Sentencia 2010-00183 de septiembre 20 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rad. 11001-0315-000-2010-00183(PI)

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Pablo Bustos Sánchez

Demandado: Javier Enrique Cáceres Leal

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil once.

Se decide la solicitud de pérdida de investidura formulada el 5 de febrero de 2010, por el ciudadano Pablo Bustos Sánchez contra el senador Javier Enrique Cáceres Leal.

I. La demanda

1.1. Las causales invocadas

En demanda inicial el actor argumenta que el senador demandado incurrió en (i) violación del régimen de incompatibilidades por gestionar asuntos en nombre propio (C.P., art. 180-2), en (ii) tráfico de influencias (C.P., art. 183-5), e (iii) indebida destinación de dineros públicos (C.P., art. 183-4) —las dos últimas, propuestas como subsidiarias—.

En reforma a la demanda, adicionó los mismos cargos por los nexos que atribuyó al senador Javier Enrique Cáceres Leal con grupos armados al margen de la ley (específicamente con líderes “paramilitares” de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Bloque de María), con quienes asistió a reuniones, y llegó a acuerdos contrarios a la ley, relativos al proceso electoral, en las zonas bajo su control, que supuestamente le aseguraron su triunfo en las elecciones del 2002 y 2006.

1.2. Hechos.

1.2.1. El ciudadano Javier Cáceres Leal fue elegido senador de la República para los periodos 2002-2006 y 2006-2010.

1.2.2. El congresista demandado aparece mencionado en no menos de 32 (treinta y dos) conversaciones telefónicas, que fueron transcritas por la autoridad competente en relación con una investigación por corrupción(1) en Etesa. Las grabaciones telefónicas fueron interceptadas dentro de la investigación penal adelantada por la Fiscalía(2), por el cobro de millonarias comisiones obtenidas irregularmente por funcionarios de Etesa, procedentes de operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar, como contraprestación por su actividad ilegal.

1.2.3. Instrucciones sobre el cobro y destino de tales recursos, recaudados ilegalmente, fueron recabadas de teléfonos celulares de funcionarios de Etesa(3), en cuya designación y permanencia el senador demandado participó y presionó de manera permanente, asegurando la operación de las actividades ilícitas de la red de corrupción de la entidad, a su servicio.

1.2.4. Algunos de los recomendados o, mejor, cuotas burocráticas impuestas por el presidente del Congreso Javier Cáceres en Etesa fueron: la señora Mery Luz Londoño García, quien ejerció el cargo de gerente de dicha entidad, y que recibía instrucciones del senador demandado; Walter Enrique Caicedo García, designado como asistente de aquella, pese a no hallarse este cargo en la estructura de la planta de personal de la entidad, y en contravía de las normas de austeridad en el gasto público; Alexander Gómez Stevenson, delegado de Etesa para Santander, Norte de Santander, Cesar y Vichada, quien tras su captura por estas irregularidades, logró la designación de Jaime Román Miranda Quintero, novio de su hija Vanessa Gómez.

1.2.5. Alexander Gómez Stevenson y Walter Enrique Caicedo García fueron detenidos por la Policía cuando trataban de extorsionar a algunos de los operadores de casinos vigilados, no obstante lo cual, siguieron dando instrucciones sobre cobros, comisiones y remesas de dinero de carácter ilegal.

1.2.6. Tras la detención de Alexander Gómez Stevenson, este logró, merced a la intervención del senador Cáceres Leal, la designación de Jaime Román Miranda Quintero en su reemplazo, quien se posesionó el 25 de febrero de 2009, y recibía de este órdenes e instrucciones de continuar con las actividades ilícitas.

1.2.7. Esta red de corrupción involucró a otros funcionarios como Carlos Javier Cuentas Martínez, quienes como los anteriores, movieron cientos de millones de pesos en sus cuentas personales, como resultado de su actividad ilícita, como da cuenta la Fiscalía del caso Etesa(4).

1.2.8. Cáceres Leal no solo recomendó sino que, persistentemente, presionó e impuso la designación de cargos claves de la red de corrupción y control de Etesa, incluyendo los cargos de gerente, vicepresidentes, asesores en el área jurídica y de recaudo, en control y vigilancia, y de vicepresidentes como Sandra Guzmán, entre otros de sus seguidores políticos.

De igual manera, el demandado presionó la remoción de la gerente Mery Luz Londoño, para facilitar el quehacer ilícito de esta organización desviada, destinada al vulgar y desenfrenado asalto del interés general, así como de los recursos e ingresos públicos.

1.2.9. El parlamentario demandado reconoció a la revista Cambio, extrañamente contar con 1.200 horas de grabación de conversaciones, negando conocer a varios de los implicados en un comienzo, pero después admitió, contradictoriamente, su relación tanto personal como política con los implicados, al punto —incluso— de aceptar haberlos “recomendado”, tener cuotas políticas y “amigos” en Etesa.

1.2.10. Es sabido públicamente que el Gobierno Nacional ordenó la liquidación de Etesa entre otras razones, por los hallazgos de corrupción en la que participó y promovió el senador demandado, que por esos hechos está siendo investigado por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia(5).

1.3. Fundamento de las causales invocadas.

1.3.1. Violación de régimen de incompatibilidades.

El senador demandado violó el régimen de incompatibilidades al gestionar ante Etesa el nombramiento de varias personas, con el fin de celebrar contratos de prestación de servicios, entre otros: Mery Luz Londoño García (gerente de Etesa), Alexander Gómez Stevenson (delegado de Etesa para Santander, Norte de Santander, Cesar y Vichada), Walter Enrique Caicedo García (asistente) y Jaime Román Miranda Quintero (sucesor y yerno de Gómez Stevenson), fueron vinculados a Etesa como cuotas burocráticas del senador demandado.

Los ciudadanos Caicedo García y Miranda Quintero fueron detenidos al momento en que se encontraban extorsionando a algunos de los operadores de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar vigilados por Etesa, amigos recomendados por Cáceres Leal.

1.3.2. Tráfico de influencias debidamente comprobado.

El senador demandado incurrió en la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado, al designar personas en Etesa que favorecieran y privilegiaran sus intereses personales.

El demandado conformó una red de servidores públicos en Etesa para que los recursos que debían recaudarse para el tesoro público, a la postre se destinaran a las arcas personales de este.

1.3.3. Indebida destinación de dineros públicos.

Javier Cáceres Leal incurrió en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, al coordinar con los funcionarios de Etesa el cobro de millonarias comisiones a operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar, como contraprestación por su actividad ilegal, enriqueciéndose ilícitamente.

II. La contestación a la demanda

Admitida la solicitud por auto de 17 de febrero de 2010 (fl. 24), y notificada el 24 de marzo inmediato (fl. 38), el senador la contestó, a través de apoderado, en los términos siguientes:

En cuanto a los hechos de Etesa:

2.1.1. Para refutar el primer cargo, atinente a la violación al régimen de incompatibilidades, advirtió que la afirmación según la cual el senador Javier Enrique Cáceres Leal sugirió la designación de servidores públicos en Etesa, entidad pública recaudadora de contribuciones, es infundada debido a que el demandado no ejerció funciones de representación, ni realizó actividades de contratista o gestor ante esa entidad pública.

Contra lo afirmado por el demandante, al senador Cáceres Leal le era imposible imponer cargos en Etesa, pues en virtud de la Ley 643 de 2001 y del Decreto 146 de 2004 (ene. 21)(6), compete al Presidente de la República designar al presidente de esa entidad; los cargos de dirección y confianza como son los de vicepresidente comercial, vicepresidente de recaudo y jefe de control y vigilancia, son provistos por el presidente de Etesa, quien en ese momento era la doctora Mery Luz Londoño García.

Sostiene, en síntesis, que no era dable al parlamentario nombrar a los referidos servidores si la facultad de nominación recaía en cabeza de otras autoridades.

2.1.2. En relación con el cargo de tráfico de influencias debidamente comprobado, manifiesta que esta causal se produce cuando el congresista utiliza en su provecho o en el de un tercero las influencias que su investidura le proporciona y en forma indebida, para lograr beneficios de parte de un funcionario en asunto que sea de su competencia, tanto en lo judicial como en lo administrativo y, en este último caso, aun en el ejercicio de la facultad nominadora.

Afirma que no es sancionable la recomendación por sí sola, sino la actividad indebida desplegada por el congresista de exigir a un funcionario público que le tramite la celebración de contratos de prestación de servicios en la entidad con personas respecto de las cuales demuestra especial interés.

Refiere que la jurisprudencia del Consejo de Estado exige la concurrencia de cuatro (4) requisitos para que se configure esta causal, a saber: (i) que se ostente la calidad de congresista; (ii) que se invoque esta calidad o condición; (iii) que se reciba, haga dar o prometer, para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones previstas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas a favor de sus regiones; y, (iv) que el beneficio que se pretende recibir provenga de un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o deba de conocer.

Argumenta que el segundo de los requisitos, relativo a la calidad de congresista, no fue cumplido, ya que el senador demandado nunca invocó su investidura para valerse de esta y recomendar o imponer cargos en Etesa; tampoco tiene cuotas burocráticas en esta entidad ya que no estaba dentro de sus facultades colocar estratégicamente “conocidos” suyos, pues los nombramientos estaban a cargo del presidente de Etesa.

Tampoco se cumplen los dos requisitos restantes, pues de los mencionados nombramientos no recibió beneficio alguno, pues al no conocer a los funcionarios de Etesa no le era posible exigir determinados comportamientos a cambio de prebendas, y respecto de aquellos funcionarios que sí eran conocidos suyos como es el caso de la presidenta y la vicepresidente de recaudo de la entidad no eran subordinados suyos, por lo que no le debían obediencia.

Afirma que el senador Javier Enrique Cáceres Leal se ha caracterizado por denunciar todo caso de corrupción de los que tiene conocimiento y que se presenten en las entidades del Estado. Así lo hizo ante la Procuraduría General de la Nación para que adelantara averiguación disciplinaria en su contra y determinara si su conducta como servidor público ha sido contraria a sus deberes funcionales en los actos de corrupción endilgados a exfuncionarios y funcionarios de Etesa, con ocasión de las reiteradas publicaciones de algunos medios de comunicación(7) que involucran al congresista demandado con una supuesta red de corrupción al interior de esta entidad.

Es tal su inocencia frente a los cargos que lo vinculan a los hallazgos por corrupción en Etesa que en varias ocasiones manifestó su impedimento para participar en los debates para la aprobación de leyes que tenían que ver con las funciones de esa entidad, tal como sucedió el 2 de junio de 2004 cuando renunció a la ponencia del proyecto de Ley 136 de 2003 Senado/125 de 2003 Cámara de Representantes, por el cual se modifica parcialmente la Ley 643 de 2001, que fija el régimen propio del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, y como aconteció el 29 de octubre y el 14 de diciembre de 2008, al declararse impedido para participar en el segundo debate del proyecto de Ley 235 de 2008 Senado/194 de 2007 Cámara, por el cual se modifica parcialmente la Ley 643 de 2001, por existir indagación preliminar en su contra, solicitada por él y que se refería a alguno de los temas del proyecto de ley en estudio.

Es evidente que las afirmaciones del demandante carecen de asidero probatorio, de donde surge de manifiesto que se trata de apreciaciones meramente subjetivas.

2.1.3. En cuanto a la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos en relación con los hechos de Etesa, afirma que para que se configure esta causal se debe demostrar que el congresista, al ejercer la competencia de la que ha sido investido, distorsiona o cambia los fines y cometidos estatales previstos en la Constitución Política y en la ley, y destina los recursos públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o bien, a otros que sí están autorizados, pero que difieren de aquellos para los cuales fueron asignados.

El senador demandado no tuvo injerencia alguna con los hechos que enmarcan la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia, en relación con el manejo inadecuado por parte de los funcionarios de Etesa de los dineros cobrados a operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar.

Puso de presente que el senador Javier Cáceres Leal ha sido investigado por enriquecimiento ilícito en múltiples ocasiones y ha sido absuelto por haber demostrado que su incremento patrimonial se debe a su trabajo por más de cuarenta 40 años y como senador de la República.

III. Reforma de la demanda

El señor Pablo Bustos Sánchez presentó el 12 de abril de 2010 escrito de reforma a la demanda, la cual fue admitida mediante auto del 13 siguiente. Su eje central lo constituyen las presuntas reuniones y acuerdos que el senador demandado habría celebrado con jefes de los bloques de María de las AUC, con miras a asegurar el control de los resultados de las elecciones del 2002 y 2006. Se plantean los siguientes:

3.1. Hechos.

3.1.1. Según consta en la diligencia dentro de la investigación previa adelantada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Javier Cáceres Leal bajo el Radicado 28.436, el demandado se reunió con el líder paramilitar Uber Enrique Bánquez Martínez Alias, “Juancho Dique”, entre otros, durante el periodo 2002-2006, gestionando y celebrando acuerdos contrarios a la ley, particularmente relativos al proceso electoral en zonas de control paramilitar del mencionado dirigente de las autodefensas.

3.1.2. En tal diligencia, el desmovilizado dirigente de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, señala que el senador demandado, encontrándose en ejercicio de su investidura, buscó, propició, y asistió a una prolongada reunión de cerca de cuatro horas —de las 2:00 p.m. a las 6:00 p.m. aproximadamente— para concertar los mecanismos y personas encargadas y cercanas a la AUC con el fin de servirle de “enlaces” o “intermediarios” y disponerse, desde entonces, en esa larga y compleja empresa fraudulenta preparatoria de los comicios de 2006, maquinada y propiciada por el senador accionado.

Dicha reunión fue atendida por otros congresistas, quienes conjuntamente realizaron las gestiones tareas, alcances, y definieron acuerdos espurios entre sí, a su vez que con relación a las AUC a través de su referido dirigente político-militar. Tales parlamentarios se distribuyeron el caudal electoral y concertaron el plan ilícito de acción, pese a su condición de servidores públicos.

3.1.3. En la referida declaración de Uber Enrique Bánquez Martínez, alias “Juancho Dique”, igualmente consta cómo los contactos, gestiones, actividades, apoyo y acuerdos con fines defraudatorios del proceso electoral, realizados, buscados y propiciados por el senador Javier Cáceres Leal, fueron reportados y confirmados por el desmovilizado dirigente máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso, hoy extraditado a los Estados Unidos. Mancuso, así como Jorge 40, se dice en la diligencia, fueron informados por Uber Enrique Bánquez Martínez alias “Juancho Dique” sobre el apoyo acordado a Javier Cáceres Leal.

3.1.4. Acerca de los hechos mencionados y de la “amistad” del senador accionado Javier Cáceres con las AUC dan cuenta otros varios dirigentes y miembros del denominado Bloque Norte, como es el caso del desmovilizado Alexis Mancilla, alias “Zambrano”.

3.1.5. En su declaración, Uber Enrique Bánquez Martínez, alias “Juancho Dique”, menciona que algunos de los acuerdos concertados con el senador demandado con las AUC, incluía financiar la campaña de un candidato a la alcaldía, a fin de que este le retribuyera con votos al senador Javier Cáceres. Este acuerdo se hizo extensivo a varios candidatos a alcaldías y concejos municipales, con quienes hubo varias reuniones.

El mencionado acuerdo suponía manipular el proceso electoral en diversas zonas del departamento de Bolívar incluida la ciudad de Cartagena, que se hallaban bajo el control de las AUC.

3.1.6. En la declaración rendida por Uber Enrique Bánquez Martínez, alias “Juancho Dique”, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se sostiene que otros desmovilizados afirman haber presenciado cuando escoltaban a este dirigente paramilitar no solo a la reunión arriba mencionada entre este y Javier Cáceres, sino que describen en detalle otras reuniones entre los mismos.

3.1.7. Salvatore Mancusso declaró ante la justicia colombiana
y manifestó que en el año 2002 invitó a Javier Cáceres a una reunión, a la cual asistieron varias personas en su representación.

3.1.8. En la versión que rindió el desmovilizado Alexis Mancilla García, “alias Zambrano”, subcomandante del Bloque Montes de María de las AUC, en septiembre de 2007, afirmó: “De igual manera contribuimos con los votos del señor Javier Cáceres, que estaba en ese tiempo aspirando al senado. Estuvo (Cáceres) en reuniones con el comandante directo mío, alias Juancho (Dique) y alias Roger, en Casaloma y en Calamar (Bolívar)”. El Espectador, 25 abril, 2008.

3.1.9. En abril del 2008, “alias Zambrano” ratificó sus apreciaciones sobre el senador Javier Cáceres ante un fiscal de justicia y paz en Barranquilla. Ante la pregunta del fiscal José Alfredo Jaramillo sobre si él ordenó a los pobladores de la región votar por los senadores Cáceres y William Montes, señaló: “Yo ordené a mis hombres que le dieran a la gente los candidatos a los que estábamos apoyando en las elecciones al Congreso en 2002 y las regionales en 2003”.

3.1.10. Otro jefe desmovilizado de las autodefensas, señaló: “Me reuní con Cáceres en Cartagena en 2002 y le ofrecí una plata, y destacó que él está metido en el negocio de las máquinas tragamonedas y la excandidata a la alcaldía de Cartagena Mery Luz Londoño, hoy presidenta de Etesa, es cuota suya”' —El Espectador, 8 de abril, 2008, periodista Norbey Quevedo.

3.2. Fundamento de las causales invocadas.

3.2.1. En cuanto a la violación al régimen de incompatibilidades, el actor sostiene que en las reuniones en que participó Javier Cáceres con las AUC, como senador de la República, en asocio de otros parlamentarios y políticos, la gestión indebida se materializó de dos formas.

La primera, mediante el acuerdo conjunto para participar en tal reunión o reuniones y acudir a esa cita a la misma hora, fecha y lugar, en un lugar inaccesible y resguardado militarmente por el propio carácter de la organización al margen de la ley, con la cual no solo buscaron sino que lograron reunirse.

Este concierto de los congresistas asistentes con carácter de previo para asistir a la reunión en un lugar lejano e inseguro supone una gestión mutua, recíproca y como resultado, también, un acuerdo de contenido perverso e igualmente ilícito.

Adicionalmente, la gestión entre servidores públicos se dio no solo en la asistencia coordinada a las reuniones con las AUC, sino en el desarrollo de la misma y la serie de acuerdos derivados de al menos una reunión de cuatro horas de duración perfilando su accionar torticero.

La designación de “enlaces” o “mediadores o intermediarios” para darle continuidad o tracto sucesivo a esas gestiones defraudatorias igualmente constituyen la materialización o prolongación activa de esa gestión o acuerdo para el beneficio electoral ilícito mediante la compra de votos de aspirantes a alcaldías para edificar desde lo local la pirámide de la defraudación de un proceso electoral cercano. En últimas, no solo hubo una gestión sino una co-gestión.

3.2.2. A propósito del tráfico de influencias, el actor argumenta que en las reuniones de las que participó el demandado Cáceres como parlamentario y otros congresistas con integrantes de las AUC, se negoció en bloque y se obtuvo un provecho ilícito en el proceso electoral, en zonas de control paramilitar.

Resulta claro que los congresistas asistentes a dichas reuniones se resguardaron en grupo y mutuamente como servidores públicos se avinieron a los favores derivados de las mismas, con el fin de obtener resultados a su favor en el proceso electoral.

El asunto electoral en este caso se convirtió en una comercialización mezquina, pues de las reuniones que tuvieron varios parlamentarios con las AUC, dentro de los cuales estaba el demandado Cáceres, resultaron electos varios aspirantes a corporaciones de elección popular.

3.2.3. En relación con la indebida destinación de dineros públicos, el actor la hace consistir en que si un parlamentario destina sus ingresos —que provienen del erario como servidor público— a comprar votos, alcaldes, y de esta forma introducir en la ley de la oferta y la demanda una aspiración electoral personal a futuro, le está asignando a esos ingresos un propósito indebido, más cuando este obedece a montos e intereses que groseramente se intencionan para este teleología sucia: el robo de unas elecciones.

Los gastos que hace el Estado colombiano o mejor las inversiones en la seguridad del mismo y de sus asociados, así como los ingentes recursos aplicados en la búsqueda de certámenes electorales limpios, hace que terminen desviados para propósitos venales y fútiles cuando se amaña a tal grado, de manera tan descomunal un proceso electoral o se orquesta tal desaliño en los cimientos de una sociedad que se predica democrática, social y de derecho.

Es claro que por esta vía desde entonces, desde el acuerdo con las AUC ni los tales congresistas tendrían otro interés que el de la misma organización de la cual se habían hecho nombrar sus amigos, contando con aliados, etc., y que por esta vía la función legislativa y de control que les competía desde entonces como parlamentarios se desdibujaba y torcía, desperdiciándose ingentes recursos públicos unos con valor monetario, otros de invaluable daño moral a la sociedad en su conjunto.

IV. Contestación a la reforma de la demanda

En cuanto a los hechos relacionados con grupos paramilitares:

4.1. Para refutar el primer cargo, relacionado con la violación al régimen de incompatibilidades, advirtió que la afirmación hecha por el demandante carece de asidero probatorio, debido a que las supuestas reuniones a que alude el accionante, ninguna es real.

El fundamento de tales afirmaciones nace de las versiones que han rendido líderes paramilitares, en las cuales dejan entrever las contradicciones que en ellas mismas se suscitan, tal como ocurrió en el caso de la declaración jurada rendida el 4 de julio de 2008 por el líder paramilitar Uber Enrique Bánquez Martínez Alias “Juancho Dique” Martínez, Alias Juancho Dique, quien, ante la Procuraduría Judicial de Asuntos Penales Nº 47 de Barranquilla, afirmó que nunca tuvo vínculos con el senador Cáceres Leal, y que no tiene conocimiento que este último hubiese recibido apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, situación que corresponde a la realidad, pues jamás tuvo el senador demandado ningún tipo de vinculación con el grupo armado anteriormente mencionado.

Sin embargo, descaradamente, en versión que el 28 de agosto de la anualidad anterior, rindió ese mismo líder paramilitar, señala que se había reunido con el senador Javier Enrique Cáceres Leal, para montar en el año 2003 una infraestructura política que en el 2006, lo ayudaría a ser elegido con el poder de las alcaldías. No ha dicho el señor Banquez Martinez algo más desatinado que esto último, incluso contradictorio con su versión rendida el 4 de julio de ese mismo año y a la cual ya hice referencia, pues no podrá el líder de las AUC, jamás señalar nombres, ni líderes, ni aspirantes del senador Javier Enrique Cáceres Leal para el año 2003, menos puede hoy el accionante dar por cierto las afirmaciones hechas por el líder paramilitar aquí mencionado cuando tales afirmaciones no son veraces y son objeto de investigación.

Así mismo, en indagatoria rendida por el señor Alexis Mancilla García, alias Zambrano, el 27 de marzo de 2007, al fiscal segundo delegado ante los jueces especializados de la ciudad de Sincelejo, afirmó que no tuvo relación con ningún político y que su ingreso a las AUC fue en el mes de septiembre del 2003 (ya habían pasado las elecciones del 2002). Pese a ello, el 23 de abril de 2008, en versión rendida por ese mismo líder paramilitar, manifestó que él, ordenado por Uber Enrique Bánquez Martínez, alias “Juancho Dique”, había elegido al senador demandado en esta acción, para las elecciones 2002 y que ejerció presión para que votarán por él en la zona en la que alias Zambrano comandaba, pero que extraña coincidencia que para la fecha de las elecciones del año 2002, el señor Alexis Mancilla García, alias Zambrano, se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia, Caquetá, debido a que ingresó el 8 de marzo de 2001, sindicado de la conducta punible de extorsión y concierto para delinquir y se le concedió libertad el 06 de junio de 2002, mediante boleta de libertad Nº 051613, expedida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, tal como lo certifica el director del establecimiento penitenciario antes señalado, coronel Franco Hernán Grijalba Mejía.

Entonces, surge la pregunta de cómo pudo ser comandante de la zona de los Montes de María, si para la fecha de la elección del senador se hallaba privado de la libertad, más aún, cómo puede manifestar el señor Mancilla García, alias Zambrano, que obligó a los habitantes de la zona a votar por el senador demandado, si para ese entonces no ejercía ninguna influencia en este lugar, o que tuvo reunión con el parlamentario, si físicamente se hallaba recluido en un establecimiento penitenciario en la ciudad de Florencia.

Manifiesta que no puede dársele credibilidad a unas afirmaciones que carecen de toda lógica y coherencia. De hecho, ante tales acusaciones, el senador Javier Enrique Cáceres Leal denunció ante la Fiscalía General de la Nación al señor Alexi Mancilla García, alias Zambrano, a fin de que se le investigue penalmente por los delitos de injuria, calumnia y falso testimonio, tal como quedó radicado en la fiscalía 42 de la unidad de vida de la ciudad de Barranquilla, bajo el Nº 291088 y en el cual se profirió resolución de acusación el 16 de marzo de la anualidad anterior.

El senador demandado jamás incurriría en alguna conducta que pudiere ocasionar daño al interés público por el uso indebido de las influencias que le otorga su investidura en orden a lograr que con tales gestiones se alcanzaren fines personales o deshonestos, y mucho menos aquellas que resultan ilícitas y que tengan que ver con grupos al margen de la ley.

La investigación que hoy cursa en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, bajo la Radicación 28436, fue iniciada porque así lo solicitó él mismo el 28 de septiembre de 2007 en la cual suplicó a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigarlo por la posibilidad de cualquier situación o conducta irregular de su parte con grupos armados al margen de la ley. En respuesta a tal requerimiento, el 6 de noviembre de 2007, se le informó al senador Cáceres Leal que se había dado apertura a la investigación preliminar en su contra en razón a la solicitud incoada por este.

Bajo este criterio, le era imposible al senador demandado, contrario a lo que afirma el accionante, realizar gestiones indebidas, al participar en reuniones con organizaciones al margen de la ley, cuando tales reuniones no se surtieron, no pudiendo configurarse la causal invocada.

4.2. Al cargo de tráfico de influencias debidamente comprobado manifiesta que la jurisprudencia ha sostenido que para que se configure la causal es necesario que se den los siguientes supuestos: a) Que se ostente la calidad de congresista. b) Que se invoque esta calidad o condición. c) Que se reciba, se haga dar o prometer, para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones previstas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas a favor de sus regiones. d) Que el beneficio que se pretende recibir provenga de un servidor público, en asunto que este se encuentre conociendo o hubiese de conocer.

En efecto, el doctor Javier Enrique Cáceres Leal ostentó la calidad de senador para el periodo 2002-2006, nuevamente elegido para la legislatura 2006-2010.

Advierte que el segundo de los requisitos, no se cumple porque, contra lo que erróneamente argumenta el demandante, el senador demandado no invocó su investidura para valerse de esta y reunirse con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y celebrar acuerdos que se reflejaran en las elecciones legislativas para el año 2002, afirmación que tacha de falsa, pues, asevera que el senador demandado no asistió a ninguna reunión con el objeto de obtener votos para su elección, incluso esos hechos que quiere hacer creer el accionante, no están probados, pues son objeto de investigación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo la Radicación 28436.

Adicionalmente, manifiesta que el senador Javier Enrique Cáceres Leal no requiere apoyo de ningún grupo al margen de la ley, y su actuar claro y honesto desvirtúa las mentiras que han dicho algunos líderes paramilitares y que sirven de débil fundamento a la reforma de demanda, impetrada por el actor.

A propósito del tercer requisito, según el cual el senador demandado habría obtenido beneficios electorales, replica que los líderes paramilitares que hicieron esta acusación no se hallaban en comando de las zonas en las que supuestamente se reunieron con el senador Cáceres, esto es en los Montes de María, y en tal sentido como no hubo reunión, tampoco hubo asunto que tratar, y nada que acordar, ni obtención de beneficios por parte del senador demandado.

Sostiene que los resultados electorales para las elecciones del año 2002, fueron totalmente adversos para el senador Cáceres Leal frente a los que obtuvo en al año 1998, ya que para el periodo 2002 el senador era conocido en todo el país por sus intensos debates dirigidos a combatir actos de corrupción, siendo incluso escogido en varias ocasiones como el mejor senador; fue tal la disminución de votos para las elecciones del año 2002, que pasó de 34.000 votos a 19.000 en Bolívar y en la zona en la que a criterio del accionante el congresista acordó beneficios electorales, la votación fue desastrosa y en algunos casos ninguna.

En relación con el cuarto requisito, advirtió que el senador demandado no obtuvo ningún beneficio por parte de servidores públicos. Afirma que el accionante manifiesta, sin criterio alguno, que el senador Javier Enrique Cáceres Leal, recibió beneficios provenientes de “acuerdos” que celebró con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En ese orden, la supuesta causal de tráfico de influencias en la que incurriría el congresista, no existió, pues los requisitos que se exigen para la configuración de la misma no fueron satisfechos. Es evidente que el dicho del accionante en el libelo de la demanda no pasa de ser afirmaciones subjetivas, carentes de asidero probatorio.

4.3. En cuanto a la causal de indebida destinación de dineros públicos, argumenta que para que esta se configure se debe demostrar que el congresista, al ejercer la competencia de la que ha sido revestido, hubiese distorsionado o cambiado los fines y cometidos estatales consagrados en la Constitución Política, en la ley o el reglamento, para destinar caudales públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros si autorizados pero diferentes de aquellos para los cuales se encuentran asignados, o hubiera aplicado los recaudos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas; o que hubiera perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o pretendido derivar su beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas. No se requiere sentencia penal previa, pues la sanción es de carácter político.

Manifiesta que el senador Javier Enrique Cáceres Leal no compró votos ni de alcaldes como de ningún otro ciudadano, mal puede el accionante hacer tales acusaciones cuando no tiene prueba de ello. Ahora bien, efectivamente el pago del salario que devengan los congresistas, proviene del erario público, tal como sucede con todos los servidores que prestan sus servicios al Estado. Sin embargo, una vez tales servidores reciben su remuneración, ellos pueden hacer uso de la misma como mejor les parezca pues, estas sumas dejan de ser parte de los dineros públicos, para pasar al patrimonio personal del servidor, y el caso del senador Javier Cáceres Leal no es la excepción.

La destinación que tienen los dineros del Estado y que está dirigida al pago de los salarios de los servidores públicos, culmina una vez estos dineros ingresan al patrimonio de ellos, que es el fin para el cual están dirigidos. Mal puede pensar el accionante, que el senador demandado deba rendir cuentas de lo que lícitamente hace con la suma que devenga como contraprestación del servicio que presta.

Del voluminoso material probatorio arrimado al proceso (anexo 1 y 2), por su pertinencia, se desatacan las siguientes:

Sobre la calidad de senador que ostenta el demandado

— Copia del Acta 01(8) de Congreso Pleno en que consta la posesión como senador de la República del señor Javier Cáceres Leal, para el periodo constitucional 2006-2010, publicada en la Gaceta del Congreso, edición año XV, Nº 313 de 2006 (ago. 24)

— Copia del Acta 01(9) de la sesión ordinaria correspondiente al 20 de julio de 2009, en que consta la elección del senador de la República Javier Cáceres Leal, como presidente del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso edición año XVIII Nº 904 de 2009 (sep. 11)

Inspecciones judiciales

a) Ante la Corte Suprema de Justicia (S. Cas. Penal, oct. 4/2010).

— Expediente 28436(10), en curso, en que se adelanta la investigación contra el senador Javier Cáceres Leal por el delito de concierto para delinquir (comúnmente denominado “Parapolítica”).

Entre otros documentos, se trasladaron copia de las declaraciones rendidas por Uber Enrique Bánquez Martínez alias “Juancho Dique” en audiencias penales celebradas ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la providencia que resolvió la situación jurídica y dispuso medida de aseguramiento dictada contra el senador Javier Enrique Cáceres Leal por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2010, así como de la resolución de acusación proferida el 27 de abril del mismo año.

— Expediente 32009(11) en curso, en el que se adelanta la investigación contra el senador Javier Cáceres Leal por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en Etesa. A la fecha, se encuentra en etapa de investigación previa.

— Expediente 23919, archivado(12)

b) Ante la Procuraduría General de la Nación.

Se practicó Inspección judicial al Expediente IUS 10433 de 2010(13) en el que el despacho del Procurador General de la Nación adelanta investigación preliminar contra el senador Javier Cáceres Leal, por supuesto tráfico de influencias en Etesa y de la cual se trasladó la declaración rendida el 11 de octubre de 2010 por la exgerente de Etesa Mery Luz Londoño García por las irregularidades en Etesa denunciadas en la revista Cambio, en su edición del 10 de febrero de 2010. A la fecha, la investigación continúa en fase instructiva.

c) Ante la Fiscalía Seccional 304 destacada ante el DAS que adelanta la investigación Nº 1100162110012007-00429(14), por los cobros de sumas de dinero por funcionarios de Etesa a operadores ilegales de máquinas tragamonedas, y otros hechos que tipifican las conductas delictivas de concusión y concierto para delinquir contra Mery Luz Londoño García (con captura legalizada y con escrito de acusación)(15), Raúl Quintana Tatis por concusión, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito (con captura legalizada y con escrito de acusación), Alexander Gómez Stevenson por concusión, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito (con captura legalizada y condena por extorsión), Jaime Román Miranda Quintero (aceptó cargos, condenado por concusión, con prisión domiciliaria) Carlos Javier Cuentas M. (tramita preacuerdo con la Fiscalía, prestó su cuenta bancaria), Jorge Monroy Cochez (pendiente juicio, prestó su cuenta bancaria) y Giovanni Parada García (tramita preacuerdo con la Fiscalía) entre otros.

Testimoniales

— Diligencia de interrogatorio al actor(16), la cual se llevó a cabo los días 18 y 30 de agosto de 2010 en la sala de audiencias de la corporación (fls. 596 a 611, cdno. pal).

— Testimonio de Mery Luz Londoño García, Gerente de Etesa para la época de los hechos, diligencia que fue llevada a cabo mediante despacho comisorio por el Tribunal Administrativo de Bolívar y tuvo lugar en la ciudad de Cartagena el 26 de mayo de 2010 (fls. 470 a 477, cdno. pal); (ii) también se trasladó al proceso de pérdida de la investidura copia de las declaraciones que rindió el 22 de septiembre de 2009 en el expediente penal 32009 (investigación contra el senador Javier Cáceres Leal por corrupción y tráfico de influencias en Etesa que adelanta la Sala Penal CSJ) y (iii) 11 de octubre de 2010 en el expediente Nº (investigación disciplinaria que se adelanta contra el senador Javier Cáceres Leal por corrupción y tráfico de influencias en Etesa); (iv) de igual modo, se recibió diligencia de ratificación y de ampliación en el proceso de pérdida de investidura, en audiencia que tuvo lugar en la sala de audiencias de la corporación el día 3 de noviembre del año 2010 (fl. 863, cdno. ppal. 2).

— Testimonio de Raúl Quintana Tatis, esposo de la anterior, diligencia que fue llevada a cabo en la sala de audiencias de la corporación el día 3 de noviembre del año 2010 (fls. 3 y ss., cdno. ppal. 931).

— Testimonio de Alexander Gómez Stevenson, delegado de Etesa para Santander, Norte de Santander, Cesar y Vichada, diligencia que fue llevada a cabo en la sala de audiencias de la corporación el día 1º de septiembre del año 2010 (fls. 621 a 625, cdno. ppal.).

— Testimonio de Walter Enrique Caicedo García, asistente del anterior, diligencia que fue llevada a cabo en la sala de audiencias de la corporación el día 1º de septiembre del año 2010 (fls. 626 a 629, cdno. ppal.) y cuya ampliación tuvo lugar el 3 de noviembre del mismo año (fls. 626, cdno. ppal. 2).

— Testimonio de Jaime Román Miranda Quintero, quien sucedió a Alexander Gómez Stevenson, en la delegatura de Etesa para Santander, Norte de Santander, Cesar y Vichada, diligencia que fue trasladada del Expediente 32009 (investigación contra el senador Javier Cáceres Leal por corrupción y tráfico de influencias, Sala Penal CSJ) y que también se recepcionó en el proceso de pérdida de investidura, en la sala de audiencias de la corporación el día 3 de noviembre del año 2010 (fl. 015, cdno 3).

— Testimonio de Giovanny Parada García, diligencia para la cual fue comisionado el Tribunal Administrativo de Santander (despacho comisorio 021, fl. 120, cdno. 9 de pruebas).

— Testimonio de Carlos Javier Cuentas Martínez y Jorge Monroy Cochez, diligencia para la cual fue comisionado el Tribunal Administrativo de Bolívar (despacho comisorio Nº 36, fl. 131, cdno. 15 de pruebas).

— Ratificación del testimonio de Alexis Mancilla García, alias “Zambrano”, diligencia para la cual fue comisionado el Tribunal Administrativo del Atlántico(17) (fls. 134 y ss., cdno. de pruebas 7).

— Testimonio de Jhonny José García Tirado, vicepresidente comercial de Etesa, recepcionado en el proceso de pérdida de investidura, en la sala de audiencias de la corporación el 20 de octubre de 2010 (fls. 762 y ss., cdno. ppal. 2).

— Testimonio de Jhonny de Jesús Ordosgoitia Osorio, asesor de la planta de personal en el área de control y seguimiento de la vicepresidencia comercial de Etesa, de diciembre 7 de 2007 a mayo de 2008, diligencia para la cual fue comisionado el Tribunal Administrativo de Bolívar, y que fue llevada a cabo en la ciudad de Cartagena el día 26 de mayo de 2010 (fls 467 y 468, cdno. ppal.).

— Declaración de testimonio rendido a través de video conferencia por Uber Enrique Banquez Martínez alias Juancho Dique recluido en el Establecimiento Carcelario la Modelo de Barranquilla, y que fue llevada a cabo en la sala de audiencias de la corporación el día 3 de noviembre del año 2010 (fls. 943 y ss., cdno. ppal. 3).

Documentales, provenientes del Consejo Nacional Electoral

El Presidente del Consejo Nacional Electoral(18) envió copia auténtica de los formularios de inscripción y de los resultados estadísticos de los votos obtenidos por los aspirantes en las elecciones del 10 de marzo de 2002 y 12 de marzo de 2006, por los candidatos al Congreso de la República (Cámara de Representantes y Senado) por el departamento de Bolívar; a la asamblea departamental y los concejos municipales y alcaldías de los municipios que integran la región de Montes de María a saber: Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, el Guamo y Zambrano. La información que se solicita se refiere a las elecciones del 10 de marzo de 2002, 12 de marzo de 2006 y las del año 2010.

Adicionalmente, rindió informe respecto del nombre completo y/o razón social de los donantes y aportantes a las campañas electorales para Senado del senador Javier Cáceres Leal y para las alcaldías de los municipios que integran la región de Montes de María: Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, el Guamo y Zambrano; para las elecciones correspondientes a los periodos 2002, 2006 y 2010.

Ejemplares de artículos de prensa y revistas

De oficio, se incorporaron los ejemplares de El Tiempo y de El Espectador de fecha que a continuación se relacionan:

— Diario El Tiempo

a. “En juego investidura del senador Javier Cáceres Leal por parapolítica”. Veintiséis (26) de abril de 2010.

b. “Javier Cáceres hizo trizas la coalición que en diciembre arrinconó a su partido, Cambio Radical”. Veintiséis (26) de julio de 2010.

c. En Etesa se habría montado “empresa paralela” que extorsiona a dueños de tragamonedas ilegales”. Nueve (9) de septiembre de 2010.

d. “Por parapolítica es capturado Javier Cáceres”. Catorce (14) de septiembre de 2010.

e. “Trasladan a un centro médico al senador Javier Cáceres, capturado por orden de la Corte Suprema”. Quince (15) de septiembre de 2010.

f. “La mala hora del senador Javier Cáceres: de anticorrupto a cuestionado por parapolítica”. Diecinueve (19) de septiembre de 2010.

g. “Capturan a ex jefa de Etesa y su esposo por supuestamente pedir dinero a dueños de locales de juego”. Veintidós (22) de septiembre de 2010.

h. “DAS capturó a la ex jefa de Etesa y a su esposo”. Veintidós (22) de septiembre de 2010.

i. “Diez de los 15 implicados del caso Etesa están buscando un preacuerdo con la Fiscalía”. Veintitrés (23) de septiembre de 2010.

j. “Diez implicados del caso Etesa negocian con fiscalía”. Veintitrés (23) de septiembre de 2010.

k. “Corte ratifica orden de captura contra Cáceres”. Veintitrés (23) de septiembre de 2010.

— Diario El Espectador

a. “Por parapolítica dictan medida de aseguramiento contra Javier Cáceres”. Veintidós (22) de septiembre de 2010.

Oficios

— Se ofició a la fiscalía 42 de la unidad de vida de Barranquilla para que allegara copia de la investigación contra Alexis Mancilla García, alias “Zambrano” en que fue condenado por los delitos de injuria y falso testimonio(19).

— Se ofició a la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, para que allegara copia del “Acuerdo 000 de 2008”.

— Se ofició a Caracol Radio para que según lo solicitado por el actor, enviara dentro de los tres (3) días siguientes, copia del CD contentivo de la declaración rendida por Juancho Dique ante magistrados auxiliares de la Corte Suprema en la que el ex jefe paramilitar hace señalamientos en contra del ex presidente del Congreso Javier Cáceres Leal y que ratifican la declaración antes rendida por Salvatore Mancuso ante la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2007.

Pericial

Mediante Oficio DGO.SIES.GCRI-439102-2 de mayo 14 de 2010(20) el director general operativo del DAS designó a la doctora Lucía Castañeda perito en acústica, quien en cumplimiento del Oficio 7628(21) atendió el análisis de voces en las grabaciones en CD y DVD allegados al proceso con sus respectivas cadenas de custodia y consignó sus informes en oficios obrantes en el cuaderno principal Nº 3, a folios 978 y ss.; folios 1006 y ss. y folios 1011 y ss.

VI. La audiencia pública

El día 14 de junio del año en curso y de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 11 de la Ley 144 de 1994, se llevó a cabo la audiencia pública, con la asistencia del actor, el procurador delegado para la conciliación, con funciones de intervención ante la Sección Primera y la Sala Plena ante el Consejo de Estado, el senador demandado y su apoderado.

Los participantes allegaron oportunamente los resúmenes escritos de sus intervenciones, en las cuales, fundamentalmente, reiteraron las posiciones asumidas tanto en la solicitud de pérdida de investidura como en la contestación a la misma.

6.1. El solicitante señor Pablo Bustos Sánchez reitera la solicitud de pérdida de investidura contra el senador de la República, por violar el régimen de incompatibilidades, por tráfico de influencias y por indebida destinación de dineros públicos, previstas en los numerales 2º del artículo 180 y 4º y 5º del artículo 183 de la Constitución Política.

Tras referirse a los hechos que dan lugar a esta solicitud, señala que el parlamentario no solo sugirió la designación de algunos servidores en la empresa Etesa sino que impuso cargos estratégicos que dieron lugar a la millonaria defraudación continuada del erario público y que pese a tener conocimiento de la red de corrupción, no puso en conocimiento de las autoridades tal situación pues, la actividad del demandado, no tenía para nada un alcance altruista y, por el contrario, revestía un claro interés egoísta, pues los recursos que tenían una destinación específica, el erario público, fueron a dar a las arcas personales.

Agrega que dentro de la investigación que adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador, se hace constar, según declaraciones que allí obran y de las cuales hace alusión en su intervención, que el demandado se reunió con líderes paramilitares e hizo acuerdos y gestiones en contra de la ley, particularmente en relación con procesos electorales en zonas de control paramilitar, esto es, se distribuyeron el caudal electoral y concertaron el plan ilícito de acción pese a su condición de servidor público. Hace referencia al análisis probatorio realizado por la honorable Corte Suprema de Justicia y a los estándares internacionales de la justicia transicional, en donde se han fijado parámetros encaminados a establecer la verdad, bajo particularidades del proceso de desmovilización y reconciliación. Así mismo, señala que la Corte Suprema ha establecido tres (3) momentos en que se relaciona al demandado con los paramilitares, según el análisis del material probatorio efectuado por esa honorable corporación al respecto.

Concluyó su intervención manifestando que se configuran las causales de pérdida de investidura y por consiguiente hay lugar a decretarla.

Presentó resumen escrito en cuarenta y seis (46) folios.

6.2. A continuación intervino el procurador delegado para la conciliación administrativa, designado por el señor Procurador General de la Nación como agente especial en este proceso, doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. Inició su exposición con la síntesis de los hechos y los fundamentos de la demanda y de su reforma, así como a la contestación de las mismas.

Seguidamente, rindió su concepto, respecto de cada una de las causales alegadas, a partir de los dos supuestos fácticos que constituyen su eje central, a saber:

1. La injerencia, intervención e influencia del senador Javier Enrique Cáceres Leal en la Empresa Territorial para la Salud, en adelante Etesa, en la modalidad señalada por el actor consistente en recomendar, presionar e imponer la designación de servidores públicos para cargos en la citada entidad, quienes cobraron millonarias comisiones procedentes de cobros a operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar, como contraprestación por su actividad ilegal.

2. Los nexos del senador Javier Enrique Cáceres Leal con grupos armados al margen de la ley (específicamente con grupos denominados “paramilitares”). El actor afirma que el demandado junto con otros Congresistas y servidores públicos, asistió a reuniones con dichas fuerzas irregulares a fin de que, con su apoyo, se lograra incidir en los resultados del proceso electoral, que supuestamente lo llevaron a obtener la curul para el Senado de la República.

Seguidamente, el Ministerio Público pasa a analizar los supuestos de cada una de las causales alegadas, frente a las pruebas allegadas oportuna y legalmente al proceso, para verificar si se configuran las mismas, lo que analiza en los siguientes términos:

En cuanto a la primera situación, advierte que de la prueba trasladada relacionada con el caso de Etesa, no aparece elemento alguno que permita inferir la participación del senador Javier Enrique Cáceres Leal en la designación de funcionarios en dicha entidad, ni que haya impuesto a algún funcionario o ejercido influencias para obtener cargos en Etesa. Señala que la totalidad de los testimonios recaudados convergen en señalar que el demandado no ejerció ningún tipo de influencia en la designación de funcionarios en dicha entidad. Las declaraciones juramentadas recaudadas, también coinciden en negar que el congresista se haya enriquecido a costa de la actividad ilegal que algunos funcionarios desarrollaban, con lo cual se evidencia una ausencia de material probatorio que acredite estos hechos, que son los que sustentan la causal de pérdida de la investidura presentada en contra del senador Javier Enrique Cáceres Leal por violación al régimen de incompatibilidades (C.P., art. 180, num. 2º).

Considera que aun cuando, dentro del proceso se encuentra plenamente acreditada la calidad de Congresista del señor Javier Enrique Cáceres Leal(22), sin embargo, de la lectura de las declaraciones, no aparece demostrado que el senador Cáceres Leal, invocando su calidad de Congresista, haya recibido, hecho dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva por gestión adelantada ante la empresa Etesa, para beneficiar a un servidor público en asunto que este conociera o hubiere de conocer.

Pone de presente que aunque algunos de los testigos manifiestan conocer al senador Cáceres Leal y haberlo acompañado en su campaña política, otros declarantes niegan cualquier tipo de vinculación o de conocimiento previo con el referido Congresista. Así las cosas, la prueba testimonial recaudada no permite demostrar que el senador Cáceres Leal hubiese realizado gestiones para la designación de la doctora Mery Luz Londoño García, como gerente de Etesa, o que hubiere influido o participado en la designación de Alexander Gómez Stevenson, Walter Enrique Caicedo García o Jhony Ordosgostia Osorio, como funcionarios de dicha entidad. Incluso, en lo que atañe a la designación del señor Jaime Román Miranda Quintero, el testigo Alexander Gómez Stevenson negó cualquier participación del senador Cáceres Leal en su nombramiento como funcionario de Etesa.

De otra parte, pone de presente que dentro del expediente tampoco aparece prueba alguna que permita afirmar la participación del Congresista demandado en los hechos que dieron lugar a la investigación penal, iniciada en contra de funcionarios de Etesa por cobros ilegales a operadores de juegos de suerte y azar en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar.

Resalta que el proceso penal antes referido, fue allegado en copias al proceso de pérdida de investidura, y en el mismo obran las declaraciones de las investigadoras del DAS Nancy Janeth González Camacho (fl. 66) y Jessica Liliana Camacho Mantilla (fl. 70), quienes, como antes se anotó, dan cuenta que en la investigación adelantada contra varios funcionarios de Etesa, vinculados al proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y concusión, no se logró establecer algún nexo de participación entre dichas personas y el senador Javier Enrique Cáceres Leal.

Con base en la prueba documental que obra en el expediente, así como en las declaraciones transcritas para analizar la primera causal alegada, concluye que no obra prueba que pueda endilgarse al senador Javier Enrique Cáceres Leal, en torno a que, valiéndose de su investidura de congresista, hubiese ejercido influencia sobre la señora Mery Luz Londoño García para obtener un beneficio para sí o a favor de terceros; elemento que debe encontrarse debidamente probado para que se configure la causal invocada.

El Ministerio Público advierte que tampoco se estableció que el congresista Cáceres Leal se hubiese valido de contratos para desviar dineros públicos, con fines distintos a los previstos en la Constitución Política y la ley. Anota que tampoco se acreditó que el demandado tuviese algún tipo de relación o vinculación, personal, profesional, política o comercial con Etesa, ni que hubiese dado instrucciones telefónicas para desviar recursos obtenidos de la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar o por alguna actividad ilícita derivada de su administración.

En cuanto a la indebida destinación de dineros públicos señala que los hechos generadores de la causal, a voces del actor, se configuraron por los recaudos ilícitos de impuestos efectuados por funcionarios de Etesa, lo que constituye una actividad contraria a las disposiciones legales.

En relación con este hecho, considera relevante anotar, en primer lugar, que dichas actuaciones no tienen relación con la conducta funcional del congresista demandado porque entre sus competencias no se encuentra la de recaudar impuestos ni por si ni por interpuesta persona; en segundo lugar el dinero recaudado por dichas actividades ilícitas no hace parte ni ingresó al presupuesto de la entidad en la que el senador ejerce las funciones, y en tercer lugar, no existe prueba de que el parlamentario haya ejecutado actos de disposición respecto de esos dineros. Pero sumado a lo anterior, el aspecto de mayor relevancia guarda relación con el hecho de que tales recursos no pueden ser considerados dineros públicos, teniendo en cuenta que desde el mismo momento en que ingresan en el patrimonio del congresista, como pago de salario, pierden su naturaleza pública para entrar en la esfera privada.

A juicio del agente especial del Ministerio Público no se tipifica la causal de indebida destinación de dineros públicos, en tanto: i) los dineros a los que se refiere el actor fueron el resultado de actividades ilícitas realizadas por ex funcionarios de Etesa y no formaban parte de los dineros públicos que tienen un origen legal y una destinación específica establecida previamente por la ley; ii) de las pruebas no se puede deducir que el congresista haya sido el autor intelectual o material de los hechos o tenido el control de las actividades realizadas por los ex funcionarios de Etesa, y iii), no hubo actividad personal por parte del senador Cáceres Leal para la recaudación y destinación de los dineros ilícitamente cobrados por los funcionarios de Etesa involucrados en los hechos ilícitos ampliamente conocidos en el expediente.

En cuanto al segundo cargo, relacionado con las reuniones del senador Javier Enrique Cáceres Leal con grupos paramilitares, encaminadas a incidir en los resultados del proceso electoral, el agente especial del Ministerio Público anota que analizado el contenido de la providencia de resolución de acusación en contra del senador Javier Enrique Cáceres Leal, se tiene que la Corte Suprema de Justicia, encontró que “se configura la prueba necesaria —directa e indirecta—, para afirmar que probablemente el ex senador Javier Enrique Cáceres Leal, se concertó para promover grupos armados al margen de la ley”.

Sin embargo, puntualiza que tal circunstancia, a pesar de su gravedad y de su honda connotación penal, estudiada desde la perspectiva de la pérdida de investidura, no constituye causal para la procedencia de figura.

A este respecto, recuerda que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han enfatizado que las causales de pérdida de investidura, por hacer parte del derecho sancionatorio, son taxativas y de interpretación restrictiva.

El Ministerio Público resalta que las reuniones con grupos de personas que actuaban al margen de la ley, para gestionar actividades ilícitas, a juicio de esta agencia del Ministerio Público, corresponden a conductas que no configuran la existencia de una causal de incompatibilidad que dé lugar al ejercicio de la acción de pérdida de investidura, porque se refieren a la comisión de delitos, concretamente a los hechos punibles de concierto para delinquir agravado y de financiación de terrorismo (arts. 340 y 345 del Código Penal respectivamente), los cuales son objeto de la acción penal cuya investigación y sanción está asignada a la Corte Suprema de Justicia por el artículo 186 de la Constitución Política y el artículo 267 de la Ley 5 de 1992.

Considera del caso tener en cuenta que los requisitos señalados para configurar la causal de incompatibilidad reseñada por el actor, específicamente se refieren a actividades lícitas y ante entidades públicas o personas que administren tributos y el grupo paramilitar al cual pertenecía el señor Uber Bánquez Martínez estaba al margen de desarrollar actividades lícitas, no hacía parte del órgano estatal y aunque en su accionar recibía dineros por el ejercicio de la extorsión o de la financiación de empresarios, alcaldes, fiscales, policías, agentes de la fuerza pública, jueces, gobernadores y autoridades políticas; esto no los coloca en la categoría de las personas que administran tributos.

Al no reunirse los requisitos antes mencionados no se configura por este hecho, a juicio de esta delegada, la causal de pérdida de investidura alegada por la parte actora.

En cuanto a la causal de tráfico de influencias advierte que su sujeto pasivo es cualificado, pues tal como lo enseña la jurisprudencia, desde la perspectiva del proceso político-disciplinario de la pérdida de investidura, se trata de una conducta de doble vía, en virtud del cual un congresista antepone su condición ante un servidor público que realiza un proceder que no desplegaría de no ser por la condición y el influjo que frente a él ejerce quien se lo solicita.

De esta manera, al margen de si la reunión a la que alude el testigo Uber Bánquez Martínez, se produjo realmente, lo cual se determinará en el proceso penal a cargo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la forma en que se desarrollaron los hechos que le atribuye el citado declarante al senador Cáceres Leal, por sí mismos no permiten estructurar la causal de tráfico de influencias, en tanto que alías Juancho Dique no tiene la condición de servidor público, sino que hace parte de un grupo de autodefensas al margen de la ley, y los temas tratados en la supuesta reunión no tienen relación con funciones oficiales o con asuntos relacionados con el servicio público, puesto que, como lo afirmó el citado testigo ante el Consejo de Estado, la petición que le elevó el congresista demandado guardaba relación, exclusivamente, con el hecho de que no le siguieran “matando a sus dirigentes”, aspecto que tampoco se adecúa a los requisitos para la configuración del supuesto comportamental.

De allí que, a su juicio, tampoco este cargo tenga vocación de prosperidad.

Por otra parte, el Ministerio Público coincide con la posición expresada por la defensa, en el sentido de que el salario del congresista una vez ingresa a sus arcas personales rompe el vínculo con el presupuesto de las entidades estatales, dejando de ser público. Por ello, la destinación que realice el congresista sobre el dinero que ingresa por ese concepto a su patrimonio no puede ser objeto de reglamentación o control por parte del Estado, ya que el servidor público tiene plena autonomía para realizar la distribución de su salario en los gastos o inversiones que considere pertinentes.

Considera que aplicar una interpretación diferente daría como resultado que las inversiones ilícitas realizadas por funcionarios públicos con el pago de su salario generarían responsabilidad del Estado por la vinculación de dicho dinero a este, cuando en realidad la voluntad de realizar determinada inversión o gasto depende única y exclusivamente del propietario de ese dinero, quien ya no es el Estado.

Anota que cualquier inversión o gasto en actividades ilícitas origina una investigación y si hay lugar a una sanción penal lo cual no es materia de discusión en el marco de la acción de pérdida de investidura.

Aunado a lo anterior, tampoco hay prueba de que el Congresista demandado haya financiado a los grupos paramilitares con sus propios recursos que permita por lo menos endilgarle la comisión de los punibles de concierto para delinquir o financiación del terrorismo.

Concluye su intervención, solicitando a esta corporación no acceder a la solicitud de pérdida de la investidura del senador demandado.

Allega concepto en cuarenta y siete (47) folios.

6.3. Luego intervino el demandado Javier Cáceres Leal, que manifestó que han sido 5 años de injusticias, ignominias y calumnias en su contra. Señala que apoyó a la señora Mery Luz Londoño para una candidatura en la ciudad de Cartagena, de la cual no resultó electa, anota que ese es su único vínculo con ella.

Afirma que el doctor Uribe Vélez, ex Presidente de la República, les prometió a los aspirantes a la Contraloría, que quienes no resultaran electos, serían nombrados en entidades y por ello la designó como gerente de Etesa. Manifiesta que el mismo accionado denunció a Mery Luz Londoño por la corrupción de Etesa, mucho antes de que se abrieran las investigaciones en contra del senador Cáceres. Que el accionante lo que hizo fue fusilar los titulares periodísticos de que hablan de conversaciones que vinculaban a Cáceres, pero ninguna conversación de las mencionadas lo involucra realmente.

Puso de presente que alias “Juancho Dique” ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo en las dos primeras declaraciones que no conocía a Cáceres, y que en una tercera, de 24 de febrero del año en curso, ya lo vinculó, cambió su versión por supuestas amenazas que funcionarios de esa Corte le hicieron, según lo afirmó el testigo.

Se refiere a los procesos electorales y explica cómo se dan al interior del partido Cambio Radical y dice que en momento alguno él ha escogido candidato, como allí se afirma. Hace énfasis en la renuncia presentada al partido Polo Democrático y manifiesta que él no votó los cuatro artículos que le interesaban a los paramilitares en la ley de justicia y paz.

6.4. A continuación se le concedió el uso de la palabra a su apoderado.

El doctor Orlando Acuña Gallego, apoderado del demandado, se refirió a los hechos de la demanda y su reforma, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de las mismas, con los argumentos de orden fáctico y legal que se resumen a continuación, no sin antes precisar que para una mejor comprensión hará su exposición de los alegatos de conclusión por separado. Así: considera de vital importancia el que se sepa cómo se tuvo conocimiento de los hechos que él denunció para dar lugar a este proceso, lo cual ocurrió por titulares de prensa, así mismo considera importante precisar, previo al análisis de las pruebas sobre tres aspectos: El carácter del proceso de proceso de pérdida de investidura; la carga de la prueba, que le corresponde al demandante y al Estado; y la presunción de inocencia. Al referirse a las pruebas, indica que el senador no aparece en conversación alguna que lo vincule con actos de corrupción en entidades estatales ni existe prueba de que haya recomendado a personas para ocupar cargos de dirección en Etesa, pues los mismos se regían por un sistema implementado bajo las normas Icontec y de acuerdo con las disposiciones legales que para tales efectos se han establecido, pues no es cierto que allí tenga cuotas burocráticas, ni que haya recibido beneficio alguno, según las declaraciones recepcionadas en este proceso, en donde en forma categórica y explicita se manifiesta no tener conocimiento de que el senador esté involucrado con dichos escándalos de corrupción; que al hacer un análisis de las transcripciones telefónicas, puede concluirse que en lugar de existir una incriminación, por el contrario, lo exoneran, y que según el análisis efectuado por personal especializado, sobre las 1200 horas de grabación, la conclusión determinante, es que no aparece registrada la voz del senador, ni aparece comprometido con hecho alguno al margen de la ley. Y que en el interrogatorio que se hizo, el demandante no contesta ninguna de las preguntas formuladas y opta por responder con evasivas y en síntesis elude la respuesta.

Que no percibió en provecho suyo los dineros que envuelven el caso de corrupción de Etesa, el cual fue denunciado por él, y cuya investigación se encuentra en curso en la Corte Suprema de Justicia, y en cuanto a los servidores que se encuentran investigados por estos hechos, nada tienen que ver con él, máxime cuando esos dineros no estaban a su disposición.

De otra parte, señala que las afirmaciones que se hacen en la demanda no se han probado dentro del sumario radicado con el Nº 28436. Señala que el senador no ha realizado las actividades que se describen y que no ha informado al país sobre hechos que equivocadamente le endilgan y que en efecto él ha aportado material probatorio relevante tanto en este proceso como en el que cursa en la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que la verdad salga a la luz pública. Que las supuestas reuniones a que se aluden, ninguna es real, pues el fundamento de tales afirmaciones nace de las versiones que han rendido los líderes paramilitares, en donde se deja entrever las contradicciones que en ellas mismas se suscitan —se refiere en particular a cada una de ellas— y considera que no puede dárseles credibilidad porque carecen de toda lógica y coherencia, pues no invocó su investidura para reunirse con miembros de estos grupos, menos para celebrar acuerdos que se reflejaran en las elecciones legislativas para el año 2002 y como consecuencia no podía obtener beneficios electorales. Hace una comparación de los resultados obtenidos por él en las elecciones de 1998 y de 2002, así como de la zona en donde supuestamente se hicieron los acuerdos, y que mal hace el accionante cuando afirma que el demandado compró votos cuando no existe prueba al respecto. Que la apertura de la investigación que hoy cursa en la Corte Suprema de Justicia obedece a la solicitud que el demandado formuló el 28 de septiembre de 2007.

Anota que de las pruebas aportadas al proceso, particularmente en relación con las declaraciones de los diferentes testigos, no se tiene certeza sobre el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos allí relatados, de igual manera hace énfasis en que las mismas son incoherentes y contradictorias, y encuentra serias falencias de los relatos que se hacen.

Concluye su intervención solicitando se desestimen las pretensiones de la demanda y por consiguiente no haya lugar a decretar la pérdida de la investidura.

Presenta resumen escrito en ciento sesenta y tres (163) folios.

VII. Consideraciones de la Sala

7.1. La competencia.

Esta corporación es competente para decidir las solicitudes de pérdida de investidura de los congresistas, según lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución Política, y a ello se procederá pues no se observa causal de nulidad de lo actuado.

7.2. El examen de los cargos.

Se precisa analizar si el senador Cáceres incurrió en la causal de incompatibilidad por gestión de negocios, o en tráfico de influencias, o en indebida destinación de dineros públicos, tanto respecto de las hechos relativos a Etesa como a los acuerdos con grupos paramilitares.

7.2.1. Calidad del demandado.

Aparece demostrado que el señor Javier Cáceres Leal fue elegido como senador de la República para los periodos 2002-2006 y 2006-2010, según certificación del director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien por lo tanto ostenta la calidad de congresista.

7.2.2. Las causales alegadas.

1. Incompatibilidad por gestión de negocios

El numeral 2º del artículo 180 de la Constitución Política, dispone:

“ART. 180.—Los congresistas no podrán:

[...].

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición”.

La prohibición contemplada en el numeral 2º del artículo 180 de la Constitución Política está también prevista en el literal 2º, artículo 282 de la Ley 5ª de 1992 que fijó el reglamento del Congreso y también definió las incompatibilidades como “los actos que no pueden realizar o ejecutar los congresistas durante el periodo para el cual fueron elegidos” (art. 281).

Este artículo es del siguiente tenor literal:

“Ley 5ª de 1992

[...].

ART. 282.—Manifestaciones de las incompatibilidades. Los Congresistas no pueden:

1. Desempeñar cargo o empleo público o privado.

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por si o por interpuesta persona, contrato alguno; con las excepciones que establezca la ley.

3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este”.

La Sala Plena de esta corporación ha analizado en oportunidades anteriores los presupuestos de esta causal, al decidir solicitudes de pérdida de investidura sustentadas en el cargo que en el caso presente se propone.

Así, en sentencia de 27 de junio de 2006 (C.P. Ramiro Saavedra Becerra)(23) puso de presente que la incompatibilidad que se analiza comprende tres situaciones:

(i) La gestión de asuntos, en forma directa o por interpuesta persona, ante entidades públicas o personas que administren tributos.

(ii) La que consiste en apoderar ante las mismas; y,

(iii) La concerniente a la celebración de contratos, en forma directa o indirecta, con los mismos sujetos.

En el precitado pronunciamiento la Sala Plena precisó que al erigir estas conductas en prohibiciones el Constituyente tuvo la intención de crear un marco normativo para que quienes detentan esa alta dignidad del Estado, no alteren el principio de igualdad “porque habrá preferencia o prelación en la solución del asunto, frente a los que tramitan el común de los ciudadanos”(24).

Consta en el Informe de la ponencia del “estatuto del congresista” rendido por los delegatarios el 16 de abril de 1991, el propósito que inspiró a los Constituyentes al erigir las precitadas conductas en prohibiciones. Se lee:

“La condición de parlamentario da a las personas que la ostentan, una excepcional capacidad de influencia sobre quienes manejan dineros del Estado y en general sobre quienes deciden los asuntos públicos, que establece condiciones inequitativas de competencia con el común de las gentes amén que puede llevar a la corrupción general del sector público...”.

Sobre dicha incompatibilidad, ha señalado también la Sala:

“reviste las características propias de una prohibición y al decir de la Corte Constitucional, una imposibilidad jurídica, vale decir que se consagra, en abstracto y de manera general, un impedimento para ejecutar cualquiera de la acciones allí señaladas como prohibidas”(25).

Según el Diccionario de la Academia Española(26), gestionar consiste en:

“Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera, y comúnmente se entiende como el adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta”.

La Sala ha enfatizado que la gestión “independientemente de su resultado, entraña una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que debe estar comprobada y no ser el resultado de inferencias subjetivas o suposiciones perspicaces”(27).

Así, pues, la gestión se configura con una acción, se traduce en la actividad efectiva: la conducta concreta y real por medio de la cual se demanda ante un sujeto algo, sin que sea relevante, para configurar el concepto, el obtener la respuesta o la finalidad propuesta.

Empero, no cualquier gestión configura la incompatibilidad que se analiza. Es indispensable tener en cuenta el móvil o causa de la misma. La gestión que configura la incompatibilidad que se estudia comprende la actuación del parlamentario ante una entidad pública o ante cualquier sujeto que administre tributos, para obtener resultados en beneficio propio o de intereses particulares, ajenos a los de la colectividad que representa.

Así lo puso de presente la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de los numerales 6º y 8º del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 “en el entendido de que las acciones, gestiones, intervenciones y convenios en ellos autorizados estarán circunscritos exclusivamente a la satisfacción de necesidades de interés general”.

Es del caso citar las consideraciones que en la citada providencia consignó la Corte, por ser pertinentes en el caso presente. Sostuvo:

“La Constitución ha señalado de manera directa algunas excepciones al régimen de prohibiciones aludido. Así, por ejemplo, el artículo 180 ha dejado en claro que no configura violación a su mandato la celebración de contratos o la realización de gestiones para la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones, mientras que el parágrafo 1º ibídem ha establecido que el ejercicio de la cátedra universitaria está exceptuado del régimen de incompatibilidades.

Pero, además de la facultad que de suyo tiene la ley para definir hasta dónde llegan las incompatibilidades que ella misma hubiese creado, la Constitución también ha dado lugar a que el legislador introduzca excepciones a algunas incompatibilidades de rango constitucional. Este es el caso de la prevista en el numeral 2º del artículo 180 de la Carta, relacionada con la gestión de asuntos ante entidades públicas, la actuación como apoderado ante las mismas y la celebración de contratos con ellas.

Debe destacarse, desde luego, que cuando la Constitución quiso autorizar a la ley para estatuir excepciones a sus reglas en esta materia, así lo plasmó de manera expresa, por lo cual debe entenderse que aquellas incompatibilidades a cuyo respecto tal posibilidad no fue consagrada configuran prohibiciones de orden absoluto, que no admiten excepciones distintas de las constitucionales.

(...).

a) El numeral 6º acusado faculta a los integrantes de las cámaras para ‘adelantar acciones ante el gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus circunscripciones electorales’. El numeral 8º, también objeto de impugnación, los autoriza para ‘intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante los organismos del Estado, en la obtención de cualquier tipo de servicio y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para el beneficio de la comunidad colombiana’.

Estos preceptos deben relacionarse necesariamente con el numeral 2º del artículo 180 de la Constitución, que prohíbe a los miembros del Congreso ‘gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas’.

Desde luego, por virtud de la misma norma, podía el legislador establecer las excepciones correspondientes.

Es claro que, al adelantar acciones ante el gobierno para buscar satisfacción de las necesidades de los habitantes de una parte del territorio nacional, el congresista está gestionando algo a nombre de otros, ante una entidad pública.

Pero, analizado el contenido de las excepciones, se encuentra que no consisten en la posibilidad de intermediar para servir intereses particulares, evento en el cual ellas harían perder todo vigor a la disposición constitucional hasta el extremo de dejarla sin sentido, sino que están orientadas a fines de interés general que los pobladores de la respectiva circunscripción electoral canalizan a través de quien, en el plano nacional, actúa como su representante.

Los preceptos, así entendidos, no se oponen a la Constitución Política, sino que, por el contrario, encajan dentro del papel que en la democracia ha sido atribuido a los congresistas, quienes tienen a su cargo una función representativa de los intereses de la comunidad, a cuyo servicio se encuentran, como todos los servidores públicos, según el artículo 123 de la Constitución.

Si la filosofía de las incompatibilidades radica, como se deja dicho, en la necesidad de impedir que la investidura congresional sea utilizada para beneficio puramente privado, los numerales atacados no desconocen el principio que las sustenta, desde el momento en que, por estar referidos a aspiraciones de naturaleza colectiva y al bien público, excluyen de plano todo asomo de interés personal”(28) (destaca la Sala).

Respecto del señalado elemento finalístico de la incompatibilidad que se analiza, en sentencia de 8 de agosto de 2001, la Sala advirtió que:

“... esa gestión o apoderamiento o celebración de contratos por parte de congresistas se hubiese realizado utilizando su capacidad de influencia sobre quienes deciden los asuntos públicos o sobre quienes manejan dineros del Estado”(29).

En la ya citada sentencia de 6 de octubre de 2009 (C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), a propósito de esta causal, se precisó:

“Siguiendo los pronunciamientos de la Sala y la semántica de los vocablos utilizados en su descripción normativa, se puede decir que la connotación sustancial de esa causal, gestión de negocios ante entidades públicas, es la de realizar diligencias, en interés propio o de terceros, de manera directa o por interpuesta persona, con el fin de obtener la satisfacción de un interés especial de personas determinadas, como respuesta o resultas de esas gestiones, pues todo negocio comporta un interés jurídico de quienes intervienen en él, susceptible de plasmarse o concretarse en situaciones subjetivas que implican prestaciones o contraprestaciones, según se precisa a continuación:

La Sala, en posterior sentencia reiteró:

“... gestionar consiste en “Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera, y comúnmente se entiende como el adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta”. Y para la Sala, la gestión “independientemente de su resultado, entraña una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que debe estar comprobada y no ser el resultado de inferencias subjetivas o suposiciones perspicaces”. De lo anterior se infiere que la gestión se configura con una acción, se traduce en la actividad efectiva: la conducta concreta y real por medio de la cual se demanda ante un sujeto algo, sin que sea relevante, para configurar el concepto, el obtener la respuesta o la finalidad propuesta”(30).

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que toda la expresión “gestión de negocios” significa literalmente “Cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin mandato de su dueño”, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.

En concordancia con esa acepción, la expresión “gestor de negocios” es definido en el mismo diccionario como “Persona que sin tener mandato para ello, cuida bienes, negocios o intereses ajenos, en pro de aquel a quien pertenecen”.

De suerte que la existencia de un interés especial en cabeza de personas determinadas, constituye un elemento medular de la gestión de negocios, sea cual fuere el ámbito jurídico en que ella se realice, toda vez que todo negocio comporta un interés jurídico de quienes intervienen en él, susceptible de plasmarse o concretarse en situaciones subjetivas que implican prestaciones o contraprestaciones especiales, cuya procuración del Estado, directamente o por interpuesta persona, para sí o para terceros, justamente se canaliza a través de la gestión del negocio ante una entidad pública”.

En síntesis:

La gestión de negocios que prohíbe el numeral 2º del artículo 180 de la Carta Política, comporta una actividad o conducta positiva del congresista frente a un sujeto cualificado, la cual se adelanta con el propósito de satisfacer intereses extraños al ejercicio de la función pública a su cargo y con violación del principio de igualdad que orienta las relaciones ordinarias del parlamentario.

2. Tráfico de influencias debidamente comprobado

Respecto de esta causal, el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Nacional consagra:

“Los Congresistas perderán su investidura:

[...].

5º. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”.

La Ley 5ª de 1992 en el artículo 296 prevé:

“Causales. La pérdida de investidura se produce:

[...].

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”.

Autonomía frente al tipo penal que recoge esa conducta.

Debe recordarse que con la Sentencia C-319 de 1994, (M.P. Hernando Herrera Vergara)(31), la Corte Constitucional concluyó, frente al parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, que la exigencia de proceso penal condenatorio previo para adelantar el trámite de pérdida de investidura en el caso de la “indebida destinación de dineros públicos” y de “tráfico de influencias”, era una exigencia claramente inconstitucional, dado que, en primer lugar, la ley no podía restringir la naturaleza específica del proceso de pérdida de investidura consagrada por el constituyente y hacer al Consejo de Estado dependiente de la decisión penal, porque se trataba de una restricción no consagrada en la Carta y de dos procesos de naturaleza diversa. En segundo lugar, porque una determinación normativa semejante, avalaba una doble sanción por una misma conducta, en detrimento del principio de non bis in idem.

Dijo al respecto la Sentencia C-319 de 1994 que:

“[U]n servidor puede ser procesado penalmente, sin perjuicio de la acción disciplinaria, frente a una supuesta falta o infracción, más aún cuando la Carta Política no exige en parte alguna que previamente a la declaratoria de pérdida de investidura de los congresistas, de que tratan las causales 4ª y 5ª del artículo 183, se requiera “previa sentencia penal condenatoria”.

“Tal visión recortaría en forma grave la competencia de esta corporación, órgano al cual la Constitución le confiere exclusivamente la competencia de decretar la pérdida de la investidura. Se observa además, que sin la plenitud de atribuciones inherentes al ejercicio de jurisdicción en materia sancionatoria, como son las competencias judiciales de instrucción, de acusación y de juzgamiento, no podría constitucionalmente habérsele asignado al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo la competencia de imponer esta sanción, sometiéndola a la existencia de un requisito previo, no previsto en la Carta, como lo es el de la “previa sentencia penal condenatoria” a que alude la norma acusada”.

En el mismo sentido se pronunció la Sentencia C-247 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), en la que se declaró inexequible el artículo 5º de la Ley 144 de 1994(32), al sostener que:

“La Corte debe insistir en que las normas constitucionales sobre pérdida de la investidura tienen un sentido eminentemente ético. Buscan preservar la dignidad del congresista y, aunque se refieran a conductas que puedan estar contempladas en la legislación como delictivas, su objeto no es el de imponer sanciones penales, sino el de castigar la vulneración del régimen disciplinario impuesto a los miembros del Congreso en razón de la función que desempeñan. Al congresista no se lo priva de su investidura, inhabilitándolo para volver a ser elegido en tal condición, por el hecho de haber incurrido en un determinado hecho punible y menos como consecuencia de haber sido hallado penalmente responsable. Lo que esta corporación deduce en el curso del proceso correspondiente es la violación, por parte del implicado, de las normas especiales que lo obligan en cuanto miembro del Congreso. Se trata de un juicio y de una sanción que no están necesariamente ligados al proceso penal que, para los respectivos efectos, lleve a cabo la jurisdicción, pues la Constitución exige más al congresista que a las demás personas: no solamente está comprometido a no delinquir sino a observar una conducta especialmente pulcra y delicada que, si presenta manchas, así no sean constitutivas de delito, no es la adecuada a la dignidad del cargo ni a la disciplina que su ejercicio demanda”.

A raíz de estas reflexiones constitucionales con efectos erga omnes, y de la declaratoria de inexequibilidad de las normas indicadas(33), esta corporación reconoció que las causales establecidas en la Carta para la pérdida de investidura exigen una definición propia, por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con lo normado por la Constitución.

Es más, dado que el proceso penal y el de pérdida de investidura entrañan un juicio de responsabilidad diferente en cada caso, esta corporación ha reconocido que la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias es independiente de cualquier tipo penal, favoreciendo una interpretación específica acorde con la naturaleza del proceso correspondiente.

Esa autonomía la ha advertido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, entre otras, en sentencias de 8 de agosto de 2001, Expediente AC-10966 y de 29 de julio de 2003, Expediente PI-00522, en las cuales se dice que existen algunos criterios que discrepan de la remisión a la ley penal, atendiendo principalmente a que la Corte Constitucional determinó que la responsabilidad disciplinaria es diferente y separable de la penal(34), y que la norma que la consagra se debe interpretar teniendo en cuenta que las palabras que no tienen definición en la ley deben ser tomadas en su sentido natural y obvio, conforme al uso general de las mismas, tal como lo ordena el artículo 28 del Código Civil.

2.1. Elementos que la constituyen.

La configuración del tráfico de influencias como causal de pérdida de la investidura ya se había establecido en sentencia de 30 de julio de 1996, Expediente AC- 3640, (C.P. Silvio Escudero Castro), al señalarse lo siguiente:

“Con el fin de estructurar los elementos que podrían configurar el tráfico de influencias para efectos de la pérdida de investidura de los congresistas, tomando como referencia las disposiciones antes enunciadas y lo que la doctrina ha dejado sentado en materia disciplinaria sobre el particular, tenemos que ellos serían:

a. Que se trate de persona que ostente la calidad de Congresista;

b. Que se invoque esa calidad o condición;

c. Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero, dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas a favor de sus regiones;

d. Con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o hubiese de conocer”.

En igual sentido, en sentencia de 10 de febrero de 1998, (Exp. AC-5411, C.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía), se sostuvo:

“Ante la falta de definición constitucional o legal respecto a esta causal de desinvestidura de los congresistas, la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional y del Consejo de Estado, ha precisado que dicha disposición constitucional tiene un sentido eminentemente ético y bajo esta óptica debe examinarse, independientemente de las previsiones penales que contemplan conductas semejantes. No se incurre en el caso de los congresistas en una sanción de tipo penal, sino en la de castigar la violación del régimen disciplinario que regula el ejercicio de estos servidores públicos. La Sala al proferir sentencia del 30 de julio de 1996, Expediente AC-3640 con ponencia del doctor Silvio Escudero, tomando como referencia lo que en materia disciplinaria ha dejado sentado la doctrina sobre el particular y de otra parte, el artículo 147 del Código Penal que define el tráfico de influencias, precisó los elementos que podrían configurar esta conducta en el caso de los congresistas, no sin antes advertir que lo hacía desde el punto de vista constitucional y no penal, es decir no tuvo en cuenta el precepto penal para aplicarlo al caso allí decidido, sino como simple referencia para establecer por vía de jurisprudencia los elementos que en sentir de la Sala, configuran el tráfico de influencias según el sentido natural y obvio de las palabras con que se describe la causal en la Constitución.

Ahora bien tratándose de una causal enmarcada en conceptos de ética y moral que por falta de reglamentación legal, su sentido y alcance debe ser fijado por el intérprete, la aplicación de los anteriores elementos debe estar precedido en un juicioso análisis para no incurrir en desigualdades e injusticias, dadas las actividades que en ejercicio de sus funciones realizan los congresistas en representación de sus regiones, pero además el hecho que se alegue con fundamento en esas hipótesis, deberá sustentarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

Siguiendo el lineamiento anterior, también en sentencias proferidas dentro de los expedientes AC-7084, magistrado ponente Silvio Escudero Castro y AC- 7784-AC-7855 magistrado ponente Javier Díaz Bueno, se adoptaron los fallos de pérdida de investidura correspondientes sobre la base de que la causal “tráfico de influencias” se estructura conforme se dé la existencia de los elementos antes citados.

3. Indebida destinación de dineros públicos.

El numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política, preceptúa:

“ART. 183.—Los congresistas perderán su investidura:

[...].

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

[...]”.

Al respecto, sea lo primero decir, que de acuerdo con las consideraciones generales expresadas en la Asamblea Nacional Constituyente con respecto a la “indebida destinación de dineros públicos”, fuera de la enunciación general de la causal, esta no estableció un contenido específico para esa figura. La discusión sobre ella se circunscribió a establecer la causal y a hacer referencia a algunas de las conductas que eventualmente podrían llegar a determinar esa causal en concreto(35).

En consecuencia, ha correspondido al Consejo de Estado (C.P, art. 184), darle el alcance pertinente a la causal, especialmente porque su contenido no se encuentra definido de manera expresa en la Constitución Política, ni en el artículo 296-4 de la Ley 5ª de 1992, ni en la Ley 144 de 1994.

Debe recordarse que la indebida destinación de dineros públicos enunciada en el numeral 4º del artículo 183 de la Carta, supuso originalmente para esta corporación, en razón al ordenamiento jurídico existente, una reflexión previa de orden penal, con ocasión del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992(36). Ese artículo consagraba la necesidad de una sentencia penal condenatoria anterior, para que la causal de pérdida de investidura descrita, pudiera proceder a ser analizada por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Por consiguiente, esta corporación en sus primeras providencias, invocó la necesidad de respetar tal requisito de orden legal para aceptar la procedencia de la acción y estimó determinante la interpretación y calificación de los hechos por parte del juez penal(37).

Según se analizó en el acápite precedente, con posterioridad la Corte Constitucional mediante Sentencia C-319 de 1994, declaró inexequible el parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, relativo a la exigencia de proceso penal condenatorio previo para adelantar el trámite de pérdida de investidura en el caso de la “indebida destinación de dineros públicos” y de “tráfico de influencias”.

Al destacar la autonomía e independencia de estas causales de pérdida de investidura, frente a los tipos penales que recogen esas conductas, puso de presente que el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política no condiciona la causal de pérdida de la investidura por las causales de tráfico de influencias e indebida destinación de dineros públicos, a la previa sentencia condenatoria penal, de manera que dada la autonomía de las decisiones de índole penal y de pérdida de la investidura no se requiere que dentro de un proceso penal se decida si se incurrió o no en la comisión del delito de tráfico de influencias como requisito para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo proceda a adelantar y decidir un proceso de pérdida de la investidura.

Ahora bien: En lo concerniente a la independencia de la causal de indebida destinación de dineros públicos con respecto al proceso penal, la Sentencia AC-2102 del 19 de octubre de 1994(38) de esta corporación precisó que:

“... la indebida destinación de dineros públicos no necesariamente se configura, ni mucho menos exclusivamente, porque la utilización, ordenación o aplicación de esos específicos dineros públicos por parte del congresista se realice en forma ilícita, esto es, con transgresión de los linderos del derecho penal. En otros términos, no es de la esencia, ni tampoco el único comportamiento para la estructuración de dicha causal, que la conducta del congresista sea constitutiva o esté tipificada en la ley penal como hecho punible”.

Cabe señalar que esta corporación ha asumido distintas posiciones en relación con el concepto de “dineros públicos” a que refiere la causal.

En relación con los elementos de tipicidad que configuran la causal de indebida destinación de dineros públicos en sí misma considerada, la Sentencia AC- 9877 del 30 mayo de 2000(39), precisó el alcance interpretativo que el Consejo de Estado le ha dado al artículo 183 numeral 4º de la Carta desde entonces, de la siguiente forma:

“4. Contenido y alcance de la causal invocada.

Sustenta el actor la petición de pérdida de investidura del representante a la Cámara Octavio Carmona Salazar, en la causal cuarta del artículo 183 de la Constitución, la misma que aparece reproducida en el numeral 4º del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, consistente en la indebida destinación de dineros públicos, cuyo contenido no se encuentra definido en el texto constitucional, ni tampoco en las normas legales que reglamentan el ejercicio de la acción ciudadana a la cual aquella está referida (leyes 5ª/92 y 144/94).

No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que destinación, como acción y efecto de destinar, significa ordenar, señalar, aplicar o determinar una cosa para algún fin o efecto; por consiguiente, desde el punto de vista jurídico, aquella se torna indebida, cuando quiera que recae o se aplica a un fin o propósito distinto, o contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra previsto o destinado un determinado bien, o cuando versa sobre algo prohibido, ilícito o injusto, o innecesario.

“Entre la gama de conductas que pueden dar lugar a la causal en cuestión, si bien algunas de ellas al tiempo se encuentran definidas en la legislación penal como delitos, tales como: el peculado (por apropiación, por uso, o por aplicación oficial diferente (arts. 133, 134 y 136 del C.P.), el enriquecimiento ilícito (art. 148 del C.P.), el interés ilícito en la celebración de contratos (art. 145 del C.P.), el trámite de contratos sin observancia de los requisitos legales (art. 146 del C.P.), ellas no son las únicas a las que se refiere el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución, por cuanto existen otras más, que perfectamente pueden quedar comprendidas en esta específica causal de pérdida de investidura, en tanto consistan en la aplicación de dineros públicos a una finalidad o propósito diferente o contrario al legal o reglamentariamente preestablecido, sin que necesariamente las mismas estén tipificadas como delitos.

Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc.

En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos” (énfasis fuera de texto).

Sobre este aspecto, debe destacarse que la providencia AC-9877 indicada, hizo una interpretación semántica de las expresiones “destinación” e “indebida” de la causal invocada en el artículo 183-4 de la Constitución Política, conforme a su tenor literal. La primera expresión involucra según esa sentencia, los verbos rectores “ordenar, señalar, aplicar o determinar una cosa para algún fin o efecto” y la segunda expresión implica, “aplicar a un fin o propósito distinto, o contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra previsto o destinado un determinado bien, o cuando versa sobre algo prohibido, ilícito o injusto, o innecesario”(40). Sentencias posteriores(41) de la Sala Plena de esta corporación, como la PI-030 de 2002(42), han sostenido que el significado de las expresiones normativas descritas, ha sido interpretado por ese tribunal conforme con la Ley 153 de 1887, es decir en su “sentido natural y obvio” y acorde con el diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Esta interpretación semántica del alcance de la causal, se ha extendido recientemente a la expresión dineros públicos contenida en el artículo 183-4 de la Constitución Política. Al respecto, el Consejo de Estado ha considerado que una interpretación restrictiva de dineros públicos limitada a la acepción de moneda(43), permitiría que solo los ordenadores del gasto pudieran ser censurados por la indebida destinación de dineros públicos, cuando hay conductas que pueden dar lugar a esa indebida destinación de dineros, en situaciones en las que tales ordenadores no estén directamente involucrados.

Desde esta perspectiva, puede haber indebida destinación de dineros públicos de manera directa, cuando el ordenador del gasto dispone ilícitamente de los recursos del erario. Pero puede haber una indebida destinación, indirecta, cuando el congresista, que no es ordenador del gasto, propicia con su conducta, una destinación distinta de dineros públicos, al objeto para el que fueron consagrados(44).

En otra ocasión, la Sala Plena de esta corporación mediante sentencia de 1º de julio de 2003(45) sostuvo:

“Teniendo en cuenta las particularidades del presente caso se hace necesario referirnos a la diferencia entre la indebida destinación de dineros públicos y el peculado por uso este punto partiendo en primer término de la tipificación legislativa del peculado por uso.

“ART. 398.—Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones...”.

Sobre el particular expresamente se ha precisado esta corporación en los siguientes términos:

• “Para la sala es obvio que existe clara diferencia en una conducta que encierra un tipo penal, regulada por el código de la materia, y la prevista en la Constitución y la ley como causal de un proceso constitucional de pérdida de investidura, como es el caso de la indebida destinación de dineros públicos. En primer lugar, hay que precisar que la Constitución no señala tipos penales; esa labor está deferida al legislador; y por fuera de esta diferencia simplemente orgánica, en segundo lugar, se tiene que la descripción que hace la Constitución de la conducta erigida como causal de desinvestidura, es sustancialmente distinta de los tipos penales nominados como “delitos contra la administración pública”, si bien - por razón de la zona donde operan - puedan tener también algunas similitudes” (Sent. AC - 2102 de oct. 19/94).

En síntesis se colige de lo anterior, que la destinación indebida de dineros públicos por parte de un congresista conlleva a la Pérdida de la Investidura; además, el alcance de tal causal está circunscrito a la indebida destinación de dineros públicos, entendidos estos en sentido restrictivo; es decir, monetario y no referida a otros bienes fiscales, adquiridos con dineros públicos. Interpretación esta que se adecua al carácter taxativo y restringido de la causal bajo estudio, por los efectos sancionatorios de la misma, —perdida de la investidura—. Mientras que entratándose del uso indebido de bienes del Estado de cualquiera naturaleza la sanción es de carácter penal...”.

Los cargos

El accionante pretende que se decrete la pérdida de investidura del senador Javier Enrique Cáceres Leal, invocando tres causales de pérdida de la investidura: (i) violación del régimen de incompatibilidades por gestionar asuntos en nombre propio (C.P., art. 180-2), (ii) tráfico de influencias (C.P., art. 183-5), e (iii) indebida destinación de dineros públicos (C.P., art. 183-4) que fundamenta en dos supuestos fácticos, a saber:

1. Por los hechos en Etesa, el actor sostiene que el senador demandado incurrió en la violación al régimen de incompatibilidades por gestión de negocios y en tráfico de influencias, al haber gestionado, recomendado, presionado o impuesto en Etesa la designación de servidores públicos en cargos estratégicos, y haberse beneficiado de los cobros de millonarias comisiones procedentes de cobros a operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar, que como contraprestación a su actividad ilegal efectuaban funcionarios de Etesa que, a la postre fueron judicializados, conducta que además, lo hace incurso en indebida destinación de dineros públicos.

2. Por los hechos relacionados con el “paramilitarismo”, sostiene que el senador demandado incurrió en la violación al régimen de incompatibilidades por gestión de negocios, en tráfico de influencias, y en indebida destinación de dineros públicos, por haber asistido a reuniones, y llegado a acuerdos contrarios a la ley, relativos al proceso electoral con líderes “paramilitares” de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, (Bloques de María), que supuestamente lo llevaron a ganar su curul en las elecciones de 2002 y 2006 en las zonas bajo su control militar, lo cual habría producido la desviación de dineros públicos.

Para una mayor claridad, estas se examinarán a continuación, por separado.

El contexto de las acusaciones atinentes a Etesa

La Sala estima pertinente hacer unas consideraciones previas al examen de las acusaciones, en relación con el contexto y los antecedentes en que se enmarcan los supuestos fácticos en que se fundamentan las causales alegadas, así:

• La fiscalía 212 delegada ante los jueces penales del circuito, dio inicio a la investigación penal correspondiente al Expediente 2007-00429 teniendo como soporte jurídico que el día 27 de agosto de 2007, se recibió oficio (DEN07 – 4066/AVU 33300), del señor Rodrigo Lara Restrepo director del programa presidencial de lucha contra la corrupción, en el cual puso a disposición quejas de la ciudadanía por actos de corrupción, contra la vicepresidencia comercial de Etesa(46) y algunos delegados donde se ponen de presente la existencia de tarifas de cobros ilegales, por parte de los funcionarios relacionados.

• Etesa, para el cumplimiento de sus funciones, contrata a personal bajo la figura de delegados, los cuales poseen un contrato de prestación de servicios personales, para el desempeño de actividades de apoyo al control y seguimiento de los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados(47) a nivel Nacional y en la zona para la cual se designen. Es de resaltar que estos no son funcionarios de planta y en los contratos se estipulan sus funciones y obligaciones.

• En atención a las constantes quejas de la ciudadanía y a la denuncia citada, la Fiscalía emitió diferentes órdenes a policía judicial, tales como interceptaciones telefónicas, búsquedas selectivas en bases de datos, vigilancias y seguimientos a cosas y personas: estos arrojaron elementos materiales probatorios que dan cuenta respecto de la existencia de una Organización que delinquía al interior de Etesa, en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, liderada por los delegados, Alexander Gomez Stevenson y Jaime Román Miranda Quintero, quienes durante su permanencia en la entidad, en asocio con personas que no tenían vinculación laboral alguna con esta (Walter Enrique Caicedo García, Álvaro Ríos Rojas y José Acosta Ramírez); exigían a los operadores de máquinas de juegos de azar que carecían de autorización de Etesa para su operación, sumas de cincuenta mil pesos ($ 50.000) por máquina para permitir su funcionamiento.

• En la investigación se logró la individualización tanto de algunos operadores ilegales, como de otros sujetos, que prestaban sus cuentas de ahorro personal, para recibir dichos dineros que estaban siendo desviados hacia particulares de manera ilícita, impidiendo así que Etesa cumpliera a cabalidad el propósito para el cual fue creada.

• Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos de lograr la judicialización de las personas antes mencionadas, las labores investigativas se centraron en la búsqueda de elementos materiales probatorios y evidencia física que conllevaron a la captura de 13 personas por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, concusión, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, de los cuales, quienes se allanaron a los cargos se hallan en el momento condenados y quienes no, privados de la libertad, a espera de que se fijen las fechas para las respectivas audiencias de juicio oral.

• A la investigación penal fueron vinculados los señores Alexander Gómez Stevenson y Jaime Román Miranda Quintero, quienes contaban con contrato de prestación de servicios con Etesa, asignados a la vicepresidencia comercial de la entidad, para llevar a cabo actividades propias de control y seguimiento específicamente en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, entre las cuales se destacan, las siguientes:

— Realizar los operativos de control necesarios para la suspensión de la operación ilegal de juegos de suerte y azar las cuales podrán ser de oficio o cuando la vicepresidencia comercial de Etesa lo requiera, sellando los instrumentos y/o establecimientos o cualquier modalidad de juegos que no cuenten con la respectiva autorización.

— Recaudar las pruebas de las presuntas infracciones que contra la actividad monopolística de juegos de suerte y azar de competencia de Etesa de detecte en la zona en la cual presta su servicio y remitirlas a Etesa.

— Reportar al asesor de control y seguimiento las actas de visita y fiscalización en un plazo no mayor de 48 horas de realizada esta, entre otras.

Resulta importante mencionar que el 6 de febrero de 2008, Alexander Gomez Stevenson, fue designado delegado de Etesa en los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Santander y Vichada y que de acuerdo con los audios de diferentes líneas interceptadas en el proceso, Alexander Gomez Stevenson, durante el periodo de ejecución del contrato firmado con Etesa y después de la terminación del mismo, coordinó con varios particulares a través de comunicaciones telefónicas, la designación de funciones propias de su cargo, como la de realizar visitas a los establecimientos en los que debía ejercer control, así como la realización de actas, sellamientos y otras ilícitas y además contrarias a las funciones que se enuncian en su contrato, como el cobro a los operadores para permitir el funcionamiento de las máquinas de juego que no cuentan con la respectiva autorización de Etesa para su operación en los departamentos en los cuales fue designado como delegado. Posteriormente el 17 de marzo de 2010 es capturado por el Gaula de la Policía Nacional de Bucaramanga por el delito de extorsión, razón por la cual acordó con la entonces presidenta de Etesa para ese entonces (Mery Luz Londoño García), el nombramiento de Jaime Román Miranda Quintero (novio de su hija) y quien es vinculado a la entidad mediante contrato de prestación de servicios Nº 2090 0054 de 2009, el 25 de febrero de 2009, como delegado territorial de Etesa para los mismos departamentos en que el señor Gomez Stevenson había prestado sus servicios, continuando con la actividad ilícita que se venía desarrollando.

La Fiscalía 304 constató que los dineros que debía recaudar la entidad para ser aportados al sector salud, principalmente en los departamentos y municipios del país, estaban siendo desviados hacia particulares quienes se lucraban de manera ilícita, impidiendo así que Etesa cumpliera a cabalidad el propósito para el cual fue creada; por lo que finalmente y tras diferentes labores de policía judicial, se logró la vinculación formal del señor Jaime Román Miranda Quintero, capturado el 13 de julio de 2009 por los presuntos delitos de concusión y concierto para delinquir, quien se allanó al cargo de concusión siendo condenado a 58 meses de prisión por el juzgado 12 penal del circuito con función de conocimiento - descongestión, mediante sentencia proferida el 23 de noviembre de 2009.

En cuanto al señor Alexander Gómez Stevenson, fue vinculado el 16 de diciembre de 2009 de manera formal al proceso y se encuentra actualmente recluido en la cárcel Modelo de esta ciudad, por los delitos de concusión, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Durante el desarrollo de la labor investigativa, se allegaron evidencias de que los ex delegados de Etesa, Alexander Gómez Stevenson y Jaime Román Miranda Quintero, pagaban una cuota mensual producto del dinero recaudado a los operadores de máquina ilegales en los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Santander en los cuales habían sido designados como delegados territoriales de Etesa, a los señores Mery Luz Londoño García (ex presidenta de Etesa) y a su esposo Raúl Quintana Tatis (persona que no tenía relación laboral con la entidad), a cambio de que se les garantizara, en un principio la contratación y posteriormente la permanencia en la entidad, razón por la cual se logró identificar a estas personas como presuntos autores o partícipes de la conducta investigada.

Del desarrollo de la tareas dispuestas por el ente investigador, se estableció la existencia de una organización que delinquía al interior de Etesa, en jurisdicción de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y la ciudad de Bogotá, liderada por los delegados, Alexander Gomez Stevenson y Jaime Román Miranda Quintero, quienes en asocio de los asistentes Walter Enrique Caicedo García, Álvaro Ríos Rojas y José Acosta Ramírez, exigían a los operadores de máquinas de juegos de azar que no contaban con autorización de Etesa para su operación, en los territorios antes mencionados, sumas de cincuenta mil pesos ($ 50.000) por máquina para permitir su funcionamiento.

Como resultado de las indagaciones adelantadas, la fiscalía 304 estableció el organigrama de la empresa criminal liderada por el señor Alexander Gomez Stevenson, así:

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Del análisis de las resultados de las labores judiciales e investigativas, con el fin realizar una investigación integral a fin de determinar la materialidad de la conducta que pudiera tipificarse de acuerdo al ordenamiento penal vigente, la fiscalía 304 profirió diferentes órdenes a la policía judicial, tales como, búsquedas selectivas en bases de datos, labores de vigilancia y seguimiento de personas y de cosas, interceptación de comunicaciones, declaraciones juradas, inspecciones judiciales y entrevistas con el fin de recolectar evidencia materia probatoria, EMP, labores investigativas que conllevaron a la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física en contra de los presuntos autores o participes de los hechos que se investigan, resultados estos que fueron plasmados en el informe ejecutivo signado el 20 de septiembre de 2010, los cuales dan cuenta del actuar irregular de los procesados Mery Luz Londoño García y Raúl Quintana Tatis, situación que conllevó por parte de esta fiscalía delegada, a solicitar ante el juez penal municipal con función de control de garantías, se profirieran las correspondientes órdenes de captura como presuntos responsables de las conductas punibles tipificadas en nuestro ordenamiento penal vigente como concusión (art. 404) y concierto para delinquir (art. 340), a lo cual se accedió por parte del juzgado 59 penal municipal con función de control de garantías.

Por estos hechos, en audiencia llevada a cabo el día 23 de septiembre de 2010, ante el juzgado veinte (20) penal municipal con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación a través de este delegado fiscal, legalizó su captura y formuló imputación en contra de:

Mery Luz Londoño García, en calidad de coautora de las conductas punibles de concusión y concierto para delinquir, tipificadas en los artículos 404 y 340 del Código Penal, cargos a los cuales no se allanó.

Raúl Quintana Tatis, en calidad de coautor de las conductas punibles de concusión, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, tipificadas en los artículos 404, 327 y 340 del Código Penal, cargos a los cuales no se allanó.

Por los mismos hechos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta investigación en contra del senador Cáceres en el Expediente 32009.

— Análisis de los cargos de la demanda y su reforma:

Primero y segundo cargos: violación del régimen de incompatibilidades y tráfico de influencias, por gestionar asuntos en nombre propio, por haber recomendado, presionado o impuesto la designación de la presidenta de Etesa y del personal directivo en cargos estratégicos, y (ii) haber participado en actos de corrupción ejecutados por funcionarios de la entidad judicializados, relacionados con cobros ilegales a operadores de casinos, de máquinas tragamonedas y de juegos de suerte y azar.

En razón a que los hechos en que se fundamentan estos cargos, tienen una relación inescindible, se analizarán en forma conjunta.

En efecto, el actor sostiene que el senador demandado incurrió en las causales de pérdida de investidura por violación de incompatibilidades que prohíbe la gestión de negocios y simultáneamente en tráfico de influencias debidamente comprobado, por haber tenido injerencia en el nombramiento en Etesa de Mery Luz Londoño García (presidente), Alexander Gómez Stevenson (delegado de Etesa para Santander, Norte de Santander, Cesar y Vichada), de Walter Enrique Caicedo García (su asistente) y de Jaime Román Miranda Quintero (sucesor y yerno de Gómez Stevenson) que favorecieron y privilegiaron sus intereses personales.

El senador demandado gestionó el nombramiento de personal directivo de Etesa, para conformar una banda criminal que desviara a sus arcas personales, los recursos de la salud y que permitió defraudar al Estado. Esta conducta lo haría incurso en la causal de incompatibilidad por gestión de negocios y en tráfico de influencias.

Para resolver, se considera:

Etesa fue creada mediante la Ley 643 de 2001, como una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, con el objeto de explotar como arbitrio rentístico los juegos definidos por esta ley como novedosos y las demás que se le asignen.

Compete al Presidente de la República designar al presidente de Etesa, conforme lo preceptúan la Ley 643 de 2001(48), el Decreto 146 de 2004(49) (ene. 21), por el cual se modifica la estructura de Etesa y los artículos 5º(50), 27(51) y 39(52) del Acuerdo 000 de 2008(53). Por otra parte, los cargos de los funcionarios directivos a los que hace alusión el demandante, que son de dirección y confianza: delegado, vicepresidente comercial y de recaudo, son provistos por la Presidencia de Etesa.

Las pruebas válidamente recaudadas, en particular, las testimoniales solo evidencian que los directivos de Etesa a que se refiere la denuncia del actor, son conocidos o amigos del senador. La prueba testimonial desvirtúa que hubiesen sido nombrados en la entidad por injerencia suya, o que hubiese mediado recomendación de su parte, a cambio de una contraprestación, que lo hiciese incurso en conducta sancionable con pérdida de investidura.

En efecto, los declarantes son coincidentes en desvirtuar que el senador demandado hubiese recomendado su nombramiento, intervenido en este o exigido a cambio, contraprestación de alguna naturaleza.

Las distintas declaraciones bajo juramento y sus ampliaciones recepcionadas por la Consejera Sustanciadora durante la etapa probatoria, a Mery Luz Londoño García(54) (presidente de Etesa), Alexander Gómez Stevenson(55), Walter Enrique Caicedo García(56), Jaime Román Miranda(57), Sandra Guzmán(58), Jhonny Ordosgoitia Osorio(59), y Jhonny José García Tirado(60), y Raúl Quintana Tatis(61) son coincidentes en desvirtuar los supuestos fácticos configurativos de la causal alegada.

Así surge de manifiesto de los testimonios, como enseguida se analiza:

La expresidente de Etesa, señora Mery Luz Londoño García, rindió declaración en términos coincidentes, en virtud de despacho comisorio, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar el 26 de mayo de 2010, posteriormente, el 11 de octubre de 2010(62) dentro del expediente disciplinario IUS 10433 de 2010 ante la Procuraduría General de la Nación, y el 3 de noviembre de 2010 en la Sala de Audiencias de esta corporación, diligencia esta última en la cual se ratificó de las afirmaciones realizadas en las diligencias primeramente mencionadas.

En esta última ocasión, manifestó a la Consejera Sustanciadora:

“Preguntada: Ante los medios de comunicación usted sostuvo tener amigos comunes, con el senador Cáceres y haber vinculado algunos de ellos en Etesa. La revista Cambio en su edición del 10 de febrero de 2010 publicó que usted había manifestado a dicho medio que cuando se desempeñaba como presidenta de Etesa el señor Javier Cáceres Leal le había recomendado candidatos que terminaron desempeñando cargos de nivel directivo como fueron Jhony García, Sandra Guzmán, Iván Marrugo y otros, sírvase manifestar si estos hechos fueron ciertos y si igualmente lo fueron tales recomendaciones, en qué cargos se hicieron nombramientos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretó la intervención del senador Cáceres Leal. Contestó: Debo precisar que lo que he manifestado en los medios de comunicación, especialmente a la revista Cambio, especialmente a los medios de control y justicia, es que mientras me desempeñé como presidenta de Etesa vinculé algunas personas, a quienes el senador me había presentado con anterioridad, es decir, antes de vincularme al cargo. Anteriormente he manifestado que conozco al senador desde hace más de 10 años, que él me respaldó en mi aspiración a la alcaldía de Cartagena y que igualmente yo lo respaldé en su campaña al Senado en el 2005, por lo que tenemos amigos en común. En relación con las personas que se mencionan, la doctora Sandra Guzmán la conocí en el Congreso de la República cuando yo participaba en el proceso de elección de Contralor General de la República. El doctor Jhonny García lo conozco por ser hermano de quien fuera Concejal de Cartagena, actualmente Representante a la Cámara, el doctor William García. Preguntado: En qué forma y en qué año llegó usted a Etesa. Contestó: Fui nombrada en Etesa el día 8 de noviembre de 2006 y me posesioné el 9 de noviembre del mismo año. Preguntado: El senador Cáceres Leal tuvo alguna injerencia en su nombramiento o en su permanencia en Etesa. Contestó: Mi nombramiento en Etesa, fue producto de un ofrecimiento directo del entonces Presidente de la República, siendo yo candidata a la Contraloría General de la República, en un evento en el que asistimos los tres candidatos a la Contraloría. El evento era un encuentro internacional de control fiscal que se celebró en Cartagena y el presidente ofreció una recepción en la clausura del evento en la casa de huéspedes ilustres. Allí el presidente me dijo que si no resultaba elegida Contralora le gustaría que me vinculara a su gobierno. Después de la elección del Contralor General de la República el 2 de agosto de 2006, en fecha que no puedo precisar, me llamaron de la Presidencia de la República para que remitiera la hoja de vida, fue así como posteriormente expidieron el decreto de nombramiento en Etesa. Preguntado: Afirmó usted en respuesta anterior que respaldó la campaña al Senado del señor Javier Cáceres en el 2005. Sírvase precisar en que consistió ese respaldo. Contestó: El respaldo consistió simplemente en votar por él, mi persona directamente y el grupo que conformamos lo que podríamos llamar un movimiento político social, especialmente personas que me habían respaldado en mi candidatura a la alcaldía de Cartagena. Igualmente en desarrollar algunas propuestas programáticas en lo que podría ser su posterior trabajo en el Congreso. Preguntado: Hizo usted alguna contribución económica a la campaña del senador Cáceres. Contestó: No, no tuve la oportunidad de apoyarlo económicamente. Preguntado: Explique al despacho cómo y en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar el senador Cáceres apoyó su aspiración a la alcaldía de Cartagena. Contestó: El apoyo del senador consistió en presentarme ante algunos amigos y seguidores de él, en las cuales él me presentaba como candidata, manifestaba que compartía mi propuesta para la ciudad y ponía en consideración mi nombre si sus amigos me querían apoyar. Preguntado: El senador Cáceres le pidió alguna contraprestación a cambio de ese apoyo. De ser así explique al despacho en que consistió y en qué forma se hizo efectiva. Contestó: No, el senador no me pidió ningún tipo de contraprestación.

En el mismo sentido declaró el testigo Alexander Gómez Stevenson, delegado para los departamentos de Cesar y Norte de Santander, en el periodo comprendido entre febrero a diciembre 31 de 2008, al rendir testimonio (fls. 621 a 626, cdno. ppal.) el 1º de septiembre de 2010, ante la consejera sustanciadora, en los siguientes términos:

“Preguntado: Qué cargo ejerció en Etesa y el periodo durante el cual lo ejerció. Contestó: Yo me desempeñé en Etesa en el cargo de delegado para los departamentos de Cesar y Norte de Santander, en el periodo de febrero a diciembre 31 de 2008. Preguntado: Por favor diga al despacho que diligencia realizó usted para que lo vincularan en Etesa e igualmente el procedimiento. Contestó: Yo presenté mi hoja de vida a la empresa dado que reunía los requisitos para ejercer el cargo de delegado, esa hoja de vida estuvo en la página web diez días, posteriormente estuve en la página web de la Presidencia de la República, posteriormente me llamaron para que firmara un contrato de prestación de servicios. Preguntado: Informe al despacho cuál era el procedimiento para nombrar los delegados y la función que desempeñaban. Contestó: El procedimiento para nombrar los delegados, era presentar su hoja de vida, la cual era sometida a estudio en la empresa y después le informaban si era seleccionado o no, las funciones que ejercía el delegado era hacer seguimientos y control a los juegos de azar en los departamentos en los cuales ejercíamos las funciones como delegado. Preguntado: Informe al despacho, sí conoce al doctor Cáceres Leal y en caso afirmativo, informe la razón de ese conocimiento. Contestó: Sí, conozco al senador Cáceres hace aproximadamente 25 años toda vez que yo soy de Cartagena igual que el senador, además de eso es una persona pública y yo también he estado en diferentes cargos públicos en la ciudad de Cartagena, además de eso fui concejal de la ciudad de Cartagena y en el último periodo aspiré al Concejo de Cartagena, por el partido Cambio Radical del cual el senador Cáceres, digamos que era su director en el departamento. Preguntado: Diga al despacho si usted fue recomendado por el doctor Cáceres para ejercer el cargo del cual fue usted nombrado en Etesa. Contestó: No, en ningún momento fui recomendado por el senador. Preguntado: Informe al despacho si recibió alguna recomendación o injerencia del doctor Cáceres para que desempeñara sus funciones en beneficio de él o de terceros. Contestó: No absolutamente. Preguntado: Diga al despacho sí el senador Javier Cáceres tramitó algún asunto ante Etesa cuando usted se desempeñaba como contratista. Contestó: No tengo conocimiento de ningún caso en particular. Preguntado: Diga al despacho si entre las funciones que usted desempeñó en la entidad tuvo alguna relacionada con la contratación y el presupuesto de la entidad. Contestó: No, absolutamente porque yo no hacía parte de la administración de la empresa mis funciones eran totalmente fuera de la administración. Preguntado: Por favor diga al despacho si el senador Javier Cáceres intervino directa o indirectamente para que se contrataban algunas personas en Etesa. Contestó: No, desconozco totalmente, porque no hacía parte de la administración. Preguntado: Por favor diga al despacho si el senador Javier Cáceres Leal le dio instrucciones para realizar las actividades lícitas durante su permanencia en Etesa y por las cuales se encuentra privado de la libertad. Contestó: No, porque nunca me reuní con él para hablar de temas relacionados de la empresa. Preguntado: Diga al despacho si usted conoce al señor Jaime Román Miranda Quintero. Contestó: Si, si lo conozco. Preguntado: De acuerdo a su respuesta anterior diga al despacho si el señor Miranda prestó sus servicios como delegado en Etesa. En caso afirmativo indique cuál fue el trámite adelantado por usted para la vinculación de Miranda Quintero. Contestó: Si, si trabajó Jaime Miranda como delegado. Yo no hice ningún trámite para la vinculación de él como delegado, pero sí le informé que yo le iba seguir contratando para el periodo siguiente con Etesa y como reunía los requisitos le sugerí para que presentara la hoja de vida y esa hoja de vida hizo el mismo trámite de todas las hojas de vida. Preguntado: Diga al despacho si usted acudió al senador Cáceres Leal para que recomendara nombramiento del señor Jaime Miranda Quintero a la presidencia de Etesa. Contestó: No, en ningún momento el senador Javier Cáceres influyó para este nombramiento, toda vez que el señor Miranda se entera de la vacante es por intermedio mío. En este estado de la diligencia la señora magistrada retoma el uso de la palabra y pregunta así. Preguntado: Por favor informe al despacho con qué personas se entendió en Etesa para efectos de su vinculación. Contestó: Para vincularme a Etesa yo me entrevisté en Cartagena con la presidenta de esa institución la doctora Mery Luz Londoño y le comenté la necesidad que yo tenía de vincularme a esa empresa y ella es la que me comenta que habían unos cargos para delegado y que presentara mi hoja de vida. Preguntado: Conoció a la señora Mery Luz Londoño. Contestó: Sí, la conocí anteriormente. Preguntado: Sabe cómo se autorizaba las operaciones de los casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte de azar. Contestó: Si claro, como delegado sabía cómo se debía autorizar ese tipo de contratos, son unos contratos de concesión que realizan los operadores de las máquinas y juegos de suerte y azar con la empresa Etesa y con el lleno de los requisitos que la empresa exige. Preguntado: De acuerdo con su respuesta sírvase informar quien concedía tales autorizaciones. Contestó: Eso era un proceso netamente administrativo, que dependía exclusiva de la vicepresidencia comercial de la empresa. Preguntado: Sabía usted que venían funcionando ciertos operadores clandestinos en estos juegos de azar. Contestó: Si claro, si lo sabía y no solamente lo sabía yo, sino también la empresa y los entes de control. Preguntado: Tuvo conocimiento acerca de comisiones que se cobraban a estos operadores clandestinos. Contestó: No, no tenía conocimiento. Preguntado: Tuvo conocimiento de si la señora Mery Luz Londoño tenía una relación de amistad con el senador Javier Cáceres Leal. Contestó: Sé que se conocían, porque la doctora Mery Luz al igual que yo también es de Cartagena y es una persona pública, pero no sé qué grado de amistad hay entre ellos. En este estado de la diligencia la señora magistrada concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada quien procede a interrogar al testigo así. Preguntado: Manifieste el testigo al despacho si conoce de trato, vista y comunicación al señor Walter Enrique Caicedo García, en caso afirmativo como lo conoció y que tipo de relación tiene con él. Contestó: Sí claro conozco a Walter Enrique Caicedo García. Es una persona que trabajó en la alcaldía de Cartagena por allá en el año 1993 y cuando a mí me contrataron en el año 2008 en febrero en la empresa Etesa, yo lo contraté de manera particular como un colaborador que yo necesitaba para ejercer mis funciones como delegado. Retoma el uso de la palabra la señora magistrada para preguntar al testigo así; Preguntado: En relación con los operadores clandestinos que usted admite que existían, conoció usted qué contraprestaciones se le exigían para poder operar. Contestó: O sea, no había ninguna prestación porque ellos funcionaban arbitrariamente, porque es de conocimiento público con los operadores clandestinos han operado en el país, nosotros como delegados cuando encontrábamos ese tipo de operadores nos correspondía sellar el establecimiento o las máquinas ilegales que operaban, porque también creo que es de conocimiento de todo el país que en enero de 2008 asesinaron a dos funcionarios de Etesa por estar ejerciendo sus funciones en la ciudad de Medellín. Entonces no se necesitaba ninguna contraprestación para que ellos funcionaran y dado que en el momento en que yo ejercí mis funciones como delegados, no teníamos las funciones de policía judicial, y valga la oportunidad para dejar constancia que siempre los delegados fueron intimidados por este tipo de operadores ilegales, es mas en este momento en todo el país siguen operando de manera ilegales este tipo de establecimientos, yo le informe a la Fiscalía que está atendiendo el proceso contra nosotros, le informe y me ofrecí, de cuáles eran los establecimientos ilegales, que seguían operando en la zona donde yo estaba con el propósito de que los entes de control hicieran lo que les corresponda porque los verdaderos generadores de corrupción en este medio son los operadores ilegales es más le dije al fiscal que no había que buscar la fiebre en las sabanas sino en el cuerpo y esto no ha tenido ninguna importancia para la Fiscalía y la evasión que hay en estos juegos ilegales, es de una magnitud grande”.

Por su parte, el señor Walter Enrique Caicedo García (asistente de Gómez Stevenson) en diligencia del 1º de septiembre de 2010(63), depuso ante el Consejo de Estado en los siguientes términos:

“... Preguntado: Diga al despacho si conoce al señor Cáceres Leal, en caso afirmativo informe la razón de ese conocimiento. Contestó: Lo distingo, no lo conozco. Preguntado: Diga al despacho si usted fue recomendado por el señor Cáceres Leal para trabajar externamente con el señor Alexander Gómez. Contestó: No, no me recomendó, no es mi amigo. Preguntado: Diga al despacho si usted tuvo conocimiento si el senador Cáceres Leal tramitaba algún asunto en Etesa buscando el beneficio de él o de un tercero. Contestó: No, no tengo conocimiento. En este estado de la diligencia la señora magistrada le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada quien interviene así: Preguntado: Diga al despacho si existió entre el senador Javier Cáceres Leal y usted algún pacto para repartir provisión de cargos o asegurar actividades ilícitas en Etesa. Contestó: No, no tengo ningún conocimiento y nunca hice ningún tipo de pacto. Preguntado: Manifieste el testigo al despacho si tiene conocimiento de algún acto delictivo cometido por el senador Cáceres Leal en Etesa o como candidato al senado, o como senador de la república. Contestó: No, ninguna. Preguntado: Manifieste el testigo si ha tenido conocimiento de actos delictivos al interior de la empresa territorial Etesa, y en caso afirmativo en que consistieron tales actividades ilícitas. Contestó: Sí. Consistieron en entregas de dinero al señor Raúl Quintana esposo de la Señora Mery Luz Londoño, esto hace parte de información que se le suministró a la Fiscalía y donde solicitamos hace alrededor de 5 meses el principio de oportunidad, y que a pesar de que hemos entregado información, no hemos tenido respuesta de ello, tal como lo puede corroborar el doctor Alexander Gómez Stevenson quien era el encargado personalmente de tramitar dichas entregas. Retoma la Señora Magistrada la palabra y pregunta así: Preguntado: Tuvo conocimiento del cobro de comisión por parte de empleados de Etesa por la operación de actividades clandestinas, u operadores clandestinos. Contestó: No. Todo lo realizaban por medio del doctor Alexander Gómez quien era empleado directo de la empresa, si llegaron a realizar algunas actividades, el como delegado era quien se enteraba. Preguntado: Supo usted a que título o por qué motivo se realizaban las entregas de dinero a que usted hace referencia, al esposo de la señora Mery Luz Londoño. Contestó: Por comentario que me hacía el doctor Alexander Gómez, era una cuota mensual que el señor Raúl Quintana exigía por parte del puesto que tenía el señor Alexander Gómez Stevenson. Preguntado: Tuvo usted conocimiento de sí alguna otra persona también exigía dinero, en particular, tuvo conocimiento de alguna transferencia de dinero hecha al señor Cáceres. Contestó: No, la única persona que tengo referencia es el señor Raúl Quintana”.

Posteriormente, en diligencia del 17 de noviembre de 2010, nuevamente se le escuchó (fls. 936 a 939, cdno. ppal.) en ampliación, en la cual reiteró lo expuesto en la diligencia anterior.

En el mismo sentido, rindió testimonio Sandra Guzmán, vicepresidente de recaudo y, posteriormente, vicepresidente comercial de Etesa (feb. 2006 a oct. 2008):

“Preguntado: Sírvase manifestar al despacho qué cargo desempeñaba en la empresa Etesa, indique el periodo durante el cual lo ejerció, precise quien la designó, si se surtió algún proceso previo para el efecto, y las razones de su retiro de dicha empresa? Contestado: Yo tuve dos cargos, vicepresidente de recaudo y después vicepresidente comercial, yo duré en Etesa dos años, desde febrero de 2006 a octubre de 2008, ocupé los dos cargos, a mí me nombró Mery Luz Londoño, presidenta de Etesa, a mí me hicieron unas pruebas psicotécnica, sicológica, me toco pasar unos exámenes de pruebas, fuera de las entrevistas, yo renuncie por voluntad propia. Preguntado: Conoce usted al senador Javier Enrique Cáceres Leal, en caso afirmativo, desde que época y qué relación tiene con él? Contestó: Si lo conozco, hace como 25 años más o menos, y tenemos una relación de amistad. Preguntado: Manifieste al despacho si el senador Javier Cáceres Leal, tuvo alguna injerencia con su nombramiento en la empresa Etesa? Contestó: No, ninguna. Preguntado: Informe si le consta si el senador Javier Cáceres Leal tenía para el época en que usted se desempeñó en la empresa Etesa relaciones personales, profesionales, políticas y comerciales, con personal directivo de la misma, en caso afirmativo precise con que funcionarios? Contestó: Que yo sepa no, tenía relaciones de amistad, pero ni de negocios ni política. Preguntado: Por razón de los cargos por usted desempeñados en la empresa Etesa ejerció usted funciones contractuales o de ejecución presupuestal? Contestó: No, la única ejecutora del presupuesto es la presidenta. Se le concede el uso de la palabra al apoderado del senador Javier Cáceres Leal, quien pregunta de la siguiente manera: Preguntado: Manifieste al despacho cuales eran las funciones que desempeñaba como vicepresidenta de recaudo y posteriormente vicepresidente comercial de Etesa? Contestó: Bueno, como vicepresidente de recaudo tenía a mi cargo el recaudo del impuesto, el porcentaje que pagan los juegos de suerte y azar al gobierno y recuperar la cartera morosa, y como vicepresidente comercial tenía las funciones de renovaciones, licencias de nuevos contratos de juegos de suerte y azar y la comercialización de la empresa como tal. También existían varias oficinas dentro de mi dependencia que eran las encargadas de la ilegalidad y de la promoción de los nuevos juegos. Preguntado: Dentro del desarrollo de sus funciones, le consta algún tipo de vinculación por parte del doctor Cáceres favoreciéndola a usted o a terceros mediante algunas prebendas o favores? Contestó: No, ninguna y en ningún momento. Preguntado: Manifieste al despacho si el senador Javier Cáceres Leal la recomendó en el cargo que ocupo como vicepresidente de recaudo de Etesa? Contestó: No, yo ingrese a Etesa, porque yo misma le lleve mi hoja de vida a Mery Luz Londoño y le pedí el favor, cuando la nombraron directora de Etesa, que si tenía algún cargo directivo, o alguna vacante donde me pudiera nombrar, yo no le pedí el favor ningún senador, ni al doctor Cáceres, que los conozco casi a todos, porque fue Jefe de protocolo del Congreso, especialmente de la Cámara”.

De igual modo, consta en el Testimonio de Jhonny José García Tirado, Vicepresidente Comercial de Etesa, rendido ante el Consejo de Estado:

“... Preguntado: Conoce usted al senador Javier Cáceres Leal, de ser así explique al despacho las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo conoció y qué relación tiene con él. Contestó: Si, lo conozco desde hace aproximadamente 18 años, lo conocí en la ciudad de Cartagena en las actividades sociales y cuando se desempeñaba como Concejal de la ciudad y actualmente soy amigo de él. Preguntado: Ha realizado actividades políticas con el senador Javier Cáceres de ser así explique al despacho las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tales actividades políticas se desarrollaron. Contestó: Yo resido en la ciudad de Bogotá hace aproximadamente 24 años y desde allí tuve la oportunidad de acompañar en ese tiempo al senador Cáceres en su aspiración al senado en el año 2002, desde el punto de vista técnico por mi desempeño profesional y actividades laborales han estado relacionadas a la academia y a la investigación. En las otras oportunidades que el aspiró no he realizado actividades políticas Con él porque he estado dedicado a otras actividades profesionales. Preguntado: Alguna vez realizó donaciones o aportes a las campañas electorales del senador Javier Cáceres. Contestó: Sí, para el año 2002 realicé un aporte de 25 millones a la campaña para senador del señor Javier Cáceres. Preguntado: Explique al despacho en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar realizó el mencionado aporte. Contestó: Lo realicé en un periodo aproximado de seis meses atendiendo con mi tarjeta de crédito y mis recursos propios, cuentas de pago de publicidad, especialmente la revista Semana. Preguntado: Precise al despacho qué cargo desempeñó en Etesa y el periodo en el cual lo desempeñó. Contestó: El cargo fue vicepresidente comercial y lo desempeñé desde el 2 de octubre del año 2007 hasta 16 de mayo de 2008, no obstante que había presentado mi renuncia desde el mes de marzo de 2008. Preguntado: Explique al despacho cuál fue el origen de su vinculación al cargo que desempeñó. Cómo llegó a en Etesa. Contestó: Para esa época yo estaba trabajando con la Fiscalía General de la Nación, era asesor del despacho del Fiscal General para los temas administrativos y financieros, venía desde hacía más de un año y medio de ser director administrativo y financiero de la entidad, allí me había trabajado con la doctora Sandra Guzmán quien la conozco hace más de 10 años y quien en el mes de septiembre me contactó para que le diera mi hoja de vida sobre un proceso de preselección que se iba a hacer en Etesa para ocupar el cargo de vicepresidente comercial, yo le entregué mi hoja de vida y como a los 10 días fui contactado por la presidenta que se mostró muy interesada en la experiencia, en mi formación profesional, y en mis relaciones con la Fiscalía porque ello podría permitir que se avanzara en un convenio entre la Fiscalía General de la Nación y Etesa a fin de combatir la impunidad y el juego ilegal, a mí me interesó el reto, la doctora Londoño me manifestó que habían varios candidatos que debían presentar unas pruebas, psicotécnicas, de conocimiento, de destreza en manejo de hoja de cálculo, presenté esas pruebas y a finales de septiembre de 2008 me volvió a contactar la doctora Londoño con quien tuve una nueva entrevista y en donde acepté el cargo, de allí me dirigí a la Fiscalía General de la Nación a presentar mi renuncia para vincularme con Etesa de tal forma de que en la Fiscalía General de la Nación mi renuncia fue aceptada a partir del 1º de octubre de 2007. Preguntado: Explique al despacho si el senador Javier Cáceres tuvo algo que ver con su nombramiento en Etesa. Contestó: No, el proceso se realizó directamente con la presidente de la entidad y por las referencias que ella tenía mías de la doctora Sandra Guzmán. Preguntado: Conoce a la doctora Mery Luz Londoño, si es así explique al despacho las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la conoció. Contestó: Sí, la conozco por el tiempo que trabajé con ella y la conocí en la primera entrevista que me hizo hacia el mes de septiembre de 2007. Preguntado: Sabe usted qué tipo de relación tiene el senador Cáceres con la doctora Mery Luz Londoño. Contestó: No, no sé qué relación tienen. Preguntado: Conoce al señor Alexander Gómez Stevenson de ser así explique al despacho las circunstancias de modo, tipo y lugar en que lo conoció y su relación con él. Contestó: Sí, lo conozco, lo conocí en Etesa cuando fue seleccionado y vinculado como contratista a la entidad a finales de 2007 y en mi ejercicio del cargo como vicepresidente comercial no tuve relaciones con él por cuanto su contrato de prestación de servicios profesionales como delegado dependía del Asesor de Control y Seguimiento, por ello podría afirmar que lo he visto no más de 5 veces y no he tenido ninguna otra relación con él ni antes y ni después de mi trabajo en Etesa. Preguntado: Tiene conocimiento si el senador Javier Cáceres tuvo alguna injerencia en la contratación del señor Alexander Gómez Stevenson como delegado de Etesa. Contestó: No tengo conocimiento puesto que la contratación de la entidad se hacía desde la secretaría general, eran ellos quienes recibían las hojas de vida y adelantaban los procesos para los contratos o las vinculaciones laborales.

[...].

Preguntado: Tuvo conocimiento de si las personas que participaron en el recaudo de dineros ilícitos, para obtener sus propósitos utilizaron el nombre del senador Cáceres Leal. Contestó: Sí, no solamente el del senador sino el de funcionarios y de otras personas que no tenían relación con esta actividad.

[...].

Preguntado: El senador Cáceres le ofreció a usted alguna contraprestación por el aporte de los 25 millones que le hizo usted a su campaña en el año 2002. Contestó: Nunca, el senador Cáceres para mi concepto es un hombre de una intachable moral y de grandes principios, el aporte lo hice por mi apoyo y admiración a tan destacada actividad legislativa en ese momento él era el senador con la mejor imagen en el país. Como lo dije anteriormente en la campaña 2002 yo lo acompañé como su segundo renglón en una lista cerrada de 14 o 15 aspirantes, esa es la razón por la que realicé ese aporte.

[...].

Preguntado: Existió algún tipo de gestión ante su despacho o se produjo algún tipo de influencia por parte del senador Cáceres Leal en relación con asuntos que usted manejó como vicepresidente comercial de Etesa. Contestó: No, el senador Cáceres nunca en los meses que estuve al frente de la vicepresidencia comercial, en las pocas veces que me vi con él nunca me habló de este tema, nunca estuvo por las oficinas de la entidad ni lo vi con otros funcionarios, antes por el contrario cuando tuvimos los momentos tan difíciles por las amenazas debido a la acción que estábamos haciendo contra la ilegalidad y la muerte de los dos compañeros en un instante el senador Cáceres le quise abordar sobre este tema y él no lo permitió solo me recomendó que denunciará toda la ilegalidad y así lo hice.

[...]”.

Asimismo, se recibió testimonio a Jhonny Ordosgoitia Osorio(64), quien se desempeñaba como asesor de control y seguimiento de la vicepresidencia comercial de diciembre de 2007 a mayo de 2008:

“Preguntado: Sírvase manifestar al despacho que cargo desempeñaba en la empresa Etesa, indique el periodo durante el cual lo ejerció, precise quien la designó, si se surtió algún proceso previo para el efecto, y las razones de su retiro de dicha empresa? Contestó: Yo estuve vinculado como asesor de control y seguimiento, bajo la vicepresidencia comercial, estuve vinculado a la entidad desde diciembre de 2007 a mayo de 2008, para mi vinculación me sometí a unas pruebas psicotécnicas y de conocimiento ya que la institución que contempla las normas de Icontec para la selección de sus funcionarios, una vez se surtió las pruebas psicotécnicas y de conocimiento fui seleccionado por la doctora Mery Luz Londoño, e inicie mis labores en el mes de diciembre de 2007. Mi retiro fue una decisión personal, por la cual presente mi renuncia del cargo. Preguntado: Conoce usted al senador Javier Enrique Cáceres Leal, en caso afirmativo, desde que época y qué relación tiene con él? Contestó: Si conozco al doctor Cáceres, no precisó desde que época, siendo él una figura política de connotación nacional, pues no precisó la fecha desde que lo conozco. No tengo ninguna clase de vínculos con él, solamente la amistad ocasional en los encuentros donde coincidimos. Preguntado: Manifieste al despacho si el senador Javier Cáceres Leal, tuvo alguna injerencia con su nombramiento en la empresa Etesa? Contestó: No, nunca tuvo injerencia, el proceso de mi vinculación para esa institución se surtió de la siguiente manera: En diversas oportunidades coincidí con la doctora Mery Luz presidente en ejercicio, y dada la amistad que teníamos me ofreció que me vinculara a Etesa, hecho que se dio en la fecha mencionada, después de surtir los requisitos de selección exigidos en la norma Icontec, a la doctora Mery Luz la conozco de acá de Cartagena, ella también una figura local, por sus valiosos servicios como delegada de la Contraloría nacional en el departamento y otras responsabilidades por ella asumidas en el Distrito y a nivel departamental. Preguntado: Informe si le consta si el senador Javier Cáceres Leal tenía para el época en que usted se desempeñó en la empresa Etesa relaciones personales, profesionales, políticas y comerciales, con personal directivo de la misma, en caso afirmativo precise con que funcionarios? Contestó: desconozco esa situación. Preguntado: Por razón del cargo por usted desempeñado en la empresa Etesa ejerció usted funciones contractuales o de ejecución presupuestal? Contestó: No. Se le concede el uso de la palabra a la apoderada del senador Javier Cáceres Leal, quien pregunta de la siguiente manera: Preguntado: Manifieste al despacho que funciones ejercía como asesor jefe de control en Etesa? Contestó: Mis funciones, como lo indica el nombre del cargo eran las de vigilar la gestión que desarrollaban los distintos delegados vinculados en los departamentos y ciudades del país, estos delegados eran designados directamente por la doctora Londoño una vez se surtían los requisitos establecidos en la norma Icontec para su selección. Otra de mis funciones era la organización de los distintos operativos que se llevaban a cabo para combatir la ilegalidad en coordinación con la policía nacional, con la DIAN, con el CTI, básicamente. Preguntado: Dentro del desarrollo de sus funciones, tuvo conocimiento que el doctora Cáceres ejerciera algún tipo de prebendas o favores políticos? Contestó: No tuve conocimiento de ese hecho. Se le concede el uso de la palabra al agente especial del Ministerio Público, quien pregunta así: Preguntado: Manifieste al despacho, si durante el tiempo que permaneció en Etesa recibió alguna recomendación o injerencia del senador Javier Cáceres Leal para que realizara sus funciones en beneficio de él o de un tercero? Contestó: Absolutamente no. Preguntado: Diga al despacho, si el senador Cáceres Leal, tramito algún asunto en Etesa cuando usted se desempeñaba como funcionario en ella? Contestó: No ninguna. Preguntado: Diga al despacho si tiene conocimiento que el doctor Javier Cáceres intervino directa o indirectamente para que se contratara a determinadas personas en Etesa? Contestó: No. Preguntado: Diga al despacho si el senador Cáceres Leal le remitió hojas de vida o personas recomendadas para que fueran vinculadas a la entidad? Contestó: Nunca. Preguntado: Diga al despacho si existió algún pacto con el senador Cáceres para repartir la provisión de cargos en Etesa? Contestó: No”.

Repárese en que a diferencia de los anteriores testigos que niegan categóricamente la participación de Cáceres en su nombramiento, los rendidos por Jaime Román Miranda ante la Fiscalía, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, merecen especial detenimiento, pues constan en ellos afirmaciones cuyo verdadero alcance no puede determinarse si se aprecian de manera aislada.

El señor Jaime Román Quintero sostuvo ante la fiscalía 304 seccional delegada ante los juzgados penales del circuito, lo siguiente:

“Preguntado: Indíquele al despacho el motivo por el cual usted en forma libre y voluntaria solicita continuar con la recepción de esta diligencia. Contestó: El motivo continúa siendo la opción de la aplicación del principio de oportunidad y aportar otros datos y pruebas adicionales al testimonio ya entregado. Preguntado: Teniendo en cuenta su respuesta anterior, realice un relato claro y detallado de los hechos que le conste. Contestó: Con el objeto de ayudar eficazmente a esta investigación y esclarecer detalles aporté la siguiente información: ya que en el año 2008 Alexander Gómez invirtió cerca de sesenta millones en el proyecto construcción portales de Santa Mónica, llevado a cabo por la señora Mery Luz Londoño ex presidenta de Etesa y su señor marido el señor Raúl Quintana, por dicha inversión Alexander nunca recibió garantía, certificación o algún documento de la transacción, cabe la posibilidad de que Alexander con el objeto de recuperar los sesenta millones o continuar con el negocio, no declare la totalidad de la información que respecta a la señora Mery Luz Londoño y al señor Raúl Quintana, sumado a este hecho, hay que recordar la entrañable amistad que existe entre Mery Luz Londoño y Alexander Gómez, quienes han sostenido relaciones de negocios y de amistad, desde que ambos han tenido cierto contacto con entidades distritales y la política en general de Cartagena. Además aclaro, que desde el día de mi captura, no ha existido conversación alguna, trato o convenio mediante el cual Alexander Gómez o un abogado enviado por él, influya conozca o siquiera aconseje mi estrategia de defensa. Declaro además que ninguna persona de su familia, ha tenido detalles de mi intención de colaborar eficazmente con la justicia, por este motivo, entrego como soporte de lo que estoy testificando y como prueba de que todo lo que he dicho, entrego una carta, escrita supuestamente de puño y letra de la señora Zuly Romero esposa de Alexander Gómez con fecha de 21 de julio de 2009 y dirigida a mi señor padre Jairo Miranda, donde constan las exigencias hechas por Raúl Quintana y por Mery Luz Londoño a el delegado, que fuera nombrado por ellos, en este caso, mi persona, de la cual se me hizo entrega con el fin de buscar una estrategia conjunta que ayudara a Alexander a salir del problema, de hecho la carta menciona la posibilidad de que yo diga que busqué a Alexander para que me ayudara con el cargo y no la verdad que es que el me hizo nombrar para perpetuarse en las actividades delictivas que venía desarrollando. Preguntado: En relación con la carta, de la cual usted hace entrega, tiene conocimiento de las consignaciones que allí se menciona fueron realizadas a la cuenta de Vanesa, para que posteriormente fueran entregadas al “marido de Mery” (Raúl Quintana). Contestó: En el periodo que fui novio de Vanesa, especialmente antes de que me fuera encomendada la labor entregar dinero personalmente, solía suceder que Alexander dejaba dinero en su apartamento de Bogotá o algunas veces lo consignaba para que su hija en el apartamento posteriormente lo entregará a la señora Mery Luz o al señor Raúl, o algún enviado de ellos, como de hecho consta en el anterior testimonio. El mencionado apartamento está ubicado en la calle 118 Nº 50 A 31 barrio Alhambra apto. 601 o 604, el cual había sido tomado en arriendo al parecer, sin contrato escrito, mediante acuerdo verbal con el propietario, que era el señor Edwin del cual no recuerdo el apellido por el señor Alexander Gómez. Es de resaltar que el dinero en ocasiones era entregado personalmente por Alexander Gómez, en otras ocasiones era dejado en la portería y en otras ocasiones lo dejaban con Vanesa y ella lo entregaba. Aclaro que para ese momento, lo que Vanesa tenía entendido según ella decía es que en el trabajo del papá había derecho a comisiones por resultado de la gestión, por lo cual Alexander justificaba el movimiento de dinero como una excelente gestión realizada. Esas consignaciones que menciono Vanesa eran realizadas a su cuenta de Bancolombia, cuenta que al parecer manejaba su padre Alexander Gómez, estas se llevaron a cabo entre los meses de agosto y noviembre del año pasado, incluso en una ocasión entre los meses de octubre o noviembre, yo acompañe a Vanesa a Bancolombia ubicado en el primer piso del centro comercial Unicentro, donde se retiró una suma aproximada de dos millones de pesos y fueron entregados a la misma Mery Luz Londoño en persona, dentro del banco. De igual manera como evidencia de la estrecha amistad entre Raúl Quintana, Mery Luz Londoño y la familia de Alexander se puede leer al final de la carta: “Dios es justo y no va a permitir que Raúl quede impune, cuando fue quien aprovechándose de la necesidad del puesto de Alex, por los compromisos de la campaña, actuó extorsionando, si así se puede llamar a Alex y Jaime, sin importarle la aparente amistad que lo unía a Alex”. Por otra parte quiero agregar para facilitar a las autoridades de policía judicial la interpretación de las llamadas interceptadas, los nombres clave utilizados por los diferentes interlocutores para comunicar las instrucciones, pormenores y diferentes situaciones que se presentaban en las actividades ilícitas que estaban siendo desarrolladas. Cuando se utilizaban adjetivos que hicieran alusión a una señora muy respetada tales como la doctora, la doctora mayor, la doctora suprema, la doctora más doctora, la jefe, la señora, se hacía referencia a la presidenta de Etesa, en ese entonces, a Mery Luz Londoño, cuando se habla de el esposo de la señora, el señor, el esposo de la doctora, el señor del apartamento, se hace referencia al señor Raúl Quintana, esposo de la doctora Mery Luz Londoño. Por otra parte, en el mes de junio de 2009, cuando ya no era delegado, Alexander Gómez, desde la cárcel me hizo llegar la razón con Zully o con Vanesa, no recuerdo, de que por favor le ayudara al nuevo delegado encargado del departamento de Cesar, al señor Miguel Méndez, obviamente a pesar de que la razón no lo decía de forma explícita, la ayuda era hacerle el empalme con las personas que yo había alcanzado a conocer y presentarlo como el nuevo delegado de la zona, a esta solicitud, yo me negué. Una vez fui capturado y traído a los calabozos del DAS, los dos señores capturados en Valledupar, el señor José Acosta y el señor Álvaro Ríos, me comentaron, que justo para la época de la operación Black Jack se encontraba Miguel Méndez con su hijo, recogiendo el dinero ilegal en el departamento del Cesar. En Etesa se comentaba que el señor Miguel Méndez era cuota política directa del senador Javier Cáceres. Preguntado: De acuerdo a la información allegada por usted, en el interrogatorio de fecha de 4 de noviembre, en el que menciona que no cumplía con los requisitos establecidos por Etesa para la contratación de los delegados, mencione que requisitos no cumplía y cómo se llevó a cabo la contratación. Contestó: El requisito que no cumplía específicamente era el tiempo transcurrido entre el día del grado y la fecha de presentación de mi hoja de vida a Etesa, la fórmula encontrada en ese momento por Alexander y Mery Luz para solucionar dicho problema, fue obtener la certificación de la Universidad Javeriana, donde constara la fecha en la cual acabe materias y cumplía con todos los requisitos para la graduación; ya que lo exigido por Etesa era tener más de un año de graduado y mi grado fue en mayo de 2008, pero culminé los requisitos para el grado en junio del año de 2007; en un principio yo pensé que con dicha certificación era suficiente, para cumplir con los requisitos exigidos por Etesa, pero me di cuenta que a los dos meses de haber sido nombrado por información suministrada por Karen Hernández en su momento secretaría general, la certificación de la universidad no era suficiente y por lo tanto yo no cumplía con los requisitos exigidos por Etesa para el cargo, pese a estos hechos Mery Luz siendo presidenta de Etesa, debía estar consciente de que yo no cumplía con el total de requisitos, de todas formas, ella, presionó mi nombramiento a tal punto que lo logró. Su insistencia era debido a la presión ejercida por Alexander al haber hablado con el senador Javier Cáceres, y que en todo caso, el único delegado, que era cuota de Mery Luz, era en ese entonces el encargado de Norte de Santander y Cesar. Preguntado: De acuerdo a la versión rendida por usted, en el interrogatorio, en fecha pasada, mencionó haber hecho entrega de algún dinero de manera personal y en la casa de Mery Luz Londoño García, podría precisar fechas aproximadas, dirección exacta de la casa, si existió algún registro de su ingreso a la misma, entre otra información de la que nos sea posible hallar elementos materiales probatorios que confirmen la información expuesta por usted. Contestó: Las entregas de dinero, se realizaron en la segunda mitad del año 2008, pero en el último trimestre del mismo año, dichas entregas fueron más recurrentes, podría precisar fechas comparando las fechas en las que Alexander Gómez, venía a la ciudad de Bogotá y teniendo en cuenta el movimiento bancario de las cuentas del banco AV Villas y del banco Colpatria utilizadas por Alexander. En cuanto a la ubicación de la casa, se encuentra en el barrio la Calleja, en la ciudad de Bogotá, aproximadamente por la calle 129 o calle donde se ubica el concesionario de automóviles Lyra Motors y la carrera, que a partir de la autopista en sentido occidental oriental, es la segunda. La casa se ubica dentro de un conjunto cerrado de casas y se identifica con el número 21. En la portería del conjunto, los celadores, llevan registro de entrada y el conjunto posee circuito cerrado de televisión, cuando yo me presentaba al conjunto, en los meses de agosto de 2008 a mayo de 2009, me identificaba como Jaime Román, de pronto así fue como quedó registrado por los celadores. Preguntado: Del dinero que se recogía de los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Santander, que usted ha mencionado era entregado a Mery Luz Londoño Presidenta de Etesa, para la época o en su defecto a Raúl Quintana esposo de la misma, especifique la razón de la entrega del dinero a estas personas y de igual manera si debían cumplir con la misma exigencia a otra persona diferente a estas. Contestó: La razón fundamental, de la entrega del dinero era cumplir, con la exigencia impuesta por Mery Luz y Raúl Quintana al delegado, para poderse sostener en el cargo. La exigencia era de diez millones de pesos mensuales por el departamento de Norte de Santander, diez millones de pesos mensuales por el departamento del Cesar y veinte millones de pesos mensuales por el departamento de Santander, las entregas se realizaban inmediatamente después de los viajes, los cuales como ya fue mencionado, se hacían a principio de mes en el departamento de Cesar, a mitad de mes en el departamento de Norte de Santander y a finales de mes en el departamento de Santander, realizando por lo menos tres entregas de dinero a estas personas al mes. Hasta donde tuve conocimiento, en el caso de nosotros Alexander Gómez y yo, a las únicas personas a las que se les debía entregar el dinero como requisito para continuar en el cargo, eran a Mery Luz Londoño y Raúl Quintana. Preguntado: De qué manera era obtenido el dinero del cual el señor Alexander Gómez y usted, en calidad de delegados de Etesa para los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar y que en cumplimiento de las exigencias realizadas por la señora Mery Luz Londoño y su esposo Raúl Quintana, de acuerdo a lo señalado por usted, ustedes debían entregar a los mismos. Contestó: El dinero era obtenido, como parte de un esquema establecido, donde por una suma de dinero mensual, el delegado, permite el funcionamiento de juegos ilegales. Lo que se acostumbraba, era solicitar cincuenta mil pesos mensuales en promedio, por met ilegal, es decir por una máquina estándar de juegos, veinticinco mil por una máquina conocida como picacho, las cuales son máquinas que tienen por problema el hecho de no tener serial, son fáciles de movilizar y generalmente se encuentran de a una, en tiendas de barrio. Por mesa de juegos, bien sea de poker, black jack, incluso las que se conocen popularmente como ñongas, se cobra una suma mensual promedio de quinientos mil pesos por máquina, por cada progresivo, se pide una sume mensual de doscientos mil pesos mensuales en promedio, estas máquinas son aquellos tableros electrónicos que van acumulando un premio conforme las personas van jugando, por ruletas electrónicas y bingos electrónicos, se solicita la suma de cincuenta mil pesos, por puesto de juego. Las tarifas y precios mencionados se utilizan en todo el país y están sujetos a negociación. Contestó: Ya que yo renuncié al cargo de delegado y desde que desempeñe mi labor como tal, sin Alexander Gómez, nunca alcance a cumplir la cuota mensual de cuarenta millones de pesos, impuesta por Mery Luz y Raúl. De esta forma, no alcance a aportar dinero destinado al proyecto de construcción, adicionalmente Raúl Quintana exigía que dicho apartamento quedara a nombre de un tercero que por los requisitos, debía ser una persona con un pasado crediticio impecable, hecho que dificulto el que yo pudiera conseguir esa persona, de esta forma no alcancé a aportar dinero al apartamento, pero queda constancia de que la exigencia hecha por Raúl Quintana en mi correo personal, donde se específica y adjuntan todos los documentos referentes a la transacción, el correo electrónico es jaromoqui@gmail.com. Preguntado: El requerimiento que se menciona por parte de Mery Luz Londoño y su esposo Raúl Quintana, de realizar la compra de los apartamentos que hacían parte del proyecto de propiedad de los mismos, era realizado a todos los delegados, en caso afirmativo, puede usted aportar los nombres de estas personas. Contestó: Hasta donde tengo entendido, Raúl Quintana, había empezado a contactar a otros delegados, para exigirles cinco millones de pesos mensuales de las actividades ilícitas llevadas a cabo por cada uno, de hecho, alguna vez, me llegó información referente a que el señor Miguel Méndez, poseía una grabación donde Raúl Quintana, le hacía dicho requerimiento, en cuanto a los apartamentos, no tengo ningún tipo de información. Preguntado: Con relación al dinero que se manifestó anteriormente. Tendría Alexander Gómez Stevenson, invertido en el proyecto Portal de Santa Mónica, conoce usted. Si hay documentos por escrito donde conste la participación de este o la entrega de dinero del señor Gómez Stevenson a Mery Luz Londoño y Raúl Quintana por dicho concepto. Contestó: A causa de la amistad tan seria y transparente, que decían sostener los señores Alexander Gómez y Mery Luz Londoño, Alexander, hizo entrega del dinero sin solicitar ningún (...)

Entendido, que en el transcurso del mes de agosto o septiembre, Mery Luz Londoño envío un abogado a la cárcel modelo de Bucaramanga a hablar con Alexander, hasta donde tengo entendido, después de ese contacto no ha habido ningún otro y al parecer no han cumplido con una ayuda económica que le prometieron a Alexander en esa ocasión. Preguntado. Mencionó usted al señor José Guevara, manifieste que conoce acerca de esta persona, a que se dedica, donde se puede ubicar y cuál es la relación con Alexander Gomez Stevenson. Contestó. El señor José Guevara al parecer es amigo de Alexander y posee un establecimiento de juego en la terminal de transporte de Cúcuta, en donde en sociedad pretendían poner en funcionamiento una ruleta electrónica, posiblemente ilegal. Preguntado. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, usted viajaba únicamente a las ciudades capitales de los departamentos de los cuales usted era delegado de Etesa, describa cómo llevaba a cabo el recaudo del dinero producto de la operación ilegal de las maquinas, a los operadores y mencione si para esto utilizaba personas intermediarias que colaboraran con el mismo. Contestó. Ya que Alexander Gómez venía trabajando en este tema, desde principios del año 2008, cuando el cae capturado y yo decido viajar solo, no tengo necesidad de hacer conteo de máquinas, inventarios, o establecer bases de datos exactas, sencillamente algunos operadores, a través de sus administradores, a través de sus empleadas hicieron llegar el dinero, al hotel donde me hospedaba o sencillamente al saber de mí, me lo hacían llegar de alguna manera. Cabe aclarar, que tan solo alcance a viajar una vez a cada capital de departamento y que a pesar de esto no recaude ni el 20% de lo que se debía recaudar, así mismo, no tuve la opción de conocer los listados exactos que manejaban Walter Caicedo y Alexander Gómez, donde se registraban de forma detallada todos los establecimientos legales e ilegales, según decía Walter Caicedo ellos manejaban, con seriales de máquinas, direcciones, mapas y todo tipo de información que les facilitaba, contar con información exacta de la legalidad existente en cada departamento, dicha información la obtenían en algunos casos de los mismos propietarios de muchos de los establecimientos bajo el pacto de que si la información estaba incompleta, procedían al sellamiento de máquinas, además tengo entendido, que pagaban a las personas encargadas del mantenimiento de las máquinas para que les suministrara información pertinente a la base de datos que poseían. Preguntado. De acuerdo a lo anteriormente relatado, durante su tiempo de vinculación en Etesa, fueron sancionados por Mery Luz Londoño Presidenta de dicha entidad en ese entonces, cerca de 6 delegados, de los cuales se rumoraba eran cuota del senador Javier Cáceres, circunstancia esta, que había producido roces entre la presidenta y el senador; puede usted mencionar cuáles fueron esos delegados suspendidos y aproximadamente en qué fecha sucedieron estos hechos. Contesto. Desde siempre se comentó, que Mery Luz era una rueda suelta, para la organización establecida en Etesa por el senador Javier Cáceres, lo cierto es que Mery Luz siempre tuvo roces con todos los empleados que al parecer eran cuota de Javier Cáceres; en el mes de marzo o abril del presente año Mery Luz sancionó a todos los delegados encargados de Bogotá, entre los que estaban Andrés Polo, William Quintero, Bernardo Noguera Díaz Granado, Carlos Contreras, entre otros por falta de resultados a nivel de sellamientos de máquinas ilegales en la ciudad de Bogotá. Mery Luz Londoño en calidad de Presidenta de Etesa, organizó un operativo relámpago en coordinación con la Dijín y la policía fiscal de la DIAN y consiguió sellar un poco más de 280 máquinas ilegales, estuvieran siendo amparadas por algún convenio ilícito de algún delegado. Lo que se dice es que a raíz de este hecho las diferencias existentes entre Mery Luz Londoño y Javier Cáceres fueron más profundas a tal punto, que al poco tiempo finalmente es aceptada la renuncia de Mery Luz Londoño y nombrado al parecer presidente de Etesa el señor Gonzalo Gutiérrez Díaz Granados. Una vez Mery Luz salió del cargo, fueron reintegrados los seis delegados de Bogotá y en esta ocasión a dos de ellos se les asignaron los departamentos que quedaron vacantes a raíz de mi salida de la entidad. Preguntado. Tiene usted conocimiento si el actual o los actuales delegados designados para los departamentos en los cuales usted laboró continúan con la realización de la actividad delictiva, en caso afirmativo, a que persona se le paga la cuota de la que ya se ha hecho mención estos deben cancelar para que se les asegure el sostenimiento en el cargo. Contestó. Solo escuché del señor Miguel Méndez que fue delegado después de mi salida de la entidad en el departamento del Cesar, únicamente lo que ya había mencionado. Preguntado. Teniendo en cuenta que usted es conocedor de que el señor Alexander Gómez Stevenson, el asistente Walter Caicedo García y usted mismo en alguna ocasión, hicieron uso de cuentas personales y a nombre de terceros y que de las mismas fue posible extraer las copias de las consignaciones realizadas en los departamentos, de Cesar, Santander y Norte de Santander, a nombre de diferentes personas; de los nombres que se le ponen de presente, recuerda usted, cuáles eran operadores ilegales y puede certificar que dichas consignaciones que se hacían a las cuentas correspondían al pago de los mismos a los antes citados, para permitir la operación de las máquinas. Contestó. Escuche nombrar a Dora Velez, Omar Quecho, Humberto Campos, Alberto Rodriguez, Wilson Barragán, William Correa, Baudilio, Carlos Alberto Plazas, Neyid Osman, pero no tuve contacto con ellos, simplemente fueron nombrados por Alexander Gómez y Walter Caicedo en sus conversaciones, o cuando hablaban por celular, me consta que son operadores pero no sé si ilegales o legales, desconozco la ubicación de sus negocios y de sus máquinas. Pregunto. Indique al despacho si tiene algo más que agregar a la presente diligencia. Contestado: No, que cualquier información adicional que recuerde o cualquier detalle que recuerde, les comento. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada una vez leída y aprobada en cada una de sus partes por quienes en ella intervinieron, siendo las 17:30 horas por quienes en constancia firman a satisfacción”.

Posteriormente el señor Jaime Román Miranda Quintero fue llamado a declarar ante magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, diligencia de la que se reproduce el acta respectiva, así:

“Declaración rendida por el doctor Jaime Román Miranda Quintero.

En Bogotá, a los veinte (20) días del mes de abril del dos mil diez (2010), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), día y hora indicada con antelación, compareció a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el doctor Jaime Román Miranda Quintero, con el propósito de rendir la declaración que de él se requiere en estas diligencias. Por tal motivo el suscrito magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia procedió a tomarle el juramento de rigor, previa imposición del contenido del artículo 442 del Código Penal que tipifica el falso testimonio, en armonía con los artículos 33 de la Carta Política y 267 y 268 de la Ley 600 del 2000, por cuya gravedad prometió decir solamente la verdad en lo que va a declarar. Preguntado sobre sus anotaciones civiles, Contesto: Mi nombre es el que dije al comienzo de la diligencia, soy natural de Bogotá, nací el 13 de octubre de 1984, tengo 25 años de edad, de estado civil soltero, estudios hasta profesional, de profesión administrador de empresas, actualmente me encuentro en prisión domiciliaria, no tengo parentesco para con las partes. En este estado de la diligencia compareció la abogada Aura Bernarda Blanco Sandoval, identificada con la c. de c. Nº 51.609.458 de Bogotá, y T.P. Nº 60755 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del doctor Javier Cáceres Leal, según poder que presentó previo a esta diligencia y auto que así la reconoció. De la misma forma compareció la doctora Nelly Ordóñez Acevedo, en su condición de procuradora 318 judicial en lo penal, comisionada por el Procurador General de la Nación para participar en esta diligencia. Preguntado: Conoce al senador Javier Cáceres Leal. Contestó: Sí señor. Preguntado: En qué circunstancia lo conoció. Contestó: A finales del año 2008, estuve en su despacho en las instalaciones del Congreso con la señorita Vanesa Alexandra Gómez acompañándola para hacer una entrevista de tipo investigativo para una labor universitaria acerca del tema del referendo reeleccionista. Preguntado: Tiene alguna relación con él. Contestó: No tengo ninguna relación con él. Preguntado: Conoce a la doctora Mary Luz Londoño. Contestó: Sí señor. Preguntado: En qué circunstancias la conoció. Contestó: Primero la conocí por la amistad que sostiene la señora Mary Luz Londoño con el señor Alexander Gómez Stevenson y en segundo término como Presidente durante mi labor como delegado en Etesa. Preguntado: Qué relación ha tenido con ella. Contestó: En un principio le serví a Alexander Gómez Stevenson, para llevarle razones, dinero o sencillamente transportar al señor Alexander Gómez a la casa de la señora Mery Luz Londoño y seguido a este hecho, el vínculo laboral existente por la señora Mery Luz como presidenta de Etesa con respecto a mí, como contratista de dicha entidad. Preguntado: Para qué época conoció a la señora Mary Luz Londoño. Contestó: Aproximadamente en el segundo semestre del año 2008. Preguntado: Qué tipo de razones le llevaba a la doctora Mary Luz Londoño del señor Gómez Stevenson: Principalmente dinero en efectivo del cual en su momento yo desconocía su procedencia pero la razón era básicamente era el monto y cuándo sería una próxima entrega de dinero. Preguntado: En cuantas ocasiones le llevó dinero a la doctora Mary Luz Londoño enviado por Gómez Stevenson. Contestó: En unas dos ocasiones le entregué dinero a Mery Luz Londoño y en una o dos ocasiones al señor Raúl Quintana, esposo de la señora Mary Luz Londoño. Este dinero era enviado por Alexander Gómez Stevenson bien fuera dejando dicho dinero en apartamento que Gómez Stevenson tenía en arriendo en Bogotá o bajo entrega directa de Gómez Stevenson a mi persona. Preguntado: Puede recordar las circunstancias específicas de la entrega de cada uno de estos dineros hecho por usted a la doctora Mary Luz Londoño. Contestó: En el último trimestre del año 2008 en la casa de la señora Mary Luz Londoño ubicada en el barrio la Calleja, no recuerdo la dirección, pero al respaldo de los concesionarios de automóviles que se ubican en la autopista norte con calle 129, se entregó aproximadamente 7 millones de pesos, hacia las 9 de la noche en el comedor de la casa donde la señora Mary Luz se encontraba trabajando, en esta ocasión el dinero entregado estaba compuesto por billetes de 5 mil y 10 mil pesos, dinero que fue contado en el instante por la señora Mary Luz y de hecho en esa ocasión una hija de Mary Luz bajó las escaleras me vio y se puso nerviosa, escondió el dinero y dijo que no quería que su hija viera lo que estaba ocurriendo en ese momento. En otra ocasión, también en el último trimestre de 2008, en el Banco Bancolombia ubicado en el primer piso del centro comercial Unicentro acompañé a la señorita Vanesa Alexandra Gómez a que retirara aproximadamente 5 millones de pesos en efectivo para que fueran entregados en ese mismo instante dentro de las instalaciones de Bancolombia a la señora Mary Luz Londoño. En esa ocasión la señora Mary Luz Londoño contaba con un escolta de la policía y dijo que la entrega fuera discreta al interior del banco ya que se encontraba el policía escoltándola, el policía no creo que se haya dado cuenta de la entrega de dinero. Preguntado: En la primera entrega de dinero referida, qué personas estuvieron. Contestó: La señora Mary Luz Londoño y yo. Preguntado: Refiera las circunstancias de las dos restantes entregas de dinero hechas por usted al señor Raúl Quintana. Contestó: Aclaro que estas entregas se realizaron antes de que yo ocupara y ostentara el cargo en Etesa, a pesar de eso mientras ocupé dicho cargo también ocurrieron circunstancias y situaciones similares a las ya mencionadas. En cuanto a las circunstancias de entrega al señor Raúl Quintana el 11 de noviembre del 2008, Alexander Gómez hizo una transferencia a una cuenta personal a nombre mío, de una cuenta de Bancolombia a una cuenta mía del banco Davivienda Nº 006260021453 cuenta corriente, sucursal Chico, el monto de la transferencia fue de más o menos 5 millones de pesos y la entrega de dicho dinero se hizo en las instalaciones del banco Davivienda ubicado en el primer piso del centro comercial Unicentro, en efectivo, dinero que fue entregado en personal al señor Raúl Quintana, yo hice la entrega. Estábamos los dos solos. En cuanto a la segunda entrega de dinero al señor Raúl Quintana tan solo fui testigo ya que el señor Alexander Gómez dejó un sobre con dinero en casa de su hija Vanesa Gómez el cual fue recogido por el señor Raúl Quintana. No se la suma del dinero. Las demás entregas de dinero se hicieron a lo largo del año 2009 y algunas de ellas respondieron a exigencias hechas por el señor Raúl Quintana cuando yo ya ostentaba el cargo de delegado de Etesa. Preguntado: La última de las dos primeras entregas de dinero, hechas al señor Raúl Quintana, antes de ostentar el cargo de delegado de Etesa, aproximadamente en qué fecha se hizo. Contesto: Último trimestre del año 2008. Preguntado: El señor Alexander Gómez Stevenson, le manifestó el motivo por el cual hacía entrega de estas 4 sumas de dinero a la pareja Quintana - Londoño. Contestó: En su momento nunca lo comentó y yo tampoco pretendí saberlo a pesar de esto hechos ocurridos durante el ejercicio de mi cargo como delegado me llevan a pensar que eran producto de cobros ilegales a operadores ilegales de instrumentos de juego, en los departamentos en los cuales Alexander Gómez era delegado en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar. Preguntado: Qué hechos ocurridos mientras desempeñaba las funciones de delegado de Etesa lo llevaron a hacer esta deducción. Contestó: En primer término las circunstancias específicas de mi nombramiento, donde mi hoja de vida fue estudiada por Mary Luz Londoño y Alexander Gómez para que cumpliera con las expectativas y requerimientos de Etesa, además de esto la constante insistencia de Alexander Gómez por hacerme nombrar delegado y las innumerables presiones ejercidas por parte de Alexander a la señora Mary Luz para hacerme contratar, en segundo término una vez Alexander Gómez cae detenido en la ciudad de Bucaramanga, por una presunta extorsión, en el mes de marzo de 2009, el señor Raúl Quintana me contacta en varias ocasiones y me exige una cuota específica de dinero por cada departamento del cual era delegado, dinero que si yo no estaba dispuesto a entregar, decía Raúl Quintana encontrarían a una persona que si estuviera dispuesta a hacerlo. Los montos por departamento eran los siguientes: 10 millones de pesos por Cesar, 10 millones de pesos por Norte de Santander y 20 millones de pesos por Santander, dinero que debía ser entregado mensualmente. Tercero: Cuando Alexander Gómez Stevenson me ofrece el cargo me dice que para poder tenerlo es requisito comprar un apartamento ubicado en el proyecto de construcción Portales de Santa Mónica de la ciudad de Cartagena, proyecto de construcción que es llevado a cabo por los esposos Londoño - Quintana, Alexander Gómez se ofrecía a pagar una cuota mensual de dos millones de pesos durante los seis meses de vigencia de mi contrato en donde yo ostentaría un 50% de propiedad sobre dichas cuotas del apartamento mencionado. Toda la información de proceso de adquisición del apartamento se encuentra en mi correo personal: jaromiqui@gmail.com, en caso de que se requiera la clave de dicho correo con gusto la suministraré. Preguntado: Exactamente por qué motivo debía compara (sic) el apartamento mencionado para ser designado como delgado de Etesa. Contestó: Este requisito fue impuesto por Raúl Quintana y es posible también por la señora Mary Luz a Alexander Gómez, ya que él iba a hacerme nombrar como su sucesor en el cargo de forma tal que pudiera manipularme para continuar realizado los cobros ilegales a los operadores de juegos ilegales. Una vez Alexander Gómez cae detenido en la ciudad de Bucaramanga Raúl Quintana me afirma que para el (sic) y su esposa Mary Luz ha sido muy costosa la carrera política y por lo tanto deben recuperar o equiparar algo de lo costoso que ha sido para ellos dicho proceso por lo tanto afirma que es un requisito que se adquiera dicho apartamento y se cumpla con las cuotas mensuales establecidas por departamento, adicionalmente el aclara que tiene urgencia en que el proyecto portales de Santa Mónica, llegue pronto a su punto de equilibrio para que la fiducia desembolse el dinero y puedan empezar así con las construcción. Preguntado: Cuál fue el valor total del apartamento y su forma de pago. Contestó: Inicialmente debían consignarse dos millones de pesos mensuales en una cuenta de la fiducia, a pesar de esto dadas las circunstancias en las cuales Alexander Gómez cae detenido en Bucaramanga y ya que yo ocupé el cargo de delegado por poco menos de dos meses, no fue posible iniciar con el proceso de compra del apartamento. No dimos ninguna cuota. Preguntado: Accedió a los requerimientos que le hizo Raúl Quintana para ser designado como delegado de Etesa en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar. Contestó: En un principio quien cumplía con dichos requerimientos era Alexander Gómez, hechos que eran manipulados para que yo no entendiera, una vez el cae preso en Bucaramanga y Raúl Quintana me hace las exigencias Alexander Gómez desde la cárcel Modelo de Bucaramanga se esfuerza por convencerme y persuadirme de que continúe con los cobros ilegales que él venía realizando en los diferentes departamentos. Como parte de ese proceso yo recibí aproximadamente 20 millones de pesos de los cuales entregué a Raúl Quintana ocho millones aproximadamente, a Alexander Gómez, 10 millones aproximadamente y el restante fue utilizado en gastos de viaje y traslado. Preguntado: De manos de quien recibió los veinte millones de pesos que dice usted aproximadamente recibió en dicho proceso. Contestó: De manos de asistentes, dueños o administradores de establecimientos de juego, desafortunadamente no tuve la oportunidad de forma minuciosa la ubicación y cantidad de elementos de juego y la propiedad de los mismos. Preguntado: Precise a la Corte el periodo durante el cual se desempeñó como delegado de Etesa en los departamentos atrás mencionados. Contestó: del 26 de febrero del 2009 a aproximadamente, no recuerdo la fecha de aceptación de la renuncia pero debe haber sido el 15 de mayo del 2009. Preguntado: Cuál era el método que se observaba para exigir dinero a los operadores de las máquinas de juegos de azar ilegales. Contestó: de lo poco que pude enterarme es que desde hace ocho años y según los operadores ilegales, en toda Colombia, se hacen cobros ilegales por parte de las autoridades encargadas de la fiscalización y control de la legalidad en los elementos de juego de suerte y azar. Para el momento en el cual yo fui delegado se cobraban 50 mil pesos por máquina de juego tradicional, 20 mil por máquina conocidas en el mercado como picachos, 500 mil pesos por mesa de juego y un millón por tablero progresivo. Dichas tarifas se establecen según el número de elementos de juego de cada operador ilegal y el cobro se hace de forma mensual. Preguntado: Tiene conocimiento de cómo se averiguaba acerca del funcionamiento de máquinas ilegales por parte del delegado de Etesa en los departamentos eludidos. Contestó: Se supone que Alexander Gómez había realizado un minucioso inventario de los elementos de juego tanto legales como ilegales y sus respectivos propietarios o administradores, esta labor, supongo, se hacía recorriendo ciudad por ciudad, municipio por municipio y entrando a cada casino, salón de juegos o establecimiento donde existieran máquinas de juego. Preguntado: Se enteró de cómo se hacía el cobro de dinero a los operadores de estas máquinas ilegales por parte del señor Gómez Stevenson. Contestó: El señor Alexander Gómez tenía establecidos calendarios de pagos donde estableció periodos de pago comprendidos ente primeros días del mes, mitad del mes y últimos días del mes para cada departamento respectivamente. Preguntado: Para este trabajo de cobro de dineros ilegales, el señor Gómez Stevenson contaba con un personal para esos efectos. Contestó: El utilizaba al señor Walter Caicedo como asistente y según me entere en la investigación penal que lleva a cabo la justicia ordinaria, actualmente, por todos los hechos aquí enunciados, utilizó cuentas bancarias de allegados a él para recibir los dineros producto de los cobros ilegales. Los titulares de dichas cuentas los conocí el 13 de julio de 2009 en las instalaciones de la sala de reclusión del DAS de Paloquemado, después de ser capturado y vinculado a una investigación penal en mi contra, dichas personas son Damian Lian, Jorge Monroy, Giovanni Parada. Los demás vinculados a la investigación penal, según la fiscalía, servían de asistentes a Alexander Gómez, en los departamentos anunciados. Preguntado: Concretamente que actividades realizaban los denominados por usted asistentes y el cobro ilegal de dineros para permitir el funcionamiento irregular de estas máquinas. Contestó: En las audiencias de imputación de cargos de la investigación penal llevada a cabo por estos hechos me entere que presuntamente estos asistentes recogían dineros de varios operadores ilegales para después entregarlo al señor Alexander Gómez y facilitar así su labor. Preguntado: Una vez fue designado delegado de Etesa para los departamentos referidos, siguió operando el método establecido con anterioridad para recaudar estos dineros irregulares. Contestó: Durante mi labor como delegado siguiendo los concejos y bajo de asesoría de Alexander Gómez me limité a visitar establecimientos de juego que él me señalaba y de hecho cumplían con todos los requisitos legales y contractuales con Etesa, mientras yo adelantaba estas labores, Alexander Gómez como él se autodenominó en múltiples ocasiones continuó siendo el delegado en la sombra y por lo tanto se puede concluir que continuó con las metodologías de cobro ya anunciadas. Preguntado: Los denominados asistentes del señor Gómez Stevenson siguieron trabajando para usted en esa actividad ilegal. Contestó: No señor, ya que Alexander Gómez Stevenson desde la cárcel continuó gestionando los cobros y dirigiendo las consignaciones producto de los cobros ilegales a cuentas que él mismo refería. Preguntado: Precise a la Corte, de ser posible, las circunstancias que rodearon la entrega de dinero que dice haber hecho mientras estuvo en el cargo de delegado de Etesa Al señor Raúl Quintana. Contestó: Las circunstancias de las reuniones siempre fueron las mismas, nos encontrábamos en casa del señor Raúl Quintana ubicada en el barrio la Calleja. En dichas reuniones el me recibía frente a su casa sin permitirme ingresar y nos dirigíamos a la parte trasera o al salón comunal donde el recibía el dinero en efectivo. La forma en la cual se concretaba la hora de la reunión era mediante comunicación por teléfono celular en donde Raúl se identificaba como Gabriel y fingía un tono deferente de voz, esto ocurrió en dos o tres ocasiones. Preguntado: Además de los dos, participo alguna otra persona en estas últimas reuniones. Contestó: No señor. Preguntado: sabe usted si de la entrega de estos dineros estaba enterada la doctora Mery Luz Londoño. Contestó: Aparentemente no estaba enterada, mas no entiendo como hubiera podido Raúl Quintana removerme de mi cargo como delegado si la señora Mery Luz no estaba enterada. El señor Raúl Quintana me exigió dinero mensual por cada uno de los departamentos de los cuales fui delegado y me exigió iniciar un proceso de compra de un apartamento del proyecto portales de Santa Mónica de la ciudad de Cartagena, en caso de que yo no hubiere cumplido con sus exigencias Raúl Quintana afirmo que debía dejar el cargo para que una persona que si fuera capaz de cumplir con dichas exigencias lo ocupara. Siempre estas advertencias se dieron en un contexto amenazador que de una u otra forma me hizo interpretar como si yo no hubiera cumplido con sus exigencias, me hubieran removido del cargo, ya que Raúl Quintana no tenía vinculación laboral con Etesa, la única que podía cumplir las advertencias y amenazas hechas por él era su esposa la señora Mery Luz Londoño, en ese momento Presidenta de Etesa. Preguntado: Por qué medio recibió el dinero que entrego, según su relato Raúl Quintana Gómez Stevenson durante el tiempo que se desempeñó como delegado de Etesa. Contestó: Recibí el dinero en efectivo, en la ciudad de Valledupar, en algunas ocasiones enviado por operadores al hotel donde me encontraba, del cual no recuerdo el nombre en este momento pero si el despacho así lo requiere puedo obtenerlo, en otras ocasiones entregado en algún establecimiento de juego, bien fuera de Valledupar o de Cúcuta enviado por los operadores. Preguntado: Como se enteraban los operadores de que debían hacerle llegar el dinero a usted. Contestó: Alexander Gómez establecía con ellos las condiciones, montos y me comunicaba a qué lugar tenía que ir, en que forma y en donde iba a recibir el dinero. Preguntado: En qué circunstancias hizo entrega del dinero atrás mencionado por usted a Gómez Stevenson. Contestó: Una parte del dinero fue entregado a la señora Zuly Romero, esposa de Alexander Gómez, seis millones de pesos aproximadamente en efectivo, en la ciudad de Bucaramanga para marzo del 2009 y dos consignaciones hechas al señor Damian Lian a una cuenta del banco Davivienda, no puedo precisar la fecha pero dichas consignaciones hacen parte de las pruebas obtenidas por la Fiscalía en la investigación penal que se encuentra en curso. Preguntado: Cuál fue el motivo para ser removido del cargo de delegado de Etesa. Contestó: El motivo fue una solicitud expresa a la Secretaría General de Etesa Karen Hernández, hecha por mí para la cancelación del contrato, los fundamentos de dicha solicitud responden a que a lo largo de mi vida me he destacado por excelente rendimiento académico, ser un empresario exitoso y una persona de valores cristianos muy arraigados. Cuando entendía la magnitud, lo profundo del problema en el cual me había inmiscuido por admiración y temor reverencial a mi suegro entendí que no me eduque y me destaque en la vida para ser parte de organizaciones corruptas, hecho por el cual renuncie y el día de hoy a consecuencia de la gravedad de los hechos aquí narrados, de los posibles riesgos que corra mi persona al hacer estas declaraciones, y a sabiendas de que la situación actual de corrupción no cambiará rindo este tipo de testimonio y aprovecho la oportunidad para continuar a disposición de la Corte en lo que a su saber yo pueda contribuir. Preguntado: En alguna ocasión Alexander Gómez Stevenson le manifestó qué destino le daba al dinero que recaudaba por permitir el funcionamiento ilegal de las máquinas de juego y azar. Contestó: Alexander Gómez manifestó que debía cumplir con una cuota mensual a la persona responsable de haberlo nombrado en el cargo de delegado, la doctora Mery Luz Londoño y su esposo Raúl Quintana. Preguntado: En algún momento el señor Gómez Stevenson le manifestó que parte de los dineros recaudados por esta actividad ilegal debían ser entregados al señor Cáceres Leal. Contestó: No señor. Preguntado: En alguna ocasión tuvieron conversaciones con el señor Gómez Stevenson referentes al senador Cáceres Leal. Contestó: Cuando se estaba tramitando mi nombramiento Alexander Gómez me hizo saber que una de las razones por las cuales él no podía continuar siendo el delegado era que la señora Mery Luz Londoño había presentado su renuncia al cargo de presidente de Etesa a finales del 2008 renuncia que estaba por ser aceptada y que por lo tanto cuando ella se desvinculara de la entidad no podía quedar cuota alguna dejada por ella por este hecho él necesitaba una persona de confianza que le ayudara a continuar con las labores que desempeñaba, a pesar de que mi nombramiento estuvo listo a principios de febrero empezó a dilatarse el mismo sin razón aparente, Alexander Gómez argumentaba que un señor de apellido Laverde le había ofrecido más dinero a Mery Luz y Raúl por los mismos departamentos que Alexander venía manejando, razón por la cual Alexander en medio del desespero por hacerme nombrar y como consta en interceptación telefónica hecha por el DAS a una conversación entre Zuly Romero y Alexander Gómez, este último fue a entrevistarse con el senador Javier Cáceres para comentarle el inconveniente que estaba surgiendo en torno a que yo fuera nombrado delegado de Etesa. Alexander Gómez me afirmó que una vez Mery Luz Londoño y Raúl Quintana se enteraron de la conversación que él había sostenido con el senador Javier Cáceres habían impulsado mi nombramiento y de hecho a los pocos días fui contratado como delegado de la entidad. Preguntado: Gómez Stevenson le relató los detalles de la conversación sostenida con el senador Cáceres Leal acerca de su nombramiento. Contestó: Alexander Gómez no dio detalles tan solo manifestó que mi nombramiento iba a darse muy pronto. Preguntado: Supo en qué lugar se llevó a cabo la reunión entre Gómez Stevenson y el senador Cáceres Leal. Contestó: No señor. Preguntado: Esta enterado de qué relación tienen si ello es así la señora Mery Luz Londoño y el senador Cáceres Leal. Contestó: Tengo entendido que ambos son políticos oriundos de Cartagena y que por lo tanto tienen algún vínculo bien sea de amistad, laboral o sencillamente son conocidos. Preguntado: Supo si el dinero entregado tanto a la doctora Mery Luz Londoño como a su esposo Raúl Quintana era para ellos en su totalidad o debían entregar a parte de él a otra persona. Contestó: Yo presumo que el dinero era para ellos, porque nunca se mencionó que ellos tuvieran que cumplir con cuotas de dinero o cualquier clase de prebenda por el cargo que ostentaba la señora Mery Luz Londoño. Preguntado: Tiene conocimiento que el senador Cáceres Leal hubiese recomendado o tenido alguna injerencia en la designación de la señora Mery Luz Londoño como presidenta de Etesa. Contestó: No tengo conocimiento. Preguntado: Sabe usted si entre en señor Gómez Stevenson y el senador Cáceres Leal existe algún tipo de relación. Contestó: Tengo entendido que se conocen ya que Alexander Gómez antes de ser delegado de Etesa participó en actividades políticas como ser candidato al Concejo de Cartagena y jefe de campaña de la doctora Mery Luz, en su candidatura a la alcaldía de Cartagena, por lo tanto supongo que el senador Javier Cáceres y Alexander Gómez se conocen, ya que ambos son políticos, son de Cartagena y pues de hecho, Alexander Gómez manifestó en varias ocasiones conocer al senador Javier Cáceres, es obvio que se conocen. Preguntado: Tiene conocimiento que el senador Cáceres hubiese tenido alguna injerencia en el nombramiento del señor Gómez Stevenson como delegado de Etesa. Contestó: No señor no tengo conocimiento. Preguntado: Qué requisitos debía cumplir para ser designado como delegado de Etesa. Contestó: Ser profesional, no tener antecedentes judiciales o disciplinarios, tener aptitudes en temas de auditoría y control y experiencia laboral. Preguntado: Cumplía usted estos requisitos. Contestó: Sí señor. Preguntado: Cómo fue su vinculación a Etesa como delegado. Contestó: Mediante contrato de prestación de servicios con una duración de seis meses. Mi salario o contraprestación era de cuatro millones y medio antes de retenciones y para tener derecho al pago mensual debían cumplirse unas labores específicas las cuales sumaban puntos hasta un acumulado mínimo de 65 puntos mensuales. Preguntado: Qué exigencias hacía Etesa para autorizar el funcionamiento de las distintas máquinas por parte de los establecimientos comerciales. Contestó: Etesa daba un contrato de concesión donde autorizaba el funcionamiento de un determinado número de instrumentos de juego y como contraprestación exigía el pago de una suma mensual específica por máquina, independientemente los ingresos que tuviere el establecimiento de juego, dependiendo del número de habitantes de la ciudad o municipio se exige que haya un mínimo de máquinas por establecimiento. Preguntado: En qué circunstancias conoció a Alexander Gómez Stevenson. Contestó: Conocí a Alexander Gómez ya que a partir de febrero del 2008 entable una relación amorosa con su hija Vanessa Gómez. Preguntado: Mantiene alguna relación con el señor Gómez Stevenson. Contestó: Ninguna. En este momento solo comparto un sentimiento de solidaridad ya que se encuentra privado de la libertad. Preguntado: Conoce a la señora Rosario de la Rosa. Contestó: Si señor, la conocí ya que ella era jefe de delegados durante el periodo que yo ejercí como delegado en Etesa. Preguntado: Sabe usted si la señora Rosario de la Rosa tiene alguna relación con el senador Cáceres Leal. Contestó: No tengo idea. Preguntado: Tiene conocimiento que para el nombramiento de la señora Rosario de la Rosa en Etesa, el senador Cáceres Leal hubiese tenido alguna ingerencia (sic). Contestó: No tengo conocimiento. Preguntado: De acuerdo con la investigación en la cual resultó usted condenado, se puede inferir que en esos hechos hubiese tenido alguna participación el senador Cáceres Leal. Contestó: No señor. En este estado de la diligencia la señora representante del Ministerio público interroga al testigo de la siguiente manera. Preguntado: Sabe usted si el senador Javier Cáceres Leal tuvo ingerencia (sic) en el nombramiento de otros funcionarios diferentes a aquellos por los cuales aquí se le ha preguntado, en Etesa. Contestó: No tengo conocimiento alguno, y no me consta que el senador Cáceres tenga alguna relación con Etesa, más de lo que han publicado los medios de comunicación y lo que en su momento dijo Alexander Gómez acerca de mi nombramiento. Preguntado: En qué condiciones y bajo que modalidad fue efectuada su vinculación inicial con Etesa. Contestó: Aclaró que mi única vinculación con Etesa se dio como delegado durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero del 2009 y aproximadamente el 15 de mayo del 2009, para mayor claridad respecto del testimonio rendido, cuando me refería a los hechos ocurridos antes de ser delegado pretendía establecer una diferenciación entre los hechos ocurridos cuando fui delegado y los hechos ocurridos antes de serlo y si quiere entender cuál era el funcionamiento de lo que hacía el señor Alexander Gómez. Preguntado: Usted ha desplegado actividades políticas. Contestó: No señora, de ningún tipo. Preguntado: Conoce a quién pertenece el correo electrónico jaromiki@gmail. Contestó: Ese es un correo personal mío que mencione antes en este testimonio pero que para mayor claridad corrijo, es jaromiqui@gmail.com. Preguntado: En respuesta anterior manifestó usted que su hoja de vida fue estudiada por Mery Luz Londoño y Alexander Gómez Stevenson para verificar que cumpliera con las expectativas y requerimientos de Etesa. A qué hace referencia concretamente cuando se refiere a esas expectativas y esos requerimientos. Contestó: Experiencia laboral y actividades relacionadas con auditoría y control. Preguntado: Además de las funciones que usted ha manifestado en esta diligencia, cumplía en Etesa, desarrolló otras a las ya informadas. Contestó: Procedí a las visitas y fiscalización de los instrumentos de juego legales, participé en un operativo llevado a cabo en el municipio de Ibagué, en el Tolima, he hice operativos en la ciudad de Bucaramanga por cuenta propia que resultaron en el sellamiento de instrumentos de juego ilegales. Preguntado por el despacho: Cuál es su situación jurídica en este momento en relación con el proceso que se adelanta por los hechos aquí investigados. Contestó: Me encuentro condenado previo allanamiento al delito de concusión y estamos en fase de juicio audiencia preparatoria por el delito concierto para delinquir. Adicionalmente me encuentro tramitando un principio de oportunidad con la fiscalía 304 destacada ante el DAS, me condenó el juzgado 12 penal del circuito de conocimiento de descongestión. Preguntado: En relación con las demás personas vinculadas a esa investigación, en qué estado se encuentra el proceso. Contestó: De los imputados Yovanni Parada, Damian Lian, Jorge Monroy, Álvaro Ríos, José Acosta, Alexander Gómez, Walter Caicedo, Ninguno aceptó cargos y aparte de estas personas mencionadas, tengo entendido que la fiscalía 304 destacada ante el DAS ha judicializado a cerca de cuatro operadores de los cuales algunos aceptaron cargo y ya recibieron condena. En cuanto a los primeros está programada audiencia preparatoria, para Alexander Gómez y Walter Caicedo para el 26 de abril de este año y para el resto para el 13 de mayo de este año, de los últimos el juzgado 7 penal del circuito. Preguntado: Se enteró de que las personas que participaron en el recaudo de estos dineros ilícitos para obtener esos propósitos utilizaron en nombre del senador Cáceres Leal. Contestó: Me entere de esa situación por un artículo publicado en la revista Cambio, pero mi opinión personal, independientemente de lo que la justicia concluya y publiquen los medios es que el senador Javier Cáceres no tuvo relación alguna con los cobros realizados por las personas que se me preguntó. Opino esta dado que mientras fui delegado y Raúl Quintana me exigió dinero nunca tuve una conversación con el senador Javier Cáceres, nunca me mandó razón y jamás fue mencionado que los dineros que se me exigían lo tuvieran a él como destinatario. Preguntado: Gómez Stevenson le hizo algún comentario con relación a la participación del senador Cáceres Leal en estos hechos delictivos. Contestó: A parte de la citada reunión al principio de este testimonio Alexander Gómez no mencionó en otras ocasiones al senador Javier Cáceres. Preguntado: Desea agregar algo más a lo dicho en la presente diligencia. Contestó: Sí, ya que no cuento con mi defensor de confianza, y por lo tanto no se cuáles son los derechos y deberes de cada uno de los asistentes a esta diligencia, les solicito muy amablemente a los aquí presentes, guarden reserva de la información entregada, ya que en caso de hacerse pública temería por mi seguridad. No siendo otro el objeto de esta diligencia se termina y firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron”.

Por tratarse de pruebas trasladadas no controvertidas, la Consejera Ponente decidió recabar prueba testimonial directa de parte del interrogado Jaime Román Miranda, en la que este negó que el senador Cáceres hubiese tenido alguna injerencia en su nombramiento o que le constara si la reunión que Alexander Gómez afirmó haber tenido con el senador Cáceres ocurrió a ciencia cierta o no. Al ser interrogado, textualmente, expuso:

“Preguntado: Conoce al senador Javier Cáceres Leal, de ser así en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar lo conoció y qué relación tiene con él. Contestó: Tuve la oportunidad de conocer al senador Javier Cáceres hacia mediados del año 2008, en su despacho en las oficinas del Congreso. En dicha oportunidad asistí con mi pareja del momento Vanesa Alexandra Gómez, el motivo de esta visita fue que Vanesa Alexandra se encontraba adelantando una investigación para su carrera de comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, investigación que tenía como tema central a la aprobación del refrendo reeleccionista y su respectivo trámite en la comisión primera del Senado. Para ese momento, yo no tenía relación alguna con Etesa ni tenía conocimiento que iba a tener oportunidad de ocupar un cargo meses después en esa entidad. Esta es la única vez que me he entrevistado, o he hablado en persona con el doctor Javier Cáceres, y desde ese momento hasta la fecha actual no he tenido ningún tipo de contacto y por lo tanto no tengo ningún tipo de relación con él. Preguntado: Cuál es el estado procesal de la investigación que en su contra adelantó la fiscalía 304 seccional Bogotá por irregularidades que se venían presentando en Etesa, relacionadas con el cobro de sumas de dinero a operadores ilegales en los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander para permitirles la operación de las mismas, ya que estas no contaban ni con contratos ni con permiso por parte de Etesa. Contestó: El estado actual del proceso penal en mi contra se define primero por aceptación de cargos por mí para el delito de concusión, aceptación que sucedió en la audiencia de imputación de cargos, a partir de ese momento iniciamos el trámite de la aplicación del principio de oportunidad para el delito de concierto para delinquir. El principio de oportunidad fue aprobado por la fiscalía, ratificado mediante juez de garantías bajo la modalidad de periodo de suspensión a prueba. Mi compromiso con la fiscalía es colaborar con la investigación y servir de testigo en audiencia pública frente a los indiciados, Mery Luz Londoño, Raúl Quintana y Alexander Gómez. Preguntado: Refiera a la Sala, por favor, de manera detallada todo cuanto le conste acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se sucedieron los hechos, y las actividades realizadas por usted en cuya virtud admitió cargos por el delito de concusión. Contestó: Todo el proceso que conllevó a que sucediera este proceso penal en mi contra inicia en diciembre del año 2008 donde el señor Alexander Gómez Stevenson me ofreció ocupar el cargo de delegado territorial de Etesa en los departamentos que él se venía desempeñando como delegado. El señor Alexander Gómez me expresaba que por diferentes razones él no podía continuar ejerciendo el cargo y que necesitaba una persona de su entera confianza que le permitiera continuar ejerciendo algunas de las labores que venía desempeñando. Para dar trámite a mi nombramiento, le presenté mi hoja de vida a la señora Mery Luz Londoño y ella hizo una serie de recomendaciones de forma para realizar en la hoja de vida. Después de un largo proceso en el cual era ambigua la posibilidad de que mi nombramiento se diera, firmé contrato con Etesa el 26 de febrero del año 2009 aproximadamente siendo nombrado delegado territorial para los departamentos de Cesar, Norte de Santander y provisionalmente Santander. Alexander Gómez tal y como lo había prometido me acompañó a mis primeros viajes, la promesa hecha por él consistía en protegerme de los riesgos inherentes a una actividad de control de la ilegalidad y prometió protegerme de cualquier problema jurídico o penal que pudiera suceder. Para el inicio de mis actividades yo no sabía con exactitud en qué iba a consistir la labor que iba a adelantar y el constante acompañamiento de Alexander Gómez, él utilizaba expresiones tales como: “continuar siendo delegado en la sombra”, supongo que por esa razón mi perfil de persona joven que lo admiraba y respetaba garantizaba que él podía manipularme y continuar realizando sus actividades. Aclaro que el señor Alexander Gómez para ese momento era mi suegro hecho que explica el respeto y admiración que sentía por él. El primer viaje fue a la ciudad de Bucaramanga donde las labores se centraron en inspeccionar establecimientos de juego completamente legales donde el señor Alexander Gómez quería presentarme. Seguido a esto en un hotel de Bucaramanga del cual no recuerdo el nombre pero en versiones anteriores ante la fiscalía y ante la sala penal de la corte suprema lo mencioné, se realizaron una serie de reuniones donde mi parlamento era el siguiente; yo me presentaba a cada uno de los operadores que habían sido citados por Alexander Gómez les mostraba mi identificación como delegado y les decía que todo seguía igual y que por lo tanto podían hablar con Alexander Gómez, una persona que estuvo presenté en estas reunidos además de Alexander Gómez y los operadores fue el señor Walter Caicedo. Para ese momento yo no sabía exactamente qué era lo que seguía igual y que era lo que continuaba hablando Alexander Gómez y Walter Caicedo con cada uno de los operadores. Seguido a este viaje, hubo un viaje similar a la ciudad de Cúcuta, a la ciudad de Valledupar, al municipio de Ocaña, al municipio de Aguachica principalmente. De esta forma trascurrió mi primer mes de trabajo, tiempo en el cual tuve la constante compañía de Alexander Gómez. Hacia el mes de marzo los señores Alexander Gómez y Walter Caicedo son detenidos por extorsión en la ciudad de Bucaramanga, desde ese momento empecé a ejercer mis labores como delegado de forma independiente y autónoma, es entonces cuando desde la cárcel modelo de Bucaramanga Alexander Gómez se comunicaba conmigo y me intentaba dar instrucciones para recibir cuotas mensuales de distintos operadores ilegales de los tres departamentos para los cuales yo era delegado. Una de esas llamadas me da instrucciones para que en el caso de que me llamen al celular dijera que todo estaba bien y todo seguía igual, llamadas que una vez eran culminadas entre mi persona y los diferentes interlocutores continuaba con una consignación en diferentes cuentas que daba Alexander Gómez. En este punto entendí exactamente por qué me habían nombrado en Etesa y para qué Alexander Gómez me había hecho nombrar. Hacía el mes de abril del 2009 aproximadamente soy contactado por el señor Raúl Quintana, quien me cita en Juan Valdés en el centro comercial Unicentro de Bogotá para informarme que yo debía continuar con un compromiso adquirido por Alexander el cual se trataba de comprar un apartamento en el proyecto de construcción portales de Santa Mónica de la ciudad de Cartagena para adquirir dicho apartamento debía dar una cuota mensual de dos millones de pesos, los dueños del proyecto son o eran, no sé, Raúl Quintana y Mery Luz Londoño. Para continuar como delegado debía continuar con este compromiso. En días posteriores Raúl Quintana me citó a su casa en Bogotá en el barrio la Calleja donde me expuso que a él. En este estado de la diligencia la señora magistrada auxiliar considera que en atención a que las respuestas del deponente son coincidentes en todo a las que constan en los interrogatorios que el testigo rindió ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía 304 destacada ante el DAS, con fundamento en el principio de celeridad y eficacia, proceda a darle aplicación al artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta de que el testigo manifiesta que las preguntas y las respuestas que a la pregunta que se le ha formulado son coincidentes, por lo que ha ratificado el testimonio que ha rendido en los dos procesos penales, cuya inspección judicial ya fue objeto de prueba, y en virtud de esta se allegó a las presentes diligencias copia de las actas de las audiencias respectivas. El señor Agente del Ministerio Público manifiesta su aquiescencia por el acuerdo de las partes el interrogatorio se contraerá a lo que respecto de los hechos que constan al testigo le conste directamente o por interpuesta persona, en cuanto fueren pertinentes y relevantes al examen de los hechos en que se fundamenta la solicitud de pérdida de investidura del senador Javier Cáceres Leal. Seguidamente el despacho le pide que haga un relato de lo que le conste de conformidad con la precisión que se le ha hecho. Contestó: En el proceso de mi nombramiento tuve conocimiento de un hecho particular que se caracterizaba por la presión que ejercía Alexander Gómez a Mery Luz Londoño y Raúl Quintana. Al parecer existía algún tipo de conflicto, obstáculo o traba para que yo fuera nombrado. En razón a esto Alexander Gómez me pedía que asistiera a diario a las oficinas de Etesa de esta forma transcurrió gran parte del mes de febrero, hasta que un día Alexander Gómez me manifestó que le había tocado hablar con el senador Javier Cáceres acerca de mi nombramiento y que cuando les expuso a Raúl Quintana y a Mery Luz Londoño que efectivamente había hablado con el senador Javier Cáceres, ellos manifestaron su preocupación. Días después firme contrato con Etesa, esta situación se ve reflejada en interceptaciones telefónicas que tiene el DAS en donde Alexander Gómez habla con su esposa Zuly Romero y le cuenta lo mismo que me contó a mi acerca de la supuesta reunión con Javier Cáceres. Yo no tengo certeza, pruebas o razones para afirmar que esa reunión efectivamente se realizó, ni mucho menos puedo afirmar con certeza que gracias a esa reunión fui nombrado delegado en Etesa. A parte de esa reunión no tengo conocimientos acerca de las relaciones que pudiera haber tenido el senador Javier Cáceres con Etesa, la única información que tengo es la misma que ha sido objeto de artículos periodísticos en El Tiempo, en Cambio y otras publicaciones. Preguntado: Le comentó en alguna oportunidad el señor Alexander Gómez Stevenson si el senador Cáceres Leal, le pidió a cambio de apoyar o recomendar su nombramiento en Etesa a cambio de sumas de dinero o cualquier otra contraprestación? Contestó: Mi conocimiento es que los dineros recaudados en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar, eran para el señor Alexander Gómez, y este a su vez los entregaba a Mery Luz Londoño y Raúl Quintana, por lo tanto no tengo conocimiento del que el señor Javier Cáceres fuera destinatario de los cobros ilegales. Preguntado: Conoció en alguna oportunidad si el señor Walter Enrique Caicedo García que en respuesta a pregunta precedente usted sostuvo que le acompañaba, hiciera alguna entrega de dinero directamente o por interpuesta persona, proveniente de estas actividades delictivas al senador Cáceres Leal. Contestó: El dinero recaudado por el señor Walter Caicedo era entregado directamente a Alexander Gómez, Walter Caicedo era asistente de Alexander Gómez en los departamentos de Norte de Santander y Santander por lo tanto no tengo conocimiento de que los dineros recaudados por Walter Caicedo fueran entregados al senador Javier Cáceres. Preguntado: Conoció en alguna oportunidad si el señor Raúl Quintana Tatis hizo o hacia alguna entrega de estas sumas de dinero al senador Cáceres Leal. Contestó: Lo que manifestó Raúl Quintana es que el dinero recibido se destinaba a subsanar los costos de las campañas políticas y deudas adquiridas por estas en las aspiraciones de la señora Mery Luz Londoño, el señor Quintana nunca manifestó que el destinatario del dinero fuera el senador Javier Cáceres. En cuanto a las campañas políticas Raúl Quintana hacía referencia específicamente a la aspiración a la alcaldía de Cartagena de la señora Mery Luz Londoño. El señor Raúl Quintana siempre se refirió a Mery Luz Londoño y a él mismo como los destinatarios y responsables de los dineros recaudados en Norte de Santander, Santander y Cesar. Preguntado: Ilustre al despacho sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que usted conoció bien al señor Alexander Gómez Stevenson o a su hija Vanesa Alexandra Gómez Romero, dependiendo de quién fue primero en orden cronológico, e ilustre asimismo al despacho si en alguna oportunidad brindó apoyo a las campañas políticas, bien de Alexander Gómez Stevenson, Mery Luz Londoño García y/o el senador Javier Cáceres Leal. Contestó: Primero conocí a Vanesa Alexandra Gómez en una discoteca llamada Rosario en la ciudad de Bogotá en el mes de febrero del año 2008. Un par de meses después conocí a Alexander Gómez en la ciudad de Bogotá, dado que él viaja a menudo para ir a las oficinas de Etesa. Para ese momento trabajaba en las empresas que hoy día trabajo que es un producto de mi tesis de grado de administrador de empresas de la Universidad Javeriana, una empresa es una agencia de seguiros y la otra es una lonja de propiedad raíz. En cuanto a las campañas políticas yo siempre he sido empresario y me he desempeñado en el sector privado, siempre tuve curiosidad por los cargos públicos y de elección popular, más después de esta experiencia no espero volver a trabajar en el sector público, adicionalmente informo que nunca participé de campañas políticas de ninguna persona y tampoco específicamente del señor Alexander Gómez, Mery Luz Londoño y el senador Javier Cáceres. En este estado de la diligencia la señora Magistrada Auxiliar le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte actora quien interviene así; Preguntado: Si le consta o sabe que la señora Mery Luz Londoño haya tenido el aval o el apoyo para su nombramiento en Etesa, del senador Javier Cáceres. Contestó: Tengo entendido que el nombramiento de Mery Luz Londoño en Etesa fue consecuencia de sus buenas gestiones como contralora de Bolívar y ya que posteriormente fue postulada a la contraloría general fue nombrada presidenta de Etesa. Preguntado: Sí sabe y le consta sí tras la supresión del contrato del señor Alexander Gómez en Etesa pudo postularle a usted como su posible delegado en los departamentos que ya refirió (de acuerdo con sus respuestas arriba dadas en esta diligencia). Contestó: Alexander Gómez fue la persona que postuló mi hija de vida y gestionó el respectivo nombramiento. Preguntado: Sírvase decir si sabe por qué fue designado en Etesa pese a no cumplir el requisito de haber mediado un año tras el grado (exigencia de tal empresa para nominar a sus contratistas). Contestó: Tengo entendido que dicho requisito fue subsanado u homologado con una certificación de la universidad donde constaba que había transcurrido más un año desde que aprobé y cursé el programa completo de pregrado. No es de mi conocimiento el reglamento específico en este tema, pero supongo que por las razones expuestas en las respuestas anteriores era fundamental que una persona como yo ocupara el cargo. Preguntado: De acuerdo con sus respuestas ante otras instancias refiere que seis delegados que al parecer eran cuota del senador Javier Cáceres habían sido sancionados por la que fuera gerente o presidente de Etesa Mery Londoño, si recuerda cuáles de ellos con posterioridad fueron reintegrados a Etesa. En este estado de la diligencia se reformula la anterior pregunta así: Preguntado: De acuerdo a los folios 811 y 812 de la diligencia de interrogatorio del 9 de noviembre de 2009, practicada por la fiscalía 304 seccional etc.; que reposa en el expediente, el cuál fue ratificado por usted en esta diligencia, y que refiere que Mery Luz Londoño presidenta de Etesa sancionó a seis delegados de los cuales se rumoraba “que eran cuota del senador Javier Cáceres” continua con su respuesta “una vez Mery Luz salió del cargo fueron reintegrados los seis delegados de Bogotá...”, qué sabe o recuerda sobre los cargos o delegaciones con las que pudieran haber quedado al ser reintegrados. Y de paso le pongo de presente los folios 801 al 813 firmados por usted mismo. En este estado de la diligencia se le ponen de presente los folios mencionados al testigo. A continuación el apoderado de la parte demandada objeta la pregunta por cuanto si en esta diligencia se ratificó el testimonio que se ha brindado en otras instancias es superfluo reiterar las mismas preguntas. En segundo lugar porque como esta formulada la pregunta, además de una gran ambigüedad no se centra en lo que es motivo de debate en este proceso. El despacho acepta la objeción en cuanto al primer aspecto (ser superflua la pregunta por haber sido ya ratificado el testimonio en que consta). No así la objeción en relación con el segundo aspecto que considera pertinente a los hechos de la pérdida de investidura, relacionados con la coloquialmente denominada “cuota política o burocrática” del senador Cáceres en Etesa, por ser parte del supuesto fáctico, porque sería en principio un elemento a considerarse al examinar la corporación, la configuración o no de los supuestos fácticos de la causal de pérdida de investidura consistente en “tráfico de influencias debidamente comprobado”, que es una de las causales en que dicha solicitud se fundamenta. En esos términos, el despacho da especificidad y contexto al segundo aspecto de la pregunta formulada de la apoderada de la parte actora y en consecuencia exhorta al testigo para que con ese enfoque retome lo ya dicho ante la fiscalía 304 y le dé el alcance que para los efectos de este proceso pudiere tener el conocimiento que le consta en relación con los hechos atinentes a la causal que se la ha puesto de presente. Contestó: No tengo conocimiento de cuáles fueron las razones principales, ni la persona responsable de reintegrar a los delegados de los cuales se ha hecho mención a sus labores en Etesa. El despacho pregunta así: Preguntado: Qué expectativa tenía la señorita Vanesa Alexandra Gómez Romero en términos de su proyección con respecto al senador Javier Cáceres Leal. Sabe usted si ella conoció al senador Javier Cáceres por conducto del señor Alexander Gómez Stevenson su padre. Contestó: La verdad podría suponer que las expectativas de Vanesa Alexandra Gómez eran, sin ánimo de ser petulante, casarse conmigo. Y con tales expectativas supongo habría esperado de mi vida laboral éxito y prosperidad, más no podría afirmar o puntualizar expectativas que se relacionen con una posible relación entre el senador Javier Cáceres y mi persona, de hecho es posible que si el curso de los hechos hubiera sido diferente yo nunca hubiera llegado a sostener relación alguna con el senador Javier Cáceres. Tengo entendido que Vanesa Alexandra conoció al senador Javier Cáceres por conducto de su padre el día que yo la acompañé al despacho del senador a hacer la entrevista que relaté en la primer respuesta de este interrogatorio, aparte de esta reunión, no sé de nuevos momentos y podría afirmar que ella no sostuvo reuniones, entrevistas o conversaciones con el senador Javier Cáceres. El señor agente del Ministerio Público pregunta al testigo así: Preguntado: Sírvase informar si tiene conocimiento acerca del lugar de residencia o de la manera de localizar a la señorita Vanesa Alexandra Gómez. Contestó: La señora Vanesa Gómez está viviendo en el barrio Santa Bárbara en la calle 115 con 11, puedo informarle que su número celular es 3003469256. En este estado de la diligencia la señora magistrada auxiliar le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, quien interviene así: Preguntado: Dígale al despacho sí ha tenido conocimiento que el senador Javier Cáceres Leal haya realizado de manera directa o por interpuesta persona actos de corrupción en la empresa territorial para la salud Etesa. A continuación la apoderada de la parte demandante objeta la pregunta por cuanto la considera superflua, pues a su juicio el senador Javier Cáceres “va a quedar libre de toda culpa”. A continuación el despacho le concede el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público quien interviene así: considero que la pregunta resulta conducente por cuanto el testigo no ha hecho explicita manifestación sobre tal particular y en tanto el tema objeto del cuestionamiento guarda directa relación con la demanda de pérdida de investidura. El despacho acepta la insistencia y habida cuenta de que esta decisión no tiene recurso alguno le pide al testigo responderla, para lo cual previamente se le debe dar lectura a la pregunta formulada. Contestó: No tengo conocimiento de que el senador Javier Cáceres sea responsable de forma directa o por interpuesta persona en hechos de corrupción en Etesa, el único conocimiento que tengo es la información pública expuesta por medios de comunicación acerca de este tipo de hechos. El testigo manifiesta que tiene algo más que agregar. Reitero frente a este despacho como ya lo hice frente a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que me encuentro a total disposición de cualquier requerimiento futuro con respecto a los hechos que presencié en Etesa”.

De las declaraciones rendidas por Jaime Román Miranda ante la fiscalía 304 seccional delegada ante los juzgados penales del circuito, así como ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Consejo de Estado, de las que pudiere eventualmente derivarse el cargo de tráfico de influencias ejercido por parte del senador Javier Cáceres Leal, en virtud de haber logrado la vinculación de aquel a Etesa presumiblemente, sin el cumplimiento de los requisitos para el cargo, se destacan los siguientes apartes:

Ante la fiscalía 304 seccional delegada ante los juzgados penales del circuito, el señor Jaime Román Miranda dijo:

“Preguntado: De acuerdo a la información allegada por usted, en el interrogatorio de fecha de 4 de noviembre, en el que menciona que no cumplía con los requisitos establecidos por Etesa para la contratación de los delegados, mencione que requisitos no cumplía y cómo se llevó a cabo la contratación. Contestó: El requisito que no cumplía específicamente era el tiempo transcurrido entre el día del grado y la fecha de presentación de mi hoja de vida a Etesa, la fórmula encontrada en ese momento por Alexander y Mery Luz para solucionar dicho problema, fue obtener la certificación de la Universidad Javeriana, donde constara la fecha en la cual acabe materias y cumplía con todos los requisitos para la graduación; ya que lo exigido por Etesa era tener más de un año de graduado y mi grado fue en mayo de 2008, pero culminé los requisitos para el grado en junio del año de 2007; en un principio yo pensé que con dicha certificación era suficiente, para cumplir con los requisitos exigidos por Etesa, pero me di cuenta que a los dos meses de haber sido nombrado por información suministrada por Karen Hernández en su momento secretaría general, la certificación de la universidad no era suficiente y por lo tanto yo no cumplía con los requisitos exigidos por Etesa para el cargo, pese a estos hechos Mery Luz siendo presidenta de Etesa, debía estar consciente de que yo no cumplía con el total de requisitos, de todas formas, ella, presionó mi nombramiento a tal punto que lo logró. Su insistencia era debido a la presión ejercida por Alexander al haber hablado con el senador Javier Cáceres, y que en todo caso, el único delegado, que era cuota de Mery Luz, era en ese entonces el encargado de Norte de Santander y Cesar”.

Ante la Corte Suprema de Justicia —Sala Penal— sostuvo:

“Preguntado: Qué requisitos debía cumplir para ser designado como delegado de Etesa. Contestó: Ser profesional, no tener antecedentes judiciales o disciplinarios, tener aptitudes en temas de auditoría y control y experiencia laboral. Preguntado: Cumplía usted estos requisitos. Contestó: Si señor”.

Y ante el Consejo de Estado, el señor Román Miranda precisó:

“Preguntado: Sírvase decir si sabe por qué fue designado en Etesa pese a no cumplir el requisito de haber mediado un año tras el grado (exigencia de tal empresa para nominar a sus contratistas). Contestó: Tengo entendido que dicho requisito fue subsanado u homologado con una certificación de la universidad donde constaba que había transcurrido más un año desde que aprobé y cursé el programa completo de pregrado. No es de mi conocimiento el reglamento específico en este tema, pero supongo que por las razones expuestas en las respuestas anteriores era fundamental que una persona como yo ocupara el cargo”.

Advierte la corporación que de tales declaraciones, apreciadas en su conjunto de manera sistemática con las demás pruebas testimoniales de que se ha dado cuenta, y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, como lo ordena el respeto a la garantía constitucional del debido proceso, que conlleva el derecho de contradicción, aplicable también al proceso de pérdida de investidura, no puede inferirse una posible participación del senador Cáceres en el nombramiento del delegado Jaime Román Miranda Quintero, pues ninguna credibilidad ofrece su testimonio acerca del cumplimiento o no de los requisitos exigidos por Etesa para ser vinculado como delegado mediante contrato de prestación de servicios, dadas las inconsistencias que se han advertido.

A ello se suma que en el contrato de prestación de servicios obrante a folio 47 vto. del cuaderno 10 anexo al proceso de única instancia 32009 de la Corte Suprema de Justicia, consta: “... 3. Que la entidad deja expresa constancia que el contratista ha acreditado experiencia e idoneidad suficiente para la realización de las actividades contratadas”.

Síguese de lo expuesto, que ni siquiera, por vía indirecta, puede válidamente inferirse que de la controvertida falta de requisitos, que dicho sea de paso, no se demostró, pueda arribarse a la conclusión de que tales declaraciones involucran al senador Cáceres como autor de la conducta de tráfico de influencias, pues, se insiste, tan solo constituyen indicio de un comentario acerca de la presunta ocurrencia de una reunión entre el senador y Alexander Gómez Stevenson, cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar, no se establecieron de manera directa, ya que el testigo sostuvo desconocer si esta, se realizó o no, a ciencia cierta. En esas condiciones, el dicho del testigo tan solo prueba el comentario, que según este afirma, le habría hecho Alexander Gómez Stevenson. Nada más.

En relación con la intervención del senador Javier Cáceres Leal en el nombramiento de Jaime Román Miranda Quintero, también son ostensibles las inconsistencias como se ve a continuación:

“En razón a esto Alexander Gómez me pedía que asistiera a diario a las oficinas de Etesa de esta forma transcurrió gran parte del mes de febrero, hasta que un día Alexander Gómez me manifestó que le había tocado hablar con el senador Javier Cáceres acerca de mi nombramiento y que cuando les expuso a Raúl Quintana y a Mery Luz Londoño que efectivamente había hablado con el senador Javier Cáceres, ellos manifestaron su preocupación. Días después firme contrato con Etesa, esta situación se ve reflejada en interceptaciones telefónicas que tiene el DAS en donde Alexander Gómez habla con su esposa Zuly Romero y le cuenta lo mismo que me contó a mi acerca de la supuesta reunión con Javier Cáceres. Yo no tengo certeza, pruebas o razones para afirmar que esa reunión efectivamente se realizó, ni mucho menos puedo afirmar con certeza que gracias a esa reunión fui nombrado delegado en Etesa. A parte de esa reunión no tengo conocimientos acerca de las relaciones que pudiera haber tenido el senador Javier Cáceres con Etesa”.

Por su parte, el señor Alexander Gómez Stevenson sostuvo ante el Consejo de Estado:

“Preguntado: Por favor diga al despacho si el senador Javier Cáceres intervino directa o indirectamente para que se contrataban algunas personas en Etesa. Contestó: No, desconozco totalmente, porque no hacía parte de la administración. (...) Preguntado: Diga al despacho si usted acudió al senador Cáceres Leal para que recomendara nombramiento del señor Jaime Miranda Quintero a la presidencia de Etesa. Contestó: No, en ningún momento el senador Javier Cáceres influyó para este nombramiento, toda vez que el señor Miranda se entera de la vacante es por intermedio mío”.

Asimismo, la señora Mary Luz Londoño García en su declaración rendida ante el Consejo de Estado relató:

“Contestó: Debo precisar que lo que he manifestado en los medios de comunicación, especialmente a la revista Cambio, especialmente a los medios de control y justicia, es que mientras me desempeñé como presidenta de Etesa vinculé algunas personas, a quienes el senador me había presentado con anterioridad, es decir, antes de vincularme al cargo. Anteriormente he manifestado que conozco al senador desde hace más de 10 años, que él me respaldó en mi aspiración a la alcaldía de Cartagena y que igualmente yo lo respaldé en su campaña al Senado en el 2005, por lo que tenemos amigos en común. En relación con las personas que se mencionan, la doctora Sandra Guzmán la conocí en el Congreso de la República cuando yo participaba en el proceso de elección de Contralor General de la República. El doctora Jhonny García lo conozco por ser hermano de quien fuera Concejal de Cartagena, actualmente Representante a la Cámara, el doctora William García. Preguntado: En qué forma y en qué año llegó usted a Etesa. Contestó: Fui nombrada en Etesa el día 08 de noviembre de 2006 y me posesioné el 9 de noviembre del mismo año. Preguntado: El senador Cáceres Leal tuvo alguna injerencia en su nombramiento o en su permanencia en Etesa. Contestó: Mi nombramiento en Etesa, fue producto de un ofrecimiento directo del entonces Presidente de la República, siendo yo candidata a la Contraloría General de la República, en un evento en el que asistimos los tres candidatos a la Contraloría”.

Como se puede observar, los funcionarios incriminados, todos los cuales fueron escuchados en declaración bajo juramento negaron: (i) que el senador demandado hubiese tenido incidencia en su designación o nombramiento, y (ii) que hubiese sido beneficiario de los dineros provenientes de los cobros ilegales efectuados por algunos funcionarios de Etesa a operadores ilegales.

De otra parte, observando en su integralidad el acervo probatorio dentro del expediente, tampoco aparece prueba que permita establecer la participación del senador demandado en los nombramientos en Etesa o en los hechos que dieron lugar a la investigación penal, iniciada por la fiscalía 304 delegada ante el DAS contra funcionarios de Etesa, por cobros ilegales a operadores de juegos de suerte y azar en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar.

Cabe resaltar que al proceso de pérdida de la investidura se trasladaron copias de las declaraciones que las detectives investigadoras Nancy Janneth González Camacho(65) (fls. 65 a 69) y Yesica Liliana Camacho Mantilla (fls. 70 a 74)(66), rindieron bajo juramento en el proceso adelantado por la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia en el Expediente 32009 en contra del senador demandado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Dichas declaraciones fueron recepcionadas el 6 de octubre de 2009 por el magistrado auxiliar del despacho del magistrado ponente Julio Enrique Socha Salamanca, en virtud de comisión conferida por el titular mediante auto de 16 de septiembre del mismo año(67), en consideración a que “la fiscal 304 seccional destacada ante el DAS de esta ciudad, en el oficio 492 del 5 de agosto del corriente año informa (...) que tienen conocimiento de los hechos aquí investigados”.

De las declaraciones de las detectives investigadoras del DAS Nancy Janneth González Camacho y Yesica Liliana Camacho Mantilla en el proceso adelantado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia(68) (69), se destaca lo siguiente:

Declaración de la señora Nancy Janneth González Camacho

“Como parte de las labores adelantadas se creó un correo institucional, lo llamamos denuncias.anticorrupcion@das.gov.co a través de la cual se trató de establecer contacto con las personas que habían enviado las quejas a través de este medio. Fue así como el 10 de junio del 2008, se recibió una información de carácter anónimo en dicho correo, donde denunciaba a dos ex delegados para ese entonces delegados de Etesa, que eran José Agustín Quecho y un asistente que tendría de nombre Alexander Guzmán. (...) También menciona Alexander que Javier tiene la secretaría de presidencia de Etesa, el auditor a Rosario (Rosario de la Rosa, vicepresidenta de recaudos de Etesa) y que todo el control de la empresa lo tiene él (...). Es de resaltar que únicamente en estos audios fue mencionado el senador Javier Cáceres...”.

El 23 de enero de 2009, en el audio 6283 Alexander en comunicación con un sujeto no identificado menciona a Mery Luz, presidenta de Etesa, hace relación a unos contratos y menciona que Javier tendría 33 puestos y ella 9 o 10 y que esto lo conoce el Presidente de la República. También menciona Alexander que Javier tiene la secretaría de presidencia de Etesa, el auditor a Rosario (Rosario de la Rosa, vicepresidenta de recaudos de Etesa) y que todo el control de la empresa lo tiene él.

Declaración de la señora Yesica Liliana Camacho Mancilla:

“La investigación apuntaba a que los delegados estaban cobrando dinero de manera ilegal a las personas que son dueñas de las máquinas de juego y que debían pagar a Etesa y realizaban los pagos a estos señores de manera ilícita, no le pagaban al Estado si no a estos señores (...).

En el audio 6283 del 23 de enero Alexander en comunicación con una persona sin identificar al referirse a los contratos de Etesa menciona que Javier tiene 33 puestos y ella, refiriéndose a Mery Luz, la presidenta de Etesa, menciona que ella tiene 9 o 10, menciona que Javier tiene a la secretaria de presidencia, al auditor, a Rosario (vicepresidenta de recaudos) y que todo el control de la empresa lo tiene él. (...)

Preguntado: Del contexto general de las llamadas interceptadas se puede deducir cuál era el motivo de las divergencias o los inconvenientes que tenía la presidenta de Etesa Mery Luz Londoño y el senador Javier Cáceres Leal. Contestó: Básicamente era por el manejo de Etesa y los cupos que ambos tenían en la institución o la entidad, eso era. Preguntado: Con base en ese mismo contexto, se puede deducir que el senador Cáceres recibía parte del dinero recaudado por los cobros ilícitos efectuados por las personas atrás relacionadas por usted y hoy investigadas por la fiscalía 304 seccional de Bogotá. Contestó: De esas personas no, porque según las comunicaciones Alexander Gómez es cuota de Mery Luz”.

A estas declaraciones hay que darles un valor probatorio relativo, puesto que aluden a conversaciones que fueron interceptadas en algunos casos con personas no identificadas como la sostenida por Alexander Gómez, en la que señala que el senador Cáceres tiene como 33 personas, situación que no fue corroborada por ninguno de los declarantes ni fue controvertida por el demandado.

Ahora bien: con miras a determinar el valor probatorio que legalmente pueda o no conferirse a las declaraciones de los funcionarios de policía judicial, se impone diferenciar si estas versan sobre la prueba recaudada, resultante de la labor técnica de colaboración en el establecimiento de la verdad procesal, o si tratan de deducciones de un determinado contexto, a partir del cual se dan opiniones o apreciaciones subjetivas.

A esos efectos, es el caso tener en cuenta que a propósito de la labor auxiliar de la Policía Judicial la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 no reconoce valor probatorio a los informes de policía judicial.

El estricto alcance de las labores investigativas adelantadas por los funcionarios de policía judicial, en virtud de comisión ordenada por fiscal o juez.

A los efectos de este fallo, resulta particularmente importante, traer a colación las consideraciones que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto, al delimitar el ámbito que desde el punto de vista constitucional y legal, circunscribe la validez de las diligencias probatorias adelantadas por funcionarios de la policía judicial en virtud de comisión dispuesta por fiscal o juez.

Así, en sentencia de 5 de noviembre de 2008 (M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, Exp. 27508), esa corporación, a este respecto, consignó las consideraciones siguientes:

“(...).

Ahora bien, de acuerdo con los preceptos procesales que regulan la intervención de la policía judicial en la investigación de los delitos, esta puede ser de tres clases: (i) de verificación previa, con el fin de analizar la información obtenida en relación con la posible comisión de un delito, y recoger la evidencia que permita judicializar el caso; (ii) de investigación por iniciativa propia, en casos de flagrancia o de imposibilidad de intervención inmediata de la fiscalía; y, (iii) de investigación por comisión del fiscal o el juez.

Estos tres momentos, además, consagran distintas facultades de la policía judicial, ora para practicar cualquier tipo de prueba, ya en aras de adelantar solo pruebas técnicas, o con la misión de adelantar diligencias interesantes para el proceso.

Vale decir, no en todos los momentos citados la policía judicial puede adelantar cualquier tipo de actividad, ni es posible que la Fiscalía, cuando ya ha asumido el control y dirección de la investigación, comisione a ese ente para todo lo que estime menester.

Ello se desprende de la interpretación contextualizada de las normas regulatorias del asunto, donde expresamente el legislador establece diferencias puntuales que no pueden soslayarse por la fiscalía o la policía judicial.

Así, en ese primer momento arriba destacado, que se rotula en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, como “Labores previas de verificación”, está claro que la policía judicial no practica ningún tipo de prueba, sino que se ocupa de “allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible”. Y ello, como también expresamente lo consagra la norma, carece de valor probatorio (ni testimonial ni indiciario), dado que solo sirve de criterio orientador de la investigación” (destacado fuera de texto).

El tenor de la Ley 504 de 1999 es el siguiente:

Ley 504 de 1999

(Junio 25)

“Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

Decreta:

[...].

“ART. 50.—El artículo 313 del Código de Procedimiento Penal tendrá un inciso final del siguiente tenor:

“En ningún caso los informes de la policía judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso”.

Así lo ratificó la Corte Constitucional en la Sentencia C-392 de 2000 al declarar exequible la citada disposición al encontrarla ajustada a la Constitución Política, por considerar que se trata de actuaciones extraprocesales respecto de las cuales las personas que podrían resultar incriminadas dentro del proceso penal no han tenido la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, habida cuenta de que solo podrán controvertirlas durante la etapa del juicio oral.

Al sostener que la negación de valor probatorio a los informes de la policía judicial se ajusta a la Carta Superior, la Corte Constitucional expuso las consideraciones que, por su pertinencia para dilucidar la cuestión que se analiza, enseguida se transcriben:

“El artículo 50 incorpora un inciso final al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la policía judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso.

La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso.

Si el legislador al diseñar las reglas del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución puede determinar cuáles son los medios de prueba admisibles, igualmente está facultado para que en ciertos casos pueda disponer que un determinado instrumento probatorio no es idóneo como prueba dentro de un proceso. Sin embargo, entiende la Corte que dicha facultad no puede utilizarse en forma arbitraria, irracional y desproporcionada, sino que debe obedecer a una finalidad constitucional legítima.

En la Sentencia C-038 de 1996(70), al revisar la constitucionalidad del artículo 3º de la Ley 190 de 1995 halló admisible la finalidad de la ley destinada a neutralizar un medio probatorio, con el fin de precaver eventuales condenas judiciales. Dijo la Corte:

“No cabe duda de que el régimen probatorio (práctica, valoración y apreciación de las pruebas, medios probatorios, requisitos sustanciales y procesales aplicables a la aportación de las pruebas etc.), en general, se libra a la voluntad del legislador. No obstante, el sistema que se establezca no puede desconocer la garantía del debido proceso y el respeto y protección de los restantes bienes y derechos constitucionales”.

“4. Una pretensión pública subjetiva que integra el derecho al debido proceso es la de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra (C.P., art. 29). A este respecto, las limitaciones legales relativas a la conducencia o admisibilidad de un medio específico de prueba, solo resultan admisibles si persiguen un fin constitucional y las restricciones que entrañan son razonables y proporcionadas en relación con el mismo y las consecuencias que de este se derivan”.

“5. La finalidad de la ley —neutralizar un medio probatorio con el fin de precaver eventuales condenas judiciales en los procesos laborales—, viola la Constitución. La finalidad del Estado es la de proteger y garantizar los derechos de las personas (C.P., art. 2º) y ello no se logra ocultando la verdad que puede judicialmente establecerse mediante el acceso a sus archivos. El Estado y sus agentes, deben velar y defender los bienes e intereses del Estado. Para ello, sin embargo, no es necesario obstaculizar la correcta administración de justicia —que, por el contrario, debe ser secundada en su tarea—, privándola por ministerio de la ley de elementos probatorios que pueden ser útiles y relevantes a la hora de aplicar el derecho”.

En el presente caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene su fundamento en el artículo 29 de la Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado esta en la posibilidad de controvertir.

Los informes de la policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectados por ellos.

El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de estos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a estos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en este, la cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente en el proceso, mas no los mencionados informes” (destacado fuera de texto).

De lo expuesto, se concluye que las actividades de policía judicial van encaminadas solo a la investigación de los hechos punibles, por consiguiente, a obtener meras fuentes de prueba; en este caso, hechos punibles relacionados con los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, concusión, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

En estas condiciones, debe negarse toda eficacia probatoria a las apreciaciones subjetivas que las funcionarias de policía judicial consignan en sus declaraciones, que no pasan de ser simples conjeturas sujetas a comprobación por el fiscal, pues inclusive se formulan a partir del dicho de un sujeto indeterminado, que nada tienen que ver con los hallazgos de la labor técnica de recaudación del medio probatorio que constituyó el objeto de su comisión.

Es preciso recordar que en tratándose de declaraciones de funcionarios de policía judicial, únicamente se reconoce valor probatorio a los hechos de conocimiento propio(71) y ello es así, porque el sindicado no ha tenido oportunidad de controvertir el informe de policía judicial, y es sabido que en un Estado Social de derecho es obligado el respeto a las garantías procesales para que los elementos probatorios puedan alcanzar su finalidad.

Del conjunto del acervo probatorio analizado en forma integral no puede deducirse ni la violación al régimen de incompatibilidades por gestión ante entidades públicas, ni el tráfico de influencias que, en los términos del numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, debe encontrarse “debidamente comprobado”.

— indebida destinación de dineros públicos

Según la parte actora el congresista demandado incurrió en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, de que trata el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política, por dos razones:

En primer lugar, asevera que el senador incurrió en esta conducta al destinar “sus ingresos —que provienen del erario público como servidor público— a comprar votos de alcaldes para lograr una aspiración electoral”, pues, por esa vía, “está asignando a esos ingresos un propósito indebido”.

En segundo término, afirma que el demandado coordinó con los funcionarios de Etesa el cobro de millonarias comisiones a operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar, como contraprestación por su actividad ilegal, defraudando el erario e incrementando su patrimonio.

El actor afirma que el demandado conformó una red de servidores públicos en Etesa para que los recursos que debían recaudarse para el tesoro público, a la postre se destinaran a las arcas personales de este.

En cuanto al primer señalamiento la Sala advierte, que la conducta que se atribuye al congresista demandado no solo no fue demostrada, sino que ella no puede subsumirse en la disposición legal invocada como si esta contemplara esa forma de actuar como sancionable. Se recuerda que tanto en el campo disciplinario como en el penal opera en toda su extensión el principio de la legalidad punitiva preexistente, pilar del Estado de derecho.

En cuanto al segundo cargo, se advierte que no se demostró ni que el Congresista demandado fuese el cabecilla de la red de corrupción detectada en Etesa, como tampoco que se hubiese enriquecido ilícitamente, o que siquiera hubiese recibidos dineros recaudados de los cobros a operadores ilegales.

La fiscalía 304 delegada ante el DAS estableció que la evidencia probatoria apuntó a demostrar que en Etesa, Mery Luz Londoño García (Gerente), Alexander Gómez Stevenson (delegado para Santander, Norte de Santander, Cesar y Vichada), Walter Enrique Caicedo García (Asistente) y Jaime Román Miranda Quintero (sucesor y yerno de Gómez Stevenson), fueron individualizados como autores de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, por haberse comprobado que cobraban millonarias comisiones obtenidas irregularmente procedentes de operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar como contraprestación por su actividad ilegal, o que se beneficiaban de dichos cobros. Por los mismos hechos imputó cargos a Raúl Quintana Tatis, esposo de la última.

Por lo demás, Jaime Román Miranda, quien aceptó los cargos y fue condenado por concusión, en la declaración bajo juramento que rindió ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el Expediente 32009 en que cursa la investigación contra el senador Cáceres por corrupción en Etesa, negó que el senador demandado hubiese sido beneficiario de los dineros provenientes de cobros a operadores ilegales.

Los informes rendidos por la perito en acústica del DAS(72), tras analizar las voces de las grabaciones y de las interceptaciones telefónicas ordenadas en las investigaciones por corrupción en Etesa, seguidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el Radicado 32009 y ante la fiscalía 304 delegada ante el DAS, desvirtúan que en ellas figure la voz del Congresista demandado.

En términos coincidentes apuntan las transliteraciones de las pruebas con cadena de custodia obrantes en CD y DVD recaudadas, que efectuó la dirección de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación, pues ningún hallazgo arrojaron acerca de una posible participación del senador demandado en los cobros ilegales o en los beneficios provenientes de los mismos.

De otra parte, al repasar el acervo probatorio, se observa que la parte actora no probó que el congresista demandado, en su condición de servidor público y al ejercer las competencias que le han sido asignadas, hubiese realizado una conducta funcional dirigida a modificar o destinar sumas de dineros públicos a actividades o propósitos no autorizados, o a unos diferentes de los autorizados.

Tampoco probó que el demandado hubiese cometido una conducta que se adecuara a cualquiera de las situaciones en las que se puede configurar la causal de desviación de dineros o recursos del erario.

En síntesis: la prueba documental y testimonial allegada no demuestra que el senador Cáceres hubiese tenido vinculación alguna en los hechos de corrupción en Etesa investigados por la Fiscalía 304 y que prosiguen en fase de instrucción en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo el Radicado 32009, ni que a causa de estos se hubiese enriquecido ilícitamente. Más aún, inclusive los imputados que actualmente se encuentran en reclusión con medida de aseguramiento negaron que el senador demandado hubiese sido beneficiario de los dineros cobrados a los operadores ilegales. A todos ellos durante la etapa probatoria se les recepcionó declaración bajo juramento y, en términos coincidentes, lo negaron.

Respecto de los hechos relacionados con Etesa, no se configuró entonces ni la violación al régimen de incompatibilidades, por gestión ante entidades públicas, ni el tráfico de influencias. Tampoco se incurrió en indebida destinación de dineros públicos, puesto que los dineros de Etesa no estaban bajo su disposición ni pudo configurarse la causal por el destino que el senador dio a su salario como congresista, pues es indudable que una vez que el salario que proviene de dineros públicos entra al peculio del asalariado pierde la connotación de dinero público y su beneficiario puede disponer libremente de él.

Segundo cargo: Nexos del senador Javier Enrique Cáceres Leal con grupos armados al margen de la ley (específicamente con líderes “paramilitares” de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque de María), con quienes asistió a reuniones, y llegó a acuerdos contrarios a la ley, relativos al proceso electoral, en las zonas bajo su control, que supuestamente le aseguraron su triunfo en las elecciones del 2002 y 2006.

El actor sostiene que en las reuniones en que participó Javier Cáceres con las AUC, como senador de la República, en asocio de otros parlamentarios y políticos, la gestión indebida se materializó de dos formas:

La primera, mediante el acuerdo conjunto para participar en tal reunión o reuniones y acudir a esa cita a la misma hora, fecha y lugar, en un lugar inaccesible y resguardado militarmente por el propio carácter de la organización al margen de la ley, con la cual, no solo buscaron sino que lograron reunirse.

Este concierto de los congresistas asistentes con carácter de previo para asistir a la reunión en un lugar lejano e inseguro supone una gestión mutua, recíproca y como resultado, también, un acuerdo de contenido perverso e igualmente ilícito.

Sostiene que adicionalmente, la gestión entre servidores públicos se dio no solo por la asistencia coordinada a las reuniones con las AUC, sino en el desarrollo de las mismas y con una serie de acuerdos derivados de al menos una reunión de cuatro horas de duración, perfilando su accionar torticero.

Argumenta que la designación de “enlaces” o “mediadores o intermediarios”, para darle continuidad o tracto sucesivo a esas gestiones defraudatorias, igualmente constituye la materialización o prolongación activa de esa gestión o acuerdo para el beneficio electoral ilícito, mediante la compra de votos de aspirantes a alcaldías para edificar, desde lo local, la pirámide de la defraudación de un proceso electoral cercano. En últimas, no solo hubo una gestión sino una co-gestión.

De otra parte, el actor argumenta que la causal de incompatibilidad contemplada en el numeral 2º del artículo 180 de la Constitución Política y en el numeral 2º del artículo 282 de la Ley 5ª de 1992 contiene la prohibición implícita de gestionar actividades que en sí mismas son ilícitas, como es el caso de maquinar una aspiración fraudulenta de carácter electoral, o promover otras, como ocurre cuando se alía, reúne y acuerda con un grupo al margen de la ley la administración de un proceso electoral y se designan “enlaces” para este propósito, y se dispone, mediante acuerdo previo, la defraudación de las elecciones locales y la financiación ilegal de alcaldes para edificar la pirámide de su elección futura.

El demandante sustenta este cargo, principalmente en el testimonio de Uber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, rendido el 24 de julio de 2009 dentro de la investigación penal que se sigue en el Radicado 28436 por “paramilitarismo”, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

A fin de dilucidar este cargo, la Sala Plena deberá, en primer lugar, determinar si la conducta delictiva comúnmente denominada “paramilitarismo” se subsume en la causal alegada; si se trata de una causal autónoma e independiente del proceso penal o, si por el contrario, se subsume en la causal de pérdida de investidura por condena penal ejecutoriada.

A esos efectos, tendrá en cuenta los postulados esenciales de la interpretación de la Constitución Política, pues estos constituyen las premisas para responder estos interrogantes.

En ese orden de ideas, se imponen las siguientes consideraciones:

El principio de interpretación integral, armónica y sistemática de la Constitución Política obliga a que sus disposiciones deban analizarse en su conjunto, para determinar el alcance de un principio o una regla constitucional. La interpretación armónica y sistemática se impone habida cuenta de que todas las disposiciones constitucionales tienen igual rango y jerarquía.

De otra parte, es sabido que uno de los principios que guía la interpretación constitucional es el del llamado “efecto útil”, según el cual el juez constitucional debe intentar conferir a toda cláusula constitucional una eficacia propia, pues es razonable suponer que el Constituyente no expidió disposiciones desprovistas de efectos normativos.

En particular, en cuanto concierne a la controversia sub examine se impone interpretar el artículo 184 Constitucional, a la luz de los artículos 29, 179-1 y 186 del ordenamiento superior.

Según el artículo 184 de la Constitución Política “la pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley”.

Por su parte, el artículo 179-1 de la Constitución Política dispone que “No podrán ser congresistas: 1. Quienes hubiesen sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

El artículo 186 de la Constitución Política atribuye en forma privativa a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de los delitos que cometan los congresistas. Preceptúa:

“ART. 186.—De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito, deberán ser aprehendidos y puesto a disposición de la misma corporación”.

La denominada “parapolítica” corresponde a una conducta punible, tipificada como el “delito de concierto para delinquir” en el artículo 340, inciso 2º, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 (Código Penal).

Así pues, si un congresista incurre en la conducta de concertarse para promover grupos armados al margen de la ley, comete una infracción de carácter penal, de la cual conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia (C.P., art. 186).

La corporación no puede en este caso decretar la pérdida de la investidura del congresista incurso en esa conducta, si antes no se ha dictado y se encuentra ejecutoriada la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ha debido conocer de los hechos y establecer la responsabilidad consiguiente.

De lo contrario, se desconocería la competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia en esta materia (C.P., art. 186) y, de contera, la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, para la persona del congresista, en todas sus manifestaciones: derecho al juez natural; tipicidad legal; presunción de inocencia; derecho de defensa; derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Lo anterior es así, además, si se tiene en cuenta que se trata de un proceso punitivo, sean estos penales, disciplinarios o correccionales o cualesquiera otros, porque así lo reclaman el debido proceso y el derecho de defensa que garantiza el artículo 29 constitucional.

El artículo 29 de la Constitución Política garantiza el debido proceso no solamente con la presunción de inocencia, sino imponiendo que se juzgue a la persona ante tribunal competente, conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio.

De ahí que en este caso concreto, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sea condición previa e indispensable a la pérdida de la investidura que decreta el Consejo de Estado, sin la cual ninguna autoridad pública puede asumir ni presumir que un Congresista ha incurrido en conductas penales.

Ahora bien: que el presupuesto de la competencia del Consejo de Estado sea la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, atiende el sistema diseñado por el Constituyente, según el cual la pérdida de investidura, por las causales examinadas, no es independiente de los respectivos procesos penales, sino una consecuencia necesaria de los mismos, dada la identidad del sujeto, los hechos y los fundamentos, precisamente para evitar fallos contradictorios y consecuencias indeseables, en términos de justicia y de seguridad jurídica.

Los responsables deben ser severamente sancionados, pero han de serlo por la Corte Suprema de Justicia —que es su juez natural— si sus conductas corresponden a las tipificadas en el Código Penal.

En el caso presente, la pérdida de la investidura es una consecuencia de las condenas que imponga la Corte Suprema de Justicia, cuyas decisiones, por ende, constituyen un presupuesto para el ejercicio de la competencia que en esta materia le atribuye la Constitución al Consejo de Estado.

El reunirse con paramilitares o el llegar a acuerdos con ellos no constituye per se causal de pérdida de investidura, puesto que el hecho no encaja en ninguna de las señaladas taxativamente por el artículo 183 de la Constitución Política, lo que no supone que no deba reprocharse o sancionarse por otras vías.

Se concluye:

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 29, 179-1, 183, 184 y 186 de la Constitución Política surge de manifiesto que la sentencia penal ejecutoriada de la Corte Suprema de Justicia, es requisito previo de la declaración de pérdida de la investidura de un congresista por casos de “parapolítica,” que no constituye per se conducta sancionable con pérdida de la investidura.

Corrobora este conclusión, el que estos mismos hechos, atinentes a los vínculos del senador demandado con paramilitares para obtener apoyo político son los mismos que constituyen los supuestos fácticos que tipifican el delito de concierto para delinquir agravado, consagrado en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, del que fue acusado como autor por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia proferida el pasado 27 de abril en el proceso que adelanta en su contra en el Radicado 28436.

Se reitera, que en contra de lo afirmado por el actor, los hechos atinentes a los presuntos vínculos del senador demandado con paramilitares para obtener apoyo político no constituyen una causal autónoma de pérdida de investidura. El Constituyente asignó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la apreciación y valoración probatoria de conductas que puedan constituir delitos, como sería en este caso, el de concierto para delinquir.

Téngase en cuenta, por lo demás, que tal como lo han precisado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, la pérdida de investidura, por hacer parte del derecho sancionatorio, es una figura que se caracteriza por su interpretación restrictiva y porque solo se configura respecto de conductas taxativamente señaladas en el ordenamiento jurídico.

Así lo puntualizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 20 de noviembre de 2007 (C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado), en las consideraciones siguientes:

“La jurisprudencia del Consejo de Estado, así como reiteradas decisiones de la Corte Constitucional(73), han señalado que el carácter ético político de la pérdida de investidura se materializa en un proceso de carácter judicial especial, de competencia exclusiva del Consejo de Estado, al margen del régimen general de jerarquía administrativa que se aplica a los servidores públicos, asignando como única sanción el despojo de la investidura:

“La finalidad buscada por el Constituyente al consagrar un estricto estatuto ético del congresista, pretende el rescate de lo público contra la apropiación privada del Estado por quienes están llamados a servir los intereses de aquel y de la comunidad”(74).

Ello se enmarca dentro de los principios de taxatividad constitucional, de legalidad, y sometimiento a las garantías del debido proceso(75).

Conforme al principio de taxatividad, la Constitución incluye las conductas de los parlamentarios constitutivas de causales de pérdida de investidura.

Como lo ha sostenido mayoritariamente esta Sala, tan severa es la reserva constitucional al respecto que cuando la ley ha intentado modificar el contenido de las causales constitucionales, tal dispositivo ha sido excluido del ordenamiento por razones de inexequibilidad(76).

De igual manera en desarrollo de este principio, con ocasión del sometimiento del juez al imperio de la ley de manera exclusiva, no le está permitido crear causales de pérdida de investidura, aún en los eventos en los cuales se pueda concluir que un parlamentario incurrió en una conducta contraria a la ética”.

Se concluye: Las conductas que se atribuyen al congresista demandado tampoco se subsumen en la causal de incompatibilidad por gestión de negocios contemplada en las disposiciones constitucionales y legales invocadas, pues la gestión debe realizarse ante “entidades públicas o ante personas que administren tributos”, calidad que, por supuesto, no reúnen los grupos paramilitares.

La causal de tráfico de influencias tampoco se configura pues esta presupone un sujeto pasivo cualificado, que siempre será un servidor público, ante el cual, el congresista anteponga su condición para que realice un proceder que no desplegaría de no ser por la condición y el influjo que frente a él ejerce quien lo solicita.

Se recuerda que tanto en el campo disciplinario como en el penal opera en toda su extensión el principio de la legalidad punitiva preexistente, pilar del Estado de derecho.

Ciertamente, dada la particular naturaleza de este proceso sancionatorio, y las graves consecuencias de la sanción que implica la aceptación de la solicitud de pérdida de investidura, debe observarse indefectiblemente el principio clásico de la legalidad de los delitos y de las penas, expresado en el brocardo latino “nullum crimen, nulla pena, sine lege”.

Y en cuanto a la persona sujeto del proceso, es preciso advertir que tratándose del enjuiciamiento de una conducta y de la aplicación concreta de una severísima sanción, asimilable a la muerte política, es imperativo que los sujetos procesales y el juez se ciñan rigurosamente a la institucionalidad propia del Estado de derecho.

Lo que el denunciante califica como tal, a saber, la utilización de las sumas provenientes de su salario no se subsume en el supuesto fáctico de la indebida destinación de dineros públicos, que acarrea pérdida de investidura, puesto que el salario, una vez ingresa al haber del trabajador, deja de tener la calidad de dinero público.

En el Estado de derecho no es dable tipificar una conducta a voluntad del denunciante o del fallador, para hacerla acreedora a una sanción. Nadie, sin excepción, hállese en la situación que se hallare, puede ser motivo de sanción o pena, por conductas no tipificadas en ley preexistente.

En conclusión, los supuestos de hecho de las causales de pérdida de la investidura de congresista formuladas contra el señor Javier Cáceres Leal no se encuentran demostradas, razón por la cual se desestimarán los cargos formulados y, en consecuencia, las pretensiones de la demanda.

En el caso presente, no existen los elementos de plena convicción indispensables para decretar la pérdida de investidura del demandado, y en tal virtud, es menester denegar la solicitud de pérdida de la investidura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGASE la pérdida de la investidura que como senador de la República ostenta el señor Javier Cáceres Leal, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

2. Comuníquese lo dispuesto en esta sentencia a la mesa directiva del Senado de la República, a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, Presidente—Gladys Agudelo Ordóñez (E)—Víctor Hernán Alvarado Ardila—Hernán Andrade Rincón—Gerardo Arenas Monsalve—Hugo Bastidas Bárcenas—Martha Teresa Briceño de Valencia—Susana Buitrago Valencia—Stella Conto Díaz del Castillo—Ruth Stella Correa Palacio—María Elizabeth García González—Enrique Gil Botero—William Giraldo Giraldo—Gustavo E. Gómez Aranguren—Rafael E. Ostau Lafont Pianeta—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—Bertha Lucía Ramírez de Páez—María Claudia Rojas Lasso—Danilo Rojas Betancourth—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Mauricio Torres Cuervo—Olga Mélida Valle de De la Hoz—Alfonso Vargas Rincón—Marco Antonio Velilla Moreno—Luis Rafael Vergara Quintero—Alberto Yepes Barreiro.

(1) Se refiere a la investigación penal adelantada por la fiscalía seccional 304 destacada ante el DAS en el Expediente 2007-00429. Cfr. Supra. Acápite “Consideraciones: El caso concreto: antecedentes y contexto”. Fls. 28 y ss.

(2) Ídem.

(3) Ídem.

(4) Ídem.

(5) Se trata del Expediente 32009. Cfr. Supra, pág. 21.

(6) Falta encabezado y D.O.

(7) Cfr. “Acápite Pruebas decretadas”. Ejemplares de artículos de prensa y revistas. Supra, fls. 25 y 26.

(8) Cdno. ppal. 3, fls. 1 a 41.

(9) Ídem.

(10) Cdno. ppal. 2, fl. 695.

(11) Cdno. ppal. 2, fl. 703.

(12) Cdno. ppal. 2, fl. 701.

(13) Cdno. ppal. 2, fl. 782 y ss.

(14) Ver organigrama del caso a fls. 799 y 800 e Interrogatorios a fls. y ss.

(15) Cdno. ppal. 1, fls 803 a 861.

(16) Cdno. ppal. 2, fl. 596 y ss.; fls. 636 y 638.

(17) Cdno. de pruebas 1, fl. 318.

(18) Cdno. de pruebas 16, fls. 456 y ss.

(19) Cdnos. de pruebas 6, fls. 79 y ss. y 7 fls. 134 y ss.

(20) Cdno. ppal. 1, fl. 200.

(21) Cdno. ppal. 3, fl. 972.

(22) Acta de posesión Javier Enrique Cáceres Leal obrante a folio 141 cuaderno principal y documentos acreditan calidad de congresista remitidos secretario general del Senado, fl. 202.

(23) Expediente 2005-1331-00, demandado: Carlos Salvador Albornoz Guerrero.

(24) Así lo precisó la Sala, entre otras, en la sentencia de 28 de noviembre de 2000, Expediente 11349, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

(25) Sentencia de 26 de agosto de 2003, Expediente 0265-01PI, actor: Pedro Durán, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(26) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de Española, 21ª Ed., 1992, pág. 732.

(27) Sentencia del 28 de noviembre de 2000, Expediente 11349, ya citada.

(28) Sentencia C-497 de 1994 de la Corte Constitucional, M.P. José Gregorio Hernández.

(29) Expediente AC 12546, actor: Francisco Joel Ángel Gómez, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(30) Sala Plena, sentencia de 27 de junio de 2006, Expediente 2005 - 1331 (PI), actor: Julián Evangelista González, C.P. doctor Ramiro Saavedra Becerra.

(31) Dijo además en esa oportunidad la Corte Constitucional: “Esta corporación estima contraria a la Carta Política la exigencia de previa sentencia penal condenatoria, en los casos de indebida destinación de dineros públicos o de tráfico de influencias debidamente comprobados. Por razón de su naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida de la investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la transgresión al código de conducta intachable que los congresistas deben observar por razón del inapreciable valor social y político de la investidura que ostentan. Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carácter disciplinario exigible al Congresista que incurriere en la comisión de una de las conductas que el Constituyente erigió en causal de pérdida de la investidura, es perfectamente diferenciable y separable de la penal que la misma pudiere también originar, por haber incurrido en un delito, independientemente de la acción penal. (...) Lo contrario, conduciría indefectiblemente a que, por el hecho de ser sancionado penalmente por un organismo diferente, tenga otra corporación judicial (Consejo de Estado) que limitarse a cumplir el proveído que consolida la existencia de un delito, para deducir, además, sin fórmula de juicio, una responsabilidad disciplinaria de pérdida de investidura que acarrearía una doble sanción frente a un mismo hecho, con violación del principio universal non bis in idem”.

(32) Decía el artículo en mención, declarado inexequible, lo siguiente: “ART. 5º—Cuando la causal invocada sea la indebida destinación de dineros públicos o la de tráfico de influencias debidamente comprobado o la de haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, también se deberá acompañar copia auténtica de la sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada y de que esta se encuentra vigente y no extinguida judicialmente”.

(33) Ver cita 184 y 188.

(34) Sentencia de Corte Constitucional C-319 de 14 de julio de 1994.

(35) En la Asamblea Nacional Constituyente, conforme a la trascripción de la plenaria del 28 de mayo de 1991, en la que la delegataria María Teresa Garcés propuso la causal indicada, se expresó al respecto lo siguiente: “... en relación con el artículo octavo sobre las causales de perdida de investidura, sugiero adicionar las que están en el proyecto con otras dos causales que serían la indebida destinación de dineros públicos que ha sido una práctica reiterada en el congreso. Conocemos los casos en que no solamente se han desviado los dineros públicos a través de la utilización de auxilios parlamentarios en las reelecciones de los congresistas, sino también en pagar sueldos a personas que no asisten, que no trabajan en el Congreso de la República, eso claramente debe constituir una causal de pérdida de investidura...”. Presidencia de la República. Centro de información y sistemas para la preparación de la Asamblea Nacional Constituyente. Trascripción de sesiones artículo 183 de la Constitución Política. Plenaria mayo 28 de 1991. Archivo Corte Constitucional.

(36) El artículo 296 de la Ley 5ª de 1992 decía lo siguiente: “La pérdida de investidura se produce: (...) 4. Por indebida destinación de dineros públicos. (...) Parágrafo 2º. Para proceder en los ordinales 4º y 5º de este artículo se requerirá previa sentencia penal condenatoria” En lo pertinente, la parte subrayada fue declarada inexequible mediante la Sentencia C-319 de 1994 de esta corporación.

(37) Ver entre otras, Consejo de Estado, Sentencia AC-742 de septiembre de 1993, Consejero Ponente: Yesid Rojas.

(38) Expediente AC-2102 del 19 de octubre de 1994, actor: Carlos Enrique Tejada, demandado: Alfonso Uribe Badillo, Consejero Ponente: Juan Alberto Polo F. Este caso no tiene relación directa con la contratación pública, ya que se trata del pago de unas indemnizaciones de carácter laboral a personas pertenecientes al congreso. Sin embargo, es citada reiteradamente en relación con la independencia de las causales de la pérdida de investidura y las que tienen que ver con el derecho penal.

(39) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar, actor: Emilio Sánchez Alsina, demandado: Octavio Carmona Salazar. En este caso, el representante acusado, también formaba parte de la mesa directiva de la Cámara, en diciembre de 1999.

(40) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar, actor: Emilio Sánchez Alsina, demandado: Octavio Carmona Salazar. En este caso, el representante acusado, también formaba parte de la mesa directiva de la Cámara, en diciembre de 1999.

(41) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. P.I-030. Actor: Yecid Chequemarca García, demandado: Leonardo Caicedo Portura, sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 5 de febrero de 2002, Consejera Ponente: María Helena Giraldo.

(42) Consejo de Estado, P.I-030. Actor: Yecid Chequemarca García, demandado: Leonardo Caicedo Portura, sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 5 de febrero de 2002.

(43) Consejo de Estado, Sentencia AC-0101 de noviembre de 2001, Consejera Ponente: Ligia López. Al respecto puede verse también la Sentencia AC-0376 de julio de 2003. Consejera Ponente: María Noemí Hernández, relacionada con la utilización de la oficina y teléfonos del parlamentario por otra persona no vinculada a la institución estatal, por tratarse de bienes fiscales.

(44) Consejo de Estado, Sentencia AC-0101 de 2001, Consejera Ponente Ligia López. Al respecto puede verse también la sentencia Consejo de Estado, Sentencia PI-032 del 30 de julio de 2002, actor: Rubiel Orlando Espinosa, demandado: Lorenzo Rivera Hernández. Consejero Ponente: Jesús María Lemos. En esta providencia se analiza el caso de los tiquetes aéreos cedidos por un parlamentario, los cuales, se consideran “medio de prueba de la celebración de un contrato de transporte aéreo cuyo objeto es la conducción del congresista, por vía aérea de un lugar a otro”, para el cumplimiento de sus funciones. El uso de tales pasajes está limitado a “la razón que justificó la celebración del contrato de transporte respectivo, cuyo precio es pagado por la correspondiente cámara legislativa, con dineros públicos, para efectos de garantizar el cumplimiento de las funciones de senadores y representantes”. De manera que si aquellos “se utilizan para cumplir otro cometido (...) el dinero público cuyo gasto fue ordenado resultará, finalmente, indebidamente destinado”. En este caso se concluyó que la causal de pérdida de investidura prosperaba, debido a la indebida destinación de dineros públicos con ocasión del uso indebido de los tiquetes aéreos mencionados.

(45) Expediente: 2003-0376, actor: Armando Mikán Díaz, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(46) Etesa, es una empresa del orden Nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, cuyo objeto es la explotación como arbitrio rentístico de los juegos definidos por la ley como novedosos, de suerte y azar; los que en la misma expresamente se le asignen y los demás cuya explotación no se atribuya a otra entidad (L. 643/2001), siendo el objetivo misional de la entidad el recaudo de recursos que deben ser aportados al sector salud, principalmente en los departamentos y municipios del país.

(47) Ley 643 de 2001, artículo 32: “Son modalidades de juegos de suerte y azar que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, tales como los bingos, videobingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares.

(48) “Por medio de la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.

(49) Por medio de la cual “se modifica la estructura de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa”.

(50) “ART. 5º—Posesión. Los miembros de la junta directiva de Etesa, tomarán posesión ante el Ministro de Protección social”.

(51) “ART. 27.—Dirección y representación legal. La dirección de la administración y de la representación legal de la Empresa Territorial para la Salud Etesa estarán a cargo de un presidente, agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción.

El Presidente de Etesa ejerce la representación judicial y extrajudicial de Etesa, y en general, lleva la plena representación comercial y legal de Etesa en todo momento, para que sus intereses queden debidamente protegidos. En ejercicio de esta facultad puede comparecer en juicios a nombre de la empresa, como actor, coadyuvante o demandado, en toda clase de acciones que se ventilen ante la rama judicial, y ante las autoridades y representantes del poder público, estando facultado para constituir como apoderados judiciales o extrajudiciales a funcionarios de la empresa, o previa contratación otorgar poder a profesionales ajenos a la misma, a quienes podrá asignar las facultades, gestiones o actividades que juzgue necesarias para la defensa de la entidad. Igualmente podrá acudir a los mecanismos de solución directa de controversias, a la conciliación, transacción, arbitramento y amigable composición”.

(52) “ART. 39.—Las funciones de los servidores públicos. Los servidores públicos de la empresa desempeñarán las funciones que se le señalen en el manual de funciones”.

(53) “Por medio del cual se establecen los estatutos de la Empresa Territorial Para La Salud, Etesa”.

(54) Cdno. ppal. 1, fl. 470 y cdno. ppal. 2, fl. 863.

(55) Cdno. ppal. 2, fl. 621.

(56) Cdno. ppal. 2, fl. 626.

(57) Cdno. ppal. 3, fl. 915.

(58) Cdno. ppal. 1, fl. 478.

(59) Cdno. ppal. 1, fl 467.

(60) Cdno. ppal. 2, fl. 762.

(61) Cdno. ppal. 3, fl. 931.

(62) Fl. 791, prueba trasladada.

(63) Fls. 626 a 628, cdno. ppal.

(64) Cdno. ppal. 1, fl 467.

(65) Expediente 32009 única instancia, CSJ, cdno. 1.

(66) Ídem.

(67) Ídem fl. 53 vto.

(68) “Preguntada: Conoce al senador Javier Cáceres Leal, de ser así en qué circunstancias lo conoció y qué relación tiene con él. Contestó: No lo conozco. Preguntado: Se tiene conocimiento en la investigación que usted ha participado como detective del DAS en la investigación que actualmente cursa en la fiscalía 304 seccional Bogotá, por hechos relacionados con Etesa; refiera a la Sala, de manera detallada el origen de esta investigación y los resultados por ustedes obtenidos. Contestó: realmente a esa investigación fui asignada en mayo de 2008, sobre el inicio de la investigación tengo conocimiento que con base en un informe presentado por el doctor Rodrigo Lara, zar anticorrupción en donde se ponía de presente algunas de las irregularidades que se venían presentando en Etesa, donde se mencionaban diversas quejas de la ciudadanía, razón por la cual se dio inicio a la noticia criminal el 27 de octubre del 2007, mi participación en la investigación inicialmente fueron labores de verificación encaminadas a la identificación de personas que presentaron quejas de tipo anónimo, sin que fuera posible hasta ese momento obtener dicho resultado, teniendo en cuenta que varias de las quejas que se presentaron eran allegadas por correo electrónico. Como parte de las labores adelantadas se creó un correo institucional, lo llamamos denuncias.anticorrupcion@das.gov.co a través de la cual se trató de establecer contacto con las personas que habían enviado las quejas a través de este medio. Fue así como el 10 de junio del 2008, se recibió una información de carácter anónimo en dicho correo, donde denunciaba a dos ex delegados , para ese entonces delegados de Etesa, que eran José Agustín Quecho y un asistente que tendría de nombre Alexander Guzmán, de quienes se mencionaba el número de celular y se decía que cobraban las suma de $ 50.000, por máquinas de juego a los operadores del departamento de Santander por permitir la operación de las mismas, ya que estas no contaban ni con contratos, ni con permiso por parte de Etesa, posteriormente y verificando que efectivamente el señor José Agustín Quecho se desempeñaba como delegado de Etesa en dicho departamento, se solicitó la interceptación a los dos abonados suministrados en el anónimo, donde mediante comunicaciones telefónicas se tiene conocimiento de que dicha conducta si estaba ocurriendo y que se necesitaba recaudar el material probatoria para continuar con la investigación. En octubre del 2008, al señor Agustín Quecho se le vence el contrato que tenía con Etesa, siendo nombrado para los departamentos, no solo de Santander, sino de Norte de Santander y Cesar, el señor Alexander Gómez Stevenson quien trabajaba con un particular de nombre Walter Enrique Caicedo García, quienes continuaron con esta conducta en los tres departamentos antes mencionados y que a través de las interceptaciones que se llevaban nos fue posible conocer el nombre de algunos operadores que efectuaban el pago a estas personas, la ubicación de algunas máquinas de juego, la identificación de algunas cuentas bancarias a nombre de estas dos personas y de terceros donde era depositado el dinero por parte se algunos operadores, en diciembre del 2008 se termina el contrato del delegado Alexander Gómez Stevenson, pero este continúa realizando los mismos cobros a los operadores sin ser ya funcionarios. Posteriormente, en febrero el señor Alexander Gómez Stevenson, y a partir del nombramiento de Jaime Miranda Quintero, continuó coordinando los cobros a los operadores desde el interior de la cárcel, razón por la cual la Fiscalía 304 Seccional, considerando que existían los elementos necesarios, solicitó 13 órdenes de captura, de las cuales hasta el momento se han hecho efectivas 8 y la investigación aún continúa. Los capturados en su mayoría eran particulares, los cuales son: Jorge Enrique Monroy Coches, Damian Julián Castaño, Giovanny Parada García, Carlos Javier Cuentas Martínez, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, siendo estos los titulares y facilitadores de las cuentas que manejaba el señor Alexander Gomez Stevenson, de igual manera fue capturado el señor Jaime Román Miranda Quintero, ex delegado de Etesa, a quien la fiscalía le imputó los cargos de concusión y concierto, allanándose a los cargos por concusión. Otras dos personas capturadas fueron Álvaro Ríos Rojas y José Acosta Ramírez, quienes en algunas ocasiones realizaron cobros de dinero a los operadores en el departamento del Cesar, dinero que posteriormente era entregado a Gomez Stevenson, me parece que a ellos se les imputó concusión, también por la figura de intervinientes y por concierto. En agosto, la Policía Nacional dio captura al señor Walter Hermes Figueroa Lizarazo, quien es operador del departamento de Santander y que tenía orden de captura por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, el cual se allanó a los cargos, en la fiscalía 304 seccional Bogotá. Preguntando: Se logró establecer algún nexo de participación entre las personas atrás referidas y la entonces presidenta de Etesa: Merly Luz Londoño García. Contestó: Hasta el momento no ha sido posible obtener material probatorio al respecto. Preguntado: Durante la investigación adelantada se logró establecer algún vínculo diferente al laboral entre la presidenta de Etesa, para esa época, y el señor Alexander Gomez Stevenson. Contestó: De acuerdo a las comunicaciones telefónicas se tiene conocimiento que ellos tendrían una relación de amistad y que este hecho fue el que facilitó la contratación de Jaime Román Miranda Quintero, yerno de Stevenson, pero ninguna otra. Preguntado: Con fundamento en la investigación se pudo determinar algún nexo diverso al laboral entre la entonces presidenta de Etesa y Jaime Román Miranda Quintero. Contestó: igual el nexo era laboral sino que era recomendado por Alexander Gomez Stevenson, pero pues cabe destacar que Jaime Román Miranda Quintero, se allanó a dicho cargo, sin que se tenga conocimiento de alguna relación entre estos. Preguntado: En desarrollo de la investigación se logró establecer que el senador Cáceres Leal tuviese alguna participación en las actividades delictivas realizadas por aquellas personas por usted relacionadas anteriormente. Contestó: realmente no, el senador Javier Cáceres simplemente es mencionado en las conversaciones telefónicas por el señor Alexander Gomez Stevenson, como persona cercana a este y a Mery Luz Londoño presidenta de Etesa, pero directamente con la conducta que se investiga hasta el momento no se ha hallado ninguna relación. Preguntado: Puntualmente, en qué contexto es mencionado el senador Cáceres Leal por Alexander Gómez Stevenson. Contestó: En interceptación telefónica de la línea 3145724571, utilizada por Alexander Gómez Stevenson, en los audios 4721 y 4781 del 13 de enero de 2009, en comunicación con su hija Carolina Gómez Romero y con Miguel, a quien se menciona como funcionario de Etesa, menciona que Javier Cáceres estaría pidiendo el cambio de Mery Luz al presidente. Asimismo, en el audio 4914 del 14 de enero de 2009, Alexander menciona que Javier ha solicitado el cambio de Mery Luz en cuatro ocasiones. Posteriormente, en el audio 5158 del 15 de enero del 2009, Alexander comenta un sujeto desconocido que Javier es de Cambio Radical y textualmente expresa que el Presidente le tiene el pie en el cuello en cuanto a Mery Luz presidenta de Etesa, menciona que ella está independiente ahora porque la gente de Cambio Radical la mandaron a renunciar, menciona que el mismo German Vargas y que si ella está allá debe ser cuota del Presidente, prácticamente. El 23 de enero de 2009, en el audio 6283 Alexander en comunicación con un sujeto no identificado menciona a Mery Luz, presidenta de Etesa, hace relación a unos contratos y menciona que Javier tendría 33 puestos y ella 9 o 10 y que esto lo conoce el Presidente de la República. También menciona Alexander que Javier tiene la secretaría de presidencia de Etesa, el auditor a Rosario (Rosario de la Rosa, vicepresidenta de recaudos de Etesa) y que todo el control de la empresa lo tiene él. El 24 de enero de 2009, audio 6480, Alexander en comunicación con Omar Gualdrón (de acuerdo a otras comunicaciones él sería funcionario de la alcaldía de Bucaramanga) a quien le menciona que Javier Cáceres ha solicitado al presidente el cambio de la presidenta de Etesa porque existía la posibilidad de que ella se fuera a una embajada y que ellos irían a poner un personaje de la corriente de ellos, también menciona que Javier Cáceres estaría al lado del referendo por lo cual el presidente le dejó la posibilidad de hacer el cambio. El 10 de febrero de 2009, audio 8410, Alexander en comunicación con un sujeto desconocido menciona que va encontrarse con Javier Cáceres en la casa de él, en El Recreo en Cartagena, el mismo de febrero de 2009, audio 8482 Alexander le menciona a Zuly su esposa, que Mery Luz dijo que quieren que le acepten la renuncia porque ya tiene muchos problemas con Javier y no quiere que eso se vaya a volver personal. Es de resaltar que todos estos audios fueron recopilados de la línea celular 3145724571, utilizada por el señor Alexander Gómez Stevenson. Mediante interceptación telefónica al abonado 3107204975 utilizada por Gómez Stevenson desde el interior de la cárcel modelo de Bucaramanga, el 25 de abril del 2009, audio 4537 Alexander en comunicación con su hija Vanesa Gomez Romero le sugiere que hable con Mery Luz o que le pida una cita a Javier Cáceres para que le permitan realizar las prácticas de la universidad en la empresa. Es de resaltar que únicamente en estos audios fue mencionado el senador Javier Cáceres. Preguntado: Dentro de las actividades realizadas bajo la dirección de la fiscalía 304 seccional de Bogotá, realizaron algunas entrevistas. Contestó: No. Preguntado: Las evidencias con que cuenta esa investigación de qué clase son. Contestó: Se tienen interceptaciones telefónicas, se tienen movimientos bancarios, se hicieron algunas vigilancias y seguimientos, con lo cual se logró la ubicación de algunas máquinas de juego por las cuales se estaba realizando el pago a los ex - delegados y se tienen copias de las consignaciones que realizaban los operadores a las cuentas indicadas por los ex - delegados Alexander Gómez Stevenson y Jaime Román Miranda Quintero, y sus asistentes. Preguntado: De conformidad con la investigación adelantada, sintetice, por favor a la Corte, cuáles eran los métodos, en concreto, utilizados por estas personas para recibir dineros a los operadores de máquinas de juego ilegales. Contestó: Los delegados por lo general contactan a los operadores directamente y a través de terceros (asistentes) algunas veces personal y otras telefónicamente en algunas ocasiones incluso, hacían exigencias del dinero para permitir la operación de las máquinas de juego (traga monedas) de las cuales ellos ya conocían su ubicación explicándoles que el pago a Etesa a parte de que era mayor, de presentarse el sellamiento las multas por máquina podían ascender a 400 mil pesos, razón por la cual los operadores se disponían a realizar el pago directamente o a través de las cuentas que manejaban estas personas a nombre propio o de terceros con el fin de que se les permitiera la operación de las mismas, es de resaltar que el pago por máquina estaba estipulado en 50 mil pesos mensual y de acuerdo al número de máquinas este era negociado de 35 a 50 mil pesos mensuales, con lo cual el ex - delegado podría llegar a recaudar sumas entre 40 y 60 millones de pesos mensuales, también en algunas oportunidades los operadores que no poseían contrato con Etesa contactaban a los ex - delegados para ofrecerles un arreglo y de esta manera se les permitiera la operación de las máquinas. Preguntado: Se pudo averiguar cómo se distribuía el dinero mensualmente recibido por estas actividades ilícitas. Contestó: Pues Stevenson en algunas comunicaciones hace mención a una cuota que tendría que pagar a la señora o a su esposo de 20 millones de pesos, sin precisar exactamente a quién y hace relación a que les exigen resultados y él debe cumplir con esa cuota. Preguntado: Cuál es la función que ustedes pudieron constatar, cumplen los delegados de Etesa. Contestó: Etesa por estar encargada del monopolio rentístico debe ejercer vigilancia y control sobre todos los juegos de suerte y azar en el país para lo cual a través de la Vicepresidencia comercial vincula a los delegados a través de un contrato de prestación de servicios a quienes se les asigna una zona por lo general un departamento para ejercer dicha vigilancia y control consistente en realizar operativos de sellamiento de máquinas que no se encuentren amparadas en contratos con Etesa. Preguntado: De qué forma Etesa autorizaba el funcionamiento o la utilización de estas máquinas. Contestó: Etesa permite el funcionamiento de las máquinas a aquellas personas jurídicas que posean contrato de concesión vigente, cuyo requisito es tener un mínimo de 80 máquinas las cuales se registran con su respectivo serial en las bases de Etesa y pueden funcionar en cualquier local reunidas en un número proporcional de acuerdo al número de habitantes, cifras que son fijadas por Etesa. Preguntado: De acuerdo con la anterior ilustración, precise a la Sala de qué forma los miembros de esta organización delincuencial, pedían dinero para permitir el funcionamiento de máquinas, al parecer, no amparadas con uno de estos contratos. Contestó: El delegado a través de los asistentes ubicaba las máquinas ilegales, es decir, aquellas que estaban fuera de los contratos y posteriormente utilizando las funciones que le proveía su cargo, solicitaba dinero a los operadores por impedir el sellamiento de las mismas y por asegurar el funcionamiento mensual de las máquinas. Preguntado: Exactamente cuántas investigaciones cursan por razón de estos hechos y qué autoridades las adelantan. Contestó: Por hechos relacionados por los delegados solo tengo conocimiento de esta investigación, conozco que se adelantan otras investigaciones por hechos relacionados con diferentes contrataciones y al parecer otras irregularidades que se presentaban en Etesa, conozco que hay otras que se adelantan en la unidad contra la administración pública, pero desconozco el despacho. En cuanto al señor Alexander Gómez Stevenson, existe otro proceso por el cual se encuentra actualmente privado de la libertad y que cursa en la fiscalía primera delegada ante el Gaula de Bucaramanga. Preguntado: En el expediente aparecen publicaciones hechas por el periódico El Tiempo de 2 y 3 de mayo y 13 de julio del 2009, que dan cuenta de hechos relacionados con Etesa, su contenido alude concretamente a los hechos investigados por la Fiscalía 304 Seccional de Bogotá. Contestó: Si se hace relación a las personas que en el momento se estaban investigando como era el señor Jaime Román Miranda Quintero y Alexander Gómez Stevenson, se hace mención a algunas interceptaciones que nosotros llevábamos que no supimos cómo llegaron al Tiempo pero la información no era precisa, más bien era bastante distorsionada y en sí se hace alusión a una empresa paralela a Etesa, formada por los delegados quienes coordinaban el cobro a los operadores ilegales, como ya se ha mencionado. Posterior a estas comunicaciones del mes de mayo la presidenta de Etesa presentó su renuncia. La del 13 de julio corresponde a las capturas que se hicieron efectivas en dicha fecha de las personas que ya se relacionaron antes. Preguntado: Junto con usted alguna otra persona adscrita al DAS intervino en la investigación. Contestó: Inicialmente la investigación era llevada por el detective Ricardo Munar Carreño y en el mes de enero del año 2009, fue asignada al caso la detective Yesica Liliana Camacho quien me apoyó en la escucha y análisis de los audios de las líneas interceptadas así como en las diferentes actividades de Policía Judicial que se adelantaron con el ánimo de recaudar el material probatorio, en contra de los antes mencionados. Preguntado: Dentro de las labores adelantadas, se enteraron de que la Procuraduría General de la Nación adelantara alguna investigación disciplinaria contra algún servidor público por estos hechos. Contestó: No. Preguntado: Desea agregar algo más a lo dicho en la presente diligencia. Contestó: No. Por el momento no más porque la investigación sigue en curso y posteriormente, si se requiere una nueva declaración estaré presta a colaborar”.

(69) “Preguntado: Conoce al senador Javier Cáceres Leal, de ser así, diga en qué circunstancias lo conoció. Contestó: Personalmente no. Preguntado: Refiera a la Corte, los detalles de la investigación en la que usted ha participado, adelantada por la Fiscalía 304 Seccional Bogotá, relacionada con hechos que tienen que ver con Etesa. Contestó: A la investigación entré yo a finales de diciembre del 2008, inicialmente era para escuchar las interceptaciones que se tenía de unos teléfonos de Alexander Gómez Stevenson y Walter Enrique Caicedo García, así mismo recolectar los elementos materiales probatorios para la investigación, lo que yo hacía era escuchar y con base en esto se obtenían más pruebas para lo que se estaba investigando. La investigación apuntaba a que los delegados estaban cobrando dinero de manera ilegal a las personas que son dueñas de las máquinas de juego y que debían pagar a Etesa y realizaban los pagos a estos señores de manera ilícita, no le pagaban al Estado si no a estos señores. Dentro de la investigación se conoció que la ex - presidenta de Etesa, Mery Luz Londoño recibía mensualmente parte de ese dinero que cobraban, todo eso de acuerdo a los audios de las líneas interceptadas. En vista de eso, se hizo (sic) todas las labores para recolectar todas las evidencias que la involucrara a ella ya que con los delegados ya se habían adquirido los elementos para hacer una imputación. En eso va la investigación. Preguntado: Concretamente cuál eran los métodos utilizados por las personas investigadas para cobrar dinero por permitir el uso de las máquinas tragamonedas. Contestó: Ellos se identificaban como funcionarios de Etesa, unos lo eran y otros no, acordaban con el dueño de la máquina sumas inferiores a lo que generalmente cobra Etesa y así ellos permitirían el funcionamiento de esas máquinas, entonces muchas veces no se reportaban las máquinas completas de un operador y de esa manera no se daba cuenta Etesa de la irregularidad, supuestamente. Preguntado: Para que operara lícitamente una máquina de esta clase, qué procedimiento debía observar el usuario en Etesa. Contestó: El procedimiento que ellos deben seguir es dirigirse a Etesa o a través de sus delegados y hacer un contrato para que Etesa le permita el uso legal de esos establecimiento de juego y de esas máquinas, al suscribirse el contrato Etesa genera mensualmente una especie de extracto que le hace llegar al operador de la máquina a su domicilio o establecimiento y este va y lo cancela en una entidad bancaria. Preguntado: Cuáles eran las funciones que cumplían los delegados en los distintos departamentos o zonas del país. Contestó: En general lo que ellos hacían o la función que debían cumplir era vigilar que no estuvieran funcionando máquinas y/o establecimientos de juegos de suerte y azar que no contaran con el permiso de Etesa y, en tal caso, hacer lo pertinente para que esas personas se registraran ante Etesa o se vincularan a Etesa de manera legal, para que así Etesa cumpliera con el objetivo para lo cual fue creada. Preguntado: En el curso de la investigación qué funcionarios o ex - funcionarios de Etesa fueron identificados como autores o partícipes de estos hechos delictivos. Contestó: Identificados plenamente y a través de los audios, están los señores Alexander Gómez Stevenson, delegado en Santander, Norte de Santander y Cesar, para ese entonces, Rosario de la Rosa que es la vicepresidenta de recaudos de Etesa, Mery Luz Londoño que era la presidenta, Jaime Román Miranda Quintero que fue delegado para la misma zona que Gómez Stevenson a quien reemplazó. Preguntado: Qué personas particulares fueron identificadas como miembros de esta organización dedicada al cobro irregular de dineros. Contestó: Walter Enrique Caicedo García, quien era el ayudante de Gómez Stevenson, quien iba y visitaba los negocios y realizaba los cobros a los operadores y le reportaba a Stevenson, estaba Álvaro Ríos Rojas, José Guillermo Acosta Ramírez, todos hacían lo mismo, cobraban a los operadores y le reportaban a Alexander Gómez Stevenson. Las personas que prestaron la cuenta para el recaudo de este dinero, está Giovanny Parada García, Damian Juan Lian Castaño, Carlos Javier Cuentas Martínez, Jorge Enrique Monroy Cochez y una cuenta de la hija de Stevenson que se llama Carolina Paola Gómez Romero, estos solamente prestaron la cuenta y había operadores que consignaban directamente a la cuenta y le reportaban a Stevenson por teléfono y los que cobraban también consignaban en estas cuentas o le entregaban el efectivo. Preguntado: Exactamente con que evidencias cuenta la investigación que vinculen con esta organización a la expresidenta de Etesa, Mery Luz Londoño García. Contestó: A través de conversaciones telefónicas sostenidas por Alexander Gómez con terceros este mencionaba que mensualmente se debía pagar a la señora por permitirles cobrar sus dineros, bajo cuerda, mencionaban que debían pagar 20 millones mensuales, que era una cuota, hablaban de la cuota de la señora y después de que Alexander fue capturado en Bucaramanga, continuó relacionándola a ella y al esposo telefónicamente, diciendo que debían cumplirle con la cuota a ella para que así, le permitieran al delegado Jaime Miranda continuar en su cargo, lo que supuestamente ella hacía era asignarles un departamento y que así le pasaban a ella una cuota, todo de acuerdo a las comunicaciones. Preguntado: Por qué afirma que a la persona que mencionaban como la señora corresponde a la señora Mery Luz Londoño. Contestó: En los audios se zafaban diciendo primero la señora y después decían Mery Luz. Preguntado: Se enteró del nombre del esposo de Mery Luz Londoño. Contestó: Si me enteré del nombre a través de los audios que decían Raúl Quintana. Preguntado: Verificaron que Raúl Quintana efectivamente fuese el esposo o compañero de Mery Luz Londoño. Contestó: No señor, en los audios decían que al marido o a el esposo de la señora, pero nunca se hizo nada para verificar esa información. Preguntado: Dentro de las conversaciones legalmente escuchadas por usted, se menciona al senador Javier Cáceres Leal, como integrante de esta organización o beneficiándose directamente de los recursos recaudados a través de estas actividades ilícitas. Contestó: En las comunicaciones que escuché de la línea 3145724571 utilizada por Alexander Gómez, se ha hecho mención al señor Javier Cáceres de la siguiente manera: En el audio 4721 y 4781 del 13 de enero del 2009, Alexander le menciona a su hija Carolina que Javier Cáceres está pidiendo el cambio de Mery Luz al Presidente, en el audio 5158 del 15 de enero del 2009, Alexander le menciona a otra persona que Javier tiene 5 o 6 delegados en Etesa de cuota de él, en el audio 5921 del 20 de enero del 2009, Alexander se comunica con una persona de nombre Cesar donde menciona que Javier es de Cambio Radical y que el presidente le tiene el píe en el cuello, y que ahora Mery Luz debe ser cuota del Presidente prácticamente, en el audio 6283 del 23 de enero Alexander en comunicación con una persona sin identificar al referirse a los contratos de Etesa menciona que Javier tiene 33 puestos y ella, refiriéndose a Mery Luz, la presidenta de Etesa, menciona que ella tiene 9 o 10, menciona que Javier tiene a la secretaria de presidencia, al auditor, a Rosario (vicepresidenta de recaudos) y que todo el control de la empresa lo tiene él. En el audio 6480 del 24 de enero del 2009, Alexander en comunicación con un sujeto al que llama Omar Gualdrón, que de acuerdo a las comunicaciones es funcionario de la alcaldía de Bucaramanga, Alexander menciona que Javier Cáceres ha solicitado al Presidente el cambio de la presidenta de Etesa, porque existía la posibilidad de que ella se fuera para una embajada y que lo que ellos querían era poner otro personaje de la corriente de ellos. Por otra parte, menciona que Javier Cáceres estaría del lado de referendo por lo cual el Presidente le dejó la posibilidad de hacer el cambio de la presidenta y efectivamente el cambio se dio. En el audio 8410 del 10 de febrero del 2009, Alexander le menciona a un sujeto desconocido que va a encontrarse con Javier Cáceres en la casa de él en El Recreo en Cartagena. En el audio 8482 del 10 de febrero del 2009, Alexander le menciona a su esposa Zuly que habló con Javier y que él le dijo a Alexander que había hablado con Mery Luz y le había preguntado cuántas personas quería dejar en Etesa y que Javier está esperando que ella se vaya porque él le dice una cosa y ella hace lo que se le da la gana. Está esperando que se vaya porque ella es la que tiene el control de Etesa, en el audio 8839 del 13 de febrero del 20091 Alexander le menciona a Zuly, su esposa que habló con Mery Luz y esta le dijo que está aburrida y que quiere que le acepten la renuncia porque ella tiene muchos problemas con Javier y no quiere que esto se vaya a volver personal. En el audio 4537 de la línea 3107204975 utilizada por Alexander Gómez, desde la cárcel modelo de Bucaramanga, en comunicación con su hija Vanesa Gómez le sugiere que hable con Mery Luz o que le pida una cita a Javier Cáceres para que le permita realizar las prácticas de la universidad en la empresa. Preguntado: Del contexto general de las llamadas interceptadas se puede deducir cuál era el motivo de las divergencias o los inconvenientes que tenía la presidenta de Etesa Mery Luz Londoño y el senador Javier Cáceres Leal. Contestó: Básicamente era por el manejo de Etesa y los cupos que ambos tenían en la institución o la entidad, eso era. Preguntado: Con base en ese mismo contexto, se puede deducir que el senador Cáceres recibía parte del dinero recaudado por los cobros ilícitos efectuados por las personas atrás relacionadas por usted y hoy investigadas por la fiscalía 304 seccional de Bogotá. Contestó: De esas personas no, porque según las comunicaciones Alexander Gómez es cuota de Mery Luz. Preguntado: Recuerda de alguna otra comunicación o conversaciones interceptadas sostenidas por personas diferentes a Alexander Gómez Stevenson que hagan alusión al senador Cáceres Leal. Contestó: Recuerdo de una comunicación sostenida entre Alexander y un tercero donde esta persona menciona que si la señora los relaciona a ellos dos la va a denunciar penalmente y va a hablar con Javier porque de pronto él se va a ver perjudicado con el escándalo, pero lo va a prevenir y le va a llevar todo, el audio es el 10566 del 5 de marzo del 2009 de la línea 3145724571. Preguntado: Cuál fue la participación del ahora ex-delegado Jaime Román Miranda en los hechos investigados, según la investigación adelantada hasta este momento. Contestó: Se conoció a través de las comunicaciones que Mery Luz Londoño ayudó o lo nombró en el cargo de delegado reemplazando a Alexander Gómez y que Jaime debería seguir con el pago de las cuotas que Alexander le venía realizando a ella, por lo tanto siguió con los cobros ilegales a los operadores. Preguntado: Los ex - delegados Alexander Gómez Stevenson y Jaime Román Miranda Quintero en este momento se encuentran privados de la libertad, en caso cierto por orden de qué autoridad y por cuenta de qué investigación. Contestó: Alexander Gómez está en la cárcel modelo de Bucaramanga por el delito de tentativa de extorsión por un Fiscal delegado ante el Gaula de la Policía y Jaime Román tiene detención domiciliaria por cuenta de la fiscalía 304 seccional delegada ante el DAS. Preguntado: En las comunicaciones interceptadas, si así ocurrió, a Jaime Román Miranda Quintero, menciona al senador Cáceres Leal. Contestó: Yo puedo decir que no, menciona es a Mery Luz y al esposo. Preguntado: Qué otras personas se encuentran detenidas por virtud de estos hechos y por cuenta de que autoridad. Contestó: Álvaro Ríos Rojas, José Guillermo Acosta Ramírez, domiciliaria en Valledupar, Giovanni Parada García, domiciliaria en Cúcuta o Los Patios, Norte de Santander, Damian Juan Lian Castaño, Jorge Enrique Monroy Coches domiciliaria en Cartagena y Carlos Javier Cuenta Martínez en Cartagena por presentaciones, Walter Hermes Figueroa Lizarazo que como se allanó a los cargos la Fiscal no pidió medida de aseguramiento, todos están para audiencia de formulación de acusación en la fiscalía 304 seccional de Bogotá. Preguntado: Cuál es exactamente, si lo sabe, el objeto de la investigación que cursa en la fiscalía delegada ante el Gaula Ponal, adelantada en contra de Alexander Gómez Stevenson. Contestó: Los hechos que ocurrieron en esta investigación fue a raíz de la denuncia que colocó un operador de máquinas de Bucaramanga en, cuanto a la extorsión que recibía de Alexander en su calidad de delegado de Etesa para que el operador le diera una suma de dinero a cambio de no radicar ante la Fiscalía una denuncia en contra de este operador que la presidencia de Etesa había ordenado radicar por cuenta de ser operador ilegal de máquinas. Gómez Stevenson fue capturado en Bucaramanga, continuó relacionándola a ella y al esposo telefónicamente, diciendo que debían cumplirle con la cuota a ella para que así, le permitieran al delegado Jaime Miranda continuar en su cargo, lo que supuestamente ella hacía era asignarles un departamento y que así le pasaban a ella una cuota, todo de acuerdo a las comunicaciones. Preguntado: Por qué afirma que a la persona que mencionaban como la señora corresponde a la señor Mery Luz Londoño. Contestó: En los audios se zafaban diciendo primero la señora y después decían Mery Luz. Preguntado: Se enteró del nombre del esposo de Mery Luz Londoño. Contestó: Si me enteré del nombre a través de los audios que decían Raúl Quintana. Preguntado: Verificaron que Raúl Quintana efectivamente fuese el esposo o compañero de Mery Luz Londoño. Contestó: No señor, en los audios decían que al marido o a el esposo de la señora, pero nunca se hizo nada para verificar esa información. Preguntado: Dentro de las conversaciones legalmente escuchadas por usted, se menciona al senador Javier Cáceres Leal, como integrante de esta organización o beneficiándose directamente de los recursos recaudados a través de estas actividades ilícitas. Contestó: En las comunicaciones que escuche de la línea 3145724571 utilizada por Alexander Gómez, se ha hecho mención al señor Javier Cáceres de la siguiente manera: En el audio 4721 y 4781 del 13 de enero del 2009, Alexander le menciona a su hija Carolina que Javier Cáceres está pidiendo el cambio de Mery Luz al Presidente, en el audio 5158 del 15 de enero del 2009, Alexander le menciona a otra persona que Javier tiene 5 o 6 delegados en Etesa de cuota de él, en el audio 5921 del 20 de enero del 2009, Alexander se comunica con una persona de nombre Cesar donde menciona que Javier es de Cambio Radical y que el Presidente le tiene el pie en el cuello, y que ahora Mery Luz debe ser cuota del Presidente prácticamente, en el audio 6283 del 23 de enero Alexander en comunicación con una persona sin identificar al referirse a los contratos de Etesa menciona que Javier tiene 33 puestos y ella, refiriéndose a Mery Luz, la presidenta de Etesa, menciona que ella tiene 9 o 10, menciona que Javier tiene a la secretaria de presidencia, al auditor, a Rosario (vice - presidenta de recaudos) y que todo el control de la empresa lo tiene él. En el audio 6480 del 24 de enero del 2009, Alexander en comunicación con un sujeto al que llama Omar Gualdrón, que de acuerdo a las comunicaciones es funcionario de la alcaldía de Bucaramanga, Alexander menciona que Javier Cáceres ha solicitado al presidente el cambio de la presidenta de Etesa, porque existía la posibilidad de que ella se fuera para una embajada y que lo que ellos querían era poner otro personaje de la corriente de ellos. Por otra parte menciona que Javier Cáceres estaría del lado de referendo por lo cual el Presidente le dejó la posibilidad de hacer el cambio de la presidenta y efectivamente el cambio se dio. En el audio 8410 del 10 de febrero del 2009, Alexander le menciona a un sujeto desconocido que va a encontrarse con Javier Cáceres en la casa de él en El Recreo en Cartagena. En el audio 8482 del 10 de febrero del 2009, Alexander le menciona a su esposa Zuly que hablo con Javier y que él le dijo a Alexander que había hablado con Mery Luz y le había preguntado cuántas personas quería dejar en Etesa y que Javier está esperando que ella se vaya porque él le dice una cosa y ella hace lo que se le da la gana. Está esperando que se vaya porque ella es la que tiene el control de Etesa, en el audio 8839 del 13 de febrero del 20091 Alexander le menciona a Zuly, su esposa que habló con Mery Luz y esta le dijo que está aburrida y que quiere que le acepten la renuncia porque ella tiene muchos problemas con Javier y no quiere que esto se vaya a volver personal. En el audio 4537 de la línea 3107204975 utilizada por Alexander Gómez, desde la cárcel modelo de Bucaramanga, en comunicación con su hija Vanesa Gómez le sugiere que hable con Mery Luz o que le pida una cita a Javier Cáceres para que le permita realizar las prácticas de la universidad en la empresa. Preguntado: Del contexto general de las llamadas interceptadas se puede deducir cuál era el motivo de las divergencias o los inconvenientes que tenía la presidenta de Etesa Mery Luz Londoño y el senador Javier Cáceres Leal. Contestó: Básicamente era por el manejo de Etesa y los cupos que ambos tenían en la institución o la entidad, eso era. Preguntado: Con base en ese mismo contexto, se puede deducir que el senador Cáceres recibía parte del dinero recaudado por los cobros ilícitos efectuados por las personas atrás relacionadas por usted y hoy investigadas por la fiscalía 304 seccional de Bogotá. Contestó: De esas personas no, porque según las comunicaciones Alexander Gómez es cuota de Mery Luz. Preguntado: Recuerda de alguna otra comunicación o conversaciones interceptadas sostenidas por personas diferentes a Alexander Gómez Stevenson que hagan alusión al senador Cáceres Leal. Contestó: Recuerdo de una comunicación sostenida entre Alexander y un tercero donde esta persona menciona que si la señora los relaciona a ellos dos la va a denunciar penalmente y va a hablar con Javier porque de pronto él se va a ver perjudicado con el escándalo, pero lo va a prevenir y le va a llevar todo, el audio es el 10566 del 5 de marzo del 2009 de la línea 3145724571. Preguntado: Cuál fue la participación del ahora ex - delegado Jaime Román Miranda en los hechos investigados, según la investigación adelantada hasta este momento. Contestó: Se conoció a través de las comunicaciones que Mery Luz Londoño ayudó o lo nombró en el cargo de delegado reemplazando a Alexander Gómez y que Jaime debería seguir con el pago de las cuotas que Alexander le venía realizando a ella, por lo tanto siguió con los cobros ilegales a los operadores. Preguntado: Los ex - delegados Alexander Gómez Stevenson y Jaime Román Miranda Quintero en este momento se encuentran privados de la libertad, en caso cierto por orden de qué autoridad y por cuenta de qué investigación. Contestó: Alexander Gómez está en la cárcel modelo de Bucaramanga por el delito de tentativa de extorsión por un fiscal delegado ante el Gaula de la Policía y Jaime Román tiene detención domiciliaria por cuenta de la fiscalía 304 seccional delegada ante el DAS. Preguntado: En las comunicaciones interceptadas, si así ocurrió, a Jaime Román Miranda Quintero, menciona al senador Cáceres Leal. Contestó: Yo puedo decir que no, menciona es a Mery Luz y al esposo. Preguntado: Qué otras personas se encuentran detenidas por virtud de estos hechos y por cuenta de que autoridad. Contestó: Álvaro Ríos Rojas, José Guillermo Acosta Ramírez, domiciliaria en Valledupar, Giovanni Parada García, domiciliaria en Cúcuta o Los Patios, Norte de Santander, Damian Juan Lian Castaño, Jorge Enrique Monroy Coches domiciliaria en Cartagena y Carlos Javier Cuenta Martínez en Cartagena por presentaciones, Walter Hermes Figueroa Lizarazo que como se allanó a los cargos la Fiscal no pidió medida de aseguramiento, todos están para audiencia de formulación de acusación en la fiscalía 304 seccional de Bogotá”.

(70) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(71) Cfr. “El valor probatorio del atestado policial”. Lorenzo Bujosa Uadell, profesor de derecho procesal de la Universidad de Salamanca. Conferencia pronunciada en el Tercer Congreso de Derecho Procesal, Medellín.

(72) Cdno. 3, fl. 978 y ss. y fls. 1006 y ss., fls. 1011 y ss. con sus respectivas cadenas de custodia.

(73) Sentencias C-319 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; y C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(74) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de enero de 1998, Expediente AC-5397, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(75) Sentencias C-280 de 1996, M.P. Alejandro Martinez Caballero; y C-473 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(76) Sentencias de la Corte Constitucional C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C- 280 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, y C-473 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.