Sentencia 2010-00171 de mayo 21 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 68001333100820100017101

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Acción popular - Solicitud de revisión eventual

Demandante: Iván Gonzalo Reyes Ribero

Demandado: Municipio de Bucaramanga, Compañía Colombiana de Tabaco S.A. y otros

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014)

De conformidad con el Acuerdo 117 del 12 de octubre de 2010, por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado modificó su reglamento, la Sección Quinta se pronuncia sobre la solicitud del accionante para que se revise el auto del 20 de noviembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Santander(1) que rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 12 de agosto de 2013 y, además, no accedió a la solicitud que presentó el actor en el sentido de que se le expidiera copias para presentar el respectivo recurso de queja.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El señor Iván Gonzalo Reyes Ribero, en ejercicio de la acción popular, demandó al municipio de Bucaramanga, a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A., a Confecciones Chicas, a la sociedad Moda Joven, a la sociedad Moda Casual y a Coralcosta, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la “integridad o salvaguardia del patrimonio público por dineros dejados de percibir por compensación de parqueaderos, pago debido “y faltante de contribuciones e impuestos al municipio”.

Consideró que estos derechos fueron vulnerados por la omisión de las demandadas en cumplir el Decreto 67 de 2007, respecto a la viabilidad de uso que el municipio concedió para la utilización de parqueaderos en la ciudad de Bucaramanga.

En consecuencia pidió que:

“1. Que se restablezcan los derechos a la tranquilidad, y medio ambiente sano de los moradores vecinos de dicho establecimiento de comercio residentes (sic), transeúntes y en general ciudadanos por el ruido provocado y no corregido por la contaminación auditiva porque se estacionan en la calle sus usuarios, por no cumplir norma de parqueaderos siendo que a la fecha no hay ningún parqueadero privado propio funcionando para los citados, salvo prueba en contrario para la presente fecha, porque si aparecían algunos planos se cerraron para dar servicio a su razón social, y planeación municipal sea de paso no exige los estudios de impacto ambiental, social y urbano, siendo está (sic) zona con un alto grado de embotellamiento por falta de parqueaderos en Bucaramanga según vanguardia liberal y otros reportes.

2. Que se restablezca la moralidad pública (presunta corrupción en la viabilidad de uso dada anteriormente sin cumplir la norma de parqueaderos por área utilizada), e integridad al patrimonio público pagando los dineros dejados de compensar en parqueaderos según el Decreto 67 de 2007, suma que calculo en suma mayor a varios cientos de millones de pesos, por los predios de las casas y edificaciones y nomenclaturas referidas con 1, o varios pisos de las casas o edificaciones y nomenclaturas referenciadas (sic) con 1, o varios pisos de cada sedes referenciadas (sic), siendo que presuntamente han declarado aérea menor a la utilizada, dejando de percibir impuestos, contribuciones al municipio por el aérea (sic).

3. Que se restablezca el interés colectivo a construcciones cumpliendo la normativa legal de solicitar previamente a las curadurías licencias en alguna de sus modalidades competente para los cambios no autorizados de cerrar parqueaderos en planos ahora no existentes, siendo que a la fecha no existe ninguno y por tanto ha de compensarse o crearse dichos parqueaderos para bien de los ejecutivos de los demandados, sus trabajadores, y en general la comodidad de sus usuarios como no embotellamiento del sector por no contar con dichos parqueaderos que otros establecimientos si cumplen en otras partes de la ciudad de Bucaramanga, y así tener una mejor ciudad cumpliendo requisitos urbanísticos, pagando las compensaciones al municipio o realizando por sus cuentas las construcciones de parqueaderos al interior de predios y así evitar el cierre de tan necesarios e importantes sedes de servicios que prestan los demandados para la comunidad por no cumplir dicha exigencia de viabilidad de uso de suelo que se solicita a planeación su cumplimiento estricto so pena de las sanciones de ley, y también no se respetan los perfiles viales dando lugar a invasión de espacio público como en zonas verdes, andenes y hasta antejardines endurecidos incluso usados para el establecimiento indebido de automotores y o (sic) ocupaciones indebidas a la misma incluso siendo que está prohibido por ejemplo estacionar en la calle en zonas de cabecera y el centro por disposición de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga cono en otras zonas específicas demarcadas.

4. Que se condene en costas a los demandados en sus correspondientes responsabilidades legales a las sanciones establecidas en la Ley 472 de 1998.

5. Que se condene las reparaciones debidas, a las demoliciones y construcciones ya comentadas si hay mérito a ello.

6. Que se condene al pago de los incentivos de ley para el actor teniendo de presente el daño a la moralidad pública entre otros intereses colectivos vulnerados.

7. Todas las demás que el juez competente considere necesarias o que las entidades o demás actores intervinientes soliciten conforme a la ley, como necesidad de prestar cauciones o las que fuesen necesarias como registrar las demandas”.

2. Trámite procesal.

— La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga y se admitió mediante providencia del 31 de mayo de 2010 (fls. 71-72).

— Por auto de 31 de marzo de 2011, el Juzgado Octavo del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, declaró la nulidad de todo lo actuado por agotamiento de jurisdicción y, en consecuencia, rechazó la demanda (fls. 340-342).

— Mediante providencia del 4 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Santander, al resolver el recurso de apelación que el actor había instaurado contra el auto del 31 de marzo de 2011, confirmó la decisión del a quo (fls. 367-370).

— El 9 de noviembre de 2011 el señor Iván Gonzalo Reyes Ribero propuso incidente de nulidad contra la providencia del 4 de noviembre de 2011, pues, a su juicio, dentro del trámite de la acción popular se configuraron las causales de nulidad que prevén los artículos 140 (inc. 6º, 8º y 9º), 142, 143 y 145 del Código de Procedimiento Civil (fls. 371-380).

— Por auto del 7 de mayo de 2012, el tribunal negó la solicitud de nulidad por cuanto “el juez no está obligado a tramitar una demanda diferente con igual objeto, causa y hechos, toda vez que a él le es dada la facultad de proceder de conformidad con el principio de celeridad y economía procesal; esto con el fin de evitar la coexistencia de dos procesos en trámite con similares pretensiones” (fls. 387-391).

— Contra esta decisión, mediante escrito del 11 de mayo de 2012, el actor interpuso recurso de apelación (fls. 403-406).

— Por auto del 15 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial, manifestó que “el recurso interpuesto por el actor se interpretará como ordinario de súplica” y, en consecuencia, ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 408-409).

— Mediante auto del 8 de agosto de 2012, repuso el auto del 15 de junio de 2012, mediante el cual se concedió el recurso ordinario de súplica y, en su lugar, ordenó que dicho recurso se tuviera como reposición contra el auto del 7 de mayo de 2012, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 (fls. 417-419).

— Por auto del 18 de febrero de 2013, se confirmó el auto del 7 de mayo de 2012. Puso de presente que frente al agotamiento de jurisdicción ya existe una decisión en firme dentro el proceso de la referencia, “la cual a la normatividad vigente no es modificable ni reformable por el juez que la profirió”. Que, además:

“con relación a la prueba que solicita el actor, relacionada con la copia del expediente 2009-0233, se considera que la misma es inconducente en el presente asunto, pues de haberse presentado alguna irregularidad en el otro proceso, ello no genera nulidad al interior de este proceso sino de aquel.

(...) con relación a la solicitud de suspensión del proceso por encontrarse pendientes por resolver 9 nulidades dentro de la acción popular 2009-0233, dicha petición tampoco tiene vocación de prosperidad, ya que la suspensión del proceso solo puede ser declarada en los eventos enunciados en el numeral 2º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civl, pues este proceso es autónomo y no depende de lo que se decida en otro” (fls. 438-440).

— Mediante escrito del 21 de febrero de 2013, el actor solicitó que se acumularan los procesos 2010-00171-01 y 2009-00233. Asimismo, interpuso recurso de apelación contra el auto del 18 de febrero de 2013 e insistió en que se conceda la apelación que interpuso contra la providencia que en segunda instancia negó la solicitud de nulidad (auto mayo 7/2012)(2).

— Mediante auto del 15 de mayo de 2013, negó la solicitud de acumulación, toda vez que en el proceso de la referencia están en firme las decisiones por las cuales se dio por terminado el proceso en aplicación de la figura de agotamiento de jurisdicción. De igual forma, rechazó por improcedente la apelación que interpuso contra el auto que no accedió a la solicitud de suspensión del proceso en el trámite de segunda instancia, pues una triple instancia no es admisible “en nuestro ordenamiento jurídico” (fls. 468-469).

— El 20 de mayo de 2013, el actor nuevamente insistió en que se declarara la nulidad de todo lo actuado, por cuanto no había lugar a que operara el fenómeno del agotamiento de jurisdicción. De igual forma, interpuso recurso de reposición y queja contra el auto del 15 de mayo de 2013 (fls. 470-499)

— El tribunal, por auto del 9 de agosto de 2013, negó la solicitud de nulidad, toda vez que lo que “en realidad pretende el accionante con el incidente es que se deje sin efectos la decisión relacionada con el agotamiento de jurisdicción, lo cual es improcedente”. También rechazó por improcedentes los recursos de reposición y queja interpuestos en contra el auto del 15 de mayo de 2013 (fls. 503-505).

— El 12 de agosto de 2013 el actor presentó recurso de reposición contra el auto del 9 de agosto de la misma anualidad, recurso que se rechazó por improcedente mediante providencia del 20 de noviembre de 2013. En ese mismo auto tampoco se accedió a la solicitud del actor en el sentido de que se le expidiera copias a efectos de instaurar el correspondiente recurso de queja (fls. 510-511).

— Mediante escrito del 25 de noviembre de 2013, el actor solicitó que se declarara la nulidad de los autos del 4 de noviembre de 2011 y del 20 de noviembre de 2013, así como la revisión eventual de este último. En síntesis, adujo que es ilícita la decisión según la cual en el caso concreto se configuró el agotamiento de jurisdicción, por cuanto se fundó en argumentos falsos, pues la acción que instauró no presentaba situaciones de modo, tiempo y lugar similares a otros procesos que cursaban ante la jurisdicción (fls. 512-537).

— Mediante auto del 10 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander denegó la solicitud de nulidad, pues lo pretendido por el accionante no era otra cosa que se deje sin efectos la decisión de rechazo por agotamiento de jurisdicción. Asimismo, “accedió a la solicitud de revisión eventual del auto del 20 de noviembre de 2013” (fls. 539-540).

4. La providencia de primera instancia.

Mediante auto del 31 de marzo de 2011, proferido por el Juzgado Octavo del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, se dispuso:

“Primero: declarar la nulidad de todo lo actuado por agotamiento de jurisdicción, conforme lo expuesto en la motivación del presente proveído.

Segundo: rechazar de plano la demanda de acción popular promovida por el ciudadano Iván Gonzalo Reyes Rivero (sic) contra el municipio de Bucaramanga, Confecciones Chica, Moda Joven, Moda Casual, Coralcosta y Muebles Giraldo”(3).

Como sustento de esa decisión, puso de presente que en la jurisdicción de lo contencioso se inició otra acción popular contra las mismas entidades y bajo las mismas pretensiones, por lo cual la acción por “la presunta violación a los intereses colectivos con ocasión de la falta de parqueaderos internos en los establecimientos de comercio accionados y la omisión del municipio de Bucaramanga en realizar los cobros correspondientes de los pagos compensatorios por falta de cupos de parqueo de que trata el Decreto Municipal 67 de 2007, se está propendiendo por la obtención de un único pronunciamiento judicial que sea oportuno, eficiente y ajustado a la realidad, en torno a una problemática que presuntamente afecta a todos los habitantes de una misma comunidad. Es decir, se está propendiendo por la protección efectiva de los derechos de las personas y evitando, además, el uso indebido del derecho de acción y de las personas y evitando, además, el uso indebido del derecho de acción y de la jurisdicción frente a una misma controversia”.

5. De la providencia que se pide revisar.

Corresponde a la proferida el 20 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander que rechazó por improcedente el recurso de reposición que interpuso el actor el auto del 9 de agosto de 2013 y, además, no accedió a la solicitud del señor Reyes Ribero en el sentido de que se expidieran las respectivas copias a fin de instaurar el respectivo recurso de queja.

Como fundamento de esa decisión, el juez señaló que:

“(...) no existe razón para que se reponga el auto recurrido por parte de este despacho, teniendo en cuenta que el mismo fue interpuesto contra un auto que rechazó por improcedente los recursos de reposición, queja y apelación invocados por el demandante, contra el auto de fecha 15 de mayo de 2013. Así mismo, se advierte nuevamente al recurrente que el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso de conformidad con el mencionado artículo; por lo que el mismo habrá de ser rechazado sin ahondar en más consideraciones.

De otro lado el recurrente solicita se expidan las copias para que se surta el recurso de queja ante el Consejo de Estado. (...) En el caso bajo estudio, se observa que no es procedente acceder a la petición presentada por el actor, relacionada con la expedición de copias para surtir el recurso de queja, toda vez que, si bien el auto del 9 de agosto de 2013 rechazó por improcedente el recurso de apelación presentado por el actor, lo hizo dentro del trámite de segunda instancia, no existiendo en el ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de una tercera instancia como ya se le ha indicado al demandante en reiteradas ocasiones”(4).

6. Solicitud de eventual revisión.

El actor popular solicitó seleccionar, para revisión, el auto del 20 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.

Como argumentos de su solicitud de manifestó la necesidad de que se revoque el auto del 20 de noviembre de 2013 y los demás que se surtieron en el trámite de la acción popular, por cuanto son ilícitos, puesto que se decretó el agotamiento de jurisdicción sin prever que los demandados en los diferentes procesos populares no son los mismos.

Como argumentos de su solicitud, reiteró que en su caso se desconocieron las sentencias de unificación del Consejo de Estado y las de la Corte Constitucional que establecen los requisitos para que opere el agotamiento de la jurisdicción. Agregó que los autos dictados dentro del proceso de la referencia son ilegales, contienen vías de hecho e incluso constituyen prevaricato pues encuentra que no hay identidad jurídica de las partes y por tanto, no era aplicable a su caso la figura del agotamiento de la jurisdicción.

Señaló que la providencia debe ser seleccionada para revisión en atención a que existen cuatro temas que deben ser unificados por la jurisprudencia del Consejo de Estado por su relevancia y trascendencia. Estos, en síntesis son:

1) La procedencia del recurso de apelación contra los autos que niegan una solicitud de nulidad en primera instancia. Indicó el actor que existen pronunciamientos contradictorios del Consejo de Estado sobre el particular y que, en su caso, sí era procedente el recurso de apelación frente al auto que denegó la solicitud de nulidad.

2) La aplicación de la sentencia que unificó criterios en cuanto a la figura del agotamiento de la jurisdicción en aquellos casos en que los demandados no son idénticos y si en este supuesto procedería la acumulación de los procesos.

3) El deber que tienen los jueces, conforme con la Sentencia C-622 de 2007 y los artículos 8.1, 9º y 25 de la Convención americana de derechos, de emitir fallos de fondo frente a las controversias que se les plantean.

4) Que el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre las certificaciones por él aportadas al proceso y que dan cuenta de la diferencia entre la demanda de la referencia y aquella que se tramitó bajo el radicado 2009-002009-0233-00 y que dio origen al rechazo de la demanda por agotamiento de la jurisdicción.

5) Que el “Consejo de Estado habrá de referirse a lo expresado por el mismo Tribunal Administrativo de Santander en tutela 2010-0546, que expresa las razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de la forma como se están llevando a cabo autos de ampliación oficiosa, desproporcionados en Bucaramanga sin vincular y notificar formalmente a litisconsortes necesarios pasivos como lo son los comerciantes de Bucaramanga y que en salvamentos de voto, como en la A.P. 383-01 del 209 y 160-01 del 2010 magistrados sostienen la ilegalidad del auto de ampliación en la A.P. 383 233 del 2009, que también lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo de Santander, previa barra de abogados y procuradores como el 17, 101 y 212 entre otros”.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia de la Sala.

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 y el artículo 1º del Acuerdo 117 del 12 de octubre de 2010, por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado modificó su reglamento, la Sala es competente para decidir la solicitud de revisión del auto del 20 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.

2. La revisión eventual de las acciones populares y de grupo: finalidad y requisitos.

Los artículos 11 de la Ley 1285 del 22 de enero de 2009 y 272 a 274 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establecen el mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo decididas por los tribunales administrativos. Del contenido de estas normas se desprende con claridad que la finalidad del mecanismo de la revisión eventual es la unificación de la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo con miras a evitar la existencia de criterios contradictorios respecto de un mismo tema, derivados, por ejemplo y a título puramente enunciativo, de su complejidad, indeterminación, ausencia de claridad normativa, vacío legislativo, confusión y diversidad de interpretaciones, inexistencia de criterio consolidado respecto de determinados tópicos, entre otros aspectos significativos o propios de la tarea unificadora.

De igual manera, del texto de los artículos citados y de la interpretación que la jurisprudencia de esta corporación ha hecho al artículo 11 de la Ley 1285 de 2010, se determinan como requisitos para la procedencia y para la prosperidad del aludido mecanismo, los siguientes:

a. Debe existir petición de algunas de las partes o del Ministerio Público.

b. La petición debe presentarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la providencia que ponga fin al respectivo proceso.

c. La providencia cuya revisión se solicita debe haberse dictado por un tribunal administrativo y determinar la finalización o archivo del proceso.

No son entonces susceptibles de revisión las sentencias dictadas por los jueces administrativos, bajo el entendido de que ellos acatan el precedente jurisprudencial vertical fijado por el respectivo tribunal que funge como su superior funcional y, en esa medida, se encuentra salvaguardada la coherencia sistémica de la jurisprudencia.

d. La petición no requiere de una sustentación rigorista, pero en ella se deberán precisar o identificar los aspectos o materias que según el interesado ameritan la revisión de la providencia, con la finalidad de unificar jurisprudencia, dando una explicación razonada sobre las circunstancias que imponen la necesidad de revisar. Se debe acompañar copia de las providencias que se relacionen con la solicitud.

No obstante, la sustentación jurídica de la petición no limita el campo de la actuación del Consejo de Estado, pues este puede encontrar otros aspectos y otras materias que ameriten la revisión, con el propósito de unificar la jurisprudencia de la corporación.

3. Caso concreto.

La Sala no seleccionará para revisión el auto del 20 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por cuanto no es la providencia que determinó la finalización del proceso.

En efecto, dicho auto rechazó por improcedente el recurso de reposición que el actor había interpuesto contra el auto del 9 de agosto de 2013 (que negó una de las innumerables solicitudes de nulidad que presentó el actor en el trámite de la segunda instancia) y, además, no accedió a la petición del señor Reyes Ribero en el sentido de que se expidieran copias a fin de instaurar el respectivo recurso de queja.

No cabe duda que este auto no puso fin al proceso de la referencia, sino se produjo en respuesta a un sin número de recursos y solicitudes de nulidad que presentó el actor contra la decisión de rechazo de la demanda y que, en últimas, no perseguían cosa distinta que conseguir la admisión de su acción.

En el presente caso, la providencia que dio por terminado el proceso corresponde al auto del 4 de noviembre de 2011, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander, al resolver el recurso de apelación que el actor había instaurado contra el auto del 31 de marzo de 2011, confirmó la decisión de rechazar la demanda, pues había operado el fenómeno del agotamiento de jurisdicción.

Empero, como se precisó en el acápite de antecedentes, el actor ejerció un elevado número de solicitudes y recursos abiertamente improcedentes y, por ello, ahora pretende que se seleccione una providencia que no puede ser objeto de revisión eventual.

Como en otras oportunidades(5), la Sala pone de presente que contra el auto de 4 de noviembre de 2011 que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 31 de marzo de 2011 que rechazó la demanda por agotamiento de jurisdicción, no procedían más recursos. Entonces, es claro que el mencionado cúmulo de nulidades y recursos sobrevinientes e improcedentes no tuvieron la capacidad de modificar la firmeza del auto de rechazo, como tampoco la oportunidad legal para solicitar la revisión eventual(6).

Aunado a lo anterior, la Sala evidencia que el solicitante equivoca el sentido y finalidad de la acción, pues en el escrito de revisión se limita a solicitar la selección de la providencia del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se admita la acción popular interpuesta por él contra el municipio de Bucaramanga, Santander, por cuanto considera que los autos dictados dentro del proceso de la referencia son ilegales, contienen vías de hecho e incluso constituyen prevaricato, toda vez que, a su juicio, no hay identidad jurídica de las partes y por tanto, no era aplicable a su caso la figura del agotamiento de la jurisdicción.

De esta manera, lo que pretende el señor Iván Gonzalo Reyes es que el Consejo de Estado, mediante el mecanismo de revisión eventual, ordene la admisión de su demanda. Es decir, intenta revivir un asunto que fue rechazado porque tanto el juzgado como el tribunal encontraron satisfechos todos los requisitos para que se configure el fenómeno de agotamiento de la jurisdicción, asunto este que no puede ser objeto del recurso en estudio. Se recuerda que la facultad de revisión tiene como único propósito la unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado como tribunal supremo y no está prevista para ejercer control de legalidad sobre las decisiones del juez natural, pues no se trata de un recurso o de una instancia adicional prevista para reabrir el debate inicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Quinta,

RESUELVE

1. NO SELECCIONAR, para su revisión, el auto del 20 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alberto Yepes Barreiro, Presidente—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Susana Buitrago Valencia.

(1) Para el caso sub lite es indispensable tener presente que el Tribunal Administrativo de Santander con auto del 4 de noviembre de 2011 resolvió el recurso de apelación contra el auto del 31 de marzo de 2011, proferido por el Juzgado Octavo del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, que declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó de plano la acción popular 2010-00171-00 por agotamiento de jurisdicción.

(2) Folios. 441-446.

(3) Folio 343 reverso.

(4) Folio 511 y reverso.

(5) Sentencia del 10 de abril de 2014, Consejo de Estado - Sección Quinta, Exp. 2009-00207, M.P. Alberto Yepes.

(6) Incluso si se aceptara que el actor solicito la revisión del auto del 4 de noviembre de 2011 del Tribunal Administrativo de Santander, tal petición sería extemporánea, pues dicha providencia se notificó por estado el 9 de noviembre de ese mismo año y el escrito de revisión se radicó el 25 de noviembre de 2013, esto es, 2 años después de la notificación.