Sentencias 2010-00156 de junio 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Rad.: 250002327000201000156 01

Núm. int.: 18661

Demandante: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

Demandado: Bogotá - Distrito Capital

Fallo

Bogotá D.C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala decide la legalidad del artículo 9º del Acuerdo Distrital 398 de 2009, que estableció como sujeto pasivo de la contribución de valorización a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y fijó como factor el de explotación económica “Comerciales y de servicios”.

Para el efecto, la Sala debe determinar si el Concejo Distrital estaba autorizado para señalar como sujeto pasivo del tributo a la demandante, y si podía designar el factor de explotación económica anotado.

Marco jurídico

Partiendo del principio según el cual no hay tributo sin representación, el artículo 338 de la Constitución Política dispone que los órganos de elección popular, tanto del nivel nacional, como del orden territorial pueden establecer contribuciones fiscales y parafiscales, siendo la ley, las ordenanzas y los acuerdos, el medio dispuesto para determinar los elementos esenciales del tributo.

En ese sentido, los artículos 287(1) y 313(2), ibídem, facultaron a los concejos municipales y distritales para administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando la determinación de los mismos corresponda al marco legal dispuesto para tal efecto.

Para el caso del Distrito Capital, el artículo 157 del Decreto 1421 de 1993 autorizó al Concejo Distrital para establecer la contribución de valorización por beneficio local o general, lo que se dio con la expedición del Acuerdo Distrital 180 del 20 de octubre de 2005, respecto de la construcción de las obras del Sistema de Movilidad y del Sistema de Espacio Público, previstas en el anexo 1 del mismo.

En el artículo 11 del acuerdo mencionado se determinaron como unidades prediales excluidas de la contribución de valorización “Los bienes de uso público a que se refiere el artículo 674 del Código Civil”, lo cual es acorde con el artículo 160 del Decreto 1421 de 1993(3), que conservó las exenciones y beneficios tributarios con que cuentan, entre otros, los aeropuertos públicos, que en general son bienes de uso público(4) que benefician a los usuarios del servicio público esencial de transporte aéreo, como lo señalan los artículos 1808 y 1811 del Código de Comercio(5).

En concordancia con lo dicho, el Gobierno Nacional, con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 11 de 1986, y para efectos de codificar las disposiciones constitucionales y legales sobre la organización y funcionamiento de la administración municipal, expidió el Decreto 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal, cuyo artículo 237 dispone:

“Con excepción de los inmuebles contemplados en el concordato celebrado con la Santa Sede, y de los bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil, los demás predios de propiedad pública o particular podrán ser gravados con la contribución de valorización”. (resalta la Sala).

Debe entenderse que la norma transcrita consagra una prohibición de gravar los bienes de uso público y no una exención, en razón a que el artículo 294 de la Constitución Política dispuso que la ley no puede conceder exenciones ni tratamientos preferenciales sobre los tributos de propiedad de las entidades territoriales, pues esta facultad es exclusiva de los municipios, lo que es acorde con el artículo 317 de la Carta, norma que prevé que solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble.

No obstante, el artículo 160 del Decreto 1421 de 1993 que, como se dijo, conservó la prohibición de gravamen para los aeropuertos en el Distrito Capital, fue modificado por el inciso 2º del artículo 134 de la Ley 633 de 2000, que excluyó dicha prohibición a “...los aeropuertos privatizados y/o que operan en concesión (...)”, con lo que, para efectos de determinar si el artículo 9º del Acuerdo Distrital 398 de 2009 es nulo por el hecho de haber designado a la Aeronáutica Civil como sujeto pasivo de la contribución de valorización, cobra relevancia el concepto de “concesión”.

Al respecto, la Sala aclara que en el sub-lite no se abordará el supuesto relativo a la privatización, pues el tema que se discute está dado en función del aeropuerto El Dorado, que es un bien de uso público afecto a un contrato de concesión.

Concesión

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el concepto de “concesión” resulta relevante para determinar si el artículo 9º del Acuerdo 398 de 2009 es nulo por haber designado a la Aeronáutica Civil como sujeto pasivo de la contribución de valorización, pues si bien, la mencionada contribución es un gravamen real que recae sobre la propiedad inmueble, no es menos cierto que la fijación de dicho elemento se da en función del vínculo real que el sujeto pasivo ostenta frente al bien gravado.

Ahora bien, el contrato de concesión surge como desarrollo de los principios de economía y eficiencia que deben orientar a la función administrativa y que suponen que la administración debe adoptar las medidas tendientes a la utilización de la menor cantidad de recursos para el desarrollo de la función pública a su cargo.

En ese contexto, el artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993 definió los contratos de concesión así:

“Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. (resalta la Sala)

Según la norma transcrita, el contrato de concesión es un mecanismo del que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines, pues mediante el concurso de la inversión privada se le encarga a un particular la prestación de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra o de un bien a cargo de aquel, a cambio de una contraprestación de contenido económico.

Se sigue de lo anterior que el beneficio que asiste a las partes del contrato de concesión es diferente, pues mientras que la administración persigue un interés público reflejado en la ejecución de una tarea administrativa a su cargo, el particular encargado de la ejecución de dicha tarea busca una utilidad de contenido económico que, para el caso del aeropuerto El Dorado, se da por la explotación económica que del mismo hace en calidad de tenedor(6).

Esto, además, se observa en la facultad que guarda la entidad concedente para vigilar y controlar las actividades desarrolladas por el concesionario en lo que se refiere a la prestación del servicio o a la forma de construir la obra o de explotar el bien, y en el riesgo que el concesionario asume, respecto de su inversión, para efectos de obtener la consecuente remuneración económica.

Sobre este tema la Corte Constitucional, al referirse a las expresiones “por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente”, del artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993, estableció el interés que asiste a las partes contratantes, así(7):

“La jurisprudencia constitucional ha entendido que el concepto “bajo la vigilancia de la entidad contratante” se refiere a la facultad que conserva la entidad de dar instrucciones en torno a la ejecución del contrato, particularmente sobre cómo se debe prestar el respectivo servicio público, construir la obra o explotar el bien. (...).

De otro lado, sobre el concepto de desarrollo del objeto por el concesionario “bajo su cuenta y riesgo”, la Corte ha señalado que hace referencia a la asunción del riesgo del fracaso o éxito por el concesionario, sin perjuicio del mantenimiento del equilibrio económico del contrato, de conformidad con los principios generales de la contratación estatal http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-300-12.htm - _ftn37 Es por ello que bajo este tipo de transacciones, el contratista asume la mayor parte de la inversión que requiere la ejecución de la concesión, con la expectativa de amortizar la inversión y obtener su remuneración en el plazo del contrato. (resalta la Sala).

En concordancia con lo dicho, es preciso señalar que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil nació como resultado de la fusión ordenada por el artículo 67 del Decreto 2171 de 1992, del Fondo Aeronáutico Nacional y el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, que se encuentra regulada por el Decreto 2724 de 1990, cuyo artículo 1º estableció que se trata de “...una entidad especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”.

Según el artículo 2º del mencionado decreto, le corresponde a la Aerocivil:

“La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta con la aviación de Estado; formulando y desarrollando los planes, estrategias, políticas, normas y procedimientos sobre la materia.

Le corresponde también la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar la infraestructura requerida para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad.

Así mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria del país, y administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad o los de propiedad de la Nación. Igualmente autorizará y vigilará la construcción de aeródromos, actividad ésta que continuarán desarrollando las entidades territoriales, las asociaciones de éstas o el sector privado.

Con ello buscará garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, la utilización segura y adecuada del espacio aéreo, y contribuir al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional. (resalta la Sala).

De lo anterior, se extrae que en el caso del contrato de concesión del aeropuerto El Dorado, la entidad pública concedente no se aprovecha económicamente del bien concesionado, pues el beneficio que recibe se ve reflejado en un interés público relacionado con el cumplimiento de sus fines y no en un beneficio particular, lo que sí ocurre con el concesionario, quien adquiere la calidad de tenedor de dicho bien en virtud del contrato señalado.

Así las cosas, si bien la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil tiene la titularidad del aeropuerto El Dorado, dicha entidad no puede ser sujeto pasivo del tributo, porque la voluntad del legislador, al expedir el inciso 2º del artículo 134 de la Ley 633 de 2000, que excluyó a “...los aeropuertos privatizados y/o que operan en concesión (...)”, no fue la de establecer un condicionante para gravar a la entidad pública encargada de vigilar y controlar el servicio público esencial de transporte aéreo, sino la de gravar al concesionario, que al contar con el corpus del bien concedido y al reconocer el dominio del mismo por parte de un tercero (Aerocivil), acredita la calidad de tenedor en términos del artículo 775 del Código Civil(8).

En este punto conviene mencionar que uno de los motivos que condujo a la expedición de la Ley 633 de 2000(9), fue que:

“...Colombia requiere una reforma tributaria que genere una estructura más simple y eficiente, eliminando la mayor cantidad posible de exenciones y vacíos legales, de tal manera que la base cubra la mayor cantidad de contribuyentes y actividades económicas. (...).

De acuerdo con lo anterior, las medidas pretenden no solo involucrar en el cumplimiento tributario a sectores que hasta el momento no venían participando en la tributación, no obstante el alto volumen de sus ingresos y de sus operaciones comerciales, sino que demandan, igualmente, que se avance en el terreno de lograr capturar en la recaudación aquellos agentes que se encuentran marginados de la tributación, en razón de la naturaleza de sus negocios (...)”.

Por lo mismo, es claro que la voluntad del legislador fue la de gravar a sectores que a pesar de sus ingresos no estaban sometidos a imposición, dentro de los que se encuentran los concesionarios, en razón de las actividades de explotación que ejercen sobre los bienes concedidos.

Bienes de uso público y bienes fiscales

La Sala observa que el inciso segundo del artículo 9º del Acuerdo 398 de 2009, señaló a la Aeronáutica Civil como sujeto pasivo de la contribución de valorización por dos tipos de bienes que hacen parte de la infraestructura del aeropuerto El Dorado: los de uso público y los fiscales que se encuentren concesionados.

En este punto, es preciso diferenciar los bienes de uso público de los bienes fiscales, pues los primeros, por su naturaleza, pertenecen a toda la comunidad, lo cual significa que sobre los mismos no se ejerce un derecho de dominio y su destinación, para el caso de los aeropuertos, corresponde a la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo, al tiempo que los segundos, en estricto sentido, no corresponden a la destinación señalada, ya que pueden ser objeto de cualquier acto jurídico por parte de la entidad pública que ejerce sobre ellos derechos reales y personales en la misma forma que los particulares. Sobre este tema, la Sala precisó(10):

“No obstante, los aeropuertos, en general, son bienes de uso público, que no se encuentran gravados con el impuesto predial, puesto que su uso pertenece a todos los habitantes del territorio (C.C., art. 674). Lo anterior, porque los aeródromos públicos, que son las superficies destinadas a la llegada y salida de aeronaves (C. de Co., art. 1809), son para uso público (art. 1811 ibídem). Además, el transporte aéreo es un servicio público esencial (L. 336/96, art. 68).

Los bienes de uso público son aquellos de propiedad pública, administrados por el sujeto público titular del derecho de dominio para el uso y goce de la comunidad. Tales bienes están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran por fuera del comercio en consideración a la utilidad que prestan en beneficio común, y son inalienables, inembargables e imprescriptibles por disposición constitucional (C.P. art. 63). (...).

Además de los bienes de uso público, existen los fiscales o patrimoniales, que son aquellos que pertenecen a las entidades públicas como si fueran personas de derecho privado; en consecuencia, son objeto de toda clase de actos jurídicos y respecto de los mismos las entidades tienen tanto derechos reales como personales. (...).

Cabe anotar que dentro de los bienes de uso público pueden existir áreas que constituyen bienes fiscales de las entidades públicas. Tal es el caso, en los aeropuertos públicos, de las áreas destinadas al comercio y restaurantes, puesto que no corresponden al servicio público de transporte aéreo, a diferencia de los inmuebles donde se encuentran los hangares, talleres, terminales y muelles”. (resaltado la Sala)

Así las cosas, la infraestructura aeroportuaria que sea considerada como bien de uso público, en razón de su naturaleza jurídica, no puede ser gravada con la contribución de valorización teniendo como sujeto pasivo a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Ahora bien, si dicha infraestructura se encuentre bajo la figura de la concesión, pues en este caso, por ministerio de la ley (L. 633/2000, art. 134, inc. 2º) puede ser gravada en cabeza del tenedor de la misma, esto es, del concesionario, lo que no quiere decir que en virtud de la concesión, la naturaleza o la destinación de los bienes de uso público cambie, pues, conforme con el artículo 63 de la Constitución Política continúa siendo un bien inalienable, imprescriptible e inembargable.

Sobre este tema, la Sala se pronunció diciendo(11):

“Ahora bien, en cuanto a los bienes de uso público se refiere, ni antes ni ahora podían quedar gravados en cabeza de la Nación, los distritos, los municipios y los departamentos o las entidades descentralizadas de esos órdenes.

Por excepción, en la actualidad, el legislador ha decidido gravarlos tanto con el impuesto predial como con la contribución de valorización, pero haciendo sujeto pasible de tales tributos a los terceros que los exploten económicamente.

En consecuencia, la Sala considera que los municipios sí pueden gravar con el impuesto predial los bienes de uso público, pero en las condiciones establecidas en las leyes que a la fecha se han expedido en ese sentido.

Así, por ejemplo, el Distrito Capital, en el artículo 160 del Decreto 1421 de 1993 dispuso que continuarían vigentes las exenciones y tratamientos preferenciales aplicables a los aeropuertos. Pero, posteriormente, el inciso segundo del artículo 134 de la Ley 633 de 2000 excluyó de esa exención y tratamiento preferencial a los aeropuertos privatizados y/o que operen en concesión”. (resaltado la Sala).

No obstante, conviene mencionar que con posterioridad a la publicación de artículo 9º del Acuerdo Distrital 398 del 26 de agosto de 2009 (norma acusada en nulidad), se expidió la Ley 1430 de 2010, cuyo artículo 54 estableció que los sujetos pasivos de los tributos municipales y departamentales son “...las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se realice el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. En materia de impuesto predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión. (...)”. (resalta la Sala).

De otra parte, la Sala advierte que la Aeronáutica Civil sí puede ser sujeto pasivo de la contribución de valorización con respecto a los bienes fiscales (áreas de comercio, restaurantes etc.), a menos que los mismos sean objeto de la concesión, ya que, en tal evento, el sujeto pasivo del gravamen, por disposición de la Ley 633 de 2000, sería el tenedor de los mismos (concesionario).

De las razones expuestas la Sala concluye: i) Que la Aerocivil sí puede ser sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto de los bienes fiscales que forman parte de la infraestructura aeroportuaria siempre que no estén dados en concesión; ii) Que si los bienes fiscales están dados en concesión, los sujetos pasivos de la contribución son los tenedores de los mismos; iii) Que la Aerocivil no es sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto de los bienes que forman parte de la infraestructura aeroportuaria que sean de uso público y iv) Que si dichos bienes de uso público están dados en concesión pueden ser gravados, en cuyo caso, los sujetos pasivos de la contribución son los tenedores de los mismos en virtud de la concesión.

Por lo tanto, la interpretación teleológica del inciso 2º del artículo 134 de la Ley 633 de 2000, que excluyó a los aeropuertos concesionados o privatizados de la prohibición de gravamen señalada, debe partir de la naturaleza y efectos de la concesión o de la privatización de los aeropuertos, figuras en las que los bienes inmuebles que se encontraban bajo la administración directa del Estado, pasan a manos de un particular (tenedor) bajo la supervisión de aquél.

En esos términos, se crea una situación jurídica en cabeza del concesionario que va a obtener una retribución económica por el aprovechamiento de los bienes objeto de la concesión, lo que es coherente con el hecho generador de la contribución de valorización.

Vínculo entre el hecho generador y el sujeto pasivo de la contribución

El artículo 1º del Acuerdo Distrital 7 de 1987 precisó que la contribución de valorización es “...un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, sujeta a registro destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las obras”.

De la disposición anotada se evidencia que el hecho imponible de la contribución de valorización lo constituye el beneficio a los predios afectados con la ejecución de las obras, tema que fue tratado por la Corte Constitucional, al señalar(12):

“El hecho generador. La Corte considera que uno de los ejemplos donde se refleja con mayor precisión el hecho generador de la obligación tributaria es, precisamente, el de la contribución de valorización. Una simple lectura del artículo 1º del Decreto 1604 de 1966 demuestra que la norma define claramente los supuestos fácticos a partir de los cuales es posible exigir el pago de la obligación: la construcción de obras de interés público que lleve a cabo la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios, a condición de que reporten un beneficio a la propiedad inmueble”. (resalta la Sala)

En concordancia con lo dicho y partiendo de la coherencia y complementariedad que deben observar los elementos esenciales del tributo, la Sala advierte que el hecho generador de la contribución de valorización, esto es, el beneficio, que por demás indica la capacidad contributiva del inmueble afectado por el tributo(13), no puede ser ajeno a la relación existente entre el bien gravado y el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

En efecto, el inciso 2º del artículo 134 de la Ley 633 de 2000 excluyó a los aeropuertos de la prohibición de gravamen bajo el supuesto de que estos se encontraran privatizados o bajo la figura de la concesión, por lo que el sujeto pasivo de la contribución debe ser quien se lucra con el beneficio que recibe el aeropuerto por la ejecución de las obras, materializando así la capacidad contributiva del contribuyente, pues tal circunstancia es un indicativo de riqueza actual o potencial que no se predica del ejercicio de una función pública en cabeza de la Aeronáutica Civil.

Así, la capacidad contributiva del inmueble no se predica de la Aerocivil, quien, al entregar el aeropuerto El Dorado en concesión, persigue el beneficio de la comunidad en general.

Por lo tanto, para la Sala, la determinación de la Aerocivil como sujeto pasivo de la contribución de valorización desnaturaliza el vínculo entre el inmueble gravado y el sujeto pasivo del tributo, que, como se dijo, debe ser aquella persona que en virtud de la concesión o de la privatización recibe un beneficio por la realización de las obras, circunstancia afín con el artículo 121 del Decreto Distrital 807 de 1993, según el cual “Para efectos del pago de los Impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos, son responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial”.

En suma, en el sub lite, lo que el legislador buscó al expedir el inciso 2º del artículo 134 de la Ley 633 de 2000, además de permitir la imposición del gravamen a los aeropuertos concesionados o privatizados, fue autorizar a los concejos municipales y distritales para determinar como sujeto pasivo de la contribución de valorización al concesionario que es el tenedor del inmueble y no a la entidad pública concedente.

Finalmente, en lo que respecta al factor económico de “Comerciales y de servicios” previsto por la norma demandada, la Sala considera que el Concejo Distrital deberá atender las circunstancias anotadas sobre el contrato de concesión y la naturaleza de los bienes que hacen parte de la infraestructura del aeropuerto El Dorado, para efectos de su posterior reglamentación.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia del 18 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda y, en su lugar, anulará el artículo 9º del Acuerdo 398 del 26 de agosto de 2009.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 18 de noviembre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de apelación. En su lugar,

DECLÁRASE la nulidad del artículo 9º del Acuerdo Distrital 398 del 26 de agosto de 2009 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 180 de 2005 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Concejo de Bogotá D.C.

RECONÓCESE personería a Benjamín Estrella Aguilar como apoderado de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(1) C.P. ART. 287.—“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (…) 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

(2) C.P. ART. 313.—“Corresponde a los concejos: (…) 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales”.

(3) Decreto 1421 de 1993 ART. 160.—“Continuarán vigentes, incluso a partir de dicha fecha, las exenciones y tratamientos preferenciales aplicables a las siguientes entidades nacionales: universidades públicas, colegios, museos, hospitales pertenecientes a los organismos y entidades nacionales y el Instituto de Cancerología. Igualmente continuarán vigentes las exenciones y tratamientos preferenciales aplicables a los aeropuertos, las instalaciones militares y de policía, los inmuebles utilizados por la Rama Judicial y los predios del Inurbe destinados a la construcción de vivienda de interés social”.

(4) Código Civil ART. 674.—“Bienes públicos y de uso público. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.

(5) Código de Comercio “ART. 1808.—La infraestructura aeronáutica es el Conjunto de instalaciones y servicios destinados a facilitar y hacer posible la navegación aérea, tales como aeródromos, señalamientos, iluminación, ayudas a la navegación, informaciones aeronáuticas, telecomunicaciones, meteorología, aprovisionamiento y reparación de aeronaves. (…).

ART. 1811.—Son aeródromos públicos los que, aún siendo de propiedad privada, están destinados al uso público; los demás son privados. Se presumen públicos los que sean utilizados para la operación de aeronaves destinadas a prestar servicios remunerados a personas distintas del propietario”.

(6) Según el Reglamento Aeronáutico de Colombia, se entiende por aeropuerto concesionado, “Todo aeropuerto internacional o nacional, abierto a la operación pública, entregado a particulares, entidades departamentales, municipales o asociaciones de las anteriores bajo el sistema de concesión u otro sistema que permite la administración, explotación económica y comercial del mismo”.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-300 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(8) C.C. “ART. 775.—Mera tenencia. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno”.

(9) Gaceta del Congreso año IX-Nº 372 del lunes 18 de septiembre de 2000, páginas 22 y 24.

(10) Consejo de Estado Sección Cuarta, sentencia del 19 de abril de 2007, expediente 14226, consejero ponente Héctor J. Romero Díaz.

(11) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 24 de octubre de 2013, expediente 18394, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(13) La Corte Constitucional, en la Sentencia C-987 de 1999, con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, al referirse al hecho generador indicó que “…este concepto hace referencia a la situación de hecho, que es indicadora de una capacidad contributiva, y que la ley establece de manera abstracta como situación susceptible de generar la obligación tributaria”.