libertad provisional al señor Manuel Moreno.

4.8. El 26 de marzo de 2007(29), el señor Moreno Moreno firmó acta de compromiso en la que se estableció que debía informar todo cambio de residencia, presentarse ante el funcionario cuando se le citara, conservar buena conducta individual, familiar y social, y se le informó la prohibición de salir del país.

4.9. Mediante providencia del 8 de agosto de 2008(30), proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, se absolvió al señor Manuel Moreno, entre otros, al considerar que, aunque existía certeza respecto de la materialidad del hecho, no era clara la responsabilidad de los acusados a título de dolo. Al respectó expresó (se transcribe literalmente):

“Ante las dudas que surgen con relación a si existió o no combate, si los hoy occiso fueron traslado (sic) al lugar de los hechos por la fuerza o prestando su consentimiento, también falta claridad sobre la identidad de quienes lo acompañaron en el vehículo, son dudas que siguen latentes tras el discurrir del proceso y que por no poderse revelar en esta epata se debe acudirse al principio universal de ‘in dubio pro reo’ (...); imponiéndose en consecuencia, su absolución, por no existir en su contra prueba que conduzca a la Certeza de su responsabilidad en el delito cuya autoría se le endilga”.

5. Análisis de la Sala

Valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el militar Manuel Moreno Moreno fue capturado el 22 de febrero de 2006 y recluido en establecimiento penitenciario hasta el 26 de marzo de 2007, fecha en quedó bajo libertad provisional. Finalmente, la decisión que lo absolvió quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de 2008(31).

Ahora bien, bajo las circunstancias anteriores, concluye la Sala que es abiertamente desproporcionado pretender que se le pueda exigir al ahora demandante que asuma la carga pública consistente en la privación de su derecho a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, por un período de más de dieciocho meses, como si se tratara de una carga que todos los ciudadanos debieran soportar.

La Sala reitera en esta oportunidad que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando a pesar de haber dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos legales para el efecto, haya proferido posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establezca, finalmente, que la conducta por la cual se investigó a una persona resultó ser atípica, o venga a ser que el sindicado no cometió el delito, o que el hecho punible no existió(32).

Cualquiera de tales eventualidades constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual hubiere sido vinculada una persona, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que la ampara y que el Estado, a través de la respectiva entidad demandada, jamás le desvirtuó.

A juicio de la Sala, está plenamente acreditado que, si bien el 2 de febrero de 2005, miembros del Ejército Nacional abatieron a dos personas, lo cierto es que el juez de conocimiento dentro del respectivo proceso penal determinó que existían muchas dudas sobre los hechos, las que impedían vislumbrar con claridad si Manuel Moreno Moreno, entre otros, hubiese cometido el delito que se le endilgaba o si su actuar efectivamente fue ilegal o desbordado.

Por otra parte, contrario a lo expuesto por el a quo en la providencia impugnada, el hecho que el hoy demandante hubiese estado presente en el momento que ocurrieron los hechos, no lo inculpa automáticamente de haber cometido un delito, pues al ser miembro del Ejército Nacional, su actuar pudo haberse determinado en cumplimiento de un deber legal ante un enfrentamiento armado y de conformidad con las funciones propias de su condición militar.

De igual forma, de la indagatoria rendida por Manuel Moreno Moreno, no se evidencia o infiere que hubiese actuado de forma arbitraria o ilegal. Por el contrario, relata los hechos ocurridos el 2 de febrero de 2005, así (se transcribe literalmente):

“A eso de las diez llegó la información el dos de febrero de 2005, que había presencia de bandidos sobre la carretera, a eso salimos como a las diez y cuarenta del batallón, hasta el puente de la platina, luego allí nos descargó el vehículo, y proseguimos a pie, íbamos en doble hilera a lado y lado de la vía, a la altura del basurero, como la noche estaba tan oscura, salieron, o nos encendieron como cuatro o cinco personas, y nosotros respondimos. Ninguno de los que conformábamos la tropa resultamos heridos”.

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del demandante, configuró para él un daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación, mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada en su contra, en la que existían muchas dudas sobre los hechos pues, como quedó visto, en el sub lite la medida de aseguramiento se profirió y se cumplió, hasta que finalmente Manuel Moreno Moreno fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006(33), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el señor Manuel Moreno Moreno, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Así las cosas, la Sala estima necesario reiterar que el régimen de responsabilidad aplicable según la postura mayoritaria de la Sección es de carácter objetivo, bajo el cual se atiende exclusivamente al daño antijurídico producido, por tanto, basta demostrar este último para endilgar la responsabilidad de la Administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo —en este caso el daño producto de la privación de la libertad—(34).

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que Manuel Moreno Moreno debió padecer la limitación de su libertad hasta que fue absuelto de los cargos en su contraen cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(35).

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte demandante tiene vocación de prosperidad, por lo que habrá lugar a revocar la sentencia apelada para declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima Manuel Moreno Moreno.

6. Indemnización de perjuicios

6.1. Perjuicios morales

Al respecto, se recuerda que en la demanda se solicitó por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100 SMLMV para Manuel Moreno Moreno y 80 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.

Ahora bien, ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización por perjuicio moral que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(36) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la sentencia de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad, proferida el 28 de agosto de 2014(37).

Esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(38) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia cercana han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

Para el caso sub lite, entiende la Sala que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el militar Moreno Moreno, durante trece (13) meses y cuatro (4) días en establecimiento penitenciario; y diecisiete (17) meses y siete (7) días bajo libertad provisional, produjo una afección moral que debe ser indemnizada en su favor y en el de sus familiares.

De igual forma, está probado mediante los respectivos registros civiles de nacimiento(39), que el señor Manuel Moreno Moreno es padre de Jeiler Andrés Moreno Palacios, Jhon Alexander Moreno Córdoba y Johana Alexandra Moreno Córdoba.

También está comprobado(40) que los señores Fabiola Moreno Moreno, Ana de Jesús Moreno Moreno y Federico Moreno Moreno son hermanos del directamente afectado.

Así las cosas, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el militar Moreno Moreno le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensible a sus familiares, quienes igualmente resultaron afectados por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

Ahora bien, sumado a lo anterior, esta subsección en reiterada jurisprudencia(41) ha considerado que, en los casos en que el ente investigador concede la libertad a los sindicados previa suscripción de acta de compromiso, se configura una restricción a la libertad en el plano jurídico, la cual compromete la responsabilidad del Estado, toda vez que con dicho compromiso le produjo un daño antijurídico al sindicado que no estaba en la obligación de soportar y por consiguiente habrá lugar a indemnizar. Al respecto se expuso (se transcribe literalmente):

“En efecto, debe destacarse que en la decisión en la cual se le concedió el beneficio de la libertad provisional se le impuso a cargo la siguiente obligación: “suscribir acta compromisoria de acuerdo a (sic) lo consagrado en el art. 419 del C. de P. P.”; por lo tanto, en virtud de tal precepto normativo se encontraba sometida al cumplimiento de los deberes de: i) presentarse cuando el funcionario competente lo solicitara; ii) observar buena conducta individual, familiar y social; iii) informar todo cambio de residencia; iv) no salir del país sin previa autorización del funcionario.

Tan es cierto, que la señora Rosmira gozaba de una “libertad restringida”, que dentro del caudal probatorio se acreditó que la sindicada solicitó un permiso ante el organismo investigador para salir del país y, como consecuencia de tal petición, el ente público demandado expidió la correspondiente autorización para que la investigada saliera del país, en los siguientes términos (fl. 181, cuaderno 1):

(…)

Ante tal panorama, para la Sala resulta claro que, si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que la conducta investigada no estaba tipificada como delito, la restricción a la libertad en el plano jurídico a la cual se le sometió le produjo un daño antijurídico que no estaba obligada a soportar y, por consiguiente, habrá lugar a indemnizarla. Así pues, en estos eventos considera la Sala que el elemento que compromete la responsabilidad del Estado radica en la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, comoquiera que esta no tiene el deber de padecerlo”(42).

De igual manera, la Sala ha estimado necesario, en punto a la tasación de la indemnización correspondiente a los perjuicios morales, considerar qué tipo de medida afectó a la víctima, esto es, si se trató de una privación de la libertad en establecimiento carcelario, detención domiciliaria o si se le impuso una privación jurídica de la libertad, pues la indemnización a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta de su libertad en establecimiento carcelario no debe ser la misma que se le reconozca a quien no padece allí la restricción de su libertad.

Por lo anterior, en sentencia de 9 de marzo del 2016(43), se estimó que para los casos de privación jurídica de la libertad era procedente aplicar una reducción del quantum indemnizatorio equivalente al 50% de la suma indicada en la sentencia de unificación jurisprudencial sobre la materia, criterio que tuvo alcance en sentencia de 1º de agosto del 2016(44), para señalar que, en los casos en que la restricción de la libertad se cumpla bajo la modalidad de detención domiciliaria, la mencionada reducción debía corresponder al 30% de lo sugerido por el criterio unificado de la Sección.

En consonancia con lo anterior, como en el presente caso el señor Manuel Moreno Moreno vio restringido su derecho fundamental a la libertad personal por un período total de 30,36 meses —en el cual concurrió una detención en establecimiento penitenciario durante 13,13 meses, así como una restricción jurídica de la libertad bajo los compromisos estipulados ante la autoridad judicial por espacio de 17,23 meses—, debe establecerse el monto indemnizatorio que corresponde, teniendo en consideración la anotada concurrencia en forma proporcional.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Moreno Moreno estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal en establecimiento carcelario, a raíz de la captura ordenada por la Unidad de Delitos contra la Vida, la Integridad Personal y el Pudor Sexuales - Fiscalía Primera Seccional de Quibdó, la cual se materializó el 22 de febrero de 2006(45), detención que culminó el 26 de marzo de 2007(46), cuando suscribió el acta de compromiso bajo libertad provisional, concedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó que, posteriormente decidió absolverlo de los cargos en su contra. En consecuencia, dicha detención se presentó durante el lapso de 13,13 meses, por lo que le corresponde una indemnización equivalente a 90 smlmv.

De otra parte, el tiempo que la víctima soportó la restricción de su libertad en el plano jurídico a raíz del acta de compromiso suscrita para obtener su libertad provisional, transcurrió entre el 26 de marzo de 2007 y el 2 de septiembre de 2008, fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia absolutoria, es decir, durante 17,23 meses, por lo que correspondería una indemnización equivalente a 90 SMLMV, monto que, de acuerdo con lo expuesto en precedencia respecto de la tasación derivada de la privación jurídica de la libertad, se reduce en un 50%, para un sub total de 45 smlmv.

Toda vez que la sumatoria de los montos antes señalados supera la sugerida como máximo a reconocer por concepto de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad, y que en la demanda se solicitó por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 100 smlmv para el directamente afectado y 80 smlmv para los demás demandantes, teniendo en consideración, además, los porcentajes indicados en la aludida unificación jurisprudencial sobre la materia en función de los grados de parentesco. En consecuencia, se reconocerán las siguientes sumas:

DemandanteSmlmv
Manuel Moreno Moreno 100
Jeiler Andrés Moreno Palacios80
Jhon Alexander Moreno Córdoba80
Johana Alexandra Moreno Córdoba80
Fabiola Moreno Moreno50
Ana de Jesús Moreno Moreno50
Federico Moreno Moreno50

5.2.(sic) Perjuicios materiales

— Daño emergente

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados en la modalidad de daño emergente, se solicitó en la demanda que se condenara al pago de veinte millones de pesos ($ 20’000.000), correspondientes a los gastos en que tuvieron que incurrir los demandantes para el pago de honorarios profesionales.

La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

Así las cosas, no le cabe duda a la Sala que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad injustamente, constituyen un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe su pago por parte del solicitante(47).

Sin embargo, sobre este particular, se precisa que no obra en el plenario ninguna prueba que acredite la realización de dicho pago, por lo que las pretensiones respecto a la indemnización de perjuicios en la modalidad de daño emergente serán desestimadas.

— Lucro cesante

La parte demandante solicitó que se reconociera una indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante, en la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50’000.000), correspondiente a los ingresos que Manuel Moreno Moreno hubiera recibido para la época en que fue privado de la libertad.

En orden a resolver sobre la pretensión formulada, debe recordar la Sala que, según aparece probado en el expediente, Manuel Moreno Moreno ostentaba el grado de Sargento Segundo, sin que obre ningún documento en el expediente que permita establecer que el demandante fue desvinculado de la institución con ocasión de la detención.

Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los emolumentos dejados de percibir por el señor Manuel Moreno Moreno, en calidad de funcionario público vinculados al Ejército Nacional, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos procedentes de una relación laboral administrativa que no probó que hubiese tenido solución de continuidad, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extracontractual deprecada en la demanda, comoquiera que la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral(48).

Así las cosas, se negaran las pretensiones respecto a la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

6.3. Daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados

Ahora bien, conviene precisar que en la demanda se solicitó por concepto de “perjuicios fisiológicos o vida de relación” la suma de equivalente a 200 SMLMV para el directamente afectado.

Al respecto, cabe resaltar que mediante sentencia proferida el 14 de septiembre de 2011, la Sección Tercera de esta Corporación precisó la tipología de los perjuicios inmateriales en los siguientes términos:

“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación”(49) (se destaca).

Así las cosas, a partir de dicho pronunciamiento jurisprudencial(50), se estableció una cláusula residual en relación con los perjuicios inmateriales frente a los cuales no es posible adecuarlos bajo el contenido y denominación de “daño moral” o “daño a la salud”, razón por la cual se les ha clasificado bajo la tipología de daños derivados de “vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados”.

En efecto quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(51).

Respecto de dicha tipología la Sección Tercera se ha pronunciado sobre sus características en los siguientes términos:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales”(52).

Así pues, la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—(53), tales perjuicios se reconocerán bajo la denominación antes mencionada, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral(54).

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional convencionalmente protegido, no obstante debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad podría llegar a configurar este perjuicio.

En estas condiciones, debe entenderse que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, frente a los cuales no se estableció en que consistió dicha afectación, ni se demostró que con la privación de la libertad del señor Manuel Moreno Moreno, se ocasionara una perjuicio más allá de los morales ya reconocidos en esta providencia por lo que se negarán las pretensiones al respecto.

5.(sic) No hay lugar a condena en costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1º de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 10 de febrero de 2012; en consecuencia, se dispone:

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Manuel Moreno Moreno.

3. Como consecuencia de la declaración anterior CONDENAR a La Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

DemandanteSmlmv
Manuel Moreno Moreno 100
Jeiler Andrés Moreno Palacios80
Jhon Alexander Moreno Córdoba80
Johana Alexandra Moreno Córdoba80
Fabiola Moreno Moreno50
Ana de Jesús Moreno Moreno50
Federico Moreno Moreno50

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

17 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

18 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

19 Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Constancia de Ejecutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, visible en folio 19 del cuaderno principal.

21 Sello visible en folio 1 del cuaderno principal.

22 Folios 238 a 240 del anexo 1.

23 Folios 1 a 2 del anexo 2.

24 Folios 25 a 30 Ibídem.

25 Folios 101 a 113 Ibídem.

26 Acta de Derechos del Capturado visible en folio 130 Ibídem.

27 Folios 186 a 210 del anexo 4.

28 Folios 269 a 273 Ibídem.

29 Folio 302 Ibídem.

30 Folios 11 a 18 del cuaderno principal.

31 Constancia de Ejecutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, visible en folio 19 del cuaderno principal.

32 El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
Las anteriores consideraciones respecto de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, también resultan aplicables para aquellos eventos en los cuales se declara la absolución del sindicado en virtud del denominado principio indubio pro reo, cuyos alcances han sido materia de unificación jurisprudencial por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado a través de sentencia proferida el 7 de octubre de 2013, Exp. 23.354. Actor Luis Carlos Orozco Osorio.

33 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 13168.

34 Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2001.

35 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

36 En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

37 Al respecto consultar la sentencia de unificación de la Sección Tercera proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149).

38 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

39 Registros civiles de nacimiento a folios 5 a 7 del cuaderno principal.

40 Registros civiles de nacimiento a folios 8 a 10 del cuaderno principal.

41 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de junio de 2011. Exp. 19.958. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2015, expediente 36888, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

43 Sentencia del 9 de marzo de 2016, exp, 25000-23-26-000-2005-02453-01(34.554) Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Expuso la Sala: “(…) Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel.
Con base en lo expuesto, la Subsección reducirá la indemnización por perjuicios morales a favor de los actores en este proceso en un 50%, pues como se indicó anteriormente, en el presente litigio se acreditó que el actor nunca estuvo privado físicamente de su libertad”.

44 Expediente 76001-23-31-000-2005-02506-01 (39.747), Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Dijo la Sala: En cuanto al monto a pagar por el tiempo restante, la Sala acoge lo dispuesto por esta Subsección en la citada sentencia del 9 de marzo de 2016 y la complementa en el sentido de que a su juicio el monto a indemnizar a una persona que fue víctima de una privación injusta de la libertad pero que estuvo recluida en su domicilio debe ser disminuido en un 30%, comoquiera que, si bien la detención domiciliaria limita derechos fundamentales es mayor la afectación cuando se recluye a una persona en un establecimiento carcelario, pues en este último caso se vulneran derechos tales como la intimidad, el trabajo, la educación, entre otros, a lo cual se suman las situaciones de angustia o intranquilidad que puede atravesar al convivir con otros reclusos, nada de lo cual ocurre con la detención domiciliaria ni con la privación jurídica de la libertad, pues no es lo mismo, sin duda, permanecer en la casa que en un centro de reclusión”.

45 Folio 130 del anexo 2.

46 Folio 301 del anexo 4.

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, Exp. 36.566.

48 En igual sentido se pronunció esta Subsección en sentencias del 31 de agosto de 2016, Exp 38.140, 12 de mayo de 2016, Exp. 40.182 y 29 de mayo de 2013, Exp. 29.462.

49 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

50 Para efectos de apreciar la línea de evolución de los perjuicios inmateriales, se destacan las siguientes providencias: En sentencia del 25 de septiembre de 1997 – rad. 10421, M.P. Ricardo Hoyos Duque, la Sección Tercera cambió la expresión “perjuicio fisiológico” por el concepto de “perjuicio de placer”, asimilándolo al de “daño a la vida de relación”. Más tarde, en sentencia del 19 de julio de 2000 -rad. 11842, M.P. Alier Hernández Enríquez, precisó que este de daño de orden inmaterial debía denominarse “daño a la vida de relación”, por cuanto se trata de un concepto más adecuado que el “perjuicio fisiológico”: “el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”, afectación inmaterial que puede tener origen en una lesión física o corporal, como también, por ejemplo, en una acusación calumniosa o injuriosa, en la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona, en un sufrimiento muy intenso o, incluso, en un menoscabo al patrimonio o una pérdida económica. Posteriormente, en decisiones de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007 -rad. 2002-00004-01(AG) y 2001-00029-01(AG)- la Sección Tercera cambió su denominación y lo denominó “alteración grave a las condiciones de existencia”, la cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias: “[E]n esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando -en ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política (…) El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”. Finalmente, las providencias de 14 de septiembre de 2011 – rad. 19.031 y 38.222, antes citadas, sistematizaron la tipología de los daños inmateriales, así: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) daños a bienes constitucionales.

51 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

52 Consejo de Estado, sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, Exp., 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

53 Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros. M.P. Enrique Gil Botero.

54 Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, expediente 16.407.