Sentencia 2010-00189/42806 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

Rad. 47001-23-31-000-2010-00189-01 (42806)

Actor: Alba Luz Alarcón Ortiz y otros

Demandado: La Nación-Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad por privación de la libertad. Autonomía del juicio de responsabilidad. Dolo y culpa grave. Al juez de la reparación no le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia, sí analizar la conducta civil de la víctima.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia(2), tal como fue entendida en decisión de Sala Plena, la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia, debe ser conocida por esta corporación.

2. Caducidad de la acción.

La jurisprudencia ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso(3).

En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad sufrida por la señora Alba Luz Alarcón Ortiz.

Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resulta acreditado que la antes nombrada estuvo privada de la libertad entre el 12 de julio de 2005(4) y el 15 de agosto de 2007(5) fecha en la que se le informó al INPEC la sentencia absolutoria dictada por el juzgado penal municipal de Ciénaga (Magdalena) el 10 de agosto de anterior(6), confirmada el 29 de abril de 2008, de la cual obra constancia de ejecutoria(7). En este punto es de advertir que si bien no se conocía la fecha el inicio del término para demandar se puede inferir de la fecha de la sentencia de segunda instancia y la solicitud de conciliación, que fue el 19 de abril de 2010(8). De manera que, como la demanda se presentó el 29 de junio de 2010, lo fue en el término establecido en el artículo 136.8 del C.C.A.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar sí el daño antijurídico invocado por la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, en razón de la privación de su libertad, en el marco de un proceso penal, por el presunto delito de extorsión, es imputable a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General. Al tiempo que se deberá establecer la obligación de reparar, esto es, deberá también determinarse si la víctima actuó con dolo o culpa grave.

4. Análisis del caso.

4.1. Legitimación por activa.

4.1.1. Se reconoce como legitimado en la causa por activa a la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, privada de la libertad conforme al i) informe 110 de 11 de julio de 2005 (fis. 10 a 12, c. 7), ii) la Resolución del 21 de julio de 2005 proferida por la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Santa Marta, mediante la cual se le impuso medida de aseguramiento como presunta coautora del punible de extorsión. (fls. 89 a 95, c. 7), iii) la sentencia absolutoria proferida el 10 de agosto de 2007 por el juzgado penal municipal de Ciénaga (Magdalena)(fls. 108 a 118, c 1), confirmada el 29 de abril de 2008 por el juzgado penal del circuito de Ciénaga (Magdalena) y iv) la boleta de libertad Nº J022608 del 15 de agosto de 2007 (fl. 129, c. 1).

4.1.2. Obra en el plenario registro civil de nacimiento de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, de donde se colige la legitimación por activa de la señora Belarmina Ortiz de Alarcón en calidad de madre de la víctima directa (fl. 41, c. 1).

4.1.3. Reposa en el expediente registro civil de William Mauricio Correa Alarcón, Harold Enrique Correa Alarcón, Elinor Cardozo Alarcón, Isauro Cardozo Alarcón(9), John Fredy Cardoso Alarcón, Lucy Yaned Cardoso Alarcón y Olfa Cardoso Alarcón(10) de donde se colige su legitimación por activa, para acudir al asunto en calidad de hijos de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz (fls. 43, 44, 46 48, 50, 52 y 54, c. 1).

4.1.3. Reposa en el expediente registro civil de los señores Víctor Julio Alarcón Ortiz, Doris Alarcón Ortiz(11), Yolanda Alarcón Ortiz, Edgar Alarcón Ortiz, Juan Manuel Alarcón Ortiz, Abrahan Alarcón Ortiz y Eliberto Alarcón Ortiz(12), de donde se colige su legitimación por activa en calidad de hermanos de la víctima (fls. 59, 61, 63, 65, 67, 69 y 71, c. 1).

4.3. Hechos probados.

Está probado que:

4.1.1. El 4 de julio de 2005, la señora Marina Cepeda de Suarez, presentó denuncia ante la unidad investigativa de la policía judicial Gaula Magdalena, manifestó que:

”Ha sido víctima de extorsión en una ocasión el año anterior por el mes de junio, que entregó la suma de 5.000.000 (cinco millones de pesos) en la ciudad de Barranquilla a un sujeto quien dijo que pertenecía al frente de las FARC, que no denunció por temor.

Agrega la denunciante que su actividad es comerciante, que para el mes de septiembre del año anterior le exigieron consignar cinco millones de pesos más a una cuenta Conavi, y así lo hicieron, después la volvieron a llamar y le manifestaron que el dinero se les había perdido y que si otro grupo los llamaba no fueran a dar dinero. Que para el mes de diciembre de 2004 volvieron a llamar y le dijeron que debían consignar cinco millones más por la pérdida de ese dinero y les manifestaron que no le daban el dinero porque ya le habían colaborado. Que para el mes de junio del presente año la llamaron exigiéndole el compromiso pasado exigiéndole (sic) que debía de consignar el 10 de junio de 2005 dándole 08 días de prórroga a un número de cuenta, que le hicieron una nueva llamada el 01 de julio de 2005 para rectificarle el número de la cuenta donde debían consignar y ella ya angustiada entabló la denuncia ante el gaula” (fl. 90, c. 1).

4.1.2. En virtud de la denuncia presentada por la señora Marina Cepeda de Suarez y del informe 110, del 11 de julio de 2005, de la Unidad Investigativa Gaula Magdalena suscrito por los detectives Boris Estrada, Wilmer Never Vallejo y los investigadores Luz Elena Arce y Mauricio Hernández se dispuso la captura de la actora (fl. 90, c. 1).

4.1.3. Al respecto se conoce que el gaula instaló una grabadora en el Supermercado Roximar de Ciénaga en el abonado Nº 4240637 en el que se venían efectuando las llamadas extorsivas por parte de personas que se identificaban como miembros del Frente 19 de las FARC en las que exigían el pago de 5.000.000 de pesos, los cuales, según instrucciones de los extorsionistas, mediante llamada telefónica del 7 de julio de 2005, debían ser entregados en la calle 38 C No. 20 – 121 del barrio San José en Barranquilla el día lunes 11 de julio de 2005 a un sujeto que respondía al nombre de Radamel Sarmiento.

4.1.4. El día de la entrega del dinero, se adelantó el operativo que consistió en simular la entrega de lo pactado a los extorsionistas. Relata el informe:

“Que el dinero con previo acuerdo decidió ser entregado por una investigadora que se hizo pasar por empleada de la señora denunciante María Cepeda.

La investigadora de el gaula (sic) de nombre Luz Elena Arce Royero se desplazó en un taxi conducido por un soldado que le prestaba colaboración adscrito al ejército hasta la residencia del inmueble descrito en la calle 38 C No 20 – 121. Que una vez llegaron a dicha residencia fueron abordados por la señora Alba Luz Alarcón Ortiz quien le dijo a la investigadora que ella tenía los 10.000 pesos del taxi que Rodamel Sarmiento le había entregado y que ella recogía el dinero.

Que como se quería la presencia de Rodamel Sarmiento (sic), simularon que la carrera del taxi costaba 25.000 pesos y exigía la investigadora la presencia de dicho señor, por lo cual la señora Alba Luz lo llamó al celular y este se presentó diciendo ser Rodamelsarmiento (sic) exigiendo el dinero que supuestamente le llevaba una empleada a la víctima procediendo a su captura” (fl. 91, c. 1).

Es de anotar que el señor que se identificó como Radamel Sarmiento, luego fue plenamente identificado por funcionarios del gaula y responde al nombre de Ángel Rafael Peñaranda.

4.1.5. El 21 de julio de 2005, la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito de Santa Marta profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, como coautora del delito de extorsión en modalidad de tentativa; para el efecto consideró cumplidos los requisitos del artículo 356 del C.P.P. vigente para la época de los hechos. Señaló al respecto (fls. 89 a 95, c. 1):

“En punto de la responsabilidad que puedan tener Angel Rafael Peñaranda Díaz y Alba Luz Alarcón Ortiz como presuntos autores del delito de extorsión se tiene que hasta el momento resulta fortalecida la imputación en su contra por virtud de su captura en flagrancia, la valoración de los elementos de prueba recogidos como lo son los términos de la declaraciones de la víctima y del funcionario del gaula que participaron en el procedimiento, las manifestaciones exculpatorias de los procesados y las inferencias que resultan de su análisis en conjunto.

No obstante que los procesados refieren que con la conducta por ellos ejecutada no pretendían lesionar los intereses de la aquí afectada, a quien no conocen y son ajenos a la extorsión habrá de entenderse que esa exculpación no será de recibo por la fiscalía por la definición y materialización de los elementos propios o típicos de una conducta extorsiva así como por las inferencias que resultan de la valoración del material probatorio, indicativo este de voluntad orientada la afectación de la autonomía personal y el patrimonio de Marina Cepeda De Suarez. Nótese que la información probatoria relata las precisas circunstancias en que se ejecutó la conducta y en ellas no aparece o se deriva la estimación de que el suceso padecido por Marina Cepeda fuera inocuo a sus intereses e intrascendente en materia penal. Por el contrario, se muestra definidamente como constitutivo de una extorsión. Detalles como su ponderada planeación y posterior desarrollo, la explicación que (conforme al dicho de los funcionarios del gaula que participaron en la captura), el requerimiento extorsivo y fijación del sitio y hora donde se debía llevar la suma dineraria requerida, lo cual consta en grabación magnetofónica, la iniciativa de la sindicada Alba Luz, en abordar de inmediato a la supuesta trabajadora del supermercado, cuando esta hace su presencia en el sitio y la apresurada necesidad de Ángel Rafael Peñaranda, en llegar al sitio de la entrega, son suficientes para señalar que su actuar fue orientado con dolo y sin justificación alguna en perjuicio de Marina Cepeda”.

4.1.6. El 3 de febrero de 2006, la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito de Santa Marta dictó resolución de acusación en contra de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, por el delito de extorsión. Respecto de la responsabilidad de la antes nombrada, señaló (fls. 96 a 107, c. 1):

“En punto de la responsabilidad que puedan tener Ángel Rafael Peñaranda Díaz y Alba Luz Alarcón Ortiz como presuntos autores del delito de extorsión se tiene que hasta este estadio procesal resulta fortalecida la imputación en su contra por virtud de su captura en flagrancia, la valoración de los elementos de prueba recogidos como lo son los términos de las declaraciones de la víctima y de los investigadores del GAULA que participaron en el procedimiento, las manifestaciones exculpatorias de los procesados y las inferencias que resultan de su análisis en conjunto.

(…)

Tratándose entonces de una prolongación del debate en el que, sin advertir los pendientes, buscan imponer un criterio sobre el que este despacho ha construido con base en la soberanía nacional que le otorga el sistema legal de la libre apreciación probatoria, absteniéndose de mostrar que no solamente existe la prueba del estado en flagrancia en que fueron capturados, sino que existen pruebas testimoniales que comprometen con los hechos aquí investigados. Recordemos que los indicios arrojan su fuerza inductiva no sólo de su consideración individual sino básicamente del examen conjunto de los mismos, porque allí radica la gravedad objetiva. Además la probabilidad que entrega el indicio también depende de la fiabilidad de los medios probatorios directos que lo introducen en el proceso.

Está claro que en nuestro sistema procesal penal a nivel de instrucción, los juicios positivos de responsabilidad son provisorios y fundamentados en convicciones probables, así, para imponer medida de aseguramiento basta la presencia mínima de dos indicios graves, o un “testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad…”. Por consiguiente, el testimonio creíble constituye potísima razón para abrir sumario, para asegurar, incluso, para acusar, y, en concepto nuestro, también para condenar, sin que el viejo adagio del tesis unus, testis nulles sea obstáculo para concebir el grado de certeza, de plena prueba, soporte de la sentencia condenatoria”.

4.1.7. El 10 de agosto de 2007, el juzgado penal municipal de Santa Marta i) absolvió a la señora Alba Luz Alarcón Ortiz del delito imputado en grado de tentativa; ii) ordenó su libertad provisional con caución por valor de $ 100.000 y la suscripción de la diligencia de compromiso y iii) declaró la responsabilidad penal del señor Ángel Rafael Peñaranda Díaz, como coautor del delito de extorsión en grado de tentativa. Se lee en la decisión (fls. 108 a 118, c. 1):

“En este punto se encuentra el objeto de controversia dentro del presente proceso, puesto que hay que determinar que los procesados hayan tenido dominio del hecho criminoso para imputar el delito. Los procesados niegan haber tenido conocimiento de la extorsión de que era objeto la señora Marina Cepeda de Suárez insistiendo que su presencia en el lugar de los hechos fue circunstancial, mientras que la Fiscalía acusa que obraron en coparticipación con división de trabajo, teniendo plena conciencia de lo que hacían cada uno en su rol dentro de la extorsión. Para este juzgado la procesada Alba Luz Alarcón no tenía conocimiento de que su conducta era constitutiva de delito por haber sido utilizada como instrumento por parte del acusado Rafael Peñaranda quien si tenía pleno dominio del hecho criminoso, tal como se pasa a exponer.

(…)

No puede desconocer este despacho de que efectivamente el acusado Rafael Peñaranda se dedicaba a la actividad de venta informal de queso, suero, carne de cerdo y carnero, puesto que las distintas pruebas testimoniales así lo indican. Como se tuvo oportunidad de mencionar la familia Alarcón dan cuenta de esta actividad y las relaciones comerciales que tenían con él, en igual sentido se pronunció la señora Mari Luz Ibarra de Peñaranda quien era la persona que lo proveía de los productos que vendía, como también los señores Juan Martínez y su hijo del mismo nombre con quien también mantenía relaciones comerciales: el señor Gilberto Cruzate reitera las afirmaciones de los anteriores testigos al declarar sobre el conocimiento de las actividades comerciales que ejercía el procesado Rafael Peñaranda.

De esta manera fácilmente se puede observar que entre los procesados existían vínculos de amistad y comerciales de donde se pudo derivar la confianza que impulsó a la acusada Alba Alarcón a acceder al favor solicitado por el procesado de recibir la encomienda que le iban a enviar, sin desatender que hacía dos días el acusado Rafael Peñaranda había dejado $ 10.000 para cancelar el vehículo donde llegaría la misma.

(…)

Creíble es entonces la versión de los hechos rendida por la acusada Alba Luz Alarcón Ortiz que soporta la tesis de este despacho que actuó sin conciencia de que su conducta era constitutiva de delito. Siendo instrumentalizada por el también procesado Ángel Rafael Peñaranda Díaz. Es decir, que muy a pesar que respecto a la acusada se dan los elementos de tipo objetivo, no así se dan los subjetivos, por lo cual no se puede imputar el delito de extorsión”.

4.1.8. Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación el señor Ángel Rafael Peñaranda Díaz, resuelto el 29 de abril de 2008 por el juzgado primero penal del circuito de Ciénaga (Magdalena) en el sentido de confirmar la condena impuesta al apelante y la absolución de la actora (fls. 119 a 128, c. 1):

4.1.9. Mediante oficio 001194 de fecha 25 de julio de 2008, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, da cuenta de que la señora Alba Luz Alarcón Ortiz ingresó el 14 de julio del 2005 al establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Santa Marta y salió en libertad el día 15 de agosto de 2007 según boleta de libertad Nº J022608 de la fecha (fl. 129, c. 1).

5. Análisis del caso concreto.

En el asunto de la referencia se invoca la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General por la privación de la libertad del 11 de julio de 2005 al 15 de agosto de 2007 “por el lapso de dos (2) años, 1 mes y 4 días”, sufrida por la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, toda vez que fue exonerada del cargo imputado a través de sentencia absolutoria de primera instancia, confirmada por el superior y debidamente ejecutoriada(13).

5.1. De la privación de la libertad.

La responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales resulta de la regla general de responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 90 de la carta política. Disposición desarrollada por la Ley 270 de 1996, en el sentido de distinguir distintos eventos que hacen al Estado responsable por las acciones y omisiones de los agentes estatales encargados de administrar justicia, entre estos por “privación injusta de la libertad”.

5.1.1. La libertad como principio fundamental.

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta coimplicación dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de Derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(14).

El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, la salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el art. 28 de la carta política(15).

El artículo citado comprende i) el reconocimiento de la libertad de la persona y ii) la aceptación de que ésta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas punibles. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del estado de derecho, el ejercicio de las facultades mencionadas no puede entenderse como una prerrogativa absoluta de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Autoridad que, en tanto es ejercida por hombres, conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida. Señala al respecto el artículo 90 constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Vale recordar los debates al respecto en la Asamblea Constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(16).

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y la relación causa a efecto con la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando ésta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas.

Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser, por el solo hecho de la investigación, se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(17). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es éste el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración del justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. En tal sentido, esta corporación en Sentencia de 4 de diciembre de 2006, señaló:

…La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido- interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular— incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(18)

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el art. 414 del Decreto 2700 de 1991) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la Constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual art. 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretado para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el art. 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106, segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día(19)”.

Por lo demás, el artículo 94 de la carta también incorpora al orden constitucional lo enunciado en los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Esto no deja de ser significativo, puesto que la reparación de la detención injusta está explícitamente reconocida como componente del derecho a la libertad, por el numeral 5 del artículo 9º del pacto internacional de derechos civiles y políticos.

5.2. Análisis del dolo o culpa grave como eximente de responsabilidad.

Hechas las anteriores consideraciones, si bien el artículo 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo no opera en el ordenamiento alejado de disposiciones constitucionales que imponen deberes que igualmente resultan exigibles. De ahí la necesidad de al margen de la privación se hace necesario verificar la actuación gravemente culposa o dolosa de quien resultó detenido, caso en el cual los artículos 83 y 95 de la carta política impiden el reconocimiento de la indemnización.

Conforme a lo anterior, se tiene que, previo al reconocimiento de la indemnización por privación injusta de la libertad, debe el juez de lo contencioso administrativo verificar que quien reclama pueda acceder efectivamente a la reparación. Cabe advertir que, en modo alguno, se trata de una autorización para revisar nuevamente el proceso penal “en tercera instancia” y por ende la sentencia allí dictada. En este sentido, se ha de aceptar como verdad inobjetable que le está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal. Esto es el juicio que le corresponde adelantar al juez de la reparación directa, en orden a resolver sobre la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad, trata del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que no hay derechos absolutos desprovistos de compromisos institucionales dirigidos a construir un estado social justo.

Siendo así, es necesario tener en cuenta que el concepto civil de la culpa es sustancialmente diferente al que es propio en el ámbito penal. Al respecto, vale traer a colación que, mientras en el Código Civil la culpa demanda de una confrontación objetiva con un estándar general, según la situación del agente en un sistema de relaciones jurídicas, el juicio de culpabilidad en sede penal comporta un reproche subjetivo a la conducta particular en orden a la realización de la infracción, la culpa grave, equivalente al dolo civil, tiene que ver con el desconocimiento inexcusable de un patrón socialmente aceptado de comportamiento. Al sindicado en cambio se le reprocha haber obrado de un modo contrario a la norma penal, estando en condiciones de haber obrado distinto, lo que implica que el análisis de la culpa en tanto elemento eminentemente subjetivo del delito, subordine el juicio de reproche a las circunstancias particulares de quien realiza la conducta. Así, mientras que en el ámbito de lo civil bastará acreditar que la actuación impugnada no satisface las exigencias objetivas del comportamiento, en el juicio penal se han de ponderar circunstancias meramente subjetivas como las pasiones (miedo, ira), el grado de educación, los antecedentes personales, etc. De tal manera que, en tanto en el ámbito de lo civil el reproche se deriva de un análisis comparativo, en el juicio penal lo es de circunstancias individuales del sindicado en relación con los hechos delictivos.

Al respecto, cabe señalar que la graduación o calificación de la culpa civil como dolosa o gravemente culposa se realiza desde la perspectiva del artículo 63 del Código Civil(20). Es decir no se consideran circunstancias subjetivas del agente, sino su posición relacional objetiva, esto es, se trata de confrontar de la conducta del actor, con un estándar objetivo de corrección o modelo de conducta, conocido desde antaño como el propio de un buen pater familias, adecuado a las reglas propias de las funciones, profesiones u oficios. Esto es, a manera de ejemplo es dable sostener que el buen profesional de la medicina diligencia correctamente las historias clínicas y que todo conductor conoce y acata las normas de tránsito en uno y en otro caso incurre en culpa civil quien no lo hace.

6. Consideraciones sobre el caso concreto. El daño antijurídico. Imputación. Culpa grave o dolo.

Conforme a lo expuesto, debe la Sala examinar las pruebas que resultaron insuficientes para proferir sentencia condenatoria en contra de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, con el objeto de establecer si hay lugar a la reparación, la que debe negarse sí se encuentra acreditada la culpa grave o el dolo civil.

6.1. El daño antijurídico invocado por el actor.

Conforme a las súplicas de la demanda y los supuestos fácticos que le sirven de fundamento, la señora Alba Luz Alarcón Ortiz y su núcleo familiar demanda la responsabilidad administrativa de la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General, por los daños que le fueron causados con ocasión de privación de su libertad “por el lapso de dos años, 1 mes y 4 días” en razón del proceso penal adelantado en su contra, por el presunto delito de extorsión en grado de tentativa. Perjuicios que, a su parecer, devienen de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y la resolución de acusación dictadas en su contra por la fiscalía cuarta delegada ante los juzgados penales del circuito especializado de Santa Marta.

Efectivamente, acorde con las pruebas, la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento y resolución de acusación en contra de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz y el Juzgado de conocimiento dictó sentencia absolutoria de primera instancia, confirmada por el juzgado primero penal del circuito de Ciénaga (Magdalena) mediante sentencia, debidamente ejecutoriada.

Ahora, el juzgado penal municipal de Ciénaga (Magdalena) encontró que el punible endilgado a la señora Alba Luz Alarcón Ortiz surgió de la denuncia instaurada en su contra, el 4 de julio de 2005, por la señora Marina Cepeda de Suárez ante la unidad investigativa del gaula (Magdalena). Denuncia que le permitió a los funcionarios del gaula organizar un operativo, el cual se dio a conocer mediante el informe Nº 110, de fecha 11 de julio de 2005, y dio lugar a la captura de la señora Alba Luz, la medida de aseguramiento, la resolución de acusación y finalmente la absolución.

Sobre el particular la Sala debe analizar, para efectos de determinar si resulta procedente reparar el daño causado, las pruebas, acordes con las decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales resultaron suficientes para decretar medida de aseguramiento y proferir resolución de acusación en contra de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz.

Esto es, la fiscalía pudo establecer que la conducta desplegada por la señora Alarcón Ortiz resultaba suficiente para acusarla por el delito de extorsión pero el Juzgado Penal Municipal la consideró insuficiente para condenarla, como no se logró desvirtuar la presunción de inocencia no queda sino concluir que no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de su libertad.

6.2. De la imputación.

Señala el actor que los daños antijurídicos por los que demanda reparación de la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General devienen de la privación de la libertad “por el lapso de dos (2) años, 1 mes y 3 días”, toda vez que fue exonerada del cargo imputado, mediante sentencia absolutoria de primera instancia, confirmada por el superior.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, sostiene que el sub lite se adelantó conforme a facultad constitucional y legal para investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes; de ahí que considera que la investigación y acusación se ajustaron a derecho. Destaca la existencia de indicios y pruebas contundentes que comprometían la responsabilidad de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz. Señala que, la medida de aseguramiento impuesta a la antes nombrada en ningún momento se puede considerar arbitraria e injusta, dados los indicios graves de responsabilidad en su contra; para el efecto, la denuncia de la señora Marina Cepeda de Suárez, la declaración jurada de la investigadora Luz Elena Arce Royero, el informe Nº 110 de la unidad investigativa del gaula Magdalena. De manera que no puede señalarse que la entidad incurrió en falla del servicio por detención injusta o error judicial, por el hecho de haber resultado absuelto del cargo imputado en virtud de la aplicación del principio del in dubio pro reo.

La parte actora señala que, el hecho dañoso es imputable al Estado, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, encargada de administrar justicia. En este orden encuentra la obligación constitucional y legal de reparar los perjuicios causados a la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, toda vez que la privación de la libertad no fue causada por dolo o culpa de la imputable, sino por las deficientes pruebas en la etapa instructiva, “que no resistieron el embate de la verdad; por ello; como consecuencia, deviene para el Estado la obligación de indemnizar a terceros porque hubo la providencia que decretó la absolución de la investigación en razón a que la encartada no cometió el delito objeto de investigación y la libertad inmediata e incondicional, para mi poderdante, lo cual lleva, en equidad, a compensarla económicamente”.

Al respecto, para la Sala es claro, conforme al material probatorio allegado al plenario que la demandada no logró desvirtuar la presunción de inocencia de la demandante. De manera que como la actora fue privada de la libertad injustamente, mediante resolución del 21 de julio de 2005 proferida por la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Santa Marta, los daños por los que reclama son imputables a la Nación-Fiscalía General. Esto sin que le este dado al juez de la responsabilidad controvertir la decisión, empero sí entrar a considerar la reparación, desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, sin afectar lo decidido por el juez natural, en cuanto la presunción de inocencia se mantiene incólume y el principio del non bis in ídem le impide al juez de la responsabilidad confrontar la decisión.

6.3. Análisis del dolo o culpa grave del actor.

El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 prevé como eximente de responsabilidad que la víctima haya actuado con culpa grave o dolo. Previsión que desarrolla los artículos 2, 83 y 95 Constitucionales.

Esto es así porque el art. 90 al tiempo que impone al Estado el deber de reparar el daño antijurídico no opera como un deber estatal sin prestación correlativa, de donde se hace necesario verificar la actuación de quien resultó detenido, a la luz de los artículos 83 y 95 de la carta política.

Razones que conducen a la separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los parámetros del artículo 95 Constitucional al que pone de presente el cumplimiento de los deberes que exige la vida en sociedad.

Siendo así, conforme a lo expuesto, es preciso analizar la conducta de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz a luz del artículo 63 del Código Civil, definido por el modelo de conducta que la constitución y la ley prevén, acorde con el que todo ciudadano debe asumir por el hecho de vivir en sociedad.

Al respecto, la Sala considerará las pruebas debidamente allegadas al asunto de la referencia así:

La denuncia de la señora Marina Cepeda de Suárez se presentó, el 4 de julio de 2005, por llamadas extorsivas recibidas durante el año anterior (fls. 2 a 3, c. 7):

Posteriormente, en virtud de la denuncia aludida, el gaula preparó un operativo ejecutado el 11 de julio de 2005, según informe Nº 110 de la fecha.

Señala el documento:

“Una vez acordada la entrega de los cinco millones de pesos, entre la víctima y extorsionista, para el día 11 de julio, como ya se anotó, se procedió a simular un paquete por la suma de dinero mencionada, utilizando para ello, diez billetes de cinco mil pesos, aportados por la víctima; billetes que registran seriales Nº 04390037, 41342225, 04390521, 04401597, 04390525, 01931871, 03339526, 04390526, 01935810 y 04390524 los cuales se encuentran debidamente registrados en acta anexa que además lleva copia fotostática de los mismos.

Acto seguido, los suscritos miembros de la Unidad Investigativa del gaula Magdalena, con el apoyo de inteligencia de unidades del gaula ejército se realizó el desplazamiento a la ciudad de Barranquilla donde se procedió a montar un dispositivo en el sector conocido como San José en la dirección antes mencionada por los extorsionistas. Cabe destacar, que la entrega del dinero, según previo acuerdo, con el propósito de proteger la integridad física de las víctimas, se decidió fuera realizada por la investigadora criminalística CTI Luz Helena Arce Royero, quien para facilitar su ubicación por parte del delincuente que recibiría el dinero, vistió una camiseta roja con publicidad del supermercado Roximar, ya que la víctima había acordado enviar una de sus empleadas, para dicha entrega.

El desplazamiento frente al inmueble de la calle 38 C Nº 20-121de Barranquilla, fue realizado por la servidora Luz Helena Arce Royero, en un vehículo de servicio público, conducido por la unidad gaula ejército soldado profesional Fortich Calle Leonardo, quienes una vez en el sitio fueron abordados por la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, quien manifestó que ella recogería el dinero y que tenía en su poder $ 10.000.oo pesos que Radamel Sarmiento le había entregado para el pago del taxi utilizado para la entrega de la extorsión, ante lo cual, la unidad encubierta Gaula Militar Fotich Calle, para lograr la comparecencia de Radamel Sarmiento, manifestó que la carrera valía $ 25.000.oo pesos, valor que fue completado por la señora Alarcón Ortiz. Adicionalmente la servidora Arce Royero exigió la presencia de quien se conocía como Radamel Sarmiento, a lo que la señora Alarcón Ortiz precisó que esperara unos minutos mientras lo contactaba; lo cual efectivamente se produjo quince minutos después, cuando arribó un señor que manifestó llamarse Radamel Sarmiento, quien vestía pantalón dril color beige y camisa polo color azul aguamarina y procedió a reclamar el dinero de la extorsión. Por los cual procedimos previa identificación como miembros del grupo Gaula Magdalena a capturar en flagrancia tanto a la señora Alarcón Ortiz, como al sujeto que decía llamarse Radamel Sarmiento, dándoles a conocer los derechos que le asisten en calidad de capturado; quienes posteriormente fueron identificados así:

Nombres y apellidos: Angel Rafael Peñaranda.
Número cédula de ciudadanía: 8.664.006 expedida en Plato, Magdalena.
Lugar y fecha de nacimiento: Plato, 30 de enero de 1954.
Edad: 51 años de edad.
Ocupación: Comerciante.
Estado civil: Casado con Melchora Fernández Díaz.
Padres: Dulcisima y Dario.
Dirección residencia: Calle 47 Nº 13-02 Barrio la Ceiba de Barranquilla.

Nombres y apellidos: Alba Luz Alarcón Ortiz.
Número cédula de ciudadanía: 27.477.008 expedida en Colombia, Huila.
Lugar y fecha de nacimiento: Colombia-Huila, 4 de agosto de 1956.
Edad: 48 años de edad.
Ocupación: Servicios Generales.
Estado civil: Viuda de Leonel Correa.
Padres: Silvano y Belermina
Direción residencia: Calle 38 C No. 20-121 Barrio San José Barranquilla.

Es de anotar señora fiscal que el señor Peñaranda Diaz en el momento en que era conducido a las instalaciones del Gaula intentó emprender la huida en un semáforo de la ciudad de Barranquilla que señalizaba en rojo”.

El 13 de julio de 2005 se recibió indagatoria de la señora Alarcón Ortiz (fls. 39 a 44, c. 7). La indagada se identificó, explicó los hechos, se detuvo en las actividades de las que derivaba su sustento y negó haber incurrido en las conductas por las que se indagaba. Se lee:

“PREGUNTADO. En este estado de la diligencia se le pone de presente la denuncia que formuló la señora Marina Cepeda de Suarez, así mismo se le pone de presente el informe suscrito por el detective del DAS Boris Estrada, Wilmer Never Vallejo inscritos al gaula Magdalena y los investigadores Luz Marina Arce y Mauricio inscritos al gaula Magdalena. Que tiene que decir que a usted se le capturó en flagrancia cobrando un dinero que por parte de la señora Marina Cepeda de Suarez quiso poner en conocimiento de la unidad del gaula Magdalena tal circunstancia, disponiéndose un operativo dando como resultado su captura en flagrancia así las cosas diga a la fiscalía todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron su captura. CONTESTÓ: Yo lo que tengo que decir es, el 11 de julio el señor Ángel Rafael Peñaranda me dice que me deja $ 10.000 para que le pague la carrera a una muchacha que va en un taxi y que me pide el favor que si deja una encomienda se la reciba, pero en ningún momento él me dice que clase de encomienda es, así que yo esperaba que fuera una caja u otra cosa, yo no sabía de que se trataba la encomienda hasta que me capturaron y son los señores del gaula que me dicen que era un dinero y era producto de una extorsión, cuando yo veo el taxi en la puerta de mi casa y la muchacha llama preguntando por Rafael o Daramel (sic) yo le entendí Rafael yo le digo que no se encuentra, pero que así le dejo una encomienda, yo inocente de lo que estaba pasando y pensando que fuera un familiar que venía de un pueblo porque como le dejó el valor del taxi, me acerco hasta el taxi para entregarle los $ 10.000 el muchacho que iba conduciendo, dice que son veinticinco porque lleva mucho rato dando vueltas con ella, yo le dije que era lo que habían dejado, entonces ella me dice que si yo se el celular de Rafael o Radamel, yo le digo que no, porque la verdad yo no lo se, yo procedo y me comunico con mi hija que ella está en la alcaldía de Barranquilla y él la había ido a acompañar para restaurar la hoja del sysben (sic), así la muchacha se comunica con él, luego mi hija estaba llegando a la casa, entonces yo le dije a mi hija que esa muchacha estaba esperando a Rafael y le falta plata para pagar el taxi y dentro de nuestra inocencia pues no creíamos que se tratara de nada malo le pagamos los $ 25.000 y la invito a seguir a la casa que si quería esperar al señor Rafael, porque yo pensé que era un familiar de ella, ella estuvo esperándolo dentro del taxi como quince minutos y si le dije a ella que si le traía una encomienda que se la podía dejar, pero yo jamás pensé ni me imaginé por lo más mínimo que se tratara de dinero, luego yo entro a la casa con mi hija y ella me muestra la hoja del sysben (sic), luego yo miro por la ventana y veo que al señor Rafael lo tenían contra un carro y se lo llevó, entonces yo salgo y uno de los muchachos me llama y me dice que esa era una extorsión y que yo tenía que acompañarlos y yo me fui con ellos yo estaba inocente de lo que estaba pasando, cuando estoy con ellos en la camioneta es que me explican, que eso era una extorsión que le están pidiendo plata a una señora no se de donde. PREGUNTADO. Sírvase decir a la Fiscalía Angel Rafael Pearanda, desde cuando lo conoe (sic). CONTESTÓ: Yo lo conozco desde hace un año y quince mese (sic), distingo al señor Rafael porque vende carne de chivo, cerdo, vende suero, y lo vende a crédito y yo le compro, a raíz de eso hemos entablado una amistad, nunca le vi nada malo ni él nunca me insinuó cosas malas y más ahora de mayo para acá que me quedé sin trabajo, yo hago los sábados tamales huilenses y él me facilitaba el cerdo y y me faltaba algo él me facilitaba el dinero (sic); mi relación con él es que el tiene su negocio y pasa vendiendo por el barrio San José y yo le compro lo que necesito siete u ocho libras de cerdo, a veces e me brinda los tamales por otro lado, los vende y me trae la plata, yo lo conocí en el barrio Villa Carmen y él tenía un restaurante por el estadio metropolitano, ahí lo conocí y de ahí para acá esa ha sido la relación de nosotros. PREGUNTADO. Sírvase decir a la Fiscalía para el día de los hechos usted porque le hace el mandado o el favor Angel Rafael Peñaranda Díaz de entregar ese dinero a determinada persona. CONTESTÓ: Yo se lo hago porque no vi nada de malo porque yo pensé que era un familiar de él, el me dice que me deja diez mil pesos para que le de a una muchacha que va a ir a mi casa y que si la muchacha lleva una encomienda que haga el favor y se lea reciba”.

El señor Ángel Rafael Peñaranda Díaz rindió indagatoria el día 13 de julio de 2005, cuando le preguntaron acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fue capturado el 11 de julio de 2005, respondió:

“Yo la verdad nunca he hecho llamadas, desconozco el nombre de la señora que le piden la plata, ni creo que me conozca y segundo he hecho llamada con ese carácter (sic), tengo un celular que me decomisaron, porque niquieraa nombre mio (sic), ahí podrán verificar si aparecen llamadas a esa señora, tengo numerosos números de amigos, no puede aparecer una llamada porque nunca he hecho llamada a tal señora. Mi nombre es Ángel Rafael Epñaranda Díaz (sic), de pronto un día yo me conozco con la señora Alba hace más o menos casi dos años, un día llegué casi tragueado, con la señora Alba y su familia la conozco desde el barrio Villa Carmen en Barranquilla, i actividad de comerciante la conocí(sic),me conocí con ellos vendiéndole chivos, sueros cero queso, en ese trajín del trbajo (sic), me dieron la dirección que a l orden cuando se mudaron comencé a conocerle allí (sic), me preguntaron el nombre, y les dije Angel Rafael y ellos me entendieron como Radamel, a partir de ahí me mamban (sic) gallo y me decían Radamel, yo hago la amista (sic) cuando se mudan ella tiene una nietecita de un año, el día 11 de este mes estaba de cumpleaños, me he encariñado mucho con la niña, soy un hombre de familia, yo el día 11 yo llegaba porque iba a felicitar a la niña y le llevaba un par de zapatos de regalo, cuando iba llegando me cogen unos tipos y me tiran a un carro y me dicen coge la encomienda, un tipo saca una pistola y me hace seña que eche para allá, me cogieron unos tipos de la parte de atrás y me encañonaron, me dicen que eran paracos, que me van a llevar para la finquita, que de quien era lo que iba a recibir, les dije que yo no iba a recibir nada que no estaba esperando nada, ese día podía de pronto llegarme una encomienda que venía de Plato Magdalena, la encomienda consistía en medio chivo o cabro, un cuarto de queso, un pote con suero y un pedazo de cerdo, normalmente lo transportan en carros de servicio público, eso me lo mandaba la señora Marili Ibarra, me lo debía haber mandado de sábado a lunes yo le dije a la señora Alba, estese pendiente que de pronto me traen una encomienda de Plato Magdalena, la razón por la cual yo doy esa dirección para que me hagan llegar la encomienda es porque yo iba a darle una sorpresa de un asadito, y eso porque me queda cerca de la vía de la 30, yo si estoy pendiente recoger, yo le habpia dicho a la señor alba (sic) que estuviera pendiente sin embargo me llaman y me dicen que llegó la encomienda, me dicen que faltaba plata, y dije ya voy para allá, llegué pero me encontré con lo que había dicho anteriormente”.

El 12 de julio de 2005 la investigadora Luz Elena Arce Royero rindió declaración jurada, ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Santa Marta, en la cual narró los hechos relevantes sobre la captura de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz y el señor Ángel Rafael Peñaranda Díaz (fls. 33 a 38, c. 7), se lee:

“Mi nombre en ese momento iba a ser el de Alexandra, ya que la persona que supuestamente iba a hacer la entrega del dinero se identificaba con ese nombre y que se trasladaría en un carro de servicio público previamente acondicionado con un funcionario del gaula ejercito como conductor (…) del inmueble antes anotado salió una señora de contextura gruesa, piel blanca, cabellos lacios, haciéndome señas para que me acercara hacia el sitio donde estaba ella, entonces yo le dije “Señora acérquese usted”, la seora (sic) se acerca hacia donde estaba yo, y me manifiesta que “el señor Rodamel Sarmiento (sic) que le deje una encomienda”, es cando le digo (sic) que tengo órdenes de doña Marina de entregársela personalmente, la señora me dice que el señor Rodamel (sic) se demoraba porque había salido a hacer unas vueltas que se encontraba en el centro, entonces es cuando yo dentro del vehículo el señor Rodamel me marca al celular que tengo asignado por la institución gaula y me dice “yo estoy en el centro y voy en una moto, si usted quiere me espera dentro de quince minutos”, yo le respondo “no tengo plata para pagar el taxi” entonces el sujeto me dice “le dejé con la señora lo del taxi”, en vista de que eran quince minutos y teníamos que ganar tiempo, le pedí el favor al soldado que hacía de conductor que hiciera un dramatizado donde diera a entender que la carrera del taxi costaba veinticinco mil pesos, es cuando se acerca nuevamente la señora que había salido a la puerta y me dice “el señor Rodamel (sic) dejó estos diez mil pesos para el pago de la carrera”, es cuando el soldado como previamente habíamos acordado me dio (sic) que la carrera no cuesta diez mil pesos sino veinticinco mil, en ese momento la referida señora me pide el favor que le marque al número celular 3157470713 cosa que hice, le contestó una mujer y yo le preguntó por el señor Rodamel (sic) y me pregunta que de parte de quien y en ese momento que me identifico como Alexandra le menciona ella por el celular al señor Rodamel (sic) que el taxi cobraba veinticinco mil pesos, es cuando el me dice “usted trae un dinero, de ese dinero saque y pague el taxi” entonces le respondo “no tengo órdenes de doña Marina de abrir el paquete , desconozco cual es el negocio que usted tiene con doña Marina, estoy nerviosa porque no se que es lo que está pasando” el señor Rodamel (sic) me dice “ espéreme que yo ya estoy cerca, pasando uno dos minutos llegó una muchacha de contextura delgada manifestando que era hija de la señora que había salido de la residencia y que ella prestaba los quina mil (sic) pesos para completar los veinticinco mil del taxi, entonces la muchacha delgada se los entrega al conductor, en esos momentos observo que entra un señor de tez blanca, contextura mediana, vestido con un suéter azul y pantalón color claro, entra a la residencia de nomenclatura 20 -121 color verde, mira hacia el vehículo donde me encuentro, es cuando la señora le dice ella es la muchacha que lo está esperando, el señor se acerca al vehículo me pregunta que si soy Alexandra y le respondo que si, le pregunto que si el es el señor Rodamel Sarmiento (sic), entonces me dice que si, me saluda y me da la mano y me dice entrégueme “el paquete” se despide, da la vuelta da unos pasos y es en ese momento cuando el compañero soldado Fortich le encañona con su arma y se identifica como funcionario del gaula, luego se le leen los derechos del capturado lo subimos dentro del vehículo trasladándolo al gaula militar de Barranquilla, quedando el resto de los compañeros para ir a buscar a la señora”.

De lo anterior se colige que la señora Alba Luz Alarcón Ortiz conocía al señor Ángel Rafael Peñaranda Díaz, porque el mismo le vendía insumos para la producción de tamales (carne, queso, etc), que voluntariamente la señora Alba Luz aceptó ayudarle a recibir una encomienda, en razón del vínculo de confianza surgido entre los dos, razón por la que no tendría que haber dudado de su contenido. En este punto no se advierte responsabilidad alguna de naturaleza civil, pues quien se presta a recibir un paquete a otro no tendría que inmiscuirse en su contenido.

De manera que, conforme a lo expuesto se advierte que la conducta de la actora no es constitutiva de dolo civil o culpa grave, en cuanto ningún reproche merece quien presta a otro una colaboración. Esto es, no se advierte comportamiento contrario a los deberes constitucionales y legales que todo ciudadano debe cumplir por el solo hecho de vivir en sociedad.

Siendo así, al margen de las actuaciones delictuosas de los hechos narrados, es dable concluir que a la actora no se le puede reprochar quebrantamiento de los modelos de conducta que impone la convivencia social, razón por la que la sentencia impugnada será revocada.

Finalmente, en cuanto al eximente de responsabilidad esbozado por el Tribunal Administrativo del Magdalena para negar las pretensiones de la demanda, el a quo cita de manera restrictiva el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 que dice que “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado” (destacado fuera de texto), sin notar que el artículo 67 de la misma Ley dispone una excepción, a cuyo tenor “el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial” (destacado fuera de texto), Así las cosas, es menester advertir que se resuelve un caso de privación de la libertad, de suerte que para acceder a la indemnización no es óbice la no interposición de los recursos.

7. Liquidación de perjuicios.

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación los daños sufridos, la Sala debe pronunciarse sobre el monto de la indemnización.

Acorde con la jurisprudencia unificada de la Sala(21), que atiende los postulados del artículo 357 del C.P.C., la Sala se limitará a considerar la sentencia impugnada desde la perspectiva de las sustentaciones, sin otra limitación, pues impugnaron ambas partes.

7.1. Perjuicios morales.

Es preciso determinar la cuantía de la indemnización por los perjuicios morales deprecados, la que debe corresponder con los topes jurisprudencialmente señalados para la compensación del daño moral por privación de la libertad.

Ahora bien, en sentencia de unificación(22), la Sección reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, con criterios generales de indemnización, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a)
permanente y parientes en el 1° de consanguinidad
Parientes en el 2º
de consanguinidad
Parientes en el 3º
de consanguinidad
Parientes en el
4º de consanguinidad
y afines hasta el

Terceros
damnificados
Término de privación injusta
en meses
 50% del
Porcentaje de la Víctima directa
35% del
Porcentaje de la Víctima directa
25% del
Porcentaje de la Víctima directa
15% del
Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

La señora Alba Luz Alarcón Ortiz permaneció privada de la libertad, veinticinco (25) meses y cuatro (4) días entre el 11 de julio de 2005 y el 15 de julio de 2007.

Así las cosas, dado que la señora Alba Luz Alarcón Ortiz estuvo privada de la libertad por un tiempo superior a 18 meses, se impone la conclusión de que tanto ella como su madre, Belarmina Ortiz de Alarcón y sus hijos William Mauricio Correa Alarcón, Harold Enrique Correa Alarcón, Elinor Cardozo Alarcón, Isauro Cardozo Alarcón, John Fredy Cardoso Alarcón, Lucy Yaned Cardoso Alarcón y Olfa Cardoso Alarcón, deben recibir indemnizaciones equivalentes a cien (100) smlmv para cada uno.

En cuanto a los hermanos de la víctima, Víctor Julio Alarcón Ortiz, Doris Alarcón Ortiz, Yolanda Alarcón Ortiz, Edgar Alarcón Ortiz, Juan Manuel Alarcón Ortiz, Abrahan Alarcón Ortiz y Eliberto Alarcón Ortiz deben recibir la suma de cincuenta (50) smlmv cada uno.

7.2. Perjuicios materiales.

La parte actora solicita: “la suma superior a los veinte millones de pesos m/cte. ($ 20.000.000), habida cuenta que la encartada estuvo privada de la libertad con detención preventiva por más de dos (2) años, además, le correspondió pagarle a un profesional del derecho, los honorarios profesionales. Los ingresos de la procesada penalmente ascendían a la suma de un salario mínimo legal mensual ($ 515.000.oo) para le fecha de los hechos investigados”.

Al respecto, se encuentra acreditado en el expediente que la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, comercializaba productos como pasteles, hayacas y tamales para la época de los hechos. Se tiene los siguientes testimonios:

La señora María del Socorro Sánchez Parga manifestó:

“PREGUNTADO: Diga la declarante a que se dedicaba la señora Alba Luz Alarcón antes de ir a la cárcel y a que se dedica actualmente. RESPONDIDO: Ella se dedicaba a la venta de comidas, sancochos, pasteles, hayacas; actualmente se dedica a lo mismo pero en la ciudad de Neiva”(23).

Por otro lado, el señor José Sánchez Parga manifestó:

“PREGUNTADO: Diga el declarante a que se dedicaba la señora Alba Luz Alarcón antes de ir a la cárcel y a que se dedica actualmente. RESPONDIDO: Ella antes de ir a la cárcel trabajaba en un Hospital en Barranquilla llamado CARI, debido al recorte de personal en ese hospital, quedó desempleada y fue algo que le sirvió a este individuo para aprovecharse de ella y engañarla a ella como la engañó, ya que este señor trabajaba en cuestiones de carnes de cerdo y le fiaba la mercancía para que hiciera tamales y comidas”(24).

Por lo anterior, a pesar de la ausencia de un medio de prueba que acredite el monto de lo percibido a la Sala, de lo anterior, sí se colige que la actora desempeñaba una actividad productiva, razón por la que se liquidará el perjuicio con fundamento en el salario mínimo mensual vigente por el tiempo de la privación de la libertad, esto es, un periodo de veinticinco (25) meses y cuatro (4) días (25.13 meses)(25), aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, monto que asciende a $ 922.146,25, suma que se tendrá como renta actualizada.

F1
 

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir $ 922.146,25, equivalente al salario mínimo mensual para el año 2017 con adición de un 25% correspondiente a prestaciones sociales(26).

I= Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N= Número de meses a indemnizar, esto es 25.13.

F2
 

Del cálculo efectuado se tiene entonces que el lucro cesante sufrido por la señora Alba Luz Alarcón Ortiz asciende a veinticuatro millones quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta nueve pesos ($ 24.586.759).

7.3. Daño emergente.

La parte actora solicitó perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, derivados de los honorarios pagados por concepto de defensa judicial en el proceso penal la suma de tres millones de pesos a la fecha del proceso.

Obra en el expediente el proceso penal seguido en contra de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, de donde se colige que fueron dos profesionales del derecho quienes fungieron como apoderados judiciales de la antes nombrada, el abogado Oscar Enrique Herrera Rodelo, quien acompañó casi todo el proceso desde su etapa preinstructiva hasta la de juicio, excepto la después de la imposición de la medida de aseguramiento hasta la resolución de acusación que fue llevada por el abogado Cesar Augusto Martínez Mendoza.

Reposa en el plenario prueba testimonial del abogado Oscar Enrique Herrera Rodelo que da cuenta de lo pagado por dicho concepto, además que revisado el expediente se encuentran las actuaciones del procurador judicial durante la etapa preinstructiva, instructiva y de juicio. Se resalta:

“PREGUNTADO: Recuerda usted el monto del dinero que le pagaron a usted (sic) los familiares de la procesada por concepto de honorarios. CONTESTÓ: Durante el tiempo que tuve el proceso me hicieron pagos parciales en la suma de cinco millones de pesos, me pagaban de doscientos o quinientos fuera de los viáticos que necesitaba para desplazarme a la ciudad de Santa Marta eso si no lo recuerdo”(27).

En cuanto a la labor realizada por el profesional del derecho Cesar Augusto Martínez Mendoza, de conformidad con las tarifas establecidas como mínimas para el ejercicio de la profesión jurídica por la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia - CONALBOS. En consecuencia, en lo que respecta a la gestión realizada por abogado Martínez Mendoza se reconocerán 5 smlmv, toda vez que solo asistió una parte de la etapa instructiva.

En efecto, de conformidad con las tarifas de la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia-CONALBOS los honorarios que habría pagado el actor se liquidarían así:

GestiónTarifa 
Asistencia jurídica durante la etapa instructiva ante Fiscal Seccional 10 SMLMV

En ese orden, por concepto de daño emergente, se reconocerá la suma de siete millones quinientos diez mil ochocientos ochenta y un pesos ($ 7.510.881)(28) por la gestión realizada por el abogado Oscar Enrique Herrera Rodelo, sumado con los 5 smlmv ($ 3.688.585) por la gestión realizada por el abogado Cesar Augusto Martínez Mendoza; para un total de once millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($ 11.199.466).

8. Costas.

En el caso concreto no habrá condena en costas, por cuanto no se cumplen los requisitos para su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad padecida por la señora Alba Luz Alarcón Ortiz, las siguientes sumas de dinero:

Nombre S.M.L.M.V.
Alba Luz Alarcón Ortiz 100
William Mauricio Correa Alarcón 100
Harold Enrique Correa Alarcón 100
Elinor Cardozo Alarcón 100
Isauro Cardozo Alarcón 100
John Fredy Cardoso Alarcón 100
Lucy Yaned Cardoso Alarcón 100
Olfa Cardoso Alarcón 100
Belarmina Ortiz de Alarcón 100
Víctor Julio Alarcón Ortiz 50
Doris Alarcón Ortiz 50
Yolanda Alarcón Ortiz 50
Edgar Alarcón Ortiz 50
Juan Manuel Alarcón Ortiz 50
Abrahan Alarcón Ortiz 50
Eliberto Alarcón Ortiz 50

3. CONDENAR a la Nación –Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora Alba Luz Alarcón Ortiz por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante la suma veinticuatro millones quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta nueve pesos ($ 24.586.759)

4. CONDENAR a la Nación–Fiscalía General de la Nación a pagar la suma de once millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($ 11.199.466) a la señora Alba Luz Alarcón Ortiz por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. No hay condena en costas.

7. Para el cumplimiento de ésta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del C.P.C.

8. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, exp. 36473, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 9 de mayo de 2011, exp. 40324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(4) El informe 110 del 11 de julio de 2005 estipula que la señora Alba Luz Alarcón Ortíz fue capturada en flagrancia ese día.

(5) A folio 129 del cuaderno 1 obra certificación del INPEC.

(6) Folios 108 a 118, cuaderno 1.

(7) Folio 131, cuaderno 1.

(8) Acta de audiencia de conciliación visible a folios 132 y 133 del cuaderno 1.

(9) A folio 49 del cuaderno 1 reposa la cédula de ciudadanía del señor Isauro Cardozo Alarcón a pesar de que en el registro civil figura como “Ysauro” Cardozo Alarcón.

(10) Los señores Elinor Cardozo Alarcón, Isauro Cardozo Alarcón, John Fredy Cardoso Alarcón, Lucy Yaned Cardoso Alarcón y Olfa Cardoso Alarcón a pesar de que son hermanos, hijos del señor Ysauro “Cardozo García”, presentan inconsistencias con el apellido paterno, toda vez que Elinor e Isauro fueron registrados como “Cardozo” y John Fredy, Lucy Yaned y Olfa como “Cardoso”.

(11) La señora Doris Alarcón Ortiz, como aparece en su cédula visible a folio 62 del cuaderno 1, presenta un error en su registro civil de nacimiento, debido a que aparece como Doris Alarcón Bustos a pesar que figuran como sus padres los señores Silvano Alarcón y Belarmina Ortiz.

(12) El señor Eliberto Alarcón Ortiz a pesar que aparece como “Heliberto” en su registro civil de nacimiento, en su cédula figura como Eliberto, en consecuencia se entenderá como Eliberto Alarcón Ortiz.

(13) Constancia que señala que la providencia se encuentra ejecutoriada (fl. 131, c. 1).

(14) “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Corte Constitucional, Sentencia T-881/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(15) ART. 28.—“Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

(16) Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Actas de sesiones de las Comisiones, art. 90, Sesión Comisión 1, mayo 6, pág. 4.

(17) En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (…) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real”. Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá, Rei Andes, 1995, pág. 166.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Ponencia presentada por la Constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de marzo de 1991, en Gaceta Constitucional, Nº 27, 26 de marzo de 1991, págs. 10 y 11.

(20) La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 21060. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 28 de agosto de 2014, rad: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(23) Visible a folios 191 y 192 del cuaderno 1.

(24) Visble a folios 189 y 190 del cuaderno 1.

(25) No es procedente adicionar a dicho periodo las 8.75 semanas que esta Corporación reconoce como el tiempo que una persona, luego de recobrar su libertad, tarda en promedio en encontrar un nuevo puesto de trabajo, pues en el caso de la señora Alba Luz Alarcón Ortiz trabajaba como independiente y en consecuencia debió retomar su actividad productiva una vez recuperó su libertad.

(26) El Decreto 2552 de 2015, fijó el salario mínimo mensual para el año 2017 en $ 737.717.

(27) Visible a folios 198 y 199.

(28) Valor que resulta de actualizar cinco millones de pesos ($ 5.000.000) a la fecha.