Sentencia 2010-00165/40858 de noviembre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Exp.: 73001-23-31-000-2010-00165 01 (40.858)

Actor: ERGR y otros

Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. El 23 de abril de 2010, los señores H (víctima), DH, OA, G y ERGR (hermanos), JHGR (padre) y RRO (madre), obrando en nombre propio, en ejercicio de la acción de reparación directa y por conducto de apoderado judicial, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación; por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el primero de los demandantes.

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la parte demandada a pagar indemnización, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, lo que HGR dejó de percibir como fruto de su trabajo y, por daño emergente, $ 30.000.000 para la víctima, y $ 6.055.000 para la madre.

Como indemnización de perjuicios inmateriales, el señor HGR solicitó 100 s.m.m.l.v. por cada uno de los siguientes derechos que consideró vulnerados: i) dignidad humana, ii) integridad moral, social, física y psicológica, iii) honor y buen nombre, iv) familia e integridad familiar, v) libertad, locomoción y fijación de residencia, vi) debido proceso y vii) trabajo. Además, solicitó la misma suma por concepto de daño a la vida de relación, y 200 s.m.m.l.v. por perjuicios morales subjetivados.

Por perjuicios inmateriales, cada uno de los demás demandantes (hermanos y padres de la víctima) solicitó 100 s.m.m.l.v. por cada uno de los siguientes derechos que, a su juicio, fueron desconocidos: i) dignidad humana, ii) honor y buen nombre y iii) familia e integridad familiar. Además, solicitaron otro tanto por concepto de daño a la vida de relación, y 200 s.m.m.l.v. por perjuicios morales subjetivados. Adicionalmente, cada uno de los padres de la víctima pidió 100 s.m.m.l.v. por vulneración al derecho a la integridad moral, social, física y psicológica.

Como fundamento de sus pretensiones, expusieron que HGR fue vinculado a una investigación penal y acusado por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y rebelión, proceso en virtud del cual fue objeto de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario por orden de la Fiscalía General de la Nación. y posteriormente, el juez penal deprimera instancia profirió sentencia, por medio de la cual lo absolvió de responsabilidad por los ilícitos que se le atribuyeron.

Según la parte actora, la privación de la libertad que sufrió HGR fue injusta y, por consiguiente, la Fiscalía es la llamada a responder por los perjuicios causados (fls. 178 a 209, c. 1).

2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 28 de abril de 2010, el cual fue notificado en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público (fls. 211 y 214, c. 1).

La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que no era dable la declaratoria de responsabilidad en su contra, toda vez que la vinculación del acá demandante a un proceso penal y la privación de la libertad de que fue objeto obedecieron al cumplimiento de los deberes que le imponía el ordenamiento jurídico, en tanto que, por un lado, debía asegurar su comparecencia al proceso y, por otro lado, contaba con indicios que, en su momento, comprometían su responsabilidad en la comisión de los delitos investigados. Agregó que, en todo caso, no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, ya que la absolución penal del acá demandante obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo (fls. 217 y 220, c. 1).

3. Vencido el período probatorio, el cual fue abierto mediante auto del 15 de junio de 2010, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (fls. 221 a 222 y 245, c. 1).

En esta oportunidad, la parte actora y la Fiscalía insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente (fls. 260 a 264 y 265 a 268, c. 1).

II. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 18 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones, toda vez que, en su criterio, la privación de la libertad de que fue objeto el acá demandante se fundó, de forma acertada, en los serios, objetivos y múltiples elementos de prueba que, para las respectivas etapas procesales de la investigación penal, respaldaron las decisiones en ella proferidas. Agregó que no hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetivo de que trata el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal, pues la absolución de HGR no se encuadra en ninguno de los supuestos contenidos en esa norma y tampoco hay lugar a declarar la falla en el servicio de la administración de justicia, ya que nada indica que la demandada incurrió en una actuación deficiente (fls. 269 a 289, c. ppl.).

Recurso de apelación.

La parte demandante formuló recurso de apelación, para lo cual manifestó que el a quo desconoció el precedente jurisprudencial que, en materia de privación de la libertad, ha sentado el Consejo de Estado. A su juicio, la medida de aseguramiento impuesta al señor HGR fue injusta y, por lo tanto, los perjuicios que de ella se derivaron deben ser objeto de reparación, máxime que la absolución dictada a su favor obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo, esto es, que la demandada no logró establecer la responsabilidad penal del acá demandante en los ilícitos investigados y, por lo tanto, no logró desvirtuar la presunción de su inocencia.

Agregó que al juez administrativo no le es permitido pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones de la Fiscalía, como lo hizo el tribunal a quo, pues ese tipo de análisis se erige como una tercera instancia del proceso penal, la cual no está dispuesta en el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la responsabilidad de la Fiscalía por la privación injusta de la libertad de que —asegura— fue objeto el acá demandante (fls. 259 a 305, c. ppl.).

III. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación se concedió el 16 de marzo de 2011 y se admitió en esta corporación el 6 de mayo siguiente (fls. 310 y 315, c. ppl.).

El 10 de junio de 2011, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fl. 138, c. ppl.).

En el traslado para alegar de conclusión, la Fiscalía General de la Nación insistió en los argumentos expuestos en la primera instancia, en el sentido de reiterar que la medida de aseguramiento de que fue objeto el señor HGR no fue injusta y que, por el contrario, se impuso por razones jurídicamente atendibles en ese momento procesal determinado. Insistió en que tampoco hay lugar a que se declare la responsabilidad patrimonial por falla en el servicio, ya que nada en el proceso indica que incurrió en una conducta contraria a la ley (fls. 318 a 323, c. ppl.).

La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 332, c. ppl.).

IV. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(1), de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración dejusticia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(2), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(3).

La providencia por medio de la cual se absolvió de responsabilidad penal al señor HGR fue proferida el 13 de diciembre de 2007(4) y quedó ejecutoriada el 23 de enero de 2008(5), de manera que la oportunidad para formular la acción de reparación directa fenecía, en principio, el 24 de enero de 2010.

Ahora, como en el plenario obra una constancia de la procuraduría judicial 26 en lo administrativo, con sede en lbagué(6), en la que certifica que la parte demandante solicitó audiencia de conciliación el 30 de octubre de 2009 (faltando 86 días para que feneciera el término) y que ésta se llevó a cabo el 27 de enero de 2010, se evidencia que el término para demandar vencía el 23 de abril de 2010; en consecuencia, como la demanda se presentó precisamente este último día (23 de abril de 2010), es claro que la acción se ejerció oportunamente.

3. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor HGR, entre el 3 de noviembre de 2005 (fecha de su captura)(7) y el 19 de diciembre de 2007, cuando se le concedió la libertad(8), de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(9), que establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(...)

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(10), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996(10)(sic) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(11).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(12).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(13). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(14).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(15). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(16).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(17): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(18).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(...) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor H le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (...) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(19).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida, que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de las entidades demandadas por los hechos que se les imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (art. 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad...”(20).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5º C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (art. 2º C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(21).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la Nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(23).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(24).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del in dubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del in dubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de HGR.

4. El caso concreto.

La Sala, con fundamento en el material probatorio válidamente recaudado, encuentra acreditado lo siguiente:

1. Con apoyo en una información que la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, Gaula Regional lbagué, le transmitió a la Fiscalía General de la Nación, ésta inició una investigación de carácter penal con el fin de identificar a los responsables del secuestro del señor JTA, quien fue plagiado el 22 de febrero de 2005, en zona rural del municipio de Ibagué (fls. 1 a 4, c. 3).

2. El 2 de noviembre de 2005, la Fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Ibagué vinculó al señor HGR a la investigación mencionada y libró orden de captura en su contra, por considerarlo presunto responsable del delito de secuestro extorsivo(25). Sobre el particular, la Fiscalía señaló lo siguiente (se transcribe literal):

“Adelantadas múltiples actividades de inteligencia por parte de personal calificado del Grupo Gaula Regional de la Policía Nacional, se ha establecido que los sujetos HGR, conocido con el alias de EE y WRC, apodado como M, se encuentran seriamente comprometidos en los hechos iniciales del secuestro realizado al señor JT ...

“Sucede que el día en que se realizó el secuestro del señor JTAM coincidencialmente una patrulla de personal adscrito al Grupo Gaula Regional de la Policía Nacional ... se encontraba en la ruta por donde fue conducido el plagiado quienes venían de Rovira, con rumbo a esta ciudad, en el sitio El Rodeo y algunos de sus integrantes lograron observar a varios de los delincuentes que viajaban en la camioneta del secuestrado, sin saber en ese momento que se trataba de un plagio, también observaron que tras la camioneta viajaba una motocicleta de alto cilindraje, conducida por un sujeto que casi se estrella con la patrulla.

“Se realizó diligencia de reconocimiento fotográfico ... el testigo Agente WVN, reconoce como el sujeto quien conducía la motocicleta que escoltaba la camioneta en la cual era conducido el plagiado, a HGR” (fls. 4 y 5, c. 4).

3. Mediante oficio del 4 de noviembre de 2005, dirigido a la Fiscalía, la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional informó que el 3 de noviembre de ese año hizo efectiva la orden de captura 419576 librada en contra de HGR; en consecuencia, lo dejó a disposición de ese organismo investigador (fls. 22 a 24, c. 4).

4. El 8 de noviembre siguiente, HGR rindió indagatoria respecto de los hechos materia de investigación, en los siguientes términos (se transcribe literal):

“PREGUNTADA. A usted se le sindica de los delitos de secuestro extorsivo ... igualmente del delito de REBELIÓN ... porte ilegal de armas ... y concierto para delinquir ... también por os delitos de hurto calificado y agravado ... Se logró establecer que uno de os individuos que cometieron el plagio, fue identificado con su nombres y apellidos completops. Durante el recorrido investigativo y dentro del mismo proceso, se llevaron a cabo diligencias de allanamiento en la vivienda ubicada en la manzana B, casa Nº 8 Reservas de Bosconia, ocupada entre otras por la mujer YCCP, donde se encontraron 48 uniformes completos de uso privativo de las Fuerzas Militares y un revólver calibre 38 largo, con munición para el mismo, Se encuentran igualmente unas fotografías en las cuales la mujer y usted son vistos portando uniforme y armas de uso privativo de las fuerzas armas, Se dice que los uniformes y el revólver los llevó usted a guardad en la casa de YC. Para transportar a la víctima, se apoderaron de la camioneta de su propiedad y también se hurtaron algunos elementos de la finca, Qué tiene para responderle a la Fiscalía, frente a los cargos que se le endilgan ... CONTESTO: No tengo nada que ver con el secuestro. De los uniformes a mí me pagaron para que los guardara. Un muchacho a quien le dicen EF, me dijo que guardara los uniformes para que los mandaran para donde iban a hacer destinados y me llevó donde iban a ser entregados y allá me llevó y me dieron que me daban UN MILLÓN DE PESOS y que ellos mandaban en estos días por eso, que mandaban el carro. Lo de los uniformes fue la semana pasada, porque con EP, nos encontramos allá alpié de la universidad donde yo estudio y me comentó que tenía uno uniformes para mandarlos para arriba para donde la guerrilla y que pagaban por guardarlos y entonces yo le dije que sí y fui y le dije a YC, que si me hacía el favor de guardarme unas bolsas que después iban y las recogían y entonces ella no me preguntó que qué era y lo echamos en unas bolsas negras, porque EF, me llevó eso en un taxi hasta donde yo me encontraba tomando. Al día siguiente tenía que ir a mirar dónde era que había que llevar las bolsas, a entregarlos y le dije a YC, que me acompañara y viajamos hacia Rovira, a una finca de la parte de la montaña y allá conversamos con la guerrilla y ahí cuadraron ellos cuanto pagaban por eso y quien lo venía a recoger, eso fue el lunes ahora ocho días por la tarde y esa noche nos quedamos en esa finca en la casa y el martes nos regresamos aquí a Ibagué y yo estaba esperando que me llamaran ... Cuando estuvimos allá en la finca con los guerrilleros, entonces YC, le apreció fácil tomarse una fotografía uniformada, con un uniforme que le prestó un guerrillero ahí y yo tomé la fotografía con mi celular, eso fue el lunes ahora ocho días en horas de la tarde y eso estaba nuvado, Nosotros, o sea YC y yo salimos de acá de Ibagué, el lunes ahora ocho días, como a medio día y nos fuimos en motocicleta, nos fuimos en la moto que yo tengo ... No tengo nada más que decir” (fls. 78 y 79. c. 4).

5. El 16 de noviembre de 2005, la Fiscalía tercera delegada ante los jueces penales especializados del circuito de Ibagué resolvió la situación jurídica del señor HGR, en el sentido de proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, sin beneficio de excarcelación, por encontrarlo presunto autor de los ilícitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado y rebelión (fls. 97 a 104, c. 4).

6. La Fiscalía, mediante proveído del 19 de mayo de 2006, profirió resolución de acusación en contra del acá demandante, por los delitos ya mencionados (fls. 100 a 109, c. 5).

7. El 13 de diciembre de 2007, el juzgado segundo penal del circuito especializado de Ibagué profirió sentencia absolutoria a favor de HGR respecto de los delitos por los cuales se le acusó y, en consecuencia, ordenó su libertad inmediata, con fundamento en lo siguiente (se transcribe literal):

“... se presenta cierta la tipicidad del delito de rebelión en cabeza de los acusados LER, ATJ, EF y JJOG, para quienes el caudal probatorio es abundante y se determina a plenitud que pertenecen al grupo subversivo de las FARC. Sin embargo, a o pesar de esa particular circunstancia, es innegable que los medios de convicción que nutren el expediente no permiten a este fallador concluir, con la certeza que demanda la ley, que los procesados WRC ‘A. M’ y HGR ‘A. EE’, hagan parte de dicha organización criminal. Veamos:

“Según los informes de inteligencia aportados al proceso por miembros de la Policía Nacional, señalan que los sujetos que perpetuaron el secuestro del señor JTA, la parte del 22 de febrero de 2005, hacen parte de un grupo de delincuencia común que posiblemente entregaron o vendieron la víctima a miembros del XXI Frente de las FARC, recibiendo por ello una retribución económica (aproximadamente $ 20.000.000) pero que fueron los guerrilleros quienes asumieron la vigilancia del plagiado y más tarde recibieron el dinero para dejarlo libre en Chaparral, Tolima.

“Si eso ocurrió, es claro que no se podría catalogar de rebelde a estos dos personajes, porque la incriminación que recae sobre ellos hace referencia a que A. M, se transportaba en el platón de la camioneta donde el día de los autos era trasladado el plagiado y que A. EE, era la persona que se movilizaba en la motocicleta color rojo, de alto cilindraje, que escoltaba la camioneta, de ahí que ha de suponerse que se les ha ubicado, por estos aspectos, dentro del grupo de individuos que perpetuaron el secuestro y que se dice corresponde a delincuencia común, hecho que desnaturaliza la incriminación por el reato de rebelión.

“Además porque no obra en el proceso ninguna otra prueba, diferente a la versión de los policiales que supuestamente el día de los hechos regresaban a Rovira y en el trayecto se cruzaron con los bandidos o secuestradores, que permiten inclinar el pensamiento a considerar que WRC y HGR, integrara las filas de la subversión, porque lo que se argumenta es que fueron vistos en el lugar de los hechos y durante el recorrido hacia el lado de la Rovira, aspecto que será de resorte en la valoración de su responsabilidad en el reato de secuestro, pero que no puede explorarse para certificar la tipicidad del delito de rebelión, por esa razón desde ya, se dirá que por este punible serán absueltos, por existir duda en relación con el aspecto objetivo de la imputación.

“Y a pesar que en poder de HGR, se incautaron un revólver y unos uniformes o camuflados del Ejército Nacional, dicha incautación ocurrió en circunstancias de tiempo, modo y lugar diferentes a como se produjo el secuestro, pero el procesado fue claro al señalar que el arma que había adquirido con la finalidad de comprarla y que las prendas de uso privativo las recibió de parte del sujeto apodado el ‘F’, quien las tenía para venderlas a la guerrilla y se las dio para que las guardara y entregara, gestión por la que recibió un millón de pesos. Esa particular circunstancia, a juicio de este fallador, no lo compromete como rebelde porque fueron hechos aislados al secuestro de TA, pero que la Fiscalía sumó a este reato al considerarlo como un presunto integrante de la subversión.

“Se podría considerar que por haberse incautado el revólver y los camuflados que había guardado HGR, en un inmueble del barrio Vasconia de Ibagué, podría llevar a inferirlo o catalogarlo como traficante de armas y de prendas de uso privativo, pues además la señora YCCP, fue clara al indicar que alias EE llevó las bolsas y ella lo acompañó el día siguiente a un sector rural de Rovira en donde iba a efectuar un negocio; no obstante, como la Fiscalía lo indagó, investigó y acusó por la conducta punible de rebelión, conducta que lleva implícito el empleo de arma y de camuflados, ahora no se podría endilgar otra imputación en razón a que con ello se le estaría juzgado dos veces por el mismo hecho ...

“(...)

“En este orden de ideas, queda claro que los medios de prueba no son lo suficientemente ilustrativos que las conductas de los procesados RC y GR, se subsuman dentro del artículo 467 del Código Penal, porque existe duda en relación con el aspecto objetivo, tal como se indicó anteriormente” (se resalta, fls. 295 a 299, c. 6).

8. Una vez constituida la caución prendaria impuesta, el acá demandante, mediante acta de compromiso del 19 de diciembre de 2007, se obligó a presentarse ante el funcionario judicial cuando le fuera solicitado, a informar todo cambio de residencia, a observar buena conducta individual, familiar y social y a no salir del país sin previa autorización, de manera que ese mismo día recuperó su libertad (fl. 330, c. 6).

Se acreditó, entonces, que el señor HGR fue vinculado a un proceso penal por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado y rebelión, de tal manera que su captura se produjo el 3 de noviembre de 2005; no obstante, el 19 diciembre de 2007 recuperó su libertad, en virtud de la sentencia proferida el 13 de diciembre del mismo año, por medio de la cual el juzgado segundo penal del circuito especializado de Ibagué lo absolvió de responsabilidad por los delitos que se le imputaron, en los términos recién transcritos.

Atendiendo al análisis probatorio de las evidencias recién mencionadas y aún cuando el debate gravita en torno a determinar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en la generación del daño alegado por el señor HGR, esto es, la privación de la libertad de que fue objeto, para la Sala es preciso determinar, en primera medida, la incidencia de la actuación desplegada por el acá demandante en la apertura de la indagación y en la medida de aseguramiento impuesta en su contra, con miras a establecer la antijuridicidad del daño alegado.

Al respecto, es necesario señalar que, para que se configure el hecho o culpa de la víctima, se requiere que haya una actuación u omisión por parte de quien sufrió un daño, que ella sea determinante en la producción del mismo y que, además, resulte ajena, imprevisible e irresistible para la parte demandada.

Pues bien, para los eventos de responsabilidad del Estado por el hecho de la administración de justicia, entre ellos los casos de privación injusta de la libertad, la Ley 270 de 1996 dispone:

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo ...”.

De conformidad con la norma anterior, en los casos en los que la conducta de la víctima esté provista de culpa grave o dolo procede la exoneración total de responsabilidad del Estado, por cuanto en tales casos se entiende que es esa conducta la determinante del daño.

En el caso concreto, la parte actora asegura que la autoridad demandada está en el deber de responder por los perjuicios derivados de la restricción a la libertad que sufrió el señor GR, ya que dicha medida se libró en el marco de un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria a su favor, en tanto la administración no desvirtuó la presunción de su inocencia, hecho que, a su juicio, resulta suficiente para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado, bajo un régimen de carácter objetivo.

Pues bien, en atención al acervo probatorio arrimado a este proceso, la Sala encuentra demostrado, en primer lugar, que el señor HGR fue reconocido por un testigo escuchado en el proceso penal como la persona que conducía la moto que escoltaba la camioneta en la que se transportaba a una persona secuestrada y, en segundo lugar, que, como consecuencia de aquel señalamiento, la Fiscalía ordenó el allanamiento de un inmueble, en donde se encontró una importante cantidad de elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares, elementos que, según lo dicho por el propio procesado en su indagatoria, recibió y mantuvo bajo su custodia con el fin de entregarlos a un grupo guerrillero.

Está acreditado, igualmente, que el sindicado fue absuelto de los cargos imputados por la Fiscalía (secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado y rebelión), por cuanto el juez penal no encontró reunidos todos los elementos necesarios para proferir una condena en su contra, esto es, no halló certeza de su participación en las mencionadas conductas delictivas; no obstante, el juez dejó claro que, en todo caso, el procesado sí incurrió en una conducta tipificada por el ordenamiento jurídico, como lo es el tráfico de armas y de prendas de uso privativo de las fuerzas armadas, ilícito respecto del cual no pudo hacer pronunciamiento alguno, en tanto ese no fue el delito por el cual se le acusó:

Así las cosas, si bien el señor GR fue vinculado a un proceso penal y posteriormente fue exonerado de responsabilidad, lo cierto es que, en consideración de la Sala, se encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que fue la conducta del mismo demandante la que dio lugar a la investigación que se adelantó en su contra y, por consiguiente, a que se le impusiera la medida de aseguramiento de detención preventiva.

En efecto, en el plenario quedó plenamente acreditado que la causa eficiente o adecuada de la medida de aseguramiento impuesta en contra de HGR no fue otra que su propia actuación ya que, a pesar de la ilegalidad que acarrea la tenencia y comercialización de elementos de uso privativo del Estado, no sólo recibió los mencionados uniformes y aceptó entregarlos a un grupo guerrillero a cambio de dinero, sino que —según su propio dicho— se desplazó a una zona rural con presencia de subversivos, con quienes acordó la entrega de tales uniformes; hechos que, sin lugar a dudas, ameritaban una investigación al respecto, con el fin de determinar si en ese caso se tipificaba un delito.

No cabe duda, entonces, de que, además de haber sido señalado por un testigo como partícipe de un secuestro, la actuación a todas luces ilegal en la que incurrió el propio demandante fue la que motivó la investigación que se adelantó por parte de la Fiscalía (en cumplimiento de su deber constitucional de investigar las conductas que pudieran constituir delito(26)) y la medida restrictiva de la libertad que se le impuso, toda vez que, se insiste, todo permitía inferir su participación en la comisión de varios delitos, situación que sólo se podía esclarecer en el escenario de un proceso penal. Ahora, es cierto que la Fiscalía acusó al acá demandante de unos delitos por los cuales, posteriormente, no pudo ser declarado responsable, por falta de prueba respecto de su participación en ellos; sin embargo, ello no obsta para afirmar que, en todo caso, HGR sí incurrió en una conducta irregular, solo que por ese comportamiento el juez penal no pudo realizar pronunciamiento alguno, por cuanto estaría desconociendo el artículo 29 de la Constitución.

Bajo esa perspectiva, para la Sala es claro que el proceder del demandante, en el presente caso, determinó que tuviera que asumir la carga de la investigación penal de la que fue objeto; por tanto, el reproche de la conducta de la víctima hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos enfrentados en el caso concreto: efectividad de las decisiones que debe proferir la administración de justicia, de un lado, y la esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro(27).

Así, pues, a juicio de la Sala no existe vínculo causal (entendido desde la perspectiva de la “causalidad adecuada”) entre la medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el presente asunto, pues, se insiste, la privación de la libertad del señor GR no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración de justicia (a pesar de ser la causa inmediata), ni mucho menos en una falla del servicio imputable a ésta, sino en la conducta asumida por él mismo.

En este orden de ideas, está demostrado que el señor HGR dio lugar con su comportamiento a que se le investigara penalmente, ante lo cual resulta necesario recordar que nadie puede sacar provecho o ventaja de su propia culpa.

Por lo anterior, es claro que en el caso analizado se configuró la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, la cual permite liberar de responsabilidad a la parte demandada por los hechos que se le imputan y, en consecuencia, se impone la confirmación de la sentencia recurrida.

5. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 18 de febrero de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera. 

1 Expediente 2008 00009.

2 Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

3 Entre otros, sentencias del 14 de febrero de 2002 (Exp. 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (Exp. 21.801).

4 Fls. 105 a 140, c. 1.

5 Fl. 150, c. 1.

6 Fls. 176 a 177, c. 1.

7 Fl. 22, c. 4.

8 Fl. 330, c. 6.

9 La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

10 “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

10(sic) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007 (Exp. 15.463).

11 En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, Exp. 19.151, precisó: “...no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma...”.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006 (Exp. 13.168); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007 (Exp. 15.463).

13 Sección Tercera, Sentencia de 1º de octubre de 1992 (Exp. 7058).

14 Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994 (Exp. 8666).

15 Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994 (Exp. 9391).

16 Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995 (Exp. 10056).

17 RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

18 Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997 (Exp. 11.754). No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

19 Sentencia de 20 de febrero de 2008 (Exp. 15.980).

20 GARCÍA MORILLO, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. 2003, pág. 258.

21 El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

23 Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

24 Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

25 Fls. 3 a 7 y 8, c. 4.

26 El texto original del artículo 250 de la Constitución Política, antes de la reforma introducida por el Acto Legislativo 006 de 2011 señalaba: “Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”.

27 En este sentido se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 2 de mayo de 2007 (Exp. 15.463).