Sentencia 2010-00173 de enero 28 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 680011102000201000173 01

Aprobado según Acta 4 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá, D. C., Veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015)

EXTRACTOS: «Consideraciones de la sala

1. Competencia.

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996, esta colegiatura es competente para conocer y desatar el recurso de apelación, de la sentencia sancionatoria emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, contra la doctora Víctoria Bolívar Ardila, en su calidad de Juez 2ª de Familia de Bucaramanga, para la época de los hechos.

En desarrollo de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el defensor de confianza de la investigada, como quiera que, en tratándose de apelación, el alcance de la órbita de competencia del juez de segunda instancia, le impone emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos recurridos, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, quien de ese modo, implícitamente, devela su asentimiento, claro está que esa competencia se puede extender a asuntos no censurados, siempre y cuando resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.

2. Del principio denominado Ilicitud Sustancial. La Corte Constitucional al estudiar y declarar la exequibilidad del artículo 5º de la Ley 734 de 2002, en Sentencia C-948 de 2002, con Ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Gálvis, señaló:

“Cabe recordar en efecto que en el proyecto inicial presentado a consideración del Congreso el artículo quinto acusado era de un tenor sustancialmente diferente del que ahora se examina. Dicho artículo señalaba lo siguiente:

“ART. 5º—Lesividad. La falta del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas solo dará lugar a responsabilidad disciplinaria cuando afecte o ponga en peligro la función pública.

La exposición de motivos sustentaba dicho texto basada en las siguientes consideraciones:

“Otra de las innovaciones en materia de principios rectores con contenido garantista la constituye la consagración expresa del principio de lesividad, refiriéndolo específicamente a la función pública, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro amerita reproche disciplinario. Debido a la falta de claridad de la legislación vigente sobre este aspecto, la jurisprudencia y la doctrina plantearon tesis encontradas que el proyecto pretende resolver mediante una regulación expresa e inequívoca, en aras de la seguridad jurídica. El principio de lesividad se estructura como una garantía adicional en favor de los destinatarios de la ley disciplinaria, pero en el caso de este proyecto, claramente diferenciado del principio de lesividad o de antijuridicidad material que se desarrolla en la legislación penal vigente; el quebrantamiento de la norma solo merece reproche disciplinario cuando la misma está concebida para preservar la función pública, y la infracción, en el caso concreto, la vulnera o la pone en peligro”.

Este texto no fue acogido por el Congreso, que adoptó finalmente el texto que ahora se examina por la Corte. Para sustentar el abandono del texto inicial en la Ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto que se convertiría en la Ley 734 de 2002(8) se hicieron las siguientes consideraciones:

“La expresión “lesividad” es propia del derecho penal, mecanismo de control social que tiene como fundamento la protección de bienes jurídicos cuyo contenido viene dado por los derechos fundamentales. Trasplantar del derecho penal al derecho disciplinario tal expresión comporta introducir factores

perturbadores que incidirán en la correcta interpretación de la ley, habida cuenta que, si bien en derecho disciplinario deben regir las categorías tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, las mismas deben estar dotadas de su contenido propio y autónomo.

“Ciertamente que el derecho disciplinario protege en términos generales el correcto desempeño de la función pública, lo cual hace a través de una consideración global de la materia; empero, las especificaciones de tal protección vienen dadas por la imposición de deberes funcionales acordes con la función que cumple el servidor público en un Estado Social y Democrático de Derecho (artículos 2º, 6º y 122 inciso 2º de la Carta Política).

“Decoro, eficiencia y eficacia no son los únicos valores constitucionales encarnados en los deberes funcionales, habida cuenta que juegan otros como la moral pública, la imparcialidad, transparencia y objetividad que emanan de la Carta Política y el orden jurídico desarrolla.

“No basta como tal la infracción a un deber, ni a cualquier deber, sino que se requiere, para no convertir la ley disciplinaria en instrumento ciego de obediencia, que ello lo sea en términos sustanciales; esto es, que de manera sustancial ataque por puesta en peligro o lesión el deber funcional cuestionado.

“Ello es lo que se busca con la redacción inicial, empero, la misma resulta equívoca en la medida en que trata de buscar una autonomía e independencia del derecho penal a través de la utilización de las categorías dogmáticas de este.

“En efecto, la exposición de motivos presentada por la Procuraduría General de la Nación deslinda derecho penal y derecho disciplinario, señalando a este como un

“sistema autónomo e independiente, con objetivos y características propios”1, precisando la necesidad de diferenciar la antijuridicidad penal de la disciplinaria, pues en aquél se habla del “principio de lesividad o de antijuridicidad material”.

“Pues bien, si ello es así, como lo es por resultar correcto, no se puede utilizar en derecho disciplinario la expresión lesividad, habida cuenta que la misma denota un sistema de injusto montado sobre la base de la lesión a bienes jurídicos tutelados, cuya puesta en peligro o lesión origina la antijuridicidad material como categoría dogmática.

“El derecho disciplinario no puede ser entendido como protector de bienes jurídicos en el sentido liberal de la expresión, toda vez que se instauraría una errática política criminal, habida cuenta que no existiendo diferencias sustanciales entre derecho penal y derecho disciplinario por virtud de ello, llegaría el día en que el legislador, sin más ni más, podría convertir sin ningún problema todos los ilícitos disciplinarios en injustos penales.

“Si, como lo afirmó la exposición de motivos “el quebrantamiento de la norma solo merece reproche disciplinario cuando la misma está concebida para preservar la función pública, y la infracción, en el caso concreto, la vulnera o la pone en peligro”, tal cometido, sin que se presente a interpretaciones diferentes, se logra con la modificación propuesta.”

De tal manera, lo que constituye motivo de reproche en el ámbito disciplinario es que a través del incumplimiento de deberes se afecte la función pública pues, como se vio, es esta la razón de ser del régimen disciplinario y, por lo mismo, la finalidad a la cual está afecto.

Así lo concluyó la Corte en la sentencia que se está analizando, que viene a tener aquí especial relevancia dado que en ella se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión, en los siguientes inequívocos términos:

“Para la Corte, como se desprende de las consideraciones preliminares que se hicieron en relación con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro que dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

“El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta”.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en punto del principio de ilicitud sustancial, ha dicho que el incumplimiento del deber funcional habrá de ser sustancial para que merezca reproche disciplinario, es decir, habrá de atentar contra el buen funcionamiento del Estado y sus fines, porque de lo contrario la conducta no puede considerarse antijurídica y, por lo mismo, no constituye falta disciplinaria.

Siendo así tenemos que la incursión en conductas descritas como faltas disciplinarias puede resultar sin sanción si no se comprueba la afectación del deber funcional. Dicho de otro modo, la vigencia del principio de ilicitud sustancial deja por fuera del ámbito disciplinario las conductas típicas pero inocuas, es decir, las que aunque se encuentren descritas como faltas no causan efecto nocivo en la función judicial.

De esta forma, convertida la ilicitud sustancial en norma rectora de la ley disciplinaria, por propia y expresa disposición de dicha ley, la misma deberá aplicarse con prevalencia a las demás normas que integran dicho régimen, tal como lo dispuso en forma particularmente clara el legislador en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002.

Luego, para que pueda adelantarse juicio de reproche de carácter disciplinario contra un servidor público de la rama judicial, es indispensable que el mismo se edifique en el incumplimiento de alguno de los deberes que le atañen particularmente y, adicionalmente, deberá establecerse que el incumplimiento de dicho deber comportó afectación efectiva de la función judicial.

3. Del caso concreto.

Así las cosas, y analizando el caso que aquí ocupa la atención de esta Sala, a la luz del principio de ilicitud sustancial según la delimitación que en los párrafos anteriores ha quedado explicada, resulta evidente que la conducta de la enjuiciada no alcanzó a afectar el deber funcional pues no impidió el cumplimiento de los fines esenciales del Estado ni los particulares de la función judicial.

Lo anterior, por cuanto es evidente que con el proceder de la funcionaria, no hubo ninguna causación de perjuicio al aparato judicial, pues como se pudo corroborar con las pruebas allegadas, la investigada nunca se negó a prestarle el servicio al quejoso, al punto que como lo dice ella en su versión y lo reiteran los testigos, la querellada le adujo al señor Galvis Tibaduiza que cancelara las copias para poderlas expedir, tal y como lo prevé la normatividad, y éste atendiendo su disgusto no quiso dejarlas pagas y por el contrario radicó un memorial en donde argüía que se le estaba negando el servicio, por lo cual, si hubo negación del servicio, ello aconteció no por la decidía de la Juez sino por una circunstancia generada por el mismo querellante.

Ahora bien, contrario a lo indicado por el Seccional, no se evidencia que la querellada haya transgredido ninguna normatividad, pues dentro de los preceptos irrogados a la funcionaria como no atendidos, no se hace mención a que las copias deban ser entregadas en forma inmediata o que por lo menos exista una restricción para que la Juez no pueda organizar su despacho en tal aspecto, de la forma más adecuada y preciosa para el mismo estrado judicial y el público general.

Y es que en virtud precisamente de esa forma de organización que tiene la funcionaria de su despacho, es que la misma ha obtenido en el factor organizacional en su calificación o evaluación de servicios como Juez de la República, el puntaje máximo para tal ítem, lo cual avizora el buen desempeño de la juez, la calidad y eficiencia en el manejo de sus funciones.

De otro lado, como bien lo aduce el defensor de confianza de la disciplinada, la expedición de copias es una función que se encuentra designada al secretario más no a la funcionaria, sin embargo, ésta última quien de acuerdo a su potestad, autonomía e independencia, se vio en la imperiosa necesidad de implementar un reglamento interno del despacho, en donde se encuentra inmerso el horario de expedición de copias, el cual no va en contravía de ninguna disposición legal, y tal aspecto debió consagrarse atendiendo precisamente las vicisitudes que se estaban presentando al respecto al interior del despacho, que conllevó a que se tomaran medidas tendientes a prevenir la corrupción y que existiera mejor desempeñó y manejo de espacios de tiempo por parte de cada uno de los empleados para el mejoramiento de la administración de justicia y que ello se viera reflejado en el público, como ha venido sucediendo, al punto que es el primer inconveniente que se genera por dicho tema, tal y como lo indica una de las declarantes.

De lo precedente se deduce que la confianza del público en la justicia nunca alcanzó a verse deteriorada en una forma real y material, es decir no atentó contra el buen funcionamiento del Estado y sus fines, pues reiterase para la expedición de copias ni siquiera pasaba un día para emitir las mismas y por ende no se puede hablar de una denegación de justicia, sino de un factor de organización que de ningún modo atenta contra la constitución ni la ley, al no estar tampoco prohibida la actuación desplegada por la funcionaria, luego la conducta no puede considerarse antijurídica y, por lo mismo, no constituye falta disciplinaria, debiéndose revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar absolver a la funcionaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Revocar la sentencia proferida el 24 de junio de 2014, por la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Bucaramanga, en la que se decidió sancionar con suspensión por el término de un (1) mes en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el lapso de treinta (30) días a la Doctora Victoria Bolívar Ardila, en su condición de juez segunda de familia de Bucaramanga, por haber infringido el deber contenido en el numeral 1º del artículo 153 de la ley 270 de 1996, al irrespetar los artículos 6 y 115 del Código de Procedimiento Civil, artículo 228 del Código Penal y artículo 1º del acuerdo 1504 de 2002 de la sala administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 196 de la ley 734 de 2002, responsabilidad tipificada a título de dolo, conforme lo expuesto en la parte motiva de este fallo, para en su lugar absolverla, conforme lo señalado en este proveído.

2. Devolver el expediente a su lugar de origen, para que se proceda a la notificación de lo aquí resuelto conforme lo dispuesto en la ley.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

(8) Gaceta 263 de 2001.