Sentencia 2010-00176/46485 de septiembre 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad: 27001-23-31-000-2010-00176-01 (46485)

Consejera Ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Jacot Arturo Lara Feria y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Referencia: acción de reparación directa

Temas: Responsabilidad del Estado por daños causados a conscriptos / Requisitos del poder especial - en vigencia de la Ley 1395 de 2010 no se requiere su presentación personal / Límites de la apelación - como ámbito de competencia del ad quem.

Bogotá D. C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la partes contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia; 2) prelación del fallo; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) legitimación en la causa por activa; 5) precisión sobre el nombre del actor principal; 6) la carencia de poder de las señoras Amada Julia Feria Neiro y Benilda Rosas; 7) el ámbito de competencia de segunda instancia frente a los recursos interpuestos por las partes; 8) caso concreto: el reconocimiento indemnizatorio cuestionado por las partes; 8.1) perjuicios morales; 8.2) daño a la salud; 8.3) perjuicio material: lucro cesante; 9) condena en costas.

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 3 de septiembre de 2010(20), esto es, en el interregno en el cual estuvo vigente el artículo 3(21) de la Ley 1395 de 2010(22) y de conformidad con esta norma habrá de tenerse en cuenta, para efectos de determinar la competencia funcional, la sumatoria de las pretensiones.

Así, entonces, dado que la sumatoria de las pretensiones en el presente asunto equivalen a 1340 SMMLV, resulta forzoso concluir que supera la cuantía establecida por la Ley 446 de 1998 (500 SMMLV) para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia(23).

2. Prelación del fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañen solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con las lesiones sufridas por el señor Jacot Arturo Lara Feria cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la Subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada(24), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 01 de 1984(25), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de las lesiones que recibió el señor Jacot Arturo Lara Feria cuando prestaba su servicio militar obligatorio en hechos ocurridos el 25 de marzo de 2010 y, habida cuenta de que la demanda se interpuso el 3 de septiembre de ese mismo año, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

4. Legitimación en la causa por activa.

Por las lesiones sufridas por el señor Jacot Arturo Lara Feria concurrieron al proceso los señores Amada Julia Feria Nerio, Feder Neder Lara Feria, Benilda Rosa Lara, Neudid del Carmen Lara Feria, Aura Luz Lara Feria y Onilson Lara Feria, quienes demostraron su legitimación en la causa de la siguiente manera:

Respecto del demandante señor Jacot Arturo Lara Feria, se tiene que fue víctima directa del daño, razón por la cual se encuentra acreditada su legitimación para comparecer a este proceso.

Frente a los señores Amada Julia Feria Nerio, Feder Neder Lara Feria, Benilda Rosa Lara, Neudid del Carmen Lara Feria, Aura Luz Lara Feria y Onilson Lara Feria obran copias de sendos certificados de registros civiles de nacimiento, en los cuales consta que son la madre y los hermanos de la víctima del daño, por lo cual está acreditada su legitimación en la causa por activa(26).

5. Precisión sobre el nombre del actor principal.

Para la Sala, en este punto, resulta necesario aclarar el nombre de la víctima directa, pues en algunos documentos del plenario se le presenta como “Jacot” y, en otros, como “Jacob”; no obstante, su segundo nombre y apellidos coinciden en todos los documentos obrantes en el sub lite.

Al respecto, debe decirse que en la demanda siempre se le denominó como “Jacot” y en el poder obrante en el expediente aquel firmó de esa manera, ello aunado a que en la sentencia de primera instancia, en el informe administrativo por lesiones(27), en su contraseña(28), en su historia clínica(29) y en su expediente prestacional(30) se le nombró de esa forma; no obstante, en el certificado de su registro civil de nacimiento suscrito por el Notario del Círculo de Tierralta se le llamó como “Jacob”.

En vista de lo anterior, la Sala considera que en el presente caso debe acogerse una concepción y un criterio de amplitud para apreciar el nombre de la víctima directa, esto en aras de no sacrificar su derecho sustancial de acceso a la administración de justicia por deficiencias formales, pues no puede perderse de vista que se trata de un principio rector y teleológico consagrado en el artículo 228 Constitucional(31).

Por lo anterior, huelga decir que al margen del nombre que se utilice en la presente providencia, se entenderá que se refiere a la misma persona, pues no es clara, posiblemente como consecuencia de un lapsus calami en los documentos obrantes en el proceso, la forma correcta de escribir su nombre.

6. Sobre la carencia de poder de las señoras Amada Julia Feria Neiro y Benilda Rosas.

Previo a continuar con el análisis del recurso de apelación, resulta necesario determinar si las señoras Amada Julia Feria Neiro y Benilda Rosas Lara otorgaron debidamente poder para actuar en el proceso, pues la parte demandada, en la contestación de la demanda, aseguró que al carecer de la nota de presentación personal aquellas estaban “indebidamente representadas”. Lo anterior aunado al hecho de que frente a este punto la sentencia de primera instancia no realizó estudio alguno.

En efecto, una vez revisado el poder especial otorgado por las mencionadas demandantes se advierte que no se realizó la nota de presentación personal del mismo, situación por la que resulta menester establecer si se configuró o no una carencia total de aquel frente a las señoras Amada Julia Feria Neiro y Benilda Rosas Lara.

Al respecto, estima la Sala pertinente recordar que la demanda se presentó el 3 de septiembre de 2010, por lo que a este asunto le resulta aplicable el Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984–, así como las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 267 del estatuto procesal en materia de lo contencioso administrativo.

En esa medida, dado que el sub lite se inició en el período en el que la Ley 1395 de 2010 estuvo vigente(32), es necesario tener en cuenta las modificaciones que esta realizó al Código de Procedimiento Civil, las que, a saber, resultan aplicables de conformidad con la Ley 153 de 1887(33).

Así entonces debe destacarse que el Código de Procedimiento Civil, frente al poder especial para actuar en un proceso consagró, en el artículo 65, que “puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda” (se destaca).

Ahora bien, el artículo 84 ibídem, en lo que hace a los requisitos para la presentación de la demanda estableció que “las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier círculo; para efectos procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino (...)” (negrillas adicionales).

No obstante lo dicho, no puede perderse de vista que el citado artículo 84, así como el artículo 13 de la Ley 446 de 1998(34), fueron subrogados parcialmente por el artículo 41 de la Ley 1395 de 2010(35), mediante el cual se estableció una presunción de autenticidad de la demanda, por lo que, a partir de su vigencia, se abolió su autenticación o presentación personal, pues la presunción en comento se deriva de la firma de quien presenta la demanda, todo lo cual permite afirmar que, tratándose de los poderes, también se presume su autenticidad con la firma del otorgante, sin que sea necesaria, además, la autenticación o presentación personal(36).

El escenario normativo en comento permite señalar que, para el caso concreto, el poder otorgado por las señoras Amada Julia Feria Neiro y Benilda Rosas Lara goza de la presunción de autenticidad que se desprende de su firma, la cual no ha sido cuestionada en el proceso, sin que la carencia de la nota de presentación personal la desvirtúe, pues, como quedó visto, se trata de un requisito suprimido por la ley. Por esta razón, para la Sala es claro que las demandantes antes mencionadas sí se encuentran debidamente representadas en los términos del poder obrante a folios 17 y 18 el cuaderno principal de primera instancia.

7. El ámbito de competencia de segunda instancia frente a los recursos interpuestos por las partes.

Previo a continuar con el análisis de segunda instancia, resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a que se modifique la parte resolutiva del fallo, exclusivamente en lo que hace al monto de la indemnización reconocida a título de perjuicios morales, el daño a la salud y los perjuicios materiales y, por otro lado, la impugnación incoada por la parte demandada se limitó a controvertir las reparaciones reconocidas por perjuicios morales y materiales.

En ese sentido, la Sala debe destacar que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por las partes en sus recursos, en tanto que a través de ellos se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o la reforme (...)”(37).

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en la providencia de primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(38), como el principio dispositivo(39), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(40).

Con todo, conviene precisar que aunque en el presente proceso los recursos de apelación provienen tanto de la parte demandante como de la parte demandada, lo cierto es que las razones específicas que fueron aducidas por dichos recurrentes en la sustentación de sus respectivas apelaciones y que determinaron la formulación de las mismas delimitan la competencia funcional de esta Sala como juez de la segunda instancia(41).

Pues bien, visto cómo fueron planteadas las inconformidades con la sentencia de primer grado en los respectivos recursos, que resulta procedente examinar, la Sala debe destacar que los recursos de apelación que se han planteado en este caso, para efectos de su resolución, se han de entender limitados a los aspectos indicados en ellos, consideración que cobra mayor significado en el sub lite, si se tiene presente que la responsabilidad, la ocurrencia del hecho dañoso y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos no fueron controvertidas por la parte demandada, de manera que ninguna precisión se efectuará en relación con los elementos que configuran la responsabilidad de la entidad, ni respecto de las pretensiones que resultaron denegadas y no fueron apeladas, pues se trata de puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(42).

8. Caso concreto: el reconocimiento indemnizatorio cuestionado por las partes.

8.1. Perjuicios morales.

Según lo expresado por la parte actora en su recurso, el Tribunal Administrativo del Chocó erró cuando tasó los perjuicios morales, dado que la suma reconocida por este rubro era irrisoria, si se tenía en cuenta que la lesión que sufrió el señor Jacot Arturo Lara Feria era grave; a su turno, para la parte demandada los perjuicios que por este título fueron reconocidos debían negarse, puesto que la lesión era leve, de ahí que la presunción del sufrimiento no era aplicable en razón del parentesco.

Sea lo primero señalar que en relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria(43) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor; por tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en las sentencias de unificación jurisprudencia! sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de lesiones a una persona, proferidas el 28 de agosto de 2014(44).

En la jurisprudencia de la Sección, el daño moral se ha entendido como el producido generalmente en el plano síquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien(45); daño que tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del mismo, esto es, que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

Este entendimiento es congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin obstáculo para que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse en ciertos casos –como por ejemplo en relación con lesiones y muerte de personas– con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan(46).

Es así como la Sala acude a la regla de la experiencia(47), que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral, por lo que tratándose de lesiones de una persona resulta comprensible que el dolor moral se proyecte en los miembros de dicho núcleo familiar. Por esta razón, para la Sala es claro que la censura planteada por la parte demandada no tiene vocación de prosperidad, puesto que del material obrante en el plenario no se desestimó una debilidad en la relación familiar de tal índole que fuere improcedente acudir a la presunción de su perjuicio moral por las lesiones ocasionadas al soldado regular.

Así pues, conviene advertir que en el sub judice obra prueba del acta de la junta médico laboral de número 41879, expedida el 4 de marzo de 2011, en la que se concluyó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor Jacot Arturo Lara Feria, derivado de la lesión sufrida por proyectil de fuego en el abdomen, era del 16%(48).

Huelga aclarar que para el reconocimiento del perjuicio moral derivado de lesiones deberá tenerse en cuenta “la valoración de la gravedad o levedad de [aquella] reportada por la víctima”(49), para lo que se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

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Gráfico Nº 2
Reparación del daño moral en caso de lesiones
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Gravedad de la lesiónVíctima directa y relaciones afectivas, conyugales y paterno-filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Igual o superior al 50%10050352515
Igual o superior al 40% e inferior al 50%8040282012
Igual o superior al 30% e inferior al 40%603021159
Igual o superior al 20% e inferior al 30%402014106
Igual o superior al 10% e inferior al 20%2010753
Igual o superior al 1% e inferior al 10%1053,52,51,5

De conformidad con lo dicho, considera la Sala que, atendiendo a la gravedad del daño probada en el plenario y al criterio unificado por la Sección Tercera(50), el a qua acertó tanto en la tasación del perjuicio en el equivalente a 20 SMMLV para la víctima directa, como en la suma de 10 SMMLV reconocida para los hermanos de aquella; no obstante, en relación con la señora Amada Julia Feria Nerio (madre del señor Jacot Arturo Lara Feria(51)), ha de precisarse que debió ser reconocida en el equivalente a 20 SMMLV, por lo que se procederá a reconocerle esta última cifra, para lo que se modificará en lo pertinente la sentencia de primera instancia.

8.2. Daño a la salud.

Ahora bien, conviene precisar que frente al daño a la salud, la parte demandante manifestó en su recurso que las lesiones que sufrió el señor Jacot Arturo Lara Feria le provocaron secuelas de por vida, dado que perdió las condiciones físicas para practicar deportes y dicha situación afectó su relación en su entorno familiar y social.

Sobre el particular, es del caso resaltar que el Tribunal Administrativo del Chocó accedió a la indemnización derivada del daño a la salud, en tanto consideró que los perjuicios solicitados por la parte actora denominados “fisiológico, a la vida de relación sexual, estético, vida de relación social, vida de relación familiar “ debían estudiarse a la luz de aquel, y toda vez que dicha situación no fue motivo de censura en los recursos de apelación, para la Sala es procedente pronunciarse bajo esa denominación.

En ese sentido, de conformidad con la posición jurisprudencial adoptada por la Sección Tercera de la Corporación, cuando el daño antijurídico radica en una afectación sicofísica de la persona, esta debe ser indemnizada bajo el concepto del daño a la salud, entendido como categoría autónoma de perjuicio. Al respecto, así ha razonada la Sala:

“Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios –siempre que estén acreditados en el proceso–:

“i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

“ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(52).

“Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

“Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud...

“... Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material(53).

En cuanto a la forma de tasar la indemnización de dicho perjuicio, la Sala precisó que consta de un componente objetivo, en el cual se revisa la magnitud de la lesión, y otro subjetivo, encaminado al análisis de las consecuencias que dicho menoscabo causa en cada individuo. Así lo explicó la Sala en aquella oportunidad:

“De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

“Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima ‘a igual daño, igual indemnización’(54).

En este punto del análisis, conviene advertir que la Sala de la Sección Tercera reiteró, en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, los argumentos antes transcritos en relación con el daño a la salud(55) y, bajo ese entendido, precisó que la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de dicho perjuicio tendrá que tener en consideración las siguientes variables: i) la pérdida o anormalidad de la estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente); ii) la anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental; iii) la exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones de un órgano; iv) la reversibilidad o irreversibilidad de la patología; v) la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria; vi) excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria; vii) las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado; viii) los factores sociales, culturales u ocupacionales; ix) la edad; x) el sexo y xi) las demás que se acrediten dentro del proceso(56).

Además, en esa ocasión se advirtió que, en ejercicio del arbitrio iudice, para el reconocimiento del referido perjuicio debería tenerse en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida y, para efectos de su indemnización, a manera de referencia, se debían utilizar los siguientes parámetros(57):

Gravedad de la lesiónVíctima
Igual o superior al 50%100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10 SMMLV

Ahora bien, para el caso sub examine, dado que se cuenta con el porcentaje exacto de la pérdida de capacidad laboral del señor Jacot Arturo Lara Feria, de conformidad con el acta de la junta médico laboral de número 41879 de 2011(58), la Sala considera que el perjuicio causado encuadra en aquellas lesiones que se califican con un porcentaje igual o superior al 10% e inferior al 20%, por lo que resulta proporcionado y razonable reconocerle una indemnización correspondiente a 20 SMMLV(59).

Dado que en la primera instancia le fue reconocido a favor del señor Jacot Arturo Lara Feria el equivalente a 35 SMMLV, resultaría del caso reducirle dicha indemnización para adecuarla a los cánones jurisprudenciales actuales; no obstante, debe recordarse que el recurso de la parte actora se encaminó únicamente a controvertir dicha indemnización para que fuera aumentada y, además, la entidad demandada guardó silencio en su impugnación respecto de este punto, por lo que la Sala se ve avocada a confirmar la reparación reconocida al antes nombrado, en las sumas que le fueron otorgadas en primer grado, de conformidad con el principio de la non reformatio in pejus(60).

8.3. Perjuicio material: lucro cesante.

Sobre el particular, debe resaltarse que la parte actora manifestó que la indemnización por lucro cesante debía ser aumentada, toda vez que debió tenerse en cuenta para efectos de su liquidación la vida probable de una persona de la edad de la víctima directa; por su parte, para la entidad demandada el a quo no debió acceder a reconocer indemnización por este rubro, toda vez que no se acreditó, en el plenario, que el señor Lara Feria antes de prestar el servicio militar obligatorio se desempeñara laboralmente.

Por lo anterior, frente a este punto la Sala estima procedente estudiar el reconocimiento del perjuicio material, a título de lucro cesante, sin limitación alguna, puesto que fue un argumento de inconformidad invocado por ambas partes(61).

Así pues, en la demanda la parte actora aseguró que debía reconocérsele al señor Lara Feria el equivalente a 261.44 SMMLV o los “salarios que se este[n] condenando a la fecha del fallo” derivados de su pérdida de capacidad laboral.

Una vez revisado el expediente, encuentra la Sala que no existe material probatorio que acredite la actividad económica que desarrollaba el señor Jacot Arturo Lara Feria antes de su incorporación al servicio militar obligatorio, ni se encuentra probado el monto para efectos de calcular la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

No obstante lo anterior, la Sala considera pertinente acudir a la presunción establecida por la jurisprudencia de la Corporación, en el sentido de considerar que toda persona en edad productiva devenga para su subsistencia por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente(62).

En cuanto al período a reconocer por dicho concepto, para su cálculo, ha de tenerse en cuenta, de un lado, la fecha en la que el señor Jacot Arturo Lara Feria fue dado de alta del Hospital Militar Central, esto es, el 27 de abril de 2010(63), puesto que hasta ese día el demandante estuvo a cargo del Ejército Nacional, dado que, como lo señaló el acta de la junta médico laboral, en ese momento el conscripto ya no era apto para la “actividad militar según el artículo 68 literal A. Decreto 094 de 2989”(64) y, de otro, la vida probable de una persona de la edad del soldado regular.

Conviene aclarar en este punto que para la parte demandada la liquidación del lucro cesante debía realizarse desde cuando el conscripto, de haber podido continuar en el Ejército Nacional, terminaba su servicio militar obligatorio; no obstante, para la Sala dicha censura no está llamada a prosperar, habida cuenta de que es evidente, como antes se aludió, que desde el día que fue dado de alta del Hospital Militar Central el señor Jacot Arturo Lara Feria no era apto para continuar en la milicia.

Ahora bien, se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($737.717), sin que en este caso a dicha cifra se le incremente un 25%, por concepto de prestaciones sociales, por cuanto la actividad económica que ejercía el aquí demandante, sin que se haya probado una distinta, debe entenderse que es la de una persona independiente(65).

Bajo ese contexto, se advierte que las prestaciones sociales son un beneficio al cual tienen derecho, únicamente, las personas que se encuentran bajo una relación laboral, mas no así los contratistas o quienes se dediquen a actividades productivas independientes; para la Sala, cuando la víctima no acredita que antes de la lesión era un trabajador dependiente, dicho reconocimiento resulta improcedente(66).

Del ingreso base de liquidación, se precisa, que solo se tendrá en cuenta el porcentaje establecido por la junta médica laboral del Ejército Nacional como incapacidad laboral permanente, esto es, el equivalente a 16%, lo cual arroja el resultado de: $118.035.

En conclusión, la siguiente será la liquidación que, por concepto de lucro cesante consolidado, efectuará la Sala:

i) Indemnización debida o consolidada.

La indemnización debida o consolidada se reconocerá desde la fecha en la que fue dado de alta del hospital el señor Jacot Arturo Lara Feria (27 de abril de 2010) hasta la fecha de esta sentencia (28 de septiembre de 2017), esto es, 89,03 meses, para lo que se aplicará la siguiente fórmula:

FORMI
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante para el señor Jacot Arturo Lara Feria: $118.035.

i = Interés puro o técnico: 0,004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: 89.03 meses.

Reemplazando tenemos:

FORMI-1
 

S = $13’113.791

Así pues, se reconocerá la suma de trece millones ciento trece mil setecientos noventa y un pesos ($13' 113.791) para el señor Jacob Arturo Lara Feria, por concepto de lucro cesante debido o consolidado.

i) (Sic) Indemnización futura o anticipada.

La indemnización futura o anticipada corre desde el día siguiente a la fecha de la presente providencia hasta el fin de la vida probable del señor Jacot Arturo Lara Feria, teniendo en cuenta que para la fecha en la que fue dado de alta tenía 19 años(67) y según la tabla de mortalidad contenida en la Resolución 1555 de 2010(68) una persona de su edad tenía una expectativa o esperanza de vivir 60.9 años más, espacio que, una vez descontado el equivalente al periodo consolidado que atrás se liquidó, arroja 641,77 meses.

Para la liquidación se aplicará la siguiente fórmula:

FORMI-2
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $118.035.

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día siguiente a la fecha de esta providencia hasta el término de vida probable del demandante, esto es, 641,77 meses.

FORMI-3
 

S = $ 23’176.825

Total perjuicios materiales para la víctima directa (consolidado y futuro): treinta y seis millones doscientos noventa mil seiscientos dieciséis pesos ($36’290.616).

9. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es, la proferida en el proceso de la referencia el 27 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en lo atinente a la indemnización de perjuicios morales y materiales. Como consecuencia, la parte resolutiva quedará así:

“PRIMERO. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, por los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación sufridos por el señor Jacot Arturo Lara Feria.

Jacot Arturo Lara FeriaVíctima20 SMMLV
Amada Julia Feria NerioMadre20 SMMLV
Neudid del Carmen LaraHermana10 SMMLV
Aura Luz Lara FeriaHermana10 SMMLV
Onilson Lara FeriaHermano10 SMMLV
Benilda Rosa Lara FeriaHermano10 SMMLV
Feder Lara FeriaHermano10 SMMLV

“SEGUNDO. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

“TERCERO. Por concepto de perjuicios materiales, condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar la suma de treinta y seis millones doscientos noventa mil seiscientos dieciséis pesos ($36'290.616) a favor de Jacot Arturo Lara Feria.

“CUARTO. A título de daño a la salud o perjuicio fisiológico, condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional al pago de la suma de 35 SMMLV a favor de Jacot Arturo Lara Feria.

“QUINTO. A la sentencia se le dará cumplimiento de conformidad a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

“SEXTO. Sin costas.

“SÉPTIMO. Si la sentencia no fuere apelada envíese en consulta ante el superior”.

2. Sin condena en costas.

3. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado o apoderada judicial que ha venido actuando.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

20 Folio 16 del cuaderno de principal de primera instancia.

21 Artículo 3º de la Ley 1395 de 2010. “Modifíquese el numeral 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, el cual quedará así: 2. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda” (se destaca).

22 Al respecto se recuerda que el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010 estuvo vigente entre el 12 de julio de 2010 y el 16 de junio de 2011, esto es, cuando la Ley 1450 de 2011 puso en vigencia anticipada el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

23 Ley 446 de 1998. Artículo 40.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2013, Exp. 29088, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

25 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

26 Folios 20-26 del cuaderno principal de primera instancia.

27 Folio 19 del cuaderno principal de primera instancia.

28 Folio 27 del cuaderno principal de primera instancia.

29 Folios 96-113 del cuaderno principal de primera instancia

30 Folios 118-165 del cuaderno principal de primera instancia.

31 Igual criterio utilizó el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia de 22 de octubre de 2015, M. P. Hernán Andrade Rincón.

32 Entrada en vigencia el 12 de julio de 2010.

33 “Artículo 2º. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior”. Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir” (modificado por el art. 624 de la Ley 1564 de 2012).

34 “Artículo 13. Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán auténticos, salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a los apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación”.

35 Dice la norma: “Artículo 41. La demanda con que se promueva cualquier proceso, firmada por el demandante o su apoderado, se presume auténtica y no requiere presentación personal ni autenticación” (se destaca). Norma aplicable al caso, dado que para el momento de la presentación de la demanda no se encontraba vigente el Código General del Proceso.

36 Dicho criterio fue expuesto, también, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia de 27 de febrero de 2013, Exp. 25172, M. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

37 Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

38 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación , providencia de 1 de 2009, dentro del Expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

39 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinar/o a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso, son características de esta regla las siguientes: “(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplad”. López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

40 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 17.160, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

42 Este criterio fue expuesto, también, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia de 26 de enero de 2011, Exp. 20.955, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

43 Tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que –por regla general– no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014, Exp. 31.172, M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2003, Exp. 14083, M. P. María Elena Giralda Gómez, criterio reiterado por la Subsección B de esa misma Sección en sentencia de 30 de junio de 2011, Exp. 19836, M. P. Danilo Rojas Betancourth.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 24392, M. P. Hernán Andrade Rincón.

47 Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. - La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico...” Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo 11. Ed. Temis, Bogotá 1970, pág. 127 y s.s. Quiceno Alvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002 (negrilla de la Sala).

48 Folios 236 -237 del cuaderno principal de primera instancia.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014, Exp. 31.172, M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

50 Ibídem.

51 De conformidad con el certificado de registro civil de nacimiento obrante a folio 37 del cuaderno principal de primera instancia.

52 Original de la cita: “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico. GIL Botero, Enrique 'Daño Corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación’, pág. 10”.

53 Sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031 y 38222, proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa, M. P. Enrique Gil Botero.

54 Original de la cita: “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico ‘debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado. Rozo Sordini, Paolo ‘El daño biológico’, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210”. Sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031 y 38222, proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. M. P. Enrique Gil Botero.

55 Consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832, M. P. Danilo Rojas Betancourth; Exp. 31.170, M. P. Enrique Gil Botero; Exp. 28.804, M. P. Stella Canto Díaz del Castillo; Exp. 31.172, M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

56 Ibídem.

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, Exps. 31172 y 31170, con ponencia de los doctores Olga Mélida Valle de De la Hoz y Enrique Gil Botero, respectivamente.

58 Folios 236 -237 del cuaderno principal de primera instancia.

59 En similar sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832, M. P. Danilo Rojas Betancourth. “Así pues, en la medida en que las lesiones padecidas por el señor Sholten corresponden a lesiones que no sólo eran de carácter reversible sino que, efectivamente, fueron revertidas en el marco de la atención médica garantizada por la demandada y que la víctima tuvo que soportarlos por un periodo relativamente corto en comparación con lesiones graves de carácter permanente que una persona joven tendría que soportar a lo largo de sus años de vida, se considera proporcionado reconocer una indemnización correspondiente a la décima parte de lo que se otorgarla por las lesiones de mayor gravedad de carácter permanente –100 smlmv–, esto es, diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

60 Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 17.160, M. P. Mauricio Fajardo Gómez. También, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2016, Exp. 42.427, M. P. Hernán Andrade Rincón.

61 Código de Procedimiento Civil. Artículo 357. “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”.

62 Sobre el particular, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2016, M. P. Hernán Andrade Rincón.

63 Folio 101 del cuaderno principal de primera instancia.

64 Folios 236-237 del cuaderno principal de primera instancia.

65 En este mismo sentido, se pronunció la Subsección de manera reciente, a través de fallo del 3 de agosto de 2017. Exp. 51017.

66 En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de manera reciente, a través de sentencia del 3 de agosto de 2017, Exp 51017.

67 De conformidad con el certificado de registro civil de nacimiento obrante a folio 37 del cuaderno principal de primera instancia.

68 Proferida por la Superintendencia Financiera.