Sentencia 2010-00183 de abril 26 de 2010

 

Sentencia 2010-00183 de abril 26 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-22-03-000-2010-00183-01

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil diez.

Se desata la impugnación formulada por el interviniente respecto del fallo de 12 de marzo de 2010, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual concedió la protección de tutela iniciada por Ana Cecilia Álvarez Bocanegra frente a los Juzgados Veinte Civil del Circuito y Veintiuno Civil Municipal de esta ciudad.

Antecedentes

La promotora invoca el abrigo del derecho constitucional al debido proceso que juzga cercenado, habida cuenta que en el juicio abreviado de restitución de inmueble arrendado promovido por ella contra Jorge Enrique Lozano y otros, el Juzgado Segundo Civil Municipal dictó providencia mediante la cual declaró terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes y, posteriormente, ordenó la entrega a la demandante de los dineros consignados por concepto de cánones.

Pero la autoridad convocada en vez de cumplir con lo anterior, ordenó a su secretario elaborar una liquidación calculando los aumentos pactados la cual arrojó un saldo en su contra y, pese a que atacó dicho pronunciamiento con la interposición de varios recursos, la posición no fue modificada, proceder al que califica como vía de hecho (fls. 8 y 9).

Respuesta de los accionados

El juez municipal dijo que no había prueba que demostrara la violación endilgada (fl. 21).

La titular del de circuito demandado indicó que conoció de dos apelaciones, las cuales fueron inadmitidas, pues el asunto era de única instancia (fl. 23).

La sentencia objeto de censura

Concedió el amparo, al considerar que el a quo con su proceder desbordó los limites legales, ya que la entrega de títulos en un proceso de restitución lo convirtió en una liquidación del crédito y, sin razón valedera, omitió resolver las réplicas presentadas por el abogado de la tutelante (fl. 29).

La impugnación

En desacuerdo con ese proveído, el demandado Jorge Lozano Vergara afirmó que el saldo a su favor obedecía a que excedió en las sumas depositadas; agregó que el funcionario accionado obró de manera justa (fl. 43).

Consideraciones

1. La protección constitucional prevista en el artículo 86 de la Carta Magna que se oriente a cuestionar actuaciones jurisdiccionales sólo resulta factible si las mismas constituyen "vía de hecho", vale decir, cuando aquella obra u omisión del funcionario no ostente ningún soporte jurídico, con tal que el titular de los derechos fundamentales puestos en inminente peligro o efectivamente conculcados carezca de otros instrumentos hábiles para concurrir ante los jueces a exigir el inmediato restablecimiento o la cesación de la amenaza, porque, en la eventualidad de haber podido accionar a través de alguno de ellos, el amparo tutelar no puede operar, por ser de naturaleza residual.

2. De la revisión del expediente contentivo del asunto objeto de la queja tutelar se evidencia cómo el Juzgado Veintiuno Civil Municipal en auto de 21 de julio de 2008 ordenó a su secretario que, previo a la entrega de los dineros depositados, se estableciera la cuantía de los cánones ya entregados y de los que quedaban pendientes hasta la restitución del bien arrendado, operación de la cual ordenó correr traslado en auto atacado por la ahora reclamante mediante el recurso de reposición, que no fue atendido, tras considerarlo extemporáneo; de ello se sigue que, tal y como lo consideró el tribunal (fls. 27 a 31), dicho proceder no se ajusta al ordenamiento legal, al delegar en la secretaría la realización de unas operaciones aritméticas que, por su simpleza, fácilmente podía y era dable que la realizara en forma directa la funcionaria judicial, aparte de haber introducido de modo antojadizo la institución de la liquidación del crédito, propia de los juicios ejecutivos, al de restitución de inmueble arrendado, cuando lo único que le correspondía era establecer cuáles eran los cánones impagados a la parte arrendadora, a efectos de disponer que los títulos de depósito judicial constituidos por el arrendatario demandado le fueran entregados y pagados para satisfacer esa prestación, actuación que, por tanto, es constitutiva de vía de hecho, al carecer por completo de respaldo normativo.

3. Se impone, en consecuencia, la prosperidad de la pretensión tutelar, como lo decidió el tribunal, y el fracaso de la impugnación.

4. Desde luego que la argumentación del impugnante, consistente en que no puede ordenarse la entrega de los dineros sin establecerse la existencia del sobrante que alega a su favor, no es de recibo, pues el tribunal no dispuso, a rajatabla, la entrega de las sumas depositadas, sino como legalmente correspondiera, mediante decisiones adoptadas en providencias contra las cuales eventualmente podría interponer los recursos pertinentes para hacer valer sus garantías.

Decisión

Por mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de la procedencia y fecha preanotadas.

Notifíquese lo aquí resuelto a las partes, y, en oportunidad, remítase esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Devuélvase el expediente objeto de queja al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de esta ciudad.

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena —William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.