Sentencia 2010-00192/2743-2016 de marzo 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 630012331000201000192 01 (2743-2016)

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Ruth Marlene Sánchez Vela

Demandado: Nación Procuraduría General de la Nación

Vinculado: Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Decreto 1 de 1984

Bogotá, D.C. ocho de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Sea lo primero precisar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso(13), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:

Problema jurídico

1. ¿El material probatorio aportado al expediente demuestra que el Decreto 63 del 21 de enero de 2010 por el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, código 3PJ, grado EC, tuvo como fin el desmejoramiento del servicio?

De la naturaleza del cargo del actor

El Decreto 262 de 2000, modificó la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación. El artículo 182 ibidem, clasificó los cargos de la entidad así: i) de carrera administrativa; ii) de libre nombramiento y remoción y iii) de período fijo. La misma norma estableció que los procuradores judiciales, por ser empleados de confianza del procurador general de la Nación, hacían parte del segundo grupo de funcionarios, bajo el siguiente tenor literal:

“[…].

“ART. 182.—CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:

1) De carrera

2) De libre nombramiento y remoción

Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción.

Los empleos de libre nombramiento y remoción son:

(...)

Procurador Judicial […]” (Resaltado de la Sala).

Bajo los parámetros expuestos, es claro que la señora Ruth Marlene Sánchez Vela al ser designada como procuradora 40 judicial II penal de Armenia, código 3PJ, grado EC, era una empleada de libre nombramiento y remoción. En esa medida, su vinculación, permanencia y desvinculación del servicio, depende de la voluntad del nominador, quien en ejercicio de la facultad discrecional que le atañe, puede decidir al respecto.

En este punto debe precisarse que la Corte Constitucional en la Sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, declaró la inexequibilidad de la expresión “Procurador Judicial” contenida en el artículo 182 citado, puesto que, en su criterio, estos son cargos que deben ser provistos a través de un concurso público de méritos por ser empleos de carrera administrativa.

Pese a lo anterior, la sentencia fue emitida con posterioridad a la expedición del Decreto 63 del 21 de enero de 2010 que declaró insubsistente a la accionante lo que implica que no puede ser aplicada en el sub examine, en consideración a que dichas decisiones tiene efectos hacia el futuro, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 según el cual “[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario […]”.

Límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción

La existencia de cargos de libre nombramiento y remoción en la administración pública se ha justificado en la necesidad de admitir el ejercicio de la discrecionalidad en la facultad nominadora como una atribución que reside en ciertos funcionarios para conformar su equipo de trabajo con personal de la más alta confianza, con miras al mejoramiento del servicio. Tal potestad, se traduce en la libre escogencia de sus inmediatos colaboradores, máxime si se trata de seleccionar a aquellos que demandan una mayor confidencialidad y cercanía con las políticas a implementarse por parte del administrador de turno.

Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia(14), la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera según el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza.

Por ende, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado(15) como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Por su parte, el artículo 36 del CCA(16) señala: “En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa”, contenido normativo que supone la existencia de una razón o medida entre el fundamento de hecho y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la “razonabilidad”.

Caso concreto

En el plenario se aportaron los siguientes medios de prueba relevantes a efectos de resolver el problema jurídico planteado:

Documentales

— La señora Ruth Marlene Sánchez Vela se desempeñó en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, desde el 7 de julio de 2003 hasta el 4 de febrero de 2010(17).

— Mediante Decreto 63 del 21 de enero de 2010 se declaró insubsistente el nombramiento de la demandante en el empleo mencionado, decisión que fue notificada personalmente el 4 de febrero de 2011(18).

— El jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación certificó que la señora Ruth Marlene Sánchez Vela laboró en la entidad desde el 6 de junio de 1990 y el último cargo que desempeñó fue el de procuradora 40 judicial II penal de Armenia hasta el 4 de febrero de 2010(19).

— Documentos de la hoja de vida de Ruth Marlene Sánchez Vela, así como certificaciones expedidas por fiscales y jueces penales de armenia que dan cuenta de su buen desempeño en su función de procuradora judicial II penal de Armenia(20).

— Documentos contentivos de la hoja de vida del señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, remitidos por la Procuraduría General de la Nación(21).

— Estadísticas presentadas a la Procuraduría General de la Nación por parte de la señora Sánchez Vela en virtud de su desempeño como procuradora judicial II penal(22).

Testimoniales

Así mismo, se practicaron los siguientes testimonios, los cuales, según lo afirmado por la parte demandante en el recurso de alzada, no fueron analizados por el juez a quo y demuestran la desviación de poder en el acto administrativo enjuiciado, veamos:

— Edgar Alfonso Sáenz en su calidad de juez penal del circuito de conocimiento de armenia manifestó que: la señora Ruth Marlene como representante del Ministerio Público intervenía en toda clase de audiencias, de toda clase de delitos, participaba como interviniente de la actuación, pues no intervenía en todas las audiencias porque ellos tienen una facultad discrecional y adicionalmente ejercen el cargo en otros despachos como en el Juzgado Especializado, ante el Tribunal y las indagaciones y diligencias que se realizan en la etapa de indagación, no está en todas pero participa como principal es ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento. PREGUNTADO: ¿Cómo puede calificar el cumplimiento de las funciones de la Dra. Ruth Marlene Sánchez Vela en cuanto a la puntualidad, sus intervenciones y la calidad de las mismas? CONTESTÓ: La verdad me parece complejo calificar un interviniente dentro del proceso penal porque el sistema está diseñado para una discusión de partes y ese es el eje central de la discusión del proceso penal, y el Ministerio Público está en representación a veces de parte de la defensa y otras de parte de la Fiscalía, y uno desde el punto de vista del rol como juez la discusión central la genera la Fiscalía y la Defensa, el Ministerio Público comparte el de una de esas partes, pero independientemente ella fue una persona muy cumplida, con muy buen desempeño (sic) con aportes significativos en la parte fáctica, jurídica para cumplir los fines del proceso penal. (…) PREGUNTÓ: Sírvase decirle al despacho si conoce al Dr. Manuel Guillermo Gutiérrez, si como funcionario de la Procuraduría interviene en los juicios que se han adelantado en sus despachos (sic) si interpone recursos y cómo ha considerado el servicio del Ministerio Público a través del Dr. Manuel Guillermo? CONTESTÓ: Si (sic) lo conozco al Dr. Manuel Guillermo es la persona que sustituyó en el cargo a la Dra. Ruth Marlene Sánchez Vela, es el representante del Ministerio Público ante el despacho que dirijo, si (sic) participa en las diferentes audiencias que se realizan en el despacho, si (sic) ha discutido decisiones que se han tomado, ha interpuesto recursos a decisiones que se han tomado por parte de este servidor judicial, y en el desempeño de su rol como interviniente dentro del proceso penal hace aportes en las audiencias en la parte relativa o en las discusiones que se generan en las audiencias en la parte relativa a los hechos, en la parte jurídica, y considero que un servidor igualmente muy bueno en el desempeño de sus funciones […]”(sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) (ff. 328 y 329 del cuaderno de pruebas).

A su turno, la señora María Lili Naranjo Patiño, fiscal segunda especializada quien depuso: […] Si (sic) conozco a la Dra. Ruth Marlene verdaderamente no recuerdo cuándo la conocí, creo si no estoy equivocada fue en el año 2007 o 2006, la conocí como procuradora judicial intervinimos en varios procesos que se surtieron con ocasión de la Ley 906 sistema penal oral acusatorio, como funcionaria la verdad excelente, dentro del sistema penal oral demostró una capacidad intelectual para intervenir en las audiencias de juicio oral, en ocasiones no coincidimos en nuestros criterios para solicitar o hacer peticiones al señor Juez de conocimiento, respetándole siempre sus argumentaciones por tener un contenido y un fundamento jurídico que hacía viable procedente (sic) su análisis por parte del Juez. (…) PREGUNTÓ: Sírvase decirle al despacho si conoce al Dr. Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez y si nos puede describir sus comportamiento jurídicos en los procesos donde ha intervenido siendo usted fiscal. CONTESTÓ: Si (sic) conozco al Dr. Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, creo que lo conocí a mediados del 2010, no recuerdo tampoco la fecha, lo conocí como Procurador 40 Judicial que reemplazó a la Dra. Ruth Marlene, he (sic) actuado siendo Procurador Judicial ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado en unas tres o cuatro ocasiones considero que el Dr. tiene bagaje jurídico en mi percepción personal, hemos tenido discusiones antagónicas, que como funcionaria respeto y en su comportamiento jurídico no tengo nada más que decir […] (sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) (f. 330 del cuaderno de pruebas).

De igual forma, el testigo Oscar Manrique Buitrago en su calidad de fiscal quinto seccional, afirmó que la aquí demandante era una persona con amplios conocimientos jurídicos, respetuosa del ordenamiento jurídico y competente para el desempeño del cargo como procuradora, además sostuvo que conocía al señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez el cual la reemplazó y que igualmente era competente para el desarrollo del cargo y las actividades que le corresponde (f. 331 del cuaderno de pruebas).

Carlos Alberto Arturo Martínez, directivo de un medio local el cual refirió que en un restaurante de la ciudad de Armenia se reunieron él y la señora Ruth Marlene con el entonces senador Ricardo Arias Mora, con el fin de informarle su destitución como procuradora, su trayectoria y buen desempeño en el cargo durante varios años y de solicitarle una cita con procurador general, a la cual el senador accedió.

Al ser indagado si el senador les manifestó los motivos de la salida del cargo de la señora Ruth Marlene y el nombramiento de su reemplazo, contestó […] El senador manifestó conocer al doctor que iba a reemplazar en el cargo a la doctora igual manifestó que era un muy buen hombre y que había desempeñado un papel muy destacado en este país siendo fiscal y además creo recordar que manifestó que dentro de las atribuciones que tenía el Procurador para ejercer estos cambios estaba intentando como recompensarle al doctor quien había sido fiscal en este cargo dándole la oportunidad de estar cerca de su familia y de ejercer un cargo que tiene bastante dignidad. PREGUNTADO: ¿De esa conversación y de lo que usted conoce a qué podemos atribuir la desvinculación de la Dra. Ruth Marlene Sánchez Vela de la Procuraduría? CONTESTÓ: Bueno primero quiero dejar presente que hace más de un año fue esa reunión y que es difícil recordar textualmente lo que se manifestó en ella, entonces aclarada esa situación quiero comentarles que la reunión fue muy corta que lo que recuerdo en la percepción (sic) es que el procurador conocía a quien trasladó y reemplazó en el cargo a la Dra. Ruth Marlene que también sabía de sus bondades profesionales y que quería compensarle el ejercicio de lo que le había aportado a nuestra Nación dándole la posibilidad de que laborara en la región donde había nacido, donde estaba su familia, también recuerdo que la Dra. Marlene le hizo hincapié que esa no era una ventaja que ella poseía y que había ejercido su profesión en muchos sitios de Colombia y que sentía que ese no era un muy buen argumento a considerar, por lo menos justo, también me quedó la percepción en esa reunión que el senador conocía a quien iba a reemplazar a la Dra. Ruth Marlene (…) PREGUNTADO: En respuesta anterior manifiesta usted con (sic) haberse conversado sobre las razones del nombramiento del reemplazo de la Dra. Ruth Marlene, las mismas provinieron en algún momento de una fuente oficial de la Procuraduría General de la Nación? CONTESTÓ: No, quiero aclarar a todos los presentes que lo que yo conozco de este caso proviene de dos fuentes, primero de los comentarios que le escuché varias veces y casi siempre en eventos sociales a la Dra. Ruth Marlene Sánchez y segundo de la conversación informal que tuvimos en el Hotel Armenia en la ocasión que nos reunimos con el senador Ricardo Arias Mora, en ese entonces, es decir que nunca he conocido información de fuentes oficiales de la procuraduría (ff. 332 a 334 del cuaderno de pruebas).

A su vez, el señor William López Giraldo quien para la época de los hechos se desempeñaba como juez penal del circuito especializado, depuso que tanto la señora Ruth Marlene como su reemplazo, Manuel Guillermo, en el desempeño de su cargo habían demostrado ser personas estudiosas, responsables y muy dedicados al trabajo que debían realizar (f. 335 del cuaderno de pruebas).

Finalmente, el señor William Millán Monsalve presidente del sindicato nacional de trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, quien señaló que la ex procuradora judicial demandante era afiliada a dicho sindicato y que, con ocasión de su desvinculación, efectuaron reclamaciones ante el procurador general de la Nación tanto escritas como verbales, en las cuales solicitaban reconsiderar la decisión, en consideración a que era una excelente funcionaria y además estaba próxima a adquirir el estatus de pensionada, pero la respuesta fue negativa (f. 359 vto., del cuaderno de pruebas).

Análisis de la sala

Del material probatorio allegado, para la Subsección no queda duda de las condiciones académicas y profesionales de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela, sin embargo, al encontrarse desempeñando un cargo considerado de libre nombramiento y remoción conforme la norma citada anteriormente, hacia procedente que el nominador válidamente la retirara del servicio, en ejercicio de la facultad discrecional, sin necesidad de adelantar procedimiento previo para la expedición del acto o motivar su contenido.

Así mismo, como se indicó en precedencia la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción, debe ser ejercida dentro de los parámetros de la razonabilidad y proporcional a los hechos que le sirven de fundamento, acto administrativo que tiene presunción de que fue expedido con fundamento en supuestos de hechos reales, objetivos y ciertos y en aras del buen servicio público, presunción legal susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional.

Ahora, la parte demandante afirma que el acto administrativo enjuiciado a través del cual fue retirada del servicio, fue expedido con desviación de poder, ello en razón a que se designó en su reemplazo a un funcionario que en su sentir, no tiene el nivel de su preparación académica y mucho menos su experiencia laboral y profesional, además adujo que estas calidades que posee no fueron valoradas por el procurador general al momento de desvincularla de la entidad, circunstancia que se traduce en un desmejoramiento del servicio.

Pues bien, esta Sala de Decisión encuentra que al realizar un análisis en conjunto de las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario, no es posible concluir que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento obedeció a fines distintos al mejoramiento del servicio. En efecto, del examen de los documentos no se desprende lo afirmado en la demanda, en el sentido de que el nominador pretendió satisfacer intereses diferentes al buen servicio con el retiro de la demandante, aspecto que debió ser probado por parte de la parte actora en razón al mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General del Proceso, según el cual “[…] Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”.

Dicha situación, tampoco se evidencia de los testimonios practicados, pues todos son claros en señalar que la aquí accionante tuvo un buen desempeño en las labores a ella encomendadas en el desarrollo de su función como procuradora judicial en Armenia, Quindío, no obstante ello, todos son también coincidentes en afirmar que el señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, funcionario que la reemplazó, lleva a cabo una muy buena labor como agente del Ministerio Público en dicha entidad.

En ningún momento los testigos señalan que se desmejoró el servicio como consecuencia de su nombramiento, es más, los deponentes sostuvieron que el señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez es una persona competente para el desarrollo del cargo y desarrolla con responsabilidad y criterio jurídico las actividades que le corresponden como procurador judicial II penal.

En lo que atañe a lo dicho por Carlos Alberto Arturo Martínez en cuanto afirmó que se reunieron con un senador para buscar una cita con el procurador general y que les manifestó que el traslado se había dado para ayudar al señor Manuel Guillermo a que estuviera cerca de su familia, se tiene que el deponente aseguró que todo fue de oídas y que tal comentario no provino de ningún miembro de la Procuraduría General de la Nación quien efectuó dicha afirmación, empero en gracia de discusión, la misma, no desvirtúa la presunción de legalidad de mejoramiento del servicio, pues como se demostró, el reemplazo de la demandante ejerce su labor en iguales condiciones que la funcionaria saliente, además de cumplir con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo, aspecto que se estudiará más adelante.

De las declaraciones recibidas tampoco se concluye que el acto de insubsistencia hubiera sido expedido con un fin torcido, además, no puede dejarse de lado que la especial confianza del nominador en el servidor de libre nombramiento y remoción es lo que justifica, en gran medida, su permanencia en el mismo y que es precisamente lo que habilita para que disponga su retiro de manera discrecional.

En esa medida, no es una exigencia que quien ocupa el cargo en reemplazo de la señora Sánchez Vela, deba tener más estudios y mejor experiencia profesional, como se ha asegurado en el desarrollo del proceso, solo se requiere que cumpla con los requisitos mínimos de experiencia y preparación académica para el desempeño del cargo, los cuales son verificables por la Subsección en este caso.

En efecto, se observa que de conformidad con la Resolución 450 de 2000(23), modificada por la Resolución 208 de 2009 “Manual de Funciones de la Procuraduría General de la Nación” vigente para la época de los hechos, los requisitos para desempeñar el cargo de procurador judicial II ante la justicia penal, además de ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y no tener inhabilidades o incompatibilidades, eran tener el título de abogado y experiencia profesional no inferior a 8 años, la cual el señor Manual Guillermo supera ampliamente, como quiera que obtuvo el título de abogado el 10 de septiembre de 1992(24), es especialista en derecho constitucional, así como en derecho penal y criminología(25) y, respecto a su experiencia, laboró en la Fiscalía General de la Nación desempeñando varios cargos, desde el 25 de noviembre de 1992 hasta el 11 de febrero de 2010(26).

En consecuencia, se concluye que con la salida de la demandante no se desmejoró el servicio, pues su reemplazo además de cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para desempeñar el cargo de procurador judicial II, ejerce su labor de forma competente y responsable.

En lo que respecta a lo alegado por el accionante referente a que la facultad discrecional no es absoluta y que el acto que declaró la insubsistencia debió ser motivado so pena de vulnerar el debido proceso, la Subsección debe precisar que, de acuerdo con lo explicado en precedencia en esta providencia, quien es escogido para proveer un empleo de libre nombramiento y remoción lo es en consideración a la confianza con respecto al nominador, razón que también permite a este, disponer libremente sobre el retiro, sin que sea necesario u obligatorio expresar los motivos que lo llevan a adoptar tal decisión, en tanto se presume que es emitida en aras de mejorar el servicio público.

Finalmente, respecto de la manifestación realizada por la demandante en el sentido de que se debe dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, en tanto exige dejar constancia del hecho y de las causas que ocasionaron el retiro del servicio en la respectiva hoja de vida, a pesar de que fue un argumento expuesto hasta el recurso de alzada, se observa que tal y como lo ha sostenido la Corporación dicha omisión no constituye elemento de validez del acto ni requisito para su conformación ni presupuesto para su eficacia, por lo que no puede generar la nulidad del acto sino, a lo sumo, podría llegar a constituir falta disciplinaria para el funcionario que no dio cumplimiento a dicho deber(27).

De acuerdo con lo expuesto, se verificaron los siguientes aspectos:

— La naturaleza del empleo ocupado por la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, Código 3PJ, grado EC es de libre nombramiento y remoción.

— Las calidades profesionales y personales de la demandante no le otorgaban fuero de estabilidad en el cargo.

— Con la declaratoria de insubsistencia no se desmejoró el servicio, en razón a que su reemplazo cumplía los requisitos y formación para el desempeño del cargo y no se aportó prueba que diera cuenta de que la función no se hubiera seguido desarrollando de la misma forma.

— No se demostró que la decisión de desvinculación obedeció a fines diferentes que al mejoramiento del servicio.

En conclusión:

El material probatorio aportado al expediente no demuestra que el Decreto 63 del 21 de enero de 2010, por medio de la cual el procurador general de la Nación declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, Código 3PJ, grado EC estuvo inspirada en fines distintos al mejoramiento del servicio.

Adicionalmente, de los documentos allegados al expediente no se desprende que con la declaratoria de insubsistencia se desmejoró el servicio, dado que su reemplazo cumplía con los requisitos y formación para el desempeño del cargo y no se probó que la labor se hubiera dejado de desarrollar en las mismas condiciones en las que se venía haciendo.

Aceptación de impedimento:

Por considerar que se configura la causal prevista en la segunda parte del numeral 9º del artículo 141 del CGP, se acepta el impedimento presentado por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Subsección considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Quindío que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Ruth Marlene Sánchez Vela contra la Procuraduría General de la Nación.

Reconocimiento de personería y renuncia

Reconocer personería a la abogada Gina María Sáenz Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.403.130 y tarjeta profesional 188.177 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Procuraduría General de la Nación, conforme el poder a ella conferido visible en el folio 407 del cuaderno principal. Así mismo, de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, se le acepta la renuncia al poder presentada obrante a folio 446 del expediente.

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, el día 29 de abril de 2016, que denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en contra de la Procuraduría General de la Nación.

2. Reconocer personería a la abogada Gina María Sáenz Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.403.130 y tarjeta profesional 188.177 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Procuraduría General de la Nación, conforme el poder a ella conferido visible en el folio 407 del cuaderno principal. Así mismo, de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, se le acepta la renuncia al poder presentada obrante a folio 446 del expediente.

3. Aceptar el impedimento presentado por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. Sin condena en costas.

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

13 “ART. 328.—COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

14 Ver entre otros la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicación: 050012333000201200285 01 (3685-2013), Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya.

15 Sentencia T-372 de 2012.

16 Contenido normativo que corresponde al artículo 44 del CPACA.

17 Folios 59 y 60 del cuaderno de pruebas.

18 Folios 31 y 34 del cuaderno principal.

19 Folios 59 y 60 del cuaderno de pruebas.

20 Folios 83 a 146 del cuaderno principal.

21 Folios 194 a 324 ibidem.

22 Folios 75 a 327 del cuaderno de pruebas.

23 “PROCURADURÍA DELEGADA PARA EL MINISTERIO PUBLICO (sic) EN ASUNTOS PENALES. CODIGO (sic) Y GRADO: 3PJ-EC o 3PJ-EG (…) III. REQUISITOS: Los establecidos en la ley para los jueces y magistrados ante quienes actúan” (Negrillas del texto).

24 Folio 203 del cuaderno principal.

25 Folios 302 y 303 ibidem.

26 Folios 220 del cuaderno principal y 344 del cuaderno de pruebas.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 5 de octubre de 2017, radicación: 75001-23-31-000-2007-00336-01(2310-11), Actor: Esperanza Reyes Balcázar.