Sentencia 2010-00160 de marzo 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 85001-23-31-2010-00160-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Actor: B.P. Exploration Company (Colombia) Limited

Demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia

Bogotá, veinticuatro de marzo de dos mil once

EXTRACTOS: «Consideraciones

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que así se autoriza.

La procedencia de la acción de tutela, por mandato constitucional (C.P. art. 86 [4]), está condicionada, entre otras exigencias, a que no se disponga de otro medio de defensa judicial, es decir, se trata de una acción subsidiaria, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otros términos, en virtud del carácter residual, la tutela no puede ser utilizada para reemplazar otras acciones, procedimientos o trámites establecidos para la defensa de los derechos ni siquiera con la excusa de que estos son demasiado engorrosos o demorados. Si esto no fuera así, desaparecerían todas las acciones judiciales y la de tutela se tornaría en el único medio para controvertir cualquier diferencia.

Por otro lado, esta acción debe dirigirse contra omisiones o actos concretos que estén actualmente ocasionando perturbación de un derecho fundamental, o este sea inminente. Si la violación o su amenaza es causada por un acto general, las acciones procedentes son las de ilegalidad o inconstitucionalidad, o la vía exceptiva. Coherentemente, de acuerdo con el artículo 6º [5] del Decreto 2591 de 1991, no es viable recurrir a la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general, pues para ello están previstas las acciones contencioso administrativas.

1. Problema jurídico.

Con el fin de establecer la posible vulneración al derecho al debido proceso de la actora, la Sala debe precisar si el acto mediante el cual Corporinoquia decidió las excepciones que presentó la tutelante contra el mandamiento de pago del 29 de julio de 2010 fue debidamente notificado. Corresponde hacer el mismo estudio con el acto que desestimó la petición de levantamiento de las medidas cautelares que presentó la actora.

Así mismo, es necesario analizar si la negativa de la accionada a levantar las medidas cautelares fue consecuente con las normas aplicables a la materia o, si por el contrario, fue producto del capricho del funcionario ejecutor. Y, si con ocasión de la práctica de las medidas cautelares la accionada excedió las facultades que tiene sobre los bienes embargados a la actora.

2. Lo que está probado en la actuación.

2.1. Por Auto 400081-57-10-138 del 29 de julio de 2010 el funcionario ejecutor de Corporinoquia libró mandamiento de pago contra la actora por $ 16.500´594.250. Esta decisión tuvo fundamento en la Resolución 200.41.10.0830 del 25 de junio de 2010 de la accionada, confirmada por Resolución 200.41.10-1039 del mismo año, en virtud del procedimiento administrativo para la determinación del monto de la obligación que tiene BP Exploration con la accionada por la transferencia al sector eléctrico por la autogeneración de energía, de conformidad con los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 1994.

2.2. Con el mandamiento de pago se decretaron las siguientes medidas cautelares: embargo de los dineros de las cuentas bancarias de la tutelante hasta por veinte mil millones de pesos, constitución de “depósito judicial” a favor de la ejecutante con esos dineros y oficio al Registrador de Instrumentos Públicos de Yopal para si es del caso embargar los inmuebles de propiedad de la actora (fl. 33).

2.3. Mediante escrito del 20 de agosto de 2010 la accionante presentó excepciones contra el mandamiento de pago (fl. 37).

2.4. Por Resolución 4000081.41.10-236 del 24 de agosto de 2010 Corporinoquia desestimó las excepciones propuestas por BP Exploration. Esta decisión se notificó por estado fijado por un día en la secretaría del funcionario ejecutor, lo cual sucedió el 26 del mismo mes (fls. 43 y 52).

2.5. El 21 de octubre de 2010 la actora formuló recurso de reposición contra el acto del 24 de agosto. En la impugnación BP Exploration adujo que se notificaba por conducta concluyente del acto controvertido, porque la notificación por estado no se avino al artículo 565 del estatuto tributario (fl. 53). Corporinoquia no informó que el recurso en comentario ya tenga decisión.

2.6. Por Resolución 4000081.57.10-187 del 15 de septiembre de 2010 el funcionario ejecutor de Corporinoquia negó la solicitud de levantamiento de mediadas cautelares que presentó la actora, a la que adjuntó caución por veinte mil millones de pesos de la Aseguradora Confianza S.A., porque los embargos decretados eran suficientes para garantizar el valor de la obligación ejecutada (fl. 61). Esta decisión fue notificada por estado (fl. 63).

2.7. Contra la anterior decisión la accionante formuló recurso de reposición y subsidiario de apelación el 21 de octubre de 2010. Corporinoquia no informó que exista decisión sobre esos recursos (fl. 64).

2.8. Mediante Resolución 200.15.07-125 del 15 de febrero de 2007 Corporinoquia expidió el reglamento interno de recaudo de cartera (fls. 147 a 222).

2.9. Según certificación de la secretaría general del Tribunal Administrativo de Casanare el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2010-00104-00 [mediante el cual la actora controvierte el acto de determinación de la transferencia luego de los fallos de nulidad y restablecimiento del derecho 2003-0372 y 0373] fue admitido por auto del 27 de octubre de 2010, en este también se negó la petición de suspensión provisional. Al momento de la certificación la demanda del proceso 2010-00104-00 no había sido notificada a Corporinoquia y estaba pendiente de resolver una solicitud de adición del auto del 27 de octubre (fl. 233).

3. Procedencia de la acción de tutela y solución del caso.

La accionante pidió que se dejara sin efecto la Resolución 4000081-41-10-236, del 24 de agosto de 2010, por medio de la cual Corporinoquia decidió las excepciones que propuso contra el mandamiento de pago 400081-57-10-138 del 29 de julio de 2010 en el proceso de cobro coactivo 400.08.1.10-108. Como fundamento de esta petición indicó que la resolución fue notificada por estado y no mediante los mecanismos establecidos en el artículo 565 del estatuto tributario(1).

Con el mismo fundamento, deprecó igual decisión respecto del Auto 400 081 - 57 - 10 - 187 del 15 de septiembre de 2010, por medio del cual la accionada negó el levantamiento de las medidas cautelares. A lo que agregó que el funcionario ejecutor desconoció el mandato del artículo 837-1 del estatuto tributario, pues, a pesar de que en su condición de ejecutada ofreció caución equivalente al valor del embargo decretado en el proceso de cobro coactivo, aquel la desestimó sin ningún fundamento jurídico Además, el dinero embragado de su cuenta bancaria no permaneció congelado en esta sino que fue trasladado a un depósito judicial constituido a favor de Corporinoquia(2).

Con el fin de abordar el estudio de estas peticiones se harán las siguientes precisiones:

3.1. Como se advirtió, la acción de tutela no procede como medio supletorio de otros instrumentos de defensa judicial. No es posible que el interesado elija, según su criterio, entre la tutela y el medio de defensa previsto por la ley, porque siempre prevalece este(3) .

La excepción a esta regla es que el mecanismo de defensa judicial ordinario no resulte idóneo y eficaz, esto es, adecuado y contundente(4). Por tanto, el juez debe verificar, en cada caso, si la acción ordinaria es suficiente para salvaguardar los derechos que se alegan vulnerados o amenazados. Por supuesto, no es posible eludir las acciones ordinarias con el pretexto de que estas resultan engorrosas o demoradas. Si esto no fuera así, desaparecerían todas las acciones judiciales y la de tutela se tornaría en el único medio para decidir cualquier controversia.

3.2. De entrada la Sala advierte que, en principio, no es posible dejar sin efecto la Resolución 4000081-41-10-236 del 24 de agosto de 2010 [que resuelve las excepciones contra el mandamiento de pago], porque, de conformidad con el artículo 835 del estatuto tributario, su control es potestad exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por conducto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo que sí puede hacer el juez de tutela es verificar la vulneración del derecho al debido proceso de la actora, en razón del medio del cual se valió Corporinoquia para notificar el acto en comentario(5).

Ello obedece a que la tutela no es el medio idóneo, por regla general, para estudiar si la administración en su procedimiento respetó las normas que regulan su actividad, verbigracia el procedimiento de cobro coactivo que la entidad accionada adelanta contra la actora, comoquiera que el ordenamiento jurídico prevé las vías judiciales ordinarias de impugnación. Empero, como sucede en el asunto en estudio, frente a la presencia de actuaciones que de bulto resultan contrarias a derecho, el juez de tutela sí puede intervenir de manera excepcional para remediar los agravios que sufre el administrado por el procedimiento de la administración.

De no ser así se llegaría al absurdo de desconocer que objetivo de la tutela es precisamente brindar un remedio expedito y eficaz, cuando las acciones u omisiones de la autoridad accionada son manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho. Pues bien, el presente caso amerita la intervención extraordinaria del juez de tutela, toda vez que se discuten las actuaciones de Corporinoquia en un procedimiento de ejecución forzada, respecto del cual, si bien es cierto que el ordenamiento prevé mecanismos ordinarios de control judicial; también lo es que estos no resultan efectivos y eficaces frente a los yerros de la entidad accionada en su proceder, en la medida que han imposibilitado a la accionante para ejercer su derecho de defensa en la vía gubernativa y, por contera, podrían impedirle su acceso a los controles judiciales, como se explica a continuación.

La notificación de las decisiones de las autoridades administrativas es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, porque permite a los administrados conocerlas y consecuentemente controvertirlas. De allí que la forma cómo la administración practica la notificación debe adecuarse con su finalidad, a saber, que el administrado conozca efectivamente los actos administrativos.

Si el mecanismo de notificación del que hace uso la administración no es el adecuado, verbi gracia el previsto por la ley, lo que subyace a esta irregularidad no es el incumplimiento de una simple formalidad, sino la privación al administrado de ejercer su derecho de defensa. En otras palabras, se priva al interesado del medio que tiene para instrumentalizar su derecho al debido proceso.

Sobre el punto, concretamente la actora reclama que Corporinoquia notificó la Resolución 4000081-41-10-236 del 24 de agosto de 2010 por estado, cuando correspondía ponerla en conocimiento en los términos previstos por el artículo 565 del estatuto tributario, norma aplicable al caso por remisión expresa del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, que ordena a las entidades públicas del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, que tengan jurisdicción coactiva seguir para el efecto el procedimiento descrito en el estatuto tributario(6).

Por su parte la accionada alega que el estatuto tributario sólo rige sus procedimientos en materia de cobro coactivo estrictamente en lo que refiere al Libro Quinto, Título VIII, es decir, los artículos 823 a 843. De manera que las formas de notificaciones previstas por el artículo 565 de ese estatuto no son aplicables al caso, por lo que era necesario llenar el vacío normativo con el Código de Procedimiento Civil y su manual de cartera, Resolución 200.15.07-125 del 15 de febrero de 2007, como en efecto lo hizo. Por tanto la notificación por estado es válida.

Para la Sala es claro, como lo concluyó acertadamente el a quo, que el artículo 565 del estatuto tributario es la norma que debió aplicar la accionada para notificar a la tutelante de la Resolución 4000081-41-10-236 del 24 de agosto de 2010. No puede ser otra la conclusión comoquiera que:

3.2.1. El mandato del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 no puede interpretarse y aplicarse parcialmente, como lo sugiere Corporinoquia, pues el enunciado normativo es contundente en su remisión al procedimiento del estatuto tributario, más no a un fragmento de este. En efecto, nótese que el mandato “deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario” no permite inferir, ni siquiera con un gran esfuerzo interpretativo, que la expresión procedimiento se limita a un título del estatuto o excluye la aplicación de alguna norma de este.

Por demás, una interpretación sistemática del aludido artículo 5º con el resto de las previsiones de la Ley 1066 no permite concluir que la remisión al procedimiento del estatuto tributario tiene alguna excepción, específicamente en materia de notificaciones.

3.2.2. La Resolución 200.15.07-125 de Corporinoquia “reglamento interno de recaudo de cartera” en su numeral 10, que trata sobre el trámite de las excepciones al mandamiento de pago no prevé remisión alguna al Código de Procedimiento Civil, normativa que establece la notificación por estado (CPC, art. 321); por el contrario, las reglas sobre la materia tienen referencia directa al estatuto tributario (fls. 185 y 186).

En ese orden de ideas, la Sala no advierte que del reglamento de la accionada se pueda llegar a la conclusión que la notificación del acto que resuelve las excepciones contra el mandamiento de pago se debe hacer por estado. Lo que sí es evidente es que dicho trámite [excepciones al mandamiento de pago] tiene fundamento en las normas del estatuto tributario.

3.2.3. En sede de tutela la Corte Constitucional, en un caso similar, que no igual al presente, afirmó:

“Esta Sala de Revisión en sentencias T-449 de 1998 y T-1013 del mismo año, confirmó la obligatoriedad de aplicación del estatuto tributario en los procesos de jurisdicción coactiva. No queda duda pues, de que el trámite a seguir en las actuaciones que para el recaudo de los tributos que administran los municipios y distritos, debe realizarse mediante el procedimiento que establece el Decreto 624 de 1989 —estatuto tributario—, que dada su naturaleza de norma procesal, es de orden público y de obligatorio cumplimiento, en tanto otra norma de igual jerarquía establezca otra cosa (…)”(7) (subrayado fuera del texto).

De la anterior transcripción surge, sin duda alguna, que el criterio de la jurisprudencia constitucional respecto de la aplicación de la normativa del estatuto tributario a los procedimientos de cobro coactivo ha sido constante, en razón de que aquel tiene la categoría de norma procesal, de orden público y de cumplimiento obligatorio. Además, como excepción a la aplicación del estatuto solamente se prevé la disposición de otra norma de igual jerarquía, lo que no sucede en el presente caso, pues si en gracia de discusión se admitiera que el manual de cartera de Corporinoquia permite la notificación por estado, esta disposición sería inaplicable, pues por provenir de una norma reglamentaria es inferior a la del estatuto tributario que tiene fuerza de ley.

3.2.4. En conclusión, la notificación del acto que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago para el presente caso se debió ceñir a las previsiones del artículo 565 del estatuto tributario y, por contera, no podía hacerse por estado, como lo hizo la accionada, habida cuenta de que el aludido artículo no prevé esa forma de notificación. Coherentemente, la irregularidad descrita vulneró el derecho al debido proceso de la tutelante, en la medida que la notificación del acto fue indebida y contraria a la norma legal que indica cómo debió hacerse, lo que sin duda impidió a la actora controvertirla oportunamente.

Por demás si la notificación del acto que resuelve las excepciones no se hizo conforme con las reglas del artículo 565 del estatuto tributario, como en efecto sucedió, en el presente caso no solo se vulneró el debido proceso de la tutelante en razón del desconocimiento de las reglas del procedimiento, sino que también se le impidió agotar la vía gubernativa, pues si la supuesta notificación por estado del acto que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago se fijó el 26 de agosto de 2010, el recurso de reposición formulado acorde con el artículo 834 del estatuto tributario sería extemporáneo, pues se presentó el 21 de octubre de 2010(8).

En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada en cuanto declaró inexistente la notificación por estado de la Resolución 4000081-41-10-236 del 24 de agosto de 2010.

3.3. Por otra parte, la actora reprocha que el Auto 400 081 - 57 - 10 - 187 del 15 de septiembre de 2010, mediante el cual la accionada no aceptó la caución ofrecida por BP Exploration por veinte mil millones de pesos, esto es el monto del embargo decretado y, por ende, rehusó el levantamiento de las medidas cautelares vulneró su debido proceso porque: i) fue notificado indebidamente, esto es, por estado y no conforme con el artículo 565 del estatuto tributario; ii) desconoce de manera evidente el artículo 837-1 del estatuto tributario, toda vez que si el ejecutado garantiza el pago del 100% del valor en discusión mediante caución bancaria o de compañía de seguros, la entidad ejecutante de oficio o a petición de parte debe proceder inmediatamente al levantamiento de la medida cautelar y; iii) mientras que el artículo en comentario dispone que los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta del deudor hasta que se admita la demanda o se garantice el pago de la obligación; Corporinoquia trasladó los dineros de la cuenta bancaria de BP. Exploration para constituir un depósito judicial.

3.3.1. Sobre este punto de controversia valga la pena precisar que:

3.3.1.1. De conformidad con el artículo 835 del estatuto tributario en el procedimiento de cobro coactivo solamente tienen control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la resolución que decide las excepciones contra el mandamiento de pago y la que ordena llevar adelante el mandamiento de pago. De manera que el acto que niega la solicitud de levantamiento de medidas cautelares no lo tiene.

El mismo artículo dispone que la admisión de la demanda, desde luego, bien sea frente al acto que decide las excepciones o el que ordena continuar la ejecución, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se puede realizar hasta que exista un pronunciamiento definitivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Expresamente dispone el artículo que dentro del proceso de cobro coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.

En ese orden de ideas, el auto del 15 de septiembre de 2010 escapa al control judicial en los términos de la normativa del procedimiento de cobro coactivo. Ello obedece a que ese acto no tiene el carácter definitivo, en tanto que pueda resolver definitivamente el objeto del procedimiento de ejecución, a saber, la satisfacción de la obligación, sino que sirve de impulso y hace parte del trámite.

Aunado a lo anterior, no está probado que se haya admitido demanda contra el acto que decidió las excepciones o el que ordenó continuar la ejecución, que serían los presupuestos para que, de acuerdo con el artículo 835 del estatuto tributario, se suspendiera el remate de los bienes de la actora.

3.3.1.2. Dado que el acto que decidió sobre la petición de levantamiento de las medidas cautelares no tiene control judicial, pues es un acto de trámite en el procedimiento de cobro coactivo, es procedente su estudio por vía de tutela, pues no está configurada la causal de improcedencia de que trata el artículo 6 [1] del Decreto 2591 de 1991. Esta afirmación tiene sustento en la jurisprudencia constitucional, conforme a la cual:

“Corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto y según las especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de trámite o preparatorio tiene la virtud de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa, que de alguna manera se proyecte en la decisión principal y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la vulneración o amenaza de violación de un derecho constitucional fundamental, en cuyo caso, la tutela es procedente como mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho fundamental vulnerado o amenazado por la acción de la administración. La tutela en este evento, además de lograr la protección de los derechos constitucionales conculcados o amenazados, tiene la misión de impedir que la administración concluya la actuación administrativa con desconocimiento de dichos derechos; se convierte de esta manera la tutela, en una medida preventiva encaminada a que la autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional y, consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea legítimo, es decir, ajustado al principio de legalidad”(9).

3.3.1.3. Con base en estas precisiones la Sala coincide con el a quo, en cuanto encontró vulnerado el derecho al debido proceso de la actora por el auto del 15 de septiembre de 2010. En efecto, frente a la notificación se reiteran las mismas consideraciones expuestas sobre la forma cómo Corporinoquia puso en conocimiento la resolución del 24 de agosto de 2010 a la BP Exploration, en la medida que, al igual que en esa decisión, la comunicación a la afectada del auto en comentario debió hacerse según las reglas del artículo 565 del estatuto tributario y no por estado.

En cuanto a la decisión de no aceptar la caución ofrecida por BP Exploration para el levantamiento del embargo de los dineros de la cuenta bancaria y el traslado de esos recursos de dicha cuenta a un depósito judicial constituido a favor de Corporinoquia, no hay duda que la conducta la entidad accionada fue contraria a la previsión del artículo 837-1 del estatuto tributario.

De la simple constatación del aludido artículo se evidencia que si la ejecutada ofrece caución que garantice el pago del 100% en discusión la ejecutada debe levantar las medidas cautelares. Pues, bien en el caso concreto, de acuerdo con el mandamiento de pago 400081-57-10-138 del 29 de julio de 2010 la suma de dinero objeto de la ejecución es dieciséis mil quinientos millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta pesos (fl. 34) y la caución ofrecida por BP Exploration asciende a veinte mil millones de pesos (fl. 74). Coherentemente no se advierte razón alguna para que la accionada no hubiera accedido a la petición de la ejecutada.

El mismo argumento se replica para la constitución del depósito judicial a favor de Corporinoquia con los dineros embargados de la cuenta bancaria de la BP Exploration. El artículo 837-1 del estatuto tributario dispone que los recursos [los embargados de la cuenta bancaria] no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes. Entonces, Corporinoquia excedió la facultad que tenía sobre los recursos embargados a la ejecutada, pues mientras que la ley ordena tenerlos congelados en la cuenta bancaria, la accionada dispuso su traslado.

Así las cosas, se confirmará el fallo impugnado en cuanto declaró inexistente la notificación del auto del 15 de septiembre de 2010 y ordenó a Corporinoquia aceptar la caución ofrecida por la tutelante para levantar las medidas cautelares, siempre y cuando, no exista una razón jurídica debidamente fundamentada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1.- CONFÍRMASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de noviembre de 2010, dictada en la acción de tutela que ejerció B.P. Exploration Company (Colombia) Limited contra la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.

2.- NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3.- REMÍTASE el expediente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de esta providencia al Despacho de origen.

Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

(1) Articulo 565 del estatuto tributario. Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos. <Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica.

PAR. 1º—La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el registro único tributario, RUT. En estos eventos también procederá la notificación electrónica.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional.

Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el registro único tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto.

PAR. 2º—Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado tenga registrada en el registro único tributario, RUT.

PAR. 3º—Las actuaciones y notificaciones que se realicen a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como certificadora digital cerrada serán gratuitos, en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus disposiciones reglamentarias.

(2) ART. 837-1—del estatuto tributario. Límite de inembargabilidad. <Artículo adicionado por el artículo 9º de la Ley 1066 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes*, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente.

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad.

<Inciso modificado por el artículo 34 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN y demás entidades públicas, los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable o con afectación a vivienda familiar, y las cuentas de depósito en el Banco de la República.

No obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo (negrita fuera del texto).

La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser aceptada por la entidad.

(3) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.

(4) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-847 de 2003.

(5) Articulo 835 del estatuto tributario. Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso - administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.

(6) ART. 5º de la Ley 1066 de 2006. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario.

(7) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(8) ART. —834 del estatuto tributario. Recurso contra la resolución que decide las excepciones. <Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 6ª de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el jefe de la división de cobranzas, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma.

(9) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU - 201 de 1994 citada en la Sentencia T-088 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda.