Sentencia 2010-00110 de abril 25 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp. 11001-03-28-000-2010-00110-00 (2010-00110)

Rad. Interna 2010 - 0110

Consejera Ponente (E):

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: María Claudia Pavajeau Urbina

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la sala

1. Competencia.

Según lo dispuesto en el artículo 128, numeral 3º del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998— y el Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, artículo 13 —modificado por el Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, artículo 1º—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del presente proceso de nulidad electoral en el cual se controvierte la legalidad del Decreto 2830 de 5 de agosto de 2010, proferido por el Gobierno Nacional, por el cual se designó al demandado Notario 66 del Círculo de Bogotá en interinidad.

2. El acto acusado.

Lo constituye el Decreto 2830 de 5 de agosto de 2010, por el cual el Presidente de la República nombró al doctor Sintura Varela como Notario 66 del Círculo de Bogotá, en interinidad.

3. Del problema jurídico.

Consiste en determinar si al designar en interinidad al demando Notario 66 del Círculo de Bogotá, se violaron las normas que en la demanda se alegan. Para el efecto es preciso establecer si para la época en que se profirió el acto de nombramiento, existía lista de elegibles vigente.

4. Del caso concreto.

4.1. Cuestión previa.

4.1.1. Del análisis de las excepciones propuestas.

Por la parte demandada

No vigencia de la lista de elegibles

Este punto constituye un aspecto que es propio del fondo del asunto. No es un elemento que impida el surgimiento de la pretensión, por lo tanto carece de la connotación de medio exceptivo.

No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar

Frente a este punto la Sala reitera y se remite a lo resuelto al respecto en el Auto de ponente de 16 de diciembre de 2010, que denegó el incidente de nulidad presentado por la tercera interviniente, decisión confirmada luego por la Sala al conocer del recurso de súplica. Tal decisión precisa que conforme a lo dispuesto en el artículo 233 del Código Contencioso Administrativo(7), el legítimo contradictor que por exigencia legal se impone notificar personalmente para garantizar su comparecencia al proceso, es el nombrado o elegido. Así, en estricto sentido, de conformidad con este artículo, no es mandato legal que la autoridad que produjo la elección o el nombramiento sea citada al proceso por notificación personal. A través de las notificaciones del Auto admisorio de la demanda que se surten por edicto puede esta informarse de la instauración de la demanda. En el evento de que solicite su intervención en el proceso, se impone al juez aceptarlo, pero no en condición de demandada sino como interesada en las resultas del proceso a título de autoridad que produjo el acto. Entonces, en la actual estructura procesal del trámite del contencioso de nulidad electoral, el elegido o el nombrado es el único demandado.

Caducidad de la acción

El apoderado del demandado contabiliza el término de caducidad de esta acción que es de 20 días, a partir del 6 de agosto de 2010, día siguiente a la publicación del acto acusado. El plazo finaliza el 3 de septiembre de ese mismo año. Afirma que, pese a ello, la presentación de la demanda solo se produjo hasta el 6 de septiembre de 2010.

Pues bien, aunque ese conteo es correcto comoquiera que se calculó a partir del día siguiente a la publicación del decreto acusado que ocurrió el 5 de agosto de 2010 y que venció el 3 de septiembre del mismo año, ocurre que la demanda fue presentada el 2 de septiembre, no el 6 como lo sustenta la demandante, según se advierte del sello impreso al folio 12 vto. La acción electoral se presentó oportunamente.

Por las razones expresadas no existe óbice para fallar de fondo, puesto que las excepciones propuestas no resultan probadas.

4.2. Cuestión de fondo.

En la demanda se alega que ante la existencia y vigencia de la lista de elegibles expedida mediante Acuerdo 142 de 2008, lo que correspondía era designar a quien seguía en orden descendiente en esa lista notario en propiedad como titular de dicha notaría.

Avocar el examen de este reproche hace indispensable partir del recuento sobre lo acaecido en relación con el concurso de méritos para la designación de notarios de carrera, llevado a cabo atendiendo lo que señala el artículo 131 de la Constitución Política(8):

• La Corte Constitucional mediante Sentencia de Tutela SU-250 de 1998 declaró un estado de cosas inconstitucional frente a la omisión de las autoridades competentes de nombrar notarios en propiedad mediante el sistema de concurso de méritos, y ordenó al Consejo Superior de la Carrera Notarial, que efectuara convocatoria a concurso para proveer notarías, lo cual debía iniciarse en un término perentorio de 6 meses.

Por parte del Congreso de la República, se expidió la Ley 588 de 2000(9), “por medio de la cual se reglamenta la actividad notarial”, que estableció los requisitos para adelantar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad.

• En Sentencia C-421 de 2006, la Corte Constitucional reiteró el estado de cosas inconstitucional por desconocimiento del artículo 131 de la Constitución Política y ordenó nuevamente al Consejo Superior de la Carrera Notarial que se realizara el concurso dentro del término perentorio de 6 meses.

• El Consejo Superior de la Carrera Notarial, con Acuerdo 1 de 2006, “por el cual se convoca a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial” convocó a concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad, e ingreso a la carrera notarial.

• Con Acuerdo 142 de 9 de junio de 2008, “por el cual se conformó la lista de elegibles para proveer en propiedad el cargo de notario en los departamentos de Cundinamarca...”, se expidió el listado de elegibles con los nombres de quienes obtuvieron los mayores puntajes de acuerdo con el mínimo fijado de 60 puntos, publicado en el Diario Oficial Nº 47016 de 10 de junio del mismo año según certificación de la Superintendencia de Notariado y Registro visible a folio 173 del expediente.

• Considerar a su juicio que existía contradicción entre el Decreto 3454 de 2006(10) y el Acuerdo 1 del mismo año(11) respecto del modo de acreditar los participantes en el concurso, la autoría de una obra en derecho, el ciudadano Augusto Rodríguez Ortiz interpuso acción popular ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué(12) por estimar que tal regulación vulneraba el derecho colectivo a la moralidad pública.

• Este juzgado profirió, como medida cautelar dentro del proceso de acción popular, suspender provisionalmente el nombramiento como notario, de quienes durante la etapa de evaluación de méritos hubieren incluido la autoría de una obra en derecho, en los términos del numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 1 de 2006.

• En acatamiento de tal medida, el Consejo Superior de la Carrera Notarial emitió el Acuerdo 163 de 2008, que suspendió provisionalmente, entre otros, el artículo 3º del Acuerdo 142 de 2008, que ordenaba al Consejo Superior de la Carrera Notarial, comunicar a los nominadores que en el término de 30 días contados a partir de esa comunicación, proveyeran en propiedad las notarías, orden que abarcaba incluso a los participantes en el concurso que hubieran obtenido su puntaje derivado de la autoría de una obra jurídica en los términos del mencionado acuerdo.

• Esta determinación llevó a que se suspendiera el nombramiento de quienes de esa manera acreditaron la autoría de un libro en derecho. De este modo, solo fueron objeto de designación en propiedad quienes no se afectaron con la medida cautelar. Por tanto, la lista como tal no estuvo suspendida.

• El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué falló la acción popular con sentencia de 11 de marzo de 2009 y revocó la medida cautelar. Indicó que por tratarse de la legalidad de normas, no era materia de la acción popular.

Esta providencia fue parcialmente revocada por el Tribunal Administrativo del Tolima, corporación judicial que encontró vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa porque el Consejo Superior de la Carrera Notarial excedió sus facultades al incluir como mecanismo de prueba de la autoría de una obra en derecho, además del registro, la publicación acompañada de una certificación del editor o de la imprenta. Entonces, con fallo de 13 de julio de 2009 anuló el aparte final del numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 1 de 2006 y ordenó reconocer los cinco (5) puntos por autoría de obras en derecho a los participantes que acreditaron dicho requisito conforme a lo dispuesto por el Decreto 3454 de 2006.

Por lo tanto, con Acuerdo 178 de 2009, el Consejo Superior de la Carrera Notarial modificó la lista de elegibles del círculo notarial de Bogotá con el fin de: a) reubicar a unos participantes, atendiendo la sumatoria de los puntajes obtenidos en las etapas de méritos y antecedentes, de conocimientos y de entrevista, b) excluir de la lista a los aspirantes que se encontraban inhabilitados para ser nombrados o posesionados en el cargo de notarios y c) reconformar las listas de elegibles de los círculos notariales de Bogotá y Chía, de conformidad con unos fallos de tutela.

• Dentro del trámite de revisión de los fallos de tutela relacionados con el tema, la Corte Constitucional profirió decisión de fondo, el 11 de diciembre de 2009, con Sentencia SU-913 en la que resolvió entre otras cosas lo siguiente:

“1. Levantar la suspensión del proceso, así como la medida provisional (...).

4. DEJAR sin efecto (...) las sentencias proferidas el 11 de marzo de 2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y de 13 de julio de 2009 (...) por el Tribunal Administrativo del Tolima (...). En consecuencia, VUÉLVASE al estado anterior a la expedición de la medida cautelar (...) y APLÍQUENSE (...) las listas de elegibles conformadas para cada uno de los círculos notariales (...).

5. DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo 178 de 2009 (...), por el cual se modificó la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 de 2008 (...).

6. ORDENAR al Consejo Superior de la Carrera Notarial que (...), REVOQUE el Acuerdo 163 de septiembre de 2008, por el cual se suspendieron los artículos tercero de los acuerdos (...) 142, (...) de 2008, (...).

7. RECONOCER, firmeza y fuerza ejecutoria de los acuerdos número (...) 142 (...) de 2008 (...).

14. REVOCAR todos los fallos proferidos en el curso de acciones de tutela (...), que no fueron materia de revisión expresa por esta corporación, por los cuales se ordenó nombrar como notarios a participantes que (...) no obtuvieron puntajes suficientes para acceder al cargo y [con] fundamento la medida cautelar (...). En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO los actos administrativos de nombramiento y posesión que se originaron en las decisiones judiciales que se revocan.

15. REVOCAR todas aquellas providencias judiciales en que se ordenó suspender la aplicación de las listas (...) ó suspender los nombramientos en propiedad de personas que obtuvieron los mejores puntajes (...) ó en las que se ordenó la designación de personas que no participaron en el concurso notarial o que habiendo participado no obtuvieron puntaje suficiente (...). En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO los nombramientos que tuvieron lugar con ocasión de tales decisiones judiciales.

16. REVOCAR los nombramientos efectuados directamente por las autoridades nominadoras de personas que no participaron en el concurso público y abierto para la provisión de los cargos (...), quienes para todos los efectos, tienen la calidad de notarios interinos o en encargo según se señaló en la parte motiva de esta providencia (...). En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO los actos administrativos de nombramiento y posesión de estas personas, (...).

19. ORDENAR al Consejo Superior de la Carrera Notarial, que (...), REMITA a las autoridades nominadoras las listas de elegibles contenidas en los acuerdos (...) 142 (...) de 2008 (...), en relación con las cuales se indique de manera precisa qué personas (...), deben ocupar el cargo de notario en propiedad en los diferentes círculos notariales, así como la indicación de las notarías en que deben ser nombrados, (...).

28. (...) las listas de elegibles (...), con las salvedades efectuadas (...), permanecerán inmodificables”.

• El Consejo Superior de la Carrera Notarial expidió el Acuerdo 194 de 18 de diciembre de 2009, “por el cual se da cumplimiento a la Sentencia SU-913 de 2009, proferida por la Corte Constitucional”, que mantuvo las listas de elegibles, entre otras, la del círculo de Bogotá.

La demandante considera que para la época del nombramiento demandado, la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 de 2008 se encontraba vigente, no obstante, como se dijo, de acuerdo con lo que señalan las decisiones judiciales emitidas respecto del referido concurso, entre otras, la Sentencia SU-913 de 2009 proferida por la Corte Constitucional, lo que produjeron fue únicamente su reconformación, y pese a que, como se observa en tal fallo, unas decisiones de tutela ordenaron suspender los nombramientos de algunas personas vinculadas en la lista.

Además, respecto de estos pronunciamientos emitidos vía tutela por jueces de la República, la Corte Constitucional en revisión los revocó y reafirmó la vigencia de la lista contenida en el Acuerdo 142 de 2008, desde que se profirió y hasta por los dos años que establece la Ley 588 de 2000. Por tanto, para la época de la elección demandada, por lo que para la época de la elección demandada, no existía ya lista de elegibles vigente por haber transcurrido su vigencia de dos años. Este señalamiento, lo confirmó la propia Corte Constitucional en Auto 192 de 2011, el cual profirió en cumplimiento de lo decidido en el numeral vigésimo noveno de la Sentencia SU-913(13).

La Corte Constitucional dispuso en esta sentencia de unificación que se remitiera a las autoridades nominadoras, por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial, las listas contenidas en los acuerdos 112, 124, 142, 150 de 2008 y 167 de 2009, proferidos por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. En acatamiento de ello este profirió el Acuerdo 194 del 18 de diciembre de 2009 “Por el cual se da cumplimiento a la Sentencia SU-913 de 2009, proferida por la Corte Constitucional”.

Obtenida la claridad necesaria sobre los pormenores del concurso, a continuación se examinarán en concreto frente al acto acusado, las normas que la demandante considera debieron haber guiado su expedición, por lo cual estima que al desconocerse, dicho acto de nombramiento está viciado:

• Constitución política

“ART. 131.—Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los (...).

El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso...”

• Decreto 960 de 1970 “Por el cual se expide el estatuto del notariado”

“ART. 138.—<insubsistencia>. La designación queda insubsistente:

1. Por la no aceptación.

2. Por la falta de confirmación del nombramiento, en los casos en que ella se exige.

3. Por la demora de diez días en tomar posesión del cargo, contados desde la fecha en que se recibe la confirmación del nombramiento, si ya está corriendo el periodo legal, salvo caso fortuito debidamente comprobado o prórroga hasta de treinta días, concedida justificadamente por quien hizo la designación”.

• Ley 588 de 2000 “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”

“ART. 2º—Propiedad e interinidad. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso de méritos.

En caso de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podrá el nominador designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso.

De igual modo se procederá cuando el concurso sea declarado desierto.

El organismo rector de la carrera notarial realizará directamente los exámenes o evaluaciones académicas o podrá hacerlo a través de universidades legalmente establecidas, de carácter público o privado. (...).

ART. 3º—Lista de elegibles. Los notarios serán nombrados por el gobierno, de la lista de elegibles (...), las cuales deberán publicarse en uno o varios diarios de amplia circulación nacional. La lista de elegibles tendrá una vigencia de dos años.

El organismo competente señalado por la ley, convocará y administrará los concursos, así como la carrera notarial”.

• Decreto 3454 de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 588 de 2000”

“ART. 11.—Conformación y publicación de la lista de elegibles. (...) estará integrada por quienes hayan obtenido más de setenta y cinco (75) puntos en el proceso.

La lista de elegibles, con los puntajes obtenidos, será publicada en un diario de amplia circulación nacional y en el sitio web del consejo superior. Además, será comunicada a las autoridades mencionadas en el artículo 161 del Decreto Ley 960 de 1970 para que (...) provean en propiedad los cargos de notarios.

En todo caso la lista de elegibles tendrá la vigencia prevista en el artículo 3º de la Ley 588 de 2000”.

La Sala anticipa que el acto acusado no transgrede estas disposiciones normativas, por las siguientes razones:

• De conformidad con el artículo 145(14) del Decreto 970 [sic] de 1970 y 2º(15) de la Ley 588 de 2000 “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”, los notarios pueden desempeñar el cargo en propiedad, en interinidad o por encargo.

Respecto de estas modalidades de acceso a la función pública notarial la Corte Constitucional en la Sentencia C-741 de 1998, precisó lo siguiente:

“El Decreto 960 de 1970 señala que el cargo de notario puede ser ejercido en propiedad, por encargo o en interinidad. (...), los nombramientos en interinidad se realizan cuando el encargo se prolonga por más de tres meses, o cuando el concurso ha sido declarado desierto, (...) mientras se efectúa el nombramiento en propiedad (art. 148). (...) el nombramiento en propiedad se hace para quienes son seleccionados mediante concurso.

(...)”.

• En relación con lo anterior se tiene que en el presente caso finalmente, mediante Acuerdo 194 de 2009, el Consejo Superior de la Carrera Notarial remitió al Gobierno Nacional, en su condición de nominador de los notarios de primera categoría, la lista de elegibles para el círculo de Bogotá, contenida en el Acuerdo 142 de 2008, que desde entonces se encontraba vigente.

• En ninguna de las providencias judiciales a las que se refiere la demandante fue suspendida la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 de 2008. En casos concretos, aunque ninguno en relación con la Notaría 66 del Círculo de Bogotá, se suspendió el nombramiento de algunas personas que la conformaban; en otros casos, esa lista fue modificada o reconformada, pero siempre su vigencia se mantuvo incólume y rigió entre el 10 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2010. En apartes de varias providencias que sobre el tema produjo la Corte Constitucional, así lo sostuvo este tribunal:

• En el Auto 244 de 2009, dentro de las tutelas T-2210489, T2223133, T2257329 y T-2292644 señaló:

“2. Respecto del estado de cosas inconstitucional, se tiene que si bien se realizó el concurso público y abierto de méritos para proveer los cargos de notarios en propiedad, su culminación con los nombramientos en propiedad de notarios no ha sido posible y de hecho se encuentra en riesgo, en la medida en que las listas de elegibles solo tienen una vigencia de dos (2) años a partir de su publicación, de los cuales ya ha transcurrido el primero” (la negrilla es de la Sala).

• En Sentencia SU-913 de 2009, expresó:

“... No puede olvidar la Sala, (...) que las listas de elegibles por expreso mandato del artículo 3º de la Ley 588 de 2000, empiezan a caducar en el mes de enero de 2010 y no puede abrogarse la Corte la facultad ni de suspender ni de extender el plazo previsto por la ley”.

(...).

Por otra parte, la Corte Constitucional en el numeral vigésimo noveno de la Sentencia SU-913 de 2009, conservó la competencia para revisar el efectivo cumplimiento y ejecución del fallo y para tomar las medidas necesarias para garantizar la materialización del artículo 131 de la Constitución Política y los derechos fundamentales de quienes participaron en el concurso. En ejercicio de lo anterior, por medio de Auto 192 de 30 de agosto de 2011, ese tribunal se pronunció frente a unas peticiones presentadas por el ciudadano Jorge Eliecer Franco Pineda y dispuso en relación con el tema de estudio entre otros puntos lo siguiente:

“4. Así, resulta claro que al quedar vacante la Notaría 66 del Círculo de Bogotá, esta fue llenada por quien seguía en turno atendiendo el puntaje en la lista de elegibles, esto es, por el señor Luis Armando Tolosa Villabona —el cual se declaró insubsistente mediante el Decreto 2081 de 10 de junio de 2010—; nuevamente para llenar dicha vacante se designó el mismo 10 de junio de 2010 y antes de que expirara la lista de elegibles a la señora Yolanda García de Carvajalino, quien declinó el acto de nombramiento el día 2 de julio de 2010, ya vencida la lista de elegibles —lo cual ocurrió el 10 de junio de 2010—.

5. En consecuencia, vencida aquella lista de elegibles y, ante la vacancia del cargo (...), debe advertirse que [la lista] perdió fuerza ejecutoria y vinculante para el Consejo Superior de la Carrera Notarial, quien procedió a llenar la vacante de la forma prevista por la ley, es decir, en interinidad (...).

6. En consecuencia, la Corte carece de argumentos para ordenar que se invalide el nombramiento del señor Hector Adolfo Sintura y, en su lugar, se designe en propiedad como Notario 66 del Círculo de Bogotá al peticionario, quien solo tendría un derecho adquirido si la vacante se hubiese producido dentro de la vigencia de la lista de elegibles y este hubiese en ese momento ocupado un lugar privilegiado en la lista por encima de los señores Luis Armando Tolosa Villabona y Yolanda García de Carvajalino, quienes en estricto rigor fueron nombrados en propiedad para el cargo citado, con independencia a que posteriormente declinaran la designación.

(...)”.

• La sentencia de unificación que respecto del tema de provisión de las notarías profirió la Corte Constitucional señala que para el día 11 de diciembre de 2009 se encontraba vigente la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 de 2008, no obstante, que la misma estaba próxima a vencerse.

Por presentarse la vacante del cargo de notario de la Notaría 66 del Círculo de Bogotá debido a la declinación de quien fue nombrado en propiedad en época en que la lista de elegibles ya había vencido, no era jurídicamente posible efectuar designación en propiedad, que solo puede hacerse cuando existe lista de elegibles. De conformidad con el artículo 3º de la Ley 588 de 2000, la lista de elegibles tiene un plazo de 2 años, y en el caso concreto venció el 10 de junio de 2010.

Por lo tanto, conforme al artículo 138 del Decreto 960 de 1970 y, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio notarial, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que la ley le confiere, expidió el Decreto 2830 de 2010, por el cual nombró al doctor Héctor Adolfo Sintura Varela como Notario 66 del Círculo de Bogotá, en interinidad.

• Así las cosas, no resultó probado que se presente vulneración a ninguna de las disposiciones citadas como infringidas. En virtud de lo establecido en el artículo 138 del Decreto 960 de 1970 y por las razones que se señalan en esta providencia, la designación en interinidad que se le hizo al demandado era viable.

Por lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Negar las pretensiones de la demanda.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) ART. 233.—Auto admisorio de la demanda. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 60 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El Auto admisorio de la demanda deberá disponer:

1. Que se notifique por edicto que se fijará durante cinco (5) días.

2. Que se notifique personalmente al ministerio público.

3. Si se trata de nombrado o elegido por junta, consejo o entidad colegiada, se dispondrá notificarle personalmente el Auto admisorio de la demanda. Si esto no fuere posible dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición del Auto, sin necesidad de orden especial, se lo notificará por edicto que se fijará en la secretaría de la Sala o Sección por el término de tres (3) días. El edicto debe señalar el nombre del demandante y la naturaleza del proceso y copia del mismo se remitirá, por correo certificado, a la dirección indicada en la demanda y a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo que se dejará constancia en el expediente. El edicto, una vez desfijado, se agregará al expediente. Si el notificado no se presenta, se le designará curador ad litem que lo represente en el proceso.

4. Que se fije en lista por tres (3) días una vez cumplido el término de la notificación, con la prevención de que en este término se podrá contestar la demanda y solicitar pruebas.

Si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se pretende. En este caso se les notificará mediante edicto que durará fijado cinco (5) días en la secretaría y se publicará por una sola vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en la respectiva circunscripción electoral.

Si el demandante no comprueba la publicación en la prensa dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al ministerio público del Auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente.

Cuando se pida la suspensión provisional del acto acusado, ésta se resolverá en el Auto que admita la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala o Sección. Contra este Auto sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de primera instancia, el de apelación.

(8) ART. 131.—Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia.

El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso.

Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro.

(9) Reglamentada por el Decreto 3454 de 2006.

(10) “Por el cual se reglamenta la ley 588 de 2000”.

(11) “por el cual se convoca a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial”.

(12) Proceso 00413-2007.

(13) En este numeral, la Corte Constitucional conservó la competencia para revisar el efectivo cumplimiento y ejecución del fallo y para tomar las medidas necesarias para garantizar la materialización del artículo 131 de la Constitución Política y los derechos fundamentales de quienes participaron en el concurso.

(14) ART. 145.—<Carrera o servicio>. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los notarios pueden ser de carrera o de servicio, y desempeñar el cargo en propiedad, en interinidad o por encargo.

(15) ART. 2º—Propiedad e interinidad. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso de méritos.

En caso de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podrá el nominador designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso.

De igual modo se procederá cuando el concurso sea declarado desierto.

El organismo rector de la carrera notarial realizará directamente los exámenes o evaluaciones académicas o podrá hacerlo a través de universidades legalmente establecidas, de carácter público o privado.

Dichas pruebas estarán destinadas a medir los conocimientos de los concursantes.