Sentencia 2010-00120 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001032400020100012000

Actor: Weatherhaven Resources Ltd.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Solicitud de patente, retiro de la solicitud por no completar documentación

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: VII. Consideraciones

VII.1. Los actos acusados.

Mediante las resoluciones 19177 de 27 de abril de 2009 y 44936 de 31 de agosto de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso declarar retirada la solicitud de patente sobre la invención denominada refugio modular plegable para transporte en contenedores, presentada por Weatherhaven Resources Ltd., al no haberse cumplido con el requisito consistente en el aporte de la traducción de la solicitud internacional.

VII.2. El problema jurídico.

La parte demandante considera que la SIC debió continuar el trámite de la solicitud de patente, al haberse aportado la traducción de la solicitud internacional al momento de la interposición del recurso de reposición contra la decisión de retiro, por cuanto el primer documento aportado lo fue por un error de buena fe, argumento que es controvertido por la parte demandada, pues, en su criterio, las normas del tratado de cooperación establecen términos perentorios para el aporte de la solicitud internacional y su traducción, por lo cual no puede considerarse que un solicitante obra de buena fe al no verificar que los documentos aportados con su solicitud cumplen cabalmente las exigencias normativas.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos presentados por las partes, así como en los parámetros indicados en la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala se ocupará de determinar la forma cómo debe aplicarse la figura del retiro de la solicitud de patente de invención, en virtud del incumplimiento del deber de aportar la traducción de la solicitud internacional de patente.

VII.3. De la normatividad aplicable.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso(10) señaló que la normatividad aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“ART. 8º—Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

“ART. 276.—Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros.

De otra parte, se deben aplicar las siguientes normas del derecho colombiano:

Constitución Política:

“ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

“ART. 228.—La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Igualmente deben aplicarse las siguientes normas del tratado de cooperación en materia de patentes, aprobado por el Congreso de Colombia mediante Ley 463 de 1998:

“ART. 22.—Copia, traducción y tasa para las oficinas designadas.

1. El solicitante proporcionará a cada oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

2. Cuando, según lo dispuesto en el artículo 17.2 a), la administración encargada de la búsqueda internacional declare que no se establecerá un informe de búsqueda internacional, el plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el párrafo 1º del presente artículo será el mismo que el estipulado en el párrafo 1º.

3. Para el cumplimiento de los actos mencionados en los párrafos 1º o 2º, cualquier legislación nacional podrá fijar plazos de vencimiento más amplios que los que figuran en esos párrafos.

“ART. 24.—Posible pérdida de efectos en los Estados designados.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, en el caso previsto en el punto ii) infra los efectos de la solicitud internacional establecidos en el artículo 11.3) cesarán en cualquier Estado designado con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado:

2.

i) Si el solicitante retira su solicitud internacional o la designación de ese Estado;

ii) Si se considera retirada la solicitud internacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.3), 14.1) b), 14.3)a) o 14.4), o si se considera retirada la designación de ese Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3)b);

iii) Si el solicitante no realiza los actos mencionados en el artículo 22 dentro del plazo aplicable.

2.(sic) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1º, cualquier oficina designada podrá mantener los efectos establecidos en el artículo 11.3) aun cuando no se requiera que se mantengan tales efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2).

VII.4. Caso concreto.

La Sala analizará los cargos planteados por la actora de acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para lo cual se abordaran los siguientes ejes temáticos: (VII.4.1) El principio del complemento indispensable y su aplicación al retiro de la solicitud de patente de invención y luego proceder al (VII.4.2) estudio de los cargos de la demanda.

VII.4.1. El principio del complemento indispensable y su aplicación al retiro de la solicitud de patente de invención.

Para resolver el fondo del presente asunto es necesario, como primera medida, analizar la aplicabilidad del principio de complemento indispensable tal como lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ello para entrar a determinar cuál es el marco normativo que debe aplicarse al trámite de la solicitud de patente de invención en el derecho colombiano.

El principio del complemento indispensable se encuentra establecido en el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000, según el cual “los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros”. Respecto de dicho principio y su aplicación, esta Sección en sentencia de 30 de marzo de 2017, determinó lo siguiente:

“(i) Que según lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486, “[l]os asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros”, es decir, la legislación nacional de los países miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

(ii) Que teniendo en cuenta que la norma comunitaria no especifica la fecha a partir de la cual se ha de considerar el cómputo del plazo para la renovación de un registro marcario, pues el artículo 152 eiusdem dice que “[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”, corresponde en consecuencia determinar cuándo se considera que la marca ha sido concedida, si en el primigenio acto administrativo que concedió el registro marcario o cuando se han resuelto los recursos administrativos que se habrían interpuesto en contra del mismo y éste quede en firme.

(iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento indispensable, que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria; y

(v) Que, en el presente caso, el artículo 152 de la Decisión 486 resulta ser de carácter general con relación al establecimiento de la “fecha de concesión de un registro marcario”, sin llegar a regular las situaciones procesales que se podrían derivar a partir del primigenio acto administrativo de concesión, por lo tanto, todo lo relacionado al respecto deberá ser regulado por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable”(11).

De la lectura del artículo 276 de la Decisión 486, así como de la sentencia anteriormente transcrita, se concluye que, para dar aplicación al principio de complemento indispensable, se requieren dos presupuestos, el primero relacionado con la existencia de un vacío regulativo en el ordenamiento jurídico comunitario y el segundo que dicho vacío se supla con una norma interna del Estado miembro.

Así las cosas, en el caso del trámite de la solicitud de patente de invención, en lo relacionado con el aporte de la traducción de aquellos documentos elaborados en idioma diferente al castellano, la Decisión 486 de 2000, en su artículo 8º, dispone que la misma debe allegarse de manera simple, sin que fije el término en el cual debe cumplirse con dicho requerimiento, de lo que se sigue que en la norma comunitaria existe un vació, en tanto no precisa el plazo dentro del cual el peticionario de una patente de invención debe allegar dicha traducción.

De conformidad con lo anterior, para definir el plazo en el cual debe allegarse la traducción de los documentos aportados para la solicitud de la patente, es necesario acudir a la legislación interna, la que en Colombia corresponde al tratado de cooperación en materia de patentes, aprobado mediante la Ley 463 de 1998, el cual al regular el término para cumplir con el requisito de la traducción determina en su artículo 22, que el mismo corresponde al lapso de 30 meses, salvo que la legislación nacional establezca un término más amplio.

En el caso colombiano, el plazo de 30 meses previsto por el tratado de cooperación en materia de patentes fue ampliado por la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio que, en el capítulo quinto, título X numeral 5.2.5, establece lo siguiente:

5.2.5. Requisitos mínimos para la entrada en la fase nacional en virtud de los capítulos I y II del tratado:

Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del tratado, el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia en su calidad de oficina designada o de oficina elegida, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de prioridad, una traducción al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada. Dentro del plazo señalado el solicitante deberá pagar la tasa nacional establecida. Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados para entrar en la fase nacional en el plazo referido la solicitud se considerará retirada.

En consecuencia, en aplicación del principio de complemento indispensable, la obligación de aportar la traducción al castellano de los documentos necesarios para el trámite de la solicitud de patente debe cumplirse en el plazo de 31 meses desde la fecha de prioridad, la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 8º(12) del tratado de cooperación en materia de patentes, corresponde a la de la presentación de la solicitud internacional en cualquiera de los Estados parte.

Finalmente, sobre este aspecto, es necesario precisar que las normas del derecho interno a las que venimos haciendo referencia, a saber, el tratado de cooperación en materia de patentes y la circular única de la SIC, no establecen exigencias, requisitos adicionales o prevén reglamentaciones que entren en conflicto con el derecho comunitario andino; por el contrario, tienen un mismo alcance, esto es, que el solicitante de una patente debe allegar traducción de los documentos en que sustente su petición, por lo que la normativa previamente reseñada, cumple con los presupuestos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fijó en la interpretación prejudicial emitida para el presente proceso, y son aplicables a la resolución del caso.

VII.4.2. Estudio de los cargos de la demanda.

Fijado el marco normativo al que debe acudirse como complemento indispensable en el presente asunto, y previo al estudio de los cargos de la demanda, la Sala procede a analizar la aplicación del retiro de la solicitud de la patente, cuando el solicitante no allegue la traducción de los documentos necesarios para la misma.

El artículo 22 del tratado de cooperación en materia patentes, establece como obligación del solicitante allegar “una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita)”, para lo cual, en Colombia tal como se vio previamente, tiene un plazo máximo de 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad.

Por su parte, el artículo 24 del reseñado tratado determina en su numeral 1º, los eventos en los cuales se entiende retirada la solicitud, estableciendo en el ordinal (iii) que dicha consecuencia se predica en el evento en que “el solicitante no realiza los actos mencionados en el artículo 22 dentro del plazo aplicable”, esto es, aportar la traducción de la solicitud internacional dentro de los 31 meses siguientes a la fecha de prioridad.

En consecuencia, se concluye que las normas aplicables en materia del trámite de solicitud de patente establecen como consecuencia del no cumplimiento de la obligación de aporte de la traducción de la solicitud internacional, el que se entienda retirada la solicitud de patente, de lo que se sigue, que los actos administrativos demandados, dieron aplicación estricta a dichos preceptos normativos.

Visto lo anterior, la Sala procede a analizar los cargos propuestos por la parte actora.

(i) Falta de aplicación del artículo 83 de la Constitución Política.

La parte demandante alega que los actos demandados inaplicaron el artículo 83 Constitucional, ya que la SIC desconoció que el incumplimiento de la obligación a cargo del peticionario correspondió a un error de buena fe, por lo cual debió validar que la traducción de la solicitud internacional se aportara con posterioridad al vencimiento del término de 31 meses, fijado por la circular única de la SIC.

Sobre la anterior alegación, la Sala estima necesario analizar el alcance del artículo 83 de la Constitución Política, y su aplicación al caso concreto.

El artículo 83 de la Constitución de 1991 establece la buena fe como precepto que debe guiar las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas, respecto de dicho principio es necesario precisar que la presunción de buena fe, no implica que las actuaciones de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos indispensables para su ejecución. Respecto de dicho aspecto la Corte Constitucional ha determinado, que el obrar de buena fe requiere el que se haya realizado la actuación con la diligencia debida. Así lo señala la Sentencia C-071 de 2004, en los siguientes términos:

“[…] Al respecto debe señalarse que si bien es cierto que conforme al principio de la buena fe, en cuanto principio general del derecho y del orden constitucional, cabe considerar que toda actuación de los particulares se espera acorde con dicho principio regulado en el artículo 83 Superior, es decir, con un imperativo de conducta diligente, cuidadosa, que en ocasiones la propia legislación complementa con una específica cualificación como actuación de buena fe exenta de culpa, es también cierto que la regulación que se establece en la norma acusada no contradice dicha expectativa. Antes bien, como se ha explicado la norma protege la buena fe de los terceros y nada lleva a que se considere que permita la actuación contraria a dicho principio por parte de las personas que intervienen en las actuaciones a que ella alude […]”.

Así las cosas, el obrar de buena fe requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la ejecución de la actuación ante la administración, pues en caso contrario, no es factible considerar que de una actuación negligente pueda desprenderse una apreciación favorable a quien no ha cumplido con su deber.

En el caso que nos ocupa, la obligación del aporte de la traducción de la solicitud internacional de la patente de invención, tiene por consecuencia que el solicitante debe obrar con la diligencia necesaria para corroborar el cumplimiento de dicho requisito, de lo que se concluye que no es posible avalar la alegación del demandante, en cuanto a que la SIC debió permitirle subsanar su solicitud, en virtud de que el incumplimiento de la obligación a su cargo había sido de buena fe, por lo que el cargo propuesto no está llamado a prosperar.

(ii) Falta de aplicación del artículo 228 de la Constitución Política.

El demandante argumenta, que la SIC con la expedición de las resoluciones enjuiciadas, transgredió el artículo 228 de la Constitución Política, al no dar prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.

En relación con el anterior argumento, la Sala estima conveniente precisar que el artículo 228 de la Carta Política establece, tanto la prevalencia del derecho sustancial, como el deber de observancia de los términos por parte de quienes intervienen en una actuación ante la administración, razón por la cual las actuaciones que la ley contemple dentro de un trámite, deben cumplirse dentro del plazo establecido para dicho fin. Así lo precisó la Corte Constitucional, en la Sentencia C-871 de 2011, cuando señala:

“[…] 5.5.3. Contrario a lo que opina el ciudadano Lara Sabogal, la preeminencia de los derechos fundamentales en el marco de un Estado social de derecho exige del Estado actuaciones céleres y oportunas para garantizar la vigencia de un orden justo y una forma de lograr ese cometido es a través del establecimiento de plazos precisos y de obligatoria observancia dentro de los cuales la administración debe desplegar su actuación, so pena de consecuencias adversas por su inobservancia […]”.

En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado, que el legislador puede regular los plazos que deben cumplirse dentro de los trámites administrativos, ello con miras a garantizar el debido proceso de los intervinientes, así lo precisa la Sentencia C-034 de 2014, de la siguiente manera:

“[…] 12. En la misma dirección, la corporación ha explicado que corresponde al legislador el desarrollo del debido proceso, mediante la definición legal de las normas que estructuran los procedimientos judiciales y administrativos, ámbito en el que le corresponde establecer su objeto, etapas, términos, recursos, y demás elementos propios de cada actuación. En la Sentencia C-598 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV. María Victoria Calle Correa), expresó la Corte:

“Se ha entendido, entonces, que en materia de procedimientos la libertad de configuración posee mayor amplitud que en otros ámbitos, pues así lo disponen los artículos 150 Constitucional, numerales 1º y 2º, en concordancia con los artículos 29, 86, 87, 228 y 229 Constitucionales, que lo facultan para establecer requisitos, tiempos, procedimientos, recursos, etc., de manera que el legislador puede regular el derecho de acceso a la administración de justicia pero no tornarlo ilusorio, “razón por la que se exige que las restricciones que en virtud de esa potestad legislativa se lleguen a imponer, deben ser proporcionales frente a este derecho fundamental y al principio constitucional consagrado en el artículo 238, según el cual lo sustancial debe primar sobre lo formal”.

En ese marco, es posible concluir que (i) el Legislador posee una facultad de configuración de procedimientos administrativos de especial amplitud; (ii) dentro de esa potestad se incluye el diseño de los procedimientos, sus etapas, recursos y términos, entre otros aspectos; (iii) la regulación de esos procedimientos no puede desconocer los mínimos expresamente establecidos en la Constitución (arts. 29 y 228) y la jurisprudencia constitucional; (iv) además de esos mínimos, la regulación legislativa debe respetar los principios superiores de la Constitución […]”.

Así las cosas, la perentoriedad de los términos dentro de los trámites administrativos, trae consigo la posibilidad de que normativamente, se establezcan las consecuencias de su inobservancia, tal es el caso del artículo 24 del tratado de cooperación en materia de patentes, según el cual, el no aporte de la traducción de la solicitud internacional dentro del plazo establecido para el efecto, conlleva el que la misma se entienda como retirada.

De esta manera, en el sub lite, la parte demandante aceptó de manera expresa tanto en el procedimiento ante la SIC, como en el presente proceso, que incumplió con el requisito de aportar la traducción de la solicitud internacional, la cual solo fue allegada con la interposición del recurso de reposición el día 14 de mayo de 2009, fecha para la cual habían transcurrido más de 31 meses desde presentación de la solicitud internacional de prioridad, que data de 26 de septiembre de 2006, según consta a folio 1º del cuaderno anexo 1, por lo cual los actos administrativos demandados, al entender como retirada la solicitud de patente, contienen una decisión que se encuentra ajustada al marco legal aplicable.

La Sala reitera que en los casos en los cuales la parte ha obrado sin la diligencia necesaria para cumplir en debida forma con sus cargas, no es dable atribuir un obrar de buena fe que permita exonerarlo del cumplimiento de las mismas, o como pretende en este caso el demandante que se subsane el yerro cometido por fuera del plazo establecido para el efecto. Lo anterior es predicable de la actuación del apoderado de la actora, quien al recibir de parte del agente en México (mediante correo electrónico) la traducción a ser aportada con la solicitud de patente, no corroboro que la misma cumpliese con los requisitos exigidos para su validez, por lo cual dicho obrar negligente no podía llevar a la SIC a validar su aporte de manera extemporánea al momento de presentar el recurso de reposición contra la decisión de retiro, de lo que se concluye que el cargo no está llamado a prosperar.

(iii) Por falta de aplicación del artículo 209 de la Constitución Política de 1991 y del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.

La parte demandante presentó estos dos cargos, aduciendo que la SIC en los actos administrativos demandados desconoció el principio de eficacia que rige la función administrativa; sin embargo, en el desarrollo de los mismos, refiere que debió darse prevalencia a lo sustancial sobre lo formal, y que correspondía dar aplicación al principio de buena fe; aspectos sobre los cuales la Sala se remite íntegramente a lo previamente resuelto en esta providencia.

Ahora bien, en cuanto a la transgresión del principio de eficacia, si bien la parte actora no presenta una alegación concreta al respecto, es necesario analizar el alcance de dicho principio, así como su aplicación por parte de las autoridades administrativas. Al respecto la Corte Constitucional, entre otras en la Sentencia C-826 de 2013, ha referido lo siguiente:

“En este orden de ideas, es evidente para esta Corporación que el principio de eficacia impide que las autoridades administrativas permanezcan inertes ante situaciones que involucren a los ciudadanos de manera negativa para sus derechos e intereses. Igualmente, que la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades debe ser un fin para las mismas, es decir, que existe la obligación de actuar por parte de la administración y hacer una real y efectiva ejecución de las medidas que se deban tomar en el caso que sea necesario, en armonía y de conformidad con el debido proceso administrativo.

En síntesis, esta Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación “… al cumplimiento de las determinaciones de la administración” y la eficiencia a “… la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos”

De conformidad con la anterior conceptualización, la eficacia en la función administrativa se encuentra relacionada con el deber de la administración consistente en adelantar y decidir las actuaciones que están a su cargo, por lo cual no puede considerarse que dicho principio se transgreda cuando se emiten determinaciones de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables, como sucedió en el sub examine, por lo cual el cargo propuesto no está llamado a prosperar.

(iv) Por indebida interpretación del preámbulo del tratado de cooperación en materia de patentes y su ley de aprobatoria (463 de 1998).

La parte accionante considera que los actos administrativos demandados desconocen el preámbulo del tratado de cooperación en materia de patentes, al no facilitar el trámite de la solicitud presentada.

Tal como se analizó previamente, la determinación de la SIC se fundó en la aplicación de los artículos 22 y 24 del tratado de cooperación en materia de patentes, normas que establecen el retiro de la solicitud por el incumplimiento del requisito del aporte de la traducción de la solicitud internacional, por lo cual habrá de analizarse el preámbulo del tratado, para determinar si el mismo tiene un alcance que permita obviar este requisito en casos como el que nos ocupa. El texto del preámbulo del tratado es del siguiente tenor:

“Los estados contratantes,

Deseosos de contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología,

Deseosos de perfeccionar la protección legal de las invenciones,

Deseosos de simplificar y hacer más económica la obtención de la protección de las invenciones, cuando esta protección es deseada en varios países,

Deseosos de facilitar y acelerar el acceso de todos a las informaciones técnicas contenidas en los documentos que describen las nuevas invenciones,

Deseosos de estimular y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo, adoptando medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, permitiéndoles fácil acceso a las informaciones relativas a la obtención de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnología moderna. Convencidos de que la cooperación internacional facilitará en gran medida el logro de esos objetivos”.

Dicho contenido, debe interpretarse de manera armónica con las normas que hacen parte del cuerpo normativo del tratado, en especial con el artículo 1º(13), que establece la finalidad que los estados parte persiguen con su firma, de la siguiente manera:

“ART. 1º—Creación de una unión. 1. Los estados parte en el presente tratado (denominados en adelante “los estados contratantes”) crean una unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales. Esta unión se denominará unión internacional de cooperación en materia de patentes.

2. No se interpretará ninguna disposición del presente tratado en el sentido de que disminuye los derechos establecidos en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho convenio.

De la lectura de la norma transcrita, se desprende que la finalidad del tratado es la cooperación en la presentación y examen de las solicitudes de protección de invenciones, por lo cual uno de sus pilares es la estandarización de los procedimientos para la concesión de patentes, de lo que se concluye que la aplicación estricta de las normas procedimentales contenidas en el tratado, no puede considerarse como violatoria de su preámbulo, ya que, por el contrario, los procedimientos establecidos, tal como se vio con precedencia, tienen por finalidad el facilitar el trámite de las solicitudes de patentes en cada uno de los estados firmantes del tratado. Así las cosas, los actos administrativos acusados, no incurrieron en violación del preámbulo del tratado de cooperación en materia de patentes, por lo que el cargo presentado no está llamado a prosperar.

De conformidad, con las anteriores consideraciones, la Sala negará las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIEGUENSE las súplicas de la demanda por las razones expuestas en este proveído.

2. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión de la fecha».

(10) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 287-IP-2015, Asunto: Interpretación prejudicial a solicitud de la consultante de los artículos 165,169-6 170 de la decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, expediente interno 2007-00260, Actor: Productora de Capsulas de Gelatinas S.A. - Procaps, Marca Digesta, Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca, M.P. Martha Rueda Merchán.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. (e) Carlos Enrique Moreno Rubio, treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), rad. 11001-0324-000-2011-00282-00 Actor: Ropsohn Therapeutics Ltda. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

(12) ART. 8º—Reivindicación de prioridad 1) La solicitud internacional podrá contener una declaración, según lo prescrito en el reglamento, que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial o para dicho país.

(13) ART. 1º—Creación de una unión. 1. Los Estados parte en el presente tratado (denominados en adelante “los estados contratantes”) crean una unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales. Esta unión se denominará unión internacional de cooperación en materia de patentes.
2. No se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que disminuye los derechos establecidos en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho convenio.