SENTENCIA 2010-00171/50637 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2010-00171/50637 de mayo 10 de 2017

CONSEJO. DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2010-00171-01 (50.637)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Ana Rita Rodríguez dé Bedoya y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete

Extractos: «Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de marzo de 2013, proferida el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no sin antes advertir que, de conformidad con lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera del 26 de enero de 2017, el presente asunto tiene prelación de fallo.

Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por la sumatoria de las pretensiones formuladas en la demanda, esto es, $463.500.000(3) supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (Ley 446 de 1998), para que el asunto sea conocido en segunda instancia(4).

Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En este caso, los daños cuya indemnización se reclama ocurrieron el 20 de enero de 2008; así, el plazo, para demandar iba, en principio, hasta el 21 de enero de 2010.

Sin embargo, los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 18 de diciembre de 2009; por lo tanto, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad(5), de modo que, al reanudarse el cómputo del mismo, debían contarse los 35 días calendario que faltaban para completar aquel término.

Como el 16 de febrero de 2010 se expidió la constancia que declaró fallida la audiencia de conciliación, el término de caducidad se debía reanudar el 17 de esos mismos mes y año y, por tanto, los demandantes tenían hasta el 23 de marzo de 2010 para instaurar la demanda.

Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 17 de febrero de 2010, es claro que para ese momento la acción no había caducado.

Pruebas

Obran en el plenario las siguientes:

1. Copia auténtica del registro civil de defunción de Martha. Liliana Machín Rodríguez, expedido por el Registrador Municipal del Estado Civil de El Cerrito (Valle del Cauca), en el que se indica que aquélla falleció el 20 de enero de 2008 (fl. 8 del cdno 1).

2. Copia auténtica del registro civil de defunción de Luisa Fernanda Villota Machín, expedido por el Registrador Municipal del Estado Civil de El Cerrito (Valle del Cauca), en el que se indica que aquélla falleció el 20 de enero de 2008 (fl. 10 del cdno 1).

3. Recortes de prensa de varios periódicos de Palmira y del periódico El Tiempo, en los que se informa sobre la muerte de Martha Liliana Machín Rodríguez y de su hija de nueve meses de edad, debido a la detonación de una mina antipersonal, instalada por un grupo guerrillero que permanecía en la zona donde ocurrieron los hechos(6). (fls. 17 a 21 del cdno 1).

4. Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, los actores solicitaron el traslado del proceso penal adelantado por la muerte de Martha Liliana Machín Rodríguez y de Luisa Fernanda Villota Machín(7), petición que, al ser coadyuvada por la demandada (fls. 27 y 49 del cdno 1), permite que la Sala pueda valorar las pruebas que allí militan(8).

Es indispensable aclarar, sin embargó, que no se tendrán en cuenta “las entrevistas” que obran a folios 131, 132, 133, 159 a 167 y 181 a 187 del cuaderno 1, realizadas por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que no se practicaron con audiencia de la parte contraria y menos aún se realizaron bajo la formalidad del juramento y, por tanto, no pueden asimilarse a una declaración, conforme a los lineamientos del Código de Procedimiento Civil (arts. 211 y siguientes); además, dichas “entrevistas” no fueron ratificadas en este proceso, de modo que no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 229 ibídem.

Así, pues, las pruebas que se trasladan del proceso penal son las siguientes:

4.1. Protocolo de necropsia del cadáver de Martha Liliana Machín Rodríguez, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Suroccidente - Seccional Valle del Cauca consignó (se transcribe como obra en el expediente):

Opinión

“Esta dama de raza mestiza, con una edad de 29 años ... Presenta amputación de tercios distales de ambas piernas por explosivos, con lesión de vasos tibiales bilaterales y femorales izquierdos, lo que la anemiza y le causa la muerte ...

causa de muerte: Heridas por explosivos

Diagnostico:

“1. Anemia aguda

“2. Laceración de vasos femorales izquierdos y sección de vasos tibiales bilaterales por explosivos

“3. Herido de tejidos blandos de muslo izquierdo por explosivos

“4. Amputación de tercios distales de ambas piernas” (fl. 119 del cdno 1).

4.2. Protocolo de necropsia del cadáver de Luisa Fernanda Villota Machín, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Suroccidente - Seccional Valle del Cauca señaló (se transcribe como obra en el expediente):

Opinión

“Esta niña de raza mestiza, con una edad de 09 meses, sin Registro Civil ni documento alguno de identidad ...Presenta contusiones cerebrales y cardio - pulmonares, lo que le causa la muerte.

Causa de muerte: Lesiones por explosivos

Diagnostico:

“1. Contusión y edema cerebral y cardio - pulmonar por explosivos

“2. Pañalitis moderada

“3. Lactante menor con peso y talla adecuados para la edad” (fl. 125 del cdno 1).

4.3 Reporte de inicio del 27 de enero de 2008 de la Fiscalía General de la Nación, en el que se lee (se transcribe textualmente).

“Tipo de noticia: Actos Urgentes

“Delito: Homicidio art. 103 C.P. agravado por fines terroristas art. 104 n.8 C.P. “resumen del aviso

“nos es informado por parte de el Gaula Ejercito que en la zona montañosa de Cabuyal, jurisdicción del municipio de El Cerrito, Valle, el día 20 de enero del año en curso, en un campo minado colocado por las Farc, fallecieron madre e hija, víctimas del conflicto armado, al caer en dicho campo, solo hasta el día de hoy 27 de enero del año en curso por mediación de comisión humanitaria de la gobernación del Valle del Cauca fue posible hacer el acceso hasta el lugar de los hechos para retirar los cuerpos, pues las Farc informaban que no permitiría el acceso a comisión oficial llámese Fiscalía o Ejército para la práctica de inspecciones técnicas al lugar y a los cuerpos” (fl. 73 del cdno 1).

4.4. Formato único de noticia criminal del 27 de enero de 2008 de la Fiscalía General de la Nación, en el que se dijo (se transcribe textualmente):

“Fecha de comisión de los hechos: 20/ENE) 2008

“Lugar de comisión de los hechos:

“Municipio: 248 - El Cerrito

“Departamento: 76 - Valle del Cauca

“Dirección: Vereda Cabuyal

“Sitio específico: zona despoblada

“Uso de armas? SI

“Cual: arma de fuego

“Relato de los hechos:

“Fueron [se refiere a los cuerpos de las víctimas] transportados por comisión humanitaria de la Gobernación del Valle del Cauca, ya que nos narcoterroristas manifestaban que solo ellos podían subir, pues no permitirían el paso del grupo o comisión oficial para realizar inspección a cadáver por parte de Fiscalía., los hechos fueron hace ocho días, solo hasta hoy 27 de enero de 2008 a las 13.00 logran transportarlos por mediación del gestor de paz de3 la Gobernación delk Valle del Cauca señor Frangen Rendón Galves, Asesor humanitario.

“... por las características se puede presumir heridas por artefacto explosivo, onda explosiva concuerda con la versión rendida por los familiares, donde manifiestan que cuando se desplazaba el día 20 de enero en compañía de su mamá fue víctima de campo minado sembrado por terroristas de las Farc produciéndoles la muerte ...” (fls. 75 y 76 del cdno 1).

4.5 Inspección técnica a los cadáveres de Luisa Fernanda Villota Machín y de Martha Liliana Machín Rodríguez, con fecha 27 de enero de 2008, en las que se indicó (se transcribe textualmente):

[Inspección técnica al cadáver de Luisa Fernanda Villota Machín]:

“Descripción del lugar de la diligencia

fueron [se refiere a los cuerpos de las víctimas] transportados por comisión humanitaria de la gobernación del Valle del Cauca. Ya que los narcoterroristas manifestaban que solo ellos podían subir, pues no permitirían el paso de grupo o comisión oficial para realizar inspección a cadáver por parte de Fiscalía. Los hechos fueron hace ocho días, solo hasta hoy 27 de enero de 2008, a las 13.00, logran transpórtalos por mediación del gestor de paz de la gobernación, valle del cauca señor frangen Rendón Gálvez, asesor humanitario.

“no se observan heridas en la menor heridas y causa de muerte a describir por medicina legal en necropsia médico legal, por las características se puede presumir heridas por artefacto explosivo, onda explosiva concuerda con la versión rendida por los familiares, donde manifiestan que cuando se desplazaba el día 20 de enero en compañía de su mama fue víctima de campo minado sembrado por terroristas de las Farc, produciéndoles la muerte ...

Hipótesis de manera de muerte: Onda explosiva, artefacto explosivo, campo minado” (fls. 81 y 83 del cdno 1).

[Inspección técnica al cadáver de Martha Liliana Mochín Rodríguez]:

“se observa heridas en extremidades inferiores con. destrucción de pies, bilateral, tejidos blandos bilateral exposición de hueso, heridas a describir por medicina legal en necropsia médico legal, por las características de las heridas se puede presumir heridas por artefacto explosivo …

(...)

“hipótesis de manera de muerte: heridas artefacto explosivo, campo minado, lesiones en extremidades inferiores, destrucción de hueso y tejido blando, amputación pies y piernas. Bilateral” (fls. 87 y 89 del cdno 1).

4.6 Denuncia del 30 de enero de 2008, remitida por el Comandante del Batallón de Ingenieros No. 3 “Coronel Agustín Codazzi” al Fiscal Seccional de Palmira, en la cual aquél manifestó (se transcribe textualmente):

“1. El día 20-ENE-08, la señora Martha Liliana Marchin Rodriguez solio de la finca que cuidaba con su esposo entre la Vereda el Cabuyal y Combia parte alta de Palmira Valle a visitar a su señora madre, que nunca llego, sus familiares preocupados que no aparecían procedieron a buscarla, los vecinos del sector dijeron que habían escuchado una detonación, inmediatamente hicieron coordinaciones con el Cabecilla de Compañía Alonso Cortes de las ONT-FARC, para que le informaran posible sitio, a lo que les dijeron donde encontrarla, y que solamente podían llevar hasta el sitio organismos humanitarios. Intervino la oficina de Paz del Valle.

“2. Fue encontrada con su hija de 11 meses el día 24-ENE-08 con sus piernas mutiladas y con esquirlas en diferentes partes del cuerpo.

“3. Según información suministrada por inteligencia militar, este Atentado Terrorista iba dirigido contra la Fuerza Pública, esperando el paso de la tropa del Ejército Nacional, este acto de barbarie y terrorismo fue perpetrado por los integrantes de la columna móvil Gabriel Galviz, del bloque móvil Arturo Ruiz al mando del sujeto alias Leonel, alias Pablo o Malongo segundo cabecilla de la estructura, que delinquen en esta Jurisdicción” (fl. 102 del cdno 1).

4.7. Programa metodológico de 10 de marzo de 2008, en el que la Fiscalía Once Especializada de Cali consignó:

“3. Hipótesis delictiva, según descripción fáctica de los hechos:

“el día domingo 20 de enero del año 2008, en zona montañosa de la vereda cabuyal, corregimiento Combia, jurisdicción del municipio de Palmira Valle, parte alta, zona de influencia de grupos insurrectos, la señora Martha Liliana Machín Rodríguez, de 30 años de edad, andaba llevando a su pequeña hija Luisa Fernanda Villota Machín, de once (11) meses de edad, por dicho sector, a pie, cuando de un momento a otro, (sic) pisan un artefacto explosivo, tal vez el denominado ‘mina quiebra patas’, ocasionando la muerte de las indicadas personas en el mismo lugar de la explosión” (fl. 150 del cdno 1).

4.8. Oficio del 29 de marzo de 2008, suscrito por el Comandante del Batallón de Ingenieros No. 3 “Coronel Agustín Codazzi”, en el que se dijo (se transcribe textualmente):

“2. El acuerdo a los informes de inteligencia, día 12 de marzo de 2008, se desmovilizo el señor Jose Alirio Sanabria Rivas ..., quien se fugo de la compañía Alonso Cortes de la ONT-FARC, de la cual fue integrante durante 8 años, tiene conocimiento de la instalación de un campo minado en el filo de las Dalias sobre el camino, por los extremos de la entrada a la maraña, en este sector fue que cayó en una mina la señora Marta Liliana Machin Rodriguez y su pequeña hija que murieron al activar un artefacto explosivo. Estas minas fueron instaladas por órdenes del Terroristas de la Compañía Alonso Cortes, al mando del sujeto Edilson Guzman (alias Arbey o Piernas), y colocada por (alias Vladimir) ...” (fl. 155 del cdno 1).

4.9 Oficio del 16 de junio de 2008, suscrito por el Comandante del Batallón de Ingenieros No. 3 “Coronel Agustín Codazzi”, en el que se dijo: “La vereda el Cabuyal esta (sic) ubicado (sic) en la parte alta del municipio de Palmira (sic) donde tiene una alta influencia la Columna Móvil Alonso Cortes (sic) de las ONT-FARC, la cual se ha caracterizado en su actuar delictivo por el uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados” (fl. 191 del cdno 1).

Valoración probatoria y conclusiones

La parte actora atribuyó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional el daño causado, para lo cual afirmó en la demanda que éste fue el resultado de una falla en el servicio, por haber omitido garantizar la protección y seguridad de las víctimas (fl. 25 del cdno 1).

Respecto de los daños causados por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha señalado, en diferentes oportunidades, que éstos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho generador del daño interviene la administración, a través de una acción o de una omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales aquél se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la víctima ha solicitado protección a las autoridades y éstas no se la han brindado o porque, en razón de las especiales circunstancias del momento, el hecho es previsible y no se realiza ninguna actuación dirigida a protegerla(9).

Ahora, según el artículo 2 de la Constitución, razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones genera responsabilidad personal del funcionario y, además, responsabilidad institucional que, de ser continua, pone en tela de juicio su legitimación; por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas, por parte de las autoridades públicas y de los particulares, sea una realidad y no puede conformarse, por consiguiente, con realizar una simple defensa formal de esos derechos(10).

Sobre éste punto en particular, la Sala Señaló que la omisión del deber exigido, con cuyo cumplimiento se habría podido evitar la producción del daño, compromete la responsabilidad patrimonial de la administración:

“En primer lugar, la doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. (sic) De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía(11); (sic) en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. (sic) El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso.

“En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida, cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(12); b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño(13).

“Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino, la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(14).

“(..)

“Conforme a la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso(15). Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad(16). Es decir, que serán las circunstancias concretas las que determinarán cuál era la obligación específica de seguridad que tenía el Estado en relación con quien ha sufrido un daño”(17).

Bajo esa perspectiva, es menester señalar que, a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(18), en tanto limitadas por las capacidades que en cada Caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(19), aunque 'se destaca que esta misma Corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso sí, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que le correspondían en relación con el caso concreto(20).

De conformidad con lo anterior, se observa que la falla del servicio no puede ser analizada desde una, perspectiva ideal, crítica o abstracta, del funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real, que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de la producción del daño.

Es así como en eventos como el que ahora se estudia, donde se alega que la falla del servicio se originó en la omisión de la administración en la prestación de un servicio o en el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado, no sólo que la integridad de las personas y/o sus bienes sufrió un detrimento, sino que éste derivó de un hecho que, aun cuando era previsible, no fue evitado.

Asimismo, en relación con la responsabilidad del Estado por omisión, se ha considerado que, para la prosperidad de la demanda, es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(21), b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, c) un daño antijurídico y d) la relación causal entre la omisión y el daño(22).

En el caso sub examine, las pruebas allegadas al proceso muestran que Martha Liliana Machín Rodríguez y Luisa Fernanda Villota Machín fallecieron el 20 de enero de 2008, en la vereda Cabuyal, ubicada en el municipio de El Cerrito (Valle del Cauca), producto de la activación de una mina antipersonal pisada por aquélla y colocada por miembros del grupo guerrillero de las Farc, quienes estaban asentados en dicha zona rural.

También está probado que sólo el 27 de enero de 2008 las autoridades pudieran acceder al lugar de los hechos para retirar los cuerpos de las víctimas, por mediación de la Comisión Humanitaria de la Gobernación del Valle del Cauca, debido a que las Farc no permitían su acceso para la práctica de las inspecciones técnicas al lugar y a los cadáveres.

Sin embargo, los hechos hasta aquí acreditados no permiten, por sí solos, hablar de una falla en el servicio por omisión por parte de la Administración en el deber de protección a ella endilgado, toda vez que nada en el expediente indica que el Ejército Nacional tuviera conocimiento o, por lo menos, sospechara de que existían minas antipersonales en el sitio específico donde ocurrieron los hechos, que lo obligara a demarcar el terreno, prestar vigilancia y proteger el área, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil.

Si bien se trataba, de una zona con presencia guerrillera, de las pruebas allegadas se puede colegir que los miembros del Ejército Nacional no tenían acceso al lugar donde ocurrieron los hechos, pues, como se dijo, las autoridades llegaron allí por mediación de la Comisión Humanitaria de la Gobernación del Valle del Cauca, de modo que no es dable afirmar que aquéllos desatendieron la labor de desminado o de vigilancia en una zona donde ni siquiera estaban.

Aunque, mediante oficio del 29 de marzo de 2008, el Comandante del Batallón de Ingenieros No. 3 “Coronel Agustín Codazzi” informó sobre la desmovilización de un guerrillero de las Farc, que tenía conocimiento de la instalación de un campo minado en “el filo de las Dalias sobre el camino”, lugar donde se activó la mina. antipersonal que produjo la muerte de Martha Liliana Machín Rodríguez y de su hija (fl. 155 del cdno 1), se advierte que aquel suceso (Ia desmovilización) ocurrió el 12 de marzo de 2008, esto es, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos que acá se discuten, de modo que tal información no resultaba útil, en este caso, para efectos dé prevenir los hechos dañosos.

Es preciso entender que, a pesar de que la demandada sabía de la presencia de grupos guerrilleros en la región (fl. 191 del cdno 1), el acto violento de que fueron víctimas Martha Liliana Machín Rodríguez y Luisa Fernanda Villota Machín fue imprevisible e irresistible para los miembros del Ejército Nacional, en la medida en que no se probó que esta institución hubiera tenido conocimiento sobre la presencia de minas en el lugar donde ocurrió el accidente y que, pese a ello, no adoptó medidas de prevención y protección tendientes a garantizar la seguridad de la población.

A lo anterior, resulta preciso agregar que la Sala tampoco encontró acreditado que, previo a los hechos, se hayan presentado enfrentamientos militares entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley en la vereda Cabuyal o, lo que es lo mismo, que esa zona hubiera sido escenario de combates, a partir de los cuales se pudiera inferir que la muerte de Martha Liliana Machín Rodríguez y la de Luisa Fernanda Villota Machín se hubiesen causado en medio de la confrontación armada o como un año colateral y posterior a ésta.

Así las cosas, no existen en el expediente pruebas que demuestren con claridad y certeza que la demandada haya incurrido en una falla del servicio por no haber evitado la muerte de la señora Machín Rodríguez y la de su menor hija, pues, se insiste, nada indicaba la presencia de minas y la inminencia de su activación, frente a lo cual le resultara exigible una actuación de contención; por tanto, ha de concluirse que, en este asunto, los daños alegados por la actora no devinieron de una conducta omisiva, descuidada o negligente y, en efecto, reprochable en cabeza de la Administración.

Así, lo que se tiene, en suma, es que los daños por cuya indemnización se reclama se produjeron como resultado de la actuación delincuencial y deliberada de un grupo ilegal armado, lo cual se traduce en un acto malintencionado de un tercero y esto hace inviable, por supuesto, tener por probada la existencia de una falla en la prestación del servicio.

En virtud de todo lo anterior, no puede comprometerse la responsabilidad de la entidad demandada, a título de falla en la prestación del servicio, por cuanto la muerte de Martha Liliana Machín Rodríguez y de Luisa Fernanda Villota Machín no fue consecuencia de una acción ni de una omisión de las Fuerzas Militares.

Ahora, si bien es cierto que, mediante la Ley 554 de 2000(23), el Estado Colombiano aprobó e incorporó al ordenamiento jurídico interno la Convención de Ottawa y, en consecuencia, se obligó, entre otras cosas, a identificar y demarcar las zonas donde tenga conocimiento o sospeche que existan minas antipersonales y a destruir o asegurar la destrucción, en un plazo de 10 años, de todas aquellas puestas en su jurisdicción, también es cierto que en la décima reunión de los Estados parte de dicha convención le fue concedida una extensión de ese término, el cual se vence el 1 de marzo de 2021(24); por consiguiente, la ocurrencia de atentados como el que motivó esta demanda no puede entenderse aún como un incumplimiento del deber legal asumido por el Estado.

Por consiguiente y al no encontrarse acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual del Estado, se confirmará la sentencia apelada.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1: Confirmase la sentencia del 21 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2: Sin condena en costas.

3: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese Y cúmplase

3. Cifra que resulta de sumar los perjuicios morales solicitados para los demandantes —900 SMLMV— y de multiplicar el resultado por el valor del salario mínimo vigente en 2010 ($515.000), año de presentación de la demanda. Lo anterior, por cuanto el recurso de apelación se interpuso en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la cual establece, en su artículo 3, que la cuantía se determinará por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda.

4. Para cuando se interpuso el recurso de apelación (14 de febrero de 2014), la ley vigente en materia de determinación de competencias era la Ley 446 de 1998, conforme a la cual:
“Artículo 40. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
“(…)
“6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.
En este caso, como la demanda se presentó en el 2010, la cuantía ascendía a $257.500.000, si se tiene en cuenta que, para ese año, el salario mínimo legal mensual vigente se fijó en $515.000.

5. Debe tenerse en cuenta que el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 dispone que “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los. Agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según caso, hasta: a) que se logre el acuerdo conciliatorio, b) se expidan las constancias a qué se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, c) se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero”.

6. En torno al valor probatorio de los artículos de prensa, la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación ha sostenido que, dado que aquéllos no tienen, por sí mismos, la suficiente entidad para probar la veracidad del contenido de la información divulgada, su eficacia probatoria depende del vínculo de conexidad con otros medios probatorios que militen en el plenario (ver sentencia del 29 de mayo de 2012, exp. 01378-00 (PI)). En el sub examine, la prueba documental que milita en el proceso respalda la información de prensa, lo cual permite otorgarle valor probatorio.

7. En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado que aquéllas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de ésta no podrán ser valoradas en dicho proceso. También ha manifestado la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden, ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión (Consejo de Estado, Sección Tercera, sent. de 21 de febrero de 2002, exp. 12.789).

8. La mencionada prueba trasladada fue decretada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto del 28 de enero de 2011 y la Fiscalía Once Especializada de Cali allegó copia del proceso penal (fls. 73 a 195 del cdno 1).

9. En sentencia de 11 de octubre de 1990, expediente 5737,.dijo la Sala: “Cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que puede causar o está causando daño o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó”. Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996 (exp. 422) y de la Sección de 11 de diciembre de 1990; (exp. 5417), de 21 de marzo de 1991 (exp. 5595), de 19 de agosto de 1994 (exps. 9276 y 8222), de 14 de marzo de 1996 (exp. 10949), de 11 de julio de 1996 (exp. 10822) y de 30 de octubre de 1997 (exp. 10958), entre muchas otras.

10. “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero can la misma lógica debe concluirse qué el Estado debe todo cuanto esté a su alcance” (sent. de esta Sección de 15 de febrero de 1996, exp. 9940).

11. “Por ejemplo, Guido Alpa. Nuevo Tratado de la. Responsabilidad Civil. Lima, Juristas Editores, 2006, págs. 346 y ss., señala que en éste tipo de eventos, ‘en realidad, no Se trata de una ‘omisión’ sino del ejercicio de una actividad sin la adopción de las oportunas medidas de seguridad’”.

12. “Sentencia del 23 de mayo de 1994, exp: 7616”.

13. “Sentencia de 26 de septiembre de 2002, exp: 14.122”.

14. “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la 'virtualidad causal de la acción, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la 'obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño'. Sentencia de 21 de febrero de 2002, exp: 12.789”.

15. “En sentencia de 11 de julio de 2002, exp: 13.387, dijo la Sala: “La Corporación ha reiterado que si no está probado que la medida de protección fue solicitada en forma expresa no se acredita la falla de la Administración. Pero ello no implica que la petición deba ser únicamente por escrito, pues dependiendo de las circunstancias, la misma no sólo puede sino que debe hacerse en forma directa y verbal...La solicitud expresa y previa como requisito de imputación para una presunta omisión en la protección, tiene cabida cuando las circunstancias lo permiten. Por ejemplo, el desplazamiento de un candidato a cualquier cargo de elección popular, o de un funcionario de alto rango, o de un funcionario judicial para desplazarse a determinada región, o simplemente la solicitud de protección a la residencia de determinado funcionario. Es obvio que la institución policial no esté en la obligación de prestar en tales casos protección, cuando no se le pidió por escrito y con alguna antelación”.

16. “En varias oportunidades ha sostenido la Sala que en relación con el deber de protección de la “vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” que corresponde cumplir a las autoridades de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución, la falla del servicio se concreta ante la ausencia de la especial vigilancia demandada en forma expresa por quien se halle “en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado”. Sentencia del 30 de octubre de 1997, exp: 10.958. Así, en sentencia de 19 de junio de 1997, exp: 11.875, dijo la Sala: “...los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de seis funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low”. En el mismo sentido, ver, por ejemplo, sentencias de 30 de octubre de 1997, exp. 10.958, 5 de marzo de 1998, exp. 10.303 y de 7 de septiembre de 2004, exp: 14.831”.

17. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008 (exp. 14.443).

18. Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000 (exp. 11.585).

19. Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990 (exp. 5737), dijo la Sala: “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente (sic) la responsabilidad del Estado, pero también lo es que “esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes (sic) pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos (sic) así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que 'nadie es obligado a lo imposible’. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: ‘Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones (sic) actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en, los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio'”.

20. Al respecto, ver sentencia de 14 de mayo de 1998 (exp. 12.175).

21. Sentencia del 23 de mayo de 1994 (exp. 7616).

22. Sentencia de 26 de septiembre de 2002 (exp. 14.122).

23. Declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-991 del mismo año.

24. htto://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Plan%20de%20Accion%20de%20DH.pdf (consulta realizada el 13 de marzo de 2017).