Sentencia 2010-00113 de febrero 7 de 2013

 

Sentencia 2010-00113 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA - SUBSECCION “A”

Rad.: 11001032500020100011300 (0906-2010)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Elías Alberto Chacón Quintero

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera.

El problema jurídico gira entorno a establecer la legalidad del acto de 16 de septiembre de 2005 proferido por la Procuraduría Regional del Huila, por medio del cual declaró responsable disciplinariamente al actor y le impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años y el de 6 de octubre de 2005 que resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando en todas sus partes la anterior.

Previo a analizar el fondo del asunto materia de estudio, la Sala resolverá las excepciones propuestas, así: Las excepciones de legalidad de los actos demandados y cobro de lo no debido y falta de causa son materia del fondo del asunto.

En cuanto a la excepción de Ineptitud sustantiva de la demanda por la no estimación razonada de la cuantía, es pertinente decir que si bien el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo numeral 6º señala como requisitos de la demanda la estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia, no es menos cierto que el Consejo de Estado(1) asumió el conocimiento privativo en única instancia de los procesos disciplinarios que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio con o sin cuantía, por ello, en el presente caso no era necesario determinar la cuantía, en tanto la regla general de competencia ya está prevista. Por lo que la excepción no tiene vocación de prosperidad.

Decidido lo anterior, se entra al estudio del fondo del asunto:

El proceso disciplinario

La Procuraduría Regional del Huila, mediante auto de 2 de agosto de 2004 abrió indagación preliminar y profirió cargos el 28 de junio de 2005, contra Elías Alberto Chacón Quintero en su condición de docente de tiempo completo de la facultad de derecho de la Universidad Surcolombiana de Neiva, en razón a las presuntas irregularidades por considerar que:

Cargo primero.

El actor con su conducta incurrió en una falta disciplinaria al haber actuado como abogado litigante en el proceso ordinario laboral No 129 F 508, T. 17, a partir del 26 de mayo de 2003 en el Juzgado Primero laboral del Circuito de Neiva ostentando simultáneamente la calidad de servidor público de la Universidad Surcolombiana (docente oficial), por lo que puede estar incurso en la incompatibilidad señalada en el artículo 39, numeral 1 del Decreto 196 de 1971, modificado por la Ley 538 del 2000, que señala que los servidores públicos, no pueden ejercer la abogacía aunque se hallen inscritos, incorporada en la Ley 734 de 2002 por el artículo 36.

Cargo segundo

En la misma condición de servidor público de la Universidad Surcolombiana, ejerció como abogado litigante ante juzgados de Familia y Laborales de Neiva en los siguientes procesos: de Guillermo Umaña contra Jhon Elver Cárdenas de marzo 6 de 2002; Jaime Ramírez de jurisdicción voluntaria de diciembre 5 de 2002; de Rodrigo Tovar contra Horacio Rubiano Perdomo octubre 30 de 2003 y de Ana Doris Orozco agosto 19 de 2003, por lo que presuntamente puede estar incurso en la incompatibilidad señalada en el artículo 39 numeral 1 del Decreto 196 de 1971, modificado por la Ley 583 de 2000, que indica que los servidores públicos no pueden ejercer la abogacía aunque se hallen inscritos, en concordancia con la Ley 734 de 2002 artículo 36.

Lo anterior demuestra que el actor con su conducta transgredió las disposiciones contenidas en los artículos 39, numeral 1 del Decreto 196 de 1971, modificado por la Ley 583 de 2000; 71 y 72 de la Ley 30 de 1992; 5 y 6 del Acuerdo 037 de 1993 (Estatuto Orgánico de la Universidad Surcolombiana de Neiva) normas que señalan que los servidores públicos no pueden ejercer la abogacía aunque se encuentren inscritos, por lo tanto los profesores vinculados a universidades públicas de tiempo completo son empleados públicos a quienes se les aplica esta restricción.

Quedó probado que el demandante ostenta la calidad de servidor público, como quiera que se vinculó a la Universidad Surcolombiana de Neiva mediante Resolución P-248 del 17 de abril de 2002, en la modalidad de docente de tiempo completo de planta y a su vez ejerció como apoderado judicial en varios procesos.

En consecuencia, con la conducta descrita, el implicado está incurso en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 23, 36 y 43 de la Ley 734 de 2002, falta considerada como gravísima, por enmarcarse en lo dispuesto por el artículo 48 numeral 17 ibídem, que en su parte pertinente dispone como falta gravísima:“Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones Constitucionales y legales…” actuando dolosamente toda vez que como profesor de derecho, tenía conocimiento de la existencia de normas legales que expresan claramente las incompatibilidades e inhabilidades entre el ejercicio de abogado y el desempeño de un cargo público.

En el transcurso de la investigación disciplinaria se incorporaron a esta actuación las siguientes pruebas: diligencia de versión rendida por el implicado en audiencia del 18 de julio de 2005, manifestando a través de su apoderada: “que el cargo endilgado a su defendido está enfocado a definir una presunta responsabilidad en el señor Elías Alberto Chacón Quintero como Profesional del Derecho y no como servidor público ya que esgrime se ha hecho referencia en el auto de citación a audiencia a una presunta incompatibilidad definida por el artículo 39 numeral 1º del Decreto 196 de 197; modificado por la Ley 583 de 2000 en su artículo 2º numeral 1º” (fls. 579 a 581 cdno. 2).

Concepto del doctor Víctor Manuel Ocampo Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Surcolombiana de mayo de 1998, donde expresó que: “La Universidad Surcolombiana para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 015 del 9 de junio de 1998 y ordenar a quien corresponda el pago de las sumas correspondientes por concepto de dedicación exclusiva que han dejado de percibir desde el 1 de enero de 1999, sobre este particular, la Oficina Jurídica se permite en primer instancia, hacer las reflexiones correspondientes de orden legal, acerca de esta figura, la cual se encuentra contemplada en el capítulo III, artículo 71 de la Ley 30 de 1992. Dentro de este análisis, es preciso hacer una lectura al contenido del precitado artículo (…)”.

Contrato de prestación de servicios profesionales firmado por el demandante el 27 de febrero de 1998 para asesorar la empresa CAESCA S.A. en el área comercial (fl. 443).

Copia del auto de fecha 17 de septiembre de 2004 del Consejo Seccional de la Judicatura, en el que remite por competencia las diligencias preliminares a la Dirección de Justicia Municipal de Neiva y la Procuraduría Provincial de la misma ciudad, por haber intervenido en la audiencia de trámite dentro del proceso ordinario de primera instancia promovido por Gustavo Cabrera Bernal el 16 de julio de 2004 (fl. 466).

Oficio de 12 de julio de 2005 de la Jefatura de División de Personal de la Universidad Surcolombiana, informando al actor su designación como servidor público (fl. 545 cdno. 2).

Resolución P-0248 de 2002 de 17 de abril por la cual se nombró al señor Elías Alberto Chacón Quintero en el cargo de profesor de planta con dedicación de tiempo completo para laborar en la facultad de derecho (fl. 546 y ss. cdno. 2).

Acuerdo 033 de 18 de diciembre de 2001, por el cual se establecen pautas de programación académica (fl. 557).

Constancia suscrita por el Jefe de la División de Personal de la Universidad Surcolombiana de 2 de junio de 2005, en donde registra que Elías Alberto Chacón Quintero presta sus servicios a la Universidad desde el 6 de mayo de 2002, desempeñando el cargo de profesor de tiempo completo, adscrito a la facultad de derecho (fl. 578 cdno. 1).

Escrito presentado por el Dr. Pablo Miller Reina Narváez al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, informando la calidad de servidor público del actor (fl. 191);

Pruebas testimoniales.

Con providencia de 16 de septiembre de 2005 la Procuraduría Regional del Huila decidió(2) el proceso disciplinario. Posteriormente fue objeto de recurso de apelación y mediante providencia de 6 de octubre de 2005, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió confirmar el fallo de primera instancia (fl. 744 a 755).

Del fondo del asunto

Como cargos contra los actos acusados se expusieron los siguientes:

Vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa, al carecer de competencia la Procuraduría General de la Nación para conocer y resolver asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión de abogado, en tanto el Decreto 196 de 1971, señala que la competencia radica en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.

La demandada no ponderó la exclusión de responsabilidad planteada por el actor, consistente en haber actuado bajo la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria.

Los actos acusados se profirieron con falsa motivación, toda vez que desconocen la existencia de diferentes categorías de docentes en la universidad pública, sometidos a un régimen especial, diferente al establecido para los empleados públicos.

Vulneración del término de indagación preliminar previsto en la ley disciplinaria.

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

Los fallos alegados se apoyaron en los siguientes argumentos: (fls. 691 a 723):

“(….).

De acuerdo a las pruebas aportadas a la actuación, los dos cargos endilgados al doctor Elías Alberto Chacón Quintero, en su condición de profesor de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana de Neiva, conserva su vigencia, toda vez que existe prueba que conduce a la certeza de la existencia de la falta, como de la responsabilidad del disciplinado; ya que, no existe discusión, que esta prohibido por regla general a los servidores públicos ejercer su profesión de Abogado litigante, salvo algunas excepciones en las cuales no encaja la conducta del disciplinado (…)

Según Sentencia C-006 del 18 de enero de 1996, Proferida por la Corte Constitucional dentro del expediente D-983 M.P. Fabio Morón Díaz, luego de su análisis, se determina que el Doctor Elías Alberto Chacón Quintero, al ejercer como profesor de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana de Neiva, tiene la condición de servidor público; y al desempañarse como abogado litigante, en los procesos judiciales a que se refieren los dos cargos endilgados, se encuentran incurso en una de las causales de incompatibilidad porque vulneran las siguientes normas:

Artículos 123, 124, 125 y 209 de la Constitución Política.

Está incurso en la incompatibilidad según los términos del artículo 39 numeral 1 del Decreto 196 de 1971 modificado por la Ley 583 del 2000 en su artículo 2 numeral 1 según el cual:

No pueden ejercer la abogacía aunque se hallen inscritos:

1. Los servidores públicos, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita, pero en ningún caso los abogados a contrato podrán litigar contra la Nación, el Departamento, el Distrito o el Municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios (…).

Artículos 41, numeral 3 del Decreto 196 de 1971; 34, 35, 36 y 48, de la Ley 734 de 2002; Ley 30 de 1992 artículo 71 (…).

(…).

En cuanto a la falta de competencia de la Procuraduría para conocer de este asunto, planteado por la defensa, además de los argumentos esgrimidos por esta Regional en desarrollo de la audiencia pública del 18 de julio de 2005, cuando se resolvió de la nulidad propuesta y soportada en tal hecho indicándose que al “construir el auto de citación a audiencia tomó como punto de partida el hecho de que el doctor Elías Chacón, es un servidor público de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana y por ende es sujeto de acción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación por todas las actuaciones que ostenta su calidad de servidor público, desarrolle, ya que le une para con el Estado una relación especial de sujeción. Adicionalmente debe tomarse en cuenta como el Código Disciplinario Único que consagró de manera expresa en su artículo 36 que se entienden incorporadas a este código las inhabilidades, los impedimentos, las incompatibilidades y el conflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley, de esta forma incorporada se encuentra a este estatuto la norma que no le permite siendo servidor público ejercer la profesión de abogado de manera simultáneamente. Es claro para la Procuraduría que en el momento en que el disciplinado ejerce su profesión como abogado, no puede quitarse el ropaje, la investidura de servidor público de tiempo completo, que ostenta a partir del momento en que tomó posesión de tal cargo y en tales circunstancias en la Universidad Surcolombiana además tal y como se esgrimió en el auto de citación a audiencia, por el hecho de ser servidor público, tiene el deber conforme al artículo 34, numeral primero de cumplir y hacer que se cumpla los deberes contenidos en las leyes. La Procuraduría citó a audiencia y en el cargo endilgado no le cuestiona su actuar como particular que ejerce el derecho, le cuestiona que tiene la investidura de servidor público de tiempo completo, ejerza como profesional del derecho y es allí o en este momento cuando la competencia para conocer de conductas derivadas de su actuar ostentando la calidad de servidor público radica en cabeza de la Procuraduría General de la Nación (fls. 581 y 582), también es importante señalar que mediante proveído del 17 de septiembre de 2004, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, dispuso remitir por competencia las diligencias relacionadas con el abogado Elías Alberto Chacón Quintero a la Dirección de Justicia Municipal de Neiva, con fundamento en el artículo 30 del Decreto 522 de 1971 y compulsó copias de la queja con destino a la Procuraduría Provincial de Neiva, para que se investigue en su condición de servidor público (…).

(…)

Por último, considera el Despacho importante precisar que de ninguna manera estaría cobijado el disciplinado por alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, en especial, la relacionada en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, la cual señala “(…) que está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

(…).

Así las cosas, tal conducta merece reproche porque se actúo con conciencia plena y actual de contradecir el ordenamiento jurídico. La normatividad endilgada en manera alguna podía ser desconocida por el disciplinado, toda vez que por su formación de abogado, con una basta experiencia jurídica era previsible salir del error o equivocación planteada, pero como no actuó como era su deber y pudiendo hacerlo, surge necesariamente el reproche de culpabilidad. Por razón de su condición como servidor público debía conocer la normatividad aplicable...

(…)

Conforme a las pruebas aportadas a la actuación, se tiene que el doctor Elías Alberto Chacón Quintero, es profesor de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana de Neiva perteneciente a la planta de personal desde el 6 de mayo de 2002, asignado a la facultad de derecho y como tal ostenta la calidad de servidor público de conformidad a lo señalado en el artículo 123 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 72 de la Ley 30 de 1992 y el inciso segundo del artículo 5 del Acuerdo 037 del 14 de abril de 1993 (…)”.

En fallo de segunda instancia precisó lo siguiente:

“Servidores públicos conforme el artículo 123 superior o constitucional, no son sino unos solos, aquellos que trabajan para el Estado, distinto es, que esa condición de servidor público admita clasificaciones y aún así, el concepto de autonomía universitaria no funda distinción alguna del concepto de servidor público, porque éste es uno sólo aquel que sirve al Estado y en concepto de la Corte Constitucional, aquellos vinculados por una relación especial de sujeción por lo que aceptar el argumento del apelante, sería tanto como afirmar que existen unos quienes son más servidores públicos que otros, los que escapa a toda lógica (…).

(…).

Debe entender el apelante que el “amparo” referido al régimen especial para profesores de dedicación exclusiva, profesores de tiempo completo y profesores de medio tiempo, previsto por la Ley 30 de 1992 en su artículo 72, se circunscribe dentro de la autonomía que tiene las universidades estatales u oficiales para organizarse como entes universitario autónomos, con las características atrás referidas, pero que de ninguna manera, ese amparo” hace referencia a excluirlos de la aplicación del régimen disciplinario previsto por la Ley 734 de 2002 para todos los servidores públicos estatales, caso del docente disciplinado (…)” (fls. 744 a 755 cdno. 3).

Sobre la incompetencia de la Procuraduría General de la Nación para conocer y resolver asuntos relacionados con la abogacía, el artículo 39 numeral 1 del Decreto 196 de 1971 modificado por la Ley 583 de 2000, establece que los servidores públicos no pueden ejercer simultáneamente la abogacía aunque se hallen inscritos, so pena de incurrir en la causal de incompatibilidad contemplada en los artículos 36 y 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002. El actor se posesionó como servidor público de la Universidad Surcolombiana adscrito a la facultad de derecho (profesor oficial de tiempo completo), y paralelamente ejerció la profesión de abogado litigante en los procesos laborales y de familia con radicado número 129 F. 508 T 17; y de Guillermo Umaña contra Jhon Elver Cárdenas de marzo 6 de 2002; Jaime Ramírez de jurisdicción voluntaria de diciembre 5 de 2002; de Rodrigo Tovar contra Horario Rubiano Perdomo de octubre 30 de 2003 y de Ana Doris Orozco de agosto 19 de 2003, ante los Juzgados Laborales y de Familia de Neiva.

Por lo anterior, los actos recurridos, se fundamentaron en que el actor en su condición de docente de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana, desconoció los principios que orientan la función administrativa tales como: la igualdad y la eficiencia previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, al incumplir el deber y las prohibiciones contempladas en el numeral 1º de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, al haber actuado como apodero judicial en distintos procesos a pesar de ser servidor público vinculado a la Universidad Surcolombiana de Neiva, actuación con la cual incurrió en la incompatibilidad señalada en la ley.

Observa la Sala que la investigación apuntó a examinar la conducta y actuaciones del actor surtidas en su condición de empleado público no como abogado litigante y por esta razón no se presenta la alegada incompetencia.

En efecto, los artículos 118 y 25 de la Ley 734 de 2002 en su orden establecieron:

“ART. 118 Superior.—El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. (Se resalta).

ART. 25. (Código Disciplinario Único)—Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código”. (Se resalta).

Por su parte, el artículo 39 numeral 1º del Decreto 196 de 1971 modificado por la Ley 583 de 2000 en su artículo 2 numeral 1º señala, que los servidores públicos no pueden ejercer la abogacía, salvo en función de su cargo, incompatibilidad que se incorpora al Código Disciplinario Único en aplicación del artículo 36 del mismo, que dispone:

“ART. 36.—Incorporación de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. Se entienden incorporados a este código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley”.

El actuar u omitir del servidor público, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, está considerado como falta gravísima (art. 48 ibídem).

Se concluye en consecuencia que las referidas normas deben ser cumplidas y ejecutadas por todos los servidores públicos, pues entre las causales de incompatibilidad e inhabilidad incorporadas por el artículo 36 al Código Disciplinario Único, están las previstas en el artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002, consistente en actuar a pesar de la existencia de incompatibilidades, de un lado y de otro la contemplada en el numeral 11 del artículo 34, en el cual los servidores públicos deben “Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales”.

Al incumplir estos preceptos incurrió en falta disciplinaria gravísima, falta que está debidamente comprobada en el expediente y cuyo conocimiento no es materia de discusión por el actor.

En relación a la exclusión de responsabilidad, relacionada con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, contemplada en el artículo 28, numeral 6º de la Ley 734 de 2002, la Procuraduría Regional del Huila en fallo de 16 de septiembre de 2005, señaló:

“(…) Así las cosas, tal conducta merece reproche porque se actuó con conciencia plena y actual de contradecir el ordenamiento jurídico. La normatividad endilgada en manera alguna podía ser desconocida por el disciplinado, toda vez que por su formación de abogado, con una basta experiencia jurídica era previsible poder salir del error o equivocación planteada, pero como no actúo como era su deber, y pudiendo hacerlo, surge necesariamente el reproche de culpabilidad. Por razón de su condición como servidor público debía conocer la normatividad aplicable, haber profundizado en un análisis aún después de la advertencia que le hiciera el quejoso para que no actuara por la incompatibilidad que se presentaba. Si bien conocían que algunos profesores de tiempo completo de las Universidades de Antioquia, Nacional y Cauca, venían ejerciendo su profesión como abogados litigantes, amparados en un concepto rendido por profesores de la Universidad Nacional de Colombia que data del año de 1992, que fue el único que aportaron al proceso, no es menos cierto que ningún esfuerzo jurídico realizó, tendiente a determinar que su condición de servidor público de tiempo completo era incompatible con el ejercicio de abogacía, y simplemente se limitó a aceptar que como esta actividad se venía desplegando por su colegas en otras entidades universitarias, él la podía llevar a cabo sin que se presentara ningún inconveniente, inobservando el nivel de cuidado en el análisis fáctico y jurídico del asunto, mostrando desinterés por profundizar en un tema que debió despertar su interés jurídico, lo que le impidió como servidor público apreciar las disposiciones de orden constitucional y legal en sus reales alcances. Es indiscutible que el implicado, hubiese realizado un juicioso estudio del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, consultando la normatividad aplicable, así como de los pronunciamientos que sobre el tema ha hecho la Corte Constitucional, habría llegado a la conclusión que contrario a lo plasmado en concepto de sus colegas de la Universidad Nacional de Colombia, que data de 1992, no podía ejercer simultáneamente como profesor de tiempo completo de la Universidad de Neiva y como abogado litigante”.

Establecido lo anterior, la Sala estima que no es acertada la afirmación hecha por el demandante en el sentido de que el ente investigador no ponderó la exclusión de responsabilidad planteada, puesto que reposa múltiple material probatorio que demuestra que el actor estaba en capacidad de conocer de la incompatibilidad en que incurría al desempeñarse como docente de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana de Neiva (servidor público), adscrito a la Faculta de Derecho, y ejercer a la vez como apoderado judicial en varios procesos ante la jurisdicción ordinaria. Como profesional del derecho, tenía conocimiento de la normatividad contenida en la Ley 30 de 1992, el Estatuto del ejercicio del Abogado, la jurisprudencia relacionada con su condición de servidor público entre otras, que consagran expresamente el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés, por lo que dicha exclusión de responsabilidad no está llamada a prosperar.

Frente al inconformismo planteado por el actor sobre la falsa motivación que reviste los actos acusados, por cuanto los docentes de universidades públicas tienen diferentes categorías, y es por ello que están sometidos a un régimen especial diferente al contemplado para los empleados públicos, es importante señalar que fue nombrado como profesor de la Universidad Surcolombiana de Neiva en la planta personal con dedicación de tiempo completo, mediante Resolución P-0248 de 17 de abril de 2002 siendo seleccionado según la convocatoria número P-16120104 por lo que adquirió la calidad de servidor público.

Es de resaltar que la Ley 30 de 1992 en su artículo 71 estableció que:

“Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra. La dedicación del profesor de tiempo completo a la Universidad será de 40 horas laborables semanales”.

El Acuerdo 033 de 18 de diciembre de 2001 por el cual se establece la programación académica, dispone en su artículo 3º que:

“Todo docente de tiempo completo de planta o de tiempo completo ocasional deberá dedicar a la institución cuarenta (40) horas semanales y todo docente de medio tiempo de planta o medio tiempo ocasional, deberá dedicar veinte (20) horas semanales a desarrollar actividades relacionadas con una o varias de las funciones de: Docente, investigación, proyección social (extensivas), Desarrollo institucional o administración”.

Examinado el hecho, queda claro que se trata de un docente de tiempo completo de planta, que deberá dedicar a la institución (40) horas semanales, distribuidas conforme lo señala el artículo 4º ibídem.

“De acuerdo a la programación establecida para cada unidad académica, los docentes de tiempo completo o medio tiempo elaborarán una agenda de distribución de su jornada laboral en cumplimiento de su obligación con la Universidad y en la que se especifiquen los tiempos dedicados a las actividades señaladas en el artículo anterior”.

De tal suerte que corresponde al legislador trazar el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos el cual ha sido incorporado al ordenamiento jurídico a través de distintos normas que rigen la función pública debiendo ser interpretadas de conformidad con la Constitución, por lo que no existen regímenes distintos más que los previstos en la Constitución y la ley para servidores públicos, salvo las excepciones previstas en la ley, es decir que los profesores de las universidades públicas por considerarse empleados públicos no tienen regímenes especiales de incompatibilidades y por ende están regidos por las contempladas en el mandato superior y la ley.

Para resaltar la anterior postura es pertinente advertir que el Acuerdo 033 de 18 de diciembre de 2001, por el cual se establece la programación académica de la Universidad Surcolombiana, establece pautas y criterios de programación que regula la actividad académica, a efecto de valorar adecuadamente la responsabilidad y dedicación de los docentes en el desempeño de sus funciones, de donde se aprecia que los docentes deben dedicar a la institución cuarenta (40) horas semanales. Ello quiere decir que el actor no contaba con tiempo disponible para ejercer su profesión de abogado, pues sus actividades como docente ocupaban toda su jornada laboral hábil de 8 horas diarias. Por lo que, la Sala considera no aceptado el argumento expuesto por el implicado.

El cargo del actor relacionado con la vulneración del término de indagación preliminar previsto en la ley disciplinaria, es necesario traer a colación lo dicho en Sentencia SU-901 de 2005, así:

“56. Ahora bien, en consideración a la presunta vulneración de derechos fundamentales que aquí se considera, la Corte debe determinar qué consecuencias sobrevienen al incumplimiento del término de indagación preliminar en materia disciplinaria.

………………………..

De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez.  Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación.

 De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor que incumplió ese término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en tal momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, si aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal momento.

 57. En el caso sometido a consideración de la Corte, se advierte que si bien el término de duración de la indagación preliminar se inobservó, de ese hecho no se siguió la vulneración de los derechos del disciplinado ni tampoco la afección de sus garantías constitucionales de índole procesal. Ello es sí en tanto, tras el vencimiento de ese término —que empezó a correr el 5 de mayo de 1999 y que venció el 4 de noviembre de ese año— no se practicaron pruebas y, mucho menos, sin el conocimiento y posibilidad de contradicción del actor, pues sólo hubo lugar a la evaluación de aquellas que se habían practicado dentro del término legal y a la emisión de la decisión de apertura de investigación proferida el 28 de octubre de 2000.

Claro, este proceder de la Procuraduría General de la Nación no es, ni mucho menos deseable. Todo lo contrario, se trata de un comportamiento que linda en la responsabilidad disciplinaria pues toda persona investigada tiene derecho a que las decisiones procedentes se tomen dentro de los plazos legalmente establecidos. No obstante, como tras el vencimiento del término de indagación preliminar no se cumplió ninguna actuación adicional como quiera que sólo hubo lugar a la apertura de investigación que se dispuso con base en la actuación oportunamente cumplida, no concurren razones para inferir una manifiesta irregularidad lesiva de derechos fundamentales que ha de conducir a la anulación del proceso y de las sanciones en él impuestas.

En suma, si bien en el proceso disciplinario adelantado contra el actor se desconoció el término legalmente fijado para la investigación preliminar, tal irregularidad no afectó ni el debido proceso ni el derecho de defensa y por ello no puede haber lugar al amparo constitucional de tales derechos y a la declaratoria de invalidez de lo actuado” (resaltado fuera del texto).

De acuerdo con el anterior criterio, considera la Sala que pese a que el término de los 6 meses para iniciar investigación disciplinaria o en efecto archivar el proceso fue excedido, lo cierto es que en ese lapso no se practicaron pruebas, ni se surtieron actuaciones con violación del derecho de defensa ni las garantías procesales del demandante de tal suerte que no existió infracción de los preceptos contemplados en los artículos 150 y 156 de la Ley 734 de 2002.

De todo lo anterior, concluye la Sala que no se configuró una falsa motivación al expedir los actos acusados, la decisión adoptada por la Procuraduría, se fundó en pruebas oportunamente allegadas, que llevaron al convencimiento legal objetivo de la comisión de la falta y de la responsabilidad del disciplinado, apreciación que fue realizada a la luz de las normas vigentes para la época de los hechos.

Es del caso precisar que el juzgador tiene la posibilidad de valorar las pruebas libremente, en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica. En relación con el aspecto probatorio, el derecho de defensa se materializa con el hecho de que al interesado le sea respetado el derecho a solicitarlas y a controvertirlas.

Es el funcionario que ejecuta el poder disciplinario quien debe evaluar las pruebas aportadas, y las respuestas que presenta el disciplinado no lo obligan a aceptarlas, pues, como se dijo, su deber es valorar las pruebas en conjunto, como en efecto lo hizo en este caso la Procuraduría General de la Nación.

A su turno, considera la Sala que es errada la apreciación que realiza el actor al manifestar que el ente investigador no resolvió todos sus planteamientos de inconformismo contra los actos acusados, como quiera que la Procuraduría General de la Nación analizó las razones de defensa invocadas por el implicado en cada una de las etapas procesales, como quedó corroborado en los fallos demandados, sin que con ello lograra desvirtuar la omisión en que incurrió como servidor público (docente oficial).

Basta con analizar las diligencias, para decir que al actor se le respetaron las garantías que comporta el derecho de defensa y el debido proceso, pues tuvo la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas al plenario, así como de interponer recursos en los escritos de descargos y recurso de apelación, motivo por el cual no se establece vulneración alguna al derecho al debido proceso y defensa.

En consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por Elías Alberto Chacón Quintero contra la Procuraduría General de la Nación.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

 

(1) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Providencia 12 de octubre de 2006, C.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, Exp. 0799-2006.

(2) Sancionar al actor con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de diez (10) años.