Sentencia 2010-00262 de abril 29 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 05001-23-31-000-2010-00262-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Leidys Laura Rivera Giraldo

Demandado: Policía Nacional

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil diez.

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia del 4 de marzo de 2010 proferida por la Sala Décima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió:

“1. Se tutelan los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso de la señorita Leidys Laura Rivera Giraldo, vulnerados por la dirección regional de incorporación 6 de la Escuela de Policía “Carlos Eugenio Restrepo”.

2. En consecuencia, se ordena al director regional de incorporación 6 de la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a iniciar los trámites necesarios para que se practiquen a la señorita Leidys Laura Rivera Giraldo los exámenes necesarios para determinar la existencia o no de una enfermedad cardíaca y vascular hipertensiva. Dichos exámenes no pueden consistir en la simple medición de la hipertensión arterial y deberán practicarse en días diferentes. Si de dichos exámenes no se colige el padecimiento de dicha enfermedad, debe adoptar las medidas del caso, con el fin de que la señorita Rivera Giraldo sea admitida en el próximo curso de mujeres patrulleras de la Policía Nacional. En caso contrario, se mantendrá la declaración de no aptitud (...)”.

I. Antecedentes

A. Pretensiones.

La señorita Leidys Laura Rivera Giraldo pretende que se le amparen los derechos fundamentales a la defensa, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, petición, libre escogencia de la profesión y debido proceso, que considera vulnerados por la entidad demandada.

Las pretensiones se formularon de la siguiente manera:

“Primera: se tutele los derechos fundamentales constitucionales de mi representado, señorita Leidys Laura Rivera Giraldo al (sic) a la defensa, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, de petición, al (sic) libre escogencia de la profesión, debido proceso, los contenido (sic) en el preámbulo, consagrados en los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 16, 23, 26 y 26 de la Constitución Política de Colombia, y conculcados por la directora de la Escuela de la Policía “Carlos Eugenio Restrepo”.

Segunda: en consecuencia, sírvase, honorables magistrados, como está descostrado (sic) que la accionante no padece de la enfermedad de hipertensión arterial, patología conceptual erróneamente por médico de la Accionada, y por la cual fue desvinculada del curso 038 del 2010 de Patrullera; ordenar en su defecto que el término de cuarenta y ocho (48) horas, a la dirección de la Escuela de Policía “Carlos Eugenio Restrepo (sic), proceda el inmediato reintegro de la accionante Leidys Laura Rivera Giraldo al curso de patrullera que venía realizando en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo ubicada en el municipio de la Estrella Antioquia, hasta graduarse como tal.

Tercera: así mismo solicito a los honorables magistrados, remitir a la accionante, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que emitan un concepto médico forenses (sic), que se establezca si la accionante padece o no de la enfermedad de hipertensión arterial, patología por la cual fue desvinculada del curso de formación patrullera, conceptuada por el médico cirujano doctor Jaime Alberto Alvarez (sic) Tobon (sic).

Cuarta: se le respete al (sic) accionante, sus derechos fundamentales constitucional (sic)”.

B. Hechos.

De los hechos narrados por el apoderado de la demandante se advierten como relevantes los siguientes:

—Que la señorita Leydis Laura Rivera Giraldo se inscribió al curso de mujeres bachilleres en la regional de incorporación de la Escuela de Policía Antonio Nariño de Soledad - Atlántico.

— Que superó todo el proceso de selección y, por tanto, fue seleccionada como apta.

— Que, el 14 de enero de 2010, se presentó a dicho curso en la Escuela de Policía “Carlos Eugenio Restrepo”, ubicada en el municipio de la Estrella - Antioquia.

— Que pagó el valor correspondiente a dos semestres del curso, esto es, $ 1.030.000.

— Que, en la Escuela de Policía “Carlos Eugenio Restrepo”, el 18 de enero de 2010, el médico Jaime Alberto Álvarez le realizó una valoración de su capacidad psicofísica, en la que le diagnosticó que padecía de hipertensión arterial.

— Que ese diagnóstico contradice los resultados de los análisis médicos que ordenó la regional de incorporación 8 de la Escuela de la Policía Antonio Nariño de Soledad - Atlántico, que determinaron que era apta para ingresar al curso.

— Que, según la certificación del 1º de febrero de 2010, expedida por el médico internista Carlos Barrera Guarín, durante los días 21 de enero de 2010 al 1º de febrero de 2010, no presentó cifras tensionales de presión arterial sistólica y diastólica elevadas.

— Que, el 26 de enero de 2010, el cardiólogo Carlos Saad Cure, le realizó un monitoreo de prensión arterial y le diagnosticó que su tensión arterial era normal.

— Que no padece de hipertensión arterial y, por tanto, no debía ser desvinculada del curso de formación de patrulleros.

— Que, el 21 de enero de 2010, pidió ante la Escuela de la Policía Antonio Nariño que le entregaran copias de los exámenes médicos de incorporación, pero que, hasta la fecha de presentación de la demanda, no le habían dado respuesta.

— Que con la decisión de desvinculación se le vulneraron los derechos fundamentales invocados y, además, se le causó un perjuicio irremediable.

— Que de no haberse realizado otro examen, en el que se determinó que no padecía de hipertensión arterial, hubiera tomando medicamentos para contrarrestar una enfermedad que no padecía, circunstancia que le pudo haber ocasionado un grave deterioro en su salud.

C. Intervención de las entidades demandadas.

• Policía Nacional - Escuela de Policía “Carlos Eugenio Restrepo”

La directora de la Escuela de Policía “Carlos Eugenio Restrepo” informó que no intervino en la desvinculación de la actora del proceso de selección e incorporación a la Policía Nacional, pues dijo que ese proceso es de competencia de la regional de incorporación 6.

• Policía Nacional - dirección de incorporación

El director de incorporación de la Policía Nacional solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.

Explicó que el personal que ingresa a la Policía Nacional está sometido a un régimen especial y excepcional, debido a que se requieren condiciones, habilidades y destrezas físicas y psíquicas especiales, precisamente por las funciones que realiza un uniformado y porque, además, son exigidas por los Decretos 1796 de 2000 y 094 de 1989.

Dijo que, desde el inicio del proceso selectivo, la actora tenía conocimiento que debía hacerse una valoración de la capacidad psicofísica que determinaba su ingreso al curso y que al no resultar apta, por presentar hipertensión arterial, no pudo continuar en el proceso. Asimismo, sostuvo que al no superar el proceso de admisión la actora no obtuvo la calidad de estudiante.

Por otra parte, adujo que los exámenes médicos particulares que se realizó la señorita Rivera no pueden tenerse en cuenta para la comprobación de la capacidad psicofísica, pues los médicos que pueden hacer esa valoración son los autorizados por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, según los artículos 32 y 33 del Decreto 1796 de 2000.

Igualmente, dijo que cualquier novedad médica relacionada con la capacidad psicofísica que presente un aspirante debe ser subsanada antes de iniciarse formalmente la instrucción como Policía, pues dijo que las actividades físicas desarrolladas, el régimen interno de las escuelas de formación y la misma actividad policial puede agudizar la patología o puede exponerse a un hecho lamentable, y que, precisamente por esas razones, es que no puede incorporarse a esa institución a personas que no cumplan los requisitos para tal efecto.

Finalmente, en cuanto al derecho de petición, adujo que la regional de incorporación 6 recibió la solicitud de la señorita Rivera el 19 de febrero de 2010 y que ya le dio una respuesta.

D. El fallo impugnado.

La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 4 de marzo de 2010, amparó los derechos fundamentales a la defensa y debido proceso de la actora. En consecuencia, ordenó al Director Regional de Incorporación de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de ese fallo, iniciara los trámites necesarios para que se practicaran los exámenes necesarios para determinar si la señorita Leidys Laura Rivera padece o no de una enfermedad cardíaca y vascular hipertensiva. Además, dijo que esos exámenes no pueden consistir en la simple medición de la hipertensión arterial y deberán practicarse en días diferentes.

Asimismo, dijo que si de dichos exámenes no se diagnostica que la señorita Rivera padezca dicha enfermedad el director regional de incorporación de la Escuela de Policía mencionada debía adoptar las determinaciones del caso, con el fin de que la actora sea admitida en el próximo curso de mujeres patrulleras de la Policía Nacional. Que, en caso contrario, se mantendría la decisión de no aptitud.

E. Impugnación.

El jefe regional de incorporación 6 de la Policía Nacional impugnó el fallo del 4 de marzo de 2010.

Dijo que, en virtud del fallo de primera instancia, es posible volver a realizar una nueva valoración médica. Sin embargo, adujo que es probable que los resultados de los exámenes médicos resulten viciados, porque puede suceder que la aspirante tome medicamentos para controlar la enfermedad y, en ese caso, los resultados de los análisis médicos no reportarían la patología.

Por otra parte, sostuvo que el proceso de selección que adelantó la Policía Nacional se basó en el protocolo de selección e incorporación que se aprobó mediante las resoluciones 01071 del 12 de abril y 1933 del 23 de mayo, ambas, de 2007, que, en lo pertinente al caso de la actora, establecieron que “en caso de encontrar cifras anormales de tensión se debe tomar nuevamente en las tres posiciones con descanso previo” y que ese fue el procedimiento que le realizó el médico de medicina laboral a la actora que finalizó en calificarla como no apta para la vida militar.

Solicitó que se tuvieran como válidos los exámenes que realizó el médico del área laboral, pues le realizó tres muestras de presión arterial conforme a los parámetros establecidos en el protocolo. Asimismo, dijo que, contrario a lo que afirmó la actora, el examen holter de presión arterial no es la única técnica utilizada para diagnosticar la hipertensión arterial, pues aseguró que éste es aconsejable en pacientes con disparidad entre las presiones en consulta y las obtenidas fuera del entorno clínico o con síntomas sugestivos de episodios de hipotensión, con independencia de si reciben o no tratamiento antihipertensivo.

Finalmente, solicitó que, de confirmarse el fallo de primera instancia, se aclare si, en el evento de que la actora resultara apta, debía permitirse su ingreso automático o no, teniendo en cuenta que los aspirantes iniciaron su formación académica el 14 de enero de 2010.

II. Consideraciones

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. Procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En todo caso, el mecanismo de defensa judicial ordinario debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues de lo contrario, el juez constitucional deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado.

En el sub examine, la actora pretende la protección de los derechos fundamentales a la defensa, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, petición, libre escogencia de la profesión y debido proceso, que considera vulnerados por la entidad demandada. En consecuencia, pide que se le ordene al director de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo que la reintegre al curso de patrullera, pues considera que no padece la enfermedad por la que la declararon no apta para el servicio.

Ahora bien, para determinar la posible afectación de los derechos fundamentales invocados por la actora, la Sala abordará los siguientes puntos: (i) se analizará la naturaleza jurídica de las escuelas de formación de la Policía Nacional (ii) se hará una referencia al procedimiento de selección e incorporación en la Policía Nacional y, finalmente, (III) se estudiará si existió vulneración a los derechos invocados.

I.  (sic) De las Escuelas de Formación de la Policía Nacional

La Ley 30 de 1992, organizó el servicio público de la educación superior, con base en la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política. El artículo 28 de esa ley reconoce a las universidades, entre otros derechos, el de darse y modificar sus estatutos; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes.

A su turno, el artículo 137 de esa ley, consagró que las escuelas de formación de la Policía Nacional, que adelanten programas de Educación Superior, funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán a lo establecido en Ley 30 de 1992.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en virtud del principio de autonomía universitaria, los entes universitarios gozan de capacidad para autodeterminarse y cumplir con la misión y objetivos que le son propios y que, en el caso de las escuelas de policía, la misión y objetivos tendrán que ver con los principios que rigen la actividad policiva. Esta autonomía implica libertad de regular las relaciones que surgen en desarrollo de la actividad académica, pudiendo establecer un conjunto de disposiciones que regirán a su interior, en todos sus aspectos académicos, administrativos y financieros(1).

De lo anterior se concluye que las escuelas de formación de la Policía Nacional se asimilan a los entes universitarios y, en consecuencia, se rigen bajo el principio de autonomía universitaria, principio que les permite, entre otras cosas, darse su propio reglamento.

II. Del proceso de selección e incorporación en la Policía Nacional

Como consecuencia del principio de autonomía universitaria, el director general de la Policía Nacional de Colombia, mediante Resolución 01071 del 12 de abril de 2007, expidió el protocolo de selección e incorporación de personal para la Policía Nacional.

Según la anterior resolución, el proceso de selección e incorporación se desarrolla en doce etapas que se agrupan así: de soporte, eliminatorias y clasificatorias. Establece la norma que se entiende por etapas de soporte aquellas que apoyan y promueven el buen funcionamiento del proceso de selección e incorporación; las etapas eliminatorias son aquellas en las que el aspirante debe necesariamente cumplir con unos requisitos para continuar el proceso, de lo contrario, será retirado de él; y, finalmente, las etapas clasificatorias hacen referencias a la ordenación de los aspirantes partiendo de aquellos que se ajustan completamente al perfil requerido en la convocatoria y gradualmente se van alejando de éste.

En la etapa eliminatoria se encuentra, para el caso que se estudia, la entrega de aspirantes a curso de patrullero, que se desarrolla de la siguiente manera: una vez sea publicada la lista de los aspirantes seleccionados, es decir, quienes hayan superado el proceso hasta la valoración del consejo de admisiones, serán citados a la sede de la Regional de Incorporación para notificarlos personalmente de esa situación y realizar, entre otras cosas, un acta que sirva de antecedente, la que debe ser firmada por los aspirantes y en la que se reitere que el proceso de selección termina una vez se supere la comprobación de la capacidad psicofísica durante la etapa de inducción y, posterior a ello, pagarán la matrícula para formalizar el ingreso a la Escuela.

Una vez el jefe de la regional de incorporación entregue los aspirantes a la Escuela de Policía, esta debe coordinar la realización de la revisión de la capacidad psicofísica por parte de la autoridad médico laboral de sanidad, mediante un chequeo médico general y la revisión del expediente del proceso de selección.

Ahora bien, en cuanto a la capacidad psicofísica, la Resolución 01071 estableció como fundamentos legales de ésta los Decreto 094 de 1989 y 1796 de 2000.

Según las anteriores normas, la capacidad psicofísica se realiza para el ingreso y permanencia en el servicio y se califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto. Es apto quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil, correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Es aplazado quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil, correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Y, finalmente, es no apto quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil, correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

III. De la vulneración a los derechos invocados

La señorita Rivera considera que la Policía Nacional le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,defensa, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, petición y libre escogencia de la profesión al haberla desvinculado del proceso de selección e incorporación para patrullero en esa Institución, pues estimó que la valoración médica que le hicieron los médicos laborales de esa entidad, que conceptuaron que no era apta para el servicio por padecer de hipertensión arterial, fue equivocada, en razón de que luego de practicarse otros exámenes en una clínica privada, los resultados que allí obtuvo fueron diferentes, es decir, no le diagnosticaron la hipertensión arterial, que según la escuela, padecía.

En efecto, la señorita Leidys Laura Rivera se encontraba en la última fase de la etapa eliminatoria en el proceso de selección para bachiller patrullero, es decir, en la entrega de aspirantes a las escuelas de formación de la Policía Nacional para iniciar curso de formación, en la que al realizarse la prueba de la capacidad psicofísica fue calificada como no apta para el servicio (fls. 82 a 83).

Para que los médicos llegaran a esa conclusión se realizó el procedimiento establecido en la Resolución 01071 para la valoración médica, esto es:

“Toma de signos vitales: consignar las cifras tensiónales en posición de cubito-dorsal, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y frecuencia de pulso. En caso de encontrar cifras anormales de tensión arterial (TA >130/85) se debe tomar nuevamente en las tres posiciones con descanso previo. En caso de que persistan las cifras se conceptuará que el aspirante no se ajusta al perfil”.

De hecho, a folio 83 se observa lo siguiente:

“Calificación de la capacidad psicofísica. Observaciones: paciente con signos T/A:

140/100 Dr. Villareal. Hora: 15:00

140/100 Dr. Jaime Ruiz. Hora: 17:10

140/100 Dr. Jaime Álvarez. Hora: 17:23

No apto. Artículo 68 literal b) del Decreto 94 de 1989”.

De lo anteriormente trascrito se puede establecer que, en efecto, a la señorita Rivera se le practicó un examen general en el que se determinó una alteración en su presión arterial. Como consecuencia de esa alteración se le volvió a realizar el examen 3 veces más en el mismo día y su diagnóstico fue de presión arterial de 140/100, resultado que no fue favorable para continuar en el proceso.

La Sala considera que, para determinar la capacidad psicofísica de la actora, si bien se realizó el procedimiento establecido en las normas pertinentes, lo cierto es que existen unas certificaciones por parte de médicos especialistas que, luego de realizarle los exámenes médicos correspondientes, no diagnosticaron que la señorita Rivera padeciera de hipertensión arterial. En efecto, a folio 26 del expediente se observa un certificado de salud en el que se informa que, durante los días 21 de enero a 1 de febrero de 2010, la actora no presentó presión arterial sistólica o diastólica elevada. Asimismo, en esa certificación se manifiesta que a la demandante, el 26 de enero de 2010, se le hizo un monitoreo de presión arterial y su diagnóstico fue normal.

Las anteriores observaciones permiten concluir que del examen general que le realizaron a la señorita Rivera los médicos laborales de Sanidad, no se puede determinar con certeza que la actora padezca hipertensión arterial, mas si se tiene en cuenta que existen unos exámenes médicos que se realizaron durante 10 días y que no diagnosticaron que la actora padeciera dicha enfermedad. Esta circunstancia conlleva que exista duda acerca de si, en realidad, se configuró una causal para que se declare que la actora no es apta para el servicio.

En consecuencia, en este caso, y con el fin de garantizar a la actora su derecho al debido proceso que lleva implícito el derecho de defensa y contradicción y, además, por tratarse de derechos de aplicación inmediata, la Sala confirmará el amparo de esos derechos, pero modificará la orden dada al director regional de incorporación 6 de la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo, en el sentido de que si luego de practicado el examen médico, la actora resulta apta para el servicio el director deberá adoptar las medidas necesarias para incluir a la demandante en el próximo concurso de mujeres patrulleras, pero su proceso se llevará a cabo desde la etapa clasificatoria, pues las demás etapas ya las aprobó.

Finalmente, la actora aduce que el 22 de enero de 2010 pidió al director de la Escuela de Policía Antonio Nariño que le expidiera copia de los exámenes médicos de incorporación que le fueron practicados, pero que, a la fecha de presentación de la tutela, la demandada no había dado respuesta.

Ahora bien, del análisis del expediente, se observa que la entidad demandada le entregó copia de los exámenes médicos y le informó que si requiere otros documentos de su carpeta de incorporación están a su disposición (fl. 93).

En consecuencia, la conducta omisiva que se reprochaba de la entidad demandada fue corregida y desapareció, en estricto sentido, el motivo que obligó a la actora a interponer la tutela. De esta manera, respecto a este derecho, carece de objeto el pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional, en razón de que la tutela perdió cualquier motivo que la justifique o razón que la sustente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

Modifícasela sentencia del 4 de marzo de 2010, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. En consecuencia, se dispone :

1. Confírmase el numeral primero del fallo de primera instancia.

2. Revócaseel numeral segundo del fallo impugnado. En su lugar:

— Ordénase al director regional de incorporación 6 de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Retrepo que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, realice los trámites necesarios para que se practiquen los exámenes médicos con el fin de determinar si la señorita Leidys Laura Rivera Giraldo padece de hipertensión arterial o no. En todo caso, el director no podrá ordenar que se le practique un examen igual al que se le realizó anteriormente.

— Si de los exámenes que se le realicen a la señorita Rivera se determina que es apta para el servicio, el Director deberá adoptar las medidas necesarias para incluirla en el próximo concurso de mujeres patrulleras, pero su proceso se llevará a cabo desde la etapa clasificatoria porque las demás etapas ya las aprobó.

— Si de los exámenes se determina que no es apta para el servicio se mantendrá la declaración de desvinculación del proceso de selección e incorporación.

3. Remítase el expedientea la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo.

(1) Ver sentencia T-815 de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentaría.