SENTENCIA 2010-00167/55765 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2016

 

Sentencia 2010-00167/55765 de septiembre 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 41001-23-31-000-2010-00167-01(55765)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Demandado: Jairo Alberto Campo Acosta y otros

Referencia: acción de repetición (apelación sentencia)

Bogotá, D. C., doce de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila el 19 de agosto de 2015, con fundamento en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 - modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

2. Normatividad aplicable.

Precisa la Sala que en el sub - lite, los hechos que dieron origen a la condena proferida Huila en contra de la entidad demandante el 27 de febrero de 2007 por el Tribunal Contencioso Administrativo, se produjeron el día 23 de agosto de 1997, fecha en la cual resultó físicamente lesionado el Soldado Regular César Augusto González González como consecuencia de los golpes y agresiones propinados por los miembros del Ejército Nacional, CS. Juan Enrique García Peñaranda, CS. Oscar Alexander Estupiñán Medina, y por el CS. Robín Smith Rentería Ramírez.

De manera que, en los aspectos de orden sustancial son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991, 77 y 78 del Decreto-Ley 01 de 1984(21).

Sin embargo, en cuanto a las normas procesales se aplican las contenidas en la Ley 678 de 2001, por ser la normativa vigente al momento de presentación de la demanda(22).

3. Elementos para la procedencia de la acción de repetición.

La Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias(23) los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición(24).

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes:

i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena.

La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado.

ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación(25), una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto(26).

iii) El pago efectivo realizado por el Estado.

La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación.

iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.

4. Medios probatorios.

Obran dentro del plenario los siguientes medios de prueba que interesan al proceso:

Obran dentro del plenario los siguientes medios de prueba que interesan al proceso:

1. Copia auténtica de la providencia disciplinaria proferida el día 29 de octubre de 1998(27) por el Comandante del Batallón de Artillería Nº 9 Tenerife de Huila, en la que se manifestó:

RESUELVE:

PRIMERO: Imponer al SS. Campo Acosta Jairo Alberto, Código Militar Nº 8747350, una reprensión simple, por haber infringido el Decreto 085 de 1989, en su tercera parte, capítulo II, artículo 65, sección C, literal B, y sección F, literales a y b, por no haber cumplido con el debido celo y oportunidad las obligaciones y deberes del servicio, conforme a lo ordenado por el comandante de la Batería Bombarda, según hechos ocurridos el 23 de agosto de 1997.

SEGUNDO: Abstenerse de sancionar disciplinariamente a los Suboficiales CS. García Peña Juan Enrique, CM. 79820833, CS. Estupiñán Medina Oscar Alexander, CM. 79870659 y CS. Rentería Ramirez Robins Esmith, CM. 11804709, en razón a que (sic) por los hechos por los que se les vinculó a la presente investigación, ya fueron sancionados con una represión severa, mediante la (sic) orden del día Nº 281, emanada del Comando de la Batería Bombarda para el 25 de Agosto de 1997.

TERCERO: Comoquiera, que la sanción impuesta a los suboficiales CS. García Peña Juan Enrique, CS. Estupiñán Medina Oscar Alexander y CS. Rentería Ramírez Robins Esmit, no les aparece registrada en los extractos de la hoja de vida que obran dentro de la investigación, solicitar al Comando Ejército, Departamento E-1, se registre (…)”.

Del anterior documento que goza de presunción de legalidad, se extractan los medios probatorios que a continuación se reseñan, con fundamento en el artículo 185 del CPC(28) que indica que las pruebas practicadas válidamente en un proceso pueden trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella, tal y como ocurrió en el presente caso:

a. Las declaraciones rendidas por los Suboficiales Jairo Alberto Campo Acosta, Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez ante el Comandante de Artillería Nº 9 Tenerife, en las que negaron las acusaciones que contra ellos se estaban presentando(29).

b. Las declaraciones realizadas por los soldados Julio César Ávila Rengifo, José Alexander Pérez Agudelo, Jhon Fredy Pérez Quintero, Carlos Augusto Ramírez Núñez y Héctor Javier León ante el Comandante de Artillería Nº 9 Tenerife, los cuales señalaron que el día 23 de agosto de 1997 se encontraban en el mismo lugar junto con el soldado César Augusto González González efectuando una actividad atlética y que, mientras el soldado González González recorría la pista de obstáculos, fue golpeado brutalmente por algunos compañeros y por los suboficiales Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez(30).

c. La declaración hecha por la víctima César Augusto González González, quien manifestó que el día 23 de agosto de 1997, cuando inició a cruzar el primer obstáculo de la pista atlética, “(…) los soldados que estaban mirando, comenzaron a darle con unos palos de guadua, por orden del CS. Rentería y el CS. García, quien también le pegó, y que cuando llegó al obstáculo en donde se encontraba al CS. Estupiñán, éste lo cogió por el cuello como si lo fuera a ahorcar (…)”(31).

2. Copia auténtica de la sentencia disciplinaria proferida el día 28 de abril de 1999(32) por el Comandante del Batallón de Artillería Nº 9 Tenerife, mediante la cual se revocó el fallo fechado el 29 de octubre de 1998 y en la que se dijo:

RESUELVE:

PRIMERO: Revocar los numerales dos y tres de la providencia de fecha 29 de octubre de 1998, proferida por éste Comando, dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra los Suboficiales CS. García Peñaranda Juan Enrique, CS. Estupiñán Medina Oscar Alexander y CS. Rentería Ramírez Robins Esmith, con fundamento a las razones impuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Declarar inexistente, la represión severa impuesta a los Suboficiales CS. García Peñaranda Juan Enrique, CS. Estupiñán Medina Oscar Alexander y CS. Rentería Ramírez Robins Esmith, por parte del capitán Jhon Alaf Peña Pineda, Comandante de la Batería Bombarda y publicada en la órden (sic) del día Nº 281 del 25 de agosto de 1997.

TERCERO: Imponer a los suboficiales CS. García Peñaranda Juan Enrique CM. 79820833, CS. Estupiñán Medina Oscar Alexander CM. 79870659, y CS. Rentería y Ramírez Robins Esmith CM. 11804709, una represión severa, por haber infringido el Decreto 085 de 1989, en su tercera parte, capítulo II, artículo 65, sección B del abuso de autoridad, literal a, por haberse (sic) extralimitado en la humanidad del SL. González González César Augusto (…)”.

3. Copia auténtica de la sentencia de reparación directa proferida el día 27 de febrero de 2007(33) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, donde fue demandante el señor César Augusto González González y demandada la Nación-Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, la cual:

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, es administrativa y extracontractualmente responsable de las lesiones ocasionadas al conscripto César Augusto González, en hechos acaecidos en el Batallón Magdalena de Pitalito el 24 de agosto de 1997. De contera, de los perjuicios que de acuerdo con la parte motiva fueron irrogados.

SEGUNDO: Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a cancelar a César Augusto González, los perjuicios morales, fisiológicos y a la vida de relación:

Perjuicios morales: 

El equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria de esta providencia.

Perjuicios materiales (Lucro cesante). 

La suma de 18.628.851,11.

TERCERO: Denegar las demás suplicas de la demanda (…)”.

4. Copia auténtica de la constancia de ejecutoria de la sentencia del 27 de febrero de 2007 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en la que se manifiesta que dicha providencia quedó debidamente ejecutoriada el día 27 de marzo de 2007(34).

5. Copia auténtica de la Resolución 1838 del 8 de mayo de 2008(35), “por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de César Augusto González González y otros”, suscrita por el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa y en la que se dispuso:

“Total capital-perjuicios morales y materiales

Nombre Capital

César Augusto González $8.674.000,00

César Augusto González - lucro cesante $18.628.851,11

$27.302.851,11

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Disponer el pago de la suma de trienta y seis millones ciento noventa y ocho mil novecientos cincuenta pesos por treinta y dos centavos m/cte. ($36.198.950,32), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a César Augusto González, a través de su apoderado doctor (a) Luis Herneyder Arévalo con C.C Nº 6.084.886 de Cali y Tarjeta Profesional de Abogado Nº 19.454 del Consejo Superior de la Judicatura (…)”.

ARTÍCULO 2º. La Tesorería Principal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional-Gabinete, pagará la suma liquidada previo los descuentos de ley con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación a favor del doctor (a) Luis Herneyder Arévalo con C.C. Nº 6.084.886 de Cali, en la cuenta corriente Nº 268-00031-0 del Banco de Occidente Credencial y/o cuenta que figure en el SIIF, cuyo comprobante reemplazará en sus efectos al paz y salvo que expide la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional (…)”.

6. Original de la certificación proferida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional el día 7 de diciembre de 2009, en donde se manifiesta que(36):

“La Resolución 1838 del 08 de mayo de 2008, por valor de $36.198.950,32 fue cancelada al señor Luis Herneyder Arévalo identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 6.084.886, con los Comprobantes de Egreso Nº 4035 y 4036 de junio 09 de 2005, a través de transferencia electrónica a la cuenta Nº 268000031 del Banco de Occidente el 09 de junio de 2008 (…)”.

7. Original de la certificación expedida por la Dirección de Personal del Ejército Nacional el día 30 de diciembre de 2009, en el cual se acredita que los demandados Jairo Alberto Campo Acosta, Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez se encuentran retirados de la Institución, desempeñándose el primero, cuando se encontraba de servicio, como sargento viceprimero y los otros tres, como cabos segundos(37).

5. El caso en concreto.

Se analizará en el sub judice si hay lugar a confirmar la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, o por el contrario, si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de los señores SS. Jairo Alberto Campo Acosta, CS. Juan Enrique García Peñaranda, CS. Oscar Alexander Estupiñán Medina, y por el CS. Robín Smith Rentería Ramírez, es decir, si se cumplen los requisitos de la acción de repetición antes señalados, de acuerdo con el material probatorio recaudado.

5.1. Ahora bien, respecto del primer requisito, (calidad del agente), la Sala lo tendrá por acreditado de acuerdo con las pruebas arrimadas al expediente, de las que se puede determinar que los demandados para la época de los hechos (1997), se encontraban vinculados como Suboficiales del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Infantería Nº 27 Magdalena (Pitalito-Huila), pues así fueron identificados en la investigación disciplinaria realizada por el Batallón de Artillería Nº 9 Tenerife el día 29 de octubre de 1998(38), por los mismos hechos hoy estudiados, en ella se plasmó lo siguiente:

“(…) Dentro de la investigación, igualmente obran los documentos que acreditan la calidad militar y la dependencia orgánica de los disciplinados, al Batallón de Artillería Nº 9 Tenerife, para la época en que ocurrieron los hechos que se investigaron (…). Así mismo, se allegó a la investigación, el extracto de la hoja de vida de los inculpados, donde se observa que no les aparece registrada ninguna sanción disciplinaria, con posterioridad a la fecha en que ocurrieron los hechos que se investigan (…)”.

Del mismo modo, se allegó la certificación expedida el día 30 de diciembre de 2009 por la Dirección de Personal del Ejército Nacional, en el cual se acredita que los demandados Jairo Alberto Campo Acosta, Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez se encuentran retirados de la Institución, desempeñándose el primero, cuando se encontraba de servicio, como sargento viceprimero y los otros tres como cabos segundos(39).

Documentos que permiten acreditar que estos eran miembros activos de la entidad demandante Ejército Nacional, para el momento de los hechos (23 de agosto de 1997), pues se desempeñaban como militares de la misma, lo que determina que el primer requisito para la prosperidad de la acción de repetición se encuentra demostrado.

5.2. Para acreditar el segundo de los requisitos (condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere el pago a cargo del Estado), la Subsección observa que dentro del proceso obra copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila el día 27 de febrero de 2007(40), en la que se declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional de los perjuicios morales y materiales causados al soldado César Augusto González González con ocasión de las lesiones de carácter permanente sufridas como consecuencia de los golpes propinados por los CS. Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, el día 23 de agosto de 1997 mientras desarrollaba un entrenamiento militar, y se condenó a la entidad a pagar una suma equivalente a 20 SMLMV a favor de César Augusto González González por los daños morales causados, así como el valor de $18.628.851,11, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Reposa de igual forma, la copia auténtica de la constancia de ejecutoria proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila el día 28 de marzo de 2007(41), en la que certifica que el día 27 de marzo de 2007, quedó debidamente ejecutoriada de la providencia mencionada(42).

Por lo tanto, se tiene por acreditado el segundo de los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición.

5.3. Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó copia auténtica de la Resolución 1838 del 8 de mayo de 2008 proferida por el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa, “Por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de César Augusto González”(43), en la que se dispuso en su parte resolutiva:

“RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Disponer el pago de la suma de trienta y seis millones ciento noventa y ocho mil novecientos cincuenta pesos por treinta y dos centavos m/cte. ($36.198.950,32), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a César Augusto González, a través de su apoderado doctor (a) Luis Herneyder Arévalo con C.C. Nº 6.084.886 de Cali y Tarjeta Profesional de Abogado Nº 19.454 del Consejo Superior de la Judicatura (…)”.

ARTÍCULO 2º. La tesorería principal de la dirección administrativa del Ministerio de Defensa Nacional - gabinete, pagará la suma liquidada previo los descuentos de ley con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación a favor del doctor(a) Luis Herneyder Arévalo con C.C. Nº 6.084.886 de Cali, en la cuenta corriente Nº 268-00031-0 del Banco de Occidente Credencial y/o cuenta que figure en el SIIF, cuyo comprobante reemplazará en sus efectos al paz y salvo que expide la tesorería principal del Ministerio de Defensa Nacional (…)”.

Igualmente, fue aportado el original de la certificación proferida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional el día 7 de diciembre de 2009, en donde se manifiesta que(44):

“La Resolución 1838 del 08 de mayo de 2008, por valor de $36.198.950,32 fue cancelada al señor Luis Herneyder Arévalo identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 6.084.886, con los Comprobantes de Egreso Nº 4035 y 4036 de junio 09 de 2008, a través de transferencia electrónica a la cuenta Nº 268000031 del Banco de Occidente el 09 de junio de 2008 (…)”.

De esta manera, para la Sala queda demostrado que con las pruebas arrimadas al proceso, la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en el pago de la condena impuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila el día 27 de febrero de 2007(45), como quiera que la certificación expedida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa, constituye un documento público, vinculante, que contiene y refleja la propia manifestación de voluntad de la entidad condenada, y en la cual se verifica que la consignación fue dirigida a quien debía recibirla y estaba autorizada para ello, es decir, el apoderado del señor César Augusto González González, el abogado Luis Herneyder Arévalo, e igualmente, por el monto liquidado.

Así, la Sala tendrá por cumplido el tercero de los requisitos para la procedencia de la acción de repetición.

5.4. Por último, respecto del requisito consistente en la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa, la Sala ha explicado en diferentes oportunidades que, para efectos de determinar la culpa grave o dolo, se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos, en este caso, a lo establecido en el artículo 63 del Código Civil:

“ARTÍCULO 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (negrilla y subrayado fuera de texto).

El Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(46) y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 77(47) y 78(48) del C.C.A. Así dijo que(49), para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política, sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario, tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política(50) y en la ley.

Es clara entonces, la determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.

Así las cosas, la determinación de si una conducta es dolosa o gravemente culposa, reviste un carácter probatorio, debido a que el actor debe demostrar que resulta probada tal circunstancia, solo en tal caso habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial a los demandados.

Sobre el caso concreto se tiene que, de acuerdo a las conclusiones allegadas en la sentencia de reparación directa proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila el día 27 de febrero de 2007(51), documento debidamente aportado al proceso y que no fue tachado de falso por la parte demandada, el soldado César Augusto González González, efectivamente, fue agredido por suboficiales del Ejército Nacional quienes al momento en que se desempeñaban como instructores en los diferentes obstáculos de la pista de gimnasia le proporcionaron golpes en todas las partes del cuerpo, tal y como fue plasmado en el informe proferido por el Oficial de Derechos Humanos del Batallón de Infantería Nº 27 Alto Magdalena el día 23 de agosto de 1997 y dirigido al Comandante de esa unidad militar(52).

Del mismo modo, se encuentra demostrado que a raíz de dicho incidente, el soldado González González fue dictaminado con escoriaciones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, así como también presentó fracturas en el noveno y décimo arco costales superiores, como consecuencia de los golpes recibidos con elementos contundentes que le causaron una incapacidad de 25 de días(53), tal y como quedó evidenciado en la investigación disciplinaria adelantada por el Batallón de Artillería Nº 9 Tenerife.

Bajo estas precisiones, le corresponde a la Sala analizar sí el supuesto fáctico presentado por la entidad actora en el escrito de demanda y en el recurso de apelación, esto es, que la causa para la imposición de la condena a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, se debió a la actuación dolosa de los CS. Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, al causarle lesiones de carácter transitorias y permanentes al soldado César Augusto González González sufridas como consecuencia de los golpes propinados por éstos el día 23 de agosto de 1997 mientras desarrollaba un entrenamiento militar, y por el SS. Jairo Alberto Campo Acosta al tener para la fecha a dichos suboficiales a su cargo y no verificar que sus actuaciones fueran realizadas respetando la integridad del soldado.

Ahora bien, como puede evidenciarse, existen dos categorías de demandados a los que se les imputa la responsabilidad de los hechos por motivos distintos; la primera es la conformada por el SS. Jairo Alberto Campo Acosta, de quien ha dicho la entidad demandante, que si bien éste no participó directamente en la comisión del suceso, si omitió impedir que los cuadros bajo su mando violentaran al soldado González González, actuación que, por ende, estaba revestida de culpa grave; la segunda es la integrada por los CS. Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, a quienes se les acusa de agredir y maltratar violentamente al soldado regular César Augusto González González, propinándole patadas, puños y golpes con cañas de guadua, que le produjeron una incapacidad relativa y permanente por la cual tuvo que ser retirado del Ejército Nacional.

Sobre el primer supuesto, es decir, la valoración subjetiva de la conducta del demandado SS. Jairo Alberto Campo Acosta y la participación que éste pudo tener en el resultado de las lesiones padecidas por el soldado González González, procederá la Sala a analizar el acervo probatorio allegado al plenario, a fin de determinar si su actuación se constituyó en dolosa o gravemente culposa.

Respecto a las actividades realizadas por el SS. Jairo Alberto Campo Acosta el día de los hechos (23 de agosto de 1997), en la decisión disciplinaria proferida por el Batallón de Artillería Nº 9 Tenerife(54) se estableció que este era oficial de Semana de la Batería en el turno de las 2:00 pm. Sin embargo, en atención a su antigüedad ese día, excepcionalmente, fue designado para controlar el entrenamiento de paso de pista, de los soldados que no lo habían hecho el día anterior (22 de agosto de 1997).

En cumplimiento de esta orden, el SS. Campo Acosta organizó a tres suboficiales a su cargo (CS. Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez) para la realización del entrenamiento y él se ubicó al final de la pista para cumplir con los trabajos de su propio pelotón y demás funciones administrativas, por lo que se dijo que desconoció las actividades realizadas por los CS. Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez en contra del soldado César Augusto González González, y sólo tuvo conocimiento horas después cuando el mismo soldado González González le comentó lo que había pasado.

Éste comportamiento conllevó que el SS. Jairo Alberto Campo Acosta fuera sancionado con una represión simple impuesta por parte del Comandante del batallón de Artillería Nº 9 Tenerife, al considerar que éste no cumplió debidamente las obligaciones y deberes del servicio, dentro de ellas, vigilar el comportamiento de las personas a su cargo y de la labor designada.

Pese a lo anterior, la Sala considera que dicha situación no es suficiente para configurar un comportamiento gravemente culposo o doloso en cabeza del SS. Campo Acosta, pues, de las probanzas arrimadas al plenario se pudo comprobar que el Suboficial dio instrucciones precisas sobre cómo debía realizarse el entrenamiento y cómo debían comportarse los suboficiales encargados (Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez) dado que la tarea, en todo caso, requería de la presencia de los hoy demandantes(55).

Asimismo, se demostró que el SS. Jairo Alberto Campo Acosta no participó en los actos reprochables de maltrato físico realizado sobre la integridad del soldado González González, ni siquiera estuvo presente en el momento en el que se le propinó la golpiza y, por ende, no hizo parte del grupo de Suboficiales que utilizó los puños, patadas y elementos contundentes que generaron las contusiones ya conocidas en la humanidad de González González.

Lo anterior fue corroborado con las declaraciones rendidas por los soldados Julio César Ávila Rengifo, José Alexander Pérez Agudelo, Jhon Fredy Pérez Quintero, Carlos Augusto Ramírez Núñez y Héctor Javier León, reseñados en la providencia disciplinaria del 29 de octubre de 1998(56), quienes se encontraban en el mismo lugar junto con la víctima realizando la actividad atlética ordenada, y los cuales manifestaron:

“(…) El S.L Ávila Rengifo Julio César, relata que el día 23 de agosto de 1997, únicamente pasó (sic) por la pista él y el SL. González, quien se encontraba en perfecto estado de salud, pero que luego al cruzar la pista fue agredido por los cabos García y Estupiñán, y por los soldados que se encontraban animando (…)(57).

Además de las versiones anteriores, se allegaron entre otras, los testimonios de los soldados Pérez Agudelo José Alexander, Pérez Quintero Jhon Fredy, Ramírez Núñez Carlos Augusto y León Héctor Javier, quienes coincidieron en afirmar que efectivamente, el SL. Gonzalez César Augusto, al cruzar la pista de eficiencia y combate, fue agredido con puños y patadas por parte del CS, Estupiñán y por el Cabo García quien animaba pegándole con un palo de guadua (…)”.(58)

De igual forma, la víctima César Augusto González González manifestó que el día 23 de agosto de 1997, cuando inició a cruzar el primer obstáculo de la pista atlética, “(…) los soldados que estaban mirando, comenzaron a darle con unos palos de guadua, por orden del CS. Rentería y el CS. García, quien también le pegó, y que cuando llegó al obstáculo en donde se encontraba al CS. Estupiñán, éste lo cogió por el cuello como si lo fuera a ahorcar (…)”(59).

De manera que la entidad demandante no pudo probar que la conducta desplegada por el SS. Jairo Alberto Campo Acosta resultara gravemente culposa ni mucho menos dolosa, pues, se insiste, los testigos presenciales nunca adujeron su participación o colaboración en la aplicación del maltrato, como tampoco lo hizo la víctima directa de la agresión.

Así las cosas, aunque el actuar del demandado Campo Acosta es reprochable al no ejercer la vigilancia constante sobre los soldados que atravesaban la pista atlética, también es cierto que éste confió en la buena conducta de los Suboficiales que dirigieron el entrenamiento. De modo que la Sala considera que no se configuró la culpa grave ni el dolo en cabeza de este demandado.

En consecuencia, la Sala declara no acreditado el elemento subjetivo de la conducta y en consecuencia absolverá a SS. Jairo Alberto Campo Acosta de la responsabilidad patrimonial que se demanda por vía de repetición.

Por otro lado, sobre el segundo supuesto, esto es, la valoración subjetiva de la conducta realizada por los demandados CS. Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, y la participación que estos tuvieron en el resultado de las lesiones padecidas por el soldado González González, la Sala considera, sin lugar a dudas, que sus conductas fueron revestidas de culpa grave.

En primer lugar, lo anterior se colige de las declaraciones antes citadas, rendidas por los testigos presenciales Julio César Ávila Rengifo, José Alexander Pérez Agudelo, Jhon Fredy Pérez Quintero, Carlos Augusto Ramírez Núñez y Héctor Javier León, reseñados en la providencia disciplinaria del 29 de octubre de 1998(60), quienes al unísono señalaron a los mencionados suboficiales como los participantes directos en la causación de las lesiones ocasionadas a la integridad física del soldado González González. Y, adicionalmente los testigos indicaron que estos Suboficiales ordenaban a los demás soldados regulares para que agredieran físicamente a su compañero.

Ahora bien, las declaraciones antes referidas se ratifican con el dicho de la denuncia presentada por la víctima César Augusto González González ante el Oficial de Derechos Humanos del Batallón Magdalena, Te. Diego Miguel Munevar Tovar(61), probanzas que desmintieron las aseveraciones hechas por los demandados Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, quienes trataron de justificar las lesiones padecidas por el soldado César Augusto González González, manifestando que habían sido producto de su irresponsabilidad al no acatar la orden impartida de atravesar la pista de obstáculos portando el uniforme reglamentario y no la ropa deportiva que finalmente usó.

Ahora bien, para la Sala éste comportamiento resulta absolutamente arbitrario y configurativo de un abuso de autoridad y de la fuerza por parte de los CS. Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez. En razón a lo cual resultaron sancionados con represión disciplinaria severa por parte del Comandante del Batallón de Artillería Nº 9 Tenerife en fallo del 28 de abril de 1999(62), que consideró violentadas las disposiciones contenidas en el literal A, Sección B, artículo 65 del Decreto 085 de 1989(63).

Pero más allá, la Sala resalta que la vulneración conllevó un desconocimiento absoluto de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal(64) de la víctima, así como del principio fundamental a la dignidad humana contenidos en el Preámbulo y en los artículos 2º(65),11(66),12(67),95(68) de la Constitución Política de 1991.

Al respecto, sobre el deber que tienen los miembros de la fuerza pública de respetar y acatar las disposiciones contenidas en la Carta Política de 1991, se ha referido la Sala en otras oportunidades, así(69):

“El Estado colombiano se edifica en el principio del Estado social de derecho, según el cual el eje principal de la organización pública es la persona, entendida como un sujeto titular de derechos que deben ser protegidos en su integridad por quienes detentan el poder público. En otras palabras, dada la connotación antropocéntrica de la Carta Política, los derechos humanos y, especialmente, los de carácter fundamental son inviolables, inalienables e imprescriptibles y, precisamente, es el Estado el principal encargado de velar por el respeto de esas garantías esenciales del ser humano.

Así las cosas, los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros y postulados fijados por la Carta Política, pues cualquier distorsión o trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos contenidos a lo largo del ordenamiento jurídico (negrilla fuera de texto), por muy loable en apariencia que sea el propósito que subjetivamente se actúe por parte de los funcionarios (v.gr. eliminar a las fuerzas al margen de la ley), se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados por la humanidad; lo anterior, como quiera que cuando es el mismo Estado –entidad que detenta el uso legítimo de la fuerza–, quien a través de sus miembros activos emplea sus medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano se quebranta el principio basilar del Estado social de derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político”.

Por ende, como se dijo, los agentes de los estamentos de seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en la Carta Política y en la legislación especial que rige la materia, sin que puedan invocar la obediencia debida o el cumplimiento de un deber legal, en aquellos eventos en que con su conducta es constitutiva de crímenes o delitos de lesa humanidad, de guerra o, en general, de cualquier comportamiento que atente contra los derechos humanos(70), exigencia que resultó infringida por los Suboficiales demandados(71) en el presente caso.

Igualmente, las conductas desplegadas por los militares vulneraron los mandatos comprendidos en el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, especialmente los contenidos en el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948(72), y en los artículos 6.1 y 7º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966(73), como en los artículos 5.1 y 5.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos(74) y el artículo 1.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.(75)

A la sazón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos(76) ha señalado sobre los criterios que determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado, que la su aplicación deberá estar regida, entre otros, por los siguientes criterios:

“1) Excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad:

“El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control”.

Así mismo, sobre el particular, el alto tribunal sostuvo en sentencia de 21 de noviembre de 2015, caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, lo siguiente:

“110. Respecto de los hechos y su calificación como tortura, manifestaron que la agresión no solo consistió en el golpe con la culata del arma reglamentaria (FAL) en la frente y el ojo derecho propinado por el Suboficial Hilaquita Quispe, sino que además debe tomarse en consideración lo siguiente: i) que en otras ocasiones el señor Hilaquita había agredido al señor Quispialaya golpeándolo con un palo de madera en las piernas y espalda; ii) que el señor Quispialaya denunció los hechos en el centro médico cinco meses después de ocurridos, atribuyendo la tardanza en realizar la denuncia a sentimientos de angustia y sufrimiento que padecía, así como al temor a represalias, y iii) que la demora en la atención médica ocasionó que la lesión del señor Quispialaya no pudiera ser revertida y perdiera completamente la capacidad visual del ojo derecho.

126. (…) Este tribunal ha establecido que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentran estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dicha prohibición es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas(77).

128. (…) El tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona que se encuentra bajo custodia estatal constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5º de la Convención Americana. Al respecto, la Corte constata que fue probado que Valdemir Quispialaya recibió un golpe con la culata de un fusil en su ojo derecho, de parte de su superior jerárquico, durante una práctica de tiro el día 26 de enero de 2001 (supra párr. 60). Para la Corte resulta evidente que esa agresión física le causó a la víctima un sufrimiento tanto físico como moral manifiesto, que no encuentra justificación como una medida educativa o disciplinaria.

129. (…) En el presente caso, la Corte señaló que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su cuidado. Por lo tanto, teniendo en consideración el ejercicio abusivo de la autoridad militar, la violencia de la conducta desplegada contra el señor Quispialaya, su situación de indefensión en la que se encontraba durante la práctica de tiro, su temor fundado y las amenazas sufridas para no denunciar lo ocurrido, y también tomando en consideración los informes médicos disponibles en el expediente y el peritaje psicológico rendido por affidávit para el presente caso, esta Corte considera que la agresión sufrida por el señor Quispialaya durante la práctica de tiro en el campo de tiro de Azapampa el 26 de enero de 2001 representó una violación a los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el incumplimiento del artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los cuales prohíben los actos de tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (…)”. Subrayado fuera de texto.

Y por otro tanto, en lo que hace relación a la proscripción de acto de tortura, debe tomarse en cuenta que a partir de lo recogido en la Resolución 3452 de 9 de diciembre de 1975(78), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas “Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, se suscribió, ulteriormente, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes (abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de la Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entró en vigor el 26 de junio de 1987. Fue firmada por la República de Colombia el 10 de abril de 1985 y ratificada el 8 de diciembre de 1987). En dicha convención se definió la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas” (artículo 1.1). En su artículo 10, referido a los servidores públicos establece que todo Estado “Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión”. Así mismo, en el artículo 11 se establece que todo Estado “mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura”. Se reitera en el artículo 12 que “siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 se establece que todo “Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.

Por ende, considera la Sala que en el sub lite el abuso de que de su autoridad y de la fuerza aplicaron los Suboficiales demandados contra el soldado César Augusto González González, resulta ilegítimo e injustificado bajo los postulados que predica el Estado social de derecho que gobierna el ordenamiento jurídico nacional(79) y deviene en vulneratorio de las disposiciones internaciones antes mencionadas, así como de las contenidas en la Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979 de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la cual se adoptó el Código de Conductas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de donde se destaca el artículo 3º que dispone que: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”, exigencia que no se acreditó en el caso en estudio.

Se hace necesario destacar que las actuaciones del personal oficial, suboficial y agentes de la fuerza pública, al ser funcionarios profesionales, preparados y estructurados en el ejercicio de su función, debían cumplir en todo momento los deberes que impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión, para lo cual, en el desempeño de sus tareas, se encontraban obligados a respetar y proteger la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las que estaban a su cargo y sólo se hallan habilitados para usar la fuerza cuando fuera estrictamente necesario y en la medida en que lo requiriera el desempeño de sus tareas,, es decir, dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad que la situación fáctica demandaba, como no era el caso bajo estudio.

En conclusión y hechas las anteriores precisiones, la Sala observa que los señores Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez como miembros del Ejército Nacional, incurrieron en un actuar gravemente culposo pues se acreditó que su conducta conlleva la trasgresión del sistema nacional e internacional que protege los derechos humanos e implicó un trato desigual, excesivo, irracional e imprudente en el uso de la fuerza, al no prever las secuelas físicas y psicológicas que podían presentarse en la integridad del soldado César Augusto González González, en el momento en que le eran propinados los arbitrarios golpes y demás agresiones que contra él recayeron.

Y reprocha fuertemente la Sala que la fuerza pública encargada de hacer cumplir el orden social justo y jurídico despliegue conductas que, como en este caso, desconocen no sólo el ordenamiento jurídico interno, sino que, desde la perspectiva internacional, generaron vulneraciones o trasgresiones a la normatividad sobre los derechos humanos (DDHH).

De manera que, como la demandante logró demostrar que el actuar de los militares Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, fue gravemente culposo al enmarcar su accionar dentro de la definición que el artículo 63 del Código Civil trae sobre el dolo y culpa grave, la Sala declarará como acreditado el elemento subjetivo de la conducta, motivo por el cual procederá a revocar la sentencia de primera instancia y en consecuencia declarará patrimonialmente responsables a los señores Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, de la condena impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional en la sentencia del 27 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

Finalmente, en casos como el que ahora ocupa la atención, donde se revela una grave violación a los derechos humanos por cuenta de los actos de tortura cometidos por los demandados, la Sala tiene claro que el medio de control de repetición no solo satisface la pretensión de resarcir y proteger el patrimonio de la entidad pública afectada con la condena sufrida en su contra, sino que también se inscriben dentro del amplio y sustantivo marco de medidas de reparación a las víctimas que han padecido con tales violaciones.

En efecto, averiguado se tiene en el ámbito internacional y nacional que subsiste el deber estatal de perseguir no solo por la vía penal a quienes, fungiendo como servidores estatales, tuvieron participación, ora por acción u omisión, en la comisión de tan ofensivos actos para la institucionalidad estatal y las cláusulas fundacionales del Estado social y democrático de derecho; así, en el marco de los trabajos de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la impunidad, la Resolución E/CN.4/2005/102/Add.1 de la Comisión de Derechos Humanos del ECOSOC de las Naciones Unidas recoge, como principio general en la garantía de no repetición de las violaciones el deber de los Estados de “(…) emprender reformas institucionales y otras medidas necesarias para asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las institucionales gubernamentales”(80) y, en lo que hace relación a la fuerza pública, también se ha reconocido como medidas preventivas, en el marco de las garantías de no repetición del “ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad”(81).

En este sentido, la responsabilidad civil del funcionario público actúa como instrumento correctivo frente a la injusticia irrogada contra la víctima, pues tan relevante es que la autoridad estatal sea juzgada y encontrada responsable de este tipo de actos, como también que, los servidores por cuyo proceder aquella vio comprometida su responsabilidad asuman, con su propio patrimonio, las consecuencia de ello se deriva. Con otras palabras, el deber convencional y constitucional de investigar y, en dado caso, sancionar casos estructurados como graves violaciones a derechos humanos(82) no se agota con la declaratoria de responsabilidad del Estado por tales hechos, por el contrario, considerando una perspectiva amplia y sustantiva de los derechos de las víctimas y del deber estatal de depurar y asegurar el cumplimiento de tal normatividad al interior de sus instituciones y servidores, es claro que concurren al logro de este objetivo todos aquellos instrumentos penales, administrativos, disciplinarios, fiscales y civiles enderezados a la responsabilidad de los servidores o ex servidores estatales.

Siendo ello así, no llama a dudas, que en causas como el sub judice las premisas normativas que deben integrar tal reproche no son otras que aquellas que emanan de los instrumentos internacionales y la normativa nacional de protección a los derechos humanos y, por supuesto, la jurisprudencia decantada por los tribunales sobre la materia. Existe, entonces, una vinculación directa, necesaria e inescindible entre un caso de violación grave de derechos humanos y todos aquellos medios de control judiciales, cualquiera sea su naturaleza, dirigidos a obtener la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como, todos aquellos instrumentos conexos a tal finalidad; para el caso del medio de control de repetición esto implica, como no puede ser de otra manera, el que el juez aborde el estudio de los elementos del dolo o culpa grave a la luz de tal arista normativa de protección de derechos humanos, como ocurrió en este asunto.

Finalmente, de todo esto se sigue el deber imperioso y cualificado, en cabeza del Estado de promover este medio de control, pues lo contrario, sería tanto como que la institucionalidad estatal, que vio comprometida su responsabilidad, arropara bajo el manto de la impunidad(83) la responsabilidad personal de su servidor.

6. Liquidación de la condena.

Se tiene probado que el monto cancelado por la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional sin los intereses causados(84), ascendió a la suma de $27.302.851,11, pago que fue realizado el día 9 de junio de 2008.

En consecuencia, el valor a repetir a los funcionarios Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez equivaldrá a la suma que resulte actualizada, con aplicación de la siguiente fórmula:

Ra = Rh IPC final

IPC inicial

Rh: $27.302.851,11

IPC inicial: Junio de 2008 = 98,47

IPC Final: Julio de 2016 = 133,27

Ra = $27.302.851,11 x IPC Julio 2016 = 133,27

IPC Junio 2008 = 98,47

Ra = $36.951.507,91 

De acuerdo la Sala condenará a los demandados Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez a pagar la suma de treinta y seis millones novecientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos con noventa y un centavos ($36.951.507,91).

De igual forma, se concederá el plazo de seis (6) meses que se contarán desde la ejecutoria de esta providencia, para que los demandados procedan al pago de la condena impuesta.

7. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

Por último, procederá la Sala a reconocer personería al abogado Pablo Mauricio Rodríguez González, identificado con cédula de ciudadanía Nº 80.411.975 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional Nº 76.702 del C.S. de la J., como apoderado de la entidad demandante de conformidad con el poder otorgado, visible a folios 221- 233 del cuaderno principal.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el día 19 de agosto de 2015 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por los motivos expuestos, y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a los señores Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, de la condena impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional en la sentencia del 27 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

2. CONDENAR a los señores Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez, a reintegrar la suma de treinta y seis millones novecientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos con noventa y un centavos ($36.951.507,91) a favor de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

3. ABSOLVER de responsabilidad civil en acción de repetición al demandado Jairo Alberto Campo Acosta, según las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

4. RECONOCER personería al abogado Pablo Mauricio Rodríguez González, identificado con cédula de ciudadanía Nº 80.411.975 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional Nº 76.702 del C.S. de la J., como apoderado de la entidad demandante de conformidad con el poder otorgado, visible a folios 221-233 del cuaderno principal.

5. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

6. FIJAR para el cumplimiento de esta sentencia el plazo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

7. Sin condena en costas.

8. En firme esta providencia devuélvase el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

21 Respecto de la aplicación de las normas sustanciales en los casos de acción de repetición, se ha entendido que si los hechos o que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad civil frente al Estado. Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Expediente 22056; 2 de mayo de 2007, Expediente 18621; 6 de marzo de 2008, Expediente 26227; 16 de julio de 2008, Expediente 29221.

22 Art. 40 de la Ley 153 de 1887.

23 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, Expediente 22099; 6 de diciembre de 2006, Expediente 22056; 3 de octubre de 2007, Expediente 24844; 26 de febrero de 2009, Expediente 30329; 13 de mayo de 2009, Expediente 25694; 28 de abril de 2011, Expediente 33407, entre otras.

24 Sentencia de 28 de abril de 2001, Expediente 33407.

25 La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente.

26 Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, Expediente 30327.

27 Folios 38-47 C. 1.

28 Norma concordante con lo establecido en el artículo 174 del Código General del Proceso.

29 Folios 39-40 c. 1.

30 Folio 42 c. 1.

31 Folio 41 c. 1.

32 Folios 48-51 c. 1.

33 Folios 19-34 c. 1.

34 Folio 37 c. 1.

35 Folios 53-54 c. 1.

36 Folio 55 c. 1.

37 Folios 57-58 c. 1.

38 Folios 38-46 c. 1.

39 Folios 57-58 c. 1.

40 Folios 19-33 c. 1.

41 Folios 104-106 C.2.

42 Folio 37 c. 1.

43 Folios 53-54 c. 1.

44 Folio 55 c. 1.

45 Folios 19-33 c. 1.

46 Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, Expediente 8483; 21 de octubre de 1994, Expediente 9618; 12 de abril de 2002, Expediente 13922; 5 de diciembre de 2005, Expediente 23218.

47 Sentencia C –100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001.

48 Sentencia C – 430 que dictó la Corte Constitucional el 12 de abril de 2000.

49 Sentencia del 31 de agosto de 1999, Expediente 10865.

50 El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

51 Folios 19-33 c. 1.

52 Folio 39 c. 1.

53 Folio 43 c. 1.

54 Folios 38-46 c. 1.

55 Extracto de las declaraciones rendidas por los Suboficiales Jairo Alberto Campo Acosta, Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñán Medina y Robín Smith Rentería Ramírez ante el Comandante de Artillería N° 9 Tenerife e incluidos en la providencia del 29 de octubre de 1998, por medio de la cual se impuso sanción disciplinaria a los demandados (fls. 41- 42 c. 1.).

56 Folios 41-42 c. 1.

57 Folio 41 c. 1.

58 Folio 42 c. 1.

59 Folio 41 c. 1.

60 Descritos en apartes de la providencia del 29 de octubre de 1998 proferida por el Comandante del Batallón de Artillería N° 9 Tenerife, por medio de la cual se impuso sanción disciplinaria a los demandados, visibles a folios 41 y 42 del c. 1.

61 Reseñada en la providencia del 29 de octubre de 1998 proferida por el Comandante del Batallón de Artillería N° 9 Tenerife, por medio de la cual se impuso sanción disciplinaria a los demandados (fl. 39 c. 1.).

62 Folios 48-51 c. 1.

63 Artículo 65. Son faltas contra la disciplina las que se clasifican y enumeran a continuación:
(…) b) Del abuso de autoridad: Constituyen abuso de autoridad los siguientes actos:
a) La extralimitación de las atribuciones (…).

64 Sobre la importancia de la protección de éstos derechos fundamentales, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia del Sentencia SU-200/97 del 17 de abril de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, que:
“El derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución, aparece como el primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto de la norma, el carácter de inviolable. La disposición no establece excepciones respecto de su amparo (…).
En cuanto a la integridad personal, valor cuya jerarquía es cercana a la de la vida y cuyas violaciones casi siempre la ponen en peligro, se relaciona con la preservación del sujeto en sus componentes físicos, sicológicos y espirituales, los cuales se hallan integrados en un conjunto armónico que justamente constituye la esencia del ser humano. Tales elementos y el todo resultante de su articulación deben permanecer inalterados por agresiones, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ataques y lesiones, por acción u omisión de autoridades o particulares.
El derecho a la integridad personal se deriva directamente de la consideración y el respeto que merece el ser humano en su esencia por razón de su dignidad intrínseca, que resulta ofendida en alto grado por cualquier forma de maltrato moral o material.
La vida y la integridad personal son bienes jurídicamente protegidos en el ordenamiento interno, de manera genérica por el Preámbulo y por el artículo 2° C.P., y en forma específica a través de los artículos 11 y 12 Ibídem, que fueron desarrollados para los militares en servicio activo por el Código Penal Militar (…)”.

65 Artículo 2: (…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (Subrayado fuera de texto).

66 Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

67 Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

68 Artículo 95: (…) Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

69 Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Expediente 05001-23-25-000-1998-02246-01(35529), Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

70 Ibídem.

71 Entiéndase los CB. Juan Enrique García Peñaranda, Oscar Alexander Estupiñan Medina y Robín Smith Rentería Ramírez.

72 Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

73 Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

74 Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

75 Artículo 1: 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

76 Sentencia del 5 de julio de 2006, caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, párrafo 67.

77 Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C Nº 69, párr.
95, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, párr. 141.

78 la Resolución 3452, de 9 de diciembre de 1975 (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas) recogió la “Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. De dicho instrumento cabe deducir ciertos principios, teniendo en cuenta el carácter de ius cogens que reviste la protección contra la tortura y los actos o penas crueles: a) se definió la tortura como “todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” (artículo 1º); b) que la tortura es “una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano y degradante” (art. 1.2); c) que todo “acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos” (artículo 2º); d) que el Estado no puede permitir ni tolerar la tortura o cualquier otra pena cruel, inhumana o degradante, y no “podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante” (artículo 3º); e) el Estado está llamado a tomar las “medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 4º); f) específicamente, se estableció que en “el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de las personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en cuenta la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición se incluirá asimismo, en su caso, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia o trato de dichas personas” (artículo 5º); g) así como el Estado “examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante” (artículo 6º); h) cuando una persona “alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a instigación del mismo, tendrá derecho a que su caso sea examinado imparcialmente por las autoridades competentes del Estado interesado” (artículo 8º); i) cuando en el acto de tortura las autoridades competentes del Estado “procederán de oficio y con presteza a una investigación imparcial” (artículo 9º); j) si “de la investigación a que se refieren los artículos 8 o 9 se llega a la conclusión de que parece haberse cometido un acto de tortura tal como se define en el artículo 1º, se incoará un procedimiento penal contra el supuesto culpable o culpables de conformidad con la legislación nacional. Si se considera fundada una alegación de otras formas de trato o penas crueles, inhumanos o degradantes, el supuesto culpable o culpables serán sometidos a procedimientos penales, disciplinarios u otros procedimientos adecuados” (artículo 10); k) el Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 10); y, l) finalmente, cuando “e demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes han sido cometidos por un funcionario público o a instigación de éste, se concederá a la víctima reparación e indemnización, de conformidad con la legislación nacional” (artículo 11).

79 Constitución Política de Colombia. Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

80 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. ECOSOC. Resolución E/CN.4/2005/102/Add. 1 Distribución General el 8 de febrero de 2005.

81 Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución A/RES/60/147. “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

82 “6.2.2.5. Así, entre otras consideraciones se ha dicho: i) El de investigación es un deber de medio y no de resultados, de ahí que no se quebrante por la sola circunstancia de no arrojar un resultado condenatorio o favorable en cada caso, lo que no obsta para demandar de la autoridad estatal la asunción de ciertas cargas de riguridad en su despliegue, ii) Debe ser comprendido como una obligación propia asumida por el Estado de ahí que no sea admisible que se descargue sobre las víctimas, familiares o terceros iniciativas procesales o cargas probatorias, iii) Es claro que existe un derecho de las víctimas a ser oídas y a participar activamente en la investigación y toda la actuación judicial, contando con facultades para ejercer actos procesales e impugnar decisiones que les sean desfavorables, iv) pugna contra este deber el que se adopten amnistías que impidan llevar a cabo investigaciones judiciales, v) es contrario a este deber convencional el cierre de procesos por operar la figura de la prescripción en casos relacionados con violación de derechos humanos, vi) no constituye una violación al principio del ne bis in ídem la reapertura de procesos judiciales ya concluidos, por cuanto el mismo no se revela como absoluto, vii) se desconoce el deber de investigar cuándo esta no ha sido exhaustiva considerando la compleja estructura de ejecución del crimen y no ha tenido en cuenta la investigación de agentes estatales involucrados con particulares en los hechos, viii) debe llevarse a cabo investigaciones en contexto que permitan identificar las violaciones, causas, beneficiarios y consecuencias, ix) debe investigarse y, eventualmente, sancionarse a los presuntos responsables del más alto rango, x) la verdad es una justa expectativa del deber de investigación, debiendo ser de divulgación pública los resultados de los procesos penales e investigativos, xi) las comisiones de verdad histórica y sus informes no relevan el deber de investigación judicial, xii) la valoración de la debida diligencia de la autoridad encargada de la investigación y el plazo razonable deben considerar factores tales como la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrió, patrones que explican su comisión, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otras cuestiones, xiii) debe tenerse en cuenta que los requerimientos de la justicia en ciertos casos de graves violaciones suponen una prevalencia sobre el principio de plazo razonable, y xiv) se ha determinado que la justicia penal militar no es competente para investigar violaciones de derechos humanos“. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 7 de julio de 2016, Expediente 38994.

83 Acorde a un concepto amplio de impunidad recogido, entre otros, en el “conjunto de principio para la lucha contra la impunidad”, allí se entiende por impunidad “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. ECOSOC. Resolución E/CN.4/2005/102/Add. 1 Distribución General el 8 de febrero de 2005.

84 Tal y como se estableció en la Resolución 1838 del 8 de mayo de 2008, proferida por el Ministerio de Defensa (Folios 53-54 c. 1).