Sentencia 2010-00130 de agosto 20 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 080011102000201000130 01

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Alberto García Adarve (E)

Aprobado según acta 69 de la misma fecha

Bogotá, D.C., veinte de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la decisión del 27 de marzo de 2015, adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, quien halló disciplinariamente responsable a la abogada Lina María Páez Valencia de cometer la conducta descrita en el literal (f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Antes de entrar a decidir lo que en derecho corresponda, es pertinente señalar que en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, delimitante éste de su competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por la togada, no sin antes resaltar que los mismos ya habían sido expuestos en la primera instancia.

2. El caso en concreto.

Procede esta Corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, pues incurrió en falta que atenta contra su deber de obrar con lealtad con el cliente, consagrada en el literal (f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“… ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…).

f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito…”.

Sea lo primero señalar que efectivamente se encontró probada la relación cliente abogado que existió entre la letrada investigada y la señora Claudia Patricia Trujillo Linares pues el 4 de noviembre de 2005 entre ellas y el esposo (fallecido) de la quejosa, señor José Félix Asurmendi Zuleta se suscribió un contrato de prestación de servicios para que les adelantara una serie de asuntos, en lo relacionado a la celebración de un matrimonio civil y la adquisición de la patria potestad de la hija de la cliente, para lo cual se le entregaron unos honorarios iniciales.

No obstante, tiempo después, y luego de haberse surtido una serie de negocios entre los conyugues, pero no culminado el proceso de adopción de la hija de la quejosa, la togada sin ser ya la apoderada de ellos, presentó en contra de la señora Claudia Patricia Trujillo Linares el 7 de septiembre de 2009 un proceso de nulidad de escritura pública en representación del señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta (hermano del difunto José Félix Asurmendi Zuleta) ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, bajo el radicado Nº 2009-00380-00, aportando además una comunicación del 21 de noviembre del 2008 en la cual la quejosa le envió una relación de documentos que necesitaba para iniciarle el trámite de la adopción de la menor hija de ésta, así como también unos correos electrónicos del 20 y 21 de noviembre de 2008 (que se habían cruzado entre la señora Claudia Patricia Trujillo Linares, el señor José Félix Asurmendi Zuleta y la togada Lina María Páez Valencia) sobre el trámite de la adopción de la hija de la señora quejosa.

Junto con lo anterior, en el mismo proceso, radicó el 23 de junio de 2010 (al interior de la diligencia de declaración de la señora Rosa María Quesada Barbesi) un correo electrónico del 18 de marzo de 2007 en el cual el señor José Félix Asurmendi Zuleta le comentaba sobre los problemas de índole marital que tenía con su esposa la señora Claudia Patricia Trujillo Linares.

En igual sentido pero en otro proceso, siendo éste el de nulidad de compraventa promovido por Claudia Patricia Trujillo Linares contra el señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta, tramitado en el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, bajo el radicado 2009-00125-00, la profesional del derecho convocada a juicio disciplinario presentó el 21 de agosto del 2009 un memorial a través del cual contestó la demanda afirmando una serie de hechos que conocía de antemano y en virtud de las asesorías dadas a la demandante y su fallecido esposo, además de anexar en calidad de pruebas los correos anteriormente referidos(23); e igualmente procedió a aportar el 8 de agosto de 2011 en desarrollo de la diligencia de interrogatorio de parte en contra de la demandante, un correo electrónico del 27 de abril de 2007 enviado por el señor José Félix Asurmendi Zuleta el que se hablaba de un documento a través del cual nombraba a la señora Claudia Patricia Trujillo Linares como su representante en Colombia en algunos asuntos de índole patrimonial.

Los anteriores comportamientos fueron considerados por el a quo como constitutivos de la falta en comento, pues esos documentos (aportados como pruebas en las litis que iban en contra de la quejosa) fueron obtenidos cuando la abogada prestó su asesoría a la pareja conformada por los esposos José Félix Asurmendi Zuleta y Claudia Patricia Trujillo Linares, debiendo mantenerlos en estricto secreto, pues en ellos se hablaba de asuntos inherentes a los procesos y asesorías que les llevaba, no obstante optó por utilizarlos como elementos de prueba en las demandas que con posterioridad presentó y contestó como contraparte de la hoy denunciante.

No obstante lo anterior y una vez verificado el hecho que esas conductas se encuentran cobijadas con lo prescrito en el artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone:

“CAUSALES Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del disciplinable.

2. La prescripción.

PAR.—El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria”.

Igualmente, y a su turno, el artículo 24 de la norma en comento dispone que:

“TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas”.

Conforme con lo anterior, tenemos que respecto de algunas de las conductas informadas en la queja y que posteriormente se reprocharon en la sentencia ha operado la prescripción de la potestad sancionadora del Estado, siendo éstas, las siguientes:

i. Haber presentado el 7 de septiembre de 2009 en contra de la señora Claudia Patricia Trujillo Linares un proceso de nulidad de escritura pública en representación del señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta (hermano del difunto José Félix Asurmendi Zuleta) ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, bajo el radicado Nº 2009-00380-00, aportando además una comunicación del 21 de noviembre del 2008 en la cual la quejosa le envió una relación de documentos que necesitaba para iniciarle el trámite de la adopción de la menor hija de ésta, así como también unos correos electrónicos del 20 y 21 de noviembre de 2008 (que se habían cruzado entre la señora Claudia Patricia Trujillo Linares, el señor José Félix Asurmendi Zuleta y la togada Lina María Páez Valencia) sobre el trámite de la adopción de la hija de la señora quejosa.

ii. Haber presentado en ese proceso el 23 de junio de 2010 (al interior de la diligencia de declaración de la señora Rosa María Quesada Barbesi) un correo electrónico del 18 de marzo de 2007 en el cual el señor José Félix Asurmendi Zuleta le comentaba sobre los problemas de índole marital que tenía con su esposa la señora Claudia Patricia Trujillo Linares.

iii. Haber presentado contestación de demanda el 29 de agosto de 2009, al interior del proceso de nulidad de compraventa promovido por Claudia Patricia Trujillo Linares contra el señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta, tramitado en el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, bajo el radicado 2009-00125-00, afirmando una serie de hechos que conocía de antemano y en virtud de las asesorías dadas a la demandante y su fallecido esposo, además de anexar en calidad de pruebas los correos anteriormente referidos.

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior y conforme el acervo probatorio arrimado al infolio además del carácter de la conducta, se evidencia que el Estado perdió la facultad sancionadora en ese concreto, ya que esos hechos motivantes de la actuación disciplinaria se dieron desde el 7 de septiembre de 2009, 23 de junio de 2010 y 29 de agosto de 2009, fechas en las cuales la letrada presentó los argumentos y pruebas que debieron ser sujetos de reserva.

Entonces, como las conductas se dieron desde los días: 7 de septiembre de 2009, 23 de junio de 2010 y 29 de agosto de 2009 (respectivamente), y en cada una de ellas desde entonces han transcurrido más de los 5 años que prevé el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, para decretar la prescripción de la acción disciplinaria, cumpliéndose los mismos en los días: 6 de septiembre de 2014, 22 de junio de 2015 y 27 de agosto de 2014 (respectivamente).

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo citado, según el cual la acción disciplinaria prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma, por lo que en el presente, aquel término - los 5 años, empezaron a contarse desde los días: 7 de septiembre de 2009, 23 de junio de 2010 y 29 de agosto de 2009 (respectivamente), de acuerdo al acontecer fáctico planteado, lo que significa, y se itera, hizo que operara el fenómeno prescriptivo en los días: 6 de septiembre de 2014, 22 de junio de 2015 y 27 de agosto de 2014 y por consiguiente se encuentra extinguida la facultad punitiva del Estado frente a las mencionadas conductas investigadas.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que este fenómeno jurídico es constitutivo de una de las causales de la extinción de la acción disciplinaria, conforme al numeral 2º del artículo 23 de la Ley 1123 de 2007 anteriormente citado, y que los término están dados a la luz del artículo 24 ibídem, esta Superioridad así lo declarará y se ordenará el consecuente archivo definitivo del procedimiento disciplinario frente a esas conductas en concreto.

Ahora bien, por otra parte se tiene que la letrada fue llamada a responder disciplinariamente al haber incurrido en otra conducta que también se reprochó, siendo la siguiente:

i. El haber aportado el 8 de agosto de 2011 en desarrollo de la diligencia de interrogatorio de parte en contra de la demandante, ello, al interior del proceso de nulidad de compraventa promovido por Claudia Patricia Trujillo Linares contra el señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta, tramitado en el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, bajo el radicado 2009-00125-00, actuando en calidad de representante de la parte demandada: un correo electrónico del 27 de abril de 2007 enviado por el señor José Félix Asurmendi Zuleta en el que se hablaba de un documento a través del cual nombraba a la señora Claudia Patricia Trujillo Linares como su representante en Colombia en algunos asuntos de índole patrimonial.

A lo anterior, la togada alegó enfática e insistentemente que lo hizo porque debía obrar en estricto cumplimiento de un deber constitucional, lo que indicaba que era de mayor valor que el sacrificado, pues su actuar buscó salvaguardar un derecho ajeno al cual debía ceder el cumplimiento del deber al secreto profesional, ya que la quejosa había cometido el delito de constreñimiento ilegal con su fallecido marido, al haberlo obligado a otorgarle una serie de escrituras donde le cedía unos derechos patrimoniales, no obstante él se encontraba en un delicado estado de salud.

El anterior argumento será totalmente rechazado por esta Superioridad pues como se ha sostenido por esta Corporación, el eximente de responsabilidad que trata la parte final del literal (f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 al preceptuar “o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito” (Sic), es explícito al permitir violar el secreto profesional si se busque evitar la comisión de un delito, pero de ninguna manera considerar que ello se pueda hacer, en medio de un debate de orden civil o familia tal y como lo hizo la abogada, pues si era testigo de algún delito y requería informarlo para evitar su comisión o consumación, debió acudir a las entidades constitucional y legalmente destinadas para ello, como la Fiscalía General de la Nación, no obstante, optó por ventilar asuntos sujetos de reserva profesional en unas instancias y procesos que eran manifiestamente contrarias a su antigua cliente, por lo que esa falta será confirmada.

Por lo anterior, y conforme al plenario se tiene como probada la conducta y la responsabilidad de la disciplinable en éste cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente de su responsabilidad, de forma que la conducta de violar su secreto profesional, se considera conforme a la doctrina y la jurisprudencia como consiente, la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra la lealtad con el cliente, por ende, al haberse acaecido el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, por lo tanto al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada además de no existir justificación de dicho proceder de la abogada, frente a otra, habiéndose probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es modificar la sentencia apelada.

3. De la sanción impuesta.

Finalmente, frente a determinar si se confirma o no el quantum sancionatorio, procederá esta Sala ad quem, a decir que se procediera a rebajar la sanción impuesta de suspensión en el término de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión, por la de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, ello, obedeciendo a que algunas de las conductas investigadas prescribieron y así se decretarán, además de atender la modalidad dolosa de la conducta, ya que la togada actuó consiente y deliberadamente, que con ese proceder estaba violentando los deberes que la Ley 1123 de 2007 le impone y aún así decidió proseguir, rebaja justificada en la ausencia de antecedentes disciplinarios en cabeza de la jurista, atendiendo lo establecido por los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. Modificar la sentencia del 27 de marzo de 2015, adoptada por la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del atlántico, en al cual se halló disciplinariamente responsable a la abogada Lina María Páez Valencia de cometer la conducta descrita en el literal (f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses, para en su lugar:

A. Terminar y archivar, en lo referente a las conductas acaecidas el: 7 de septiembre de 2009, 23 de junio de 2010 y 29 de agosto de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

B. Disminuir la sanción impuesta de suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión, por la de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, según lo motivado en las consideraciones expuestas en esta sentencia.

C. Confirmar en lo demás, la responsabilidad disciplinaria de la togada investigada, atendiendo lo expuesto en las considerativas de este fallo.

2. Notificar a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.»

23 Correos electrónicos del 20 y 21 de noviembre de 2008 (que se habían cruzado entre la señora Claudia Patricia Trujillo Linares, el señor José Félix Asurmendi Zuleta y la togada Lina María Páez Valencia) sobre el trámite de la adopción de la hija de la señora quejosa y correo electrónico del 18 de marzo de 2007 en el cual el señor José Félix Asurmendi Zuleta le comentaba sobre los problemas de índole marital que tenía con su esposa la señora Claudia Patricia Trujillo Linares.