Sentencia 2010-00215/50188 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad. 19001-23-31-000-2010-00215-01 (50.188)

Actor: H. J. I. A. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1. Prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. Competencia de la Sala; 3. Ejercicio oportuno de la acción; 4. Valoración probatoria; 5. Hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado; 6. Caso concreto y 7. Procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor H. J. l. A., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(19).

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 18 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cauca, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso(20).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(21).

Se observa que mediante sentencia del 16 de junio de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán (Cauca) absolvió de responsabilidad penal al señor H. J. l. A. por el delito de secuestro extorsivo agravado y lo condenó por el ilícito de violación de habitación ajena por servidor público(22), decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán el 13 de octubre de 2009(23).

En ese sentido, se impone concluir que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista para ello —9 de julio de 2010(24)—, máxime si se tiene en cuenta que el recurso extraordinario de casación que presentó uno de los procesados quedó ejecutoriado el 9 de marzo de 2011(25).

4. Hechos probados.

Una vez analizado el material probatorio allegado al expediente, la Sala encuentra acreditado que, en virtud de la orden de captura 0582549, el 4 enero de 2005, miembros del CTI aprehendieron al señor H. J. I. A., por su supuesta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado(26), habida cuenta de que cuando allanó, junto a cuatro personas más, la vivienda del señor A. N. C., le exigieron la suma de $ 35.000.000 y afectaron la libertad de su hijo para garantizar el cumplimiento de dicha obligación.

Como consecuencia de lo anterior, mediante proveído del 11 de enero de 2005, la Fiscalía Segunda Especializada de Popayán (Cauca) resolvió la situación jurídica del señor l. A. y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por considerarlo coautor del delito de secuestro extorsivo agravado(27).

En criterio del Fiscal de la causa, la denuncia penal(28), el informe presentado por el jefe del CTI(29) y los testimonios de dos ciudadanos permitían inferir su participación en la comisión del delito imputado, razón por la cual consideró que se cumplían las condiciones para imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva, en atención a la gravedad y a la modalidad de la conducta.

El 23 de junio de 2005, la Fiscalía Segunda Especializada de Popayán (Cauca) calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del señor H. J. l. A., por considerarlo coautor del ilícito de secuestro extorsivo agravado en concurso con el de violación de habitación ajena por servidor público(30).

Del mencionado documento se destaca que, con las pruebas sobrevinientes, el Fiscal logró evidenciar que los agentes de policía, entre ellos, el señor l. A., realizaron un allanamiento en un territorio que no era de su competencia y sin contar con una orden judicial.

En la siguiente etapa del proceso, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán (Cauca), a través de sentencia del 16 de junio de 2008, absolvió de responsabilidad penal al señor H. J. l. A. por el delito de secuestro extorsivo agravado y, a su vez, lo condenó por el ilícito de violación de habitación ajena por servidor público, con fundamento en las consideraciones que a continuación se trascriben, incluyendo los posibles errores:

“En cuanto al comportamiento de H. J. I. A. … se considera que los elementos de juicio arrimados a la plenaria, si bien fundamentaron una calificación provisional, lo cierto es que efectuado un análisis del material probatorio allegado a la plenaria hasta la presente, no alcanzan a edificar un fallo de condena en contra del citado procesado, en relación con la conducta punible de secuestro extorsivo agravado, pues no se colman las exigencias previstas en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal.

“… la vinculación del procesado H. J. I. A. a la instructiva se origina a partir del reconocimiento e identificación de que fue objeto por parte de los residentes de la casa visitada, como partícipe del operativo efectuado en ese lugar, cuyo epílogo fue el plagio del hijo del dueño de la casa. De acuerdo con esta imputación, la versión del implicado confirma su acompañamiento a la diligencia practicada la fecha de autos en la casa de los N. C., ello obedeciendo el requerimiento que le hiciera su compañero de trabajo M. E. A. P., quien le comentó sobre el objeto del operativo, referido a la incautación de unos líquidos para el procesamiento ilegal de papel moneda, que su actuación estuvo dirigida a la requisa de la parte baja de esa edificación en donde no encontró nada y que verificando esto salió inmediatamente a la calle dirigiéndose hasta la patrulla que estaba estacionada en la parte de afuera, en donde esperó a su compañero de labor, quien regresó instantes después y luego se regresaron a su sitio de trabajo para entregar el turno.

“La acción de H. J. I. A. en la forma anotada, es avalada por las demás personas que estuvieron presentes en el procedimiento sucedido en esa ocasión, tal como lo refieren los mismos perjudicados, como sus compañeros de diligencia … no se vislumbra circunstancia que lo relacione con los demás partícipes o al menos, a simple vista, no se establece su directa vinculación con estos, pues no se ven actitudes de encubrimiento o mentira sobre lo ocurrido … no se sabe a ciencia cierta si su participación obedeció a un plan acordado y si su proceder restringido en la forma como lo establece la plenaria, respondió a un desconocimiento total de lo que estaba sucediendo o a una manera tardía de mostrar su no compromiso o ajenidad a los hechos de los cuales participaba, pero que desafortunadamente en uno u otro aspecto no encuentran demostración dentro del plenario, todo lo cual hace emerger la duda, que beneficia al procesado I. A. y que comporta una decisión absolutoria en su favor por la conducta de secuestro extorsivo.

En relación con la conducta de violación de habitación ajena por servidor público, el informativo predica en forma clara el acontecimiento de esa ilicitud por parte de los procesados M. E. A. P. y H. J. I. A., quienes en su condición de agentes de Policía … realizaron un operativo con un supuesto propósito judicial de descubrimiento de una ilicitud, lo cual resultó irregular, pues por una parte el sustento fáctico del que estaba precedido esa acción, no consultaba la realidad de lo que aparentemente se iba a descubrir, pues todo ello partía de un plan preconcebido.

“(…).

“… ellos no ejercían funciones de policía judicial … Es claro que … su proceder resulta abiertamente ilegal, pues el punible que se analiza consiste en introducirse o penetrar en habitación ajena en forma arbitraria o engañosa, es decir, sin soporte o justificación legal y aquí se valieron de su condición de uniformados y sin ninguna orden judicial, pero a la vez prevalidos de un ardid planeado, lo cual los coloca en el comportamiento engañoso de que habla la norma. En casos como el presente, las normas adjetivas han previsto que la policía judicial, calidad que ellos no tenían, debe solicitar previamente autorización al respectivo funcionario judicial para llevar a cabo dicho allanamiento. Además se debe anotar que los policiales en referencia se encontraban por fuera de su jurisdicción territorial porque el barrio donde se encontraba el inmueble no pertenece al radio de acción asignado para cumplir sus funciones… adicional a lo anterior, se debe decir que los policiales acusados penetraron a la residencia sin contar con la autorización de los dueños de casa.

“(…).

“La actuación nos detalla que los acusados … H. J. I. A. son personas plenamente capaces … fueron conscientes que su actuación vulneraba unas normas de convivencia, pudieron actuar de manera diferente a lo que aparece demostrado en el proceso, sin embargo, de manera voluntaria, consiente y conociendo las consecuencias jurídicas de su actuar ilícito, llevaron a cabo una acción que privaba de la libertad a un ciudadano y trasgredía el derecho de inviolabilidad de habitación ajena lo que genera el reproche del Estado en contra de los procesados, al no actuar conforme a derecho.

“(…).

“RESUELVE:

“(…).

3. Condenar a H. J. I.A., de condiciones civiles y personales conocidas en autos, como coautor penalmente responsable del ilícito de violación de habitación ajena por servidor público… a las siguientes penas:

“a) Principales: Multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de este pronunciamiento y la pérdida del empleo que desempeñaba como agente de la policía.

“b) Accesoria: Inhabilitación para ejercer cualquier cargo público u oficial por un período de cinco (5) años.

“(…).

5. Absolver a H. J. I. A., de condiciones civiles y personales conocidas en autos, de la conducta punible de secuestro extorsivo agravado.

6. Decretar la libertad provisional de H. J. I. A., para lo cual deberá suscribir diligencia de compromiso y garantizar las obligaciones con caución prendaria equivalente a cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) … la libertad provisional se tendrá como definitiva al quedar en firme este fallo(31) (32) (se destaca).

La anterior decisión fue confirmada de manera integral por el juez ad quem(33).

5. El hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado(34).

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, advierte la Sala que, en principio, la controversia se enmarca en un evento de privación injusta de la libertad, toda vez que se absolvió al aquí demandante del delito de secuestro extorsivo agravado, en tanto que no se desvirtuó la presunción de inocencia que lo cobijaba antes, durante y después del proceso penal adelantado en su contra.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las particularidades del caso, esto es, que fue condenado por el ilícito de violación de habitación ajena por servidor público, la Sala entrará a analizar si en el presente asunto se configuró o no la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo de la víctima.

La jurisprudencia reiterada de la Sala ha sostenido que, para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquel tuvo o no injerencia y en qué medida, en la producción del daño . Así lo ha entendido esta Corporación(35):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil’”(36) (se destaca).

En lo que toca con la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

En consonancia con lo anterior, para caracterizar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(37) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(38), de los cuales se extrae que el primero se corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Bajo ese panorama, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privara de su libertad.

6. Caso concreto.

Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que el artículo 28 de la Constitución Política y el artículo 3º de la Ley 600 del 2000 disponen que “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley” (se destaca).

De igual manera, el artículo 294 de la Ley 600 del 2000, consagra lo siguiente:

“ART. 294.—Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos con los que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario judicial ordenará en providencia motivada el allanamiento y registro” (se destaca).

De conformidad con lo anterior, se observa que si bien el señor H. J. I. A. allanó la vivienda del señor A. N. C., debido a que tenía información que en dicho inmueble se almacenaban sustancias ilícitas, lo cierto es que para el momento en el que se produjo el referido operativo, la Fiscalía General de la Nación no había iniciado una investigación en su contra y, por ende, no había expedido ninguna orden de registro y allanamiento al respecto, razón por la cual el ahora demandante no podía ingresar al inmueble del señor N. C.

En efecto, el aquí actor, valiéndose de su investidura policial, facilitó que otro uniformado y tres particulares más ingresaran a la vivienda del señor N. C., para revisar si en dicho inmueble se almacenaban sustancias ilícitas, no obstante, debido a que no encontraron tales elementos, exigieron al señor A. N. la suma de $ 35.000.000 y, para garantizar dicho pago, retuvieron a su hijo.

Nótese que si el señor H. J. l. A. no hubiese irrumpido de manera irregular —sin orden de autoridad judicial competente— la vivienda del señor N. C., tanto el secuestro como la extorsión no se hubieren materializado, toda vez que si bien aquel no participó en dicho ilícito, lo cierto es que su conducta llegó a tal punto de servir de enlace entre las víctimas y los delincuentes.

Por otro lado, el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos —Ley 600 del 2000—, señala qué servidores públicos ejercen funciones de policía judicial:

“ART. 312.—Realizan funciones permanentes de policía judicial:

“1. La policía judicial de la Policía Nacional.

“2. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y todos sus servidores públicos que desempeñen funciones judiciales siempre y cuando guarden relación con la naturaleza de su función.

“(…).

“5. Los directores nacional y regional del lnpec, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme a lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario” (se destaca).

De conformidad con lo anterior y en atención a la información contenida en la providencia del 23 de junio de 2005 —calificó el mérito del sumario—, el señor H. l. A. no tenía competencia para allanar la vivienda del señor A. N. C., ya que: i) no se encontraba investido de las funciones de policía judicial, puesto que, para la época de ocurrencia de los hechos, aquel se desempeñaba como patrullero del CAI del barrio “El xxx” de Popayán (Cauca)(39) y ii) realizó dicho procedimiento en una zona que no era de su competencia territorial, esto es, en el barrio “xxx”.

Así las cosas, resulta claro que el comportamiento del señor H. J. l. A. fue doloso; de ahí que fue su actuación igualmente irregular la que ocasionó su vinculación a un proceso penal.

Las anteriores circunstancias permiten concluir que la actuación del señor H. J. l. A. fue la causa eficiente en la producción del daño, pues, a pesar de que el referido actor fue exonerado de responsabilidad penal por el delito de secuestro extorsivo agravado, las decisiones que adoptó la Fiscalía General de la Nación —que condujeron a la privación de su libertad— se encuentran justificadas por su comportamiento irregular, tan es así, que fue condenado por el ilícito de violación de habitación ajena por servidor público. Ello quiere decir que las medidas restrictivas de la libertad impuestas al demandante resultan imputables a su propia actuación, circunstancia que exonera de responsabilidad al Estado.

Así las cosas, hechas las anteriores precisiones, forzoso resulta concluir que el proceder activo de la víctima determinó que la misma debiera asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, por lo cual la Sala confirmará la decisión de primera instancia.

7. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

19 En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido los siguientes fallos: sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, exp. 23507, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 23 de febrero de 2012, exp. 18418, M.P. Mauricio Fajardo Gómez y, más recientemente, sentencias del 23 de noviembre de 2016, exp. 45525; 14 de septiembre de 2016, exp. 43874 y del24 de octubre de 2016, exp. 43159, entre muchas otras providencias.

20 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, Actor: Luz Elena Muñoz y otros.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, exp. 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 Folios 13-62 del cuaderno 1.

23 Folios 63-80 del cuaderno 1.

24 Folio 94 del cuaderno 1.

25 Se advierte que en el proceso penal que dentro del proceso penal uno de los procesados presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia, impugnación que se presentó en vigencia de la Ley 600 de 2000, folios 126-142 del cuaderno de pruebas 8.

26 A folio 524 del cuaderno de pruebas 3, reposa el acta de derechos del capturado suscrita por el señor H. J. l. A. el 4 de enero de 2005.

27 Folios 535-546 del cuaderno 3.

28 Folios 506-508 del cuaderno 3.

29 Folios 503-505 del cuaderno de pruebas 3.

30 Folios 733-750 del cuaderno de pruebas 4.

31 Folios 13-63 del cuaderno 1.

32 A folio 332 del cuaderno de pruebas 2, obra la boleta de libertad 18, mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán solicitó al director del centro carcelario San Isidro poner en libertad al señor H. J. l. A.

33 En ese proveído se concluyó “confirmar la sentencia proferida el 16 de junio de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán”.

34 En similares términos, consultar la sentencia del 9 de julio de 2014, exp. 38.438, M.P. Hernán Andrade Rincón y la sentencia de 11 de abril de 2012, exp. 23.513, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, exp. 38.438, M.P. Hernán Andrade Rincón.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005, exp. 15784, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

37 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17933; Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27414; Subsección C, sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 321268; Subsección C, sentencia de 25 de mayo de 2016, exp. 35033; Subsección A, sentencia de 27 de enero de 2016, exp. 39311.

38 “ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. // El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

39 A folio 566 del cuaderno 3, reposa la Resolución 256 del 30 de diciembre de 2004, en la cual el director general de la Policía Nacional consignó lo siguiente: “… retirar del servicio activo de la Policía Nacional … al personal del nivel ejecutivo que se relaciona a continuación … PT. I. A. H. J.”.