Sentencia 2010-00231/42515 de septiembre 25 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth.

Rad.: 25000-23-26-000-2010-00231-01 (42515)

Actor: F.A.M.V. y Otros.

Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Otro.

Referencia: Acción de Reparación Directa - Apelación Sentencia

Bogotá D.C., veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

Extractos «Consideraciones.

I. Competencia

12. La Sala observa que es competente para resolver el sub júdice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. Además, fijó en cabeza de los tribunales administrativos la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

12.1. De otro lado, se tiene que el presente proceso versa, entre otras cosas, sobre la supuesta privación injusta de la libertad a la que se vio expuesto el demandante principal, motivo por el cual este puede ser resuelto sin sujeción estricta al turno de entrada al despacho, toda vez que mediante acuerdo de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, contenido en el Acta 10 del 25 de abril de 2013, se dispuso lo siguiente: “La Sala aprueba que los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado”.

II. Validez de los medios de prueba.

13. En el proceso obran algunos documentos en copia simple aportados por la parte demandante. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias sólo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.)(2).

13.1. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados en copia simple por el demandante, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que las partes no se pronunciaron al respecto una vez vencida la etapa de pruebas. Se considera entonces que el argumento anterior es suficiente para dejar sin efectos la interpretación esbozada por el a quo en cuanto a la no valoración de los elementos de convicción documentales obrantes en el plenario. En otros términos, la posición esgrimida por la Sala Plena de la Sección Tercera introdujo una regla jurídica que, en el caso concreto, obliga al juez contencioso a estudiar de fondo la cuestión para garantizar el acceso a la justicia de las partes en conflicto, de acuerdo a los postulados del artículo 229 constitucional.

13.2. No obstante lo anterior, la Sala quiere llamar la atención respecto al razonamiento expuesto por el Tribunal de primera instancia, referente a las copias allegadas con la demanda que tienen sello del Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogotá y firma que dice ser del secretario de dicha unidad judicial. Al respecto, el fallador de primer nivel adujo que “(…) solamente tienen un sello del juzgado mencionado y una firma que no se sabe quien suscribe, porque no se entiende, siendo necesario para que sean consideradas auténticas, que se pida en Auto que las ordene y lleven firma del secretario, lo que en el presente proceso no ocurrió” (fl. 134 reverso, cdno. ppal.).

13.3. Si bien es cierto que el artículo 115 del antiguo estatuto adjetivo civil ordena, inicialmente, que para que las copias de actuaciones judiciales sean consideradas auténticas estas deben ser ordenadas a través de auto y llevar la firma del secretario, tal norma no exige para la validez de las mismas que junto a ellas se aporte la providencia judicial que prescribió su expedición o una certificación de que quien las firma es efectivamente el secretario del despacho correspondiente.

13.4. Por lo anterior no comparte la Sala la exigencia esgrimida por el a quo, toda vez que en virtud de los principios de la buena fe y de lealtad procesal, debería ser suficiente para el juzgador el sello impuesto sobre los documentos sub examine y la firma que los acompaña para considerar que las copias allegadas son auténticas. En caso de suponer que existió una irregularidad porque, como lo sostuvo el fallador, no era identificable el autor de la rúbrica ubicada al lado de los sellos del despacho emisor, era deber del juez apoyado en sus poderes de instrucción y verificación de la verdad real(3), decretar pruebas de oficio(4) para corroborar la validez de la firma censurada. De no ser así, como ocurrió en el caso concreto, el operador judicial estaría exigiendo a la parte un requisito no contenido en la ley procesal, lo que materializaría un exceso ritual manifiesto.

III. Hechos probados.

14. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden presentar de la siguiente forma:

14.1. El señor F.A.M.V., fue privado de la libertad desde el 28 de marzo de 2005 hasta el 26 de julio de 2006, inicialmente en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá (hasta el 13 de marzo de 2006) (fl. 240, cdno. pruebas.)(5) y desde esa fecha hasta su liberación en la Cárcel Modelo de Bogotá (fl. 241, cdno. pruebas)(6).

14.2. La Fiscalía 230 delegada de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá, profirió el 14 de junio de 2005, resolución de acusación en contra del hoy accionante principal por la posible comisión del punible de acceso carnal violento en la persona de O.A.P., por hechos acaecidos en el mes de marzo de 1999, denunciados el 17 de febrero de 2000. Adicional a ello, dicho proveído ordenó mantener privado de la libertad al señor F.M.V. en la cárcel de Fusagasugá (fls. 8-18, cdno. pruebas).

14.2.1. En el contenido de la mencionada decisión, se indicó que el señor M.V. le ofreció a la víctima un tratamiento médico para su embarazo “(…) se realizaron varias sesiones y en la última cita utilizó la fuerza, la tiró al piso y le dijo que tenía que hacer el amor con él, como ella no acepta, la cogió de la cintura, la tomó con una mano en la cabeza, la mandó hacía adelante y la accedió carnalmente”.

14.2.2. Como soporte probatorio de lo resuelto por el ente instructor se reseñó la denuncia de la presunta ofendida, su ampliación ratificándose en los hechos, las declaraciones de algunos allegados y los certificados de antecedentes del procesado, en los siguientes términos:

A folios 2 al 5 del C.O. está la denuncia de la ofendida, expresando los hechos de forma detallada, manifestando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron (…) “el tratamiento estaba por terminar y ahí procedió a tocarme los senos, me tocó la vagina y luego metió los dedos dentro de ella y empezó a acariciarme como seduciéndome y ahí fue cuando me llevó al baño, me quitó la toalla (…) a mí me dio miedo y traté de salirme pero él me cogió muy fuerte, dominándome y se me acomodó detrás (…).

H.J.S.H. afirma que volvió a ver a F.M.V. en el año 1999, pues ya lo conocía antes como médico de su hermana M. Cuando se encontraron en la casa de su hermana O., él iba con su esposa O., quien estaba en embarazo, que este la vio y le dijo que estaba bastante enferma, procedió a hacerle un examen y después le dijo que si quería que el bebé naciera bien que debía ponerla en un tratamiento.

A.L.P. confirma que él se encontraba presente cuando su cuñado H. le hizo el reclamo a F.A.M.V. por haber violado a su mujer, que él trató de pegarle pero que su esposa O.F. se lo impidió (…)

(…)

Ahora bien, los descargos presentados por el sindicado no son de recibo para esta delegada, no son creíbles afirma ser ajeno a los hechos investigados y manifiesta no conocer a la denunciante, que la familia de ella se encuentra en esta ciudad, refiriéndose a Fusagasugá, y que le dijeron que le iban a hacer un montaje, de esto hace cuatro años, que cree que su captura se debió a que él aconsejó a la señora O. a que denunciara a su esposo A.L.P. y a A.V. del abuso sexual de que fueron objeto sus hijos. Como se ha venido reiterando, las declaraciones de cuatro personas aseguran lo contrario en cuenta a que F.A.M.V. sí conoció a la ofendida, que se hacía pasar por médico y que en nada tiene que ver la denunciante con los hechos del otro delito que se investiga.

14.3. El 8 de marzo de 2006, el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá resolvió mantener la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y negar la libertad provisional del acusado, en razón a que si bien habían transcurrido más de 6 meses desde la firmeza de la resolución de acusación y la realización de la audiencia pública, ello se debió a la inasistencia del abogado defensor al recinto judicial para efectuar la citada diligencia (fl. 46-49, cdno. pruebas).

14.4. El 25 de julio de 2006, el juzgado que tramitaba la causa penal profirió auto mediante el cual repuso un proveído expedido por la misma unidad judicial el 27 de junio de 2006, y en su lugar otorgó el beneficio de libertad provisional al hoy accionante M.V. Textualmente adujo el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá (fls. 100-105, cdno. pruebas):

Al analizar nuevamente la actuación encuentra el despacho que efectivamente la resolución de acusación en contra del señor F.A.M.V. cobró ejecutoria el 18 de agosto de 2005, lo que significa que a esta parte han transcurrido 11 meses sin que se hubiese podido culminar la diligencia de audiencia pública.

14.5. El Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 31 de enero de 2008, la cual quedó en firme el 15 de febrero de la misma anualidad(7), exoneró de toda responsabilidad al señor F.M.V. del delito imputado y declaró que el procesado tenía derecho a continuar disfrutando de su libertad, toda vez que consideró que la conducta punible verdaderamente no se realizó (fls. 120-136, cdno. pruebas). Al respecto destacó el juzgador:

Del estudio detenido de la denuncia, tal como lo anotaron los sujetos procesales en sus correspondientes alegatos en la audiencia pública, surgen de su estructura varios interrogantes que bien vale la pena explorar con base en los medios de convicción arrimados al proceso. En primer lugar el hecho de haberse presentado la denuncia once meses después de ocurridos los hechos, no permitió adelantar una labor técnico científica con la que se pudiera establecer la real ocurrencia de los hechos con el grado de violencia que se indica. En segundo lugar, en dicha noticia criminis se presentan pasajes similares a los que fueron delatados por varias menores en la investigación que le siguió a M.V. en el juzgado 5º Penal del Circuito de Villavicencio. En tercer lugar, la forma en que se llevó a cabo el ayuntamiento carnal, tiene matices que de haberse realizado el más mínimo esfuerzo de rechazo le representaría a su atacante gran dificultad para la penetración de que se resalta. En cuarto lugar, según lo comenta A.V. dijo haber tenido conocimiento de la acusación de los menores M.S. y J.A.P.S., en el mes de enero de 1999, cuando O.F. le llevó una carta escrita por la niña donde lo acusaba de agresión sexual.

(…)

El testimonio vertido por H.J.S.H. ante la Fiscalía 229 Seccional que adelantó la investigación con el padre de los menores y el primo de la progenitora, se advierten contradicciones en el núcleo principal de su testimonio frente a lo que se conoce en este proceso. Por un lado, indica que la violación de su señora O.A. fue primero que la supuesta violación de sus sobrinos por parte de su cuñado A.L.P. y su primo A.V.H., por otro que su señora tenía tres meses de embarazo y que el tratamiento a que fue sometida por M.V. había durado como un mes. Sin embargo, se tiene conocimiento que las cartas que escribieron los menores M.S. y J.A.P.S., les fueron dadas a conocer a los presuntos implicados en el mes de enero y febrero, así lo hace conocer A.V. en su injurada, razón por la cual su dicho es inexacto, como quiera que la presunta perjudicada señala que los hechos que dio a conocer a la justicia habían sucedido en el mes de marzo de 1999. Así mismo, también resulta inexacto el lapso de tiempo que transcurre desde el momento en que inicia el tratamiento hasta cuando ocurre el ataque sexual.

(…)

Desde los albores de la investigación tanto los menores perjudicados como su progenitora sostienen que los abusadores A.L.P. y A.V., insistían que vincularan a M.V. en los hechos (…)

En este orden de ideas, de acuerdo hasta lo ahora analizado no puede evidenciarse de la denuncia, ni de los testimonios que la respaldan, la presunta agresión sexual que denunció O.A. en la residencia de su cuñada.

(…) el procesado en su indagatoria manifestó no conocer a su denunciante, pero sí tuvo conocimiento de que iba a ser acusado por haber ayudado a O.F.S. a la consecución de un abogado para que formulara la denuncia penal por la violación de sus hijos. Estas afirmaciones no fueron desmentidas en el proceso y si por el contrario los testimonios aducidos en su favor fortalecen el convencimiento de haber sido objeto de la imputación de unos hechos inexistentes. Consecuente con la realidad procesal, no puede este despacho concluir con la certeza que la ley demanda que el delito que se le imputó a F.M.V. en realidad tuvo ocurrencia; porque como se ha venido analizando son muchas las dudas lo que entorno a ello se ciernen, lo que a la luz de lo previsto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, no queda otra salida que proferir una sentencia absolutoria en su favor.

14.6. De acuerdo a los testimonios de J.L.J.M. (fls. 222-223, cdno. pruebas) y G.D.J.L.L. (fl. 227, cdno. pruebas), se encuentra probado que el accionante principal es compañero permanente de la señora C.P.C.C. En complemento a lo anterior, de los registros civiles aportados para demostrar el parentesco del señor M.V. con sus hijos, es posible constatar que la citada ciudadana aparece como madre de varios de los descendientes directos del actor principal (fls. 140-148, cdno. pruebas), por lo cual ello será valorado por la Sala como un indicio (donde el hecho indicador es la maternidad de la señora C. de varios de los hijos del accionante nacidos con años de diferencia y el hecho indicado es que es su compañera) de la relación de hecho entre los mencionados demandantes.

14.7. En el plenario quedó acreditado a través de los registros civiles allegados, que el actor F.A.M.V. es padre de: 1) K.M.M.C.; 2) J.M.S.; 3) W.M.S.; 4) E.M.C.; 5) C.F.M.C. (Q.E.P.D); 6) C.M.C.; y 7) A.M.C. (fls. 140-148, cdno. pruebas). En cuanto al fallecimiento de la menor de edad C., si bien en el expediente no obra registro civil de defunción, los testimonios de J.L.J.M. (fls. 222-223, cdno. pruebas), J.G.M.R. (fl. 226, cdno. pruebas) y G.D.J.L.L. (fl. 227, cdno. pruebas), dan cuenta de la muerte de la niña a causa de una leucemia. En complemento a lo anterior, en la foliatura constan sendas piezas de la histórica clínica de dicha demandante las cuales constatan la enfermedad que la aquejaba desde inicios de 2005, cuando fue diagnosticada (fl. 154-202, cdno. pruebas).

14.8. En relación con los demandantes J.A.M.S. y K.S.M.C. quienes ejercen el derecho de acción como hijos del privado de la libertad, la Sala considera que debe efectuarse un análisis minucioso en cuanto a la relación filial con el citado demandante. Lo anterior, debido a que si bien figuran en los registros civiles aportados con el apellido M., en la casilla correspondiente al nombre del padre aparece en ambos casos el señor A.L.P. Salazar (fls. 143 y 147, cdno. pruebas).

14.9. En las declaraciones de J.L.J.M. (fls. 222-223, cdno. pruebas), J.A. y K.S. son identificados como hijos de F.M.V., cuya relación era “envidiable que no muchas personas tenemos con nuestros padres (…)”. En el mismo sentido, el testimonio de G.D.J.L. (fl. 227, cdno. pruebas), coincide en que los citados ciudadanos son hijos del encartado penalmente. En concordancia con lo señalado, la Sala atendiendo al principio de la buena fe, dará por acreditado que los accionantes en mención son hijos de crianza del señor F.M.V.

14.10. A través de certificación suscrita por el Ingeniero J.G.M.R., identificado con matricula profesional 25202, se sostiene que el accionante principal fungió como ingeniero residente en la construcción del acueducto de la vereda Buenavista y en la edificación de un complejo de bodegas en Villavicencio desde el 15 de diciembre de 2004 hasta el 15 de marzo de 2005, devengando un salario de $4.500.000 mensuales (fl. 211, cdno. pruebas). En sentido similar, el arquitecto O.R.M. cuya matrícula profesional es la 2570018480, afirma que M.V. trabajó para él como contratista de obra en la urbanización los Alcázares de Villavicencio desde el 3 de enero de 2005, hasta que fue suspendido el acuerdo por fuerza mayor antes de su terminación el 3 de junio de 2005 (fl. 212, cdno. pruebas).

14.11. Por intermedio de la constancia de pago de honorarios expedida el 20 de febrero de 2008, por el abogado Besalión Castaño Arias, identificado con tarjeta profesional 62 805 del Consejo Superior de la Judicatura, se arguye que el accionante principal pagó a dicho profesional del Derecho el monto de $50.000.000 de pesos, por la defensa de confianza ejercida en el marco del proceso radicado 137-2005, tramitado ante el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá (fl. 37, cdno. 1). El abogado Castaño Arias fungió como apoderado del señor M.V. desde el 15 de junio de 2006, fecha en que se le otorgó poder en medio de la audiencia pública de juicio (fls. 80-81, cdno. pruebas), hasta la finalización del proceso, interviniendo en todas las audiencias realizadas con posterioridad a su designación (fls. 96-99 y 107-119, cdno. pruebas).

14.12. A partir de las declaraciones de J.L.J. (fl. 222-223, cdno. pruebas) y de G.D.J.L. (fl. 227, cdno. pruebas), quedó probado que el señor M.V. fue señalado y estigmatizado por los pobladores de Fusagasugá, en razón a su detención.

14.13. Obra en el plenario constancia del 23 de abril de 2010 (fl. 4, cdno. pruebas) expedida por la Procuraduría Novena Judicial delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se certifica que el requisito de conciliación extrajudicial se agotó en el caso estudiado sin que las partes hubieren podido lograr un acuerdo conciliatorio.

IV. Problema jurídico.

15. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis resulta imputable al Estado el daño ocasionado a F.M.V. y a sus familiares, por la privación de la libertad a la que se vio expuesto con la medida de aseguramiento de detención preventiva que le impuso la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento. Para ello, es preciso establecer si, a pesar de que fue absuelto, su conducta pudo haber sido determinante en la producción del daño que se alega.

V. Análisis de la Sala.

16. La parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el accionante principal como consecuencia de la medida de aseguramiento que le fue impuesta dentro de un procedimiento penal en el que resultó absuelto debido a que no se comprobó que el hecho hubiera ocurrido realmente, es decir, se acreditó que el mismo no existió.

17. La Sala observa que de conformidad con los medios de convicción obrantes en el expediente, se encuentra probado el daño causado al demandante principal, comoquiera que está debidamente acreditado que F.A.M.V. estuvo vinculado a un proceso ante la justicia penal como presunto autor del delito de acceso carnal violento, en el marco del cual fue privado de su libertad desde el 28 de marzo de 2005 hasta el 26 de julio de 2006, momento en el cual se ordenó su libertad provisional por parte del Juez 37 Penal del Circuito de Bogotá —supra párr. 14.1—.

18. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable al caso estudiado, en primer lugar, es necesario poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(8).

19. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas entre si tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede, en cada caso concreto, considerar válidamente que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

20. En primer término, es necesario aclarar que en el estudio de un evento como el analizado que comporte la responsabilidad de la administración por la privación de la libertad de un ciudadano no siempre es necesaria la demostración de una falla del servicio. Así pues, en el presente asunto para verificar la imputabilidad del daño demandado, el cual consiste en la imposición de una medida de aseguramiento que causó perjuicios a los actores, será necesario verificar si están dados todos los presupuestos para deprecar objetivamente la responsabilidad del Estado por la posible privación injusta de la libertad(9) padecida por F.M.V. y si esta se produjo por la conducta del demandante, la cual pudo configurar una causa extraña que rompería la imputación fáctica del presunto daño antijurídico sufrido —hecho exclusivo y determinante de la víctima—.

21. Respecto a la imputación de responsabilidad derivada de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, esta Corporación ha explicado que el juicio de reproche en dichos eventos es de carácter objetivo. Es decir, la existencia de una falla en el servicio no es relevante para determinar si un daño irrogado por una limitación al derecho a la libertad es indemnizable, pues basta con que se demuestre que este se tornó antijurídico y que existe un nexo de causalidad —jurídico y fáctico— entre dicho daño y la conducta de la administración para proceder a su resarcimiento. En otros términos, en materia de privación injusta, se ha considerado que la responsabilidad del Estado se compromete no solamente por virtud del régimen subjetivo estructurado en la falla del servicio, sino también por un régimen objetivo que tuvo como fundamento legal primigenio lo dispuesto por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, a cuyo tenor:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

21.1. En lo referente a la interpretación de dicho artículo, el criterio de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(10), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(11).

21.2. Es preciso advertir que para el momento en el que se dispuso la libertad del señor F.M.V., ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 68 establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”; así como la Ley 600 del 2000, cuyo artículo 535 derogó expresamente el Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991. No obstante, estas circunstancias no impiden abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio expuesto.

21.3. En efecto, esta Corporación ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos haya sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos.

21.4. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión. Al respecto se ha dicho:

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación(12).

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso(13).

21.5. En conclusión, de acuerdo con estos lineamientos, en el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia porque el hecho no acaeció, él no lo cometió o no constituía una conducta típica; y que le causó un daño con ocasión de la detención. Con esa demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos.

22. Como fue expuesto, en el caso bajo análisis, la Sala considera que el asunto se debe examinar desde la óptica de la responsabilidad objetiva, toda vez que el señor M.V. fue privado de la libertad por haber sido señalado como autor del delito de acceso carnal violento en la persona de O.A.P. y, sin embargo, el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia absolutoria a su favor por considerar que el hecho por el cual fue procesado no acaeció —supra párr. 14.5—.

22.1. Así pues, en aplicación de este régimen de responsabilidad, se concluye que la privación de la libertad padecida por el señor F.A.M.V. devino en injusta por cuenta de la decisión absolutoria definitiva y, en consecuencia, inicialmente daría lugar a revocar la sentencia del a quo en tanto este no accedió a la pretensiones de la demanda en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación. No obstante, previo a confirmar o no el fallo de primera instancia y dado el material probatorio allegado al proceso, la Sala considera necesario determinar la imputabilidad del daño a la primera de las demandadas y además, analizar si se configura la causal de exoneración de responsabilidad del hecho determinante y exclusivo de la víctima.

23. En el sub lite la parte accionante aduce que la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es una de las responsables del daño antijurídico estudiado. Por su parte, dicha demandada propone la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva al esgrimir que la investigación y la orden de privación de la libertad fue expedida exclusivamente por la Fiscalía General. Finalmente arguye que la representación judicial del ente acusador está en cabeza del Fiscal General y no de la Rama Judicial.

23.1. En relación a la falta de legitimación en la causa el doctrinante H.D.E. adujo que esta era definida como “la titularidad del interés en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda(14)”. Por su parte, esta Corporación, en términos generales, frente a dicha institución procesal ha expuesto que(15):

La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal.

23.2. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, existen dos clases de falta de legitimación: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(16). En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que necesariamente estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido por esta Corporación:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

23.3. A partir de lo señalado, es pertinente aclarar que la persona jurídica demandada en la presente acción es única, pues aunque se integró el contradictorio con diferentes entidades como son la Fiscalía General y la Rama Judicial, ambas hacen parte de una misma persona de derecho público, a saber, la Nación. De acuerdo con lo anterior, no es posible afirmar, como lo hizo la entidad demandada, que en el caso concreto se materializó una falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial, toda vez que, al menos de hecho, la legitimada es una sola persona jurídica, la Nación.

23.4. Al verificar que en el sub lite no se presenta una falta de legitimación en la causa de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Sala considera necesario precisar que en realidad, lo sucedido con tal entidad demandada es que a esta el daño no le es imputable, pues la orden de captura, la imposición de medida de aseguramiento y en consecuencia, la privación de la libertad del hoy accionante, es atribuible únicamente a la Fiscalía General de la Nación —supra párr. 14.6.—, de acuerdo a los postulados de los artículos 355 y siguientes de la Ley 600 de 2000 (estatuto procesal penal vigente al momento de los hechos).

24. Dilucidado que en el sub examine no se materializó la excepción propuesta por la Rama Judicial, es necesario continuar con el estudio de la posible existencia de un hecho determinante y exclusivo de la víctima F.A.M.V. Sobre la causal de exoneración en comento, esta Corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales la víctima con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento. Al respecto, el numeral 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(17) establece esta posibilidad, al preceptuar que:

(…) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…).

24.1. Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la precitada disposición manifestó:

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)(18).

24.2. Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, al respecto ha dicho:

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor M.R.G., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(19).

24.3. De conformidad con lo expuesto, el hecho de la víctima se configura cuando esta dio lugar causalmente a la producción del daño, por haber actuado de forma dolosa o gravemente culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles. Es preciso recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política(20) los particulares sólo son responsables por infringir las prohibiciones expresas contenidas en normas legales.

24.4. Es indispensable insistir en que si bien es cierto en virtud del principio de la presunción de inocencia la sentencia absolutoria proferida en favor de un sindicado implica que este último no estaba en el deber jurídico de soportar la detención preventiva de la que fue objeto y que, por lo tanto, resultó injusta; también lo es que, de haber sido impuesta en virtud de su actuar doloso o culposo, en los términos del artículo 63 del Código Civil(21), el daño antijurídico causado —la privación de su libertad— no es imputable a las autoridades que impusieron y prolongaron la medida, sino a su propio hecho. En otras palabras, en los casos de demandas resarcitorias por privaciones injustas de la libertad, el análisis del grado de incidencia que, en la causación del daño, tuvo el hecho de la víctima, no tiene que ver con la antijuridicidad de aquel —establecida en virtud de la decisión absolutoria—, sino con su imputabilidad.

24.5. Así pues, el estudio de esa causal eximente de responsabilidad no puede, de ninguna manera, llevar a poner en entredicho la inocencia del sindicado —declarada ya por el juez competente para ello—, o el carácter injusto de la detención de la libertad padecida —derivado de la decisión final absolutoria—; aunque, sin lugar a dudas, sí supone admitir que dicha privación puede ser imputable a la misma víctima cuando quiera que, por haber actuado de forma dolosa o gravemente culposa en términos civiles, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles, se expuso al riesgo de ser objeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva.

25. En el sub judice se observa que la conducta del señor F.M.V. no fue determinante en la producción del daño, pues no se demostró que la imposición de la medida de aseguramiento se produjera como consecuencia directa del incumplimiento a título de dolo o culpa grave de los deberes que tenía como ciudadano.

25.1. Como lo señala el juzgador penal, de las contradicciones de los diferentes testimonios que soportaban la acusación y de las declaraciones favorables al procesado, se puede concluir que los hechos narrados por la denunciante no tuvieron ocurrencia, por lo que no puede afirmarse que el señor M.V. desconoció algún imperativo social que le diera pie al ente investigador para ordenar su detención preventiva. Ejemplo de lo expuesto es el testimonio de la señora O.F.S.H. quien manifestó, contrario a lo esgrimido por la denunciante, que M.V. nunca residió en el hogar de la primera —lugar donde supuestamente ocurrió el acceso—, que el procesado nunca se ha presentado como médico y que jamás ha estado enferma de cáncer como para que este le realice un tratamiento, contrario a lo afirmado por los testigos de cargo (fl. 133, cdno. pruebas).

25.2. Finalmente, en cuanto a la inexistencia de un hecho determinante y exclusivo de la víctima en el caso concreto, es necesario destacar que al momento de alegar de conclusión en la controversia penal, tanto la Fiscalía General como el Ministerio Público, coincidían en afirmar que los hechos denunciados no fueron más que producto de una invención por parte de la supuesta víctima del acto sexual y de los testigos que la apoyaban, con miras a comprometer la responsabilidad de M.V. en hechos delictuales. Lo anterior a título de venganza personal por el apoyo que este le brindó a O.S.H. en una denuncia que esta formulara contra familiares de O.A. P. también por el delito de acceso carnal. Para desvirtuar una de las declaraciones principales en contra del procesado, la sentencia penal expuso (fl. 131, cdno. pruebas)(22):

Respecto de las declaraciones que rinde M.D.S., respecto al relato de lo sucedido con M.V. en Villavicencio entre los años 91 y 92, deja muchas inconsistencias en cuanto a su real ocurrencia, pues no es fácilmente creíble que dos personas que accidentalmente se acaban de conocer, al tercer día se deje bañar de ungüentos, se deje acariciar los senos, le chupe el miembro viril y en la misma casa donde trabajaba interna, cuando dice que este había llevado trabajadores porque se decía que era ingeniero.

No le cabe la menor duda al Despacho que esta declarante nunca tuvo relación con el procesado M.V. más bien, se prestó para elaborar la estrategia que lo vinculara con los actos sexuales de los menores y así quedara libre su cuñado Rodolfo León Puentes, quien desde que fue desalojado por su compañera O.F.S. vivía en su residencia (…).

26. Dilucidado entonces que la conducta de M.V. no fue determinante en la privación de su libertad y para concluir el análisis de atribución del daño antijurídico a la Fiscalía General de la Nación, será necesario estudiar las dos excepciones planteadas por el ente acusador en el escrito de contestación de la demanda, a saber, la culpa determinante de un tercero y la falta de legitimación en la causa por activa de K.S.M. y C.P.C.

26.1. Respecto a la posible materialización de un suceso que rompió el nexo de causalidad entre el daño y la actuación de la Fiscalía, consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero (denuncia de la víctima y declaraciones de testigos que la apoyaban), el cual supuestamente produjo la imposición de detención preventiva y la formulación de la acusación, esta Corporación ha sostenido categóricamente que la denuncia o puesta en conocimiento de ciertos hechos presuntamente punibles por parte de un ciudadano a la Fiscalía General de la Nación, no puede constituir un eximente de responsabilidad a favor de dicha institución, toda vez que esta cuenta con todas las herramientas para investigar y tomar las determinaciones adecuadas en lo que al proceso penal se refiere. En un caso similar al estudiado, esta Subsección explicó(23):

En efecto, difícilmente se puede admitir un supuesto en el que la actuación de terceros se dé de un modo totalmente ajeno al funcionamiento del sistema penal. Por el contrario, la mayor parte de casos en los que se alega el hecho del tercero en el contexto de los procesos por privación injusta de la libertad tienen que ver con la “inducción al error” por parte de testigos que, voluntaria o involuntariamente suministran información incorrecta o la alteración dolosa de las pruebas. Sin embargo, estas circunstancias no pueden calificarse como impredecibles o irresistibles para los operarios de la justicia a cuyo caso se confía el juicio o la investigación, requisito imprescindible para la eficacia de la excepción del hecho exclusivo y excluyente de un tercero.

Más aún, es evidente que el proceso penal se cimienta sobre un sistema probatorio, naturalmente falible. En su mayoría, las pruebas sobre las que se estructura el juicio de responsabilidad, son fuentes humanas y, por lo tanto, falibles. La aceptación del testimonio, el dictamen pericial o los documentos, y en general cualquier tipo de prueba implica necesariamente la aceptación de su falibilidad. Esto es, el testigo puede faltar a la verdad o equivocarse en su precepción, el perito puede errar y el documento puede haber sido alterado.

Justamente por el origen humano y, por ende falible, de las fuentes de acceso al conocimiento de los hechos, se impone al investigador o el juzgador un deber reforzado de analizar rigurosamente las pruebas, de acuerdo con las exigencias de la sana crítica. El escrutinio del juez debe dirigirse justamente a identificar las posibles falencias y a evaluar su grado de fiabilidad. Por lo anterior, la aceptación de la exoneración por hecho de terceros en eventos en los que se demuestre que la decisión se tomó con fundamento en una prueba que no resultó del todo veraz, es tanto como eximir al juez (κριτής, crités), de la carga de juzgar con criterio. Esto es lo mismo que aceptar que el juez deje de ser juez.

26.2. Con base en los argumentos esbozados, la Sala considera que el planteamiento efectuado por la parte pasiva del presente asunto, referente a la materialización de un hecho de un tercero, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que para el ente acusador no era imprevisible ni irresistible el hecho de que la información suministrada por la afectada y los testigos fuera inexacta. Para la Fiscalía General de la Nación era posible verificar, previo a la imposición de la medida de detención preventiva, que las narraciones transmitidas por la supuesta víctima O.A.P. y varios de los testigos como M.S.H. y A.L.P. Salazar se basaran en eventos precisos y reales desde un punto de vista fenomenológico, motivo por el cual no puede afirmarse que la conducta de esta última constituyera el hecho determinante y exclusivo que pudiera romper el nexo causal entre el daño y el actuar de la demandada.

27. En cuanto al último de los medios exceptivos planteados por el ente investigador referente a la falta de legitimación en la causa por activa de K.S.M. y C.P.C., se considera que este tampoco tiene vocación de prosperidad, toda vez que ya se demostró que ambas cuentan con un interés jurídico protegido para fungir como accionantes en la presente controversia. En relación la primera, si bien no es descendiente biológica del privado de la libertad, fue posible establecer mediante varios testimonios que esta es hija de crianza del actor, lo que la constituye como una reclamante legítima de los daños a ella irrogados por la administración —supra párr.14.9— Respecto de este tipo de vínculos más allá de los consanguíneos, esta Corporación ha señalado(24):

En este punto de la providencia, resulta oportuno señalar que la familia no se conforma únicamente por vínculos naturales y jurídicos, sino que se extiende a los lazos de amor, solidaridad y convivencia, como por ejemplo, entre padre e hijos de crianza, tal y como ocurre en este caso.

(…)

En conclusión, acreditado el vínculo familiar entre el directamente afectado y J.E.H.H., queda claro que este último cuenta con legitimación en la causa por activa, por manera que también resulta beneficiario de la indemnización que, por perjuicios morales, le será reconocida a causa de la privación injusta de que fue víctima su padre de crianza.

28. En cuanto a la relación existente entre F.A.M.V. y C.P.C., aunque es claro que esta no deriva de un vínculo matrimonial, ello no es óbice para que la misma no sea tenida como otra de las legitimadas en la causa por activa en el sub lite, en razón a que en el plenario se encuentra acreditado, vía prueba de declaración de terceros, que la señora C. es la compañera peramente del actor principal —supra párr. 14.6.—. De acuerdo con lo expuesto, no le cabe duda a la Sala que ambas ciudadanas se encuentran legitimadas por activa tanto de hecho como materialmente para exigir los perjuicios ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de la que fuera víctima su padre de crianza y compañero permanente, respectivamente.

VI. Liquidación de Perjuicios.

29. El actor a título de perjuicio material en su modalidad de lucro cesante solicitó que se pagara el equivalente a los ingresos que percibía por conducto de sus actividades laborales y demás emolumentos dejados de recibir desde el día en que fue privado de la libertad hasta la fecha en que hubiere podido restablecerse profesionalmente (fl. 16, cdno. 1). Con el ánimo de acreditar la existencia de dicha afectación, en el plenario obran dos certificaciones que demuestran que el accionante principal se desempeñaba como ingeniero civil al momento de su captura. No obstante lo anterior, tales documentos reflejan información contradictoria en cuanto a la dedicación específica del actor en el instante de ser detenido.

29.1. Como lo expuso la Sala —supra párr. 14.10—, se allegó certificación expedida por el Ingeniero J.G.M.R., la cual fue ratificada mediante prueba testimonial (fl. 225, cdno. Pruebas), quien además de dar fe de que el señor M.V. ocupó el cargo de “Ingeniero residente de obra” en dos proyectos de construcción a cargo del primero, desde el 15 de diciembre de 2004 hasta el 15 de marzo de 2005, también adujo que el salario de este último ascendía a $ 4 500 000 mensuales (fl. 211, cdno. pruebas).

29.2. Por otra parte, es pertinente resaltar la certificación expedida por el Arquitecto O.R.M. (fl. 212, cdno. Pruebas), en la cual se dice que el señor F.M.V. trabajó en una construcción a cargo de dicho profesional desde el 3 de enero de 2005, hasta que el contrato tuvo que ser suspendido por fuerza mayor, lo que impidió la terminación del mismo programada para el 3 de junio de la misma anualidad.

29.3. De acuerdo con el contenido de los medios de prueba referidos, existe una dualidad de cargos ocupados por el actor entre los meses de enero, febrero y marzo de 2005, lo cual no resulta ajustado a la realidad, si se tiene en cuenta que un empleo de “ingeniero residente” implica que este se encuentre tiempo completo en el lugar de la obra lo que impide realizar otro tipo de actividades laborales en la misma franja temporal.

29.4. La contradicción señalada debe ser resuelta por la Sala empleando los postulados de la sana crítica, normada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(25) y las máximas de la experiencia, presupuestos en virtud de los cuales “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(26). Con base en las facultades reseñadas, se considera que una persona que trabaja de “ingeniero residente”, no puede realizar actividades laborales de manera concomitante, toda vez que la naturaleza del cargo es que sea de dedicación exclusiva.

29.5. Por lo expuesto, la Sala concluye que las contradicciones entre las certificaciones presentadas por el demandante principal impiden darle credibilidad a las aseveraciones contenidas en el segundo de los referidos documentos. En otros términos, los medios de convicción arrimados al plenario no logran crear un estado de certeza que permita dar por probado que M.V. se desempeñaba en dos trabajos de manera concomitante, así como el monto agregado al que correspondía el supuesto emolumento recibido por el actor principal al momento de su captura.

29.6. Así las cosas, con base en el hecho que la primera de las certificaciones se encuentra soportada por una declaración de un tercero recepcionada en el marco del proceso, que a diferencia de la segunda describía el monto de los ingresos netos, y, en aplicación de las reglas de la experiencia y la equidad como fuente de la actividad judicial(27), la Sala dispondrá que el lucro cesante se liquide con base en el salario que devengaba el actor principal al momento de la privación ($ 4 500 000) según el primero de los documentos referidos, y no partiendo de la sumatoria pretendida, ello al tener en cuenta que el afectado era ingeniero civil, se encontraba en edad productiva y que efectuaba labores encaminadas a percibir recursos económicos fruto de su actividad laboral.

30. Aunando a lo anterior y de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación(28), será necesario aumentar el valor del ingreso mensual en un 25% por concepto de prestaciones sociales que operan por disposición legal y multiplicar dicho monto por el término que duró la privación.

31. Respecto al cálculo del período de tiempo a indemnizar, la Sala precisa que inicialmente este debería ser de quince meses y veintiocho días, espacio temporal que estuvo detenido el señor M.V. —supra párr. 14.1—. No obstante, se considera procedente extender este período por el término en que el actor principal debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual se estima en una franja temporal adicional de hasta 35 semanas (8,75 meses), como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores(29) con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—;(30) De acuerdo con lo expuesto, se procede a calcular el monto correspondiente al lucro cesante, así:

• Valor del salario mensual del actor principal a la fecha de la privación: $ 4.500.000 Pesos.

• Aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales: $ 5 625 000 pesos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se calculará el lucro cesante a partir de la siguiente fórmula:

FORMULAS-00231-A
 

FORMULAS-00231-B
 

32. Referente a la otra modalidad del perjuicio material, es decir, el daño emergente, la parte actora solicitó el reembolso de cincuenta millones de pesos ($50 000 000) que el privado injustamente de la libertad tuvo que pagar por concepto de honorarios profesionales a su representante en el proceso penal. Frente a este punto, la Sala considera que dicho perjuicio se encuentra acreditado en el plenario a través de la certificación expedida por el abogado Besalión Castaño Arias —supra párr. 14.11— y de la foliatura del proceso penal, toda vez que consta en ellos que tal profesional fungió como apoderado de confianza de F.A.M.V., al menos en lo que a la fase de juicio se refiere.

33. En concordancia con lo señalado, solo restará actualizar el monto reconocido aplicado la siguiente fórmula:

FORMULAS-00231-C
 

Donde:

Ra= Renta actualizada, es decir la que se busca.

R= Renta histórica, es decir, el dinero sufragado por el actor.

Índice final: índice de precios al consumidor del mes inmediatamente anterior a la sentencia o el último disponible (agosto 2017).

Índice inicial: Índice de precios al consumidor del mes en que se efectuó el pago —febrero 2008— (ejecutoria de la sentencia penal).

FORMULAS-00231-D
 

Ra= 50 000 000 * 137,9(31) = 72 426 470 95,2(32)

34. Por otro lado, en la demanda los actores solicitaron que se les reconociera “una suma equivalente a todos los muebles que tuvo que vender y acreencias que tuvo que contraer para sortear la difícil situación que aquejaba a su familia mientras permanecía privado de su libertad”. Para soportar la existencia del menoscabo estudiado al plenario se incorporaron varios documentos tales como: a) copia de la Escritura Pública 1930 del 21 de octubre de 2005, elaborada ante la Notaría Segunda del Circulo de Fusagasugá, donde se constituyó hipoteca sobre el lote # 19 manzana C de la Urbanización Nueva Jerusalén de Fusagasugá, de C.P.C. a favor de Ana Lucia Nieto por valor de $12 000 000 de pesos (fls. 206-209, cdno. pruebas); b) constancia de mutuo del 9 de junio de 2005, donde G.D.J.L. dijo entregar $70 000 000 de pesos a C.P.C. con destino a la “defensa” de F.M.V., los cuales están supuestamente garantizados por una letra de cambio (fl. 213, cdno. pruebas).

35. Respecto a los documentos referenciados, la Sala considera que la escritura pública citada no constituye un medio de convicción que genere certeza frente al destino o uso que se le dieron a los $12 000 000 de pesos supuestamente recibidos y garantizados con el gravamen plasmado en dicho documento público. Adicional a lo anterior, debe destacarse que en el cuerpo del documento no aparece referencia alguna a la causa del negocio jurídico que le dio origen a la hipoteca sub examine, por lo que ante la ausencia de otros medios de prueba que respalden la existencia del crédito y otorguen certeza en relación al empleo que se le dio al dinero recibido, debe proceder a denegarle el mérito de convencimiento que la parte actora pretende.

36. En sentido similar se concluye respecto a la certificación o constancia de mutuo suscrita por los señores G.D.J.L. y C.P.C. por un valor de $70 000 000 de pesos. Dicho documento si bien incluye la supuesta relación causal entre el crédito y la privación de la libertad de M.V., no se encuentra acompañada por otros instrumentos de convencimiento que respalden la existencia de la obligación dineraria, tal como puede ser un título valor que la garantice, o los recibos y constancias que demuestren el uso que se le dio al capital recibido. En complemento de lo expuesto, la Sala debe destacar la contradicción existente entre la prueba analizada y el testimonio rendido por el supuesto familiar prestamista, quien en la versión rendida ante el Tribunal de primera instancia arguyó (fl. 227 reverso, cdno. pruebas):

(…) yo fui una de aquellas personas que viéndolo en tal situación [refiriéndose a M.V.] cuando me di cuenta de esta injusticia lo visité personalmente en su sitio de reclusión y le colaboré haciéndole un préstamo por un valor de veinte millones de pesos para que continuara en su demostración de su inocencia. (énfasis fuera del texto).

37. De la mano de lo reseñado la Sala considera que no existe certeza de la existencia de los créditos expuestos y mucho menos de que dichos montos fueran empleados para solventar la situación enfrentada por la familia M.V. como consecuencia de la privación de la libertad del accionante principal, motivos estos más que suficientes para denegar el reconocimiento de las afectaciones patrimoniales reclamadas.

38. En cuanto a los perjuicios extrapatrimoniales el extremo accionante pretendía que se pagaran por concepto de perjuicios morales los siguientes montos: a) la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor F.A.M.V.; b) para cada uno de los demás demandantes la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como consecuencia del sufrimiento psíquico que padecieron con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el actor principal.

39. Al respecto, observa la Sala que en relación con el demandante M.V. es clara la existencia del perjuicio moral, que se derivó, tal y como lo ha deducido la jurisprudencia en casos similares, “(…) por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia (…)”(33).

40. En relación con la cuantificación de dicha afectación, para garantizar el derecho de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, mediante Sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los menoscabos morales causados con ocasión de la privación injusta de la libertad, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la Sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la víctima directa35% del Porcentaje de la víctima directa25% del Porcentaje de la víctima directa15% del Porcentaje de la víctima directa
 smmlvsmmlvsmmlvsmmlvsmmlv
Superior 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal Derecho Fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito(34).

41. Comoquiera que está probado que el accionante principal fue privado de la libertad desde el 28 de marzo de 2005 y liberado el 26 de julio de 2006, esto es, por un periodo de 15 meses y 28 días, considera la Sala procedente indemnizarle los perjuicios morales que sufrió por la suma de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Similar consideración es aplicable a la compañera permanente e hijos del privado injustamente de la libertad, los cuales acreditaron su parentesco a través de los correspondientes registros civiles de nacimiento y declaraciones de terceros —supra parr.14.6 a 14.9—, razón por la cual la Sala también ordenará una indemnización equivalente a 90 smlmv a favor de cada uno de estos a título de perjuicio moral.

42. En el caso de la muerte de la menor C.F.M.C. —supra párr. 14.7—, debe destacarse que su fallecimiento fue posterior a la detención de su padre F.M.V.(35), razón por la cual se considera que el perjuicio moral a ella irrogado se materializó, lo que genera el deber de que el mismo sea resarcido.

42.1. Así mismo la Sala resalta que durante la privación de la libertad del señor M.V. la pequeña C. Fernanda tuvo que enfrentar su trágica enfermedad solo acompañada de su madre y sin el apoyo fundamental de su progenitor, razón por la cual se considera que la afectación psicológica e interna de la menor fue aún mayor que la de todos sus demás familiares —mayor intensidad del daño—. En consecuencia, esta Corporación aumentará, en 5 smlmv, el monto a indemnizar por concepto del daño moral generado en C.F.M.C.

42.2. Como consecuencia de la defunción de la afectada, debe entonces determinarse a quién corresponderá el reclamo de la indemnización adjudicada a esta. Respecto a la transmisibilidad del derecho a la reparación de perjuicios, la Sección Tercera de esta Corporación ha explicado(36):

La Sala, considera que, frente a los principios informadores del derecho a la reparación integral, la transmisibilidad del derecho a la reparación de los daños morales causados a la víctima directa, es procedente, por regla general.

En efecto, debe sostenerse que de conformidad con lo dicho, el derecho a la indemnización es de carácter patrimonial y por ende, la obligación indemnizatoria, se transmite a los herederos de la víctima, por tratarse de un derecho de naturaleza patrimonial, que se concreta en la facultad de exigir del responsable, la indemnización correspondiente, toda vez que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición de carácter legal expresa prohibitiva y por el contrario, la regla general, indica que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial transmitible y por ende los sucesores mortis causa, reciben la herencia con íntegro su contenido patrimonial(37) y, ya se observó, que el derecho al resarcimiento, o lo que es igual, la titularidad del crédito indemnizatorio, no se puede confundir con el derecho subjetivo de la personalidad vulnerado(38).

42.3. En concordancia con lo reseñado se ha considerado que el derecho a la indemnización de perjuicios puede ser reclamado “bien por su titular o por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial trasmitidas por el fallecimiento”(39); tesis consonante con la sostenida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia(40). Por lo anterior, se dispondrá que la condena que se profiera por el daño irrogado a C.F.M.C. vaya con destino a su sucesión o a sus correspondientes herederos en caso de que esta ya haya sido liquidada.

43. En cuanto perjuicio a la vida en relación supuestamente soportado por el privado de la libertad, esta Corporación en providencias de unificación proferidas en agosto de 2014, resaltó que dicha tipología dogmática de perjuicio se encuentra subsumida en el daño a la salud o en el de afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, según la situación fáctica concreta(41). En el sub lite, la Sala concluye que lo materialmente alegado por la parte demandante es una afectación al derecho al buen nombre del procesado, toda vez que en el escrito de demanda atribuye la concreción del perjuicio a la reclusión “(…) ambientada y precedida socialmente por una perversa campaña de estigmatización por las connotaciones sociales del hecho delictivo que le fue imputado (…)” (fl. 17, cdno. 1). Respecto a esta tipología de menoscabo, la Sección Tercera en pleno destacó así sus principales características(42):

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

43.1. En lo referente al perjuicio estudiado, se resalta que las declaraciones de J.L.J. y Guillermo Londoño —supra párr. 14.12—, las cuales son responsivas, concordantes y por lo tanto generadoras de convicción, acreditan que en el sub examine se materializó una afectación relevante al derecho constitucional al buen nombre del privado de la libertad(43), que lo sometió a un escarnio social generador de un daño antijurídico, pues parte de la sociedad de Fusagasugá lo señaló como criminal, aún después de su declaratoria de inocencia. Al respecto destacó en su testimonio el señor Jaramillo:

Después de haber sorteado estos problemas la vida social del señor F.M. se vio afectada íntegramente puesto que el simple hecho estado preso, y sin importar si salió absuelto o no, hizo que muchas de las personas que a él lo conocían, lo estigmatizaran y le expresaran cierto rechazo, que lógicamente hizo que don F.M. presentara un cambio negativo en su forma de vida puesto que era totalmente diferente a lo que él era antes de haber estado preso.

(…)

Como ya lo había dicho don F. M. es una persona muy conocida en Fusagasugá y por supuesto la noticia de su detención fue difundida rápidamente por la sociedad. Toda su familia a pesar que es tan numerosa se vio afectada directamente en ese momento, puesto que muchas personas en el municipio los discriminaban al saber que su padre estaba preso.

43.2. Relacionado con el mismo tópico Guillermo Londoño aseveró:

Debido a estas circunstancias (refiriéndose a la privación de la libertad de M.V.) su núcleo familiar a partir del momento padeció demasiadas penurias y en lo social no se diga, pues nadie quería tener contacto con esta familia debido a los hechos ya mencionados del señor F.M.

43.3. Respecto de los requisitos necesarios para predicar la obligación del Estado de reparar el daño causado por la vulneración de los bienes constitucional y convencionalmente protegidos a la honra y el buen nombre el Consejo de Estado ha establecido(44):

Sobre los cuestionamientos planteados, en Sentencia C-489 de 2002(45), la Corte Constitucional explicó que el buen nombre “ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.

(…)

Finalmente, resulta necesario indicar que la jurisprudencia constitucional no sólo ha sido enfática en reconocer la tensión que surge entre los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra y la libertad de expresión en su modalidad de libertad de información, sino en sostener que, dada “su importancia para la vida democrática y para el libre intercambio de ideas”, la segunda ha de prevalecer sobre los primeros(46).

43.4. Frente al caso concreto, la Sala considera que excepcionalmente se demostró la afectación material al derecho analizado del actor, no porque haya sido víctima de divulgación de información imprecisa por parte del extremo pasivo de la acción, sino que por el hecho de la detención en establecimiento carcelario, el conglomerado social lo estigmatizó y discriminó, tal como quedó probado en los testimonios transcritos con anterioridad. Ello, coadyuvado especialmente por el delito que se le endilgó, el cual tiene una connotación particular de rechazo por parte de la comunidad, toda vez que este es un flagelo extremadamente grave que aqueja poderosamente a la generalidad de la población colombiana(47).

43.5. Respecto a la forma de reparación de este tipo de menoscabos, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación el 28 de agosto de 2014, determinó que cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, por afectar o vulnerar derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a la honra y buen nombre, entre otros, su reparación integral se realiza mediante la adopción de medidas no pecuniarias y, excepcionalmente, en casos en que ello no sea posible, a través del reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Textualmente explicó esta Corporación(48):

De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

43.6. Conforme a lo anterior, y como medida de satisfacción, la Sala ordenará que, previo a la autorización que deberá dar de forma expresa el señor F.M.V. a esa entidad, la Fiscalía corra con el gasto de la publicación de una nota de prensa, la cual deberá ser previamente revisada por él, en un diario de amplia circulación del municipio de Fusagasugá, sobre las resultas del proceso penal en el que resultó eximido de responsabilidad, orden que deberá ser acatada por la Fiscalía dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de esta providencia.

44. Resumen de las indemnizaciones:

DemandantePerjuicio a indemnizarMonto
F.A.M.V.Lucro cesante$ 146 937 346 Pesos
F.A.M.V.Moral90 smlmv al momento de la ejecutoria de esta providencia
F.A.M.V.Daño emergente$ 72 426 470 pesos
C.C.C. (compañera permanente).

Moral90 smlmv al momento de la ejecutoria de esta providencia
Sucesión de C.F.M.C. o sus herederos adjudicatarios de acuerdo a su proporción.Moral95 smlmv al momento de la ejecutoria de esta providencia
K.M.M. C.,C.F.M.C., A.C.M.C., K.S.M.C., J.A.M.S., E.M.C., W.M.S. y J.M.S. Moral90 smlmv al momento de la ejecutoria de esta providencia para cada uno

VII. Costas.

45. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la Sentencia proferida el 24 de agosto de 2011, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”. En su lugar, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor F.A.M.V., conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2. Como consecuencia de la anterior, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a la parte actora los siguientes perjuicios así:

DemandantePerjuicio a indemnizarMonto
F.A.M.V.Lucro cesante$ 146 937 346 Pesos
F.A.M.V.Moral90 smlmv al momento de la ejecutoria de esta providencia
F.A.M.V.Daño emergente$ 72 426 470
pesos
C.C.C. (compañera permanente).Moral90 smlmv al momento de la ejecutoria de esta providencia
Sucesión de C.F.M.C. o sus herederos adjudicatarios.Moral95 smlmv al momento de la ejecutoria de esta providencia
K.M.M. C.,C.F. M.C., A.C.M.C., K.S.M.C., J.A.M.S., E.M.C., W.M.S. y J.M.S.Moral90 smlmv al momento de la ejecutoria de esta providencia para cada uno

3. Condenar a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de violación al buen nombre, como derecho de especial protección constitucional, previo a la autorización que deberá dar de forma expresa el señor F.A.M.V. a esa entidad, el gasto de la publicación de una nota de prensa, la cual deberá ser previamente revisada por él, en un diario de amplia circulación de Fusagasugá, sobre las resultas del proceso penal en el que terminó absuelto, orden que deberá ser acatada por la Fiscalía dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de esta providencia.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

7. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

8. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

3. “Artículo 169 del Código Contencioso Administrativo.

4. Como ejemplo de ello pudo oficiarse al Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogotá, para que expidiera una certificación donde constara que los folios señalados fueron expedidos y autenticados por tal unidad judicial, o que el funcionario que las cotejó correspondía efectivamente con el secretario del despacho referido.

5. Certificación expedida por la directora encargada de dicho centro de detención a cargo del INPEC, Sixta Tulia Sánchez, la cual se encuentra fechada el 25 de marzo de 2011, recibida en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de abril de la misma anualidad.

6. Certificación expedida por el teniente Rubén Rodríguez Avendaño, miembro del INPEC. Documento fechado el 10 de mayo de 2011 y recibido en el Tribunal de primera instancia el 11 de mayo del mismo año.

7. Según constancia del 15 de febrero de 2008, suscrita por el Juez 37 penal del Circuito de Bogotá, la decisión no fue objeto de recursos y el 12 de febrero de la misma anualidad venció el término de ejecutoria (fl. 139, cdno. pruebas).

8. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, Sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

9. Título de imputación también propuesto por la parte actora en el libelo genitor del proceso —supra párr. 1—.

10. [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, Sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp: 13.449”.

11. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

12. [3] “Sobre el particular, consultar la Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

13. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia del 19 de octubre 2011, Exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

14. Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, tomo I. Decimotercera Edición 1994, ED. DIKE.

15. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 23 de abril de 2008, Exp. 16271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

16. “(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 14452, actor: Reinaldo Posso García y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

17. Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

18. Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, Exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

19. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las Sentencias de 11 de abril de 2012, Exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, Exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

20. “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

21. “ART. 63.—Clases de Culpa y Dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone al a diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.// El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

22. (sic)

23. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 29 de febrero de 2016, Exp. 38420, actor: Juan Carlos Tamayo Muñoz y otros. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, reiterando a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 18571, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

24. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Sentencia de 14 de septiembre de 2016, Exp. 43515, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

25. “ART. 187. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos.”

26. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2005, Exp. 0028, actor: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - Aerocivil, demandado: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.

27. Artículo 229 de la Constitución Política de Colombia.

28. Entre otras ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 36688. C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp. 40060, C.P. Enrique Gil Botero.

29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 36688. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

30. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

31. Obtenido de la página web del Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/ipc.

32. Obtenido de la página web del Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/ipc.

33. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Exp.18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

34. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2002-02548 (36149), C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

35. Así lo demuestran las piezas de la historia clínica arrimadas al plenario, cuyo último reporte data del 16 de febrero de 2009, en el cual se destaca que a pesar de la leucemia linfoide aguda que padece la menor, el estado de la infante era bueno para ese momento (fl. 154, cdno. pruebas).

36. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 10 de septiembre de 1998, Exp. 12009, C.P. Daniel Suárez Hernández. Reiterada por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 31 de agosto de 2015, Exp. 36175, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

37. [7] En otros ordenamientos, tal el caso del Código Civil Alemán —BGB— el legislador se ha pronunciado sobre la intransmisibilidad de tal derecho; en el ordenamiento argentino, como se observó, existe disposición especial, en el sentido de limitar la transmisibilidad permitiéndola únicamente para una especie de daño moral cual es el originado en las injurias o difamaciones y ello a condición de que la acción resarcitoria haya sido ejercitada en vida por el afectado.

38. [8] Se atribuye a Vélez Sársfield, la siguiente reflexión a propósito del equívoco aludido: “Hay derechos, y los más importantes ... que no son bienes; tales son ciertos derechos que tienen su origen en la existencia del individuo mismo a que pertenecen, como la libertad, el honor, el cuerpo de la persona, la patria potestad, etcétera. Sin duda la violación de estos derechos personales puede dar lugar a una reparación que constituye un bien, jurídicamente hablando; pero en la acción nada hay de personal: es un bien exterior que se resuelve en un crédito. Sí, pues, los derechos personales pueden venir a ser la causa o la ocasión de un bien, ellos no constituyen por sí mismos un bien de iure”. Cfr. Zanoni, Ob. Cit. pág. 132.

39. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Sentencia de 12 de marzo de 2014, Exp. 28224, C.P. Hernán Andrade Rincón y de la Subsección B, Sentencia de 5 de abril de 2013, Exp. 27231, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

40. Sentencia de 18 de octubre de 2005, Exp. 14491, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.

41. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 31170, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

42. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

43. Esta Corporación ha señalado, con base en la jurisprudencia constitucional, que el buen nombre se refiere a la reputación o imagen social del ciudadano, mientras que la honra hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal.

44. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 24770, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

45. [45] “M.P. Rodrigo Escobar Gil”.

46. [52] “Sentencia C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: ‘[s]e han distinguido ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión: (1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión prohibidos; (3) existen diferentes grados de protección constitucional de los distintos discursos amparados por la libertad de expresión, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más intensa que otros, lo cual a su vez tiene directa incidencia sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) protege expresiones exteriorizadas mediante el lenguaje convencional, como las manifestadas por medio de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; por último (8) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares’”.

47. El Centro de Referencia Nacional sobre Violencia dio a conocer las cifras de violencia contra la mujer entre enero y febrero de 2015. 126 mujeres fueron víctimas de homicidio; 2.631 acudieron al Instituto para ser valoradas por un presunto delito sexual. En el marco de la violencia intrafamiliar, 735 niñas y mujeres adolescentes fueron víctimas de violencia por parte de un familiar o cuidador y 6.269 fueron víctimas de violencia de pareja. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Disponible en: http://www.medicinalegal.gov.co/el-instituto/ /asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/cifras-estadisticas-de-violencia-contra-la-mujer-en-2015

48. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.