Sentencia 2010-00159 de agosto 28 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000-23-27-000-2010-00159-01 (20002)

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Consejero ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Demandante: Empresa Colombiana de Gas – Ecogas

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Temas: Competencia del superior. Contribución especial Ley 142 de 1994. Base gravable. Gastos de funcionamiento asociados al servicio público domiciliario. Grupo 53 – provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones.

Bogotá D.C., veintiocho de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico – Competencia del superior.

1.1. La sección advierte que el problema jurídico principal planteado en la demanda y debatido en la contestación giraba en torno a establecer si, a partir del 2 de marzo de 2007, la empresa Ecogas era sujeto pasivo de la contribución especial consagrada en la Ley 142 de 1994, habida cuenta del contrato de enajenación de activos y cesión de derechos y contratos celebrado con TGI SA ESP.

El Tribunal no se refirió a este punto. Centró su análisis en las cuentas contables que debían hacer parte de la base gravable de la contribución especial, que fue una cuestión subsidiaria de aquella, según se refiere en el numeral 3.2, precedente.

1.2. Como la sociedad demandante no apeló la decisión del Tribunal y el recurso de la Superintendencia se limitó únicamente a discutir la exclusión del grupo 53 – provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, en los estrictos términos de dicho recurso, le corresponde a la sección determinar si las cuentas pertenecientes al grupo 53 deben ser incluidas en la base gravable para efectos de liquidar la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de Ecogas SA ESP, por el año gravable 2008.

Así mismo, le corresponde determinar los efectos pecuniarios de la prosperidad de la objeción por error grave del dictamen pericial rendido en el proceso.

1.3. Recuérdese que en virtud de lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, vigente al momento de interponerse el recurso de apelación, la competencia del superior encuentra límite en el recurso, pues “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

En ese sentido, mal haría la sección en modificar el problema jurídico en el que el Tribunal centró su análisis, toda vez que la parte perjudicada estuvo de acuerdo en su planteamiento en tanto no formuló cargo alguno en su contra en el respectivo recurso.

1.4. Es el recurso de apelación el medio procesal por el que se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo que le corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el Juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia.

La exigencia legal de que el recurso de apelación deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierto y, por ende, la ejecutoria de la providencia que se recurre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.

En ese sentido, la competencia del ad quem, se reitera, está delimitada por las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen en el recurso, por lo que, en principio, los demás aspectos que no fueron los planteados por el apelante deben ser excluidos del debate en segunda instancia(2).

2. contribución especial consagrada en la Ley 142 de 1994 a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 85 dispone un mecanismo de recuperación de los costos de los servicios de control y vigilancia prestados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de financiar su funcionamiento.

La recuperación de dichos costos, en virtud del artículo 85 ibídem, se realiza por medio del recaudo de una contribución especial por parte de la Superintendencia y a cargo de las entidades vigiladas.

Contribución especial que se liquida anualmente sobre la base de los gastos de funcionamiento de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, asociados al servicio vigilado, del año inmediatamente anterior, a una tarifa entre 0.1 y 1 %, que es determinada anualmente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.4(3) de la Ley 142 de 1994.

De los elementos de la contribución especial, es relevante para el debate que nos ocupa, el de la base gravable que, como se indicó, está conformada por los gastos de funcionamiento asociados al servicio público domiciliario objeto de vigilancia y control por la Superintendencia, razón por la cual se pasará a analizar qué se entiende por dicho concepto.

3. Base gravable de la contribución especial: gastos de funcionamiento asociados al servicio vigilado. Reiteración jurisprudencial. Efectos de la sentencia de nulidad.

3.1. Aunque el Diccionario de términos contables contenido en el plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos Domiciliarios define los “gastos de funcionamiento” como “erogaciones que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución Política y la ley”, este concepto resulta amplio e impreciso para efectos de determinar la base gravable de la contribución especial.

Por tal razón, la sección Cuarta de esta corporación, ante la ausencia de una descripción legal concreta, ha definido en sus providencias el concepto de “gastos de funcionamiento”.

Así, en sentencia del 9 de noviembre de 2001, expediente 11790, Consejera Ponente: María Inés Ortiz Barbosa, al decidir sobre la legalidad del artículo 5º de la Resolución 25 de 1998 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se definieron los “gastos de funcionamiento”, como “aquellos flujos de salida de recursos que generan disminuciones del patrimonio realizados para ejecutar o cumplir las funciones propias de su actividad, lo que en términos técnico contables simbolizan los gastos operacionales u ordinarios, es decir los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico”.

En el mismo sentido se encuentra la definición dada en la sentencia del 17 de abril de 2008, expediente 15771, consejera ponente: María Inés Ortiz Barbosa, en la cual, al decidir una demanda contra apartes de la Resolución SSPD 001350 del 5 de mayo de 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en lo concerniente a la base para liquidar la contribución del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, expresó lo siguiente:

“Cuando el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 señala que la base para liquidar la contribución es el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, no se refiere solamente a aquellos gastos que están directamente dirigidos al desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, pues estos son los gastos de operación definidos así, por el sistema nacional de contabilidad pública, sino a los gastos que aunque no estén directamente relacionados con la prestación del servicio u operación básica, si le son concernientes”. (resalta la Sala)

3.2. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el Plan de Contabilidad para prestadores de servicios públicos domiciliarios, adoptado mediante Resolución 20051300033635 de 2005, entendió por gastos de funcionamiento los que “corresponden a los contabilizados en las cuentas de la clase 5 – gastos, con las adiciones de las cuentas del grupo 75 – costos de producción, y las exclusiones que se hagan en los respectivos actos administrativos que expida la autoridad competente en cada caso”.

Dentro de la clase 5 – gastos, que es la que interesa para el caso concreto, se clasifican los grupos y sus respectivas cuentas, de la siguiente manera:

- grupo 51. Administración

- 5101 Sueldos y salarios

- 5102 Contribuciones imputadas

- 5103 Contribuciones efectivas

- 5104 Aportes sobre la nómina

- 5111 Generales

- 5120 Impuestos, contribuciones y tasas

- grupo 53. Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones

- 5302 Provisión para protección de inversiones

- 5304 Provisión para deudores

- 5306 Provisión para protección de inventarios

- 5307 Provisión para protección de propiedades, planta y equipo

- 5309 Provisión para responsabilidades

- 5311 Provisión bienes de arte y cultura

- 5312 Provisión para bienes y derechos en investigación administrativa

- 5313 Provisión para obligaciones fiscales

- 5314 Provisión para contingencias

- 5317 provisiones diversas

- 5330 Depreciación de propiedades, planta y equipo

- 5331 Depreciación de bienes adquiridos en “leasing financiero”

- 5340 Amortización de propiedades, planta y equipo

- 5344 Amortización de bienes entregados a terceros

- 5345 Amortización de intangibles

- grupo 58. Otros gastos

- 5801 Intereses

- 5802 Comisiones

- 5803 Ajuste por diferencia en cambio

- 5805 Financieros

- 5806 Pérdida por el método de la participación patrimonial

- 5810 Extraordinarios

- 5815 Ajuste de ejercicios anteriores

- 5899 gastos asignados a costos de producción y/o a servicios

- grupo 59. Cierre de ingresos, gastos y costos

- 5905 Cierre de ingresos, gastos y costos

3.3. Sin embargo, como lo expuso el a-quo, esta sección, en la sentencia del 23 de septiembre de 2010(4), anuló el inciso 6º de la descripción de la clase 5 – gastos, contenida en el plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, que, precisamente, equiparaba el concepto de “gastos de funcionamiento”, a todos los grupos y las cuentas contenidas en la clase 5 - gastos.

Dicha nulidad fue decretada en vista de que no todo gasto puede ser considerado como de funcionamiento para efectos de establecer la base gravable de la contribución especial.

Se dijo en aquella oportunidad:

“Para la Sala es evidente que no corresponden a la definición que la jurisprudencia de esta sección ha desarrollado de gastos de funcionamiento, las erogaciones incluidas en el grupo 53 referidas a provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, porque no representan salidas de recursos para lograr el funcionamiento de la entidad.

En similar sentido, incluir como base gravable de la contribución, conceptos como provisiones para inversiones, deudores, inventarios, para responsabilidades, obligaciones fiscales, contingencias o tener en cuenta las depreciaciones de propiedades, planta y equipo, para bienes adquiridos en leasing y las amortizaciones de bienes entregados a terceros, entre otros, tampoco encajan en el concepto de ‘funcionamiento’ y más bien pertenecen a la órbita de los ‘gastos teóricos’ de obligatoria utilización en la práctica contable para registrar hechos económicos que no representan un flujo de salida de recursos.

En el aparte demandado se señala igualmente que para liquidar las contribuciones deberá tenerse en cuenta ‘las adiciones de las cuentas del grupo 75 – costos de producción’. Para la Sala este grupo de cuentas tampoco debe integrar la base de las contribuciones a que se refiere la Ley 142 de 1994 por lo siguiente:

Según el numeral 4.2.8.4.3 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, los costos ‘representan erogaciones y cargos asociados, clara y directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos’ y en cuanto a los costos de producción dice que ‘comprenden las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la producción, la prestación de servicios de los cuales el ente prestador de servicios públicos domiciliarios obtiene sus ingresos, en desarrollo de su función u objeto social’.

De lo anterior se tiene que si bien los costos de producción comprenden las erogaciones asociadas clara y directamente con la producción o la prestación de servicios de los cuales el ente prestador obtiene sus ingresos, lo que los haría, en principio, integrantes de la base gravable, al realizar una interpretación gramatical y conforme al sentido técnico de las palabras a voces de los artículos 27 a 29 del Código Civil, la noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada.

Al analizar el contenido del grupo 75 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos, se encuentra que al igual que la clase 5 – gastos, el catálogo contiene cuentas que no corresponden a la definición jurisprudencial de gastos de funcionamiento, criterio previsto por el legislador como base gravable de la contribución a cargo de los entes prestadores de servicios públicos y comisiones de regulación, ya que algunos de estos rubros no representan erogaciones efectivas de recursos, que es el parámetro adoptado para determinar la base gravable del tributo previsto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

La noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas(5) o pagadas durante el período contable que estén relacionadas con la prestación de los servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no hagan parte de tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como, servicios de la deuda e inversión.  

Lo anterior demuestra que no pueden tenerse en cuenta para la base gravable la totalidad de los gastos mencionados en las cuentas de la clase 5 – gastos o del grupo 75 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, porque, se insiste, el legislador solamente se refirió a los de funcionamiento, cuyo alcance ha sido dilucidado por la jurisprudencia reseñada y sin que sea procedente extenderlos a otros gastos que no tengan una relación necesaria e inescindible con los servicios que prestan, pues los elementos que conforman la base gravable están limitados.

De la lectura del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, antes trascrito, es claro que la intención del legislador fue la de limitar la base gravable de la contribución especial a los gastos de funcionamiento, lo que excluye la posibilidad de entender que se refería a todo lo que involucra el concepto general de ‘gastos’ del plan de contabilidad, pues, de lo contrario, como lo afirma el demandante, no tendría ningún sentido que el legislador hiciera esa precisión.

Determinar la base sobre la totalidad de los gastos administrativos, de comercialización, investigación y financiación que son los grupos que conforman los gastos según el numeral 4.2.8.4.2 de la resolución demandada, o a las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones según las descripciones de la clase 5 – gastos, amplía lo previsto en el numeral 85.2 de la Ley 142 de 1994, ya que involucra gastos no contemplados en la norma reglamentada. Si bien en el numeral 85.1 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 se mencionan como parámetros los gastos de funcionamiento, la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, estos son para establecer los costos de los servicios prestados por los entes de control y vigilancia, pero para el cálculo propiamente de las contribuciones especiales, solamente se refiere a los gastos de funcionamiento.

En tales condiciones, para la Sala, le asiste razón al actor al considerar que lo previsto en el inciso 6º de la descripción de la clase 5 – gastos y en las cuentas del grupo 75 de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo dispuesto en el artículo 85 numeral 85.2 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, pues los gastos de funcionamiento sólo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible(6) con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal.

Por todo lo anterior, el aparte demandado de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo señalado en el artículo 85.1 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base gravable de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las comisiones de regulación, todas las cuentas de la clase 5 – gastos, así como las cuentas del grupo 75 – costos de producción, pues, como se explicó, no todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador.” (Resaltados fuera de texto).

3.4. Para la Sala es claro que los efectos de la sentencia de nulidad del 23 de septiembre de 2010 (Exp. 16874), que anuló el inciso 6º de la descripción de la clase 5 – gastos, del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, adoptado mediante la Resolución 20051300033635 de 2005, afectan la situación que se estudia en esta sentencia, que se encontraba sub judice y, por lo mismo, no podía considerarse como consolidada o definida.

En el caso concreto, el efecto es inmediato y, por lo tanto, no es viable acudir a la definición de “gastos de funcionamiento” contenida en el plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios. Y eso es así porque la declaratoria de nulidad de un acto de carácter general supone afectar situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas que se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa al momento de proferirse el fallo(7).

Así lo reconoció también la Corte Constitucional en la Sentencia T-389 de 2009, Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.

3.5. Según la tesis sentada por esta sección en la mencionada sentencia de nulidad, la cual ha sido reiterada de manera uniforme en años posteriores(8), se concluye que los gastos contenidos en todas las cuentas pertenecientes al grupo 53 – provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (5304 – provisión para deudores, 5313 – provisión para obligaciones fiscales, 5330 – depreciación de propiedades, planta y equipo, 5331 –depreciación de bienes adquiridos en leasing financiero y, 5345 – amortización de intangibles), no son gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación conforme lo dispone el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 y, por tanto, no deben ser incluidas en el cálculo de la base gravable de la contribución.

Y eso es así porque, de acuerdo con el plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, las cuentas pertenecientes al grupo 53 – provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, reflejan el valor causado por el uso, consumo o pérdida de capacidad operacional de los bienes y, por ende, no están relacionadas con la prestación misma del servicio regulado, ni le son concernientes.

Recuérdese que los “gastos de funcionamiento”, se refieren a “la salida de recursos que de manera directa o indirecta se utilizan para ejecutar o cumplir las funciones propias de la actividad, que son equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios, es decir los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico o, lo que es lo mismo, los gastos asociados al servicio sometido a regulación, de manera que deberán excluirse aquellas erogaciones que no estén relacionadas con la prestación del servicio público domiciliario”(9).

4. Análisis del caso concreto.

4.1. De conformidad con las premisas sentadas en los apartes anteriores, la sección confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, toda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al liquidar la contribución especial a cargo de Ecogas por el año gravable 2008, se excedió en su facultad impositiva ya que tomó como base gravable gastos que no están asociados al servicio sometido a regulación, en los términos del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

No obstante, dado que mediante el artículo 2º de la Resolución SSPD-20081300016515 del 9 de junio de 2008, fundamento de los actos demandados (fl. 31-36), la Superintendencia dispuso que, para efectos de liquidar la contribución especial por el año 2008, se entenderían “por gastos de funcionamiento los descritos en el anexo 1 página 495 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005”, se procederá a adicionar la sentencia y, por ende, se declarará la excepción de ilegalidad de dicho artículo, ya que la definición de dichos gastos que trae el plan de contabilidad fue declarada nula por esta corporación en tanto no se ajusta al criterio establecido por el legislador en la Ley 142 de 1994(10).

4.2. La Sala observa, además, que en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia el Tribunal incurrió en un error de digitación, toda vez que se identificó a la sociedad demandante como Geogas SA, cuando su nombre es Empresa Colombiana de Gas – Ecogas, por lo que se precisará este aspecto en la parte resolutiva de la presente providencia.

5. De la solicitud de complementación de la sentencia de primera instancia

5.1. En el recurso de apelación, la Superintendencia, con fundamento en el inciso 4º del artículo 246 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se complemente la sentencia de primera instancia, en el sentido de que “se resuelva sobre los efectos pecuniarios de la prosperidad de la objeción por error grave, incoada contra el dictamen pericial”.

5.2. Para la sección, dada la reiterada jurisprudencia sobre el tema(11), no es claro que exista objeción por error grave en el caso concreto. Pero, como dicho aspecto no fue objeto de los recursos de apelación, no le es dable a la Sala estudiar el tema y decidirlo en la sentencia de segunda instancia.

5.3. En caso de que se considere que la objeción sí debía prosperar, como lo sostuvo el Tribunal en la parte motiva de su sentencia (numeral 7.2), lo indicado era que no se entregara al perito los honorarios fijados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, como el Tribunal mediante auto del 8 de febrero de 2013 (fl. 550-551) ordenó la entrega de los honorarios al perito, a pesar de considerar próspera la objeción, era carga de la Superintendencia recurrir dicha decisión, que no es parte propiamente de la sentencia, sino de otro tipo de decisión no apelable (CCA, art. 180).

5.4. Ni la devolución de los honorarios del perito y, mucho menos, la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y la imposición de multas, son asuntos que deban debatirse en el trámite del recurso de apelación de la sentencia, pues nada tienen que ver con la litis propuesta en la demanda y la contestación.

Tal como lo dispone el artículo 9º, numeral 4º y parágrafo 1º del Código de Procedimiento Civil, dicho asunto debe resolverse mediante incidente, “el cual se iniciará de oficio o petición de parte dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del hecho que origina la exclusión o de su comportamiento”, para lo que el perito podrá excusar su falta justificando su incumplimiento.

En ese orden de ideas, no se accederá a la solicitud de complementación de la sentencia, ya que el asunto puesto de presente por la Superintendencia contaba con mecanismos procesales diferentes para su definición, ya mediante recurso contra el auto que ordenó el pago de los honorarios ora por la vía incidental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, se CONFIRMA la providencia del 13 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta, Subsección B, en cuanto declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, con la precisión de que la parte demandante es la Empresa Colombiana de Gas – Ecogas.

2. Se ADICIONA la sentencia de la referencia y, en consecuencia, se declara la EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD del artículo 2º de la Resolución SSPD-20081300016515 del 9 de junio de 2008 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

3. Se NIEGA la solicitud de complementación de la sentencia de primera instancia en cuanto a los efectos pecuniarios de la prosperidad de la objeción por error grave del dictamen pericial.

4. Se RECONOCE personería para actuar a la abogada María Piedad Mier Cantillo, como apoderada judicial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los términos del poder conferido, que obra a folio 27 del cuaderno 6.

5. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha»

(2) Cfr. Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Radicación número: 25000-23-26-000-1996-02533-01(18894), Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

(3) “Artículo 79. Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones especiales de ésta las siguientes: (...) 79.4. Definir por vía general las tarifas de las contribuciones a las que se refiere el artículo 85 de esta Ley; liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda...”

(4) Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 16874

(5) Nota de la cita jurisprudencial. El numeral 4.2.7.2 de la Resolución 20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contenido dentro de las normas técnicas generales establece la “contabilidad de causación o por acumulación” según el cual “los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reconocer en el período en el cual se realizan los hechos financieros y económicos, y no cuando se pague o se reciba el efectivo o su equivalencia”.

(6) Nota de la cita jurisprudencial. Bajo este criterio la Sala, en sentencias del 17 de abril de 2008, Exp. 15771, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y del 4 de febrero de 2010, Exp. 17206, M.P. Dr. William Giraldo Giraldo, ha analizado si los gastos de pensiones, como gastos de funcionamiento, son inherentes al servicio prestado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios obligada al pago de la contribución especial y ha señalado que “aunque el gasto de pensiones no tenga una relación directa con el cometido estatal de prestación del servicio público, si sirve de apoyo para el cumplimiento de la misión y por tal razón es un gasto de funcionamiento”.

(7) Ver entre otras sentencias de la sección Cuarta del Consejo de Estado las siguientes: sentencia de 23 de julio de 2009. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expediente: 76001-23-31-000-2002-00452-01(16404); sentencia de 24 de julio de 2008. C.P. Ligia López Díaz. Expediente: 05001-23-31-000-2001-03911-01(16859); sentencia de 8 de noviembre de 2007. C.P. Ligia López Díaz. Expediente: 05001-23-31-000-2001-03477-01(16284).

(8) Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: 13 de junio de 2013, Expediente 18828, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); 20 de junio de 2013, Expediente 18930, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); 3 de julio de 2013, Expediente 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); 26 de febrero de 2014, Radicación: 25006-23-27-000-2008-00174-01 (19155), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y; 10 de abril de 2014, Radicación: 25000-23-27-000-2009-00068-01 (19054),.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(9) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de septiembre de 2010. Expediente 16874. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(10) En igual sentido se decidió la controversia planteada por la sociedad Termobarranquilla S.A ESP – TEBSA contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el proceso con radicado 25000-23-27-000- 2009-00068-01 (19054), sentencia del 10 de abril de 2014.

(11) Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 2011, expediente 15550, Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 5 de mayo de 1973, Radicación 1270, Consejero ponente: Carlos Portocarrero Mutis.