Sentencia 2010-00279 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 730011102000201000279 01

Magistrado Ponente:

Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño

Aprobado según Acta 95 de 12 de noviembre de 2014

Registro proyecto: 10 de noviembre de 2014

Denunciado: Álvaro Gómez Vélez

Denunciante: Tribunal Superior de Ibagué, Tolima

Primera instancia: suspensión por dos meses

Decisión: revoca y absuelve

Prescripción: 17 de febrero de 2015

Ref.: apelación abogado

Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta corporación tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de las decisiones emitidas por los consejos seccionales de la judicatura, de acuerdo con lo establecido por los artículos 112.4 de la Ley 270 de 1996 y 59.1 de la Ley 1123 de 2007. Dicha competencia, en casos de apelante único como el presente, se constriñe al análisis de los argumentos señalados en el recurso de apelación y debe respetar el principio de prohibición de reformatio in pejus.

2. Identificación del disciplinado.

Se investiga al abogado Álvaro Gómez Vélez, identificado con la cédula de ciudanía 5.943.349 y la tarjeta profesional 26.361 del Consejo Superior de la Judicatura. El referido profesional no registra antecedentes disciplinarios(15).

3. Solución del caso.

Se trata de resolver por vía de apelación la solicitud de revocatoria de la sanción impuesta por la primera instancia al abogado Gómez Vélez, luego de hallarlo responsable de la falta prevista en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007.

La Sala encuentra, de acuerdo con el material probatorio recaudado y lo manifestado por el abogado en su versión libre, que en el caso sí se configura una causal eximente de responsabilidad, tal como se explica a continuación:

El abogado disciplinado ejerce como abogado de pobres, y como tal es conocido en el municipio del Líbano, esto es, en condiciones de notoria estrechez económica, que se reflejan en la precaria infraestructura física con la que cuenta para atender a sus clientes e incluso en la muy modesta cuantía de los honorarios que percibe. En ese contexto, la Sala aprecia que la inasistencia del disciplinado, en calidad de defensor, a la audiencia de sustentación del recurso de apelación dentro del proceso penal de inasistencia alimentaria, se debió a esas particulares condiciones socioeconómicas del abogado investigado y al repentino incumplimiento de su poderdante en el pago de las expensas necesarias para el viaje del Líbano a Ibagué, y ello es un evento de fuerza mayor que excluye la consideración sobre el obrar doloso del disciplinado.

Por la versión libre rendida por el abogado Gómez Vélez, se aprecia que en el contrato de prestación de servicios celebrado con su poderdante, este último se obligó a asumir los gastos necesarios para ejercer la defensa, y que fue la noche anterior al día de la audiencia, cuando el Sr. López Castro abandonó repentinamente el municipio de Líbano, sin antes haberle suministrado al abogado investigado el dinero necesario para que este pudiera trasladarse a sustentar el mencionado recurso de apelación.

Las condiciones socioeconómicas del abogado Gómez Vélez permiten apreciar que le era imposible asumir los gastos necesarios para desplazarse a Ibagué ejercer la defensa de su poderdante. En consecuencia, si bien es cierto que a los profesionales del derecho, se les exige un nivel de diligencia que en ocasiones los obliga a ir más allá de lo inicialmente convenido con sus mandantes, en el caso que nos ocupa no resulta válido afirmar que en aras de cumplir con su deber de diligencia, el disciplinado debía asumir obligaciones adicionales a las inicialmente pactadas, por cuanto le era imposible resistir la contingencia derivada de la ausencia repentina del señor López Castro.

Por otra parte, el abogado no podía prever, con antelación, que la contingencia de la falta de pago del viaje a Ibagué se iba a presentar, y por tanto no pudo renunciar al poder o solicitar un aplazamiento.

Siendo así las cosas, y en atención a la máxima del derecho según la cual “nadie se encuentra obligado a lo imposible”, concluye la Sala que de la conducta desplegada por el abogado Gómez Vélez no reúne los presupuestos necesarios para endilgarle responsabilidad disciplinaria.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y de ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de primera instancia de 17 de abril de 2013, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que había resuelto: “declarar probados y no desvirtuados los cargos formulados con auto de 13 de noviembre de 2012, al doctor Álvaro Gómez Vélez, cédula de ciudadanía 5.943.349, abogado inscrito en el Consejo Superior de la Judicatura con tarjeta profesional 23.361 vigente al inicio de este trámite, por infracción al deber contenido en el artículo 28-10 de la Ley 1123 de 2007 y la incursión en la falta contemplada en el artículo 37.1 ibídem y en consecuencia, sancionar al doctor Álvaro Gómez Vélez con suspensión en el ejercicio de la profesión por dos (2) meses”, para en su lugar absolver al abogado Álvaro Gómez Vélez, con cédula de ciudadanía 5.943.349 y tarjeta profesional 26.361 de la falta establecida en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. Devuélvase al expediente al consejo seccional de origen para lo de ley.

Notifíquese y cúmplase».

(15) Folio. 156 c.o.