Sentencia 2010-00177 de septiembre 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 27001-23-31-000-2010-00177-01 (44635)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Actor: Luis Antonio Cabrera Moreno y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Régimen aplicable a los soldados conscriptos - Diferencia entre soldado conscripto y soldado voluntario / Perjuicios morales.

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 8 de marzo de 2012.

La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: i) verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine, como lo son la competencia, la legitimación en la causa y la caducidad; ii) Conclusiones probatorias y análisis de responsabilidad; iii) régimen aplicable a los soldados conscriptos; iv) el caso concreto; v) indemnización de perjuicios morales; vi) costas.

1. Requisitos de procedibilidad.

1.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Chocó el 8 de marzo de 2012(17).

1.2. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(18), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se originó en los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión de las lesiones padecidas por el soldado Luis Antonio Cabrera Moreno durante la prestación del servicio militar obligatorio.

El término de caducidad se iniciará a contar desde el 30 de noviembre de 2009(19), lo que significa que tenían hasta el 1º de diciembre de 2011 para presentar la demanda y, como ello se hizo el 3 de septiembre de 2010, resulta evidente que la acción se ejerció dentro del término previsto por la ley.

1.3. Legitimación en la causa por activa.

Concurrieron al proceso como demandantes Luis Antonio Cabrera Moreno, Sobeida Moreno Murillo y María Antonia Cabrera Moreno.

Se tiene entonces que el señor Luis Antonio Cabrera Moreno se encuentra legitimado para actuar por ser la presunta víctima directa del daño.

De conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados al expediente, se encuentran legitimadas para actuar Sobeida Moreno Murillo y María Antonia Cabrera Moreno(20).

2. Conclusiones probatorias y análisis de responsabilidad.

Antes de iniciar el desarrollo de este punto, resulta necesario dejar consignado que no es posible determinar las fechas de incorporación y de baja del soldado regular Luis Antonio Cabrera Moreno, así como los “dispositivos de tropas de los meses de agosto, septiembre, octubre de 2009” de la compañía en la cual se encontraba el lesionado, ni el informe administrativo relativo a los quebrantos de salud de Cabrera Moreno, porque a pesar de que la prueba fue solicitada en la demanda, decretada mediante providencia del 17 de febrero de 2011(21), elaborado el oficio 603 de 2011(22), radicado ante el Batallón de Infantería Nº 12 “Alfonso Manosalva Flórez”(23) y solicitado su requerimiento, en varias ocasiones, por la parte demandante(24), nunca llegó respuesta en relación con la información solicitada.

De conformidad con los elementos de juicio obrantes en el expediente, se tiene demostrado lo siguiente:

— Que el 26 de noviembre de 2009, estando prestando el servicio militar obligatorio(25), el señor Luis Antonio Cabrera Moreno fue remitido al servicio de urgencias del Hospital Militar Regional de Medellín, en donde le diagnosticaron “celulitis del miembro inferior izquierdo” y le prestaron la atención requerida(26).

— Que el 28 de noviembre de 2009, el soldado regular Luis Antonio Cabrera Moreno acudió a consulta en el Hospital Departamental San Francisco de Asís en donde le fue diagnosticada “una hernia umbilical y una hernia inguinal izquierda”, las que fueron intervenidas quirúrgicamente el 30 de noviembre del mismo año(27).

— Que una vez se encontró estable de la intervención quirúrgica practicada, fue remitido nuevamente al establecimiento de salud militar, en donde permaneció hasta el 12 de diciembre siguiente(28).

— Que debido a los problemas de salud que sufrió mientras se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio, le quedó una incapacidad laboral del 15.98%, según se hizo constar en el acta expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, D.C., y Cundinamarca, el 22 de septiembre de 2011(29).

3. Régimen aplicable a los soldados conscriptos.

La Sala estima necesario precisar la diferencia existente entre la clase de vínculo que se crea para el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio y los soldados voluntarios o profesionales; en el primero, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, el cual no tiene carácter laboral alguno, en tanto que en el segundo (soldado profesional) el vínculo surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral.

Por tanto, a diferencia del soldado profesional, que ingresa en forma voluntaria a las filas del Ejército, con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado que presta servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado.

El soldado que presta el servicio militar obligatorio no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan solo le reconoce algunas “prestaciones”, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para los soldados profesionales.

Ahora bien, en relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a soldados que prestan servicio militar obligatorio, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional— y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al respectivo proceso se encuentre acreditada la misma.

Al respecto, la Sala ha sostenido(30):

“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(31); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

‘... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada’(32)” (resaltados adicionales).

Frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, en la medida en la cual su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estarían sometidos, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(33).

Asimismo, en relación con los soldados regulares, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado, con fundamento en cualesquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la administración pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad sicofísica de los soldados, en la medida en que se trata de personas que se encuentran sometidas a su custodia y cuidado, pues en determinadas situaciones los pone en riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que les sean irrogados en relación con el cumplimiento de esa carga pública. De igual forma, se ha reiterado que el Estado frente a los soldados que prestan su servicio militar obligatorio, al doblegar su voluntad y disponer de su libertad individual, entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos en el desarrollo de tal relación.

Respecto de la responsabilidad derivada de las obligaciones de especial sujeción que asume el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia de 15 de octubre del 2008(34), sostuvo lo siguiente:

“Además de lo anterior, se reitera, que el Estado frente a los conscriptos y reclusos, adquiere no sólo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que de igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos.

“En conclusión, en cada caso concreto en los cuales se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, es necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a la generación del mismo, específicamente, al situar al conscripto en la situación de riesgo, o bien por una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas o por una falla del servicio.

“No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado, en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño”.

4. El caso concreto.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que los problemas de salud padecidos por el señor Luis Antonio Cabrera Moreno se desarrollaron mientras prestaba el servicio militar como soldado regular, de conformidad con lo que se pasa a explicar.

Dubier Arley Asprilla, quien para la época de los hechos también prestaba el servicio militar obligatorio, manifestó que (se transcribe literal, incluso con errores):

“Nosotros nos encontrábamos patrullando, cuando él sintió dolores en el ombligo, lo sacaron a revisarlo y resultó con una hernia umbilical e inguinal derecha, le hicieron la operación en el hospital San Francisco y después lo trasladaron al dispensario del batallón, el cual comenzó a sentir unos síntomas de dolor en el pecho, lo mandaron para Medellín y resultó con una gastritis crónica y taquicardia, el cual, el me dice que no le han dado solución por esa enfermedad”(35).

A su vez, Onny Eliécer Blandón Córdoba, quien también prestaba el servicio militar obligatorio para la fecha de los hechos, depuso lo siguiente (se transcribe literal, incluso con errores):

“Cuando estábamos en el área, LUIS ANTONIO CABRERA, presentó unos síntomas de dolor muy fuerte y él le decía a mi primero VARGAS DIÓGENES que se sentía herniado, que le dolía mucho el ombligo y a veces mi primero le daba pastillas para el dolor, del botiquín que cargábamos nosotros y a veces cuando hacíamos las largas caminatas y él llegaba con el dolor muy fuerte, mi primero lo ponía a descansar y después lo mandó hacia la base el 20 con destino al Batallón Manosalva Flórez y el duró un tiempo en la base porque trabajaba muy fuerte en la trinchera y cargar palos muy pesados, después lo sacaron del batallón le hicieron la operación y al tiempo después de la operación tenía dolores en la barriga, lo mandaron a Medellín a hacer unos exámenes y salió con una gastritis crónica”.

Agregó que durante el servicio militar “hacíamos trincheras y cargábamos unos costales pesados con arena y barro y palos también” y que durante esos entrenamientos resultaron “tres” soldados lesionados(36).

Los mismos compañeros aseguraron que Luis Antonio Cabrera Moreno era una persona saludable al momento en que inició el servicio militar obligatorio y que, encontrándose en ejercicio de dicha obligación constitucional, en razón de los esfuerzos que debió realizar, presentó molestias de salud que le produjeron hernias umbilical e inguinal, dolencias que, de acuerdo con el acta 10774415 del 22 de septiembre de 2011 expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, D.C., y Cundinamarca, le produjeron una disminución de capacidad laboral del 15.98%.

La anterior situación no fue desvirtuada por la entidad demandada, pues, tal como se hizo constar, la información sobre el estado de salud del soldado para el momento de su incorporación fue solicitada como prueba, decretada como tal, pero su respuesta no fue allegada por el Ejército Nacional.

Además, el hecho de que Luis Antonio hubiera sido incorporado a las filas del Ejército Nacional permite concluir que se encontraba en buenas condiciones de salud, pues para ingresar a una institución de esa naturaleza, los aspirantes son sometidos a exámenes médicos de rigor.

Según oficio 921 del 4 de marzo de 2011, remitido por el director ESM del Batallón de Infantería Nº 12 del Ejército Nacional, el soldado Luis Antonio Cabrera Moreno “fue atendido inicialmente el 26 de noviembre de 2009 por una CELULITIS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO” y luego fue “operado de HERNIORRAFIA UMBILICAL E INGUINAL”(37).

De conformidad con el material probatorio allegado al proceso, se encuentra acreditado el hecho dañoso, consistente en los problemas de salud sufridos por el señor Luis Antonio Cabrera Moreno, mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

A juicio de la Sala, el aludido daño le resulta atribuible a la entidad demandada, bajo el título de imputación de daño especial por las relaciones de especial sujeción y no bajo la falla del servicio, tal como lo ha sostenido la parte demandada durante el trámite del proceso.

Lo anterior, en el entendido de que, como se dejó expuesto en precedencia, el vínculo que surge entre el soldado conscripto y el Estado, debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, el cual no tiene carácter laboral alguno, hace que la voluntad del conscripto se vea doblegada por el imperium del Estado, al someterlo a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público.

Por lo anterior, el Estado debe resarcir los perjuicios que se causen en la prestación del servicio militar obligatorio, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

En ese orden de ideas, si bien no se probó una falla del servicio, la Sala encuentra acreditada la existencia del daño, así como el nexo causal entre este y la prestación del servicio militar obligatorio por parte del señor Luis Antonio Cabrera Moreno, razón por la cual la entidad demandada resulta administrativa y patrimonialmente responsable, por lo que se confirmará la sentencia apelada y se continuará con el estudio del otro motivo de inconformidad de la parte demandada, consistente en que la indemnización de perjuicios morales solo debería reconocerse a la víctima directa del daño, pero no a su madre y a su hermana.

5. Indemnización de perjuicios morales.

La sentencia impugnada reconoció como indemnización de perjuicios morales a favor de la señora Sobeida Moreno Murillo, madre de la víctima directa, la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales y a favor de la hermana del lesionado —María Antonia Cabrera Moreno— la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales.

Por su parte, la demandada solicitó revocar dicho reconocimiento, en el entendido de que no es suficiente para reconocer indemnización por perjuicios morales tener por establecida la relación de parentesco, sino que, además de ello, se debe probar el perjuicio que causó el hecho dañoso a quien reclamó sobre esa base.

En cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado —al igual que los demás perjuicios— a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso. Por esta razón, el juez contencioso al momento de decidir, se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido de que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso(38).

Sin que se riña con el anterior principio y teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta el perjuicio moral, las que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que necesariamente su existencia se corresponda con la exteriorización de su presencia, ha entendido esta corporación que “el hecho de que esté acreditado el parentesco representa un indicio para la configuración del daño en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad(39) y primero civil”(40), dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.

Así las cosas, debe entenderse que es necesaria la acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin que esto obste para que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Ahora bien, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas o la de un familiar cercano, tal y como ocurrió en el sub lite, ya que se encuentra probado que el señor Luis Antonio Cabrera Moreno sufrió una afectación de salud que le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral del 15.98%(41), lo cual le produjo, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Se tiene entonces que, respecto del grupo familiar que demandó por la incapacidad laboral del señor Luis Antonio Cabrera Moreno, integrado por su madre y por su hermana, se allegaron los siguientes medios de prueba: i) copia del registro civil de nacimiento del señor Luis Antonio Cabrera Moreno(42), el cual demuestra que es hijo de la también demandante Sobeida Moreno Murillo; ii) copia del registro civil de nacimiento de la demandante María Antonia Cabrera Moreno(43), en el que consta que es hija de Sobeida Moreno Murillo y por tanto hermana del lesionado.

Debe hacerse referencia a que la parte demandada no aportó prueba que permita desvirtuar la presunción derivada del parentesco, pues no se probó la inexistencia o debilidad de la relación familiar; por el contrario, reposa en el expediente copia de la historia clínica remitida por el Hospital San Francisco de Asís, documento en el que se dejó consignado que durante la intervención quirúrgica que le fue practicada al señor Luis Antonio Cabrera Moreno estuvo acompañado por su madre la señora Sobeida Moreno Murillo, a quien le fue entregado una vez fue dado de alta(44).

De otro lado, los testigos Dubier Arley Asprilla y Onny Eliécer Blandón Córdoba fueron contestes al afirmar que el grupo familiar de Luis Antonio Cabrera Moreno se encontraba compuesto por su madre y su hermana, con quienes convivía antes de ingresar al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio(45).

Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que la lesión padecida por el señor Luis Antonio Cabrera Moreno produjo un padecimiento moral no solo a la víctima directa del daño sino también a su madre y hermana, por lo que habrán de confirmarse los montos indemnizatorios por perjuicios morales reconocidos a Sobeida Moreno Murillo y María Antonia Cabrera Moreno por el a quo.

6. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 8 de marzo de 2012.

2. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

17 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005 - 500 SMLMV, que equivalía a $ 257’500.000, teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2010 y que el salario mínimo para ese año se fijó en la suma de $ 515.000. En el presente asunto se solicitó por el perjuicio que en la demanda se denominó “fisiológico”, para la víctima directa del daño, la suma de 500 SMLMV.

18 Norma aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

19 Fecha en la cual se le practicó la intervención quirúrgica denominada herniorrafia umbilical y herniorrafia inguinal izquierda.

20 A folios 18 y 19, cuaderno 1, se encuentran los registros civiles de nacimiento de María Antonia Cabrera Moreno y Luis Antonio Cabrera Moreno, en los que se hace constar que Sobeida Moreno Murillo es su madre.

21 Folios 69 a 73, cuaderno 1.

22 Folios 74 y 75, cuaderno 1.

23 Folio 75 vto., cuaderno 1.

24 Folios 118 y 124, cuaderno 1.

25 Así lo manifestaron los testigos Dubier Arley Asprilla y Onny Eliécer Blandón Córdoba. También se deduce de la respuesta consignada en el oficio 921 del 4 de marzo de 2011 suscrita por el director del Batallón de Infantería Nº 12 “Alfonso Manosalva Flórez”.

26 Folios 94 a 96, cuaderno 1.

27 Así se hizo constar en la certificación expedida por el Hospital Departamental San Francisco de Asís, visible a folio 100, cuaderno 1. Lo mismo se deduce de la copia de la historia clínica que reposa a folios 97 a 116, cuaderno 1.

28 Así se hace constar en la comunicación 921 del 4 de marzo de 2011 suscrita por el director ESM Batallón de Infantería Nº 12 “BG Alfonso Manosalva Flórez”, visible a folio 93, cuaderno 1.

29 Folios 178 a 182, cuaderno 2.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 23 de abril de 2009, expediente 17.187, reiteradas en las sentencias del 9 de abril de 2014, expediente 34.651, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, en la del 8 de marzo de 2017, expediente 39624.

31 Cita del original: “En sentencia de 10 de agosto de 2005, expediente: 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: ‘...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del Municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho’”.

32 Cita del Original: “Expediente 11.401”.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente 18586, M.P. Enrique Gil Botero, reiterada por la Subsección A, a través de sentencia del 10 septiembre de 2014, expediente 32.421, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E), de la sentencia del 8 de marzo de 2017, expediente 39624.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. expediente 18586, M.P. Enrique Gil Botero, reiterada por la Subsección A, a través de sentencia del 10 septiembre de 2014, expediente 32.421, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E) y sentencia del 8 de marzo de 2017, expediente 39624.

35 Folio 126 y 127, cuaderno 2.

36 Folios 128 a 130, cuaderno 1.

37 Folio 93, cuaderno 1.

38 Corte constitucional Sentencia T-212 de 2012. “la libertad a un juez para que tome una decisión bajo su arbitrio judicial, no es un permiso para no dar razones que sustenten lo decidido, no es una autorización para tomar decisiones con base en razonamientos secretos ni tampoco para tomar decisiones basado en emociones o pálpitos. Como se indicó, por el contrario, demanda un mayor cuidado en el juez al momento de hacer públicas las razones de su decisión”.

39 Artículo 37 Código Civil: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y los primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias: del 10 de abril de 2003, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, expediente 13834; del 10 de julio de 2003, C.P María Elena Giraldo Gómez, expediente 14083; del 12 de febrero de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 14955; del 24 de febrero de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 14335; del 10 de marzo de 2005, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, expediente 14808; del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 15459; del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 16186; del 19 de noviembre de 2008, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, expediente 28259.

41 Así lo hizo constar la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca en el acta 10774415, folios 178 a 182, cuaderno 1.

42 A folio 19, cuaderno 1, reposa el registro civil de nacimiento del señor Luis Antonio Cabrera Moreno en el que consta que la señora Sobeida Moreno Murillo es su madre.

43 A folio 18, cuaderno 1, reposa el registro civil de nacimiento de María Antonia Cabrera Moreno en el que consta que la señora Sobeida Moreno Murillo es su madre.

44 Folios 101 y 106 vto., cuaderno 1.

45 Folios 126 a 130, cuaderno 1.