Sentencia 2010-00209 de septiembre 16 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 410011102000201000209 01 / 2732 A

Aprobado según Acta 71 de la misma fecha

Magistrada Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir el presente recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, del Carta Política y 112, de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia).

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, al definir la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

3. Del caso concreto.

Con fundamento en la competencia mencionada, procederá la Sala a hacer su pronunciamiento sobre la base de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del a quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por el interesado; no sin antes plasmar que de la revisión del asunto se observa el pleno acatamiento por parte del a quo de los postulados que rigen la actuación en claro respeto por los derechos fundamentales del disciplinado.

Así las cosas, la Sala se ocupará de cada uno de los argumentos expuestos por el sancionado, doctor Duber Antonio Sánchez Jiménez, así:

3.1. Aseguró el profesional que el a quo no apreció los testimonios de los señores Luis Alfonso Charry Díaz y Felipe Salazar Gaitán e incluso la manifestación de la misma quejosa, con los que se probó que la señora Beatriz Rojas entregó el dinero de manera voluntaria para realizar un acuerdo de pago, siendo esta quien impidió concretarlo debido a su reiterado incumplimiento, por tanto no era lógico que se le exigiera a él pagar la deuda, cuando actuó como un simple custodio del dinero.

Bien, la falta imputada al abogado Sánchez Jiménez hace referencia a “No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

En este caso concreto, al disciplinado se le formuló cargos por estar incurso en el incumplimiento del deber consagrado en el artículo 28 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, que a la letra reza:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (...).

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago”.

Al incumplir este deber, el abogado incurre en la falta a la honradez, descrita en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007, por no entregar a la menor brevedad posible los documentos recibidos de su cliente en virtud de la gestión profesional, por cuanto no llegó a un acuerdo con la parte demandante de la quejosa, no consignó el dinero por cuenta del proceso ejecutivo ni lo devolvió a su clienta.

Al punto véase que los argumentos traídos a colación por el profesional, no desvirtúan la existencia de la conducta, su autoría y responsabilidad sobre la misma; lo anterior, por cuanto los testimonios referenciados no demuestran porque sí recibió la suma de $ 7.000.000 en marzo de 2007 es solo hasta febrero de 2010 que lo consignó por cuenta del proceso ejecutivo 2006 - 363 de María Eugenia Pascuas contra Beatriz Rojas Charry que cursaba en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva.

Y es que el poder suscrito entre la quejosa, Beatriz Rojas Charry, Hilda Rojas de García y el abogado Duber Antonio Sánchez Jiménez, dice concretamente “para que nos represente en el proceso ejecutivo singular de menor cuantía que en contra nuestra se adelanta en su despacho”.

“Mi apoderado queda facultado especialmente para contestar la demanda, proponer excepciones y descorrerlas, transigir, recibir, sustituir, renunciar, reasumir este poder, conciliar, notificarse y formular recursos, presentar objeciones, además de todas las facultades que le confiere el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil y la ley para la adecuada defensa de mis intereses”.

Así las cosas, no encuentra hasta el momento esta Sala Superior una razón atendible que justifique porque —según la versión del togado— la quejosa lo buscó como “custodio” de su dinero, para que lo tuviera por un lapso de casi tres años en su poder sin realizar movimiento alguno, situación que se sale de toda lógica, pues contrario a ello, la señora Beatriz Rojas pudo conservarlo, consignarlo en un banco, prestarlo a interés a fin de obtener rendimientos, gastarlo o invertirlo.

Y es que lo racional es pensar que si lo entregó a su abogado, a quien contrató para que ejerciera su defensa al interior de un proceso ejecutivo que se seguía en su contra, era para que con este, de alguna manera el letrado buscara formulas de arreglo, una transacción extrajudicial, la redención de intereses, la condonación de una parte de la deuda, un acuerdo procesal, o cualquier otra figura que les permitiera lograr el levantamiento de las medidas cautelares, si era jurídicamente viable, o al menos que la acreencia no continuara robusteciéndose —como en efecto ocurrió—, en un evidente detrimento patrimonial de los intereses de sus clientes.

Diferente habría sido la suerte de la quejosa si el litigante en forma inmediata hubiere logrado concretar el acuerdo procesal, extraprocesal o la consignación de los $ 7.000.000 de pesos para marzo de 2007, consignación que desde luego influiría en la liquidación del crédito final.

Ahora, si bien es cierto que en la relación poderdante apoderado, es el mandatario quien tiene la capacidad de disponer de su derecho, lo cierto es que evidentemente al ser iletrado en el asunto, contrata los servicios profesionales de quien debe brindarle la mejor asesoría para llegar al resultado esperado o por lo menos al mejor final que se pudiere obtener en determinadas circunstancias.

Por otra parte, es pertinente aclarar que lo que aquí se reprocha no es que el abogado Duber Antonio Sánchez Jiménez recibiera el dinero —entregado de forma voluntaria— sino que no haya dado a este el mejor uso posible en pro de beneficiar los intereses de sus clientes, desde luego conforme a las indicaciones y destinación que estas señalaran, y es que no puede en este momento ser atendible la manifestación del profesional de que la quejosa solo hasta marzo de 2010 le dio la instrucción de consignar dicha cantidad al juzgado, cuando él como su asesor debió manifestarle la inconveniencia de mantener inmóvil el dinero por casi tres años.

Deviene claramente de lo anterior, que para la Sala los argumentos expuestos por el abogado sancionado, no tienen la capacidad de resquebrajar el fallo atacado en cuanto a la certeza de la autoría y responsabilidad en cabeza del doctor Duber Antonio Sánchez Jiménez de la infracción al deber descrito en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

3.2. En cuanto a la segunda falta endilgada, manifestó que se había probado que no existió negligencia de su parte y que fue por culpa de la quejosa que no se logró finiquitar el asunto, del que estuvo pendiente por cinco largos años, contestando la demanda, agotando las pruebas, presentando alegatos y apelando (faltando tan solo el pago de la expensa que correspondía a su cliente), realizando además la objeción del crédito pero para esta fecha la poderdante ya había conseguido otro abogado.

Para mayor claridad, vale la pena recordar que la falta imputada al abogado describe una conducta que atenta contra la celosa diligencia de los encargos profesionales (bien jurídico tutelado), agrega un elemento al tipo normativo disciplinario que es la falta de justificación, como se avizora en el caso que se estudia, cuando sin razón atendible, el togado dejó vencer el término de traslado de la liquidación del crédito que no aplicó el abono de los $ 7.000.000, dejando igualmente fenecer el plazo para presentar el recurso de alzada.

Tal elemento de carácter normativo, determina si la conducta desplegada por el agente es típica o atípica, circunstancia que muy pocas veces sucede en el ordenamiento sancionatorio, pues el catálogo punitivo solo se dedica a describir una conducta (tipicidad) y así mismo establece las causales excluyentes de responsabilidad, lo cual no ocurre en las faltas descritas en el artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, pues este elemento estructural implica que si verbi gratia, un abogado deja de hacer las diligencias propias de su actuar profesional, para que la falta sea típica requiere, como se reitera, que en el actuar de la conducta reprochada no confluya justificación alguna, como se evidencia en este caso.

En las condiciones analizadas, de manera lógica y razonable deviene el fundamento del reproche disciplinario irrogado al procesado, al alejarse por completo de los principios orientadores del ejercicio de la profesión de abogado y de la principal función asignada, como lo es la de colaborar efectivamente en la materialización de los derechos de su representada, actividad que comporta la exigencia de máxima diligencia, cuidado y dedicación, evitando en todo caso que se originen consecuencias desfavorables, es acertado y por tanto habrá de confirmarse la sentencia apelada, pues conforme al poder otorgado era su obligación interponer los recursos necesarios para la debida defensa de sus clientes, sin que sea de recibo el no pago de las expensas por parte de su cliente, la quejosa Beatriz Rojas, cuando lo que se observa es que mediante auto del 14 de abril de 2010 se dio traslado de la liquidación, el cual venció en silenció según se dejó sentado en proveído del 23 del mismo mes y año, promoviendo el recurso tan solo hasta el 3 de mayo, cuando el término ya había vencido.

Corolario de lo expuesto hasta este momento, es que la Sala procederá a confirmar en su integridad la sentencia apelada en tanto ninguna de las líneas argumentales expuestas por el apelante encuentra eco en esta superioridad para revocar la sanción impuesta por el a quo, mediante sentencia proferida el 28 de septiembre de 2012, la que se encuentra ajustada a los parámetros señalados en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 y acorde a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad incluidos en el artículo 13 ibídem.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 28 de septiembre de 2012 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante la cual sancionó con suspensión por el término de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Duber Antonio Sánchez Jiménez, como responsable disciplinariamente de la infracción a los artículos 35, numeral 4º, y 37, numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes dentro del proceso, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».