Sentencia 2010-00247 de diciembre 11 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 470011102000201000247 01

Magistrado Ponente

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala Nº 101 de la misma fecha

Bogotá, D. C., diciembre once de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política y 112-4 de la Ley 270 de 1996, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta de las sentencias emitidas por los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura.

Consideraciones preliminares: El grado grado jurisdiccional de consulta

La Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia, consagró en su parágrafo 1º del artículo 112 el grado de consulta, en los siguientes términos:

“Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados”.

Esta norma constituye el desarrollo legal, de la garantía fundamental, contenida en el artículo 31 de la Carta Política(15), que consagra el principio de la doble instancia. En ese sentido, cuando esta Sala conoce del grado de consulta, lo hace en ejercicio de una facultad reglamentaria, con fundamento constitucional, en aras de garantizar el debido proceso del disciplinable.

Siendo la consulta un instrumento reconocido por la Constitución, el intérprete autorizado de la Carta fundamental se dio la tarea de definirlo como “una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que esta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo”(16).

En ese sentido, es menester reconocer que “la consulta no es un recurso sino un grado jurisdiccional, que permite al juez de segunda instancia acceder a un asunto”(17), a fin de suplir la inactividad de quien no interponer el recurso de apelación, en aras de garantizar su debido proceso.

No obstante, ello no quiere decir que el juez facultado para conocer en grado de consulta, propenda sólo por los derechos de quien, habiendo sido derrotado en un proceso, no apeló. Por el contrario, el Juez de la consulta carece de límite para evaluar la decisión de primera instancia, pues su finalidad es velar por la legalidad del fallo en toda su integralidad. En desarrollo de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional y la trazada por esta corporación se aúnan sosteniendo que, el principio non reformatio in pejus no es aplicable en la consulta(18).

Sin lugar a dudas, no procede otro análisis en cuanto a la extensión del control de quien desata la segunda instancia en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta, pues por mandato constitucional “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”(19). Lo que, en contraposición, impone concluir la autonomía del superior, al punto de poder agravar la pena impuesta al condenado, cuando este no sea apelante único o cuando no hubiere apelado.

En ese orden de ideas, procederá esta superioridad a desatar el grado jurisdiccional de consulta, para lo cual atenderá tanto los presupuestos facticos y jurídicos que dieron lugar a la decisión, como como de la sanción impuesta.

Caso concreto

En el caso bajo estudio se imputó a la doctora Eleonora Henríquez Linero, en su condición de Fiscal Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Ciénaga, Magdalena, haber adoptado una conducta constitutiva de falta grave, por no presentar el escrito de acusación, dentro del término legalmente establecido.

En efecto, el Seccional elevó el cargo considerando una posible incursión en falta, conforme al artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, pues presuntamente desatendió lo preceptuado por los artículos 175 y 294 de la Ley 906 de 2004.

Ahora bien, de conformidad con al artículo 196 de la Ley 734 de 2002:

“Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código” (subrayado fuera de texto para resaltar).

A su vez, el numeral 3º del artículo 154 de Ley 270 de 1996 estatuye como prohibición:

“3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la presentación del servicio a que estén obligados (…)”.

De esta forma, comoquiera que los artículos 175 y 294 de la Ley 906 de 2004 consagraron un plazo perentorio para formular la acusación, forzoso es colegir la existencia de la falta, una vez probada la inactividad descrita por el numeral 3º del artículo 154 de Ley 270 de 1996.

En ese sentido, es menester acudir a la literalidad de lo presuntamente desatendido a efectos de verificar si la conducta contradijo, efectivamente, el deber jurídico.

Artículo 175 de la Ley 906 de 200: (sic)

“El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.

“La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.

“La audiencia del juicio oral tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria”(20) (subrayado fuera de texto para resaltar).

El mismo término fue señalado por el artículo 294 ejusdem, prescribiendo:

“Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.

“En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. “Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento.

“El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente”(21) (subrayado fuera de texto para resaltar).

En ese contexto, encontró esta superioridad acertada la conclusión del Seccional al tener como responsable a la disciplinable, pues de las pruebas documentales se infiere diáfanamente su omisión, por lo que, de antemano, se diagnostica la confirmación de la decisión adoptada en primera instancia.

Efectivamente, en el plenario se verificó el acta de la audiencia del 25 de febrero de 2010 en el curso de la investigación adelantada por homicidio a los señores Idelfonso Manuel Cantillo Llanos y Ramón Alfonso Hernández Urzola, Radicado 741896104784201080069, en donde se ordena la captura de los indiciados a solicitud de la funcionaria investigada(22). También se estableció la certeza de la aprehensión de los sindicados el día 2 de marzo de 2010(23), como consecuencia de lo cual, la disciplinable solicitó audiencia preliminar, a efectos de solicitar la legalización de la captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento(24).

La audiencia solicitada por la doctora Eleonora Henríquez Linero se surtió el 2 de marzo de 2010, elevándose acta en la que se constata la legalización de la captura, la explicación de los motivos de la imputación y la decisión de imponer como medida la detención preventiva en establecimiento carcelario(25).

Seguidamente, en el expediente se confirmó el envío de la comunicación a la Fiscal 6ª Seccional, doctora Ivette Beatriz Núñez Juvinao, informándole la programación de la audiencia de solicitud de libertad de los imputados, en el curso de la referida instrucción, para el 4 de mayo de 2010(26); así como el escrito formulando acusación contra los sindicados suscrito por la funcionaria el 31 de marzo de 2010(27), acompañado de la constancia elevada por la doctora Ivette Beatriz Núñez Juvinao, por medio de la cual da cuenta que el documento fue recibido por ella, de manos de la doctora Eleonora Henríquez, el 4 de mayo de 2010(28). En el mismo documento se encuentra sello de haber sido presentado en la Oficina de Apoyo Judicial de Ciénaga el 4 de mayo de 2010(29). No obstante, sobre el memorial también se coteja la constancia secretarial del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena, certificando la presentación personal del memorial el 31 de marzo de 2010 y su devolución inmediata “para que siga su curso”(30).

Dentro de las documentales se reconoció igualmente el acta de la audiencia de libertad realizada el 4 de mayo de 2010, dentro de la cual se ordena: “la libertad inmediata por vencimiento de términos a los señores, Idelfonso Manuel Cantillo Llanos y Ramón Alfonso Hernandez Urzola”(31).

Así las cosas, los documentos antes descritos, aunados al informe elevado por la doctora Ivette Beatriz Núñez Juvinao(32), dieron muestra de una realidad fáctica. En efecto, del plenario se desprende que la doctora Eleonora Henríquez Linero sí había elaborado escrito formulando la acusación de los sindicados. No obstante, lo presentó en el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena, el cual lo devuelve, de inmediato, por no estar conociendo de la investigación penal en cuestión.

De esta forma, por mucho que la funcionaria hubiere suscrito la acusación y hubiere acudido a un juzgado para presentar el referido documento, no agotó lo exigido por el artículo 175, pues no desplegó la actividad necesaria para cumplir con el término, por cuanto la formulación de acusación debió haber sido efectivamente radicada dentro de los 30 días siguientes a la formulación de la imputación.

Contrario a ello, la disciplinable, una vez equivocó el despacho de entrega, recibió el documento por ella suscrito, conservándolo, sin proceder a subsanar el yerro. En ese sentido, no le queda camino alguno a esta superioridad, sino tener como probada la materialidad y adecuación de la conducta, pues se comprobó que la funcionaria investigada sí omitió lo consagrado en los artículos 175 y 294 de la ley 906 de 2004, con lo cual incurrió en la prohibición recogida por el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996.

Esta colegiatura encuentra, igualmente adecuada la calificación de la falta como grave por cuanto, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 advierte como causal de mala conducta el pretermitir el término por ella señalados. Adicionalmente es menester tener en consideración que las normas procesales desconocidas son del tipo que protegen el debido proceso del investigado. En ese sentido el legislador había señalado un lapso razonable a fin de no someter al indiciado a un procedimiento extenso, marcado por las dilaciones. En consecuencia, al omitir la disciplinable radicar la formulación de acusación, vulneró con ello los derechos fundamentales de los investigados y, a su vez, la seguridad jurídica de quienes demandan la aplicación de la justicia.

En cuanto a la antijuridicidad de la conducta, ha sostenido esta superioridad que ella deriva del bien jurídico tutelado, esto es, el comportamiento ético, moral y eficiente de la administración de justicia, en aras de asegurar su buen funcionamiento(33). Así las cosas, la mera infracción del numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 constituye, de por sí, infracción del deber funcional, consagrado por el legislador en aras de asegurar el correcto funcionamiento de la justicia. En consecuencia, para esta corporación la conducta desplegada por la disciplinable comporta antijuridicidad, tal como lo advirtió el Seccional de instancia. Máxime cuanto la transgresión no estuvo justificada. De hecho, se constató que la funcionaria, en la época en que debía cumplir con su obligación, no se encontraba ni en encargo, ni incapacitada ni de vacaciones(34).

Por otro lado, se advierte que la funcionaria investigada no estuvo amparada por una causal excluyente de responsabilidad, pues no se constató que la conducta fuese el producto de un caso de fuerza mayor o caso fortuito, o la consecuencia del cumplimiento de un deber legal superior, o de haber estado cumpliendo una orden, salvando un derecho propio o ajeno, o estar insuperablemente convencida de no estar incurriendo en falta, o de haber estado sometida a coacción, ni de haberla ejecutado en situación de imputabilidad. No obstante, no se verifica dolo alguno en su actuar negligente, pues se advirtió que, ad initio, intentó cumplir con su obligación. Conforme a ello se admite, la calificación de culposa adoptada por A quo, por lo que, en el mismo sentido será confirmada por esta corporación.

De esta forma, conforme a lo plasmado en precedencia, no existe duda para esta corporación respecto a la existencia del hecho y la responsabilidad de la funcionaria, imponiéndose la necesidad de sancionar.

En lo que corresponde a la sanción de dos meses de suspensión en el ejercicio del cargo, habrá de confirmarse, pues resulta adecuada a la gravedad de la falta y cumple con los principios de proporcionalidad y necesidad por cuanto tiene en cuenta que la funcionaria investigada no actuó con dolo y, por el contrario, sí intentó cumplir con su deber.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia 002 del 15 de enero de 2014, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, decidió sancionar a la doctora Eleonora Henríquez Linero, en su condición de Fiscal Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Ciénaga, Magdalena, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, al encontrarla responsable de incumplir el deber funcional consagrado en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 175 y 294 de la Ley 906 de 2004.

2. Para la ejecución de la sanción impuesta, expídase la comunicación pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 de la Ley 734 de 2002, esto es, por parte de la Sala de primera instancia.

3. En su oportunidad devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(15) Constitución Política, artículo 31. “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

“El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

(16) C-968 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

(17) Ver Sentencia T-1029 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, que a su vez renvía a las sentencias C-090 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett; C-968 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; y C-070 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(18) Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Providencia del 5 de octubre de 2011, Radicado 110010102000201102442 00, Aprobado según Acta 021. Ver en el mismo sentido sentencias C-055 de 1993, M. P. José Gregorio Hernández y C-583 de 1997, M. P. Carlos Gaviria Díaz, entre las más destacadas.

(19) Artículo 31 de la Constitución Política.

(20) El artículo citado es el texto original de la norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. Hoy día el plazo exigido a la fiscalía es de 90 días en virtud de la modificación que aportó el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 a la norma citada.

(21) El artículo citado es el texto original de la norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. Hoy modificado por el artículo 55 de la Ley 1453 de 2011.

(22) Folio 99 y 114 del cuaderno de anexos 1.

(23) Folios del 100 al 113 ídem.

(24) Folios 121 a 125.

(25) Folio 132.

(26) Folio 136 del cuaderno de anexos 1.

(27) Folios 137 a 145 ídem.

(28) Folio 141 ídem.

(29) Folio 142 ídem.

(30) Ver constancia al respaldo del folio 145 del cuaderno de anexos 1.

(31) Folio 153 ídem.

(32) Folios 2 y 3 del cuaderno principal, en donde obra el informe que dio origen a la presente investigación.

(33) Forero Salcedo, José Roy. Fundamentos constitucionales de la potestad disciplinaria del Estado Colombiano, La influencia del Derecho comparado, Ed. Universidad Libre de Colombia, dic., 2011 p. 120.

(34) Folio 41 cuaderno principal.