Sentencia 2010-00198 de noviembre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 17001-23-31-000-2010-00198-01 (20048)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Referencia: Nulidad

Demandante: Luz Marina Vásquez Bedoya y otros.

Demandado: Municipio de Manizales

Temas: Reglamentación del servicio de transporte público terrestre. Retención a título de impuesto de industria y comercio para la actividad de transporte público terrestre.

Sentencia segunda instancia

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico

En los estrictos términos del recurso de apelación, le corresponde a la sección estudiar la legalidad del artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, proferido por el Concejo Municipal de Manizales, en relación con la forma en que reguló la retención del impuesto de industria y comercio para el servicio de transporte público bajo la modalidad de encargo para terceros.

Para el efecto, se analizará la regulación de la actividad del servicio de transporte público terrestre y los términos en los que fue redactada la norma demandada.

2. Reglamentación del transporte público terrestre

2.1. Como lo ha expresado esta corporación y ha reiterado la Corte Constitucional, la actividad de transporte, indispensable para la vida en sociedad y para el desarrollo de las relaciones económicas, implica la movilización de personas o cosas de un lugar a otro, mediante diferentes medios, ya sea que se efectúe dentro del marco de las relaciones privadas, bajo el amparo de la libertad de locomoción (C.N., art. 24 ), o en ejercicio de actividades económicas dirigidas a obtener beneficios por la prestación del servicio (art. 333 ibídem) (2).

2.2. Acorde con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 105 de 1993(3), el transporte público es una industria, sujeta a una contraprestación económica, encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, mediante vehículos apropiados a cada tipo de infraestructura disponible, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios.

Al ser un servicio público, le compete al Estado la regulación, control y vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

2.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 336 de 1996 —Estatuto Nacional de Transporte—, para la prestación del servicio público de transporte(4), los operadores o empresas de transporte, esto es, las personas naturales o jurídicas constituidas como unidad de explotación económica permanente, deben tener autorización del Estado(5) y contar con los equipos e instalaciones(6) y órganos de administración que les permitan prestar adecuadamente el servicio(7).

En consecuencia:

a) Las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio con equipos matriculados o registrados para dicho servicio y previamente homologados ante el Ministerio de Transporte (L. 336/96, art. 23).

b) Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo que la ley defiere al reglamento la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas (L. 336/96, art. 22).

c) Los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada, se entienden vinculados a la misma, sin que sea necesario la celebración del contrato de vinculación, tal como lo disponen los artículos 48 del Decreto 170 de 2001, 28 del Decreto 172 de 2001 y 38 del Decreto 174 de 2001.

d) Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben incorporarse a su parque automotor mediante una forma contractual válida (artículos 5º, 19 y 20 del Decreto 1554 de 1998(8), 47 y 48 del Decreto 170 de 2001(9), 27 y 28 del Decreto 172 de 2001(10) y 37 y 38 del Decreto 174 de 2001(11)).

e) La vinculación hace solidariamente responsables a la empresa y al propietario o tenedor del vehículo, del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte, según lo dispone el artículo 991 del Código de Comercio.

2.4. La figura de la vinculación, según la definición hecha en el artículo 5º del Decreto 1554 de 1998, “es un contrato mediante el cual el propietario o tenedor de un vehículo, lo sujeta a la prestación del servicio público de transporte, a través de una determinada empresa habilitada”.

En otras palabras, es la incorporación de un vehículo de un tercero al parque automotor de una empresa de transporte habilitada, que se formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la empresa, y se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte de la autoridad de transporte competente, en los términos de los artículos 47 del Decreto 170 de 2001, 27 del Decreto 172 de 2001 y 37 del Decreto 174 de 2001.

2.5. Sea que se trate de transporte de carga o de pasajeros, en modalidad colectiva(12), individual (taxis)(13) o especial(14), “el contrato de vinculación del equipo se regirá por las normas del derecho privado debiendo contener como mínimo las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas condiciones especiales que permitan definir la existencia de prórrogas automáticas y los mecanismos alternativos de solución de conflictos(15)”.

Igualmente, “el contrato deberá contener en forma detallada los ítems que conformarán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad”(16), así como “las condiciones y el procedimiento mediante el cual se efectuará el recaudo de la prima correspondiente, con cargo al propietario del vehículo(17)”.

2.6. Como puede verse, el servicio de transporte público de carga o pasajeros es una actividad completamente reglada, por lo que la prestación del mismo sólo puede hacerse en las condiciones fijadas por el ordenamiento jurídico.

En esas condiciones, para que una persona, natural o jurídica, pueda prestar el servicio de transporte, se hace necesario que se organice como una unidad económica permanente, se encuentre habilitada y cuente con todos los equipos e instalaciones necesarias para garantizar la eficiencia del servicio y seguridad de los usuarios.

2.7. Los particulares propietarios de vehículos de transporte público que no cuenten con la capacidad técnica, financiera y administrativa de prestar por sí mismos el servicio en las condiciones previstas por la ley, es decir, que no se encuentren habilitados, pueden vincular sus automotores a una empresa u operador de transporte habilitado, mediante un contrato privado llámese administración, arrendamiento, leasing, renting o de otra forma, de acuerdo a la libertad contractual de las partes.

En virtud de dicho contrato de vinculación, el operador o empresa transportadora, como se explicó, incorpora el vehículo del tercero a su parque automotor con el fin de utilizarlo para la prestación del servicio público de transporte.

Por la vinculación de su vehículo a una empresa habilitada, el propietario debe pagar una prima, en los términos establecidos en el contrato de vinculación y, como contraprestación, recibirá, por regla general —según se pacte en el contrato—, un porcentaje de los ingresos recibidos por el transporte prestado con su vehículo, en virtud de los contratos de celebrados.

2.8. Precisamente, dadas las diferentes posibilidades contractuales con las que cuentan las partes del contrato de vinculación para pactar los cobros y pagos a que se comprometen y su periodicidad, el estatuto tributario previó, en el artículo 102-2(18), la forma de registrar los ingresos por el servicio de transporte público terrestre, en aras de diferenciar, para efectos de calcular los impuestos nacionales y territoriales correspondientes, cuáles ingresos son de la empresa trasportadora y cuáles del propietario de vehículo.

Dispone la norma en mención:

“ART. 102-2.—Distribución de los ingresos en el transporte terrestre automotor. Cuando el transporte terrestre automotor se preste a través de vehículos de propiedad de terceros, diferentes de los de propiedad de la empresa transportadora, para propósitos de los impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el ingreso así: Para el propietario del vehículo la parte que le corresponda en la negociación; para la empresa transportadora el valor que le corresponda una vez descontado el ingreso del propietario del vehículo” (resaltado fuera de texto).

3. Análisis del artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008

3.1. El artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, prevé:

ART. 25.—Sistema de retención a título de impuesto de industria y comercio. A partir del segundo bimestre de la vigencia fiscal 2009, las entidades del orden nacional, departamental o municipal, sus entes descentralizados, las Sociedades de Economía Mixta, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Empresas Sociales del Estado, y los grandes contribuyentes catalogados por la DIAN cuyo domicilio principal de la ciudad de Manizales, están obligados a efectuar retención a título del impuesto de Industria y comercio, sobre todos los pagos o abonos en cuenta superiores a un (1) SMMLV que constituyan para quien los percibe, ingresos por actividades industriales, comerciales, de servicio o financieros sometidos al impuesto de industria y comercio en el municipio de Manizales. También son agentes retenedores las empresas de transporte cuando presten servicios bajo la modalidad de encargo para terceros, caso en el cual deberán practicar retención sobre el total de los pagos que efectúen a los propietarios de los vehículos.

Base gravable: La base sobre la cual se efectuará la retención será el valor total del pago o abono en cuenta, excluido el IVA, superior a un (1) SMMLV y se efectuará en el momento del pago o abono en cuenta, lo que primero ocurra.

Tarifas. Las tarifas que debe aplicar el agente retenedor sobre los pagos o abonos sometidos a retención, es el 3.7 por mil.

Obligaciones del agente retenedor:

1. Efectuar la retención conforme a las disposiciones contenidas en el presente acuerdo.

2. Consignar los valores retenidos en la cuenta que para tal efecto indique la administración, dentro de los diez (10) primeros días calendario siguiente al bimestre en que se efectuó la retención.

3. Presentar bimestralmente ante la unidad de rentas, dentro de los diez (10) primeros días calendario siguientes al bimestre en que se efectuó la retención, la Declaración y el soporte de pago respectivo.

4. Expedir, a más tardar el 31 de enero de cada año, los certificados de las retenciones practicadas.

Presentar anualmente, a más tardar el 28 de febrero y en medio magnético, la información de las retenciones practicadas durante la vigencia fiscal, de acuerdo con instructivo entregado por la administración.” (subrayas propias).

3.2. Para el Tribunal Administrativo de Caldas, el artículo transcrito se encuentra ajustado a derecho, siempre y cuando, tratándose de retención por la actividad de transporte —expresión subrayada— “la persona objeto de la retención sea sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, por ejercer alguna de las actividades de las que en el acuerdo se indica como generadora del tributo, sin que pueda dar lugar a la práctica de la retención la mera consideración de ser propietario del vehículo, y además en aquellos casos en que el pago a realizarse por la empresa transportadora provenga de una prestación del servicio efectuada en las condiciones del artículo 984 del Código de Comercio.” (negrillas originales).

Dicho condicionamiento se explica en el hecho de que, en sentir del a quo, la norma demandada “sobrepasa al (sic) alcance legal que determina el sujeto pasivo del impuesto y el hecho generador, toda vez que no indica a los destinatarios de la misma (agente retenedor o al propietario del vehículo) el hecho que causa el impuesto cuya retención se dispone practicar al efectuarse el pago por la empresa al propietario, abriendo plena posibilidad de ser interpretada en el sentido que (sic) la retención se hace para el impuesto de industria y comercio por la actividad de transporte de pasajeros, como se ha dicho, por el solo hecho de ser propietario, y siempre que le fuere a hacer un pago”.

3.3. Para la Sala, contario a la lectura que le otorga el tribunal, el artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 ibídem, determina con claridad los elementos del sistema de retención a título de impuesto de industria y comercio para la actividad de transporte prestado con vehículos de terceros (modalidad de encargo para terceros, en palabras del acuerdo), a saber:

a) Agentes retenedores: Empresas transportadoras que prestan el servicio de transporte público terrestre con vehículos de terceros.

b) Sujetos pasivos: Propietarios de los vehículos a los que las empresas transportadoras les efectúan pagos, en virtud del contrato de vinculación.

c) Hecho generador: La prestación del servicio público de transporte terrestre mediante la vinculación de un vehículo a una empresa transportadora habilitada.

d) Base gravable: Valor total del pago o abono en cuenta, excluido el IVA, superior a un salario mínimo legal mensual vigente.

e) Tarifa: 3.7 por mil sobre los pagos o abonos sometidos a retención.

Si bien el artículo demandado expresamente no hace referencia a los contratos de vinculación cuando determina los sujetos pasivos y el hecho generador, es claro que, conforme con la normativa que regula la materia y el carácter eminentemente reglado del servicio de transporte público terrestre, como se explicó en el aparte anterior, la retención del ICA únicamente puede hacerse por dicho concepto —vinculación—, pues en el ordenamiento jurídico colombiano no existen otras figuras que permitan prestar el servicio público de transporte con automotores de terceros y/o que permitan efectuar pagos a los propietarios de los mismos por ese u otro concepto.

3.4. Como lo sostiene el municipio de Manizales en el recurso de apelación, si bien es cierto que no es suficiente con ser propietario de un vehículo de transporte público para ser sujeto pasivo del ICA, no es menos cierto que el propietario de un vehículo adquiere la calidad de sujeto pasivo del ICA por la actividad de transporte cuando recibe ingresos por vincular el automotor a un operador o empresa transportadora habilitada(19).

En ese orden de ideas, es claro que, de acuerdo con la regulación local, la empresa transportadora, está en la obligación de efectuar la retención a título de impuesto de industria y comercio, sobre los pagos que le efectúe al propietario de un vehículo de transporte público —en los términos del contrato de vinculación celebrado—.

3.5. De otro lado, para la Sección, no es aplicable al caso que se estudia lo dispuesto en el artículo 984 del Código de Comercio y, por ende, no es dable el condicionamiento que el tribunal le hizo a la norma analizada en ese sentido, ya que dicha norma se refiere al supuesto en el que la empresa transportadora, bajo su responsabilidad, le encarga la conducción de los vehículos propios y vinculados a un tercero(20), lo que no está contemplado en el artículo 25 demandado.

Obsérvese que la norma local es clara en establecer la retención del ICA sobre los ingresos que reciben los propietarios de los vehículos y no sobre los que perciban los terceros a quienes se les haya delegado la actividad física de conducción.

En el caso estudiado, se insiste, estamos bajo el supuesto fáctico contemplado en el artículo 983 del Código de Comercio —no bajo el supuesto del artículo 984 ibídem—, que dispone:

ART. 983.—Empresas de transporte. Las empresas de transporte son de servicio público o de servicio particular. El gobierno fijará las características de las empresas de servicio público y reglamentará las condiciones de su creación y funcionamiento. Las empresas de servicio público someterán sus reglamentos a la aprobación oficial y, si no prestan el servicio en vehículos de su propiedad, celebrarán con los dueños de éstos el respectivo contrato de vinculación, conforme a las normas reglamentarias del transporte.

PAR.—Para la constitución de personas jurídicas que tengan por objeto el servicio público de transporte automotor, sujeto a rutas y horarios, además del lleno de los requisitos legales, será necesaria la autorización previa del Instituto Nacional del Transporte y Tránsito o de la entidad que haga sus veces, autorización que se protocolizará en copia auténtica con la respectiva escritura” (negrillas fuera de texto).

3.6. Por las razones expuestas, la sección revocará el condicionamiento del artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, expedido por el Concejo Municipal de Manizales, toda vez que no es necesario fijar una interpretación judicial sobre su alcance, ya que los términos en los que ha sido redactado se encuentran ajustados a derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, se REVOCA PARCIALMENTE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 21 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto condicionó la interpretación del artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, expedido por el Concejo Municipal de Manizales.

2. Por no ser objeto de apelación, se CONFIRMA en lo demás la sentencia recurrida.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Sentencia de segunda instancia

Radicado: 17001-23-31-000-2010-00198-01 (20048)

Referencia: Nulidad

Actor: Luz Marina Vásquez Bedoya y otros

Demandado: Municipio de Manizales

Apoderado: Luis Leandro Castaño Bedoya

Tribunal de procedencia: Caldas

Ponente: Carlos Mario Arango Hoyos

Acto demandado: artículos 11 a 25 del Acuerdo 704 del 29 de diciembre de 2008, proferido por el Concejo Municipal de Manizales.

Demanda: Las disposiciones demandadas son nulas por vulnerar los principios de jerarquía normativa, equidad, legalidad, seguridad jurídica y transparencia. Además, porque es improcedente el impuesto de avisos y tableros para el servicio de transporte público, no se establecieron los elementos de la sobretasa bomberil, ni los elementos para la retención a título de impuesto de industria y comercio en el caso del servicio de transporte.

Tribunal: El Tribunal Administrativo de Caldas declaró ajustado a la legalidad los artículos 12 a 24 del Acuerdo Municipal 704 de 2008 y condicionó la interpretación de los artículos 11 y 25 ibídem.

Apelación: Sólo se centra en el condicionamiento hecho del artículo 25 de acuerdo, para lo que se sostiene que si bien es cierto que no es suficiente con ser propietario de un vehículo de transporte público para ser sujeto pasivo del ICA por dicha actividad, el propietario de un vehículo adquiere la calidad de sujeto pasivo del ICA por la actividad de transporte cuando recibe ingresos por arrendar el vehículo o cuando lo explota económicamente con la actividad de transporte.

Proyecto: Revoca parcialmente el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia en cuanto condicionó la interpretación del artículo 25 del acuerdo demandado.

Contario a la lectura que le otorga el tribunal, el artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 ibídem, determina con claridad los elementos del sistema de retención a título de impuesto de industria y comercio para la actividad de transporte prestado con vehículos de terceros (modalidad de encargo para terceros, en palabras del acuerdo), a saber:

a) Agentes retenedores: Empresas transportadoras que prestan el servicio de transporte público terrestre con vehículos de terceros.

b) Sujetos pasivos: Propietarios de los vehículos a los que las empresas transportadoras les efectúan pagos, en virtud del contrato de vinculación.

c) Hecho generador: La prestación del servicio público de transporte terrestre mediante la vinculación de un vehículo a una empresa transportadora habilitada.

d) Base gravable: Valor total del pago o abono en cuenta, excluido el IVA, superior a un salario mínimo legal mensual vigente.

e) Tarifa: 3.7 por mil sobre los pagos o abonos sometidos a retención.

Si bien el artículo demandado expresamente no hace referencia a los contratos de vinculación cuando determina los sujetos pasivos y el hecho generador, es claro que, conforme a la normativa que regula la materia y el carácter eminentemente reglado del servicio de transporte público terrestre, como se explicó en el aparte anterior, la retención del ICA únicamente puede hacerse por dicho concepto vinculación, pues en el ordenamiento jurídico colombiano no existen otras figuras que permitan prestar el servicio público de transporte con automotores de terceros y/o que permitan efectuar pagos a los propietarios de los mismos por ese u otro concepto.

Si bien es cierto que no es suficiente con ser propietario de un vehículo de transporte público para ser sujeto pasivo del ICA, no es menos cierto que el propietario de un vehículo adquiere la calidad de sujeto pasivo del ICA por la actividad de transporte cuando recibe ingresos por vincular el automotor a un operador o empresa transportadora habilitada.

En ese orden de ideas, es claro que, de acuerdo con la regulación local, la empresa transportadora, sobre los pagos que le efectúe al propietario de un vehículo de transporte público —en los términos del contrato de vinculación celebrado—, está en la obligación de efectuar la retención a título de impuesto de industria y comercio.

De otro lado, para la Sección no es aplicable al caso que se estudia lo dispuesto en el artículo 984 del Código de Comercio y, por ende, no es dable el condicionamiento que el tribunal le hizo a la norma analizada en ese sentido, ya que dicha norma se refiere al supuesto en el que la empresa transportadora, bajo su responsabilidad, le encarga la conducción de los vehículos propios y vinculados a un tercero, el cual no está contemplado en el artículo 25 demandado.

Obsérvese que la norma local es clara en establecer la retención del ICA sobre los ingresos que reciben los propietarios de los vehículos y no sobre los terceros a quienes se les hay delegado la actividad física de conducción.

(2) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1740 de mayo 18 de 2006, C. P. Gustavo Aponte Santos, radicado: 11001-03-06-000-2006-0040-00(1740). Corte Constitucional, sentencias C-981 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C-033 de 2014, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.

(3) “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.”

(4) De conformidad con el artículo 6º de la Ley 336 de 1996, se entiende por actividad transportadora un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional.

(5) Cfr. Artículos 11 y 16 de la Ley 336 de 1996: “ART. 11.—Las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin, deberán solicitar y obtener habilitación para operar.

La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte para la prestación del servicio público de transporte. (…)”.

“ART. 16.—De conformidad con lo establecido por el artículo 3º, numeral 7º de la Ley 105 de 1993, sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional, la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación, según que se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación, servicios especiales de transporte, tales como: escolar, de asalariados, de turismo y ocasional.”

(6) Cfr. Artículo 22 de la Ley 336 de 1996: “Toda empresa operadora del servicio público de transporte contará con la capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de los servicios otorgados. De conformidad con cada modo de transporte, el reglamento determinará la forma de vinculación de los equipos a las empresas, señalando el porcentaje de su propiedad y las formas alternas de cumplir y acreditar el mismo”.

(7) Cfr. Artículo 12 de la Ley 336 de 1996.

(8) "Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de carga".

(9) "Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros".

(10) “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi”.

(11) “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor especial”.

(12) D. 170/2001. ART. 6º—Servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros: Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas.

(13) D. 172/2001. ART. 6º—Servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos taxi. El transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes.

(14) D. 174/ 2001. ART. 6º—Servicio público de transporte terrestre automotor especial. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios.

(15) Cfr. Artículos 48 del Decreto 170 de 2001, 28 del Decreto 172 de 2001 y 38 del Decreto 174 de 2001.

(16) Ibídem.

(17) Cfr. Artículos 20 del Decreto 170 de 2001, 19 del Decreto 172 de 2001 y 18 del Decreto 174 de 2001.

(18) Adicionado por el artículo 19 de la Ley 633 de 2000.

(19) Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 25 de abril de 1997, radicado: 7829, C.P. Germán Ayala Mantilla, y sentencia del 23 de febrero de 1996, radicado: 7428, C.P. Julio E. Correa Restrepo.

(20) ART. 984.—Delegación de la Conducción a terceros. Salvo lo dispuesto en normas especiales, el transporte deberá ser contratado con transportadores autorizados, quienes podrán encargar la conducción, en todo o en parte a terceros, pero bajo su responsabilidad, y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones del contrato. La infracción a lo dispuesto en este artículo dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas pertinentes.