Sentencia 2010-00181 de marzo 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Referencia: 110010325000201000181 00

Número interno: 1300-2010

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Adolfo León Durán Trujillo

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Para resolver, se

Considera

En primer lugar procede la Sala a resolver las excepciones propuestas por la entidad demandada, en el siguiente orden:

Caducidad de la acción

La providencia de segunda instancia fue notificada mediante edicto que se desfijó el 1º de abril de 2009 (fl. 68, cdno. ppal.), es decir, a partir del 2 de abril de 2009 comenzó a correr el término de caducidad, el cual vencía el 3 de agosto del mismo año en consideración a que el 2 de agosto era domingo.

La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 17 de julio de 2009, fecha para la cual habían transcurrido 3 meses y 15 días. El 15 de octubre fue expedida la certificación de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, razón por la cual al día siguiente se reanudó el término que restaba para el ejercicio de la acción, esto es 16 días(1), los cuales se cumplieron el 31 de octubre (sábado), es decir que el actor tenía la posibilidad de interponer la demanda hasta el día siguiente hábil, esto es, el 3 de noviembre de 2009, en consideración a que el lunes 2 de noviembre fue festivo.

De acuerdo con lo anterior, como la demanda fue presentada el 3 de noviembre de 2009, según consta a folio 80 del expediente, no se configuró la caducidad de la acción, motivo por el cual la excepción propuesta no está llamada a prosperar.

Ineptitud de la demanda

Considera la entidad demandada que el actor no expuso en forma coherente en qué consiste la vulneración del debido proceso, ni las razones que sustentan el desconocimiento de las normas que invoca.

Examinada la demanda concluye la Sala que expone como fundamento de la vulneración del debido proceso, la indebida valoración probatoria por parte de la Procuraduría General de la Nación, especialmente en lo relacionado con los testimonios de los profesionales del derecho que lo asesoraron en el asunto materia de investigación disciplinaria, esto es, la configuración de una causal de inhabilidad.

En esas condiciones, no se encuentra probada la excepción propuesta.

Problema jurídico

El problema jurídico se contrae a establecer la legalidad de las providencias de 28 de octubre de 2008 y 5 de marzo de 2009, proferidas por la Procuraduría Provincial de Pereira y por la Procuraduría Regional del Quindío respectivamente, que impusieron al actor sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 13 años.

A juicio de la parte actora, las decisiones de la Procuraduría General de la Nación están afectadas de nulidad por falsa motivación y haber incurrido en vulneración al debido proceso por indebida valoración probatoria de los testimonios especialmente de los abogados que lo asesoraron en relación con la causal de inhabilidad, además que no existió culpabilidad.

Para efecto de decidir, se tiene lo siguiente:

La Ley 734 de 2002 dispone en relación con las pruebas dentro del proceso disciplinario lo siguiente:

ART. 128.—Necesidad y carga de la prueba. Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.

ART. 141.—Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.

ART. 142.—Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

Es del caso precisar que el juzgador tiene la posibilidad de valorar las pruebas libremente, en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica. En relación con el aspecto probatorio, el derecho de defensa se materializa con el hecho de que al interesado le sea respetado el derecho a solicitarlas y a controvertirlas, sin embargo, ello no implica que el juez está en la obligación de aceptar cualquier oposición que se presente en el transcurso del proceso disciplinario, pero sí tiene el deber de valorarlas.

Del contenido de la providencia de 28 de octubre de 2008, se concluye que el demandante fue declarado disciplinariamente responsable con fundamento en el siguiente material probatorio:

Dentro de las documentales que obran en el plenario se encuentran las copias de CDP 2007-0192 del 22 de junio de 2007 y del CRP de la misma fecha por cuantía de $ 350.000, acta de recibo de orden de suministro 8 de 27 de junio de 2007, copia del RUT de Cootransin, cotización de Cootransin de 6 de octubre de 2007, copia de orden de prestación de suministro 8 de 22 de junio de 2007 celebrada entre Cootransin y el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas, certificado de existencia de Cootransin.

Igualmente fueron aportados los movimientos contables del Instituto de Desarrollo Municipal en relación con el pago efectuado a Cootransin por la remoción de sobrantes del barrio El Progreso, acta de posesión de concejales periodo 2008-2011, oficio de 23 de julio de 2008 mediante el cual la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda remite copias de la sentencia de pérdida de investidura del demandante como Concejal de Dosquebradas, entre otros.

Así mismo la Procuraduría Provincial de Pereira tuvo en cuenta la versión libre de Adolfo León Durán Trujillo rendida el 9 de septiembre de 2008 junto con los descargos, y las declaraciones juradas de los abogados Gabriel Calvo Quintero, Fredy Rubiano Velásquez.

La Procuraduría Provincial de Pereira encontró configurada la falta disciplinaria reprochada al demandante con base en lo siguiente:

Es un hecho cierto y no controvertido por el implicado ni su apoderado, que el primero celebró un contrato con una entidad de derecho público, como lo es el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas, IDM, actuando como representante legal de una persona jurídica de derecho privado, cual es la Cooperativa de Transportes Integrados, Cootransin el 22 de junio de 2007, contrato que tenía por objeto el movimiento de sobrantes ubicados en el barrio El Progreso de la obra del colector cañaveral, y cuya contraprestación de carácter económico fue la suma de trescientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 350.000).

(…).

Tal como se concretó en el aludido auto, el cargo endilgado al aquí disciplinado, fue el haberse posesionado como Concejal de Dosquebradas y actuar a pesar de la existencia de una causal de inhabilidad, causal establecida en el artículo 43 numeral 3º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que expresa como inhabilidad para ser inscrito y elegido concejal, el haber intervenido “(…) dentro del año anterior a la elección … en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

Quedó demostrado que el disciplinado en calidad de representante legal de la Cooperativa de Transportes Integrados, Cootransin, suscribió una orden de prestación de servicios con el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas el 22 de junio de 2007, con el objeto de mover los sobrantes de una obra del colector “Cañaveral” que se adelantaba en el barrio El Progreso, por valor de $ 350.000. En contrato fue ejecutado cabalmente el 27 de junio de 2007.

Adolfo León Durán Trujillo se inscribió como candidato al Concejo de Dosquebradas, para el periodo constitucional 2008-2011, cuyas elecciones se celebraron el 28 de octubre de 2007. El demandante se posesionó como concejal el 2 de enero de 2008, es decir, dentro del año siguiente a la suscripción del contrato y su ejecución que sería en el mismo municipio.

El artículo 36 de la Ley 734 de 2002 incorporó las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley, al Código Disciplinario Único.

En concordancia con lo anterior el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, dispone:

El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…).

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

(...).

De acuerdo con el material probatorio aportado se concluye que Adolfo León Durán Trujillo se encontraba en la situación prevista por la norma transcrita, incurriendo de este modo en el régimen de inhabilidades.

En relación con la culpabilidad del señor Durán Trujillo el juzgador de primera instancia analizó lo siguiente:

… la convicción en que funda su proceder no quedó acreditada, como sí lo está su duda, y es que para el despacho es llamativo de atención, que el disciplinado en su versión libre (fl. 126), exponga, que una vez un grupo de amigos lo motivan a participar en las elecciones que para el Concejo de Dosquebradas se celebrarían en 2007, lo invitan a que se informe, consulte y reflexione hasta donde puede ser candidato; de entrada cobra vigencia de la existencia de una inhabilidad, más espera un soporte, que le lleve a tomar una decisión acertada.

Sabía el señor Durán Trujillo, la existencia de la inhabilidad, pues de no conocerla, simplemente con se hubiera preocupado por obtener conceptos al respecto. Pero lo que edifica con fuerza la posición del despacho, es la serie concatenada de contradicciones que afloran de las pruebas arrimadas, que lleva a colegir que al disciplinado Durán Trujillo no le asistía certeza alguna que con su conducta no violaría la ley disciplinaria.

Para evaluar este aspecto la procuraduría valoró los testimonios de los abogados consultados por el demandante y determinó:

Si bien se recaudaron tres testimonios a favor del disciplinado; abogados que fueron consultados por el señor Durán Trujillo, de manera previa a la inscripción y elección como concejal, todos dirigidos a probar la diligencia del implicado en obtener un conocimiento que le ofreciera certeza de que con su conducta no violaría la ley; no produjeron tal efecto en el señor Durán.

De la valoración del contenido de dichos testimonios concluyó que las consultas fueron aisladas y no existió una reunión grupal como lo manifestó la defensa y, que el disciplinado no tuvo convicción de la inexistencia de la inhabilidad, teniendo en cuenta que a la abogada Mildred Loaiza fue una de las que le propusieron que se postulara al concejo.

En esa medida existió dolo en la conducta investigada, dado que previamente el actor tenía conocimiento de los hechos y de la prohibición.

Por su parte el fallo disciplinario de 5 de marzo de 2009, en referencia a los testimonios cuya valoración reprocha la parte actora, estimó:

Los testimonios solicitados por el investigado se limitaban simplemente a probarle a la procuraduría que el investigado tenía dudas frente a la posible inhabilidad, dudas que no puede (sic) ser manejadas como o pretende el apelante ser resueltas a favor del investigado, tal como lo ordena el artículo 9º de la Ley 734 de 2002, ya que la norma en cita, se refiere a conductas que no exista otro medio para probarlas, que son tan oscuras que no hay lugar a demostrar la responsabilidad del disciplinado, pues la “norma nos habla es que no haya modo de eliminarla”, lo cual para el presente caso no se aplica, pies(sic) no existe duda alguna frente a la conducta y mucho menos sobre la responsabilidad del disciplinado, ya que la misma es evidente, clara, precisa.

(…).

Así las cosas, considera esta instancia que no son aceptables los argumentos esgrimidos por el apelante, pues como se ha dicho a lo largo de la providencia, el señor Adolfo León Durán Trujillo, era conocedor de la norma prohibitiva y sin embargo continúo (sic) en sus aspiraciones electoral(sic), sin importar las consecuencias, razón por la cual se confirma el fallo de primera instancia.

De lo anterior, surge con claridad que no se presenta duda sobre la configuración de la inhabilidad para el cargo de concejal, y del conocimiento previo que él tenía que la situación en la que se encontraba se constituye en falta disciplinaria, tal y como se infiere de la valoración de los testimonios recibidos dentro de la investigación disciplinaria.

De acuerdo con las anteriores consideraciones el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados, y en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda interpuesta por Adolfo León Durán Trujillo contra la Procuraduría General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Ejecutoriada, ARCHÍVESE el expediente».

(1) Teniendo en cuenta que julio tiene 31 días.