Sentencia 2010-00163 de abril 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación:250002327000201000163-01

Número interno:19138

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto:Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante:José Baudilio Gualteros Circa

Demandado:UAE DIAN

Renta 2005

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil dieciseis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto el señor José Baudilio Gualteros Circa contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la pretensión de nulidad de la liquidación oficial de revisión 322412009000016 del 4 de febrero de 2009 y su confirmatoria, Resolución 900016 del 12 de febrero de 2010.

En concreto, la Sala debe resolver dos problemas jurídicos, a saber: i) ¿Las irregularidades que, según la demandante, habría cometido la DIAN en el recaudo de pruebas en la actuación administrativa, dan lugar a la vulneración del derecho al debido proceso? y, ii) ¿para calcular la renta por comparación patrimonial es procedente comparar el patrimonio líquido del año gravable modificado por la DIAN con el patrimonio líquido declarado por el contribuyente en el ejercicio inmediatamente anterior?

3.1. Sobre la violación del derecho al debido proceso. Reiteración jurisprudencial(2)

La Sala reitera que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos: 

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa y,

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.

No obstante, para que los actos administrativos sean nulos, la irregularidad debe ser grave pues, en principio, en virtud del principio de eficacia, hay irregularidades que pueden sanearse por la propia administración, o entenderse saneadas, si no fueron alegadas, esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

La Sala también ha dicho, en varias oportunidades, que la vulneración al debido proceso no acarrea necesariamente la nulidad de los actos administrativos.

Así, en la sentencia del 16 de octubre de 2014(3), la Sala precisó lo siguiente:

“4.7. No todo desacato de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico para la expedición de los actos administrativos puede catalogarse como una afectación al debido proceso, de la misma manera que se ha sostenido, que no cualquier irregularidad apareja la nulidad de la decisión. Debe tratarse del desconocimiento de formalidades de índole sustancial que afecten el núcleo esencial del debido proceso y, en especial, el del derecho de defensa.

Cuando las formalidades son consagradas por el ordenamiento en interés de la organización administrativa, su quebranto, en principio, no vulnera el debido proceso y tampoco conduce a la anulación del acto, pero, si las formalidades se prevén en beneficio del administrado o para la salvaguardia de claros principios constitucionales o legales (llámense también sustanciales), su pretermisión implica violación al debido proceso e ilegalidad de la decisión.

4.8. Este criterio ha sido aceptado de tiempo atrás por la doctrina. Así, entre nosotros, Mario Rodríguez Monsalve explica:

“La forma dice relación principalmente con los procedimientos, que básicamente pueden clasificarse en técnicos o de gestión, y en propiamente administrativos. Los primeros tienden a proteger los propios intereses de la administración, tales como las consultas previas a organismos asesores, los debates en los cuerpos colegiados, etc. Los segundos están constituidos por la serie coordinada de actuaciones preparatorias de una decisión, en virtud de la cual se ha de reconocer un derecho o de imponer una carga a una persona”(4).

Tal como se advierte, este autor clasifica las formas según los intereses a los cuales se dirigen a proteger los procedimientos. Lo que no es más que la regla que acaba de esbozarse, merced a la cual, si dichos procedimientos amparan los intereses administrativos (técnicos o de gestión), la violación de sus formas no necesariamente conduce a la nulidad del acto, pero si imponen una carga o reconocen un derecho al ciudadano (propiamente administrativos) —en otros términos, si se trata de formas que de alguna manera afectan la realidad jurídica del administrado— su no acatamiento se refleja en la nulidad de la decisión irregularmente expedida.

Según lo anterior, dentro del trámite para la emisión de un acto administrativo se identifican procedimientos técnicos o de gestión —regidos por formalidades no sustanciales que no afectan necesariamente su validez— y procedimientos propiamente administrativos —caracterizados por la existencia de formalidades sustanciales—, cuya inobservancia por la autoridad genera consecuencias más gravosas para el acto final, por consistir en la violación de requisitos que se encuentran establecidos como garantía de los derechos del administrado(5), y que, en el plano de la tutela efectiva de los derechos, tornan imperiosa la protección del debido proceso.

4.9. También Michel Stassinopoulus manifiesta que sólo la violación de las formas sustanciales genera la nulidad del acto, con prescindencia de la fuente que consagre la formalidad. Veamos:

“Por consiguiente sólo el criterio de fondo puede ser útil. Esto significa que el Juez debe apreciar cada caso y buscar el fin mirado por la formalidad, a saber cuál es la garantía por débil que ella sea introducida a favor de los administrados, cuáles serían las consecuencias reales de su omisión y en último lugar cuales son las dudas que esta omisión dejaría en cuanto a la legalidad del acto. En esta apreciación la presunción está siempre a favor del carácter sustancial de las formalidades siguiendo el principio de que la “leges perfectae” es la regla en el derecho público y por consiguiente la omisión de la formalidad entraña lo más a menudo nulidad del acto. Tal es el caso de los conceptos previos, de las disposiciones de funcionarios o el secreto relativo a las gestiones de toda clase, de la comunicación del expediente en los procesos disciplinarios etc.

A título excepcional se consideran como formalidades no sustanciales: la firma de un proceso verbal por el secretario al lado de la firma del presidente, el anuncio de una modificación inminente al plan de alineamiento si resulta del expediente que los interesados a pesar de esta omisión tenían conocimiento de la medida contemplada, la falta de mención en el proceso verbal de que la sesión tuvo lugar a determinada hora etc.

Hay otras formalidades de carácter mixto cuya violación no entraña nulidad sino cuando el administrado puede demostrar que esta violación ha tenido realmente consecuencias dañinas para sus intereses. Citemos un ejemplo suponiendo que la ley impone que la publicación previa de un documento debe tener lugar un mes antes de la emisión del acto, si ella ha tenido lugar sólo veinte días antes de la emisión no resultará la nulidad del acto si se demuestra que los interesados tuvieron conocimiento de ese documento y se sirvieron de él a voluntad. En este caso podemos decir que la formalidad se subdivide en dos partes la publicación es aquí esencial pero el plazo no lo es, a menos que su violación haya realmente perjudicado los intereses del administrado”(6).

4.10. Obsérvese, pues, que la doctrina extranjera asocia el concepto de formalidad sustancial a la función de garantía a favor de los intereses del administrado(7), de ahí que la inobservancia de éstas configuren irregularidades merecedoras de sanción con la nulidad del acto administrativo, pues, de lo contrario, se caería en un formalismo extremo que colisionaría con la salvaguarda de otros intereses igualmente relevantes, como son los fines estatales que guían la actuación de las autoridades públicas.

Naturalmente que a ese criterio o pauta, habría que agregar, en primer lugar, el que podría denominarse legal, entendiendo por tal aquel vicio o irregularidad que el legislador explícitamente considere como causal de nulidad del acto, pues, en esas circunstancias, la formalidad debe calificarse como sustancial.

Esta idea conduce, necesariamente, a reconocer que si la omisión o cumplimiento irregular de las formas sustanciales es lo único que, en principio, acarrea la invalidez de la decisión administrativa, con mayor razón, será también lo único que cause un menoscabo del debido proceso, pues carecería de lógica avalar la legalidad del procedimiento y no obstante declarar vulnerado con él un derecho fundamental.

Se dice que, en principio, porque la regla que se desarrolla en la presente providencia no es absoluta. En cada caso deberá revisarse cuál fue la formalidad omitida o vulnerada y cuál es la finalidad de la misma, para efectos de determinar si es nulo o no el acto demandado.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que sólo las formalidades o trámites de carácter sustancial, cuya inobservancia genere consecuencias gravosas en la formación del acto final, e incluso en los intereses y derechos del administrado, dan lugar a la vulneración del derecho al debido proceso.

Ahora bien, la violación del derecho de audiencia y defensa viene a ser una violación de una etapa del procedimiento, esto es, justamente la etapa de descargos o de audiencia previa. Por eso, para que esta causal se configure debe explicarse qué etapas del procedimiento administrativo fueron pretermitidas o qué irregularidades se cometieron en el procedimiento, al punto de afectar el derecho de defensa.

Tratándose de la etapa probatoria, la Sala considera que el derecho de audiencia y de defensa se puede afectar en los siguientes casos: i) cuando se decreta una prueba ilícita; ii) cuando las partes, en las oportunidades legales, piden pruebas y no se decretan; iii) cuando se decretan las pruebas pedidas oportunamente, pero no se practican y iv) cuando se practican las pruebas decretadas, pero se valoran erróneamente.

La Corte Constitucional(8) ha precisado que, “No toda irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de una prueba implica la violación del debido proceso. Los defectos procesales relativos a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es claro que no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso del afectado. La Corte Constitucional ha establecido como regla inicial que la simple transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión de pruebas en las diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional.

También es menester precisar que la Corte Constitucional ha distinguido entre la prueba ilegal y la prueba inconstitucional.

Respecto de la prueba ilegal ha dicho que es “aquella que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal formal (incompatibilidad con las formas propias de cada juicio)”, y respecto de la prueba inconstitucional, “que es aquella que transgrede igualmente el debido proceso, pero desde una perspectiva sustancial, en tanto es obtenida vulnerando derechos fundamentales.”

De manera que, la nulidad por la violación del derecho de audiencia y de defensa y del derecho al debido proceso, generalmente ocurre cuando se practican pruebas inconstitucionales. En cambio, no toda irregularidad cometida desde el punto de vista procesal formal en el recaudo de la prueba puede dar lugar a la nulidad. Es menester que la irregularidad sea de carácter sustancial.

3.1.1. Caso concreto

El demandante cuestionó a la DIAN porque, en su parecer, habría cometido ciertas irregularidades en el decreto y práctica de las pruebas que darían lugar a la nulidad de los actos demandados.

Tales irregularidades serían las siguientes:

• La DIAN ordenó el traslado de pruebas recaudadas en otro proceso, sin que mediara un auto de trámite que lo ordenara y se le notificara. Que, además, las pruebas fueron trasladadas en copia simple, y no auténticas, como lo demandaría el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

• La declaración juramentada que rindió el 30 de noviembre de 2007 se recaudó ilegalmente, pues esa prueba debió ser ordenada mediante auto en el que se indicara las preguntas que pudieran implicar responsabilidad penal, así como la previsión de si podía concurrir a la diligencia con abogado. Esta prueba consistió en un verdadero interrogatorio de parte que se practicó sin las formalidades previstas en la ley.

a. Sobre la prueba trasladada:

El artículo 185 del C.P.C., aplicable a la actuación administrativa cuestionada, disponía lo siguiente:

ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

En el caso sub examine, se evidencia que mediante el auto del 11 de marzo de 2008, la DIAN ordenó el traslado de los documentos que se relacionan a continuación, que reposaban en el expediente DR-2006-2007-3588:

1. Fotocopia del requerimiento ordinario 320632007000617 del 10 de octubre de 2007 a José Baudilio Gualteros, notificación y sus respectivas respuestas y anexos;

2. Fotocopia de los oficios 32-062-182-009232 de Productos Cárnicos Olimpia Ltda., 32-062-182-009238 de Frigorífico Regional de las Sabanas de Sucre S.A., 32-062-182-009241 de Taussing Shaw Jorge Edgar; 32-062-182-009238 de Banco Davivienda S.A., 32-062-182-009236 de Banco Colmena S.A., 32-062-182-009234 de Bancolombia S.A. y 32-062-182-009239 de Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A., junto con su respectiva respuesta y anexos.

3. Resumen de consignaciones.

4. Declaración juramentada tomada al demandante.

5. Autorización de representación del contribuyente y actas de presentación.

Las pruebas referidas [salvo la declaración juramentada de la que se hablará más adelante] como se ve, corresponden a documentos privados remitidos por terceros y entidades financieras con los que el demandante mantuvo relaciones comerciales en el año 2005, y que se decretaron y practicaron en el expediente DT-2006-2007-3588, que abrió la DIAN contra el señor José Baudilio Gualteros, en desarrollo del programa DT-denuncias de terceros(9).

Dado que se trata de documentos privados, es menester tener en cuenta que conforme con el artículo 268 del C.P.C. tales documentos pueden ser aportados en copia cuando formen parte de otro proceso del que no puedan ser desglosados, siempre que la copia se expida por orden del juez. En el caso de las actuaciones administrativas, basta que la orden la expida quien conduzca esa actuación.

En el anterior entendido, la Sala advierte que la DIAN no cometió irregularidad alguna por trasladar en copia simple las pruebas recaudadas por la misma autoridad en otra actuación administrativa en la que es parte el aquí demandante.

Además, prueba de que no se vulneró el derecho de audiencia de defensa es el “Acta de traslado de pruebas, de fecha 11 de marzo de 2008, en el que la DIAN ordenó el traslado de las pruebas que se encontraban en el expediente DT-2006-2007-3588 al expediente DT-2005-2008-00695. Como esta acta forma parte de las pruebas que fundamentan el requerimiento especial, el derecho de audiencia y de defensa se garantizó a plenitud, pues la demandante pudo controvertir todo el acervo probatorio en la respuesta al requerimiento e incluso en el recurso de reconsideración que interpuso contra la liquidación oficial de revisión.

b. Declaración juramentada

En cuanto a las formalidades que debieron cumplirse al decretar y realizar la declaración juramentada, la Sala reitera que esta prueba forma parte del conjunto de las que fueron objeto de traslado y, como tal, basta que esté probado que se practicó con audiencia del propio demandante, pues fue este el que rindió la declaración.

De tal manera que si la parte actora tenía reparos frente a la forma en que se realizó la diligencia, que consideró violatorias del derecho al debido proceso, debió alegarlas en su momento, en el expediente del que fue trasladada la prueba, y no en esta oportunidad.

Adicionalmente, la Sala advierte que como la declaración juramentada forma parte del expediente del que viene trasladada, no era pertinente desglosar el original. Bastaba que ordenara su traslado en copia.

En consecuencia, no se advierte la comisión de ninguna irregularidad, ni se aprecia que las supuestas irregularidades se hayan alegado en el expediente del que fue trasladada.

No prospera el cargo

3.2. De la violación del artículo 91 del Decreto Reglamentario 187 de 1975

La Sala debe establecer si para calcular la renta por comparación patrimonial es procedente comparar el patrimonio líquido del año gravable modificado por la DIAN con el patrimonio líquido declarado por el contribuyente en el ejercicio inmediatamente anterior.

Al respecto, se considera que no, por las siguientes razones:

El artículo 236 del estatuto tributario establece:

“ART. 236.—Renta por comparación patrimonial. Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas.”

En concordancia con la norma anterior, los artículos 237 del E.T. y el artículo 91 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 establecen lo siguiente:

“ART. 237.—Ajuste para el cálculo. Para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. De esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable.

En lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales.”

“ART. 91.—Renta por comparación de patrimonios. Para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta, las rentas cedidas por el contribuyente y las rentas exentas. De esta suma se sustrae el valor de la renta de goce, los impuestos de renta y complementarios, pagados durante el año gravable incluyendo retención y anticipo efectivamente pagado y, en su caso la renta recibida del cónyuge.

Si este resultado es inferior a la diferencia entre los patrimonios líquidos declarados en el año gravable y en el ejercicio inmediatamente anterior, previos los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales, incluyendo los reavalúos autorizados en los artículos 51 y 52 del Decreto 2247 de 1974 dicha diferencia se tomará como renta gravable a menos que el contribuyente demuestre las causas justificativas del incremento patrimonial”.

Sobre el sistema de cálculo de la renta por comparación patrimonial, la Sala, en la sentencia del 17 de junio de 2010(10), sostuvo:

“El citado método especial para establecer la renta gravable, consagrado por el artículo 236 del estatuto tributario(11) como excepción a la depuración ordinaria contenida en el artículo 26 ibídem, posee su fundamento en la premisa lógica de que a ningún declarante le es dable legalmente incrementar el patrimonio poseído al cierre de una determinada vigencia fiscal, durante el período siguiente, en una suma superior a la de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en este último, una vez detraídas las erogaciones - efectivas no teóricas - que haya realizado durante la anualidad de que se trate.

De esta forma se autoriza capitalizar no solo la renta gravable, sino las rentas exentas, los ingresos no constitutivos de renta y las ganancias ocasionales, así como, las valorizaciones nominales del año gravable, y tomar como renta del año la diferencia restante no justificada.

El fundamento jurídico de dicho sistema es evitar la evasión del tributo derivada de la omisión de ingresos percibidos y no declarados por el contribuyente, ya que la única razón posible para que resulte superior el incremento en el patrimonio de un año frente al ingreso declarado, es que éste no se haya incluido en la declaración, no obstante lo cual, dicha situación admite prueba en contrario”.

De las normas transcritas claramente se advierte que para calcular la renta por comparación patrimonial se debe comparar el patrimonio líquido del último período gravable con el del patrimonio líquido del período inmediatamente anterior.

El apoderado de la DIAN alega que sí es pertinente comparar el patrimonio líquido del último período gravable modificado oficialmente por la DIAN con el del patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, pues así se deduce del artículo 116 del Decreto 187 de 1976. Esa norma dispone lo siguiente:

“ART. 116.—No habrá lugar a determinar la renta por el sistema de comparación de patrimonios cuando el pasivo solicitado en la declaración de renta y patrimonio no reúna los requisitos exigidos por el artículo 124 del Decreto 2053 de 1974, siempre que el contribuyente demuestre la existencia del mismo”.

Según la DIAN, cuando se cuestionen los pasivos, sí se podría calcular la renta por el método de comparación patrimonial y, en tal caso, la comparación se debe hacer entre los patrimonios líquidos determinados por la administración. De ahí que, a su juicio, esta norma prevalece sobre el artículo 91 del mismo Decreto 187 de 1975.

La Sala considera que no tiene razón la DIAN, pues el artículo 91 regula la forma en que se debe calcular la renta por el sistema de comparación patrimonial cuando el contribuyente, a propósito, incrementa el activo sin justificación alguna. En cambio, el artículo 116 regula la situación del contribuyente que declara los activos que efectivamente posee, pero incluye pasivos que, pese a que existen materialmente, no cumplen los requisitos para declararlos como tales, es decir, son improcedentes jurídicamente. En este caso, la norma dispone que no se debe calcular la renta por el sistema de comparación patrimonial.

En caso de que los pasivos sean material y jurídicamente inexistentes, su rechazo incide en la liquidación del patrimonio líquido, pero no por ello se debe calcular la renta por comparación patrimonial a partir de esa liquidación oficial, por cuanto eso implica gravar como ingreso el patrimonio. No debe perderse de vista que, en palabras de la Sala: “El fundamento jurídico de dicho sistema [el de comparación patrimonial] es evitar la evasión del tributo derivada de la omisión de ingresos percibidos y no declarados por el contribuyente, (…)”

3.2.1. Caso concreto

El demandante alegó que la determinación del impuesto sobre la renta del año 2005, que hizo la DIAN en los actos acusados, no se ajustó a lo previsto en el artículo 91 del Decreto 187 de 1975, puesto que la administración comparó el patrimonio líquido declarado en el año anterior con el patrimonio líquido modificado oficialmente.

La DIAN concluyó que el demandante omitió declarar bienes de su propiedad, y disminuyó inventarios respecto de la declaración de renta del año 2004. Esto originó las siguientes modificaciones de la declaración privada del impuesto de renta del año 2005:

Renglón 35. Efectivo, bancos cuentas de ahorros otras

La DIAN adicionó este renglón en $304.947.000, en atención a que, según la información reportada por las entidades financieras, ese era el saldo en las cuentas del demandante a 31 de diciembre de 2005.

Renglón 39. Activos fijos

La DIAN modificó esté renglón y lo adicionó en $216.300.000, en atención a que, a 31 de diciembre de 2005, poseía los siguientes activos fijos:

Bienes inmuebles$647.889.000
Maquinaria y equipo$61.700.000
Vehículos$146.800.000
Valor total activos fijos$856.389.000

Renglón 41 Total patrimonio bruto

La DIAN modificó el renglón y lo liquidó en $2.185.569.000, que corresponde a la suma de:

Efectivo, bancos, cuentas de ahorro y otras$316.340.000
Cuentas por cobrar$690.000.000
acciones y aportes$127.500.000
Inventarios$195.340.000
activos fijos$856.389.000
Otros activos$0
Total$2.185.569.000

Teniendo en cuenta las anteriores modificaciones, la DIAN fijó el total de patrimonio líquido (renglón 43) en $2.095.569.000, luego de restar las deudas por valor de $90.000.000.

Posteriormente, la DIAN calculó la renta por el sistema de comparación patrimonial, pues comparó el patrimonio líquido declarado en el año 2004 ($1.211.090.000) y el patrimonio líquido modificado oficialmente por la propia DIAN para el año 2005 ($2.095.569.000). Esta comparación reportó una diferencia de $884.479.000. Y al establecer que la diferencia era superior a la suma de la renta gravable declarada ($59.834.000), Rentas exentas ($0) y ganancias ocasionales ($0) declaradas, tomó la diferencia de $884.479.000 como mayor valor de la renta líquida. La liquidación es la siguiente:

PatrimoniosValor en pesos
Patrimonio líquido 2005 (propuesto)$2.095.569.000
(-) Patrimonio líquido año gravable 20041.211.090.000
(=) Diferencia patrimonial determinada (inicialmente)$884.479.000
  
DIferencia patrimonial INICIAL$884.479.000
(-) Valorizaciones (dfcia (activos fijos + acciones))0
(-) Ajustes patrimonio líquido0
(-) Ajustes acciones y aportes0
Total valorizaciones0
(+) Desvalorizaciones0
Diferencia patrimonial determinada$884.479.000

Este proceder de la administración viola los artículos 236 del E.T. y 91 del Decreto 187 de 1975, razón suficiente para revocar la sentencia apelada. Se declarará la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se declarará la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta presentada por el demandante, por el año gravable 2005.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F ALLA:

Primero. REVÓCASE la sentencia del 25 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:

1. ANÚLANSE la Liquidación Oficial de Revisión 322412009000016 del 4 de febrero de 2009 y su confirmatoria, Resolución 900016 del 12 de febrero de 2010, por medio de las cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2005 del José Baudilio Gualteros Circa.

2. A título de restablecimiento del derecho, declárase la firmeza de la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año 2005, presentada por José Baudilio Gualteros Circa, el 12 de mayo de 2006.

Segundo. RECONÓCESE personería a la abogada Carmen Adela Cruz Molina para actuar en representación de la UAE DIAN, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, Veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011). Magistrado Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expediente No. 16356. Demandante: Carlos Nelson Garavito Oviedo, Norman Alexander Aldana c/ Superintendencia Financiera de Colombia.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014). Referencia: acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación: 25000-23-27-000-2011-00089-01 (19611). demandante: Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del fideicomiso Lote Montoya. Demandado: Distrito Capital de Bogotá.

4 Rodríguez Monsalve, Mario. Notas para un curso de derecho administrativo general. Medellín: Universidad de Medellín, 1989, p. 28.

5 Ibíd., p. 44.

6 STASSINOPOULUS, Michel D. Tratado de los actos administrativos. Traducción del francés de Mario Rodríguez Monsalve, p. 115-116.

7 Cfr. VEDEL, Georges. Derecho Administrativo. Traducción de la 6ª ed. francesa. Madrid: Aguilar, 1980, p. 496. Según este autor: “Se debe considerar en primer lugar como sustancial todo requisito formal que tenga por objeto garantizar los derechos de los administrados; (…) Por el contrario, constituyen requisitos de forma no sustanciales los que no han sido promulgados con objeto de garantizar los derechos de los administrados o cuya intervención no hubiera modificado el sentido de la decisión impugnada”. Ibíd., p. 496.

8 Sentencia T-233/07

9 Folio 217 del cuaderno de antecedentes.

10 Sentencia del 17 de junio de 2010, expediente 250002327000200401680-01 (16731), Consejera ponente Martha Teresa Briceño de Valencia.

11 Artículo 236 E.T. “Renta por comparación patrimonial: Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido el último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas”.