CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 2010-00217/19964 de agosto 30 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 250002327000201000217 01 (19964)

Consejera Ponente (E):

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: Industria Militar - Indumil

Demandado: Municipio de Soacha

Asunto: Impuesto de industria y comercio

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir si son nulas las resoluciones 27 del 9 de marzo de 2009, y su confirmatoria, la 70 del 29 de abril de 2010, proferidas por el director de impuestos del municipio de Soacha - Cundinamarca, que negaron la devolución del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros de los años gravables 2001 a 2004. Para ello, debe pronunciarse sobre: i) el silencio administrativo respecto del recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra el acto que negó la devolución y, ii) la procedencia de la devolución pedida por la actora, con ocasión de la sentencia que anuló los artículos 63 y 70 del Acuerdo 43 de 2000, expedido por el concejo del municipio demandado.

Asunto previo

La Sala observa que en el recurso de apelación, la entidad territorial demandada argumentó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducó, porque la solicitud de devolución hecha por la empresa demandante se fundó en las declaraciones con pago del impuesto de industria y comercio de los periodos en discusión, por lo que, desde el momento de su presentación hasta el de interposición de la demanda, transcurrió el término de cuatro meses previsto por la normativa aplicable.

Si bien el motivo de disenso señalado no fue puesto de presente por el municipio demandado en la contestación de la demanda, la Sala advierte que el término de caducidad de la acción no se cuenta desde la presentación de las declaraciones tributarias del contribuyente —que no son los actos administrativos cuya legalidad se discute—, sino desde la fecha en que fueron notificadas las resoluciones que resolvieron desfavorablemente la solicitud de devolución elevada por la actora, lo que, como se precisará en su oportunidad, ocurrió el 6 de mayo de 2010. En consecuencia, la demanda interpuesta el 3 de septiembre de 2010 es oportuna.

Silencio administrativo positivo

El demandante argumentó que operó el silencio administrativo positivo, porque la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra el acto administrativo que negó la devolución no fue notificada en el año siguiente a su interposición en debida forma.

El demandado, por su parte, afirmó que la resolución aludida se notificó dentro de dicho término, por cuenta de las diferentes diligencias administrativas adelantadas y de la notificación hecha a un funcionario de la oficina jurídica de la empresa demandante.

El artículo 370 del Acuerdo 43 de 2000, expedido por el Concejo del municipio de Soacha - Cundinamarca, dispuso que “... contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones y demás actos producidos por la administración tributaria municipal, procede el recurso de reconsideración el cual se someterá a lo regulado por los artículos 720, 722 a 725, 729 a 733 del estatuto tributario nacional”.

En ese contexto, el artículo 720 del estatuto tributario establece que contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la administración, procede el recurso de reconsideración, que deberá ser interpuesto dentro de los dos meses siguientes a la notificación de dichos actos.

Una vez presentado el recurso de reconsideración, con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 722 del mismo estatuto(26), la administración cuenta con un (1) año para resolverlo(27) y si transcurre dicho término sin que esta lo resuelva(28), se entenderá fallado a favor del recurrente, en atención al artículo 734 ibídem que establece:

“Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará” (se subraya).

Si bien esta última previsión no fue objeto de remisión por parte del acuerdo señalado, resulta aplicable por disposición del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, que ordena a los municipios aplicar “los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados”.

Para el caso de la notificación de los actos que resuelven recursos en materia fiscal, el inciso segundo del artículo 565 del E.T. estableció la notificación personal(29) como mecanismo de notificación preferente y, en el caso en que esta no pueda ser practicada, dispuso como mecanismo supletorio la notificación por edicto(30), al señalar:

“Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación” (se subraya).

Nótese que para surtir la notificación personal de las providencias que resuelven recursos, el artículo transcrito parte del envío de un aviso de citación al contribuyente para que este, directa o indirectamente(31), comparezca a la administración para notificarse personalmente de su contenido.

Por lo tanto, la administración debe enviar al contribuyente un aviso de citación para que este se acerque a notificarse del acto correspondiente y, si trascurren diez días hábiles desde la introducción en el correo del aviso señalado, sin que dicho contribuyente comparezca, la autoridad tributaria queda facultada para notificar el contenido de sus actos por edicto.

A partir de lo expuesto, en el expediente están probados los siguientes hechos:

• El 11 de diciembre de 2008, el contribuyente solicitó a la administración la devolución de los valores pagados por concepto del impuesto de industria y comercio de los años gravable 2001 a 2004, que fue negada por la Resolución 27 del 9 de marzo de 2009.

• Contra la anterior decisión, el 7 de mayo de 2009 el contribuyente interpuso recurso de reconsideración, que fue admitido mediante auto del 26 de mayo de 2009(32) y resuelto desfavorablemente por la Resolución 70 del 29 de abril de 2010.

• Mediante oficio del 4 de mayo de 2010(33), el director de impuestos del municipio informó al director de Indumil que el recurso de reconsideración contra el acto administrativo que negó la devolución, fue resuelto mediante la Resolución 70 de 2010.

• El 5 de mayo de 2010, el señor Jenaro Andrés Puerto Valencia compareció ante la administración y se notificó personalmente de la Resolución 70 de 2010(34), para lo cual allegó copia de la tarjeta profesional de abogado y de la cédula de ciudadanía. No allegó copia del poder que lo autorizaba para notificarse.

• El 6 de mayo de 2010, una funcionaria del municipio suscribió, junto con la jefe de la oficina jurídica de la empresa, y el funcionario de la misma, Jenaro Andrés Puerto Valencia, el acta de asistencia de la visita de notificación de la Resolución 70 de 2010(35), que no pudo ser practicada porque el gerente de Indumil se encontraba fuera de las instalaciones de la empresa.

En el acta, se dejó constancia de que “se radica en la fábrica de explosivos Antonio Ricaurte de la Industria Militar, Indumil, copia del oficio de mayo de 2010 y copia de la Resolución 70 de abril 29 de 2010 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración interpuesto por la Industria Militar, Empresa Industrial Comercial del Estado Indumil, contra la Resolución 27 de marzo 9 de 2009”.

• Mediante oficio del 7 de mayo de 2010, el jefe de impuestos del municipio informó al representante legal de Indumil que Jenaro Andrés Puerto Valencia se notificó de la Resolución 70 de 2010 y pidió que se allegue la copia del poder respectivo(36). En esa misma fecha, ese funcionario expidió el Oficio DI 7316-2010(37), en el que citó al representante legal de la demandante para comparecer “en el término de diez días contados a partir de la introducción al correo del presente aviso de citación, a fin de ser notificado” de la Resolución 70 del 29 de abril de 2010.

• El 18 de mayo de 2010, el representante legal de Indumil manifestó a la administración, que en ningún momento autorizó a Jenaro Andrés Puerto Valencia para notificarse de la citada Resolución 70 de 2010(38).

• En el acta de notificación del 21 de mayo de 2010, el municipio demandado dejó constancia de que el gerente de la entidad demandante compareció ante la administración para notificarse de la Resolución 70 de 2010, lo que no fue posible porque el acto administrativo se notificó a Jenaro Andrés Puerto; no obstante, entregó una copia de esa resolución señalada al gerente de la empresa actora. Lo anterior fue resaltado por el representante legal de Indumil mediante escrito del 24 de mayo de 2010(39).

• El 28 de mayo de 2010, el representante legal de Indumil solicitó la expedición de copias auténticas del acto que negó la devolución pedida, y de su confirmatorio que resolvió el recurso de reconsideración(40), lo que fue concedido por el municipio demandado el 9 de junio de 2010(41).

• El 10 de agosto de 2010(42), la actora pidió al municipio demandado reconocer que operó el silencio administrativo positivo, para que se declare que el recurso de reconsideración fue fallado a favor del contribuyente, lo que fue negado por la administración el 14 de septiembre de 2010(43). En el expediente no obran recursos contra esa decisión.

De los hechos señalados, la Sala observa que como el recurso de reconsideración se interpuso en debida forma el 7 de mayo de 2009, la administración tenía plazo para resolver y notificar la decisión hasta el 7 de mayo de 2010.

En el expediente está demostrado que el funcionario Jenaro Andrés Puerta y la jefe de la oficina jurídica de Indumil, la señora Nidia Padilla Valdés, recibieron copia de la Resolución 70 de 2010 en dos oportunidades, esto es, el 5 y 7 de mayo de 2010.

Si bien las argumentaciones de la empresa se dirigieron a cuestionar que el funcionario Jenaro Andrés Puerta no tenía el poder que lo facultaba para actuar a nombre de Indumil, lo cierto es que la actora nunca negó que recibió copia de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración en las oportunidades señaladas, ni que los sujetos referidos no formaran parte de su personal.

Tampoco discutió la veracidad del acta de notificación del 6 de mayo de 2010 o del acta de visita del 7 de mayo siguiente —sobre la que no se pronunció—, a pesar de estar suscrita por la jefe de la oficina jurídica de esa entidad que, según el manual de funciones de Indumil(44), está autorizada para “Representar judicial y extrajudicialmente, a través de sus abogados y por mandato de la gerencia general, a la Industria Militar en los procesos que contra ella se adelantan o se promuevan, atendiendo las demandas comerciales, civiles, laborales, penales y administrativas que se presenten y controlar e informar el curso de dichos procesos” (se subraya).

De igual forma, mediante el Oficio 01.027.033 del 18 de mayo de 2010, el representante legal aceptó tácitamente que un funcionario de la oficina jurídica de la empresa se notificó personalmente de la Resolución 70 de 2010, al señalar que “en ningún momento ha autorizado ni mucho menos delegado, mediante poder, al Dr. Jenaro Andrés Puerto Valencia, portador de la cédula de ciudadanía 79.757.864 de Bogotá y tarjeta profesional de abogado 160.564 del CSJ, para que acuda a esa dirección de impuestos a notificarse de la mencionada Resolución 70 del 29 de abril de 2010, “por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración interpuesto por la Industria Militar”.

Por lo anterior, la Sala considera que hay suficientes elementos de juicio para demostrar que el principio de publicidad se cumplió oportunamente respecto de la Resolución 70 del 29 de abril de 2010, pues son hechos probados, no controvertidos por la actora, que: i) el 6 de mayo de 2010 un funcionario de Indumil se notificó personalmente de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración; ii) el 7 de mayo siguiente, se entregó copia del acto referido al funcionario señalado y a la jefe de la oficina jurídica, que entre sus funciones tiene la de controlar e informar de los procesos que se adelantan contra la entidad y, iii) el representante legal aceptó tácitamente conocer que uno de sus funcionarios se notificó del acto administrativo mencionado.

Por consiguiente, en virtud del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas, no es de recibo que el contribuyente, alegando la falta de poder para notificarse de uno de sus funcionarios, pretenda desconocer que la empresa conoció de la existencia de la Resolución 70 del 29 de abril de 2010 el 6 de mayo de 2010, e invoque la ocurrencia del silencio administrativo positivo.

En consecuencia, a pesar de que la administración expidió la resolución que resolvió el recurso de reconsideración el 29 de abril de 2010, y envió el aviso de citación para notificación el 4 de mayo de ese año, lo que denota una falta de previsión de su parte porque el término para resolver referido incluye la notificación del acto administrativo, lo cierto es que de aceptarse la posición del contribuyente se desconocería que el fin último de la notificación, cual es poner en conocimiento del interesado el contenido de las decisiones que lo afectan, se cumplió el 6 de mayo de 2007, cuando un funcionario de la empresa se notificó de la Resolución 70 de 2010.

Procedencia de la devolución

La parte demandante pidió anular el acto administrativo que negó la devolución de las sumas pagadas por el contribuyente por concepto del impuesto de industria y comercio de los años 2001 a 2004, y que se ordene el reintegro de las mismas.

Para resolver el cargo formulado, en el proceso están demostrados los hechos que se indican a continuación:

• Mediante auto del 13 de octubre de 2005(45), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió los artículos 63 y 70 del Acuerdo 43 de 2000, que establecieron un “periodo gravable de causación y declarable bimestral” del impuesto de industria y comercio en el municipio de Soacha.

• La administración expidió el emplazamiento para declarar 21 del 24 de enero de 2006 y el emplazamiento previo por no declarar 259 del 24 de noviembre de ese año, en los que conminó al contribuyente a presentar y pagar las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los periodos en discusión.

• El 13 de diciembre de 2006, la entidad demandante presentó las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años 2001 a 2004.

• El 22 de diciembre de 2006, el Concejo municipal de Soacha expidió el Acuerdo 21, que modificó los artículos 63 y 70 del Acuerdo 43 de 2000, en el sentido de establecer un “periodo gravable, de causación y declarable” del impuesto de industria y comercio anual, para lo cual tuvo en consideración la providencia del tribunal que suspendió provisionalmente los artículos señalados.

• El 16 de agosto de 2007(46), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió el fallo de la acción de nulidad instaurada contra los artículos 63 y 70 del Acuerdo 43 de 2000, cuya parte resolutiva dispuso:

“1. Anular el término bimestral contenido en los artículos 63 y 70 del Acuerdo 43 de 2000, proferido por el Concejo Municipal de Soacha.

Dichos artículos quedarán así:

ART. 63.—Periodo gravable de causación y declarable. Por periodo gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la obligación tributaria del impuesto de Industria y Comercio, el cual a partir del 1º de enero será anual.

El periodo declarable en el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros también será anual. En este caso, cada año gravable coincidirá con el respectivo periodo de causación, conforme lo señalado en el primer inciso del presente artículo.

PAR. TRANS.—Por la vigencia fiscal de 2001, los obligados a presentar declaración de industria y comercio, avisos y tableros, por el periodo gravable 2000, lo harán de forma anual.

ART. 70.—Base gravable. Se liquidará el impuesto de industria y comercio correspondiente a cada año, con base en los ingresos netos del contribuyente, obtenidos durante el periodo expresado en moneda nacional.

Para determinar los ingresos netos gravables, se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, la venta de activos fijos y los ingresos obtenidos en otra jurisdicción municipal (...)”(subrayas y negrillas originales del texto).

• El 12 de octubre de 2007, el contribuyente corrigió las declaraciones tributarias señaladas, en el sentido de modificar la actividad económica principal de “comercial” a “industrial”, sin modificar los valores declarados inicialmente.

Desde ahora la Sala advierte que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, por los motivos que se exponen a continuación.

Sobre el impuesto de industria y comercio, la Ley 14 de 1983, en los artículos 32 y 33, determinó:

“ART. 32.—El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.

ART. 33.—El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios. Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen los concejos municipales...”.

De las disposiciones transcritas se extraen los elementos esenciales que se indican a continuación:

i) El hecho generador que consiste en la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en las jurisdicciones municipales;

ii) El sujeto pasivo que son las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, que realizan el hecho gravado y detentan la capacidad contributiva que la ley pretende gravar;

iii) El sujeto activo que corresponde al municipio donde se realiza el hecho generador, que además de ser el titular del crédito tributario, tiene la potestad para establecer el impuesto en su jurisdicción;

iv) La base gravable constituida por el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior y,

(v) La tarifa determinada, dentro del margen prescrito por la ley, por los concejos municipales.

Si bien el artículo 32 prevé que el gravamen recae sobre el ejercicio de las actividades industriales, comerciales y de servicio, que se realicen en las respectivas entidades territoriales, la Sala advierte que la simple ejecución de las mismas no da origen a la obligación tributaria, pues, la consolidación del hecho generador del tributo exige que, como resultado de esas actividades se generen ingresos para los sujetos obligados (personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho).

En cuanto al elemento temporal del hecho gravado, los ingresos originados en la realización de actividades gravadas se generan, por expreso mandato legal, durante un periodo que por regla general coincide con el año calendario, o con un bimestre, como excepcionalmente ocurre en el Distrito Capital de Bogotá, en virtud de la previsión expresa traída por el Decreto-Ley 1421 de 1993.

Para efectos del presente caso, es un hecho aceptado por el contribuyente en las declaraciones tributarias presentadas el 13 de diciembre de 2006, corregidas el 12 de octubre de 2007, que durante los años gravables 2001 a 2004 realizó actividades industriales gravadas en la jurisdicción del municipio de Soacha, de las que obtuvo los ingresos registrados en tales denuncios, que, en los términos del artículo 746 del estatuto tributario, gozan de presunción de veracidad y están en firme.

En tales declaraciones, Indumil liquidó la base gravable y la tarifa del tributo con fundamento en los ingresos obtenidos por cada año gravable —no por bimestre como lo establecía el Acuerdo 43 de 2000—, lo que es acorde con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló los artículos 63 y 70 del Acuerdo 43 de 2000, y con el Acuerdo 21 de 2006, que modificó el “periodo gravable de causación” de bimestral a anual. Se resalta, además, que la declaración de corrección presentada por el contribuyente el 12 de octubre de 2007, es posterior al fallo del tribunal del 16 de agosto de 2007 y al Acuerdo 21 de 2006.

Es preciso mencionar que durante los años gravables 2001 a 2004, el contribuyente no presentó ni pago declaraciones tributarias por las actividades gravadas realizadas en la jurisdicción del municipio demandado, deberes formales y sustanciales que solo vino a cumplir en el año 2006, liquidando, en uso de la autonomía de la voluntad, las sanciones de extemporaneidad y mora previstas en la normativa vigente en el momento de su presentación, que responden a las consecuencias jurídicas que debe soportar por cuenta del incumplimiento de tales deberes.

Sobre ese tema, no se pueden negar los efectos jurídicos derivados de la vigencia de los artículos 63 y 70 del Acuerdo 43 de 2000, que obligaban a los sujetos pasivos del tributo a declarar y pagar el tributo de forma bimestral, sobre los ingresos obtenidos en el bimestre anterior, a lo cual se suma que la suspensión y ulterior anulación del término “bimestral” es posterior a los periodos gravables 2001 a 2004, en los que está demostrado que el contribuyente realizó actividades gravadas.

De igual forma, a pesar de que la sentencia del 16 de agosto de 2007 anuló la expresión señalada, adecuó los artículos cuestionados a las previsiones de la Ley 14 de 1983, sin anular, en ningún momento, el impuesto de industria y comercio establecido para el municipio de Soacha. Sobre este punto, señaló:

“1. Anular el término bimestral contenido en los artículos 63 y 70 del Acuerdo 43 de 2000, proferido por el Concejo Municipal de Soacha.

Dichos artículos quedarán así:

ART. 63.—Periodo gravable de causación y declarable. Por periodo gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la obligación tributaria del impuesto de industria y comercio, el cual a partir del 1º de enero será anual.

El periodo declarable en el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros también será anual. En este caso, cada año gravable coincidirá con el respectivo periodo de causación, conforme lo señalado en el primer inciso del presente artículo (...).

ART. 70.—Base gravable. Se liquidará el impuesto de industria y comercio correspondiente a cada año, con base en los ingresos netos del contribuyente, obtenidos durante el periodo expresado en moneda nacional.

Del texto transcrito de la parte resolutiva del fallo referido, se evidencia que a pesar de la anulación del término “bimestral”, el tribunal(47) previó que ese plazo se debía entender “anual”, y fue en esas mismas condiciones que el demandante presentó las mencionadas declaraciones del impuesto de industria y comercio, que, como se indicó, fueron sustituidas por la declaración de corrección presentada el 12 de octubre de 2007.

En ese orden de ideas, los valores declarados y pagados bajo la vigencia de las normas municipales aplicables, no constituyen un pago de lo no debido, porque está demostrado que durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004 surgió para el contribuyente la obligación de declarar y pagar el tributo, por cuenta de las actividades industriales gravadas que realizó en el municipio.

Por lo mismo, la empresa demandante no puede sustraerse de su obligación de “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad(48)“, respecto de las actividades industriales que dieron origen a los deberes formales y sustanciales de declaración y pago del tributo, respecto de los periodos en discusión.

En ese orden de ideas, la Sala revocará la sentencia del 2 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, negará las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar,

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

26 “El recurso de reconsideración o reposición deberá cumplir con los siguientes requisitos: a. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de inconformidad; b. Que se interponga dentro de la oportunidad legal; c. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante (...)”.

27 Artículo 732 del estatuto tributario.

28 La expresión “resolver los recursos” ha sido interpretada por la Sala en el sentido de que la decisión de los mismos debe notificarse dentro del término señalado en la ley, debido a que si el contribuyente no ha tenido conocimiento del acto administrativo, este no produce efectos jurídicos y, por ende, no puede tenerse como fallado el recurso presentado (Sentencia 14315 del 19 de octubre de 2006, C.P. Héctor J. Romero Díaz).

29 “La notificación personal se practicará por funcionario de la administración, en el domicilio del interesado, o en la oficina de impuestos respectiva, en este último caso, cuando quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se hubiera solicitado su comparecencia mediante citación (...)”.

30 CCA. Art. 45 “Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia”.

31 Artículo 555 del estatuto tributario.

32 Folios 165 y 166 del c.a.

33 Folio 277 del c.a.

34 Folio 236 del c.a.

35 Folio 239 del c.a.

36 Folio 286 del c.a.

37 Folio 170 del c.a.

38 Folios 172 y 173 del c.a.

39 Folios 174 a 176 del c.a.

40 Folios 178 y 179 del c.a.

41 Folios 180 y 181 del c.a.

42 Folios 182 a 193 del c.a.

43 Folios 217 a 220 del c.a.

44 https://www.indumil.gov.co/recurso-humano/ ítem “Jefe de oficina”, vigente a la fecha de la consulta.

45 Folio 101 del c.a.

46 Proceso 250002327000200500973 00.

47 En los términos del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo “La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes”.

48 Artículo 95-9 de la Constitución Política.