Sentencia 2010-00130 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUB SECCIÓN “A”

Consejero ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Adalberto Ortiz Oliveros

Demandado: Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce

EXTRACTOS: « Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad de la Resolución 609 de noviembre 9 de 2009 mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Adalberto Ortiz Oliveros en el cargo de Jefe Sección de Contabilidad de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar y el oficio No. RH-RH-491 de noviembre 9 de 2009 mediante el cual se le comunicó tal decisión.

Como cuestión previa, debe la Sala precisar que el objeto de pronunciamiento se circunscribirá a los argumentos invocados por el demandante en el recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

El demandante se vinculó a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, mediante Resolución 0251 de abril 27 de 2004(1) en virtud de la cual fue nombrado en el cargo de jefe de sección de contabilidad, cargo del que tomó posesión el 3 de mayo de 2004, según consta en acta 095 de la fecha(2).

Durante el desempeño de su cargo no fue objeto de llamados de atención, según se desprende de la constancia expedida por la jefe de división de recursos humanos de la entidad(3), tampoco fue iniciado en su contra proceso disciplinario alguno(4) y durante su relación laboral fue delegado y encargado para desempeñar otros empleos en la entidad, como consta en la documental que obra de folios 42 a 46.

El demandante sostiene que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento no surgió en aras del buen servicio de la entidad, sino que estuvo fundada en razones de índole política por el cambio del alcalde del municipio y ello repercutió en presión al gerente de la entidad para que exigiera las renuncias de los empleados de libre nombramiento y remoción que en ella laboraban.

Con el fin de probar su dicho, aportó CD que contiene la grabación de una conversación sostenida con el gerente de la entidad y que fue trascrita en la demanda(5).

No obstante, la prueba que se pretende hacer valer, es ilegal, toda vez que se trata de una grabación obtenida por el demandante con violación del debido proceso, pues no se demuestra que el gerente de la entidad demandada hubiera autorizado la realización de la misma, situación que vulnera su derecho a la intimidad, razón por la cual no se le dará valor probatorio alguno. En torno a esta clase de pruebas, la Corte Constitucional(6) ha sostenido:

“De otro lado, adicional al hecho de que la prueba aducida en el proceso fue obtenida con violación del derecho fundamental a la intimidad, esta Sala encuentra que la misma también lo fue con violación de las normas legales sobre aducción procesal de la prueba, vulneración que constitucionalmente resulta reprochable por haber sido producida la grabación sin intermediación de autoridad judicial competente. Ciertamente, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en la previamente citada sentencia[35], el hecho de que una grabación hubiese sido obtenida por un particular, sin autorización previa de autoridad judicial, hace de la prueba un elemento de convicción vulneratorio de las garantías procesales que imponen la autorización pertinente cuando quiera que se pretenda obtener información reservada, inscrita en la órbita de intimidad de una persona”.

Además de lo anterior, sea oportuno recordar que la organización y funcionamiento de la demandada se rige por sus estatutos(7), su órgano rector es la junta directiva y si bien el municipio de Valledupar es el accionista mayoritario, no hay en el expediente prueba de la injerencia que pudo tener el alcalde de ese municipio en la decisión adoptada respecto del cargo del que fue desvinculado el demandante.

Ahora bien, el demandante considera que la decisión de la administración no estuvo orientada por razones del buen servicio público, toda vez que la persona que entró a sucederlo en el cargo no tenía las mismas calidades profesionales; para probar su dicho, aportó copia de las hojas de vida correspondientes, de las que se puede extractar lo siguiente:

De acuerdo con la hoja de vida del demandante se puede establecer que obtuvo los títulos profesionales de contador público(8) y abogado(9) de la Universidad Popular del César, así como el de especialista en gestión de los servicios públicos domiciliarios de la Universidad del Norte(10) y en finanzas y gestión contable de la Universidad Autónoma del Caribe(11), así mismo, realizó el diplomados, seminarios y talleres de que dan cuenta las pruebas obrantes de folios 56 a 82 del expediente.

Entre tanto, el señor Ignacio Rafael Hoyos Pontón quien, según la demanda(12), entró a sucederlo en el cargo, tiene título profesional en contaduría pública(13), demostró al experiencia profesional de que tratan las constancias obrante a folios 89 y 90 y curso un taller contable sistematizado con duración de 60 horas.

Sin embargo, de conformidad con el manual específico de funciones y requisitos mínimos, los requisitos de educación y experiencia para desempeñar el cargo de jefe de división de contabilidad y presupuesto(14) eran de un lado, demostrar título profesional en contaduría, con conocimientos específicos en contabilidad oficial y software contables y de otro, 12 meses de experiencia profesional específica o relacionada.

Lo anterior implica que tanto el demandante, como quien lo reemplazó cumplían con los requisitos para el desempeño del cargo y el hecho de que el demandante hubiera demostrado una mayor capacitación no desvirtúa la presunción de legalidad que cobija al acto demandado, en virtud de la cual se entiende que la decisión de la administración estuvo orientada por el buen servicio; además, no se probó que con posterioridad a la desvinculación del actor, se hubiera desmejorado el servicio de la institución en su área de desempeño.

Ahora bien, el demandante también aportó copias de las renuncias presentadas por quienes se desempeñaban como jefe de división control comercial(15), jefe de división de recursos humanos(16), jefe unidad de planificación(17), cuyos textos en momento alguno reflejan presión de ninguna naturaleza que puedan demostrar la versión a que alude la demanda.

En el único escrito en que se refleja una razón ajena a la voluntad de quien suscribió la renuncia, es en el presentado por la señora Nubia Mejía Parra(18), quien se desempeñaba como jefe de sección de promoción y educación al usuario; sin embargo, según otras pruebas aportadas, dicha solicitud no surtió efectos, pues la desvinculación de la firmante, obedeció a la declaración de insubsistencia de su nombramiento, como consta en la documental de folio 29; además, dichos actos y los fundamentos que les sirvieron de sustento no son objeto de control de legalidad en este proceso.

De igual manera se aportó copia de las resoluciones mediante las cuales se aceptaron las renuncias de quienes se desempeñaban como jefe de la división de contabilidad(19), jefe de división de producción(20) y jefe de división de atención al usuario(21); sin embargo, tales decisiones de la administración, no demuestran presiones generalizadas que se hubieran ejercido sobre los empleados desvinculados mediante los actos correspondientes.

También se aportó copia de los actos mediante los cuales se declararon insubsistentes los nombramientos de quienes ocupaban los cargos de jefe del departamento de control comercial(22), jefe de la división de proyectos y construcciones(23), jefe de la sección de bienestar social(24), jefe de sección de promoción y educación al usuario(25) , jefe de la unidad asesora jurídica(26) , jefe de la división de tesorería(27) , secretario general(28) , jefe de división de sistemas(29) , asesor en cartera(30) , jefe de división de interventoría y oficios varios(31) y asesores de cartera(32) .

Sin embargo, no se demostró que fueran razones ajenas al servicio público las que motivaron la desvinculación del demandante y el hecho de que se hubieran presentado otras desvinculaciones en épocas cercanas a la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, por sí solo no constituye prueba de desviación de poder por parte del nominador.

Además, el hecho de que el demandante hubiera sido beneficiario de la capacitación costeada en todo o en parte por la entidad demandada, no le generaba fuero de estabilidad en el empleo, pues fueron mecanismos que adoptó la administración en cumplimiento de la ley, orientados a la capacitación de empleados públicos, que no estaban sujetos a una permanencia determinada de sus beneficiarios, en la entidad correspondiente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo las decisiones discrecionales deben ser adecuadas a los fines de la norma que las autoriza y en caso del ejercicio de dicha facultad respecto de cargos de libre nombramiento y remoción se presume que es una decisión encaminada a garantizar el buen servicio público, presunción que no fue desvirtuada en el caso bajo análisis, lo que impone confirmar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que denegó las súplicas de la demanda promovida por el señor Adalberto Ortiz Oliveros contra la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero

(2) Folio 3.

(3) Folio 40.

(4) Folio 41.

(5) Folios 199 a 201.

(6) Sentencia T-233 de 2007.

(7) De conformidad con la escritura pública de su creación visible de folios 13 a 19.

(8) Folio 48.

(9) Folio 50.

(10) Folio 52.

(11) Folio 54.

(12) Y que fue corroborado con la contestación al hecho 5º de la demanda (fl. 243).

(13) Folio 87.

(14) Folio 92.

(15) Folio 9.

(16) Folio 10.

(17) Folio 11.

(18) Folio 12.

(19) Folio 21.

(20) Folio 22.

(21) Folio 28.

(22) Folio 24.

(23) Folio 25.

(24) Folio 26.

(25) Folio 29.

(26) Folio 30.

(27) Folio 31.

(28) Folio 32.

(29) Folio 33.

(30) Folio 34.

(31) Folio 35.

(32) Folios 36 y 37.