Sentencia 2010-000120 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: 080012331000201000120 01

Autoridades nacionales

Actora: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP.

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el DAMAB en el recurso de apelación, a los cuales se circunscribirá el análisis en esta instancia, para determinar si es dable o no revocar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Al efecto, se advierte que el recurrente argumenta que deben negarse las súplicas de la demanda, pues los actos acusados i) sí señalan la fecha en la que se cometió la infracción ambiental, ii) tasan adecuadamente la multa y iii) se expidieron cumpliendo con los términos del proceso sancionatorio ambiental fijado en el Decreto 1594 de 1984.

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a estudiar los cargos expuestos por el DAMAB en el recurso de apelación.

1. Fecha en que se cometieron las infracciones ambientales por parte de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP.

El Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que las resoluciones acusadas violaban los artículos 29 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo, pues no indicaban la fecha en la cual la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP había cometido la infracción ambiental.

A su turno, el DAMAB afirma que las Resoluciones 1024 de 2009 (sep. 18) y 1276 de 2009 (oct. 19) sí señalan la fecha en que la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP cometió la falta ambiental, al hacer referencia al lapso transcurrido entre el 25 de agosto de 2006 y el 21 de julio de 2008, cuando hizo sendas visitas a la entidad y constató la existencia de vertimientos de lodo al Río Magdalena.

Es claro, entonces, que en el presente asunto la Sala debe determinar si los actos acusados señalan claramente la(s) fecha(s) en la(s) que la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP cometió la infracción ambiental, para determinar si violan el debido proceso o no.

Al efecto, se advierte que el Director General del DAMAB expidió las resoluciones 1024 de 2009 (18 de septiembre) y 1276 de 2009 (19 de octubre) atendiendo a las facultades que le permiten imponer multas por la infracción de normas ambientales, consagradas en los artículos 85(7) de la Ley 99 de 1993(8), 13(9) de la Ley 768 de 2002(10) y 4(11) del Decreto Distrital 208 de 2004(12), pues constató que la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP desatendía lo dispuesto en el artículo 70(13) del Decreto 1594 de 1984, debido a que vertía irregularmente lodo al Río Magdalena.

Según quedó consignado en las resoluciones 1024 de 2009 (18 de septiembre) y 1276 de 2009 (19 de octubre), “mediante Auto 180 de abril 19 de 2008… [el DAMAB] abrió investigación y trasladó cargos en contra de la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP “Triple A”, por el presunto incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en especial la contenida … [en] el artículo 70 del Decreto 1594 de 1984…”(14). En efecto, el Auto. 180 de 19 de abril de 2008 señala en la parte resolutiva:

“ART. 2º—Elevar pliego de cargos contra la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP “Triple A S.A. ESP”…por el presunto incumplimiento de lo contemplado en el artículo 70 del Decreto 1594 de 1984, de conformidad con lo expresado en el Concepto Técnico 1454 de agosto 25 de 2006 ... por los siguientes hechos: Descargar lodos de las plantas de tratamiento de agua potable hacia el Río Magdalena, los cuales son evacuados a través de sifones de descarga instalados a un costado de las plantas de tratamiento, sin cumplir con las normas legales en materia de residuos sólidos…”(15) (se resalta y subraya).

El Concepto Técnico 1454 de 25 de agosto de 2006 a que hace referencia el Auto 180 de 19 de abril de 2008 sugiere ordenar la apertura de investigación y elevación de pliego de cargos contra la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, por descargar lodo a cuerpos de agua superficial sin el lleno de los requerimientos establecidos en la normatividad ambiental. En dicho documento se lee:

La Subdirección de Gestión Ambiental considera técnicamente procedente lo siguiente: 1. Ordenar la apertura de investigación y elevación de pliego de cargos contra la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP “Triple A”… por los motivos que a continuación se relacionan: La presunta violación al artículo 70 del Decreto 1594 de junio 26 de 1984, en lo referente a la descarga de lodos a cuerpos de agua superficial sin el lleno de los requerimientos establecidos en la normatividad ambiental…”(16). (Se resalta).

Adicionalmente, en la Resolución 1024 de 2009 (18 de septiembre) se señala que mediante Auto 272 del 11 de julio de 2008 el proceso sancionatorio inició su etapa probatoria decretando una “…inspección ocular a las instalaciones de la planta de acueducto y alcantarillado de la sociedad Triple A, a fin de que rinda concepto técnico en cuanto al manejo y disposición final de los lodos de la empresa”.

Más adelante la misma resolución transcribe los resultados de la inspección ocular señalando, entre otras cosas, que “…los lodos son vertidos sin ningún tipo de tratamiento previo”. En efecto, en el Concepto Técnico 1662 de 23 de septiembre de 2008, que entregó el Subdirector de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Barranquilla con ocasión de la visita de inspección ocular decretada en el Auto 272 del 11 de julio de 2008, se indica que al visitar la planta de acueducto operada por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP se evidenció que “los lodos extraídos de las diferentes unidades de tratamiento son conducidos por medio de canales y por gravedad hasta el Río Magdalena, donde son finalmente vertidos. Según se nos informó, los lodos son vertidos al río sin ningún tipo de tratamiento previo”(17).

En este orden de ideas, es menester recordar que el DAMAB afirma que la falta ambiental cometida por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP transcurrió entre el 25 de agosto de 2006 y el 21 de julio de 2008, cuando hizo sendas visitas a la entidad y constató la existencia de vertimientos de lodo al Río Magdalena. Sin embargo, la Sala advierte que los actos acusados sólo podían sancionar a la actora por aquello acontecido el 25 de agosto de 2006, pues la visita técnica realizada el 21 de julio de 2008 no motivó la apertura de una nueva actuación administrativa que permitiera a la demandante ejercer adecuadamente su derecho de defensa y contradicción, el cual sólo pudo ejercerse para controvertir la información consignada en el Auto 180 de abril 19 de 2008(18), esto es, aquella relacionada con el Concepto Técnico 1454 de 25 de agosto de 2006.

En mérito de lo expuesto la Sala declarará la nulidad parcial de las resoluciones acusadas, pues advierte que estas no precisan adecuadamente la fecha en que se cometió la infracción ambiental, ya que sólo podían sancionar a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP por lo acontecido el 25 de agosto de 2006 y no por aquello que ocurrió durante el lapso transcurrido entre esa fecha y el 21 de julio de 2008.

2. Tasación de la multa impuesta a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP.

El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de las Resoluciones 1024 de 2009 (18 de septiembre) y 1276 de 2009 (19 de octubre), pues consideró que tasaban erradamente la multa impuesta a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, ya que no fijaban el año con base en el cual hacían su liquidación.

Por su parte, el DAMAB afirma que las resoluciones acusadas liquidaron la multa impuesta a la actora con base en el salario mínimo del año 2009, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

En este orden de ideas, la Sala advierte que debe determinar si los actos acusados tasaron adecuadamente la multa, para concluir si están viciados de nulidad o no. Ello, al margen de la conclusión a la que se arribó en el estudio del cargo anterior, donde quedó en evidencia que ésta debe disminuirse, habida cuenta que sólo podía sancionar por lo acontecido el 25 de agosto de 2006.

Al efecto, se observa que la Resolución 1024 de 2009 (18 de septiembre) tasó la multa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, pues indicó que “Las multas se tasarán por día de infracción dentro de los parámetros establecidos por la ley para un día de infracción con base en el salario mínimo legal vigente, al momento de dictarse la respectiva Resolución y teniendo en cuenta las circunstancias de agravación y atenuación previstas en los artículos 20 y 211 del Decreto 1594 de 1984.”(19). De hecho sobre el particular el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala:

“ART. 85.—Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas:

1) Sanciones:

a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;” (se resalta y subraya).

El artículo 85 de la Ley 99 de 1993 derogó tácitamente el artículo 221 del Decreto 1594 de 1984, que fijaba anteriormente los límites para la imposición de multas por la infracción de normas ambientales en sumas cuyo “…valor en conjunto no excederá una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de imponerse.”.

Los actos acusados impusieron a la actora multa de “…1200 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a quinientos noventa y seis millones doscientos ochenta mil pesos ($596.280.000)…”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 referido. De hecho, atendiendo a lo dicho en éste artículo, la multa se liquidó con base en el salario mínimo legal vigente para el 2009, pues en tal año se expidieron las resoluciones acusadas. Efectivamente para el año 2009 el salario mínimo legal mensual era de $496.900, el cual multiplicado por 1200 equivale precisamente a los $596.280.000.oo que fija la condena.

En este orden de ideas, se advierte que la tasación de la multa estuvo acorde con las normas que regulaban la materia. Sin embargo, la Sala advierte que en la demanda el actor solicitó inaplicar por inconstitucional el artículo 85, debido a que no se acompasa con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política que señala: “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa…”.

Bajo el anterior contexto, debe la Sala recordar los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en Sentencia C-475 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), cuando en un caso análogo declaró inconstitucional el parágrafo 3º del artículo 1º(20) del Decreto Ley 1074 de 1999(21) por fijar la liquidación de multas con base en el salario mínimo legal vigente a la fecha de formulación del pliego de cargos. En dicho fallo la Corte dijo:

“Al parecer de la corporación, si bien el legislador, en este caso el extraordinario, cumplió con la obligación de establecer directamente la sanción, en cambio no cumplió con el requisito de determinación plena y previa de la cuantía de la multa. En efecto, dicha cuantía aparece como ulteriormente determinable a partir del valor del salario mínimo legal vigente a la fecha de formulación del pliego de cargos, o de la tasa de cambio vigente en ese día y no en el momento de la comisión de la infracción. Por lo anterior, quien incurre en la falta disciplinaria no tiene la posibilidad de conocer la cuantía de la multa correspondiente, pues en el momento en que infringe el régimen cambiario no sabe ni puede saber cuál será el valor del salario mínimo mensual legal o la tasa de cambio vigentes para la fecha -incierta también- en que se le formule el pliego de cargos. En otras palabras, en el momento de la falta la sanción no aparece plenamente determinada, sino ulteriormente determinable.

Esta circunstancia hace que la disposición que se estudia desconozca claramente el artículo 29 superior referente al principio de legalidad de la sanciones, conforme el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. En tal virtud, será retirada del ordenamiento.

Ahora bien, la Corte aclara que la exigencia constitucional de determinación plena y previa del valor de las multas no impide acudir a referentes como el valor del salario mínimo o la tasa de cambio vigentes, a fin de establecer su cuantía; pero en ese caso estos valores de referencia deben ser los del momento de comisión de la infracción.

Habiendo encontrado que por las razones expuestas la norma acusada es inconstitucional, carece de objeto entrar en el estudio de los cargos de inexequibilidad propuestos en la demanda, por lo cual la Corte se abstiene de referirse a ellos.”(22) (se resalta).

Si bien en la sentencia referida se declaró inexequible una norma correspondiente al régimen cambiario, la Sala considera pertinente prohijar los argumentos que expuso la Corte Constitucional en tal oportunidad para inaplicar por inconstitucional, en este caso, el aparte del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, que señala que las multas impuestas por desobedecer normas ambientales deben liquidarse “…al momento de dictarse la respectiva resolución”. En efecto, dicho aparte viola el artículo 29 de la Constitución Política, porque desconoce el principio de legalidad de las sanciones, ya que quien comete una falta ambiental no tiene la posibilidad de conocer la cuantía de la multa correspondiente, debido a que en ese momento no conoce ni puede conocer cuál será el valor del salario mínimo mensual legal para la fecha en que se dicte la resolución sancionatoria. En palabras de la Corte Constitucional: “…en el momento de la falta, la sanción no aparece plenamente determinada, sino ulteriormente determinable.”.

Por lo expuesto, en la parte resolutiva del presente fallo se inaplicará por inconstitucional el aparte del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 que señala que la infracción de normas ambientales puede dar lugar a multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales “… liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución”. Asimismo, se ordenará al DAMAB liquidar nuevamente la multa impuesta a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, con base en el salario mínimo mensual legal vigente para el momento en que se cometió la infracción, atendiendo a lo expuesto en este fallo y sólo por la falta cometida el 25 de agosto de 2006.

3. Cumplimiento del debido proceso durante el trámite que se surtió para imponer la multa a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP.

El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de las resoluciones 1024 de 2009 (18 de septiembre) y 1276 de 2009 (19 de octubre), porque consideró que el DAMAB violó el debido proceso de la actora, al imponerle la multa con fundamento en la normatividad prevista para el efecto en la Ley 99 de 1993, sin cumplir con las etapas procesales fijadas en el Decreto 1594 de 1984, que era la norma especial que regulaba la materia.

Por su parte, el DAMAB manifiesta que el proceso sancionatorio que adelantó contra la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP cumplió con cada una de las etapas expuestas para el efecto en el Decreto 1594 de 1984.

En suma, la Sala debe establecer si el trámite que adelantó el DAMAB para imponer la multa a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. violó el debido proceso, para determinar si los actos acusados están viciados de nulidad o no.

Al efecto, es menester recordar que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala que las medidas y sanciones que regula deben seguir el procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984. En efecto en dicha norma se lee:

“ART. 85.—Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas:

1. Sanciones:

a. Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;

(...).

2. Medidas preventivas:

(…).

PAR. 3º—Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya;” (se resalta).

Es claro, entonces, que el DAMAB debió seguir el procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984 para imponer a la actora la multa a que hacen referencia los actos acusados, pues se trata de una sanción por desatender la normativa ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el literal a), del numeral 1º, del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

En este sentido la normativa que regula el procedimiento sancionatorio en el Decreto 1594 de 1984 es la siguiente:

“ART. 197.—El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad.

(...).

ART. 202.—Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el Ministerio de Salud o su entidad delegada ordenará la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de infracción a las normas del presente decreto.

ART. 203.—En orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse todas las diligencias que se consideren necesarias, tales como visitas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole y en especial las que se deriven del capítulo XIV del presente decreto.

(…).

ART. 205.Realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación.

(…).

ART. 207.Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

(…).

ART. 208.—El Ministerio de Salud o su entidad delegada decretará la práctica de las pruebas que consideren conducentes, las que llevarán a efecto dentro de los treinta (30) días siguientes, término que podrá prorrogarse por un período igual, si en el inicial no se hubiere podido practicar las decretadas.

ART. 209.Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada procederá a calificar la falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo con dicha calificación” (se resalta)

En el caso objeto de estudio se advierte que: i) mediante Auto 180 de abril 19 de 2008(23) el DAMAB, de oficio, inició la investigación y elevó pliego de cargos contra la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP; ii) el 27 de mayo de 2007(24) el DAMAB notificó personalmente la decisión a la actora, iii) el 11 de junio de 2008 la actora presentó descargos por escrito(25), iv) mediante Auto 272 de julio 11 de 2008 el DAMAB inició la etapa probatoria decretando “visita de inspección ocular a las instalaciones de la planta de acueducto y alcantarillado de la Sociedad “Triple A”…”(26) y v) mediante Resolución 1024 de 2009 (18 de septiembre), confirmada por la Resolución 1276 de 2009 (19 de octubre), el DAMAB calificó la falta ambiental e impuso la respectiva sanción.

En este orden de ideas, se advierte que el trámite que adelantó el DAMAB para imponer la multa a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP no violó el debido proceso, pues cumplió con el procedimiento fijado para el efecto en el Decreto 1594 de 1984. Por ello el presente cargo no prosperará y así quedará expuesto en la parte resolutiva de la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1° MODIFÍCASE la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual quedará así:

1º DECLÁRASE la nulidad parcial del artículo 2 de la Resolución 1024 de 2009 (18 de septiembre) y de la Resolución 1276 de 2009 (19 de octubre), en cuanto multan a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP por los hechos ocurridos entre el 25 de agosto de 2006 y el 21 de julio de 2008, pues sólo debieron haberlo hecho por lo acontecido el 25 de agosto de 2006.

2º INAPLÍCASE el aparte que señala “… liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución”, contenido en el literal a), del numeral 1º, del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, por infracción al artículo 29 de la Constitución Política.

3º ORDÉNASE al DAMAB liquidar nuevamente la multa impuesta a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, con base en el salario mínimo mensual legal vigente para el momento en que se cometió la infracción, atendiendo a lo expuesto en este fallo y sólo por la falta cometida el 25 de agosto de 2006.

4º NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5° En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la referencia».

(7) “ART. 85.—Tipos de Sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas: 1) Sanciones: a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución (…)” (se resalta).

(8) Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

(9) “ART. 13.—Competencia Ambiental. Los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993. (…)”(se resalta).

(10) Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

(11) “Artículo 4. Funciones. El artículo 53 del Acuerdo 17 de 2002 quedará así: Funciones: El DAMAB ejecutará las funciones señaladas en los artículos 65 y 66 de la Ley 99 de 1993 y específicamente las siguientes: (…) 7.Aplicar las sanciones, ejecutar medidas de policía e imponer las multas sucesivas a que haya lugar de conformidad con sus competencias y sin perjuicio de las atribuciones conferidas por ley a otras autoridades.” (se resalta).

(12) Por el cual el Alcalde Distrital de Barranquilla transforma y reorganiza funciones de la Autoridad Ambiental Distrital de Barranquilla

(13) Decreto 1594 de 1984. “Artículo 70. Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistema de tratamiento de agua o equipos de control de contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos” (se resalta)

(14) Folio 221, cuaderno 1.

(15) Folios 111 y 112, cuaderno 1.

(16) Folio 185, cuaderno 1.

(17) Folio 204, cuaderno 1.

(18) Mediante el cual “…[el DAMAB] abrió investigación y trasladó cargos en contra de la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP “Triple A”.

(19) Folio 193, cuaderno 1.

(20) “ART. 1º—El artículo 3º del Decreto Ley 1092 de 1996 quedará así: "Artículo 3°. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y entidades que infrinjan el Régimen Cambiario en operaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que se liquidará de la siguiente forma: … Parágrafo 3. Para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente artículo, se tomará en cuenta el salario mínimo legal vigente a la fecha de formulación del pliego de cargos, así como la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la misma fecha, cuando sea el caso”.

(21) Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

(22) Corte Constitucional. Sentencia C-475/04 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(23) Folios 192 a 196, cuaderno 1.

(24) Folio 196, cuaderno 1.

(25) Folios 209 a 2011, cuaderno 1.

(26) Folio 198, cuaderno 1.