Sentencia 2010-00138 de abril 19 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Ref.: 76001-22-03-000-2010-00138-01

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

(Discutida y aprobada en sesión de catorce de abril de dos mil diez)

Se decide la impugnación interpuesta por Central de Inversiones, CISA S.A., contra la sentencia de 22 de febrero de 2010 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que negó la acción de tutela promovida contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad; trámite al cual se vinculó a Fernando del Socorro Romero Suárez, Lady Esther Lacouture Barros y a los demás intervinientes en el proceso ejecutivo sobre el cual versa la queja constitucional.

Bogotá, D.C., diecinueve de abril de dos mil diez.

Antecedentes

1.La accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a los principios de buena fe y confianza en la rama judicial, los cuales estima conculcados por la autoridad accionada, según afirma, por incurrir en vía de hecho, al decretar el desistimiento tácito en el proceso ejecutivo que Bancafé S.A. promovió contra Fernando del Socorro Romero Suárez, Lady Esther Lacouture Barros, con sustento en que la aquí accionante, actuando en condición de cesionaria del crédito, omitió notificar a Concasa S.A., en calidad de acreedor hipotecario inscrito en el folio de matrícula del inmueble perseguido, durante el término de 30 días que para ese propósito fijó la autoridad acusada, en proveído de 3 de junio de 2009, pues —dijo—, en el año 2000, el acreedor-cedente pagó las expensas para que se surtiera dicha notificación por parte de la oficina de administración judicial, entidad que no cumplió con ese cometido, de manera que la negligencia de esta no es imputable a la aquí gestora del amparo.

Reprochó que comunicado el pago de las expensas para la notificación del acreedor hipotecario —Concasa S.A.— y efectuada de nuevo y oportunamente, la cancelación de aquéllas para realizar la mentada notificación, el juzgado accionado decretó el desistimiento tácito del proceso, a pesar de que Bancafé en liquidación, se notificó por conducta concluyente, pues compareció al proceso mediante memorial de 20 de noviembre de 2009, en el que manifestó que no haría efectiva la hipoteca constituida a favor de Concasa S.A., situación que —dijo— no mereció ningún pronunciamiento del despacho.

En su opinión, la comunicación de la acreedora-cedente, en últimas, relevaba al demandante de realizar la notificación del acreedor hipotecario, al paso que la intervención de este en el proceso impedía decretar el desistimiento tácito, decisión que aunque no fue controvertida por la gestora del amparo, pidió se declare “inexistente” en sede constitucional, para que en su lugar, el juzgado accionado se pronuncie sobre la intervención de Bancafé en liquidación y continúe el proceso.

2. La autoridad accionada manifestó que la causa del desistimiento tácito obedeció al incumplimiento de la gestora del amparo en acatar el requerimiento para efectuar la notificación al acreedor hipotecario, pues si bien arrimó al plenario el recibo de pago de las expensas para realizar dicha actuación omitió agotarla en el término fijado por el despacho para el efecto; además, librado el citatorio el 10 de agosto de 2009 y retirado por el interesado al día siguiente, este omitió arrimar al plenario “la copia cotejada con la certificación de entrega expedida por la empresa de correos, tal como lo establece el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, modificada por la Ley 794 de 2003. Motivo por el cual en fecha 14 de diciembre de 2009, es decir cinco (5) meses después de su retiro, y ante la desidia de la parte demandante, el despacho procedió a emitir providencia dando aplicación al contenido de la Ley 794 de 2008”.

En consecuencia, pido que se negara la queja constitucional por infundada, al tiempo que la actora omitió controvertir el desistimiento tácito a través de los recursos de ley.

Fernando del Socorro Romero y Lady Esther Lacouture Barros, manifestaron atenerse a lo que resulte probado en el trámite de tutela.

3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali negó el amparo impetrado por improcedente, ante el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, pues hubo negligencia de la gestora del amparo en controvertir la providencia que decretó el desistimiento tácito y que ahora reprocha en sede constitucional.

4. La accionante impugnó el fallo de primera instancia recabando en los argumentos expuestos en la demanda de tutela; no obstante, precisó que la queja constitucional se enfila contra la omisión de la autoridad accionada en pronunciarse respecto de la intervención de Bancafé en liquidación, respecto de la garantía hipotecaria, providencia que en últimas habría evitado el desistimiento tácito decretado en aplicación de la Ley 1194 de 2008.

Consideraciones

En orden a decidir sobre la impugnación sometida al escrutinio de esta Sala, se hace necesario dejar consignadas las siguientes precisiones inaugurales.

La Constitución Nacional, en su artículo 86, consagró la acción de tutela como mecanismo especial para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Por otra parte, el Decreto 2591 de 1991, dictado por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 5º transitorio de la Constitución, preveía en su artículos 11 y 40 que la acción de tutela podía ejercerse contra providencias judiciales, aunque contempló un término de caducidad para ello.

Esas normas que, se repite, autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales, fueron declaradas inexequibles mediante la Sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional. En varios de los apartes de tal providencia, se anotó que la acción de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acción ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tránsito a cosa juzgada material; y e) no es el único mecanismo orientado a la protección de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin.

Además, allí se dejó sentado que: a) nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso, y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía; b) si el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción; c) habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas y separadas (título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de ellas ha de ser desconcentrado y autónomo (C.N., art. 228), no es permitido al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a otras jurisdicciones, a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas. Considerar que semejante opción se aviene a lo preceptuado por la Carta, vale tanto como aceptar que ésta consagró jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad vigente.

Todo lo anterior, llevó a la Corte Constitucional a señalar que si “encontrara que el artículo 86 de la Carta prevé ese remedio extraordinario —la acción de tutela— contra los fallos de los jueces, así lo declararía sin titubeos, pero tal cosa no acontece y el deber de la corporación consiste en guardar la integridad y supremacía de la Constitución tal como ella es, razón por la cual, como su intérprete auténtica, goza de autoridad para retirar del ordenamiento jurídico las disposiciones que se oponen a su preceptiva”.

En suma, la Corte Constitucional desterró del ordenamiento jurídico las normas que posibilitaban la acción de tutela contra providencias judiciales, por considerar, precisamente, que tal mecanismo de protección no podía irrumpir en el desarrollo normal de los procesos.

Además la Corte Constitucional no declaró exequible condicionalmente la norma, sino que de manera irrestricta la expulsó del ordenamiento jurídico, con lo cual impuso la prohibición de legislar en sentido idéntico a la norma declarada inconstitucional.

Desde luego que si está vedado al legislador establecer la acción de tutela contra sentencias, también está prohibido al juez constitucional en cada acción de tutela hacerlo, salvo que la providencia acusada por arbitraria y absurda, sea una mera apariencia de decisión judicial que por resquebrar abiertamente el ordenamiento jurídico deba ser aniquilada.

En este reducido ámbito de la acción de tutela contra providencias judiciales, la protección constitucional reclamada es improcedente, en aplicación del artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, pues hubo desdén de la gestora del amparo en procurar el pronunciamiento del juez natural, en ambas instancias, respecto de la terminación del proceso por cuenta del desistimiento tácito en aplicación de la Ley 1194 de 2008, y dada la intervención de la entidad acreedora cedente, respecto de la garantía hipotecaria constituida sobre el inmueble perseguido; incuria que impide enjuiciar la providencia cuestionada en esta oportunidad.

En efecto, la omisión que la actora endilga a la autoridad accionada respecto al pronunciamiento de Bancafé en liquidación, bien pudo plantearse al interior del proceso, en orden a derruir la terminación del mismo por desistimiento tácito, oportunidad procesal que fue desaprovechada por la gestora del amparo, debido a su propia negligencia.

Así las cosas, huelga señalar que la acción de tutela no sirve para recuperar oportunidades precluidas o remediar fallas de gestión procesal, con claro desconocimiento de los principios de cosa juzgada y preclusión de las etapas procesales, menos aún, para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la simple diferencia de opinión del accionante, obrar en contrario equivaldría a desconocer los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia, así como, el régimen de competencias asignadas a cada jurisdicción y los mecanismos que al interior de cada una de ellas, están previstos para controvertir legítimamente las actuaciones judiciales.

Conforme a lo discurrido, se impone mantener la providencia impugnada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

Notifíquese en la forma más expedita, y en oportunidad remítase a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.