Sentencia 2010-00208 de noviembre 6 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 270011102000201000208 01 2851F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta Nº 93 de la misma fecha

Bogotá, D. C., seis de noviembre de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo previsto por el artículo 256 numeral 3° de la Constitución Política, el artículo 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996, y su parágrafo, el cual indica:

4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

PAR. 1º—Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados.

2. Aspectos generales.

Establecida la competencia para conocer el presente asunto, asume la Sala el estudio de la providencia expedida el 19 de junio de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó, en la cual sancionó al doctor Ricardo Anzola Escobar, en calidad de Juez Primero Promiscuo Municipal de Istmina Chocó, con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber previsto en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 124, 179, 180 y 184 del Código de Procedimiento Civil incurriendo a título de culpa en una conducta calificada como grave.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio —según el cual— la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución —para el caso— de una función jurisdiccional.

Así las cosas bajo la perspectiva de dicha relación, se pretende que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones y es por ello que en desarrollo de la lógica propia del derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo desconocimiento o incumplimiento, trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado al servidor judicial, no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen acatamiento incompleto y/o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan en el ordinario desempeño de sus tareas, es así como el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este Código”.


Bajo las anteriores precisiones de orden conceptual, resulta —en consecuencia— imperioso analizar si en su actuar funcional, el Juez inculpado incurrió en las conductas por las cuales se le corrió pliego de cargos y mereció reproche disciplinario por parte del a quo en la providencia que es objeto de estudio de la Sala en grado jurisdiccional de consulta.

En efecto, obrar de conformidad con la normatividad vigente, constituye un deber funcional en cuanto hace relación con “cumplir” la Constitución, la Ley y los reglamentos, para lo cual el operador judicial debe colocar especial cuidado a los preceptos que regulan cada una de las actuaciones tanto jurisdiccionales, como administrativas que corresponde desarrollar en el ejercicio de su cargo y mediante su cumplimiento dignificar la administración de justicia.

En efecto, es bajo estos parámetros de orden constitucional y legal a partir de los cuales la Sala entra a analizar el caso concreto y así determinar si el juez cuestionado, incurrió en desconocimiento de las funciones constitucionales encomendadas desbordando el marco normativo que regula sus competencias.


3. Análisis del caso concreto.

Sea lo primero señalar que al doctor Ricardo Anzola Escobar, se le ha endilgado responsabilidad disciplinaria por su actuar como juez, en el proceso ejecutivo singular de menor cuantía radicado con el número 2007-00074, siendo demandante Jorge Luis Perea Velásquez en contra de Francisco Edwin Mosquera.

Obra en el plenario el acta de inspección judicial al mencionado radicado y en ella se observan los siguientes aspectos:

1. El proceso ejecutivo se adelantó a efectos de obtener el pago de la suma de $8.379.000, reconocidos en letra de cambio.

2. El 9 de abril de 2007, se libró mandamiento de pago por vía ejecutiva a favor del señor Jorge Luis Perea Velásquez y en contra del señor Francisco Edwin Mosquera, por la suma de $8.379.000, más los intereses bancarios desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta que se verificara su pago total.

3. Con memorial del 23 de septiembre de 2009, el demandante solicitó al juez de conocimiento profiriera sentencia dentro del proceso, ya que se encontraban agotadas las etapas procesales.

4. El 11 de diciembre de 2009, a través la Magistrada de la Sala Administrativa de este Consejo Seccional de la Judicatura, se solicitó en préstamo el expediente.

5. La Sala Administrativa de este Consejo Seccional de la Judicatura, dentro de la vigilancia judicial administrativa Nº 2009-00043 expidió la Resolución V 613-02 del 17 de marzo de 2010.

6. El 17 de septiembre de 2010, con auto de sustanciación Nº 729 de la misma fecha, el juez disciplinado, aceptó la renuncia al poder y ordenó comunicar del mismo al demandado para que designara nuevo defensor.


7. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, dentro de la vigilancia judicial administrativa Nº 2010-00014, expidió la Resolución V681-02 del 15 de septiembre de 2010, ante la cual el disciplinado interpuso, recurso de reposición; mediante la Resolución V-698-02 del 13 de octubre de 2010, se repuso parcialmente la Resolución V-681-02 del 15 de septiembre de 2010.

En el expediente inspeccionado se observa que estando el disciplinado a cargo del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Istmina Chocó y como director del proceso Nº 2007-00074, con auto de sustanciación Nº 272 del 23 de mayo de 2008, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones de conclusión, y con informe secretarial pasó al despacho para decidir el 26 de agosto de 2008. Y solamente con auto de sustanciación Nº 270 del 6 de abril de 2010, decidió, decretando la nulidad del auto que ordenó correr traslado a las partes para que alegaran de conclusión, según el a quo, a efecto de dar cumplimiento a la Resolución V-613-02 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó.

Ahora bien dentro de las pruebas analizadas por el a quo, se analiza, la explicación del disciplinado, frente a la mora registrada, en los siguientes términos:

“ (...) ante el cúmulo de trabajo de que es objeto este despacho, por ser de los denominados promiscuos donde se ventilan procesos penales Ley 600, civiles, tutelas, pruebas anticipadas, despachos comisorios de los diferentes Estrados judiciales del país y, a partir del primero (1°) de enero de 2008 audiencias de control de garantías de la mayoría de los municipios que integran el circuito judicial de Istmina y como juez de conocimiento Ley 906, hace imposible ceñirse a los términos, en todos los casos que se ventilan para atenderla demanda que exige el conglomerado social”.

Esta corporación, de tiempo atrás ha establecido mecanismos para atenuar el rigor de los términos procesales, frente al cúmulo de trabajo a cargo de los jueces y todo ello frente al deber funcional previsto en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.


En el presente caso, adicional al examen fáctico y probatorio efectuado por el a quo, se examinan las estadísticas del inculpado, durante el lapso de la mora que se le atribuye.

En dicho análisis el a quo califica como no alta y compara los resultados de producción con algunos despachos judiciales de Quibdó, para afirmar que la carga laboral del inculpado, no constituye ni la tercera parte de la carga laboral de tales despachos.

Y se pregunta, ¿hasta qué punto la producción reportada, excusa o justifica, el hecho que un proceso ejecutivo, cuya última actuación se produjo en el año 2008, solo tenga decisión de impulso decretando la nulidad de la actuación en 2010? y se responde que dicha situación es inexcusable, sin ninguna otra argumentación.

Debe señalarse que el a quo, señala que solo hasta cuando se dan las solicitudes y requerimientos de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, es que el funcionario judicial procede a decretar la nulidad.

Sin embargo yerra el a quo en el examen de las estadísticas que el mismo registra, en el siguiente orden:

Producción 2008

Periodo
Sentencias ordinariasSentencias
Interlocutorios

Total
Días laborados
Producción
de tutela
Jul.1215568641.6
Oct.1506883541.5
Producción 2009
Ene. –35072107551.9
Abr.- Jun.2002343550.78
Jul.- Sep.1105667601.01
Oct. -3504681491.6
Producción 2010
Ene. –1656081531.5
Abr.- Jun.2354775601.25
Jul. - Sep.000   
Oct. – Dic.1003444520.8

se excluyeron festivos, vacancias judiciales y permisos del funcionario

Totales hasta diciembre de 20106495021,29282869
Totales hasta junio de 20106054501,34444444

Efectivamente si la mora fue entre el 26 de agosto de 2008, y el 6 de abril de 2010, se deben contar los reportes estadísticos, desde el tercer trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2010, y el resultado es de 1,344 expedientes fallados por día; es más tomando el acogido por el a quo desde el tercer trimestre de 2008 hasta el cuarto trimestre de 2010, el resultado es 1,292 expedientes fallados por día, lo que está conforme con los estándares de productividad que ha señalado esta corporación.

La consideración del a quo, respecto a si esta producción es alta o no, tiene claramente un carácter subjetivo, y también la tiene la comparación de la productividad de un juzgado de Istmina con uno de Quibdó. Lo objetivo y probado es que sumados los días laborados, y las decisiones de fondo proferidas por el juez durante el mismo lapso, se espera que la producción sea mayor a uno.

Hay que señalar que en uno y otro caso, las apreciaciones subjetivas, van en desmedro, del examen que debe hacerse de un juez, frente a su entorno y frente a su carga laboral, en donde decidir de fondo por día laboral, al menos uno de los expedientes a cargo, es el mínimo de lo esperable, frente a las condiciones humanas y profesionales que enfrentan a diario los jueces de la República.

Por ello, esta corporación en forma pacífica ha sostenido que el estándar mínimo es el de un fallo diario, como lo cita el a quo en su providencia, aspecto que tiene soporte en la jurisprudencia constitucional respecto a la congestión judicial y al cúmulo de expedientes a cargo de los jueces de la República.

Ello, no es una salvaguarda para la mora, pero si lo es frente al hecho que la congestión judicial, que es estructural y que requiere de la intervención de distintas autoridades, no puede convertirse per se en falta disciplinaria, contra los jueces de la República, y menos aún como en el presente caso, en el que el Juez de Istmina Chocó, produjo durante el lapso de la presunta mora, 1,344 fallos al día.

Si bien el a quo cita la jurisprudencia de esta corporación sobre las estadísticas y la productividad mayor de uno, se aparta de tales antecedentes, subjetivamente aclarando que no la considera alta y no es comparable con otros municipios del Chocó, alegando, para citar solo un aparte: cuando solo tenía para el mes de diciembre de 2008, 643 procesos civiles”.

En este punto debe señalarse que el criterio de producción adoptado por la corporación es garantista para el juez, porque más allá que el a quo, considere entre otros, que 643 procesos civiles es poco, y se desconozca que a diciembre de 2009, el volumen era ya de 243 procesos, esa apreciación subjetiva, no impide vislumbrar los resultados y la productividad, del juez de 1,344 fallos diarios.

La congestión judicial, efectivamente va en desmedro de una justicia pronta y efectiva y ello, sin duda afecta al quejoso y es motivo de preocupación para todas las autoridades, sin embargo, la misma no puede ser catalogada como falta disciplinaria, sancionable a menos que la productividad del juez este por debajo de los indicadores ya mencionados.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 19 de junio de 2013 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, por medio de la cual se impuso sanción de suspensión de un mes en el ejercicio del cargo, al doctor Ricardo Anzola Escobar, en su condición de Juez Primero Promiscuo Municipal de Istmina,para la época de los hechos, tras hallarlo responsable de haber transgredido el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 124, 179, 180 y 184 del Código de Procedimiento Civil, conducta calificada como grave a título de culpa. Para en su lugar ABSOLVER, al doctor Ricardo Anzola Escobar, en su condición de Juez Primero Promiscuo Municipal, para la época de los hechos, de los cargos endilgados, con fundamento en las consideraciones expuestas en este proveído.

2. Una vez realizadas las notificaciones correspondientes, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».