Sentencia 2010-00165/46482 de junio 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 18001-23-31-000-2010-00165-01 (46.482)

Actor: Robinson Giraldo Mavesoy y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. la competencia de la Sala: el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los procesos que versen sobre error judicial, defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y privación injusta de la libertad; 3. el ejercicio oportuno de la acción; 4. los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5. objeto de esta sentencia: solo se estudiarán los puntos de la apelación —fundamento de la responsabilidad de la Fiscalía, indemnización de perjuicios morales y daño a la vida de relación/bienes constitucionales—, lo demás se confirmará; 6. el caso concreto: se demostró que la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya estuvo privada de la libertad y que luego la absolvieron de responsabilidad porque no cometió el delito que se le endilgó: 7. la imputación respecto de la Fiscalía: se la declara responsable porque la absolución ocurrió con base en una hipótesis que permite hacerlo desde un punto de vista objetivo; 8. indemnización de perjuicios: a) morales: se incrementa la indemnización para el compañero permanente, madre, hijos y hermanos, de acuerdo con los parámetros sugeridos por la jurisprudencia; b) daño a bienes constitucionales protegidos: se confirma la condena dineraria impuesta en primera instancia para indemnizar este perjuicio, toda vez que modificarla para decretar una medida de satisfacción violaría el principio de no reformatio in pejus; 10. acerca de la condena en costas: no procede porque las partes no presentaron conductas temerarias.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia".

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso18.

Como en este caso se debate la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad que habría soportado una ciudadana, la Sala es competente para conocerlo en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes, en contra de la sentencia que el Tribunal Administrativo del Caquetá profirió el 21 de junio de 2012.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

 

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad en virtud de una medida de aseguramiento de detención preventiva19.

El presente caso se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes, como consecuencia de la privación de la libertad que soportó la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya.

Reposa en el expediente la copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, calendada el 8 de octubre de 200720, por medio de la cual se confirmó la absolución dictada en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, a favor de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, de su participación en el delito de rebelión21.

De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, la sentencia de segunda instancia adquirió firmeza el 6 de noviembre de 200722.

Así las cosas, el término de caducidad iba hasta el 7 de noviembre de 2009. Dado que la demanda se presentó el 13 de diciembre de 2007, se hizo de manera oportuna.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, fi) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función judicial en cuyo caso se deberá aplicar el régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva23.

Todo lo anterior se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así: en primer lugar, en abril 6 de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y en la Ley 270 de 1996.

En segundo lugar, mediante sentencia fechada el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y de la Ley 270 de 1996 también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por la aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Delimitación del objeto de esta sentencia.

Esta providencia se limitará a examinar los puntos expuestos en los recursos de apelación.

Se analizará el fundamento de la declaración de responsabilidad que efectuó el Tribunal de primera instancia en contra de la Fiscalía. Sobre este tema versó la apelación que presentó esta entidad.

También se indagará sobre la posibilidad o no de aumentar la condena por concepto de indemnización de perjuicios morales y de daño a la vida de relación, dado que así lo solicitó la parte actora en la apelación.

Los demás aspectos de la sentencia de primera instancia se confirmarán, pues no fueron objeto de los recursos.

6. El caso concreto.

Con la demanda se solicitó que se decretara el traslado de la investigación adelantada en contra de la demandante. El Tribunal Administrativo del Caquetá accedió a esta petición y solicitó al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia que remitiera a este proceso la copia auténtica del proceso penal.

En efecto, se logró el recaudo de dicha prueba trasladada. De esta manera se precisa el origen de los documentos que se tendrán en cuenta para determinar la situación jurídica que soportó la demandante.

Obra en el expediente la Resolución fechada el 3 de junio de 2003, por medio de la cual se resolvió la situación jurídica de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. De acuerdo con esta decisión, la demandada fue sindicada del delito de rebelión, por posiblemente pertenecer a las Farc24.

Según lo expuesto en dicha resolución, la vinculación de la demandada a la investigación ocurrió en las siguientes circunstancias (se transcribe literal, inclusive los posibles errores):

"Así mismo se realizó el cruce de información entre los diferentes organismos judiciales y de seguridad del Estado allegar la identificación o individualización de varias de las personas sobre las cuales se tenía referencia de ser integrantes del frente XIV y de la columna Teófilo Forero, lo cual fue corroborado con las declaraciones de tres testigos que fueron integrantes de esos frentes.

"(...).

"Se procedió a enseñar la cartilla precitada a las personas que habían declarado dentro de las diligencias como lo son (...) de la columna Teófilo Forero; (...) del frente XIV, quienes reconocieron a varias de las personas allí registradas como sus antiguos compañeros de la guerrilla de algunos conocían sus nombres, de otros solamente sus alias, por ser la forma de identificarse al interior de las organizaciones subversivas.

"Sobre las personas integrantes de la columna Teófilo Forero, que integran esa agrupación subversiva declaró bajo la gravedad de juramento (...), aseguró que son milicianos de dicha agrupación, entre ellas, Flor Albenis Cuchumba Amaya contra quien se había librado orden de captura'25.

Adicionalmente, se cuenta con la Resolución expedida el 23 de abril de 2004, a través de la cual la Fiscalía acusó a la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya de su posible responsabilidad en el delito de rebelión. En esta oportunidad se decidió que ella debía permanecer privada de la libertad26.

De igual manera cuenta el expediente con la sentencia que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia profirió el 17 de enero de 2006, por medio de la cual absolvió a la demandante del referido delito. En esta providencia se ordenó dejarla en libertad27.

En cuanto a las fechas entre las cuales la demandante estuvo detenida, obra en el proceso una certificación expedida por el Inpec en la que se consignó que ocurrió entre el 22 de mayo de 2003 y el 18 de enero de 200628, sindicada del delito de rebelión. Es decir, 31,9 meses. Los lugares de reclusión fueron las cárceles de Florencia y de Bogotá.

No resulta extraño que la fecha certificada por el Inpec, como de ingreso de la demandante a la cárcel, sea anterior a la resolución que le impuso la medida de aseguramiento. Ciertamente, de acuerdo con esa decisión, para el momento en que se resolvió la situación jurídica de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya esta ya estaba detenida, pues sucedió desde la diligencia de indagatoria.

7. La imputación de la responsabilidad respecto de la Fiscalía.

De conformidad con la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, estas fueron las razones por las cuales se exoneró de responsabilidad a la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya (se transcribe literal, incluidos los posibles errores):

"Dice (...) de Flor Albenis Cuchimba Amaya que vive en el Paujil diagonal al colegio, el marido se llama Robinson y es latonero, un hermano suyo menor de edad de nombre (...) fue capturado en Puerto Rico por la muerte de un Policía; trabaja con la columna Teófilo Forero y ha estado en campamento, todos los de su familia son milicianos.

"Lastimosamente con una acusación tan gaseosa les tocó afrontar el proceso hasta la instancia final de la sentencia. Se trata de manifestaciones genéricas de pertenecer a una determinada cuadrilla de las Farc y tener parentesco o afinidad con sujetos que se afirman son guerrilleros. A estas simples palabras se reduce la incriminación. Ni siquiera se les indica una acción concreta o directa por vaga que sea hayan cometido. Les tocó correr con la rastra y la mala fama de los consanguíneos y los afines, como si la responsabilidad penal fuera colectiva.

"De ahí la incertidumbre para conocer si realmente las procesadas integran la agrupación alzada en armas, en el entendido que las pruebas dejan amplio espectro de interpretación, sin podernos determinar por una de ellas con la certeza requerida por la ley para apuntalar la responsabilidad.

"Para evitar desgaste en un punto tan claro, recordemos que unos son los requisitos para dictar medida de aseguramiento, otros para acusar y otros muchos más exigentes para proferir sentencia condenatoria. Para esta última no hay lugar a juicios hipotéticos o de meras probabilidades, se requiere una convicción íntima con grado de certeza tanto de la existencia de la conducta punible como de la responsabilidad del sindicado. (...) Empero para el caso de las procesadas (...) y Flor Albenis Cuchimba Amaya la prueba es insuficiente, deficiente, etérea para poder afirmar con plena convicción que pertenecen al colectivo'29.

En atención a las razones de la absolución, resulta procedente acudir al régimen objetivo para declarar responsable a la Fiscalía por la privación de la libertad que soportó la demandante, toda vez que no se detectaron irregularidades en las actuaciones adelantadas por esa institución.

El hecho de que se hubiera privado de la libertad a la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, con base en unos testimonios que no resultaron creíbles, no significa que hubo irregularidades. Se entiende que la diferencia a la hora de valorarlos se debió a la autonomía que los funcionarios judiciales poseen para analizar las pruebas de un proceso.

Ciertamente, la absolución obedeció a uno de los supuestos que permite declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, según lo expuesto en el apartado cuarto de esta providencia.

De hecho, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia absolvió a la demandante porque desvirtuó la declaración que la señalaba de pertenecer a la guerrilla. Consideró que era un testimonio que no explicaba la razón de su dicho, es decir, que se componía de afirmaciones que carecían de soporte y, por tanto, eran genéricas.

Es decir, la razón de la decisión no la constituyó la aplicación del principio de in dubio pro reo, sino que se carecía de prueba respecto de la existencia de la supuesta conducta punible. Simplemente la demandante no cometió la conducta por la cual se la investigó.

La privación de la libertad que soportó la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya no se produjo como consecuencia de un hecho que le fuere atribuible, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permitiere establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquella.

Dado que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia desvirtuó el testimonio que incriminaba a la demandante, no resulta posible pensar que algún comportamiento suyo favoreció su captura, sencillamente porque no cometió la conducta que se le endilgó.

Lo que le ocurrió a la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya permite afirmar que no resulta posible considerar que estaba en la obligación de soportar la restricción de su libertad, por su posible participación en el delito de rebelión.

Desde todo punto de vista es desproporcionado pretender que se le pueda exigir a la demandante que asuma de forma impasible y como si se tratara de una carga pública, en condiciones de igualdad, la privación de su derecho a la libertad y ello en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado.

Es por lo anterior que debe calificarse de antijurídica la restricción de su derecho a la libertad que se prolongó entre el 22 de mayo de 2003 y el 18 de enero de 2006, por lo que surge la consecuente obligación en cabeza de la Fiscalía de resarcirlo, pues permaneció privada de la libertad por su decisión.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar para el éxito de su pretensión resarcitoria nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran verificados en el expediente.

A pesar de que a la Fiscalía le correspondía demostrar en el proceso la presencia de algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una de las causales de exoneración, como pudieran ser la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva y determinante de la víctima, ninguna se acreditó en el plenario .

En definitiva, debe confirmarse la sentencia apelada, en cuanto declaró la responsabilidad de la Fiscalía por la privación injusta de la libertad que soportó la demandante.

Como se expuso en estas consideraciones, no resultaba necesario que la Fiscalía hubiera cometido alguna irregularidad en desarrollo de la investigación para declararla responsable, tal y como lo sugirió en la apelación.

Dicho lo anterior, se procede a estudiar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el que se solicitó el incremento de las condenas por concepto de indemnización de perjuicios morales y de daño a la vida de relación.

8. Indemnización de perjuicios.

a) La parte actora solicitó en la apelación que se incrementara la indemnización de los perjuicios morales, así:

— Para las siguientes personas una suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, toda vez que en la sentencia apelada se les concedió 60, para cada uno:

Robinson Giraldo Mavesoy (compañero permanente), Herlinson Frandey Giraldo Cuchimba (hijo) y María Elsa Amaya (madre) de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya.

— Para las siguientes personas una suma de dinero equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, toda vez que en la sentencia apelada se les concedió 30, para cada uno:

— Hermides Cuchimba Amaya, Yaqueline Cuchimba Amaya (hermanos) y Pastora Mavesoy de Giraldo (suegra) de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya.

Al proceso se allegaron los registros civiles de nacimiento, por medio de los cuales se demostró el parentesco indicadora.

De igual manera, de acuerdo con la prueba testimonial, se demostró que el señor Robinson Giraldo Mavesoy era el compañero permanente de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya. También se estableció que la señora Pastora Mavesoy de Giraldo era la madre de aquel y31, por tanto, la suegra de la directamente afectada.

En efecto, la declaración de un vecino de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya expuso que (se transcribe literal, incluidos los posibles errores):

"Sí la conozco hace aproximadamente 12 años, porque somos vecinos y por qué ella trabajó como secretaria en el colegio donde yo trabajaba como rector. (...) Sé que tiene hermanos, pero no los conozco, sí conozco al compañero permanente de ella Robinson y el hijo, la suegra Pastora Mavesoy. (...) Ellos son normales, ella ha convivido todo el tiempo con la suegra (...) Ellos están viviendo hace como 12 años, todavía están viviendo juntos (...) Preguntado: Díganos si tiene conocimiento qué persona quedó a cargo del menor Harlinson Frandey Giraldo Cuchimba durante el tiempo que su madre permaneció privada de la libertad. Contestó: Al menor lo cuidaba la suegra de ella Pastora Mavesoy.

(...) Preguntado: Díganos si le consta quiénes visitaron en la cárcel de Florencia y Bogotá a la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya. Contestó: La visitaba la suegra Pastora y el esposo (...) respecto de la sociedad le causaron un daño porque la sindicaban de guerrillera'32.

Además, así relató otra testigo también vecina de la demandante (se transcribe literal, incluidos los posibles errores):

"El núcleo familiar de ella está integrado por el esposo Robinson, el hijo Harlinson, no recuerdo los nombres del papá y la mamá, la suegra Pastora. (...) Del menor quedó a cargo doña Pastora que era la abuelita, porque el papá trabajaba en talleres de mecánica (...) Cuando eso fue difícil porque decían que ella era guerrillera, todos estaban tristes por ella estaba en la cárcel, por no aceptaban que ella estuviera en la cárcel, en cuanto a perjuicios materiales ella perdió el trabajo, los gastos que tenía la suegra y el esposo para ir a visitarla a Bogotá [recuérdese que la demandante estuvo detenida en Bogotá]'33.

Como puede verse, los declarantes reconocieron al señor Robinson como la pareja sentimental de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya. Esta afirmación tiene sentido, toda vez los padres de Herlinson Frandey Giraldo Cuchimba son los dos primeros.

Añádase que los declarantes narraron hechos que permiten inferir cercanía entre la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya y su suegra —abuela de Herlinson Frandey Giraldo Cuchimba—. En efecto, expusieron que vivían juntas, que cuidó de su nieto mientras la madre estuvo detenida y que la visitaba en la cárcel. Estas circunstancias son demostrativas de que había afecto entre ellas, circunstancia que permite deducir un perjuicio moral en cabeza de la suegra.

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, dado que es razonable asumir que la persona a la que se le afecta su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se extendió a su compañero permanente, madre, hijo y hermanos quienes igualmente se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

Sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P. art. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

En relación con el quantum indemnizatorio de esta tipología de perjuicios, la Sala ha tomado como guía de su tasación los criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta corporación del 28 de agosto de 201434, según los cuales, dependiendo del período de restricción física de la libertad de la víctima directa del daño y del grado de parentesco de cada uno de los demandantes, los montos que se sugieren como indemnización, tasados en salarios mínimos legale mensuales vigentes, son los siguientes:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidad 4° deParientes en el consanguinidad y afines hasta el 2°Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del porcentaje de la Víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 smlmvsmlmvsmlmvsmlmvsmlmv
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, como la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya estuvo privada de la libertad en establecimiento carcelario por 31,9 meses, la indemnización de los perjuicios morales será la siguiente, expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia:

Robinson Giraldo Mavesoy (compañero permanente)100
Herlinson Frandey Giraldo Cuchimba (hijo)100
María Elsa Amaya (madre)100
Hermides Cuchimba Amaya (hermano)50
Yaqueline Cuchimba Amaya (hermana)50

Se accederá a incrementar las indemnizaciones de los perjuicios morales de los anteriores demandantes, toda vez que los parámetros de la jurisprudencia así lo permiten.

La indemnización de los perjuicios morales para la suegra de la demandante se confirmará, toda vez que no resulta posible incrementarla.

La sentencia apelada le concedió a la suegra una indemnización por 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin embargo, en atención al tiempo que la demandada estuvo detenida y en vista de que se demostró el perjuicio moral, le correspondería una compensación de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con el nivel 4 de la tabla de referencia.

No resulta posible disminuir a la referida demandante la indemnización, toda vez que funge como apelante única respecto de este punto de la sentencia de primera instancia.

Así mismo, se confirmará la indemnización de perjuicios morales para la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, por valor de 155 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta condena no la apeló la Fiscalía.

b) En la apelación que presentó la parte actora también se solicitó que se incrementara la indemnización del daño a la vida de relación, así:

Para la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya una suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, toda vez que en la sentencia apelada se le concedió 50.

Para el señor Robinson Giraldo Mavesoy (compañero permanente), el joven Herlinson Frandey Giraldo Cuchimba (hijo) y María Elsa Amaya (madre), una suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, toda vez que en la sentencia apelada se les concedió 25, para cada uno.

Para la señora Pastora Mavesoy de Giraldo (suegra) el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dado que en la sentencia apelada le otorgaron 25.

Para cada uno de los señores Hermides Cuchimba Amaya y Yaqueline Cuchimba Amaya (hermanos) una suma de dinero equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, toda vez que en la sentencia apelada se les negó la indemnización del daño a la vida de relación.

El “daño a la vida de relación” —término que se utilizaba para la época de la presentación de la demanda- se indemniza actualmente bajo la denominación de afectación de los bienes constitucionalmente protegidos35.

Esta corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación o alteración de las condiciones de existencia para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud36 (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados37, estos últimos que se reconocerán siempre y cuando se encuentre acreditado dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Igualmente, se señaló que debe privilegiarse la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias y, además, se precisó que, solamente en casos excepcionales, debe reconocerse una indemnización pecuniaria —hasta 100 smlmv— exclusivamente para la víctima directa, siempre y cuando las medidas no pecuniarias no fueran suficientes, pertinentes, oportunas o posibles.

Con esta óptica, encuentra la Sala que lo que se pretendió en la demanda con la indemnización del daño a la vida de relación para la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, porque se afectó su “derecho a la honra al verse sindicada de una conducta punible que no cometió", es precisamente la reparación de ese bien constitucionalmente protegido —honra—-.

Se considera que con los testimonios rendidos en primera instancia transcritos en el acápite anterior se demostró la vulneración de la honra de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, producto de los señalamientos que la comunidad a la que pertenecía le efectuó de pertenecer a la guerrilla a partir de su vinculación a la investigación penal. Sin embargo, lo cierto es que el juez penal concluyó que no había pruebas que demostraran su responsabilidad penal, por lo que cualquier comentario difamatorio no tenía asidero.

Resulta oportuno señalar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de 201438, unificó la jurisprudencia en lo atinente al reconocimiento de los perjuicios por la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en el sentido de que su reconocimiento procede siempre y cuando se encuentre acreditado dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Igualmente, se señaló que debe privilegiarse la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias y, además, se precisó que, solamente en casos excepcionales, debe reconocerse una indemnización pecuniaria —hasta 100 smlmv— exclusivamente para la víctima directa, siempre y cuando las medidas no pecuniarias no fueran suficientes, pertinentes, oportunas o posibles.

Así las cosas, habría que adoptarse una medida de reparación no pecuniaria a favor de la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de primera instancia impuso una condena en dinero a la Fiscalía, no resulta posible modificarla para ordenar una medida de satisfacción, pues se desmejoraría la situación de la parte actora, apelante única en relación con este tema.

En suma, se confirmará la condena que el Tribunal de primera instancia impuso por concepto de indemnización de bienes constitucionales protegidos.

9. Actualización de la condena por concepto de indemnización del lucro cesante.

La sentencia de primera instancia condenó a la Fiscalía a indemnizar el lucro cesante que soportó la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, como consecuencia de la privación injusta de la libertad.

Dicha condena no fue objeto de alguno de los recursos de apelación que se presentaron, razón por la cual deberá confirmarse, previa actualización de su valor.

Para actualizarla se tendrá en cuenta el IPC vigente a la fecha en que se expidió la sentencia de primera instancia, así como el que rige actualmente. Se utilizará la siguiente fórmula:

a)

ca ch
 

En donde:

— Ca: Capital actualizado a establecer.

— Ch: Capital histórico a traer a valor presente: valor de la condena lucro cesante: $ 31'713.319,72

— Índice final: IPC vigente a la fecha de esta sentencia: mayo de 2017: -137,71

— Índice inicial: IPC vigente a la fecha de la privación de la libertad: junio de 2012: -111,35-

cd2
 

10. Condena en costas.

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 21 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la cual quedará así:

1. DECLARAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación- es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad que soportó la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación- a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por la siguiente suma de dinero:

Para la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya: treinta y nueve millones doscientos veinte mil ochocientos cuarenta y seis pesos (39'220.846).

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación- a pagar indemnización de perjuicios morales por las siguientes sumas de dinero, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

Flor Albenis Cuchimba Amaya (víctima directa)155
Robinson Giraldo Mavesoy (compañero permanente)100
Herlinson Frandey Giraldo Cuchimba (hijo)100
María Elsa Amaya (madre)100
Hermides Cuchimba Amaya (hermano)50
Yaqueline Cuchimba Amaya (hermana)50
Pastora Mavesoy de Giraldo (suegra)30

4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación- a pagar indemnización del daño a la vida de relación —hoy bienes constitucionales protegidos—, por las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

Flor Albenis Cuchimba Amaya (víctima directa)50
Robinson Giraldo Mavesoy (compañero permanente)25
Herlinson Frandey Giraldo Cuchimba (hijo)25
María Elsa Amaya (madre)25
Pastora Mavesoy de Giraldo (suegra)25

5. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

9. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

19 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por esta Subsección:

— Providencia del 26 de agosto de 2015, radicado 200301473 01 (38.649), actor: Ómar Fernando Ortiz y otros, consejero ponente Hernán Andrade Rincón (E).

— Providencia del 25 de junio de 2014, radicado 199900700 01 (32.283), actor: Wladimiro Garcés Machado y otros, consejero ponente Hernán Andrade Rincón (E).

20 Folios 1-74 del cuaderno de pruebas 1.

21 Folios 1-75 del cuaderno de pruebas 2.

22 Folio 75 del cuaderno de pruebas 1.

23 Sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 4 de diciembre de 2006, exp 13.168 y el 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, siendo en ambos casos el magistrado ponente Mauricio Fajardo Gómez. El contenido de esas providencias fue reiterado por esta Subsección en sentencia fechada el 27 de marzo de 2014, exp 31.535, magistrado ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera.

24 Cuaderno de pruebas 3.

25 Folio 7 del cuaderno de pruebas 3.

26 Cuaderno de pruebas 4.

27 Cuaderno de pruebas 2.

28 Folios 172-173 del cuaderno principal.

29 Folios 53-54 del cuaderno de pruebas 2.

30 Las copias auténticas de los registros civiles obran entre los folios 21-25 del cuaderno principal.

31 La copia del registro civil de nacimiento del señor Robinson Giraldo Mavesoy obra en el folio 23 del cuaderno principal.

32 Folio 76 del cuaderno de pruebas 5.

33 Folio 78 del cuaderno de pruebas 5.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación - Rama Judicial.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 32.988, Magistrado Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

36 "(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011. exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia. sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (...) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (...)” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

37 Ibídem.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Expediente: 32.988, Radicación 05001-23-25-000-1999-01063-01, Actor: Félix Antonio Zapata y otros.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que sufrió la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, por el delito de rebelión, del cual fue exonerada por la justicia penal, por cuanto no lo cometió, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/91, art. 414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó a la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya, ya que la justicia penal la exoneró de responsabilidad, por cuanto no cometió el delito imputado.

Fecha ut supra. 

Carlos Alberto Zambrano Barrera