Sentencia 2010-00154/0976-2015 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 250002325000201000154.01

Número interno: 0976-2015

Actor: José Gonzalo Dueñas Peralta.

Demandado: Distrito Capital de Bogotá —Secretaría de Gobierno—, Unidad Administrativa Especial —Cuerpo Oficial de Bomberos—

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La aclaración, corrección y adición de la sentencia se encuentran reguladas en los artículos 285, 286 y 287 del CGP así:

“[...] ART. 285.—Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.

“ART. 286.—Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

“ART. 287.—Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá incurrirse también la providencia principal [...]”.

La aclaración de la sentencia prevista en el artículo 286 del CGP permite que se expliquen conceptos o frases que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella, ya sea porque presenten redacción ininteligible o generen duda, empero no es el mecanismo para debatir la veracidad o legalidad de las afirmaciones del sentenciador(14).

La corrección por su parte, se encuentra regulada en el artículo 286 ejusdem y únicamente se puede invocar cuando en la sentencia se incurrió en un error puramente aritmético, en los casos de error por omisión, cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

A su vez, el artículo 287 ibídem reguló la adición de la sentencia, institución jurídica que solo procede cuando se está en presencia de dos supuestos de hecho: i) cuando se omitió la resolución de cualquiera de los extremos de la litis y; ii) cuando se omitió resolver cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento.

Como regla general, el fallo no puede ser revocado ni reformado por el juez que lo profirió en virtud de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, no obstante los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso citados regulan, de manera muy precisa y taxativa, hipótesis excepcionales en las que resulta procedente aclarar, corregir o adicionar la sentencia, empero estas normas deben someterse a una interpretación restrictiva y su aplicación debe ceñirse estrictamente a los términos legalmente contemplados(15).

En el presente caso el señor Dueñas Peralta expresó que en la sentencia del 27 de abril de 2017 no se efectuó el análisis relacionado con que: i) se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la entidad y ii) que era apelante único y, iii) que por tanto, no era posible que se le desmejorara la situación. Visto lo anterior, la Subsección advierte que no es posible examinar el asunto bajo las instituciones jurídicas de la aclaración y corrección, puesto que lo pedido no tiene relación con conceptos o frases incluidas en la parte resolutiva de la sentencia que sean ininteligibles o generen duda, y tampoco se refiere a errores netamente aritméticos contenidos en esta.

Igualmente, el señor Dueñas Peralta advirtió en el escrito, que pese a lo anterior la sentencia de segunda instancia revocó la condena sobre los compensatorios por trabajo dominical y festivo ni tampoco la reliquidación de las primas de servicios, vacaciones y navidad, sin indicar la razón por la cual se procedía en tal sentido, y pese a que se declaró desierto el recurso de apelación de la parte demandada.

Así las cosas, se observa que tal petición encaja dentro de los supuestos de que trata el artículo 287 del CGP y en consecuencia, procederá la Sala a explicar los fundamentos por los cuales arribó a tal decisión.

Pues bien, el artículo 31 de la Constitución de 1991 previó la facultad que tienen todas las personas de apelar las decisiones judiciales y, a su vez, consagró la prohibición para el juez de segunda instancia de agravar la pena impuesta por el a quo en su decisión, cuando se trate de un apelante único, así:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

Lo anterior significa, que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación. Es decir, que las competencias funcionales del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo citado (art. 328 del CGP), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia.

Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo algunas excepciones, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia, ello en garantía de los derechos a la defensa, doble instancia y debido proceso que le asiste a los sujetos procesales.

En efecto, esta corporación ha determinado que el principio de la non reformatio in pejus no es absoluto. En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación precisó lo siguiente(16):

“Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada [...]”.

Por su parte, la Sección Cuarta(17) ha precisado que el juez de segunda instancia podrá estudiar temas propios del debate jurídico aun cuando no hayan sido objeto de impugnación, en aquellos casos en que el inferior haya proferido una decisión manifiestamente ilegítima. Pues es claro que el “funcionario judicial al advertir que se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico, no puede rehusarse a efectuar algún tipo de pronunciamiento sólo bajo la consideración de que fue un asunto que no se planteó en el escrito de apelación”(18).

Por consiguiente, la non reformatio in pejus debe ser aplicada en armonía con el ordenamiento jurídico a efectos de que este último no se quebrante. Sobre el particular esta Subsección se ha pronunciado en el siguiente sentido(19):

“[...] En estos términos, para la Subsección surge el siguiente interrogante: ¿Puede el juez de segunda instancia analizar puntos de la decisión que no fueron objeto de apelación y que resultan desfavorables para el apelante único?

En principio podría pensarse que la respuesta a dicho cuestionamiento es negativa, toda vez que, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación, además de la restricción impuesta por el artículo 31 de la Constitución Política identificada como el principio de la non reformatio in pejus, según el cual “El superiorno podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

No obstante, el mismo artículo 328 prevé que “El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella”.

En concordancia con lo anterior, esta corporación(20) ha determinado que de forma excepcional el juez de segunda instancia podrá estudiar temas propios del debate jurídico aun cuando los mismos no hayan sido objeto de impugnación, en aquellos casos en que el inferior haya proferido una decisión manifiestamente ilegitima, pues es claro que el “funcionario judicial al advertir que se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico, no puede rehusarse a efectuar algún tipo de pronunciamiento sólo bajo la consideración de que fue un asunto que no se planteó en el escrito de apelación [...]” (nft)

En este caso, es importante señalar que las normas que regulan el pago de las horas extras y compensatorios, así como los factores que deben tenerse en cuenta para la liquidación de vacaciones, primas de servicios, vacaciones y navidad, son normas de carácter imperativo, es decir “que se imponen sin posibilidad de pacto o decisión en contra pues sus efectos deben producirse con independencia del querer de las personas”(21).

Por lo anterior, la Subsección considera que el estudio en segunda instancia no puede limitarse a los argumentos expuestos por el apelante, sino que debe incluir el análisis sobre los compensatorios y reliquidación de primas y prestaciones sociales ordenadas en primera instancia, porque de lo contrario se estaría permitiendo la consolidación de situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico, al desconocerse normas de carácter imperativo que regulan la materia.

En efecto, la sentencia impugnada ordenó el pago de los compensatorios sin tener en cuenta que estos se reconocen por el tiempo laborado que excediere la jornada laboral y el número máximo de 50 horas extras legales permitido, de acuerdo con el literal e) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 que preceptúa “[...] Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo [...]”. (Resalta la Sala).

Ahora, como en el presente caso se acreditó que el señor Dueñas Peralta laboró 170 horas adicionales a las 190 correspondientes a la jornada laboral, es claro que de estas 50 corresponden a horas extras y las otras 120 debían ser pagadas con descansos compensatorios, de acuerdo con la norma citada. Sin embargo, al encontrarse probado que el demandante cumplía su labor bajo un sistema de turnos de 15 días de trabajo por 15 de descanso, quedó evidenciado que la entidad sí le otorgó los compensatorios, luego no le asistía derecho a que se ordenara un nuevo reconocimiento como lo hizo el tribunal.

En cuanto a la reliquidación de las primas de servicios, navidad y las vacaciones, está claro que no procedía, puesto que los emolumentos que se ordenaron pagar, esto es, horas extras, recargos nocturnos y remuneración por trabajo dominical y festivo, no constituyen factor salarial para la liquidación de estas, tal como se advierte del artículo 59 del Decreto 1042 de 1978 y los artículos 17 y 33 del Decreto 1045 de 1978, por lo que el reconocimiento que se efectuó en primera instancia contraría de forma manifiesta las normas enunciadas y por ende, no puede ser avalado por esta corporación.

Así las cosas, y si bien en principio habría lugar a restringir el estudio del recurso de alzada a los temas allí planteados por el apelante, lo cierto es que, la Subsección pudo constatar que el a quo reconoció el pago de los compensatorios por trabajo dominical y festivo y la reliquidación de la prima de servicios, vacaciones y prima de navidad, sin que el señor Dueñas Peralta en contravía de lo preceptuado en las disposiciones que regulan la materia. De esta forma, la decisión en este punto vulnera normas de imperativo cumplimiento y en consecuencia, conforme se expuso en precedencia, aun cuando el demandante es apelante único, procede la revocatoria de la condena de la sentencia de primera instancia al contener una decisión manifiestamente ilegítima y contraria al ordenamiento jurídico.

En conclusión: Se adicionará a la parte motiva de la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación el 27 de abril de 2017, los razonamientos expuestos en precedencia como sustento de la revocatoria que se hiciera en la parte resolutiva de la providencia del reconocimiento de los compensatorios y la reliquidación de las primas de servicios, vacaciones y prima de navidad hecho por el a quo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A

FALLA:

1. Adiciónese la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el día 27 de abril de 2017 con los razonamientos expuestos en esta providencia, como sustento de la revocatoria que se hiciera en la parte resolutiva de los compensatorios y la reliquidación de las primas de servicios, vacaciones y prima de navidad hecho por el a quo.

2. Devuélvase al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de diciembre de 2011, Rad. 25000-23-25-000-2004-00764-02 (AP).

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Bogotá D.C., octubre 27 de 2016, Rad. 25000-23-25-000-2010-00524-01 (2724-12). Actor: Martha Cecilia Candia Hurtado. Demandado: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

16 Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 25 de septiembre de 2013, Rad. 05001-23-31-000-2001-00799-01 (36460), C.P. Enrique Gil Botero.

17 Sección Cuarta, Sentencia del 19 de enero de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2015-02281-01 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

18 Esta posición también se encuentra en las siguientes sentencias de tutela proferidas por la corporación en las que se decidió que en casos como el aquí analizado no se vulnera el principio de la non reformatio in pejus cuando se revoca una decisión ilegal, pese a que el apelante es único. Las sentencias son: Radicado: 03-1511001-000-2017-000057-00. Demandante: Constructora Plermo Ltda. Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera. 4 de mayo de 2017. Radicación: 11001-03-15-000-2017-00421-00. Demandante: Yorjanis Romero Bauwero. Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre. 25 de mayo de 2017. Radicado: 41001-23-33-000- 2017-00161-01 (AC). Demandante: María Nayibe Gutierrez Castro. Demandado: Juzgado séptimo administrativo judicial de Neiva. 4 de octubre de 2017.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 080012331000201100820 01 (1429-2015). Demandante: Orlando Agresot Mendoza. Demandado: Municipio de Soledad, Atlántico. Sentencia del 30 de marzo de 2017.

20 Sentencia del 19 de enero de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2015-02281-01 (AC). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Actor: Francisco Javier Isaza Vélez. Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.

21 Sentencia Corte Constitucional. T-597 de 1995.