Sentencia 2010-00116 de agosto 1 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 27001 23 31 000 2010-00116 01

Consejero ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Hamilton Cuesta Lenis

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil trece.

Acción popular

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en su calidad de parte demandada, contra la sentencia proferida el 6 de junio de 2012, por el Tribunal Administrativo del Chocó, en cuanto concedió las pretensiones de la presente acción popular.

1. La demanda

El 19 de agosto de 2010, el ciudadano Hamilton Cuesta Lenis promovió acción popular contra el Consejo Superior de la Judicatura, tendiente a la protección de los derechos e intereses colectivos de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna; y los derechos de los consumidores y usuarios.

1.1. Las pretensiones

Solicitó el demandante que el tribunal accediera a las siguientes pretensiones:

“1.1. Ordenar a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura-dirección seccional Rama Judicial Antioquia-Chocó que diseñe, formule y elabore los planes, programas y ejecute las obras que sean necesarias para que existan y funcionen correctamente baños con acceso al público y los empleados y funcionarios judiciales; se instalen, modifiquen y adecuen los elementos necesarios para garantizar la continuidad y calidad del agua requerida para el uso personal y aseo de todos los inmuebles del distrito judicial de Quibdó-Chocó; y se implemente el uso de tecnologías modernas tendientes al funcionamiento del sistema de seguridad contra Fontanería Colombiana, norma Icontec NTC 1500, el código para el suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, Norma Icontec NTC 1669, Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS (Res. 1096) y demás normas técnicas y estándares nacionales e internacionales”.

“1.2. Ordenar la conformación de un comité para la verificación de la sentencia, de acuerdo señalado en el inciso quinto del artículo 34 de la Ley 472 de 1998”.

“1.3. Ordenar el reconocimiento y pago del incentivo a mi favor, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 472 de 1998”(1).

1.2. Los hechos y omisiones en que se funda

1.2.1. Señaló el actor que el Consejo Superior de la Judicatura es una entidad del orden nacional encargada de la prestación del servicio público de justicia en el municipio de Quibdó mediante los juzgados y corporaciones ubicados en el Palacio de Justicia de Quibdó, y en los demás municipios del departamento del Chocó mediante las distintas unidades de juzgados.

1.2.2. Afirmó que los baños ubicados en el Palacio de Justicia de Quibdó y las unidades de juzgados de los distintos municipio del departamento del Chocó no cumplen con las normas técnicas de higiene y sanidad del Código Nacional de Fontanería Colombiana, la Norma Incontec NTC 1500, el código para el suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, la norma Incontec NTC 1669, y el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico (Res. 1096/2000), referentes a los tanques de abastecimiento de aguas almacenadas y la prevención de incendios, además de carecer de implementos de dotación como jabón, papel higiénico, bolsas de basura, entre otros.

1.2.3. Así las cosas, manifestó que se presentan omisiones administrativas que crean factores de riesgos para la salud de los usuarios del servicio público de justicia, afectando los derechos e intereses colectivos de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna; y los derechos de los consumidores y usuarios.

1.2.4. Solicitó se efectuara un informe técnico que determinara si el Palacio de Justicia se ajusta a las normas técnicas de suministro y distribución de agua.

2. Actuación procesal

El Tribunal Administrativo del Chocó admitió la demanda y ordenó el trámite de rigor, a través de auto calendado el 1º de septiembre de 2010. Mediante notificación personal de 6 de septiembre de 2010 se notifica al director ejecutivo de la administración judicial seccional Antioquia-Chocó y al presidente del Consejo Superior de la Judicatura por conducto del coordinador administrativo y financiero de la Rama Judicial Seccional Chocó.

3. La contestación de la demanda

El director administrativo de la administración judicial seccional Antioquia-Chocó, en representación del Consejo Superior de la Judicatura, contestó la demanda mediante escrito allegado el 15 de septiembre de 2010 en los siguientes términos:

• Manifestó que los baños del Palacio de Justicia de Quibdó cuenta con tanque de abastecimiento y para su higiene se ha celebrado contrato de prestación de servicios de aseo con una empresa privada y cuentan con la dotación de jabón, toallas y papel higiénico requerido.

• Consideró que el único problema que se presenta es el suministro discontinuo de agua al edificio, circunstancia que no es imputable a la entidad demandada sino a la empresa Aguas del Atrato, como empresa prestadora del servicio público de agua. Adicionalmente, señaló que se han tomado medidas para lograr su abastecimiento continuo y se ha requerido a la Empresa Aguas del Atrato para que realice las operaciones y reparaciones necesarias para permitir su abastecimiento continuo(2).

• Finalmente, señaló que el Palacio de Justicia de Quibdó cuenta con un cuerpo de 16 brigadistas, expertos en respuesta a incendios y emergencias que son continuamente capacitados, y cuenta con equipos contra incendios distribuidos en las instalaciones.

• En este orden de ideas, se opuso a las pretensiones del accionante, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura no ha vulnerado ninguno de los derechos e intereses colectivos referenciados en la demanda.

4. Coadyuvancias

Los ciudadanos Elizabeth Palacios Barcos, Elkin Mena Bechara, Jacob Cuesta Gamboa, y Rosalino Chaverra Moreno, mediante escritos separados(3) coadyuvan la acción popular y afirman que la prestación de servicios sanitarios en el Palacio de Justicia de Quibdó no es apta para las necesidades primarias de los usuarios del servicio público de justicia.

5. Audiencia especial de pacto de cumplimiento

Por medio de auto calendado el 12 de noviembre de 2010, el a quo fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia especial de pacto de cumplimiento, correspondiendo ésta al 18 de enero de 2011 a las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.).

En dicha fecha, se llevó a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento, en la que el accionante aceptó que para la fecha de la audiencia no se presentaban los problemas de salubridad existentes al momento de la interposición de la acción, sin embargo solicitó que se otorgara el incentivo correspondiente(4).

El representante de la entidad accionada no aceptó la solicitud de reconocimiento del incentivo debido a que la entidad no vulneró ningún derecho o interés colectivo, por lo que no propone fórmula de arreglo referente a otorgar el incentivo económico.

Así las cosas, se ordena continuar el trámite del proceso ante la ausencia de acuerdo total.

6. Alegatos de conclusión

Hamilton Cuesta Lenis presentó alegatos de conclusión(5) en los que reiteró los argumentos expuestos en la demanda, destacando que no se ha cumplido lo acordado en la Audiencia de Pacto de Cumplimiento de 18 de enero de 2011.

Adicionalmente, manifestó que el dictamen pericial practicado en el transcurso del proceso no es acorde a la realidad, toda vez que las obras de adecuación no han significado un mejoramiento de las condiciones de las instalaciones sanitarias.

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante apoderado, presentó alegatos de conclusión(6) en la cual manifestó que se han realizado obras de reparación tendientes a mejorar la infraestructura del edificio.

Señaló que en el edificio Adán Arriaga Andrades de Quibdó se ubican dos entidades adicionales, estas son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó, las cuales no fueron vinculadas en el caso sub examine, aunque les corresponde la realización de labores de mantenimiento y reparaciones en proporción al uso del espacio otorgado por el fondo rotario.

7. La providencia apelada

El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia de 6 de junio de 2012, resolvió amparar el derecho e interés colectivo al “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública” y deniega el reconocimiento del incentivo económico, al poner de presente los siguientes argumentos:

Consideró que en el trámite del proceso se ha demostrado que los servicios sanitarios del Palacio de Justicia de Quibdó no son adecuados, que el sistema de drenaje de la edificación representa un riesgo para los usuarios, que el suministro de agua es insuficiente y que el sistema de abastecimiento de agua genera humedad y hongos que contravienen los protocolos de higiene y salud pública, motivo por el cual decide amparar el derecho e interés colectivo.

En consecuencia impartió las siguientes órdenes al Consejo Superior de la Judicatura Seccional Antioquia-Chocó:

• Lavar como mínimo dos (2) veces al año los tanques de almacenamiento de agua, realizar continuamente el análisis del agua de estas estructuras.

• No mezclar las aguas lluvias que llegan a los tanques de almacenamiento con las aguas tratadas que proveen las empres (SIC) Aguas del Atrato EPM.

• Oficiar a la empresa Aguas del Atrato EPM, para que suministren suficiente y diariamente el líquido.

• Ubicar avisos en sitios visibles del edificio, informando que el agua que se recibe no es apta para el consumo humano.

• Arreglar los sanitarios, lavamanos y tuberías rotas.

• Evitar que a las cajas de aguas residuales lleguen las aguas lluvias.

• Reparar la humedad que se presenta en el 4 piso donde se encuentra el tanque elevado.

• Revisar la presión a la que se encuentra ingresando el agua que proviene de la red pública.

• Mejorar las dimensiones de las acometidas.

• Realizar un mantenimiento correctivo en las redes de drenaje del edificio.

• Realizar una revisión exhaustiva de la red instalada en acero galvanizado.

• Realizar un reparcheo interior (impermeabilización) al tanque de almacenamiento que se encuentra en el 4 piso.

• Utilizar un sistema dual de abastecimiento el cual permita suministrar por gravedad desde el tanque elevado los pisos bajos y por presión los pisos altos, a través de un sistema hidroacumulador.

• Mejorar el sistema de ventilación de los baños”(7).

En lo referente al incentivo económico, señaló que no procede debido a que la norma que lo consagraba (L. 472/98, art. 39) fue derogada por la Ley 1425 de 2010.

8. El recurso de apelación

El director administrativo de la Administración Judicial Seccional Antioquia-Chocó, en representación del Consejo Superior de la Judicatura, interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes referenciada, aduciendo los siguientes argumentos:

Manifestó que en la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento del 18 de enero de 2011 se logró un acuerdo parcial, como consta en el acta de tal audiencia(8), pues el actor manifestó que “en el momento no existen los problemas de salubridad que se presentaban cuando se interpuso la acción”(9). Así las cosas, no se debió decretar la práctica de pruebas periciales, en especial cuando no fue solicitado por el demandante en cabeza de la cual radica la carga de la prueba.

Adicionalmente, expuso que en el fallo no se consideraron otras pruebas oportunamente allegadas al proceso, como el contrato de obra 11-406 mediante el cual se contrata la realización de labores de limpieza y cambio de las unidades sanitarias en mal estado, el acta de la audiencia de pacto de cumplimiento y los oficios enviados a la empresa de servicios públicos Aguas del Atrato solicitando el suministro de agua ininterrumpido.

En este orden de ideas, consideró que el a quo profirió un fallo extra petita, especialmente porque impone a la entidad demandada la asunción de cargas que son de la empresa de servicios públicos Aguas del Atrato o que se comparten con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

9. Las consideraciones

9.1. Cuestión previa

El Despacho sustanciador advirtió que en el trámite de la primera instancia no se vinculó al proceso a la empresa Aguas Nacionales-Aguas del Atrato EPM S.A. ESP, encargada del suministro de agua al Palacio de Justicia, a pesar que las partes hicieron referencia a que uno de los problemas consiste en que la cantidad de agua por ella proveída es insuficiente.

En virtud de ello se profirió un auto comisionando al Tribunal Administrativo del Chocó para que notificara a la mentada empresa y tuviera la oportunidad de alegar la nulidad dentro de los tres (3) días siguientes, so pena de entenderse saneada(10).

Entre los documentos obrantes en el despacho comisorio diligenciado puede observarse el acta de notificación personal al gerente de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. ESP el día miércoles siete (7) de mayo de 2013, en razón de lo cual el término para interponer la solicitud de nulidad vencía el viernes diez (10) de mayo. Sin embargo, dicho escrito fue radicado en la Oficina Judicial de Quibdó el dieciséis (16) de mayo de 2013, es decir de manera extemporánea, lo cual implica que la posible nulidad fue saneada y por ello se procedió con la etapa procesal siguiente.

9.2 El artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9º ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son los siguientes: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

9.3. Con el ejercicio de la presente acción se pretende la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, y los derechos de los consumidores y usuarios, los cuales se estiman vulnerados como quiera que los servicios sanitarios del Palacio de Justicia de Quibdó presenta deplorables condiciones de aseo y salubridad.

9.4. El a quo en la sentencia impugnada concedió el amparo a los derechos colectivos invocados como vulnerados en la demanda y negó el reconocimiento del incentivo económico.

9.5. La Sala observa que el problema jurídico a dilucidar consiste en determinar si la parte demandada vulneró los derechos colectivos invocados al no adecuar las instalaciones sanitarias del Palacio de Justicia de Quibdó. Es pertinente aclarar que si bien se demostró en el expediente que en el Palacio de Justicia, además de juzgados y corporaciones judiciales, funcionan también la DIAN y la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, las pretensiones de la acción popular solo van encaminadas a procurar la mejora en los baños que son de uso exclusivo de la rama judicial, motivo por el cual no fue necesario vincular a las otras entidades.

El Consejo Superior de la Judicatura Seccional Chocó manifiesta en su recurso de apelación que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó fue extra petita por cuanto en la audiencia de pacto de cumplimiento se llegó a un acuerdo tácito por cuanto el actor reconoció que en ese momento no se presentaban los mismos problemas de salubridad que cuando se interpuso la acción, y no obstante ello el tribunal decretó de oficio la práctica de pruebas con base en las cuales consideró que existía una vulneración por parte de esa entidad.

Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado que el juez constitucional, y específicamente para este caso el juez de acciones populares, tiene la facultad para tomar todas las medidas que considere necesarias a fin de procurar la protección de los derechos colectivos invocados(11). El artículo 28 de la Ley 472 de 1998 sirve de fundamento a esta postura. De acuerdo con esta disposición:

ART. 28.—Pruebas. Realizada la citación para establecer el proyecto de pacto de cumplimiento, sin lograr acuerdo, o citada esta y no efectuada por ausencia de las partes, el juez decretará, previo análisis de conducencia, pertinencia y eficacia, las pruebas solicitadas y las que de oficio estime pertinentes, señalando día y hora para su práctica, dentro del término de veinte (20) días prorrogables por veinte (20) días más si la complejidad del proceso lo requiere.

El juez podrá ordenar o practicar cualquier prueba conducente, incluida la presentación de estadísticas provenientes de fuentes que ofrezcan credibilidad.

También podrá el juez ordenar a las entidades públicas y a sus empleados rendir conceptos a manera de peritos, o aportar documentos u otros informes que puedan tener valor probatorio. Así mismo, podrá requerir de los particulares certificaciones, informaciones, exámenes o conceptos. En uno u otro caso las órdenes deberán cumplirse en el estricto término definido por el juez.

El juez practicará personalmente las pruebas; pero si ello fuere imposible, podrá comisionar en aras de la economía procesal.

En los procesos a que se refiere esta ley, el juez podrá ordenar la práctica de pruebas dentro o fuera del territorio nacional. (Negrillas fuera de texto)

En el caso que nos ocupa el Tribunal Administrativo del Chocó consideró necesario conocer el estado real de los servicios sanitarios del Palacio de Justicia, a pesar de que el actor manifestara en la audiencia de pacto de cumplimiento que la situación que dio origen a la acción popular había mejorado. Lo anterior lejos de ser una irregularidad procesal, está amparado por el poder del juez al que se hizo referencia anteriormente y resulta acorde con el compromiso que la Constitución le impone respecto de la guarda y efectividad de los derechos fundamentales individuales, colectivos o de grupo. Lejos de ser un mero espectador o un sujeto pasivo de la actuación procesal de las partes, el juez, y especialmente el juez constitucional, está llamado a hacer uso de los distintos poderes que le reconoce el ordenamiento jurídico con el fin de hacer efectivos postulados como la justicia material, la prevalencia del derecho sustancial y la garantía de los derechos, los deberes y los principios proclamados por la Constitución.

Lo anterior aunado al hecho que por tratarse de una acción pública, encaminada a la protección de derechos colectivos que atañen a toda una comunidad, sus pretensiones no son desistibles, pues el juez debe asegurarse que la amenaza o vulneración ha cesado, o determinar si por el contrario sigue siendo necesaria su intervención. Sobre ello esta Corporación ha manifestado que:

“(…) el desistimiento de la demanda no es procedente en las acciones populares, por cuanto tal figura se opone a la naturaleza y finalidad de estas, ya que, con su ejercicio, se persigue la protección de los derechos e intereses de una colectividad. Por consiguiente, si una persona tuvo la iniciativa de presentar una demanda en ejercicio de esta acción, mal podría pensarse en la procedencia del desistimiento de la demanda o de alguna de las pretensiones, en el entendido de que éstas fueron formuladas con el fin de proteger de derechos colectivos que se encuentran en cabeza de una comunidad. Es claro que los derechos colectivos que se pretenden proteger a través de las acciones populares sobrepasan los intereses personales o subjetivos de quien presentó la demanda, que se constituye en defensor de las garantías de una colectividad(12)”.

Queda de manifiesto entonces que el decreto de pruebas de oficio por parte del a quo no adolece de ningún vicio, sino que es, por el contrario, una decisión ajustada a derecho, que en el sub judice fue conducente para evidenciar que los baños públicos que ocasionan el presente debate aun se encontraban en mal estado; circunstancia que bajo ningún concepto puede ser objeto de reproche en esta instancia.

En estas condiciones, al descender a la controversia se tiene que toda vez que el dictamen pericial obrante a folios 95 a 100 fue objetado por el actor se ordenó la práctica de una nueva prueba pericial(13), cuyo resultado indicó que el principal problema consiste en que el suministro de agua por parte de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. ESP es insuficiente para llenar los tanques de abastecimiento. Adicional a ello se constató el deterioro de algunas baterías sanitarias y tuberías. En consecuencia, obran pruebas suficientes para acreditar la vulneración de los derechos colectivos denunciada por el actor popular.

Según los resultados del dictamen pericial(14) ordenado en el proceso de la acción popular los problemas identificados de los servicios sanitarios son los siguientes:

• La cantidad de agua suministrada por la empresa Aguas del Atrato es insuficiente para abastecer los tanques de almacenamiento.

• Baja presión del agua que proviene de la red pública.

• Falta de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de drenaje lo que implica posibles taponamientos y un riesgo latente de colapsar.

• Falta de ventilación adecuada en los baños.

Ahora bien, las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Chocó carecen de un fundamento técnico que así lo indique(15), motivo por el cual la Sala considera necesario ordenar se realice un estudio, en conjunto con Aguas Nacionales EPM S.A. ESP, que determine cuáles son las medidas necesarias que se deben adoptar para lograr una prestación eficiente y de calidad de los servicios sanitarios de las oficinas de la Rama Judicial de Quibdó ubicadas en el edificio Adán Arriaga Andrades, para que luego dichas obras sean materializadas en un plazo de tiempo razonable.

No solo se debe, entonces, procurar una prestación permanente y eficiente de los servicios sanitarios, básicos para el funcionamiento de cualquier entidad que tiene a su cargo la atención del público, sino que además se debe poner fin a los problemas de salubridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR el numeral segundo de la providencia apelada.

2. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura Seccional Antioquia – Chocó y a la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. ESP que en los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia diseñe, formule y elabore los planes y programas que sean necesarios para que existan y funcionen correctamente baños con acceso al público y los empleados y funcionarios judiciales; se instalen, modifiquen y adecuen los elementos necesarios para garantizar la continuidad y calidad del agua requerida para el uso personal y aseo de las oficinas de la Rama Judicial ubicadas en el edificio Adán Arriaga Andrade; y se implemente el uso de tecnologías modernas tendientes al funcionamiento del Sistema de Seguridad contra Fontanería Colombiana, Norma Icontec NTC 1500, el código para el suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, Norma Icontec NTC 1669, Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, RAS, (Res. 1096), y demás normas técnicas y estándares nacionales e internacionales.

3. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura Seccional Antioquia-Chocó y a la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. ESP que en los dieciocho (18) meses siguientes a la entrega de los resultados de los estudios referidos en el numeral segundo de esta providencia, ejecute las obras allí indicadas.

4. CONFIRMAR los demás numerales de la providencia impugnada.

Notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, ausente con permiso—María Elizabeth García GonzálezMaría Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

(1) Folio 2 de este cuaderno.

(2) Folios 19 al 31 de este cuaderno.

(3) Presentados por los dos primeros 30 de septiembre de 2010 y por los últimos dos el 4 de octubre del mismo año.

(4) Folio 81 de este cuaderno.

(5) El 30 de marzo de 2011 (fl. 293).

(6) El 27 de marzo de 2011 (fl. 274).

(7) Folio 305.

(8) Folios 80 y 81 de este cuaderno.

(9) Folio 81 de este cuaderno.

(10) Esto, de conformidad con los artículos 144 y 145 del Código de Procedimiento Civil.

(11) Al respecto pueden consultarse la sentencia de la Corte Constitucional T-446 de 30 de mayo de 2007; también las sentencias del Consejo de Estado radicación 2008-00304, actor: Alfredo Cano Córboda (17 de mayo de 2012), y la radicación 2004-00925 actor: Diana Constanza Cubillos Ubata (16 de agosto de 2007).

(12) Sentencia de la Sección Tercera, proferida el 24 de agosto de 2005, radicación 2004-02817, actor: Gloria Aceneth Jiménez Marín.

(13) Visible a folios 253 a 267.

(14) Folios 253 a 267.

(15) El dictamen pericial rendido se limita a hacer unas recomendaciones de acciones tendientes a mejorar el funcionamiento de los baños, pero no realizó un estudio a fondo sobre sus problemas puntuales y el modo de solucionarlos.