Sentencia 2010-00219 de abril 26 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Ref.: Expediente 11001-22-03-000-2010-00219-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil diez.

Decide la Corte la impugnación interpuesta frente al fallo de 23 de marzo de 2010, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que negó la tutela instaurada porCampo Elías Daza Oñate contra el Gobierno Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, la Corte Constitucional y Álvaro de Jesús Ariza Fontalvo.

Antecedentes

1. El interesado solicitó la protección de sus derechos al debido proceso, doble instancia, trabajo, a desempeñar cargos públicos, confianza legítima e igualdad, como corolario de lo anterior deprecó “se ordene dejar sin efectos el numeral 27 de la parte resolutiva de la sentencia SU-913 de la Corte Constitucional, proferida el día 11 de diciembre de 2009. (...) Que, en consecuencia, se ordene al Gobierno Nacional que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas revoque el Decreto 5042 del 29 de diciembre de 2009” (fl. 38).

Como sustento de su pretensión adujo que el 16 de noviembre de 2006 el Consejo Superior de la Carrera Notarial expidió el Acuerdo 1, en el que llamó a un concurso púbico y abierto para notarios, que duró aproximadamente un año y medio, en el cual no participó.

Que en la mencionada convocatoria se citaron de manera taxativa las “Notarías” por las cuales optarían los concursantes, debido a que estaba dividido por regiones o “círculos notariales” en función del territorio, sin que se hubiera ofertado la Doce de Barranquilla, toda vez que la misma solo se creó hasta el 13 de septiembre de 2007 cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3489, que por ser posterior al “Acuerdo 1” no quedó incluida en el proceso de selección y “nadie por tanto se postuló para ella” (fl. 36).

Precisó que el 21 de noviembre de 2007 fue nombrado en interinidad como “Notario Doce de Barranquilla, mediante Decreto 4474 de ese día y año (...) mientras se provee el cargo en propiedad mediante concurso público” (fl. 37), del cual tomó posesión el 25 de febrero de 2008; que por tratarse de una plaza nueva debió asumir todos los gastos económicos y financieros para iniciar y mantener la “notaría”, contratar personal, dotarla de los recursos necesarios para su funcionamiento a efectos de cumplir el servicio de manera eficiente y oportuna.

Señaló que el 14 de marzo de 2008 se publicó el “Acuerdo 124 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, que conformó la lista de elegibles para el círculo notarial de la ciudad de Barranquilla” (fl. 37).

Manifestó que como consecuencia de una acción popular tramitada ante el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, se modificaron las bases del concurso notarial, y se reordenaron las listas de elegibles, generando innumerables acciones de tutela, nueve de las cuales fueron seleccionadas para revisión y acumuladas por la Corte Constitucional, sin que él hubiera sido llamado a intervenir en ninguna de ellas.

Que en Sentencia SU-913 de 2009 dicha Corporación a fin de amparar los derechos de todos los participantes que se encontraban en las distintas “listas de elegibles” para proveer las notarías de todo el país, decidió dar alcance inter comunisa la misma,por lo que en el numeral 27 de la parte resolutiva dispuso “proveer los cargos de notario creados de manera concomitante o con posterioridad a la convocatoria efectuada por el Acuerdo 1 de 2006, que se encuentren vacantes o en interinidad o en encargo, con las listas de elegibles actualmente vigentes. Para aquellas notarías declaradas desiertas con ocasión del concurso de méritos ya concluido, se abrirá concurso de méritos en un término improrrogable de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la presente providencia” (fl. 38), fallo que fue notificado el 16 de diciembre de 2009; posteriormente interpuso incidente de nulidad que se negó mediante auto de 15 de febrero de 2010, decisión frente a la cual no procede recurso alguno y en últimas, es contra la que se dirige la queja.

Finalmente señaló que el Gobierno Nacional en cumplimiento de la determinación antes referida expidió el Decreto 5042 de 29 de diciembre de 2009, en el que resuelve dejar sin efectos su nombramiento y en su lugar designa al doctor Álvaro de Jesús Ariza como Notario Doce de Barranquilla.

2. El Presidente de la República, actuando a través de apoderado judicial solicitó negar por improcedente el amparo y ser excluidas del trámite, pues “en parte alguna de la solicitud de tutela se encuentra mención a la Presidencia de la República como autoridad accionada, por lo que no se entiende el origen u objeto de la vinculación a este proceso (...) al Presidente de la República no le compete, en forma alguna, dar solución a los planteamientos de la accionante, mucho menos intervenir en el proceso de selección de notarios por méritos, que ya fue objeto de revisión constitucional, y que fue llevado a cabo por otras autoridades, capaces de comparecer procesalmente por sí mismas” (fl. 59).

Manifestó que la Sentencia SU-913 de 2009 fijó el alcance final del concurso notarial en el cual no participó el accionante por voluntad propia y que fue objeto de numerosas acciones judiciales adelantadas por los aspirantes, además el hecho de ocupar un cargo en interinidad no crea en su titular derecho alguno de permanencia distinto a ser reemplazado solo por quien sea nombrado en propiedad como resultado de los procesos de selección pertinentes, situación que precisamente se presentó en este asunto.

Agregó que el Decreto 5042 de 2009 es un acto de simple ejecución de lo dispuesto por la Corte Constitucional, sin que el Gobierno hubiera tenido la oportunidad de proceder en forma distinta a lo allí ordenado, resultando lo actuado ajustado a lo ordenado por la autoridad judicial.

Por su parte Álvaro de Jesús Ariza Fontalvo se pronunció respecto a cada uno de los hechos de la solicitud de amparo y precisó que fue nombrado en propiedad como Notario Doce de Barranquilla mediante Decreto 5042 de 29 de diciembre de 2009, cargo que aceptó en la oportunidad legal, por lo que aportó los documentos necesarios, siendo confirmada su designación el 3 de marzo de 2010.

A su turno la Corte Constitucional se opuso a la prosperidad del amparo, para lo cual adujo que el mismo no resultaba procedente por cuanto no puede por esta vía atacarse un fallo de tutela, más aún cuando ha sido proferido por la Sala Plena de esa corporación, toda vez que como se precisó en Sentencia SU-1219 de 2001 “El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no solo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos” (fl. 73).

Puntualizó que el trámite de revisión de las nueve decisiones constitucionales que fueron acumuladas se surtió en debida forma, culminando con la providencia de la que se duele el accionante, en la cual se tomaron medidas generales en relación con los participantes que a pesar de no haber acudido a la acción de amparo, integraron la lista de elegibles, obtuvieron puntajes suficientes para ser designados como notarios en propiedad y aún no habían sido nombrados, por lo que tuvo efectos inter comunis.

Finalmente señaló que lo pretendido por vía de tutela fue resuelto por esa corporación al decidir la solicitud de nulidad incoada por el accionante contra la Sentencia SU-913 de 2009, en tanto que en Auto 26 de 2010 se memoró la parte considerativa del mencionado fallo, donde refirió in extenso los motivos por los cuales los nombramientos en los cargos de notarios deben efectuarse en propiedad, y además “adoptó decisiones generales en orden de garantizar la observancia del artículo 131 Constitucional, amparada en un estado de cosas inconstitucional y otorgando a la sentencia un efecto inter comunis que ha sido aceptado en casos emblemáticos por la jurisprudencia constitucional” (fl. 83), por lo que no ha incurrido en ninguna vulneración a los derechos fundamentales invocados.

La sentencia impugnada

El Tribunal negó la protección deprecada por las siguientes razones:

a) Porque la modalidad de enteramiento de la existencia de la tramitación en que se dictó la providencia SU-913 de 2009, a todos los interesados, a través de la publicación efectuada el 27 de julio de 2009 en el diario El Tiempo, cuya verificación no puso en duda el interesado, impone concluir que no incurrió en ninguna irregularidad la Corte Constitucional en el Auto 26 de 15 de febrero de 2010 que dispuso denegar la “nulidad” impetrada.

b) Precisó que la imposibilidad de impugnar las decisiones de la autoridad judicial cuestionada no traduce en una vulneración a los derechos fundamentales, sino que por el contrario “‘constituye la máxima garantía del debido proceso visto integralmente (...), porque ese juicio se adelanta ante un órgano plural, con conocimiento especializado en la materia, integrado por profesionales que reúnen los requisitos para ser magistrados y (...) porque ese juicio se realiza ante el órgano de cierre de la jurisdicción [constitucional]” (C- 934/2006)”’ (fl. 87).

c) En razón a que lo resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia SU-913 de 2009 hizo tránsito a cosa juzgada, resultando por tanto intangible para el Juez de tutela, de manera que se resguarda el principio de seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de esa corporación como órgano de cierre del sistema jurídico “constitucional”.

d) Finalmente, porque la revocatoria del Decreto 5042 de 2009 solicitada por el accionante es un asunto que ha de debatirse en el escenario judicial natural que el legislador previó para el efecto, esto es, la jurisdicción administrativa, máxime si se tiene en cuenta que allí puede solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de los actos administrativos.

La impugnación

El accionante atacó la anterior determinación sin manifestar los motivos de su inconformidad (fl. 95).

Consideraciones

1. De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala Plena de la Corte Constitucional es sujeto pasivo del amparo solicitado, en razón de la Sentencia SU-913 de 11 de diciembre de 2009 y del Auto 026 de 15 de febrero de 2010, y siendo ello así, no resulta entonces posible acceder a la presente tutela en relación con tal corporación, toda vez que como la misma Corte Constitucional indicó al pronunciarse sobre la presente queja “el mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no solo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos” (fl. 73), lo que impide que sus decisiones puedan ser objeto de nueva revisión o examen por otras autoridades, puesto que en tal condición no existe otro organismo que pueda disputarle los pronunciamientos que haga dentro de su propio ámbito.

En reciente pronunciamiento, la Sala al estudiar un asunto que guarda cabal simetría con el presente, dijo:

“En cualquier caso debe señalarse que esta Corte respeta las providencias de la Corte Constitucional en el marco de su función de revisión —competencia asignada por la Constitución Política—, el mismo respeto que merecen las adoptadas por esta corporación en ejercicio de sus competencias, y además respetuosa que es del ordenamiento jurídico como base fundante del Estado social de derecho y de la necesidad de preservar la confianza y certidumbre de la administración de justicia, como en su momento lo determinó en la Sentencia 2008-00094-01 del 28 de agosto de 2008 proferida por esta misma Sala, reiterada en fallo 2008-00315-02 de 15 de abril de 2009, razón demás para no entrar en el estudio de la procedencia del amparo constitucional en relación con la Sentencia T-171 de 18 de marzo de 2009.

Lo dicho en precedencia, releva al Juez de tutela de abordar el estudio de los diversos aspectos planteados por la quejosa en sus peticiones, pues ello implicaría examinar de nuevo lo resuelto por la Corte Constitucional e su sentencia de revisión de carácter definitiva e inmutable” (sent. de abr. 16/2010, exp. 2009-00280-02).

2. En estas condiciones, el amparo se circunscribe al Decreto 5042 del 29 de diciembre de 2009 expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual en cumplimiento de la Sentencia SU-913 del citado año, dejó sin efecto el nombramiento como notario del accionante y en su lugar designó en propiedad a Álvaro de Jesús Ariza Fontalvo.

Conforme a lo expuesto pronto advierte la Sala que la protección solicitada resulta improcedente, por cuanto que como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación, en línea de principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos deben cuestionarse ante la jurisdicción pertinente, a través de los mecanismos legales para el efecto señalados.

3. Mal haría entonces el juez de tutela en arrogarse facultades que no le corresponden, puesto que la viabilidad de la presente acción pierde vigor cuando existe otra vía de defensa judicial a emplear.

En casos similares al presente, esta Sala ha señalado que “por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los jueces especializados competentes, a través de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio del interesado, experimentó la situación que generó lo resuelto por la accionada y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparación directa a que hubiere lugar. (...) Recuérdase que en situaciones como la acaecida, orientada al análisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad‘corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposición la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no solo la anulación del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acción’” (sent. de mayo 10/2000, exp. 1030, reiterada en fallo de nov. 6/2009, exp. 00335-01).

Con lo anterior se denota que respecto a la presente petición de amparo, concurre la causal de improcedencia contemplada en el artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991, conclusión que no se revierte bajo el argumento de un perjuicio irremediable, ya que las pruebas aportadas no son determinantes sobre el mismo, además al ejercer la acción contenciosa pertinente es viable pedir la suspensión provisional del acto administrativo cuestionado, si se dan los supuestos de ley para el efecto.

4. Puestas así las cosas, habrá de ratificarse la sentencia de primer grado, en cuanto a lo decidido frente a la queja elevada contra el “Decreto” 5042 de 29 de diciembre de 2009.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE CONFIRMAR el fallo impugnado.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y vinculados; y, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.