Sentencia 2010-00111 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 25000-23-24-000-2010-00111-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Empresa de Energía de Boyacá S. A. - ESP (EBSA)

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Bogotá, D. C., treinta y uno de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

4.1. Los actos administrativos demandados.

Pretende la Empresa de Energía de Boyacá S. A. ESP que se declare la nulidad de las resoluciones 20082400035115 del 5 de agosto de 2008 y 20092400049195 del 20 de octubre de 2009, expedidas ambas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante las cuales se impuso y confirmó una multa a esa empresa, por haber incurrido en una falla en la prestación del servicio público de energía eléctrica, al superar los estándares máximos admisibles de interrupción del servicio de suministro de energía, de acuerdo con los indicadores DES (duración equivalente del servicio) y FES (frecuencia equivalente del servicio) establecidos en los artículos 136 de la Ley 142 de 1994; numeral 6.3.4 de la Resolución 070 de 1998 (código de distribución) y el artículo 1º de la Resolución 12 de 2004 que modificó el parágrafo 1º del artículo 1º de la Resolución 113 de 2003 proferidas por la CREG.

4.2. El problema jurídico a resolver en la segunda instancia.

Corresponde a la Sala definir si la sentencia dictada por el tribunal de origen debe ser confirmada en todas sus partes o si por el contrario, debe modificarse o revocarse. En ese orden de ideas, se impone establecer si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios violó el principio de confianza legítima al sancionar a EBSA por las fallas en el suministro de energía ocurridas en los años 2005 y 2006; si el hecho de que en los años 2005 y 2006 las interrupciones en el suministro de energía eléctrica hayan superado los estándares máximos admisibles de los indicadores DES y FES fijados por la CREG constituye o no una falla en la prestación del servicio; si las interrupciones detectadas por la superintendencia en el curso de la actuación adelantada de oficio con fines de inspección y vigilancia podían ser o no objeto de sanción; y finalmente, si se violaron o no las garantías inherentes al debido proceso.

4.3. Análisis del caso concreto.

Para poder abordar el análisis de la temática planteada, se hace necesario revisar los términos del acuerdo mejoramiento celebrado entre EBSA y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y además de ello, traer a colación pronunciamientos de la Sala en los cuales se tratan los mismos temas planteados en este debate procesal.

En cuanto a lo primero, encuentra la Sala que a folios 79 a 106 del cuaderno de anexos de la demanda, obra una copia del acuerdo de mejoramiento suscrito por las partes en el mes de diciembre de 2004, de cuyas cláusulas se desprende lo siguiente:

— Que el acuerdo en mención busca la realización del siguiente propósito:

“[…] asegurar la viabilidad financiera de la empresa y la prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica en las zonas de jurisdicción de la empresa e implantar los correctivos necesarios que tiendan a la optimización y al cumplimiento de la normatividad vigente para los servicios públicos. Al igual que le permita a LA EMPRESA crecer permanentemente y a sus usuarios disponer de un servicio público domiciliario eficiente, de alta calidad, bajos costos y amplia cobertura”.

— Que con la finalidad de mejorar la calidad del servicio a cargo de la empresa se fijaron los siguientes objetivos:

• “Para los circuitos donde LA EMPRESA pueden (sic) realizar una gestión efectiva, dependiendo de las clasificaciones por tipo de mercado atendido y grupo, se busca:

○ “Circuitos del grupo 1 para mercados concentrados: Que el 50% y 56% de los circuitos cumplan con los valores máximos admisibles de DES y FES respectivamente.

○ “Circuitos del grupo 1 y 2 para mercados medianamente concentrados: Que el 30% y 37% de los circuitos cumplan con los valores máximos admisibles de DES y FES respectivamente.

○ “Circuitos del grupo 3 y 4 para mercados dispersos: Que el 20% y 23% de los circuitos cumplan con los valores máximos admisibles de DES y FES respectivamente”.

• Para los circuitos donde LA EMPRESA no pueden (sic) realizar una gestión efectiva, es decir las zonas especiales, dependiendo de las clasificaciones por grupo y para todo tipo de mercado, se busca que el 20% y 22% de los circuitos cumplan con los valores máximos admisibles de DES y FES respectivamente.

• Los anteriores compromisos de revisarán y ajustarán, en la medida en que la CREG defina unos nuevos valores máximos admisibles de DES y FES, para la vigencia 2005, y/o se pacten periodos de continuidad particulares con los suscriptores de zonas especiales, en virtud de la reglamentación que sobre este tema emita el Ministerio de Minas y Energía.

• El cumplimiento parcial de los indicadores de calidad en todos los casos anteriores, se acuerda sin perjuicio de que LA EMPRESA cumplan (sic) con su obligación de pagar las compensaciones correspondientes.

• Realización de una encuesta trimestral sobre el grado de conformidad de los usuarios con el servicio comercial y técnico de la empresa, para permitir tanto a EBSA como a la superintendencia una evaluación directa del cliente que brinde señales para retroalimentar los procesos de mejoramiento. Esto se realizará por un entre especializado en la materia y sin ningún vínculo con la empresa. El marco muestral será aprobado por la superintendencia”.

— Que según los términos del acuerdo de mejoramiento, su duración se extiende a partir del 30 diciembre de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2005.

— Que además de ello se fijaron cuatro fechas para la evaluación trimestral del avance del proceso de generación y se convino la presentación de un informe con el objeto de facilitar el ejercicio de la función de vigilancia a cargo de la superintendencia.

Revisados los anteriores aspectos, la Sala encuentra acertado el criterio expresado por el tribunal de origen, cuando en sus consideraciones señaló lo siguiente:

“De acuerdo con lo analizado en precedencia a la Sala no le genera duda que en efecto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cabeza de su representante, avaló que EBSA adoptara como meta de calidad unos estándares inferiores a los fijados por la CREG como valores máximos admisibles de DES y FES, mediante un acuerdo de voluntades del que valga resaltar, no se ha predicado su desconocimiento por alguna de las partes o su invalidez por el juez de la legalidad. ║ Es tan cierto lo anterior que luego de discriminarse un cumplimiento que va del 20% al 56 o 59% de los valores máximos admisibles, se consigna: “El cumplimiento parcial de los indicadores de calidad, en todos los casos anteriores, se acuerda sin perjuicio de que LA EMPRESA cumplan (sic) con su obligación de pagar las compensaciones correspondientes” (negrillas no son originales), se evidencia así que en efecto se concertó (sic) por parte de la superintendencia, unos indicadores menores de cumplimiento a los que estaban sometidos los operadores de red, luego si le asistía razonablemente a EBSA el convencimiento de cumplir parcialmente unos indicadores de calidad, en cuanto así se consignó expresamente en el acuerdo de mejoramiento en estudio”.

Si bien es cierto que las resoluciones 070 de 1998, 113 de 2003 y 12 de 2004 proferidas por la CREG tienen carácter vinculante para las empresas del sector, en el sentir de la Sala, el acuerdo de mejoramiento celebrado entre EBSA y la superintendencia, constituía en efecto una base objetiva y plausible para colegir que durante el año 2005, estaba permitida la realización de unos estándares inferiores de cumplimiento de los valores admisibles de DES y FES para los circuitos mencionados en sus cláusulas, por lo cual resulta de suyo razonable y entendible que la actora hubiese confiado de manera legítima en que la prestación del servicio de suministro de energía de conformidad con esos estándares reducidos, no daría lugar a la imposición de sanciones por haber incurrido en una falla en el servicio. Por lo mismo, el hecho de que la superintendencia haya multado a la actora por las fallas en que incurrió en el año 2005, sin tener en cuenta los términos del acuerdo anteriormente mencionado, lleva a colegir que al adoptar esa determinación actuó por fuera de los parámetros de la coherencia y en contravía del principio de confianza legítima.

Con respecto a los incumplimientos acaecidos en el año 2006, en momentos en los cuales el acuerdo de mejoramiento ya había perdido su vigencia, no puede afirmarse válidamente que estuviese tolerada la inobservancia de los estándares consagrados en las en las resoluciones 070 de 1998, 113 de 2003 y 103 de 2004 expedidas por la CREG, motivo por el cual las fallas del servicio que se presentaron durante esa vigencia, por encima de los límites allí establecidos, ameritaban ser objeto de sanción, de ahí que resulte correcta la decisión adoptada por el a quo en el sentido de reducir la multa a la mitad, pues como ya quedó dicho, las fallas del servicio que se presentaron en los años 2005 y 2006 no podían ser tratadas de la misma manera.

Dilucidado el punto anterior, resulta oportuno hacer referencia a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales, en los cuales se plasman algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para decidir los recursos de apelación presentados por las partes:

En primer término, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia proferida el 30 de marzo de 2006 dentro de la acción popular radicada bajo el número 2003-02128-01(AP), de la cual fuera ponente el honorable consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, al referirse al tema de las fallas del servicio de energía, expresó:

El artículo 139 de la Ley 142 de 1994 contiene las situaciones en que se puede suspender el servicio y no constituye falla del mismo, entre las cuales figuran: ─La realización de reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se de aviso amplio y oportuno a los suscriptores o usuarios; y Para evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del terreno, siempre que se haya empleado toda diligencia posible, dentro de las circunstancias, para que el suscriptor o usuario pueda hacer valer sus derechos. La Resolución CREG 070 de 1998 establece la clasificación de las interrupciones del servicio de energía eléctrica de acuerdo con la duración de la interrupción y el origen de la misma en su numeral 6.3.1. De otra parte la Resolución CREG 096 de 2000 establece una serie de mecanismos para compensar a los usuarios cuando la empresa sobrepasa la duración permitida para la interrupción del servicio. Esta comunicación, que no certificación como la califica el a quo, si bien consigna que el servicio público de energía eléctrica prestado por Electricaribe S. A. ESP es de pésima calidad pues se suspende continuamente ocasionando el inconformismo de la ciudadanía y graves daños a los comerciantes, de ella no se desprende la frecuencia, intensidad, duración y naturaleza de las interrupciones, a pesar de que genéricamente se les califica como continuas, o que ninguna de tales interrupciones esté por fuera de las causas previstas en la ley para encontrarlas como justificadas. A contrario sensu, reposan en el expediente: copias de los programas de reparación y mantenimiento; informes sobre emergencias de apagones e interrupciones del servicio; Fotocopias de publicaciones en periódico local y comunicados de prensa sobre la interrupción del servicio; Propuesta para el suministro de energía eléctrica en zonas rojas de la Costa Atlántica y póliza de seguros por responsabilidad civil a favor de terceros. Así las cosas, encuentra la Sala que si bien se está en presencia de la prestación irregular del servicio de energía eléctrica en el municipio de El Copey (Cesar) por parte de Electricaribe S. A. ESP, las pruebas visibles en el expediente no permiten adquirir la certeza necesaria para afirmar que tal circunstancia esté por fuera de los límites permitidos por la normativa reguladora de la materia (la negrilla es ajena al texto).

Posteriormente, en Sentencia del 27 de julio de 2006 proferida dentro de la acción popular radicada bajo el número 2005-00117-01(AP), con ponencia del honorable consejero Rafael Ostau De Lafont Pianeta, la Sección Primera señaló:

“4. En orden a resolver lo pertinente, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, el cual tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

“Los servicios públicos, según la norma citada, se someten al régimen jurídico que fije la ley, y pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, estando a cargo del Estado, en todo caso, la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

“5. En desarrollo de esa norma constitucional y del artículo 367 ibídem, que dispone que la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el legislador expidió la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, la cual es aplicable, entre otros servicios, al de energía eléctrica (art. 1º).

“El servicio público domiciliario de energía eléctrica se encuentra definido en esta ley como “el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición”; dicha ley, también se aplica a las actividades complementarias de generación, comercialización, transformación, interconexión y transmisión (art. 14.25).

“Así mismo, es relevante destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo 136 ibídem, la prestación continua de un servicio de buena calidad es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos, denominándose el incumplimiento de dicho deber, para los efectos de esa ley, falla en la prestación del servicio (la negrilla es ajena al texto).

“De acuerdo con el artículo 139 de la ley en comento, no es falla en la prestación del servicio la suspensión que haga la empresa para: 1) hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se dé aviso amplio y oportuno a los suscriptores o usuarios y, 2) evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del terreno, siempre que se haya empleado toda la diligencia posible, dentro de las circunstancias, para que el suscriptor o usuario pueda hacer valer sus derechos (la negrilla es ajena al texto).

“De otro lado, a términos de lo dispuesto en el artículo 137 ibídem, la falla del servicio da derecho al suscriptor o usuario, desde el momento en el que se presente, a la resolución del contrato, o a su cumplimiento con las siguientes reparaciones:

“137.1. A que no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo, o de la adquisición de bienes o servicios efectivamente recibidos, si la falla ocurre continuamente durante un término de quince (15) días o más, dentro de un mismo período de facturación.

El descuento en el cargo fijo opera de oficio por parte de la empresa.

“(...)

“137.3. A la indemnización de perjuicios, que en ningún caso se tasarán en menos del valor del consumo de un día del usuario afectado por cada día en que el servicio haya fallado totalmente o en proporción a la duración de la falla; mas el valor de las multas, sanciones o recargos que la falla le haya ocasionado al suscriptor o usuario; más el valor de las inversiones o gastos en que el suscriptor o usuario haya incurrido para suplir el servicio.

“La indemnización de perjuicios no procede si hay fuerza mayor o caso fortuito.

No podrán acumularse, en favor del suscriptor o usuario, el valor de las indemnizaciones a las que dé lugar este numeral con el de las remuneraciones que reciba por las sanciones impuestas a la empresa por las autoridades, si tienen la misma causa” (la negrilla es ajena al texto).

“En orden a reglamentar estas materias, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, expidió el 28 de mayo de 1998 la Resolución 070 “Por la cual se establece el reglamento de distribución de energía eléctrica, como parte del reglamento de operación del sistema interconectado nacional”, la cual fue modificada posteriormente por la Resolución 096 de 19 de diciembre de 2000 expedida por ese mismo organismo.

“Se regulan respecto al tema de la calidad del servicio prestado por las empresas de servicios públicos domiciliarios los siguientes aspectos: a) indicadores de calidad del servicio prestado (art. 6.3.2); b) valores máximos admisibles de los indicadores; y c) incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio prestado y valores a compensar a los usuarios (art. 6.3.4).

“Los indicadores de calidad del servicio prestado se clasifican en:

— Indicador de duración equivalente de las interrupciones del servicio (DES), que corresponde a la sumatoria del tiempo en horas de las interrupciones del servicio en un circuito durante los últimos doce meses (la negrilla es ajena al texto).

— Indicador de frecuencia equivalente de las interrupciones del servicio (FES), que corresponde a la sumatoria del número de veces que el servicio es interrumpido en un circuito durante los últimos doce meses (la negrilla es ajena al texto).

“El citado artículo 6.3.4 prevé que: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, existe falla en la prestación del servicio cuando se incumpla cualquiera de los indicadores DES y FES. En este caso, dará lugar a la aplicación del artículo 137 de la Ley 142 de 1994 mientras se estén incumpliendo los valores máximos admisibles” (la negrilla es ajena al texto).

“De otro lado, es preciso señalar que conforme a la Ley 142 de 1994, la suspensión del servicio también procede cuando lo solicite un suscriptor o usuario, si convienen en ello la empresa y los terceros que puedan resultar afectados (art. 139), o por el incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los previstos en la ley de servicios públicos domiciliarios, relacionados estos con la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas, así como la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio (art. 140).

“En estos casos la suspensión en la prestación del servicio, lógicamente, no es constitutiva de falla del servicio.

“6. Pues bien, de acuerdo con la ley de servicios públicos domiciliarios, la obligación principal que le asiste a la empresa prestadora de tales servicios es la prestación continua de un servicio de buena calidad, continuidad que puede ser interrumpida justificadamente, sin constituir falla del servicio, solo en los precisos eventos previstos en dicha regulación (para hacer reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos o en casos de racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se de aviso amplio y oportuno a los usuarios) (la negrilla es ajena al texto).

“Con excepción de tales eventos, el incumplimiento de dicha obligación por otras circunstancias distintas a las mencionadas constituye falla en la prestación del servicio, y su ocurrencia da lugar a las reparaciones y compensaciones establecidas en la ley y el reglamento.

“En tal sentido, el incumplimiento injustificado de ese deber legal de continuidad en la prestación del servicio por parte de las empresas es motivo de vulneración del derecho e interés colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna”(1).

Desde esa perspectiva jurisprudencial, no le queda a la Sala la más mínima duda de que los incumplimientos en que incurrió EBSA durante el año 2006 constituyen verdaderas fallas en la prestación del servicio, más aún cuando no aparece acreditado en el proceso que las interrupciones en la prestación del servicio hubiesen obedecido a reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos, a razones de fuerza mayor, a la solicitud de los suscriptores o usuarios, a la falta de pago de los consumos realizados, o al fraude en las conexiones, acometidas, medidores o líneas.

En cuanto a la supuesta violación al debido proceso, cuestionamiento en el cual insiste el apoderado de EBSA, soportada en el hecho de que por una parte la superintendencia no le haya notificado el inicio oficioso de la actuación administrativa que condujo a la imposición de la multa y no se haya dispuesto el traslado del informe técnico elaborado por la dirección técnica de gestión de energía de la superintendencia, relacionado con el incumplimiento de los indicadores DES y FES durante los años de 2005 y 2006, debe la Sala señalar que si bien la iniciación de la actuación de oficio no fue notificada a la empresa y tampoco se le corrió traslado del mencionado informe, lo real y cierto es que esa irregularidad es meramente formal y no sustancial, en la medida en que al disponerse posteriormente la notificación y el traslado del pliego de cargos, EBSA tuvo toda la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia y de defensa, incluyendo la posibilidad de controvertir las conclusiones del informe, lo cual desvirtúa por completo este cargo que fue propuesto en la demanda y reiterado en la apelación.

En ese orden de ideas, la Sala considera que cuando en el ejercicio de sus potestades de inspección y vigilancia la superintendencia no advierte ab initio la comisión de una posible infracción a las disposiciones que regulan un determinado servicio público, ello no obsta para que al realizarse ese hallazgo en el curso de su intervención oficiosa, se formulen cargos y se impongan las sanciones a que hubiere lugar. Dicho de otra manera, en estos casos el hecho de no haberle notificado al interesado la iniciación de esa actuación oficiosa, no configura en sí mismo una violación del artículo 29 de la Carta, siempre que al formularse el pliego de cargos se le indiquen los fundamentos probatorios de la acusación y se le brinde la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, tal como ha ocurrido en el presente caso. Por lo expuesto, no puede concluirse que la decisión apelada haya sido equivocada en relación con este punto del debate procesal.

En lo que tienen que ver con la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para imponer sanciones a los sujetos sometidos a su vigilancia, los artículos 79.1 y 79.2 de la Ley 142 de 1994 le confieren de manera expresa la potestad de sancionar en los siguientes términos:

ART. 79.—Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente ley, estarán sujetos al control y vigilancia de la superintendencia. Son funciones especiales de ésta las siguientes:

79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad” (la negrilla es ajena al texto).

79.2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los “comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios”; y sancionar sus violaciones” (la negrilla es ajena al texto).

[…]

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta lo prescrito en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ART. 81.—La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:

[…]

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2.000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al infractor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución” (la negrilla es ajena al texto).

Siendo evidente que la superintendencia es competente para investigar y sancionar el incumplimiento de las leyes, actos administrativos y contratos de servicios públicos domiciliarios, la Sala concluye que ese organismo fiscalizador tenía la competencia para imponer la sanción cuya legalidad se controvierte en este proceso y, por lo mismo, no puede afirmarse que en este caso se haya soslayado el principio de tipicidad.

En tales condiciones y por encontrase ajustado a la realidad procesal, la Sala confirmará el fallo apelado, no siendo viable acceder a lo solicitado por los recurrentes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. Envíese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en su sesión de la fecha».

(1) La Sección Primera de esta corporación reiteró los criterios anteriores en sentencia del 2 de noviembre de 2006, Radicación 2004-00004-01(AP), C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.