Sentencia 2010-00139/1050-2010 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 110010325000201000139 00 (1050-2010)

Demandado: Christian Camilo Pineda Gómez

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Fancisco Suárez Vargas

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: 2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa.

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala considera pertinente pronunciarse sobre los siguientes aspectos así: i) el juez administrativo y los actos administrativos de carácter disciplinario, y ii) de las excepciones propuestas por la entidad demandada.

2.1.1. El juez administrativo y los actos administrativos de carácter disciplinario.

Inicialmente con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario, para luego determinar si de acuerdo con los elementos probatorios obrantes en el expediente, la actuación administrativa acusada está viciada de nulidad.

Es necesario resaltar que de conformidad con la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016(6) proferida por la Sala Plena de esta corporación, el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe ser un control integral; en la medida en que la actividad de este juez “supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales”(7).

Ese juicio integral supone en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la tutela judicial efectiva.

Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el disciplinario, lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.

Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, lo faculta para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria(8).

Acerca del principio de proporcionalidad, de que trata el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 referido a que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley, cuando el juicio de proporcionalidad de la sanción sea parte de la decisión judicial; el juez puede según lo ordenan el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo(9) y el inciso 3º del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(10), estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas(11).

En cuanto a la ilicitud sustancial, lo autoriza para realizar el análisis de su racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad al punto que si el asunto lo exige, puede valorar los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el disciplinado.

2.1.2. De las excepciones propuestas por la entidad demandada.

Antes de estudiar el fondo del asunto procede la Sala a resolver las excepciones propuestas por la Procuraduría General de la Nación, las cuales denominó: (i) de la legalidad de los actos administrativos, y (ii) innominada o genérica.

La Procuraduría General de la Nación, básicamente hace consistir las excepciones, en que los actos sancionatorios se encuentran ajustados a derecho y conforme a la ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, por lo tanto gozan de la presunción de legalidad y deben permanecer vigentes en la vida jurídica, agrega que la ley permite hacerles un control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

A fin de resolver las excepciones propuestas por la Procuraduría, observa la Sala, que ellas están íntimamente ligadas con el fondo del asunto, toda vez que hacen parte de las pretensiones de la litis de la demanda; por lo tanto motivan para que sean estudiadas y decididas al momento de fallar de fondo, como en efecto se hará.

2.2. Marco normativo.

Como quiera que los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en el mes de marzo de 2004, la norma aplicable en el aspecto sustancial es el Decreto 1798 de 2000(12) por ser la normatividad especial que rige el caso bajo análisis, dada la condición especial del sujeto disciplinable. Respecto a la parte procesal, se debe aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002(13).

Sobre el particular, cabe precisar que además del régimen disciplinario general de los servidores públicos, existen unos especiales que no excluyen la aplicación del primero. En efecto, con el propósito de asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador colombiano expidió el Código Disciplinario Único (L. 734/2002), el cual determina qué conductas se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad disciplinaria.

No obstante, en razón a la naturaleza específica de sus funciones, la propia Constitución otorgó al legislador la facultad para establecer regímenes especiales de carácter disciplinario aplicables a los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). En este sentido, el inciso 2º del artículo 217 de la Carta prescribe: “La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera prestacional y disciplinario, que les es propio” (negritas fuera de texto).

En relación con los miembros de la Policía Nacional, el inciso 3º del articulo 218 ibídem establece: “La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”, fue así como se expidió el Decreto 1798 de 2000 (negritas fuera de texto).

Sin embargo, esta especificidad del régimen propio de la Fuerza Pública, y su prevalencia, no impide que sus integrantes también sean destinatarios de las disposiciones disciplinarias aplicables a los demás servidores del Estado, en cuanto ellas resulten procedentes. Así lo ha precisado esta Corporación en varias providencias(14).

2.3. De los hechos probados.

2.3.1. De las pruebas aportadas y valoradas dentro de la investigación disciplinaria.

2.3.1.1. Documentales.

Queja presentada por el señor Jhon James Vanegas Ocampo, quien manifiesta que el día de los hechos (27 de marzo de 2004) fue conducido por varios agentes de la policía a la estación La Terraza de la ciudad de Manizales en condiciones normales, pero al entrar a los calabozos en la galería, “comenzaron a pegarnos, a mí me tiraron contra la pared y el piso, el policía Pineda Gómez me decía de todo (pirobo hijo de puta), mi reacción fue cubrirme, porque me tiraba los golpes a la cara, cuando me agachaba me pegaba con la rodilla, al detener los rodillazos me lesione la mano, luego me pegó en el suelo me dio patadas, habían otros policías y ellos no hacían nada” (fls. 6 a 9, cdno. 3).

Copia del libro de minuta de vigilancia de la estación La Terraza, de fecha 27 de marzo de 2004 hora 5 y 50 a.m., en el cual aparece consignada la siguiente anotación: “siendo la hora señalada se conduce al CAI de la terraza a los señores Juan David Pérez Bulla, Cristian Camilo Díaz, Jhon James Vanegas, Juan Andrés García, Andrés Patiño Romero y Jesús David Morales, éste último quien fue aprehendido por el señor celador Jhon Fredy Carmona Orrego […] lo anterior al ser informados por la central de radio de unos individuos en el sector del hotel las Colinas realizando una riña con los hinchas del Cali, al llegar a este lugar fui informado por el agente Gallego José Jhonson que los jóvenes antes mencionados estuvieron realizando disparos según información de los mismo hinchas del Cali, procedo junto con mi conductor el subintendente Hincapié Ríos hacerles un llamado a lo cual recurrieron de manera sospechosa y poco común emprendiendo la huida de forma inmediata sin permitir su identificación ni registro. Posteriormente los dos policiales procedimos a iniciar la persecución logrando la captura de dos de ellos, se continuó con la persecución de otro individuo el cual llevaba más de una cuadra de distancia y se desplazaba atravesando en diagonal la plaza de Bolívar en dirección a la carrera 22, anotación hecha por el subteniente Pineda Gómez” (fls. 58 a 60, cdno. 3).

Copia del dictamen médico legal de 29 de marzo de 2004, expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal Seccional Caldas, en donde dictamina lesiones personales causadas al señor Jesús David Morales, informe suscrito por María Mercedes Jurado, médico forense, el cual señala:

Refiere haber sido agredido por un policía. Presenta: equimosis moderada en región peri orbitaria derecha. Edema moderado en la misma región peri orbitaria que se extiende a la región zigomático malar derecho. Laceración de 1.2 x 0.4 cm en la región ciliar derecha escoriación de 0.5 cm en la región infraorbitaria derecha. Ojo derecho: moderada hemorragia subconjuntival temporal. Las pupilas son isocolicas, normo activas, movimientos oculares conservados. Lesión eritematoequimotica de 9 x 4cms en el cuadrante inferior del hemitórax derecho posterior. Conclusión mecanismo causal contundente, incapacidad médico legal provisional 20 días (fl. 50, cdno. 3).

Copia del dictamen médico legal de lesiones personales de Cristian Camilo Díaz de los Ríos de 29 de marzo de 2004, suscrito por María Mercedes Jurado, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal Seccional Caldas, el cual expresa:

Refiere haber sido agredido por un policía que lo halo del pelo, lo tiró al piso, y al caer se raspo. Presenta: Escoriación de 3 x 2 cm en región infrarrotuliana derecha. Escoriación de 1 x 1 cm en cara externa de rodilla izquierda y otra de 1 x 1 en la región suprarrotuliana izquierda. Dos escoriaciones de 1 x 1 en codo derecho. Conclusión: mecanismo causa: contundente por abrasión o raspado. Incapacidad médico legal: definitiva siete (7) días (fl. 48, cdno. 3).

2.3.1.2. Testimoniales.

El testigo Andrés Patiño Romero dice que el día 27 de marzo de 2004 la patrulla de la policía dio una vuelta por el sector del hotel la Colina y cogieron a Jesús David Morales, cuando lo subieron a la patrulla ya tenía la cara reventada y con gas en los ojos, él señor agente Pineda Gómez le dijo a él, espere y verá que ahora arreglamos, “dieron vuelta y cogieron a otros tres amigos míos, a los cinco nos llevaron al CAI La Terraza: allá nos bajaron, llegamos a la plazoleta nos dijeron que nos quitáramos los cordones y las correas y todos empezamos hacer eso y el señor agente Pineda empezó a pegarle a Jesús David y a echarle gas en los ojos y lo correteaba por toda la plazoleta dándole pata y puño” (fl. 20, cdno. 3).

Cristian Camilo Díaz de los Ríos explica que los policías los llevaron a los calabozos de la estación la terraza y uno de ellos, dijo que allá arreglábamos, “nos indicaron que nos quitáramos los cordones y la correa y el agente Pineda empezó a pegarle al amigo de nosotros, le pegaba rodillazos y puños ósea a Jesús David Morales y le dijo que eso era por haberlo hecho correr, que a él no le gustaba que lo hicieran correr, que le daba rabia y luego le hecho gas dos veces” (fls. 23 a 24, cdno. 3).

El agente Rodolfo Montoya Jiménez, comandante de guardia del CAI La Terraza afirma que cuando los jóvenes llagaron a esa estación se veían un poco alterados y decían cualquier cantidad de cosas, gritaban once Caldas, luego alegaban entre ellos mismos, “entonces ya en la parte de arriba de las instalaciones yo les dije que se quitaran los cordones y las correas para poderlos ingresar a la sala de retenidos” ellos ahí se demoraban y toca volverlos a decir que se apuraran, luego los entramos a la sala de retenidos, igualmente en su declaración dice que no los vio heridos o con hematomas, que ninguno manifestó estar enfermo y no se dio en consigna ninguna arma. Que mientras estuvo presente no hubo agresión física de parte del subteniente Pineda Gómez hacia los retenidos y que ellos debían permanecer retenidos hasta tanto el subteniente autorizara la salida (fls. 129 a 131, cdno. 3).

El agente José Jhonson Gallego manifiesta que como a las 5 a.m. del 27 de marzo de 2004 al escuchar dos disparos pidió apoyo a la central, inmediatamente llegó el subteniente Pineda Gómez, previo a este hecho ya había sido informado por unos hinchas del deportivo Cali, que un grupo aproximadamente de ocho personas estaban siendo agredidas y perseguidas con armas de fuego por parte de hinchas del once Caldas, “a lo que procedimos a verificar la información” (fls. 132 a 133, cdno. 3).

Jhon Fredy Carmona Orrego dice haber participado en la aprehensión de un joven que estaba huyendo el día 27 de marzo de 2004 el cual estaba muy alterado y al parecer borracho o drogado y que al momento de la aprehensión intento agredirlo, agrega que ese día se jugaba un partido entre el once Caldas y el deportivo Cali y que habían muchas personas (fls. 134 a 135, cdno. 3).

2.3.2. Las actuaciones administrativas surtidas dentro del proceso disciplinario, son las que a continuación se relacionan.

El 26 de abril de 2004, la Procuraduría Regional de Caldas inició indagación preliminar, en contra del subteniente Christian Camilo Pineda Gómez, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de Ley 734 de 2002, con el objeto de verificar la existencia de los hechos relatados en la queja presentada por el ciudadano Jhon James Vanegas Ocampo, en la que manifestó que él y sus compañeros fueron agredidos física y verbalmente por parte del uniformado Pineda Gómez, en hechos ocurridos el 27 de marzo de 2004 en la estación de policía La Terraza de la ciudad de Manizales, actuación notificada el 4 de mayo de 2004 (fls. 6 a 8, 10, 11, cdno. 4).

En desarrollo de la indagación preliminar, el ente de control el 11 de mayo de 2004, realizó visita especial a la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Caldas, con el fin de revisar las diligencias disciplinarias que allí se adelantaban por los mismos hechos, encontrado que en dicha dependencia el día 1º de abril de 2004, se había ordenado abrir investigación disciplinaria en contra del señor, Pineda Gómez (fls. 13 a 14, 33, cdno. 3).

Teniendo en cuenta lo anterior, el 18 de mayo de 2004, la Procuraduría Regional de Caldas, en ejercicio del poder preferente, acorde al artículo 3º del Código Disciplinario Único, avocó conocimiento de la investigación disciplinaria que llevaba la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional en contra del oficial de la policía Christina Camilo Pineda Gómez (fl. 75, cdno. 3).

El 10 de septiembre de 2004, el ente de control profirió auto de cargos en contra del señor Christian Camilo Pineda Gómez, en donde le imputó la siguiente conducta, notificado el 5 de octubre de 2004 (fl. 94, cdno. 3), 101.

Cargo único: se le imputa al señor Pineda Gómez, el haber agredido física y verbalmente a los señores Jhon James Vanegas Ocampo, Jesús David Morales Vallejo, Andrés Patiño Romero y Cristian Camilo Díaz de los Ríos el día 27 de marzo de 2004, en horas de la mañana, en el lapso de tiempo en que fueron retenidos y conducidos del centro de Manizales al CAI La Terraza y durante su permanencia inicial allí. Agresión tal, que llevó al médico legista a dictaminar incapacidad médico legal de 20 y 7 días a los señores Jesús David Morales Vallejo y Cristian Camilo Díaz de los Ríos respectivamente.

Mediante escrito de 5 de octubre de 2004, el investigado Pineda Gómez presentó descargos manifestando no haber agredido a los quejosos en el procedimiento policial llevado a cabo el día 27 de marzo de 2004; así mismo solicitó pruebas documentales y testimoniales con el ánimo de demostrar la no realización de la conducta endilgada (fls. 102 a 113, cdno. 3).

Una vez agotadas todas las etapas propias del proceso disciplinario, la Procuraduría Regional de Caldas, el 21 de septiembre de 2005 lo declaró responsable disciplinariamente y lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 10 años para ejercer cargos públicos, decisión notificada el 10 de octubre del mismo año (fls. 7 a 32 y 181, cdno. ppal.).

En efecto consideró, que el investigado ocasionó lesiones físicas a los quejosos, afirmación que tiene origen en el análisis integral y en conjunto que hizo de las pruebas aportadas al proceso, en especial de los testimoniales de los señores Jesús David Morales Vallejo, Andrés Patiño Romero, Cristian Camilo Díaz de los Ríos y Rodolfo Montoya Jiménez visibles a folios 14, 16, 19 y 125 del cuaderno 3, los cuales coinciden en afirmar que previo a ser conducidos se encontraban en perfectas condiciones físicas y que fue al interior de la estación que luego resultaron lesionados.

Estos elementos de juicio contundentes le permitieron a la Procuraduría Regional de Caldas, endilgarle responsabilidad disciplinaria al señor Christian Camilo Pineda Gómez, luego de establecer que con su conducta vulneró los numerales 2º y 3º del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000 los que señalan: “violar con su conducta los derechos fundamentales constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideren de tal categoría” y “realizar conductas tipificadas en la ley como delito sancionado a titulo doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”.

Inconforme el actor con la anterior decisión, el 3 de junio de 2005 interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto el 29 de noviembre del mismo año por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional confirmando la anterior decisión por las mismas razones, acto notificado el 20 de septiembre de 2006 (fls. 197 a 233, cdno. 3; 33 a 42, cdno. ppal. y 39, cdno. 3).

3. De los cargos endilgados a los fallos disciplinarios.

Le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿desconoció el ente de control el principio de inocencia?, (ii) ¿vulneró el principio de favorabilidad del investigado?, y (iii) ¿omitió la Procuraduría valorar las pruebas testimoniales que aduce el demandante?

3.1. Vulneración del debido proceso por desconocimiento del principio de presunción de inocencia.

Señala el demandante que el ente de control no realizó un análisis integral y en conjunto del material probatorio aportado a la investigación, pues olvidó analizar que el día 27 de marzo de 2004 antes de ser capturados los señores Jhon James Vanegas Ocampo, Cristian Camilo Díaz, Andrés Patiño Romero y Jesús David Morales quejosos, hubo un enfrentamiento entre hinchas del deportivo Cali y del once Caldas, riña en la cual éstos participaron y resultaron lesionados, situación que permite evidenciar que no existe claridad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, por lo tanto la Procuraduría debió aplicar el principio de presunción de inocencia como garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso.

Previo a resolver el cargo, considera oportuno la Sala hacer un estudio del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Carta Política, el cual se aplica no solo a las actuaciones judiciales sino también a las de carácter administrativo e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Sobre este derecho debe descansar la vigencia del derecho disciplinario, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria misma(15).

En cuanto el derecho del debido proceso, también resguarda el principio de presunción de inocencia por cuanto la exigencia de que nadie puede ser considerado culpable hasta que así se declare por sentencia condenatoria; implica la existencia de suficiente actividad probatoria y garantías procesales, es decir, el Estado solo podrá sancionar cuando existan suficientes elementos de juicio, y se siga un debido proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

Con relación a este principio en materia disciplinaria, el artículo 9º de la Ley 734 de 2002, dispone:

A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.

A su turno, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-0969 de 18 de junio de 2009, Magistrada Ponente María Victoria Calle, expresó sobre el principio de presunción de inocencia lo siguiente:

Uno de los principios que expresan este criterio de legitimidad de las actuaciones públicas —administrativas y jurisdiccionales— es el de presunción de inocencia. Dicho principio aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y por consiguiente también en materia disciplinaria. De esta forma, como lo ha establecido esta Corporación, quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme las reglas del debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona (i) es una conducta establecida como disciplinable; (ii) que la ocurrencia de dicha conducta se encuentra efectivamente probada y (iii) que la autoría y responsabilidad de ésta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de superados los tres momentos la presunción de inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional. Dicho principio es una garantía constitucional frente al poder punitivo. Sin embargo admite grados de rigor en su aplicación, pues si bien es cierto rige todo el ámbito sancionador, también lo es que dicho ámbito está compuesto por escenarios diferentes que implican grados diferenciales de aplicación del principio, en relación con tres criterios básicos: (i) el bien jurídico que pretende ampararse por medio del ámbito específico de sanción, (ii) el sujeto pasivo de dicho poder punitivo y ligado a esto, (iii) la sanción a que da lugar la responsabilidad. Esto es así, porque ningún principio es absoluto, de modo que su aplicación en un caso concreto admite la ponderación de los elementos que componen el ámbito de su aplicación. De esta forma, no supone el mismo grado de rigor en la aplicación del principio de presunción de inocencia, el ámbito penal que el disciplinario, aunque deba ser tenido en cuenta en los dos, pues los bienes tutelados por el primero, son de mayor relevancia social que los del segundo y por consiguiente la sanción y los derechos afectados por ella, son también de mayor importancia, imponiendo sobre el citado principio una mayor exigencia en su aplicación concreta. Esto es lo que significa que los principios del derecho penal aplican en el disciplinario mutatus mutandi (negritas fuera de texto).

La presunción de inocencia se encuentra reconocida en el artículo 29 inciso 4º de la Constitución Política, mandato por el cual toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Este postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance.

Dicho principio en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el investigado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al investigado desde el inicio de la acción disciplinaria hasta el fallo o veredicto definitivo, y exige para ser desvirtuado la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del hecho y la conexión del mismo con el investigado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio de in dubio pro disciplinado, según el cual toda duda debe resolverse en favor del investigado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1974, establece que: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” (art. 8º).

Visto lo anterior, se puede precisar que la presunción de inocencia se desconoce al imponer una sanción cuando la conducta (i) no es considerada legalmente falta disciplinaria, (ii) no se encuentra acreditada probatoriamente o (iii) no fue cometida por el investigado.

En suma la presunción de inocencia es un derecho de carácter fundamental que tiene como propósito presumir la inocencia de toda persona, mientras no haya sido declarado responsable. Este precepto impide que se expidan actos administrativos sancionatorios sin las pruebas necesarias, contundentes, serias y legalmente allegadas al proceso. Es decir, el acervo probatorio es la columna vertebral de todo el proceso disciplinario.

Para el caso concreto, observa la Sala que dentro de la investigación disciplinaria obran suficientes elementos de juicio (pruebas testimoniales y documentales) que prueban que las lesiones sufridas por los ciudadanos Cristian Camilo Días de los Ríos y Jesús David Morales el día 27 de marzo de 2004, fueron causadas por el subteniente Christian Camilo Pineda Gómez al interior del CAI La Terraza de la ciudad de Manizales, luego de ser trasladados en virtud de un procedimiento policial que se desarrolló en cercanías del hotel la Colina, en donde presuntamente se llevaba a cabo enfrentamientos entre hinchas del deportivo Cali y el once Caldas.

Igualmente está demostrado que los retenidos al ser ingresados a los calabozos no presentaban lesiones físicas en su cuerpo y que fue posteriormente al salir de la estación que resultaron lesionados; de donde se puede concluir que los golpes recibidos y demás atropellos que dicen haber sido objeto fueron causados al interior de la estación y tienen como único actor al subteniente de la policía Pineda Gómez, pues recuérdese que fue el oficial quien atendió el caso en la madrugada del 27 de marzo y condujo a los lesionados al cuartel de la policía, como quedo anotado en el libro de minuta de guardia de la estación y como se aprecia de la declaración rendida por el comandante de guardia, análisis que tiene fundamento en las siguientes pruebas:

Testimonio del agente Rodolfo Montoya Jiménez, comandante de guardia del CAI La Terraza para la época de los hechos, manifiesta que el día 27 de marzo de 2004, fueron conducidos a la estación los señores Jhon James Vanegas Ocampo, Cristian Camilo Díaz de los Ríos, Andrés Patiño Romero y Jesús David Morales por el subteniente Pineda Gómez, quienes no presentaban ningún tipo de lesión o heridas en sus cuerpos al momento de ser ingresados al salón de retenidos, tampoco que estuvieran enfermos o que portaran armas, agrega que al salir los escuchó que se quejaban pero no les puso cuidado.

Fácil es así, para la Sala concluir que las lesiones fueron causadas al interior de la estación y que el responsable es el oficial Pineda Gómez, ya que fue el quien los ingreso y permaneció con ellos largo tiempo al interior del calabozo, como lo afirman las declaraciones rendidas por los señores Cristian Camilo Díaz de los Ríos y Andrés Patiño.

De igual manera en el libro de retenidos del CAI, obra registro de anotación que prueba que los señores Morales Díaz y Díaz de los Ríos estuvieron retenidos en el calabozo de las 6:15 a.m. hasta las 13:20 p.m. del día 28 de marzo de 2004, por cuenta del subteniente Pineda Gómez.

No se observa en la investigación que el oficial de la policía Pineda Gómez, haya dejado prueba que demuestre o certifique que los quejosos (lesionados) al ser ingresados a la estación padecieron algún tipo de afección a la salud o daño físico, por consiguiente se puede observar y concluir que no se encontraban lesionados.

Finalmente tampoco, aprecia la Sala la existencia de prueba alguna al interior del proceso que dé certeza que el día 27 de marzo de 2004 se haya presentado riña o enfrentamiento entre los hinchas del deportivo Cali y el once Caldas en cercanías del hotel la Colina de la ciudad de Manizales y que como consecuencia dicha pugna hubieran resultado lesionados los señores Jhon James Vanegas Ocampo, Jesús David Morales, Cristian Camilo Días de los Ríos y, Andrés Patiño Romero, como equivocadamente lo pretende hacer ver el demandante.

Por consiguiente, los actos que impusieron la sanción al actor, contiene un extenso capítulo en el cual, se analizan los elementos de convicción aportados al proceso disciplinario, cuyas principales anotaciones fueron transcritas en acápites anteriores. De ahí que resulta evidente que el análisis de las pruebas efectuado por la Procuraduría, fue acucioso, integral e imparcial (CDU, art. 129), basado en el acopio de elementos de juicio que indefectiblemente condujeron a determinar de manera inequívoca la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado.

En conclusión, contrario a lo manifestado por el demandante, la Procuraduría realizó una evaluación integral y en conjunto de los elementos probatorios aportados al proceso, apreciación que hizo con base en el principio de la sana critica, logrando determinar, la responsabilidad del oficial Pineda Gómez en los hechos sucedidos el día 27 de marzo de 2004, lo que significa que los actos acusados están revestidos de coherencia, lógica, solidez fáctica y jurídica, por lo tanto están acordes con las exigencias constitucionales y legales, garantizando de esta manera el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, pues existe prueba que acredita el hecho investigado.

En ese orden de ideas, el cargo planteado no está llamado a prosperar.

3.2. Del desconocimiento del principio de favorabilidad.

Manifiesta el demandante que la Procuraduría al momento de endilgarle responsabilidad disciplinaria, debió tipificar la conducta en los numerales 5º y 17 del artículo 38 del Decreto 1798 de 2000(16), por ser tipos especiales, concretos y más favorables, y no los consagrados en los numerales 2º y 3º del artículo 37(17) ibídem, toda vez que son de carácter general, como en efecto sucedió en el presente asunto, situación que de plano vulnera el principio de favorabilidad.

A efectos de resolver el cargo es necesario que la Sala se refiera al debido proceso, entre otros aspectos, por ser uno de los principios rectores del derecho procesal, siendo otro el de favorabilidad, principio éste que es de vital trascendencia a la hora de analizar los efectos de las diferentes normas que han tenido vigencia durante el proceso disciplinario al que se vio sometido el servidor público. Los fundamentos de la favorabilidad, como lo son el principio de legalidad y en específico el de la ley previa, apuntan a impedir la arbitrariedad del Estado, su intervención abusiva sobre los derechos y las libertades del individuo. Nuestra Constitución Política al referirse al principio de legalidad, indica que todo acto o conducta se debe regir por la ley vigente al momento de su realización.

En efecto el artículo 14 de la Ley 734 de 2002, sobre el principio de favorabilidad señala que: “En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política”.

Sobre esté principio, la Corte Constitucional en Sentencia C-692 de 2008, Magistrado Ponente Manual José Cepeda manifestó:

La Corte ha considerado obligatorio el respeto del principio de favorabilidad, de conformidad con el cual la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Frente a este punto, ha advertido que aun cuando el artículo 29 de la Constitución se refiere a la aplicación del principio en “materia penal”, ello “(…) no impide que el legislador lo extienda a otros ámbitos del derecho sancionador, como el disciplinario. Tampoco conduce a que el juez deba interpretar restrictivamente esta garantía, que tiene pleno sentido y especial relevancia dentro de un estado social de derecho en otros contextos punitivos diferentes al penal.

El principio de favorabilidad hace parte de los derechos fundamentales, universales e intangibles, por lo mismo se prohíbe su vulneración. El funcionario judicial está obligado tan pronto establezca la existencia de una situación de favorabilidad, a reconocerla de oficio o a petición de parte, en aras de garantizar el debido proceso a los sujetos disciplinarios.

En el caso bajo estudio, encuentra probado la Sala lo siguiente:

En primer lugar los actos administrativo de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de su función disciplinaria, tipificaron la conducta endilgada al subteniente Pineda Gómez en los numerales 2º y 3º del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000, (régimen para la Policía), como quiera que con su comportamiento vulneró derechos fundamentales constitucionales y realizó conductas tipificadas en la ley como delito —artículo 188 del Código Penal Militar— tal y como se puede apreciar del auto de cargos.

Normas que en efecto disponen:

“ART. 37.—Son faltas gravísimas, sancionables con destitución las siguientes:

(…)

2. Violar con su conducta los derechos fundamentales constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideren de tal categoría.

3. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.

En segundo término, el oficial Pineda Gómez aduce en el libelo introductorio, que las conductas que debió enrostrarle la Procuraduría por ser más favorables, son las descritas en los numerales 5º y 17 del artículo 38 ibídem, como quiera que la sanción derivada de esas faltas no genera destitución sino suspensión en el ejerció del cargo; además de ello, porque con su comportamiento no vulneró derechos fundamentales.

Dichas disposiciones consagran lo siguiente:

“ART. 38.—Faltas graves. Son faltas graves:

(…)

5. Ejecutar actos de violencia o malos tratos contra el público, superiores, subalternos o compañeros.

(…)

17. Causar daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos legalmente autorizados.

Pues bien, en el presente asunto quedó plenamente demostrado que el subteniente Pineda Gómez agredió física y verbalmente a los señores Jhon James Vanegas Ocampo, Jesús David Morales, Cristian Camilo Díaz de los Ríos y Andrés Patiño Romero, tal y como se destaca del informe suscrito el 29 de marzo de 2004 por Medicina Legal Seccional Caldas y como quedó anotado por esta Sala en párrafos anteriores.

Esta conducta desde todo punto de vista raya las exigencias de buen mando, eficiencia, eficacia y ética que enmarcan el profesionalismo de la Policía Nacional y de paso vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política como garantías del Estado Social de Derecho, pues recuérdese que la Policía Nacional esta instituida como un órgano nacional para proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes, y por ello su comportamiento debe ser acorde con las normas de ética y buen trato como principios rectores de la institución.

Causar una lesión personal o daño en la salud a una persona, como en efecto quedó demostrado en el caso bajo estudio, es menoscabar la integridad corporal de la que debe gozar toda persona.

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental.

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estado fisco intacto. Este derecho se encuentra consagrado en la declaración universal de derechos humanos de 1948 (art. 5º), los convenios de Ginebra de 1949 y desarrollado en los artículos 11, 12 y 44 de la Constitución Política.

En relación a la integridad personal, la Corte Constitucional en Sentencia de T-248 de 1998 Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo señaló:

La Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio sicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal —por acción o por omisión— vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad.

Así las cosas, queda demostrada la relación causa —efecto, existente entre la conducta endilgada y las normamos citadas por la Procuraduría, en tanto el subteniente Pineda Gómez con su actuar tocó la órbita de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y las leyes, pues no podía excederse y utilizar la fuerza como miembro de la policía para agredir físicamente a las personas causándoles lesiones en el cuerpo.

Aunado a lo anterior, el oficial Christian Camilo Pineda Gómez con su conducta también faltó al mandato constitucional que rige la función policial consagrada en el artículo 2º de la Constitución Política, el cual señala que: “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra e integridad […]” aún más cuando tienen como obligación proteger la población civil de cualquier agresión que implique violación de derechos.

El numeral 2º del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000, norma citada por el ente de control, hace relación a situaciones especiales que tienen que ver con la trasgresión de derechos constitucionales, como sucedió en el caso bajo estudio, por tanto, el causar lesiones físicas a las personas sin razón alguna que justifique su resultado atenta contra el derecho fundamental a la integridad física de las personas, por ello, el legislador consagró un tipo disciplinario especial para sancionar este tipo de faltas, cuando provengan de agentes del Estado, como en efecto lo hizo la Procuraduría al tipificar la falta en dicha norma.

En relación a la segunda norma citada en los actos enjuiciado y por la cual el oficial Pineda Gómez muestra inconformismo (num. 3º, art. 37 ibídem) hace relación a “realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”.

Previo a resolver el inconformismo es oportuno hacer mención a los llamados tipos en blanco, los cuales en materia disciplinaria hacen referencia a aquellas infracciones que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos.

Bajo este contexto no es acertado pensar que para endilgarle responsabilidad disciplinaria a un servidor público, sea necesario que preexista una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada surgida como consecuencia de un proceso penal. Si bien en materia disciplinaria algunas faltas permiten ser complementadas con cánones contenidos en otras disposiciones, como es el caso de delitos previstos en el Código Penal, lo cierto es que ello no implica que para que se configure la falta disciplinaria atribuida deba comprobarse la consumación del delito, pues se reitera se trata de dos procesos diferentes. Situación distinta es que en materia disciplinaria se permitan los tipos en blanco que consisten en la remisión a normas complementarias cuando haya descripciones incompletas de las conductas sancionadas.

Así las cosas, la Sala observa que si bien es cierto en el sub lite la entidad demandada acude a cánones contenidos en el Código Penal en virtud de los tipos en blanco para completar el tipo disciplinario atribuido al investigado, no significa que los actos administrativos censurados tengan la misma fundamentación efectuada por el juez penal.

Como quiera que en el caso concreto quedó demostrado que el oficial Pineda Gómez causó lesiones personales a los señores Jesús David Morales y Cristian Camilo Días de los Ríos, conforme al dictamen de Medicina Legal Seccional Caldas, no hay duda que dicha conducta incursionó en el campo penal y al no encontrarse descrita directamente en la ley disciplinaria como falta disciplinaría, es necesario que el operador disciplinario acuda (tipos en blanco) a lo dispuesto en la Ley 599 de 2000 (Código Penal) libro segundo que trata el tema de los delitos contra la vida y la integridad personal, específicamente el artículo 111 que hace relación a las lesiones personales “el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes”. Conforme a este mandato obró la Procuraduría al tipificar la falta en el numeral 3º del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000, que permite acudir a este artículo, como quiera que la conducta realizada por el oficial de la policía se encuentra tipificada en la ley penal como delito sancionable a titulo doloso, conducta que fue ejecutada con ocasión de la función del cargo.

Fueron tales las lesiones causadas a los quejosos, que varios de estos fueron incapacitados entre 7 a 20 días por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 47 a 50, cdeno. 3).

Así las cosas, queda claro que el oficial Pineda Gómez cometió una conducta tipificada en la ley como delito al haberle causado lesiones a los ciudadanos Cristian Camilo Díaz de los Ríos y Jesús David Morales, comportamiento que se encuadra perfectamente en el descrito en el numeral 3º del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000, como en efecto lo consideró la Procuraduría Regional de Caldas.

Es necesario resaltar que la conducta asumida por el demandante es de carácter dolosa, toda vez que actuó en forma consiente, libre y voluntaria y estaba en plena capacidad de comprender la ilicitud de su proceder. No hay que olvidar que se trata de un oficial de la Policía con vastos conocimientos en derechos fundamentales y con reconocimiento por parte de la institución sobre el buen trato que debe ofrecer a todos los ciudadanos en especial a los capturados, razón por la cual debía desempeñar sus funciones con decoro, eficiencia y sin recurrir a medios violentos que excedan su fuerza.

En conclusión, considera la Sala que el ente de control acertó al señalar que la conducta desplegada por el señor Pineda Gómez se encuentra descrita en los numerales 2º y 3º del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000; por tanto, son en estas normas en que debe tipificarse la conducta y no en los numerales 5º y 17 del artículo 38 ibídem, como quiera que tales disposiciones no referencian vulneraciones a derechos fundamentales. Así el numeral 5º eiusdem hace relación a ejecutar actos de violencia o malos tratos que no lleva consigo la vulneración de derechos fundamentales, pues es de carácter general, en tanto que los numerales 2º y 3º del artículo 37 si lo hacen, pues lleva implícita el calificativo de quien cause daño a la integridad física de las personas, derecho fundamental protegido por la Constitución Política. De ahí que la calificación dada sea gravísima.

Además queda demostrado en el sub lite, que no existen enfrentamientos entre normas que rijan el mismo caso, y de las cuales se pueda predicar el principio de favorabilidad en favor del demandante, pues el caso fue estudiado bajo las leyes preexistentes al acto que se le imputó.

Por las razones expuestas, el cargo no está llamado a prosperar.

3.3. De la omisión por parte de la Procuraduría al no valorar algunas pruebas testimoniales.

Manifiesta el demandante que la Procuraduría no tuvo en cuenta los testimonios de los señores Carlos Aníbal Hincapié, Rodolfo Montoya Jiménez, José Jhonson Gallego, Jhon Fredy Carmona Orrego y Jorge Néstor Ballesteros, los cuales son favorables para determinar su exoneración en la falta disciplinaria enrostrada.

Observa la Sala, que la Procuraduría Regional de Caldas en el fallo de primera instancia de 21 de septiembre 2005, en el titulo denominado “relación de pruebas recaudadas” visible a folio 9 y 8 del cuaderno principal, valoró las pruebas testimoniales ordenadas en el auto de investigación disciplinaria, entre las cuales se hallan las declaraciones de los señores Carlos Aníbal Hincapié, Rodolfo Montoya Jiménez, José Jhonson Gallego, Jhon Fredy Carmona Orrego, Jorge Néstor Ballesteros y Carlos Elí Otálvaro, los cuales fueron analizadas integralmente conforme a las reglas de la sana critica por el operador disciplinario y que permitieron endilgarle responsabilidad al hoy demandante.

En ese orden de ideas no es cierto, lo afirmado por el oficial Pineda Gómez que el ente de control dejó de practicar y valorar los testimonios de Carlos Aníbal Hincapié, Rodolfo Montoya Jiménez, José Jhonson Gallego, Jhon Fredy Carmona Orrego y Jorge Néstor Ballesteros, pruebas algunas que en efecto está Sala trascribió en el acápite qué denomino pruebas obrantes en la investigación y de donde se puede deducir su contenido.

Razones por las cuales el cargo no está llamado a prosperar.

4. Conclusión.

Para la Sala, los actos sancionatorios proferidos por la Procuraduría Regional de Caldas el 21 de septiembre de 2005 y la Delegada para la Policía Nacional el 29 de noviembre de 2005, siguen amparados por la presunción de legalidad que los cobija, pues el proceso disciplinario contra el actor se tramitó con respeto de las garantías constitucionales y legales que lo gobiernan; se le brindó al disciplinado la oportunidad de presentar descargos, pruebas y controvertir las aportadas, sin que lograra desvirtuar su responsabilidad en los hechos materia de investigación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Christian Camilo Pineda Gómez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, rad. 1220-2011, Demandante: Piedad Eneida Córdoba Ruiz, Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación, C.P. William Hernández Gómez.

7 Lo anterior supone tal como se considera en esta decisión, que “1. La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2. La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3. La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo r(sic).

8 Ley 734 de 2002 en los artículos 4º a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia.

9 Artículo 170 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. “Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de los Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.

10 Artículo 187, inciso 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Para restablecer el derecho particular, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas”.

11 La sentencia de unificación al respecto determina que “el juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de “[…] un principio de proporcionalidad sancionador, propio y autónomo de esta esfera tan relevante del derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho ámbito […]”, lo cual permite afirmar que “[…] el derecho administrativo sancionador ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que el derecho penal […]”. Ahora bien, cuando el particular demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley. En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[…] si la esfera subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión, junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación jurídica individual […]”.

12 Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional.

13 Por la cual e expide el Código Único Disciplinario.

14 Entre otras, en las sentencias de 26 de julio de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente 1541-2011, Demandante: Jhonatan Mauricio Román Giraldo, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; sentencia de 22 de marzo de 2012 dictada por la misma subsección dentro del expediente 0029-2011, Demandante: Cecilia Sanabria Borda, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; sentencia de 19 de mayo de 2011, expedida por la misma Subsección dentro del expediente 2157 de 2005, Demandante: Remberto Enrique Corena Silva, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

15 Así lo ha considerado la Corte Constitucional en Sentencia C-708 del 22 de septiembre de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la cual será citada más adelante.

16 ART. 38.—Faltas graves. Son faltas graves: (…) 5. Ejecutar actos de violencia o malos tratos contra el público, superiores, subalternos o compañeros. (…) 17. Causar daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos legalmente autorizados.

17 ART. 37.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas, sancionables con destitución las siguientes: (…) 2. Violar con su conducta los derechos fundamentales constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideren de tal categoría. 3. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se corneta en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.