Sentencia 2010-00201 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000201000201 01 (19923)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Procozam Ltda. - Propaganda Comercial Zambrano en Reestructuración (NIT 860.058.388-2)

Demandado: Distrito Capital

Impuesto a la publicidad exterior visual - 2004, 2005, 2006 y 2007

Fallo

Bogotá, D. C., diez de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala precisa si Procozam tiene la obligación de declarar y pagar el impuesto a la publicidad exterior visual por instalar vallas en el Distrito Capital por los periodos 2004 a 2007, a pesar de que no obtuvo el registro correspondiente por parte de la Secretaría de Ambiente Distrital.

Para resolver la Sala hace las siguientes precisiones:

El impuesto a la publicidad exterior visual tiene origen en la Ley 97 de 1913, que autorizó al Concejo Municipal de Bogotá para establecer un impuesto “por colocación de avisos en vía pública”, así:

“ART. 1º—El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental:

[…]

k) Impuesto por colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de coches de tranvía, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público.

[…]”.

Esta facultad conferida al Concejo de Bogotá fue extendida a los demás municipios por la Ley 84 de 1915, en los siguientes términos:

“ART. 1º—Los concejos municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que les confiere el artículo 169 de la Ley 4ª de 1913:

a) Las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1º de la Ley 97 de 1913, excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las asambleas departamentales los hayan concedido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones”.

La Ley 97 de 1913 constituye lo que la Corte Constitucional ha denominado una “ley de autorizaciones”, es decir, el “elemento mínimo” que necesitan los entes territoriales frente a los impuestos que administran, porque “tratándose de recursos propios de las entidades territoriales no hay razón para que el legislador delimite cada uno de los elementos del tributo, pues de esa forma cercenaría la autonomía fiscal de que aquéllas gozan por expreso mandato constitucional”(13).

La Ley 140 de 1994 reglamentó la publicidad exterior visual en el territorio nacional. El artículo 1º ibídem define dicha publicidad como “el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas”.

El artículo 14 de la citada ley dispuso lo siguiente:

“Autorízase a los concejos municipales, distritales y de las entidades territoriales indígenas que se creen, para que a partir del año calendario siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, adecuen el impuesto autorizado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, al cual se refieren la Ley 14 de 1983, el Decreto-Ley 1333 de 1986 y la Ley 75 de 1986 de suerte que también cubra la colocación de toda publicidad exterior visual, definida de conformidad con la presente ley. En ningún caso, la suma total de impuestos que ocasione cada valla podrá superar el monto equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales por año. (…)”.

Y, el artículo 15 ibídem, en lo pertinente, señala que:

“Toda valla instalada en el territorio nacional cuya publicidad que por mandato de la ley requiera un mensaje específico referente a salud, medio ambiente, cultura y cívico, no podrá ser superior a 10% del área total de la valla.

La publicidad exterior visual de que trata la presente ley son aquellas que tienen una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados.

[…]”.

Inicialmente, la Sección Cuarta consideró que la Ley 140 de 1994 no creó un impuesto autónomo de publicidad exterior visual, puesto que su propósito era ampliar el hecho generador del impuesto de avisos y tableros, y, por tanto, cobijar con el último tributo toda la publicidad exterior visual en los términos de la Ley 140 de 1994(14).

No obstante, en sentencia de 12 de junio de 2002(15), la Sala rectificó el criterio expuesto anteriormente y precisó que la Ley 140 de 1994 gravó en forma autónoma toda la publicidad exterior visual allí definida. Al analizar los artículos 14 y 15 de la citada ley, la Sala concluyó lo siguiente en dicho fallo(16):

“Interpretadas armónicamente las anteriores disposiciones, resulta claro que el legislador previó un gravamen a una tarifa diferente, respecto de cada una de las vallas cuya dimensión sea igual o superior a ocho metros cuadrados (las de medida inferior, sin importar su número, ya se encontraban gravadas dentro del impuesto de avisos y tableros), evento en el cual los sujetos pasivos del impuesto de avisos y tableros, y aquellos que no lo son pero que también ocupen el espacio público con las mencionadas vallas, pagarán a favor de los sujetos activos, la tarifa establecida en el artículo 14 en concordancia con el artículo 15 de la ley, la que deberá ser fijada por el respectivo órgano de representación popular, concejo municipal o distrital, autónomamente, pero respetando el límite de cinco salarios mínimos mensuales anuales, por cada valla”.

Con fundamento en la Ley 140 de 1994, el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo Distrital 111 de 29 de diciembre de 2003, por el cual estableció el impuesto a la publicidad exterior visual en el Distrito Capital y determinó los elementos estructurales del tributo, así:

“ART. 3º—Hecho generador.

El hecho generador del impuesto a la publicidad exterior visual está constituido por la colocación de toda valla, con una dimensión igual o superior a ocho (8) metros cuadrados.

ART. 4º—Causación.

El impuesto a la publicidad exterior visual se causa al momento de la notificación del acto administrativo mediante el cual el DAMA otorga el registro de la valla, con vigencia de un año.

ART. 5º—Sujeto activo.

El Distrito Capital de Bogotá es el sujeto activo del impuesto a la publicidad exterior visual, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro.

ART. 6º—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos del impuesto a la publicidad exterior visual, las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho propietarias de las vallas. Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario de la estructura en la que se anuncia, el propietario del establecimiento, el propietario del inmueble o vehículo, o la agencia de publicidad.

ART. 7º—Base gravable y tarifa.

Las tarifas del impuesto a la publicidad exterior visual, por cada valla, serán las siguientes:

Tamaño de las vallasTarifa
Vallas de más de 8 m2 hasta 24 m25 smmv por año
Vallas de más de 24 m25 smmv por año
Vallas de propiedad de constructores de Más de 8 M25 smmv por año
Vallas en vehículos automotores con dimensión superiores a 8 m25 smmv por año

 

Mientras la estructura de la valla siga instalada se causará el impuesto”.

Por su parte, el artículo 8º del Acuerdo 111 de 2003 señala que el impuesto se debe pagar dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento del registro por parte del Departamento Administrativo de Medio Ambiente, DAMA, en los formularios que para el efecto adopte la Dirección Distrital de Impuestos.

Teniendo en cuenta las normas transcritas, el hecho generador del impuesto a la publicidad exterior visual es la “colocación de toda valla con una dimensión igual o superior a ocho (8) metros cuadrados” (Acu. 111/2003, art. 3º).

A su vez, el impuesto se causa al momento de la notificación del acto administrativo mediante el cual el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, hoy Secretaría de Ambiente Distrital, otorga el registro de la valla, con vigencia de un año (art. 4º ibíd.) y también mientras la valla continúe instalada (art. 7º ibíd.), aspecto sobre el cual la Sala volverá más adelante.

Es de anotar que el registro de las vallas es un requisito anterior a la instalación de estas, pues conforme con el artículo 8º de Acuerdo 12 de 2000(17). “El responsable de la publicidad deberá registrarla a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a su colocación, ante el DAMA”(18).

En el caso sub exámine, por Resolución 66DDI 000914 y/o Cordis 2009EE11574 de 3 de febrero de 2009(19), la administración impuso sanción por no declarar y aforó a Procozam por concepto del impuesto a la publicidad exterior visual por los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Además, ordenó el pago de intereses de mora, desde la fecha del vencimiento del plazo para declarar hasta el pago.

No obstante, por Resolución DDI010561 y/o 2010EE62294 de 1º de marzo de 2010(20) que resolvió el recurso de reconsideración contra el acto anterior, la parte demandada levantó la sanción por no declarar y modificó el aforo. Para tal modificación, tuvo en cuenta que por el año 2005 la actora ya había declarado el impuesto respecto de una valla instalada en la Avenida Centenario, por lo que determinó un impuesto a cargo de $108.892.000 y modificó la causación de los intereses de mora en los siguientes términos(21):

“Para las vallas colocadas hasta el 26 de septiembre de 2005 [fecha de expedición del Conc. 1112/2005] no se causarán intereses de mora. Para las colocadas posterior a esta fecha se generan intereses de mora desde que se configuró la exigibilidad del tributo hasta la fecha en que se cancele la obligación”.

En este asunto, las partes coinciden en que durante los periodos en discusión, la actora instaló varias vallas en el Distrito Capital sin haber obtenido el registro correspondiente, pues las solicitudes de registro estaban en trámite.

Es de anotar que la Resolución DDI010561 y/o 2010EE62294 de 1º de marzo de 2010, que finalmente determinó el impuesto a cargo de la actora y los intereses de mora correspondientes, se expidió, en esencia, con fundamento en el Acuerdo 111 de 2003, particularmente, el artículo 7º [inc. 2º], según el cual “mientras la estructura de la valla siga instalada se causará el impuesto”.

También se basó en el Concepto 1112 de 26 de septiembre de 2005(22), que señaló que de conformidad con el artículo 7º [inc. 2º] del Acuerdo 111 de 2003, “independientemente de que se le haya proferido el registro de la valla por parte del Departamento Administrativo del Medio Ambiente, al instalar la valla se está causando el impuesto y resulta exigible por parte de la Administración Tributaria Distrital”. En consecuencia, no es exacta la afirmación del demandante en el sentido de que el sustento del aforo fue exclusivamente el referido concepto.

Dado que los actos acusados se expidieron con fundamento, entre otras normas, en el Concepto 1112 de 26 de septiembre de 2005, que, con base en el artículo 7º del Acuerdo 111 de 2003, analizó la causación del impuesto a la publicidad exterior visual cuando se fijan las vallas sin contar con el correspondiente registro, la Sala tendrá en cuenta el criterio que fijó en sentencia de 28 de agosto de 2013, que confirmó la decisión del a quo de negar la nulidad de dicho concepto(23).

En la referida sentencia, la Sala señaló:

“[…]

Lo primero que debe advertirse es que los elementos estructurales del tributo a la publicidad exterior visual deben guardar entre sí una estrecha relación, pues es a partir de la materialización del hecho generador que surge la obligación tributaria en cabeza de aquellas personas, naturales o jurídicas, a quienes la norma les asigna la calidad de sujetos pasivos de la obligación.

Bajo ese entendido, el hecho gravable del impuesto a la publicidad visual exterior, de conformidad con el artículo 3º del Acuerdo 111 de 2003, lo constituye la colocación de vallas con una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados, hecho gravable que al materializarse se denomina hecho imponible, siendo ese el momento en el que surge la obligación tributaria en cabeza del contribuyente.

Sin embargo, el nacimiento del crédito fiscal, no necesariamente coincide con el momento en que este se hace exigible (causación), pues dentro de la autonomía de que gozan los concejos municipales y distritales, estos pueden supeditar la causación del gravamen a la ocurrencia de un hecho posterior, como sucede con lo dispuesto en el artículo 4º del Acuerdo 111 de 2003, en el que la exigibilidad del pago del impuesto a la publicidad exterior visual quedó sujeta a la notificación del acto que otorga el registro de la valla por parte de la autoridad ambiental.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que el artículo 7º del mismo acuerdo establece otro momento de causación del impuesto, al indicar: “Mientras la estructura de la valla siga instalada se causará el impuesto”, lo cual indica que la exigibilidad del pago del impuesto no sólo está sujeta a la autorización de la entidad ambiental, sino también a la realización del supuesto fáctico que da origen a la obligación tributaria, es decir, a la permanencia de una valla desde el momento de su colocación hasta su retiro.

En ese sentido, es menester precisar que la interpretación del Acuerdo 111 de 2003, debe realizarse de forma concordante con la Ley 140 de 1994, que autorizó el gravamen a la publicidad exterior visual (…)” (negrillas por la Sala).

De conformidad con el anterior lineamiento jurisprudencial, que la Sala reitera, y lo dispuesto en los artículos 3º, 4º y 7º del Acuerdo 111 de 2003, el impuesto a la publicidad exterior visual se causa en dos eventos: (i) cuando se notifica el acto administrativo que autoriza el registro de la valla por parte de la autoridad ambiental o (ii) cuando se instala la valla en el espacio público, mientras permanezca instalada.

Al respecto, se insiste en que el hecho generador del impuesto, esto es, la “colocación de toda valla con un tamaño igual o superior a ocho (8) metros cuadrados” puede ser ejecutado tanto por las personas que tienen la autorización de la autoridad ambiental para fijar vallas como por aquellas que las fijan sin tener dicha autorización, quienes, por ese hecho, adquieren también la calidad de sujetos pasivos del gravamen.

Por ello, en la sentencia que en esta oportunidad se reitera, la Sala precisó que(24):

“Si bien es cierto, para efectos fiscales el registro determina el momento de la causación del impuesto, esto sólo es aplicable para los casos en que el sujeto pasivo lo haya solicitado, pues en los casos en que simplemente instaló la valla sin surtir, previamente, el trámite del registro, el momento de la causación es la instalación de la valla porque, de no ser así, este hecho no quedaría sujeto al tributo, que es precisamente lo que buscó evitar la administración al expedir la normativa indicada al inicio de las consideraciones” (subraya la Sala).

A su vez, teniendo en cuenta que según los artículos 3º y 7º [inc. 2º] del Acuerdo 111 de 2003 y el Concepto 1112 de 2005, cuando no existe el registro de las vallas el impuesto a la publicidad exterior visual se causa por la instalación de estas y mientras duren fijadas, al referirse a las resoluciones de la Secretaría Distrital de Hacienda que fijaban los plazos para declarar y pagar el impuesto por los años 2005 a 2009, la Sala precisó que(25):

“En consonancia con las anteriores disposiciones [se refiere a los arts. 3º, 4º y 7º del Acu. 111/2003], la Secretaría Distrital de Hacienda expidió las resoluciones 203, 530, 328, 386 y 478 del mes de diciembre de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, respectivamente. En el parágrafo del artículo décimo sexto de cada una de ellas, se dispuso que los contribuyentes del impuesto de publicidad exterior visual, que coloquen vallas sin autorización del DAMA, deberán presentar la declaración, y pagar, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la colocación o instalación de la valla”.

Igualmente, al analizar la legalidad del parágrafo del artículo 16 de las resoluciones 203 de 2005, 530 de 2006, 328 de 2007, 386 de 2008 y 478 de 2009(26), la Sala afirmó que dicha norma precisa la oportunidad para declarar y pagar el impuesto cuando se instala una valla sin la autorización de la autoridad ambiental, lo que resulta “consecuente con lo previsto en los artículos 3º y 7º del Acuerdo 111 de 2003, que previeron que el hecho generador del impuesto ocurre cuando se instala una valla con las dimensiones antes señaladas, y el gravamen se causa durante el término en que ésta permanezca instalada”(27).

De otra parte, no es cierto que el Concepto 1112 de 2005 sea contrario al Concepto 1042 de 2004, puesto que este se refiere a los casos en que la valla se fija después del registro, evento en el cual el impuesto se causa cuando se notifica el acto que autoriza dicho registro. Por su parte, el Concepto 1112 de 2005 se refiere a los casos en que se instala la valla sin que exista el registro correspondiente, en cuyo supuesto el tributo se causa por la sola instalación de la valla(28).

Cabe anotar que el hecho de que la Secretaría de Ambiente Distrital no hubiera entregado a la Secretaría de Hacienda Distrital la información relativa a los registros autorizados a la actora para la fijación de las vallas(29), porque, sencillamente, estos no se habían expedido, no impedía al Distrito Capital determinar oficiosamente el tributo a cargo de la demandante, por cuanto el impuesto se causó cuando instaló las vallas, a pesar de no contar con el registro de la autoridad ambiental.

En suma, dado que durante los periodos 2004 a 2007, la actora instaló vallas en distintas vías públicas del Distrito Capital sin contar con el registro correspondiente y que por ese hecho se causó el impuesto a la publicidad exterior visual, Procozam tenía la obligación de declarar y pagar el tributo en tales periodos, con fundamento en los artículos 3º y 7º [inc. 2º] del Acuerdo 111 de 2003. En consecuencia, procedía la liquidación de aforo en relación con los citados periodos gravables.

En relación con el argumento de la demandante en el sentido de que para el año 2004 no era obligatorio declarar el tributo, porque el formulario único se adoptó a partir del año 2005, la Sala precisa que no se trata de un hecho nuevo y menos aún de un argumento nuevo(30), pues, al decidir la reconsideración, la administración expresamente se pronunció sobre el particular, en los siguientes términos(31):

“En cuanto al argumento de que para la vigencia 2004 no fue adoptado el formulario para la declaración y pago del impuesto a la publicidad exterior se menciona que mediante Resolución 004 de 6 de febrero de 2004 se adoptó el formulario documento que fue publicado en el Registro Distrital 3047 del 18 de febrero de 2004”.

Al respecto, se advierte que, evidentemente, mediante Resolución 004 de 6 de febrero de 2004(32), la Dirección Distrital de Impuestos adoptó el formulario único para la declaración del impuesto a la publicidad exterior visual para el año 2004. En consecuencia, no asiste razón a la actora pues durante ese año gravable también se causó el impuesto en mención por la instalación de las vallas, por lo cual estaba en la obligación de declarar el tributo en el formulario que existía para el efecto.

En relación con la causación de los intereses moratorios respecto al impuesto determinado oficialmente, la Resolución DDI010561 y/o 2010EE62294 de 1º de marzo de 2010, redujo los intereses de mora que había ordenado en el acto por el cual impuso la sanción por no declarar y el aforo por los años 2004 a 2007. Al efecto, en la Resolución DDI010561 y/o 2010EE62294 de 1º de marzo de 2010, que, se recuerda, modificó la Resolución 66DDI-000914 y/o LOA 2009EE11574 de 3 de febrero de 2009, la administración precisó que(33):

“Para las vallas colocadas hasta el 26 de septiembre de 2005 [fecha del Conc. 1112/2005] no se causarán intereses de mora. Para las colocadas posterior a esa fecha se generan intereses de mora desde que se configuró la exigibilidad del tributo hasta la fecha en que se cancele la obligación”.

De manera que la administración dispuso el cobro de los intereses de mora a partir de la expedición del Concepto 1112 de 2005 de la subdirección jurídico tributaria de la Secretaría de Hacienda Distrital, esto es, desde el 26 de septiembre de 2005.

La demandante sostiene que el cobro de esos intereses es ilegal porque si la demandada levantó la sanción por no declarar, debía hacer lo mismo con los intereses de mora, que también tienen el carácter de sanción, según el artículo 634 del Estatuto Tributario, que debe aplicarse al Distrito Capital por remisión del artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

Sobre este punto, se advierte que, evidentemente, los intereses de mora tienen el carácter de sanción, de acuerdo con el artículo 66 del Decreto Distrital 807 de 1993, en concordancia con el artículo 634 del Estatuto Tributario.

En efecto, el artículo 66 del Decreto Distrital 803 de 1997 dispone que “La sanción por mora en el pago de los impuestos distritales y la determinación de la tasa de interés moratoria, se regularán por lo dispuesto en los artículos 634, 634-1 y 635 del Estatuto Tributario Nacional”.

A su turno, el artículo 634 del Estatuto Tributario señala que los mayores valores de impuestos determinados en las liquidaciones oficiales, como es la de aforo(34) causan intereses de mora. Así, la citada norma prevé, en lo pertinente, que:

“[…]

Los mayores valores de impuestos, determinados por la administración de impuestos en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del vencimiento en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o periodo gravable al que se refiera la liquidación oficial”.

En consecuencia, en este caso, procede el cobro de intereses de mora en los términos dispuestos en el acto demandado, puesto que legalmente se causaron sobre el impuesto determinado a la actora en la liquidación de aforo de que da cuenta la Resolución DDI010561 y/o 2010EE62294 de 1º de marzo de 2010. Nada dirá la Sala sobre el término en que se causaron los intereses de mora, según dicha resolución porque precisamente este aspecto hace parte del acto acusado cuya legalidad defiende el apelante (demandado), y, por ende, mal podía ser objetado por este.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada, pues era procedente la liquidación de aforo practicada a la actora por los años gravables 2004 a 2007. En su lugar, se niegan las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(13) Ver sentencias C-538 de 2002 y C-035 de 2009.

(14) Sentencia del 7 de septiembre de 2001, Expediente 11813, C. P. Germán Ayala Mantilla.

(15) Expediente 12646, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(16) La sentencia de 12 de junio de 2002, Expediente 12646, ha sido reiterada, entre otros, en fallos de 6 de diciembre de 2006, Expediente 15628, C. P. Ligia López Díaz; de 26 de julio de 2007, Expediente 14317, C. P. Héctor J. Romero Díaz; y 28 de agosto de 2013, Expediente 19140, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(17) Que modificó el artículo 30 del Acuerdo 1 de 1998. La misma previsión trae el artículo 30 del Decreto Distrital 959 de 2000.

(18) Hoy Secretaría de Ambiente Distrital.

(19) Folios 31 a 36 c. p.

(20) Folios 51 a 71 c. p.

(21) Folio 70 c. p.

(22) Expedido por la subdirección jurídica tributaria de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital.

(23) Expediente 19140, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(24) Sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 19140.

(25) Ibídem.

(26) El parágrafo del artículo 16 de las resoluciones en mención señala lo siguiente:

“Los contribuyentes del impuesto de publicidad exterior visual, que coloquen vallas sin autorización del DAMA, deberán presentar la declaración y pagar ante la Dirección Distrital de Tesorería, dentro del término de los (10) diez días hábiles siguientes a la colocación o instalación de la valla” (destaca la Sala).

(27) Ibídem.

(28) Ibídem.

(29) El artículo 10 del Acuerdo 111 de 2003, dispone que “El Departamento Administrativo de Medio Ambiente, DAMA, deberá remitir mensualmente a la Secretaría de Hacienda Distrital la información relativa a los registros autorizados para la colocación de vallas.

(30) Al respecto, la Sala ha precisado que es procedente plantear “argumentos nuevos o mejores argumentos” en la vía judicial, ya que no existe limitación para que dichos argumentos puedan aducirse como causal de nulidad de los actos administrativos. Lo que está vedado es conocer “hechos nuevos” planteados en la demanda, respecto de los cuales la administración no haya tenido la oportunidad de controvertirlos en la vía gubernativa, puesto que debe haber identidad entre el asunto que fue objeto de revisión por la administración y el que se somete a sede judicial. (Entre otras, ver sentencias de feb. 23/96, Exp. 7262, C. P. Delio Gómez Leyva; de oct. 20/2000, Exp. 10665, C. P. Daniel Manrique Guzmán; de sep. 18/2002, Exp. 13023, C. P. Ligia López Díaz; de mar. 17/2005, Exp. 14113, C. P. María Inés Ortiz Barbosa).

(31) Folio 66 c. p.

(32) “Por medio de la cual se adopta el formulario oficial para la declaración y pago del impuesto a la publicidad exterior visual”.

(33) Folio 70 c. p.

(34) Artículo 90 del Decreto Distrital 807 de 1993.