Sentencia 2010-00131 de septiembre 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá, D.C., 8 de septiembre de 2017.

Exp.: 66001233100020100013102(4317-2013)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Teresa de Jesús Cardona Clavijo

Demandado: Fiscalía General de la Nación.

Trámite: Ley 1437 de 2011.

Asunto: Derechos salariales y prestacionales derivado de reintegro ordenado por fallo de tutela.

Decisión: Revoca sentencia que concede las pretensiones de la demanda.

Segunda instancia. Apelación de sentencia.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Atendiendo a los argumentos expuestos por la parte demandada en su escrito de apelación y el material probatorio obrante en el expediente, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración, fijando para ello el siguiente:

Problema jurídico.

Corresponde a la Sala a determinar si la actora tiene derecho a que se le reconozcan y paguen los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir (entre el 28 de febrero de 2002 y el 29 de octubre de 2009, sin solución de continuidad), cuyo reconocimiento y pago no fueron ordenados en la sentencia de tutela de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de 16 de diciembre de 2008, como consecuencia del reintegro.

En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala al análisis del acto enjuiciable. Así mismo, estudiará las medidas que han sido adoptadas por el juez de tutela en asunto donde se controvierte el deber de motivación de los actos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera. Por último, resolverá el caso concreto.

Ha de recordarse que el acto administrativo que se expide para dar cumplimiento a lo ordenado en una sentencia de tutela, en principio, es de los que se conocen como de ejecución.

Sin embargo, esta corporación «ha aceptado una excepción consistente en que si bien los actos administrativos de ejecución no son demandables, si la administración al proferirlo se aparta del verdadero alcance de la decisión o de las súplicas del actor, que para el caso sería aparte del reintegro, el pago de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones dejó de percibir desde el retiro hasta su reintegro, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que el acto no es de simple ejecución como quiera que nace a la vida jurídica un nuevo acto administrativo que sería a todas luces controvertible ante la jurisdicción».(1)

En este nuevo acto administrativo se produce una situación jurídica que da a entender que no fue definida en la sentencia de tutela objeto de cumplimiento, que es materia de control jurisdiccional, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho: el no reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, sin solución de continuidad, durante el lapso comprendido entre el retiro injusto del servicio y su reintegro.

En efecto, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo establece(2):

Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que se le modifique una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente.

De ahí se desprende que la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, además de la nulidad del acto administrativo que quebranta el ordenamiento jurídico, puede pedir que se le restablezca en su derecho y se le repare el daño. Por eso, desde año atrás, la sección segunda del Consejo de Estado,(3) al referirse a la finalidad de la figura jurídica del restablecimiento del derecho, la ha definido en los siguientes términos:

[...] la esencia de la figura jurídica del restablecimiento del derecho está dada por la finalidad que persigue la acción, en este caso, retrotraer las cosas a su estado anterior al hacer cesar los efectos del acto nocivo; de manera que cuando el fallo judicial ordena a título de restablecimiento del derecho el reintegro al cargo de quien fuera declarado insubsistente en forma ilegal, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre el retiro del servicio y el reintegro, está devolviendo en el tiempo los efectos del acto que anuló y en esa medida crea la ficción jurídica de que el servidor nunca fue retirado del servicio, con todo lo que ello implica; ese es el motivo por el cual se declara que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio.

De acuerdo con lo anterior, las sumas que se ordena cancelar, bien sea a título de salarios o de prestaciones, constituyen la materialización de esa decisión restablecedora, consustancial al hecho simulado de que el empleado nunca fue retirado y por ello mismo se hizo acreedor a los emolumentos laborales propios de esa relación [...].

No obstante, si el fallo de tutela, en su parte decisoria, solo dispone el reintegro y no se ocupa del pago de salarios y prestaciones dejados de percibir por la accionante, se ha de entender que al haber sido dicho reintegro ordenado por el juez de tutela, lo pretendido por este es amparar el derecho fundamental en específico, sin que ello soslaye el deber que existe a cargo de la lesionada en controvertir la decisión ante la respectiva jurisdicción a fin de que se pronuncie acerca de la legalidad de la decisión que retiró del servicio a la tutelante, es decir, no puede entenderse como un efecto automática y directo del amparo tutelar, que la insubsistencia decretada por la autoridad nominadora es ilegal y, por lo tanto, las cosas deben volver al estado en que se encontraban inicialmente.

En esa línea, la doctrina ha señalado que en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando son acogidas las pretensiones del actor, el fallo tendrá un doble carácter: será declarativo en el extremo que anule la decisión o el acto administrativo; y de condena, en cuanto, como consecuencia de la nulidad, imponga una obligación de dar, hacer o no hacer(4), de tal suerte que, en asuntos donde se controvierte retiro del servicio como en el caso bajo estudio, el restablecimiento del derecho deviene como consecuencia del pronunciamiento de ilegalidad de la decisión o acto administrativo que dispuso la insubsistencia, lo que implica necesariamente, que la manifestación de voluntad de la administración haya sido declarada nula a efecto de retrotraer las cosas a su estado inicial.

Medidas que han sido adoptadas por el juez de tutela en asunto donde se controvierte el deber de motivación de los actos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.

La jurisprudencia constitucional se ha referido a varias situaciones ante las cuales podría hallarse el juez de tutela cuando encuentra que una providencia desconoce el precedente judicial(5)

i) La primera situación tiene lugar cuando en el proceso ordinario o ante la jurisdicción contencioso administrativa se presenta un fallo de instancia conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ante tal evento, el juez de tutela debe dejar sin efecto la sentencia que contraría el precedente y, en su lugar, confirmar el fallo de instancia acorde a la jurisprudencia constitucional(6).

 ii) La segunda situación se presenta cuando todas las decisiones de instancia contrarían la jurisprudencia constitucional, de modo que no es posible dejar en firme ninguna. En tal circunstancia, el juez de tutela debe dejar sin efecto el fallo de última instancia y ordenar que se dicte una nueva decisión ajustada al precedente constitucional(7).

iii) La tercera situación tiene lugar cuando «en oportunidades precedentes se ha ordenado dictar un nuevo fallo pero el juez de instancia se niega a proferirlo o lo hace en contravía las reglas fijadas en la jurisprudencia constitucional, existiendo la certidumbre de que la protección efectiva de los derechos fundamentales resultará afectada»(8). Inclusive, lo observado, es que la Corte Constitucional ha procedido a dictar una sentencia sustitutiva o de reemplazo, argumentando que, no queda una alternativa distinta para garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales.

En todo caso, en una u otra decisión o medida que deba asumir el juez de tutela cuando está frente asuntos donde se controvierte el deber de motivación de los actos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, como consecuencia del amparo concedido, debe dejar sin efectos las decisiones judiciales que hayan sido proferidas en el proceso ordinario y que denegaron las pretensiones de la demanda, precisamente, por estar de por medio la presunción de legalidad que reviste al acto administrativo que retiró del servicio al reclamante.

Del caso concreto.

El argumento central expuesto por la Fiscalía General de la Nación en el recurso de apelación radica esencialmente en que, el fallo de tutela proferido por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no ordenó el pago de los salarios y demás prestaciones sociales solicitadas por la actora, razón por la que, debe entenderse que cumplió con lo ordenado por el juez de tutela reintegrándola al cargo de fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos en la Dirección Seccional de Fiscalías de Florencia, sin estar obligada a sufragar suma alguna por concepto de salarios y prestaciones sociales no dispuestas en la sentencia de tutela.

Respecto de la controversia motivo de examen de esta corporación, de acuerdo con los hechos constatados por la Sala, se destaca lo siguiente:

a) Resolución 304 de 27 de febrero de 2002, del fiscal general de la nación, que declaró la insubsistencia del cargo de fiscal delegado antes los jueces municipales y promiscuos de la dirección seccional de fiscalías de Pereira, que ocupaba la demandante (fl. 8, cdno. de pbas.).

b) Sentencia de 28 de junio de 2007, del Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Jesús María Lemos Bustamante, por la que se confirma el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, sala de descongestión, de 28 de febrero de 2005, en el que se niega las pretensiones de la demanda incoada en acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la demandante contra la resolución antes relacionada (fls. 51-65, cdno. de pbas.).

c) Fallo de tutela de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de 16 de diciembre de 2008, que revoca la sentencia de primera instancia de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y ordena a la Fiscalía General de la Nación motivar la Resolución 0-0304 de 27 de febrero de 2007 (fls. 149-175, cdno. de pbas.).

d) Petición de 30 de abril de 2009 de la accionante, por conducto de apoderado, en la que se solicita a la Fiscalía General de la Nación dar cumplimiento al fallo de tutela de 16 de diciembre de 2008 (fls. 41-43, cdno. ppal.).

e) Oficio OJ 2271 de 5 de mayo de 2009, de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación, en el que se informa sobre el trámite surtido para dar cumplimiento al fallo de tutela proferido en beneficio de la actora (fls. 93-94, cdno. de pruebas).

f) Resolución 5103 de 29 de octubre de 2009, del fiscal general de la nación (e), por la que «en acatamiento a lo dispuesto en la sentencia de tutela de 16 de diciembre de 2008 [...] se dispone el reintegro» de la actora (fls. 95-97 cdno. de pruebas).

g) Oficio 6708 de 29 de diciembre de 2009, de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación, por el que se le informa al apoderado de la accionante que «el juez de tutela no ordenó que la Entidad debía proceder al pago de suma alguna bien sea por concepto de salarios o a título de indemnización, no puede efectuarse pago alguno hasta que este juez así lo ordene o así lo disponga un juez contencioso» (fl. 3, cdno. ppal.).

Precisado lo anterior, se debe tener presente que la accionante fue desvinculada del cargo que desempeñaba como fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos de la dirección seccional de fiscalías de Pereira, por medio de Resolución 304 de 27 de febrero de 2002, del fiscal general de la nación, «por la cual se declara insubsistente un nombramiento».

Contra este acto administrativo, la actora instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda, mediante sentencia de 28 de febrero de 2005 (fls. 28-49, cdno. de pbas.), que fue confirmada por el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, en sentencia de 28 de junio de 2007 (fls. 51-65, cdno. de pbas).

Tiempo después, el 2 de septiembre de 2008, la actora interpuso acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación y la sección segunda, subsección B, del Consejo de Estado, ante la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con el fin de que se le empararan sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, puesto que el acto que declaró la insubsistencia del cargo que desempeñaba no fue motivado, ya que ella se encontraba en provisionalidad.

En primera instancia, la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca declaró improcedente, el 27 de septiembre de 2008, la tutela por no cumplir el requisito de inmediatez; pero, la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver la impugnación, el 16 de diciembre siguiente, revocó dicha decisión y dispuso en el artículo 2º lo siguiente:

Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad de la accionante Teresa de Jesús Cardona Clavijo y como consecuencia de ello ordenar a la Fiscalía General de la Nación que en el término de diez (10) contados a partir del día siguiente (sic) al de la notificación de este fallo proceda a motivar la Resolución Nº 0-0304 del 27 de febrero de 2007, so pena que de no hacerlo disponga el inmediato reintegro de la accionante Teresa de Jesús Cardona Clavijo cargo que desempeñaba en otro de igual categoría (sic) [fl. 105].

En vista de ello, la Fiscalía General de la Nación, después de adelantar algunos trámites internos y en respuesta a varias solicitudes de la actora para que definiera lo ordenado en la sentencia de tutela, expidió la Resolución 5103 de 29 de octubre de 2009 (fls. 47-49) en que dispuso el reintegro de la accionante como fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos en la dirección seccional de fiscalías de Florencia (Caquetá); pero sin hacer mención de sus salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la desvinculación.

Por esta razón, la accionante, el 21 de diciembre de 2009, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación el reconocimiento y pago de «los salarios y prestaciones sociales generados entre el 28 de febrero de 2002 y el 28 de octubre de 2009, como consecuencia del reintegro ordenado [...]» (fls. 1-5, cdno. de pbas.); pero esta le respondió, por medio de oficio OJ 6708, de 29 de diciembre de 2009, del jefe de la oficina jurídica, que «como el juez de tutela no ordenó que la Entidad debía proceder al pago de suma alguna bien sea por concepto de salarios o a título de indemnización, no puede efectuarse pago alguno, hasta que éste juez así lo ordene o así lo disponga un juez contencioso» (fl. 3).

Este acto administrativo fue demandado en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, que, en sala de conjueces, decidió, mediante sentencia de 23 de julio de 2013, declararlo nulo y acceder a las súplicas de la demanda, o sea, ordenar a la entidad accionada el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir por la señora Teresa de Jesús Cardona Clavijo, entre el 28 de febrero de 2002 y el 28 de octubre de 2009.

Así las cosas, se ha de determinar ¿si el hecho de no haberse ordenado, de manera expresa, en el fallo de tutela el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir, ha de entenderse entonces que la actora objeto del reintegro no tiene derecho a ello?

Habrá de señalarse en primer lugar, que el mecanismo constitucional contemplado en el artículo 86 de la Carta Superior, tiene un propósito determinado y por ende, diferenciado del que se persigue al ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como quiera que, a través de aquel se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos señalados en el Decreto 2591 de 1991(9), mientras que con el segundo, se entabla un juicio de legalidad en contra de la decisión de la administración.

En efecto, descendiendo al caso bajo estudio, se observa que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el fallo de tutela de fecha 16 de diciembre de 2008 que amparó los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad y en virtud de ello, ordenó que la tutelada motivara la Resolución 0-0304 del 27 de febrero que declaró insubsistente a la accionante o dispusiera el inmediato reintegro al cargo que desempeñaba, expuso que « es procedente la tutela como mecanismo definitivo, porque a pesar de haber acudido al dispositivo alternativo del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho para que la administración o más propiamente, la Fiscalía General de la Nación produjera la motivación de la Resolución Nº 0304 del 27 de febrero de 2002, no tuvo eco su pretensión por que el juez administrativo en decisiones incursas en vías de hecho, no tuvo en cuenta el punto de vista constitucional que existe respecto a la necesidad de motivar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia de cargo de carrera en provisionalidad...», es decir, el amparo decretado nace como consecuencia de no haber sido acogido por parte de los jueces administrativos el criterio definido por la Corte Constitucional en cuanto a la motivación de los actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera.

En esa medida, si la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura consideraba que las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Risaralda de fecha 28 de febrero de 2005 y la emitida por el Consejo de Estado en fecha 28 de junio de 2007, que negaron las pretensiones de la demandante encaminada a obtener la nulidad de la Resolución 0304 del 27 de febrero de 2002 que dispuso su insubsistencia, se tornaban desconocedoras del precedente constitucional, el juez de tutela estaba en el deber de dejar sin efecto dichas sentencias y en consecuencia, ordenar que se dictara una nueva decisión ajustada al precedente constitucional o en su defecto, dictar sentencia sustitutiva o de reemplazo, todo ello dirigido a garantizar no solo el derecho objeto de protección, sino que el cumplimiento de la decisión tutelar se diera en las condiciones claras y precisas dispuesta en el fallo de amparo e igualmente, definir lo propio respecto de las decisiones emanadas de la jurisdicción contenciosa que resolvieron el juicio de legalidad del acto administrativo de insubsistencia de la actora.

Sin embargo, el fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales de la demandante y en virtud del cual, dispuso el reintegro de la misma a la Fiscalía General de la Nación, no hizo pronunciamiento alguno relacionado con las sentencias proferidas en el proceso ordinario que habían denegado la nulidad del acto administrativo que la declaró insubsistente, es decir, no resolvió los efectos que emanarían del amparo tutelar frente a la legalidad del aludido acto administrativo, limitándose únicamente a ordenar el reintegro a la entidad accionada sin definir la forma como se produciría el mismo, valga decir, si debía o no darse sin solución de continuidad, reconociéndosele los salarios y demás prestaciones sociales y de seguridad social.

Así las cosas, si bien el a quo consideró que el restablecimiento del derecho derivado del reintegro ordenado debe implicar el reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales reclamados por la actora, por ser ello la consecuencia legal, lógica y natural que emana de tal ordenación, lo cierto es que, tal efecto es propio en el escenario del proceso ordinario contencioso laboral en el cual, se declara primeramente la nulidad del acto administrativo y como consecuencia de la prosperidad de la pretensión declarativa, a título de restablecimiento del derecho, se ordena el reintegro de la parte demandante, precisándose la manera como debe producirse el mismo, de tal suerte que, en dicho proceso no solo se define lo atinente a la legalidad de la decisión cuestionada sino que también, se precisa el restablecimiento del derecho no siendo ello lo ocurrido en el presente asunto, en la medida que lo sucedido fue sencillamente la protección de los derechos fundamentales alegados por la accionante en el cual, se dispuso que el ente investigador motivara el acto de retiro de la actora so pena de disponer su reintegro sin definir lo correspondiente a la legalidad del acto de insubsistencia, de los fallos que se pronunciaron sobre su controversia y menos aún, la incidencia que se generaría con la orden de reintegro.

En ese orden, el argumento expuesto por el a quo no es válido para el caso en cuestión, por cuanto, olvidó que se adelantó un proceso ordinario contencioso que tanto en primera como en segunda instancia decidieron negar las pretensiones de la demanda, decisiones judiciales que efectuaron el control de legalidad del acto que retiró a la actora del servicio y que se encuentran incólume. Cosa diferente es que a través de fallo de tutela se protegió los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad de la accionante, pero sin que tal amparo haya dejado sin efecto las decisiones emanadas por esta jurisdicción en ejerció del control de legalidad contra el aludido acto de retiro, toda vez que, lo que genera o produce que las cosas vuelvan a su estado anterior, es la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia por haberse configurado una de las causales que afecta la validez del acto administrativo acusado o en su defecto, cuando el juez de tutela se abroga la competencia del juez administrativo y por vía de una sentencia sustitutiva o de reemplazo y bajo la cuerda procesal del mecanismo constitucional de tutela, declara dicha nulidad, condiciones estas que no fueron precisamente las ocurridas en el presente asunto.

En los anteriores términos, encuentra la Sala que el proceder de la Fiscalía General de la Nación se ajustó a lo ordenado en el fallo de tutela de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de 16 de diciembre de 2008, que revocó la sentencia de primera instancia de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y ordena a la Fiscalía General de la Nación motivar la Resolución 0-0304 de 27 de febrero de 2007 so pena de reintegrar a la actora a dicho órgano instructor sin que se acreditara la fala motivación alegada por la accionante, motivo por el cual, habrá de revocarse la sentencia de fecha 23 de julio de 2013, proferida por la Sala de conjueces del Tribunal Administrativo de Risaralda a través de la cual, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y en consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir por la demandante señora Teresa de Jesús Cardona Clavijo durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2002 y el 28 de octubre de 2008.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocase la sentencia de fecha 23 de julio de 2013, proferida por la Sala de conjueces del Tribunal Administrativo de Risaralda a través de la cual, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y en consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir por la demandante señora Teresa de Jesús Cardona Clavijo durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2002 y el 28 de octubre de 2008, conforme las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, niégase las pretensiones de la demanda.

2. Por secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter».

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto de 7 de abril de 2011, Exp. 25000-23-25-000-2010-00152-01(1495-2010), actor: Severo Acosta Tarazona, demandado: Ministerio del Interior y de Justicia.

2 Norma vigente a la fecha de presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por la demandante en aras de obtener la nulidad del acto que declaró insubsistente su nombramiento.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 16 de mayo de 2002, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, Exp. 19001-23-31-000-1998-0397-01(1659-01), actor: Parménides Mondragón Delgado, demandado: Industria Licorera del Cauca.

4 BETANCUR, Carlos. Derecho procesal administrativo. Librería Señal Editora 2014, pág. 223.

5 Esto con independencia de las medidas que el juez de tutela pueda adoptar más adelante para asegurar el cumplimiento de sus fallos en el marco de lo previsto en el Decreto 2591 de 1991.

6 Sentencia SU-1158 del 04 de diciembre de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

7 Sentencia T-1112 del 07 de noviembre de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

8 Sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

9 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.