Sentencia 2010-00125 de febrero 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 110010328000201000125-00; 110010328000201000111-00 y 110010328000201000113-00 (acumulados)

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actores: Carolina Bravo Barona y otros

Electoral-fallo en única instancia.

Bogotá D.C., veintitrés de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

Según lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, artículo 128 numeral 3º —modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998— y el Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, artículo 1º—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del presente proceso de nulidad electoral.

2. El acto acusado.

Lo constituye el Decreto 2925 del 5 de agosto de 2010 expedido por el Presidente de la República, “[p]or el cual cesan los efectos del Decreto 2272 del 24 de junio de 2010, y se hace una designación” (fl. 42).

3. Del problema jurídico.

Se trata de definir si el Gobierno Nacional (Presidente de la República y Ministro del Interior y de Justicia) autoridad que expidió el Decreto 2925 del 5 de agosto de 2010, “[p]or el cual cesan los efectos del Decreto 2272 del 24 de junio de 2010, y se hace una designación” vulneró disposiciones constitucionales y legales que en las demandas se alegan, al encargar como gobernador del Valle del Cauca a un ciudadano no perteneciente al grupo significativo de ciudadanos que respaldó la elección del gobernador titular, durante el interregno entre la destitución —que aconteció a más de 18 meses para finalizar el período— y la celebración de nuevas elecciones. Además, si existió una falsa motivación del acto acusado, y/o violación al régimen de inhabilidades por parte del gobernador encargado.

4. Cuestión previa.

4.1. Excepciones.

Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República; ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación por pasiva.

Las apoderadas judiciales del departamento administrativo de la Presidencia de la República alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad que representan y que se excluya al Presidente de la República de cualquier decisión que llegase a adoptarse en razón a que tal entidad no participó en el acto demandado, y porque, en su apreciación, la responsabilidad del acto acusado se encuentra en cabeza del ministro del ramo y no del Presidente de la República.

Para la Sala las excepciones propuestas no están llamadas a prosperar. El acto acusado fue expedido por el Presidente de la República junto con el Ministro del Interior y de Justicia. Por consecuencia la notificación de la demanda contra el acto fue realizada tanto al señor Presidente de la República como al señor Ministro del Interior y de Justicia, autoridades que para el caso en particular constituyen el gobierno. La notificación así cumplida atendió al artículo 149 del Código Contencioso Administrativo conforme al cual “en los procesos contenciosos administrativos la Nación estará representada por el ministro, director del departamento administrativo…”.

5. Caso concreto.

5.1. De los cargos.

Las censuras alegadas por los actores en los procesos acumulados se concretan en las violaciones que la Sala analizará en el siguiente orden:

1. Violación de las normas superiores —C.P., art. 303— en que debía fundarse el Decreto 2925 de 5 de agosto del 2010.

2. Falsa motivación del acto acusado.

3. Violación del régimen de inhabilidades contemplado en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 del 2000.

5.1.1. Violación de las normas superiores —C.P., artículo 303— en que debía fundarse el Decreto 2925 de 5 de agosto de 2010.

Como el objeto de estudio de esta censura se concreta en establecer si el acto acusado atendió el procedimiento para proveer el cargo de gobernador del Valle del Cauca durante el interregno de la destitución y la elección que se debe realizar en razón a la falta absoluta de su titular, ocurrida a partir del 8 de junio del 2010, es decir, a más de 18 meses para finalizar el período, la Sala deberá establecer si era necesario que en tal designación primara la terna del grupo significativo que inscribió la candidatura del destituido gobernador.

De acuerdo con la certificación(5) expedida por el señor Alberto Machado Ceballos en su calidad de coordinador del grupo de apoyo de firmas para la campaña a la gobernación del Valle del Cauca por el grupo significativo de ciudadanos “Por un Valle Seguro”, que inscribió la candidatura del señor Juan Carlos Abadía Campo, está acreditado que el señor Francisco José Lourido Muñoz designado en su reemplazo por el Presidente de la República en el decreto acusado, no hace parte de tal movimiento, tal circunstancia invalida el acto acusado, atendiendo a las explicaciones que a continuación se esgrimen:

El debate conduce a examinar el contenido y alcance del artículo 303 superior, para el caso concreto, tal como fue modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 del 6 de agosto de 2002 “[p]or el cual se modifica el período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles”, vigente para la época en que se expidió el acto acusado, cuyo contenido es del siguiente tenor:

“ART. 303.—(Mod. A.L. 02 de 2002 art. 1º). En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente.

La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y temporales; y la forma de llenar estas últimas y dictará las demás disposiciones necesarias para el normal desempeño de sus cargos.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido”.

El segundo inciso de la norma citada, que armoniza con lo previsto en los artículos 150 numeral 23(6) y 293(7) de la Constitución, ratifica la competencia que tiene el Congreso de la República para regular a través de la ley lo concerniente a las faltas temporales de los mandatarios de las entidades territoriales. Sin embargo, en el inciso final del citado artículo, sí está prevista la regla general para llenar las faltas absolutas de los gobernadores.

La Sala observa que el constituyente, en el artículo 303, no previó ni tampoco defirió expresamente en el legislador la facultad de ocuparse en regular la forma de llenar las vacantes de los gobernadores por las faltas absolutas de estos, durante el interregno de tiempo entre la destitución y mientras se lleva a cabo la elección para reemplazar al gobernador cuando la falta se produce a más de 18 meses para terminar su período. Lo anterior no significa que el legislador no lo pueda desarrollar(8). Se advierte que el tercer inciso del mencionado artículo regula las consecuencias de la falta absoluta de la siguiente manera:

· Si la falta absoluta ocurre a más de dieciocho meses de la finalización del período, deberá convocarse a elecciones para elegir gobernador por ese interregno.

· Si la falta absoluta tiene lugar a menos de dieciocho meses para terminar el período, el Presidente de la República deberá designar un gobernador por ese tiempo “(…) respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido.”

En ambas hipótesis se debe exceptuar las situaciones contempladas en el artículo 107 superior(9).

Ahora, con esta precisión surge el interrogante de ¿Cómo suplir la falta absoluta del gobernador mientras se realiza la elección cuando éste ha sido destituido a más de 18 meses para la finalización del período?

La Sala precisa que esta decisión que debe ser asumida por el Presidente de la República no es discrecional sino que está sujeta al elemento teleológico de la norma, es decir, que si el Constituyente no indicó que el legislador debía desarrollar esta hipótesis es porque existía claridad que durante el interregno de la destitución y de la elección del gobernador que debería finalizar el período, este cargo debía ser ocupado por un ciudadano de terna enviada por el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos que inscribió el gobernador destituido.

Frente a la discrecionalidad del Presidente de la República para la designación de los gobernadores, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2009(10) que modificó el artículo 107 superior, sostuvo que:

“3. De acuerdo con el artículo 107 de la Carta, la inscripción de candidatos a elección popular deberá efectuarse por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida y será avalada por los representantes legales o los delegados de aquellos. Eso significa que en la elección popular de autoridades no sólo se involucran los intereses individuales del candidato y territoriales de la localidad que representan, sino también abarca los intereses de permanencia del partido o movimiento político y de representación de la voluntad popular que se agrupa para expresarse políticamente. En consecuencia, el partido o movimiento político ganador de las elecciones no puede marginarse de la designación del funcionario que reemplaza temporalmente a quien fue elegido popularmente con su aval.

4. El artículo 259 de la Constitución dispone que “quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”. En consecuencia, si un candidato debe contar con el aval de un partido y, al mismo tiempo, a éste se le impone el cumplimiento del programa que resultó escogido, es razonable que el movimiento político participe en la designación del gobernador que reemplace temporalmente al elegido popularmente, para así garantizar la continuidad y correcta ejecución del programa de gobierno que contó con el respaldo popular.

5. El principio de autonomía de las entidades territoriales que se concreta, especialmente, en el derecho a gobernarse por sus propias autoridades constituye un necesario paradigma de interpretación de las normas de contenido electoral (art. 287, num. 1º de la Constitución). De consiguiente, es razonable sostener que en una República organizada en forma descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales en donde los ciudadanos eligen directa y libremente a los gobernadores (arts. 1º y 260 de la Carta), el Presidente de la República no debe tener absoluta libertad para escoger el reemplazo del gobernador, sino que su margen de discrecionalidad debe disminuirse(11)".

Con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2009 que modificó el artículo 107 superior se estableció un régimen sancionatorio que exceptúa la aplicación del artículo 303 superior, “cuando los gobernantes municipales o departamentales hubieren sido o fueren condenados mediante sentencias ejecutoriadas en Colombia o en el extranjero por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente cometidos por quienes fueron electos para cargos uninominales”.

En caso que la anterior hipótesis llegase a suceder, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción, y si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo, siendo esta norma la excepción a la regla general contemplada en el artículo 303 Constitucional.

La Sala precisa que comoquiera que el asunto objeto de estudio no se encuentra dentro de las hipótesis del artículo 107 superior la jurisprudencia analizada referente a la discrecionalidad del señor Presidente de la República para designar gobernador es pertinente para el sub examine.

Además, se considera necesario ponderar, de un lado, que la sanción de destitución y consiguiente inhabilidad del gobernador concierne a un aspecto personal y subjetivo de éste, mientras que por su parte, fundados en el principio democrático los electores escogieron un programa de gobierno para su departamento como situación que primó en su decisión de voto. En consecuencia, la vacante del gobernador durante el período de tiempo entre la destitución y la elección popular de su reemplazo no es un reconocimiento para el candidato elegido que fue sancionado, sino una prevalencia de la democracia representada en cada uno de los electores que decidieron un determinado programa de gobierno.

Luego de valorar las situaciones contempladas en el artículo 303 superior advierte la Sala que el señor Presidente de la República, al designar gobernador encargado por falta absoluta del titular a más de dieciocho meses para culminar el período, y mientras se realizan las elecciones, sólo puede ser atendiendo el principio democrático que inspira la Carta Superior desde 1991, según pasa a explicarse:

· La transición de la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991 se caracterizó, entre otros aspectos, por la primacía y expansión del principio de participación democrática. Durante este período buena parte de la geografía nacional, comúnmente denominada territorios nacionales, se incorporó a los procesos electorales(12), dado que fueron elevados a la categoría de departamentos y por lo mismo debían ser elegidas sus autoridades, incluidos los gobernadores, que en la actualidad se escogen por voto popular.

· En la Constitución de 1991 el voto adquirió un valor agregado, pues se elevó a la categoría de derecho fundamental (C.P., art. 40), con un ingrediente adicional de gran importancia como lo es el calificativo otorgado de voto programático, ya que según el artículo 259 superior “[q]uienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato (…)”. Por lo mismo, se reitera que el elector no sólo sufraga por el candidato, sino que también lo hace por un programa de gobierno, con el cual debe someterse a consideración del pueblo el ciudadano que participe como candidato en el proceso democrático, como lo ordena la Ley 131 del 9 de mayo de 1994, “[p]or la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones.”, la cual en su artículo 3º prescribe:

“ART. 3º—Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas, debiéndose surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva o, en su defecto, las administraciones departamentales o municipales ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los programas de todos los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios de comunicación”. (Negrillas fuera del texto original).

· Así, el incumplimiento al programa de gobierno tiene importantes consecuencias. La propia Constitución Política establece como uno de los componentes del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político la facultad de “[r]evocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley”. (C.P., art. 40.4). En consecuencia, el mandato que el pueblo confiere en las urnas a los alcaldes y gobernadores está sujeto al control político de los ciudadanos quienes pueden ejercer la revocatoria de ese mandato, con fundamento en la Ley 131 del 9 de mayo de 1994.

· Además, frente a las entidades territoriales, se pasó de reconocerles el principio de independencia, como así lo hacía el artículo 182(13) de la Constitución de 1886, a otorgarles el principio de autonomía en la Constitución de 1991, por virtud del cual pueden (i) gobernarse por autoridades propias, (ii) ejercer sus propias competencias, (iii) administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la Constitución y la ley, y (iv) participar en las rentas nacionales.

Lo anterior conduce a afirmar que si bien las entidades territoriales deben respetar el principio de República Unitaria (C.P., art. 1º), su capacidad de autogobernarse se robusteció, en la medida que la elección de los gobernadores quedó en manos de los ciudadanos del respectivo departamento, así como la decisión del programa de gobierno que habrá de aplicarse por ese mandatario durante el período para el cual fue elegido. Por tanto, durante el tiempo que se tome la programación y realización de las elecciones para suplir la falta absoluta del gobernador, y en el caso que esta falta no obedezca a la hipótesis contemplada en el artículo 107 superior, el Presidente de la República debe designar el funcionario reemplazante respetando el partido, movimiento o grupo político que inscribió al gobernador elegido.

El legislador ha entendido que la designación debe surtirse tomando en cuenta la continuidad del programa de gobierno del gobernador que dio lugar a la falta absoluta, como así lo permite concluir el siguiente recorrido normativo:

El artículo 106 de la Ley 136 del 2 de junio de 1994 “[p]or la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, prescribe:

“ART. 106.—Designación. El Presidente de la República, en relación con el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y los gobernadores con respecto a los demás municipios, para los casos de falta absoluta o suspensión, designarán alcalde del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la elección.

Si la falta fuere temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará de sus funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el secretario de gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios.

El alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programático”. (Destacado fuera del texto original).

La Ley 131 del 9 de mayo de 1994 “[p]or la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones”, regula la materia en su artículo 14, así:

“ART. 14.—Revocado el mandato al gobernador o al alcalde, se convocará a elecciones del nuevo mandatario dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de revocatoria. Durante el período que transcurra entre la fecha de revocatoria y la posesión del nuevo mandatario, será designado en calidad de encargado por el Presidente de la República o el gobernador, según sea el caso, un ciudadano del mismo grupo, movimiento, sector o partido político del mandatario revocado”. (Destacado fuera del texto original).

A su vez, esta Sala también ha entendido que en la hipótesis que se examina, la competencia que el artículo 303 Constitucional (mod. A.L. 02/2002), otorga al Presidente de la República para designar gobernador por el tiempo que tome la realización de elecciones para suplir la falta absoluta de éste, está sujeta al voto programático y a la autonomía de las entidades territoriales, y por ello, la designación debe recaer en un ciudadano perteneciente al partido, movimiento o grupo político que inscribió la candidatura del elegido, para que continúe con el programa de gobierno que venía ejecutando, el cual deberá desarrollar hasta que con elección y posesión del nuevo mandatario se ponga en práctica el programa de gobierno de éste.

Así, en sentencia del 6 de julio de 2006(14), que definió el proceso de nulidad electoral adelantado por Nohora Margarita Sanabria Ramírez contra el Dr. Carlos Guillermo Aragón Farkas en su calidad de gobernador (e) del Tolima, esta sección abordó un problema jurídico similar, pues se impugnó dicho encargo bajo el argumento de que ante la falta absoluta del gobernador Dr. Jorge Enrique García Orjuela, inscrito por el movimiento político Somos Colombia y electo para el período 2004-2007, ocurrida a más de 18 meses de finalizar el período, y generada por la nulidad declarada con fallo del 29 de abril de 2005 (exp. 3182), el Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales, no podía designar al demandado, por no pertenecer al mismo movimiento político del gobernador saliente. El fallo anuló el Decreto 3242 del 16 de septiembre de 2005 acto acusado , con base en las siguientes razones:

“2. (…) advierte la Sala que la Carta Política no contempla un procedimiento especial para la designación de gobernador, por parte del Presidente de la República, en los casos de vacancia por finalización del período o por suspensión provisional, como tampoco para el caso de provisión del cargo de gobernador, en tratándose de faltas absolutas originadas en cualquier causa, mientras se elige nuevo gobernador, pues la Constitución dejó en manos del legislador la determinación de las faltas absolutas y temporales y las formas de llenar las vacantes que dejan los ciudadanos elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales (C.P., arts. 293 y 303 mod. A. L. 2/2002, art. 1º).

Pero así mismo, se observa que hasta la fecha de esta sentencia no se ha expedido la ley que determine cuáles son las faltas absolutas o temporales ni establezca el procedimiento para suplir las vacantes de gobernador en cualquiera de sus modalidades; lo que significa que en la actualidad no existe norma expresa que regule el procedimiento a seguir para la designación de gobernador en la precisa situación que se analiza, esto es, cuando se trata de designar mandatario departamental interino mientras se elige uno nuevo.

3. Ante este vacío normativo en el tema que ocupa la atención de la Sala en esta ocasión y ante la necesidad inaplazable de designar un gobernador que dirija los destinos del departamento mientras se efectúan elecciones para elegir nuevo mandatario, lo más indicado es acudir a la aplicación de la interpretación finalística o teleológica de la norma contenida en el artículo 303 de la Constitución Política, para señalar que el propósito del constituyente, a través de la reforma política, como se dijo, fue el de fortalecer los partidos o movimientos políticos a través del cumplido desarrollo y correcta ejecución de sus propios programas inscritos, para el certamen electoral, con sus respectivos candidatos, puestos a consideración de sus conciudadanos, para ser refrendados en las urnas por el voto popular, cuya continuidad en su desarrollo y ejecución implica la permanencia en el poder, del movimiento o partido político que ganó las elecciones con su respectivo candidato y su propio programa, para garantizar su cumplimiento hasta su terminación; lo cual se distorsionaría si persona ajena a su pensamiento y orientación llegara a la gobernación, así fuera por un período muy corto.

La teleología entonces, de la norma constitucional no puede ser distinta y, en consecuencia, la solución debe ser la misma.

De esta manera entiende la Sala que en estos casos, como en los demás de su estirpe, el señor Presidente de la República o quien como delegatario de funciones presidenciales, debe hacer la designación de gobernador en interinidad, mientras se elige nuevo mandatario departamental, está obligado a respetar el programa que el pueblo impuso al candidato elegido y a garantizar su cumplimiento, para lo cual deberá designar como tal a un miembro del partido, movimiento político o coalición que llevó a la gobernación al candidato cuya elección fue anulada por decisión judicial, dando cumplida aplicación al sentido teleológico que contiene el artículo 1º in fine del Acto Legislativo 2 de 2002, reformatorio del 303 de la Carta Política.

4. En estas condiciones, estima la Sala que la aplicación de esta hermenéutica jurídica, es la más acorde con su pensamiento y orientación y con la situación misma, en tanto no sólo armoniza con el principio democrático sino que garantiza el respeto por la decisión mayoritaria tomada por los ciudadanos en las urnas durante las justas electorales y protege la autonomía de los entes territoriales, una de cuyas manifestaciones, es precisamente el derecho a escoger sus propios gobernantes en ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos y de hacerse representar políticamente a través de su propia agrupación, movimiento o partido político, lo mismo que sus intereses de permanencia y de representación popular expresada en las urnas”. (Destacado fuera del texto original).

El análisis reseñado deja en claro que no es cierto que se carezca de precedente judicial que haya abordado los alcances de la interpretación válida que este tema debe recibir y que por ello sea viable que en procura de evitar un vacío de poder en un departamento, el Presidente de la República puede designar transitoriamente un gobernador de cualquier procedencia política o sin sujeción a que provenga del mismo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos que avaló la candidatura del mandatario saliente.

Por el contrario, el correcto entendimiento del artículo 303 Constitucional, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 del 6 de agosto de 2002, en particular de su inciso final, es el de que ante la falta absoluta del gobernador, a más de dieciocho meses de finalizar el período y mientras se realizan las elecciones, el Presidente de la República debe designar gobernador encargado por ese lapso “(…) respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido”, por ser esta la interpretación conforme al ordenamiento superior, que propugna por los principios de autonomía de las entidades territoriales y del voto programático.

Se insiste en que es necesario entender que la destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría General de la Nación al señor Juan Carlos Abadía Campo en su calidad de gobernador es una sanción personal contra el que ejercía el cargo, mas no contra los ciudadanos que al elegirlo habían decidido de forma democrática cuál era el programa de gobierno que deseaban para el departamento Valle del Cauca durante el período 2008-2011, el cual solamente podría ser cambiado de forma democrática. En consecuencia, un ciudadano de ese grupo significativo de ciudadanos debió ser el gobernador encargado mientras se realizaba la elección popular, que valga precisar, nunca se realizó, pero que al no ser el tema objeto de censura en la demanda, no se hará pronunciamiento sobre este aspecto.

Por las anteriores consideraciones, y tal como se anticipó, el cargo relativo a la vulneración del artículo 303 superior en la expedición del Decreto 2925 de 5 de agosto de 2010 aparece acreditado, lo que ocasiona que prospere la súplica de la demanda consistente en declararlo nulo. Ello releva a la Sala de hacer pronunciamientos sobre las demás censuras.

La Sala precisa que la declaratoria de nulidad del acto acusado será únicamente en lo que respecta a la designación del gobernador contemplada en el artículo segundo, puesto que las censuras de los actores se centraron solo en cuestionar la designación del señor Francisco José Lourido Muñoz por no pertenecer al grupo significativo de ciudadanos “Por un Valle Seguro”.

III. La decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar infundadas las excepciones presentadas por las apoderadas judiciales del departamento administrativo de la Presidencia de la República.

2. Declarar la nulidad del artículo segundo del Decreto 2925 de 5 de agosto del 2010 expedido por el Presidente de la República, en cuanto a la designación como gobernador del doctor Francisco José Lourido Muñoz por los motivos expuestos.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Folios 321-323 del cuaderno de anexos.

(6) Artículo 150 C.P.—“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: … 23) Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. (…)”.

(7) Artículo 293 C.P.—“Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones”.

(8) Así lo afirma la Sala porque según las normas anteriores, artículos 150 numeral 23 y 293 de la Constitución, es atribución propia del legislador regular, entre otros temas, el atinente a la forma de llenar las faltas absolutas de los mandatarios de las entidades territoriales.

(9) El artículo 107 de la Constitución Política, que fue modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, establece que: “… Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo…”.

(10) Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: Darío Quiñones Pinilla, sentencia de 30 de agosto de 2002, Radicaciones 2778 y 2779.

(12) Desde la expedición del Decreto 2241 de 1986 “Por el cual se adopta el Código Electoral” se estableció en el artículo 184 que los “consejeros intendenciales o comisariales” se eligen por voto popular.

(13) Según esta disposición “los departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución, (…)”.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa, sentencia de 6 de 2006, expediente 3883.