Sentencia 2010-00285/0032-2013 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Rad.: 250002327000201000285 01 (0032-2013)

Actor: Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Bogotá, D.C., Treinta de marzo de dos mil diecisiete

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Decreto 01 de 1984

Extractos: «Consideraciones

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos se concretan en los siguientes interrogantes:

1. ¿Las resoluciones de reconocimiento pensional con base en las cuales el SENA emitió el mandamiento de pago 007 de 2009 en contra del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia, cumplen con los requisitos fijados para todo título ejecutivo en los artículos 68 del CCA y 488 del CPC?

2. ¿Se interrumpió el término de prescripción de los valores adeudados por concepto de cuotas partes pensionales con las consignaciones efectuadas por el Incora en favor del SENA los días 13 de marzo de 2006 y 15 de enero de 2007?

Para efectos de dilucidar los problemas jurídicos planteados, la Subsección abordará el estudio de los siguientes temas: i) Cobro de las cuotas partes pensionales. Documento que presta mérito ejecutivo y; ii) Prescripción de las cuotas partes pensionales.

1. Cobro de las cuotas partes pensionales. Documento que presta mérito ejecutivo.

La concurrencia en el pago de las pensiones ha sido reglamentada desde la expedición de la Ley 6ª de 1945, norma que en el artículo 29, señaló que para el pago de la pensión debían concurrir todos aquellos que hubieren sido empleadores del pensionado de forma proporcional. Así mismo, el desarrollo normativo mantuvo esta obligación en cabeza de estos y de las cajas de previsión social a través de los artículos 1º de la Ley 24 de 1947(1), 21 de la Ley 72 de 1947, 28 del Decreto 3135 de 1968(2), 72(3) del Decreto 1848 de 1969 y 75(4) numeral 3º ibidem. De igual manera, el artículo 2º de la Ley 33 de 1985 consagró el derecho en favor de las entidades pagadoras de las pensiones de repetir contra las demás entidades en quienes concurra la obligación de pagar la respectiva pensión.

Lo anterior continuó aun con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la cual mantuvo la existencia del derecho al cobro de las cuotas partes pensionales cuando una entidad pública, por efecto del régimen de transición pensional o por razones de orden extralegal, reconoce una pensión de jubilación, caso en el cual las demás entidades empleadoras o las cajas de previsión deben concurrir con la respectiva cuota parte(5).

Ahora, el recaudo de la misma debe hacerse a través del proceso de cobro coactivo cuando la obligación no es reconocida ni pagada por la institución requerida. Sobre el particular, la Ley 1066 de 2006 en el artículo 5º dispuso que las entidades públicas cuando pretendan el cobro de dineros públicos deben seguir el trámite previsto en el Estatuto Tributario. Señaló la norma:

“[…] Art. 5º—Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

[…]

PAR. 3º—Las Administradoras de Régimen de Prima Media con Prestación Definida seguirán ejerciendo la facultad de cobro coactivo que les fue otorgada por la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias [...]” (Resaltado fuera de texto).

El parágrafo citado remite al artículo 57 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Decreto 2633 de 1994, el cual señaló que conforme el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos, lo que deben hacer bajo el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario.

Para dichos efectos, el artículo 826 de dicha normativa, advierte que el funcionario competente en el trámite de cobro coactivo, debe emitir el mandamiento de pago para lograr el cumplimiento de las obligaciones. Por su parte el artículo 68 del CCA dispuso qué documentos prestan mérito ejecutivo en los siguientes términos:

“[...] ART. 68.—Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma liquida de dinero, en los casos previstos en la ley [...]”

La normativa, trascrita debe interpretarse en concordancia con el artículo 488 del CPC —hoy 422 del CGP—, en tanto este establece en los mismos términos, que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles, condiciones sustanciales de los títulos ejecutivos(6). Sobre la definición específica de estas características la Corporación ha manifestado lo siguiente:

“[...] La obligación es expresa cuando surge manifiesta de la redacción misma del documento, en el cual debe aparecer el crédito - deuda en forma nítida, es decir, que la obligación esté declarada de forma expresa sin que haya lugar a acudir a elucubraciones o suposiciones; - La obligación es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido; y - La obligación es exigible cuando su cumplimiento no está sujeto a plazo o a condición, es decir, ante la existencia de plazo o condición, la obligación se torna exigible cuando el término para su cumplimiento ya venció o cuando la condición ya acaeció(7) [...]”

Ahora, tratándose del cobro de cuotas partes pensionales, la jurisprudencia tanto de esta corporación como de la Corte Constitucional, ha sido enfática en señalar que el acto administrativo que presta mérito ejecutivo para efectos del cobro coactivo es la resolución que reconoce el derecho a la pensión, toda vez que en la misma se determina el objeto de la obligación de forma clara e inconfundible, las partes vinculadas por la misma, el plazo y la cuantía de esta. Así mismo, se ha dejado claro que la exigibilidad del crédito ocurre una vez efectuado el pago de las mesadas pensionales(8).

El Consejo de Estado en sentencia de junio del año 2016(9) ratificó la posición que acoge dicha tesis, en los siguientes términos:

“[...] Se aclara entonces que, tal como lo precisó esta Sala anteriormente, “el acto administrativo que reconoce la pensión es donde, en realidad, se puede apreciar el objeto de la obligación expresado en forma exacta y precisa, las partes vinculadas por la obligación, que también deben estar claramente determinadas e identificadas, la certidumbre respecto del plazo y, finalmente, la determinación de la cuantía o monto de la obligación o que ésta sea claramente deducible. En síntesis, es en este acto administrativo en donde se gesta la obligación clara y expresa(10)[...]”(Resalta la Sala).

No obstante, se advierte que la resolución que reconoce la pensión solo puede fungir como título ejecutivo para efectos del cobro de cuotas partes pensionales a través del proceso de jurisdicción coactiva, cuando reúna los requisitos señalados en el artículo 68 del CCA y el artículo 488 del CPC, esto es, cuando contenga una obligación clara, expresa y exigible, en los términos ya explicados.

En conclusión:

El recaudo de las cuotas partes pensionales, por disposición del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, debe hacerse a través del proceso de cobro coactivo regulado en el Estatuto Tributario.

Para dicho efectos, es necesaria la existencia de un documento que preste merito ejecutivo, que debe cumplir las exigencias del artículo 68 del CCA y 488 del CPC, hoy 422 del CGP, esto es, que contenga una obligación clara, expresa y exigible.

En el cobro de cuotas partes pensionales a través del proceso de jurisdicción coactiva, el acto administrativo que reconoce la pensión será el título ejecutivo, siempre que cumpla los requisitos enunciados en el párrafo precedente. La exigibilidad del crédito ocurre una vez efectuado el pago de las mesadas pensionales y no antes.

1.1. Caso concreto.

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia aseguró que el título ejecutivo con base en el cual se emitió el mandamiento de pago 007 de 2009 no determinó una obligación clara, expresa y exigible. Estimó que en este no se especificó (i) la fecha de causación de los montos liquidados y (ii) el vencimiento de los mismos, datos que eran necesarios para constituir el título.

De igual manera, manifestó que la obligación no es clara porque las condiciones fácticas de todos los pensionados son distintas (el sustento de ello es el cuadro visible en las páginas 4 a 6 de esta providencia). Bajo tal perspectiva expresó que la entidad no podía dar el trámite correspondiente al cobro de las obligaciones, hasta tanto el SENA no cumpliera los requisitos y entregara los documentos que contempla la Circular 069 emitida por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el instructivo del FOPEP 12310-683-08.

Como bien sé expuso con anterioridad, un documento presta mérito ejecutivo cuando reúne las exigencias contenidas en los artículos 68 del CCA y 488 del CPC hoy 422 del CGP, esto es, que contenga una obligación clara; expresa y exigible. Para el caso del cobro de las cuotas partes pensionales el título ejecutivo es la resolución que reconoce la pensión, siempre que cumpla los requisitos enunciados.

En el sub examine, la Sala advierte que el SENA libró mandamiento de pago mediante el Auto 007 del 8 de julio de 2009 en contra de la entidad demandante, a efectos de lograr de esta el pago de las cuotas partes pensionales de varios pensionados que prestaron el servicio en el Incora(11) (fls. 1 a 12 del anexo 1). Dicha providencia se sustentó en las resoluciones que reconocieron las pensiones y en ella se relacionó el valor de la obligación de forma individual de la siguiente manera:

PensionadoActo administrativo que reconoce la pensiónPorcentaje que corresponde por la cuota parte pensional al fondo demandante, señalado en el acto de reconocimiento pensional.Monto de la obligación
José Ramírez LondoñoResolución 291 de 199717,74%$36.992.736
José Luxberto Torres Villamarin (Sustituyó a Alba Lilia Henao Franco)Resolución 00344 de 200135,27%$35.665.030
Miguel Ángel Osorio CastroResolución 00254 de 199720,41%$67.295.533
Carlos Norberto CaicedoResolución 00688 de 200210.81%$9.987.026
Wilfrido Antonio Perea MosqueraResolución 00182 de 199512.69%$16.931.488
Pedro Antonio García SánchezResolución 00182 de199516.65%$38.707.374
Jorge Eliecer Sinisterra MurilloResolución 0026 de 199527.60%$573283.327
Gabriel Ángel RestrepoResolución 0260 de 19976.27%$10.188.850
Oscar de Jesús Yepes ParraResolución 30104 de 19949.35%$10.793.258
Rafael Eduardo Cedeño SaavedraResolución 0951 de 19992.14%$4.802.212
José Vicente Castro GuzmánResolución 0415 de 199629.66%$49.165.440
Néstor Oswaldo Guzmán SastreResolución 0285 de 20022.20%$2.368.925
Luis Octavio González DelgadoResolución 1764 de 200141.84%$116.443.099
Efraín Gustavo Buitrago ContrerasResolución 00251 de 199714.13%$24.315.332
Jorge Pérez Gómez Resolución 00383 de 19973.12%$3.937.959
José Dolores Acero SalamancaResolución 00464 de 199722.28%$29.130.751
Pedro Alirio Barrera MurciaResolución 0709 de 199511.63%$15.127.776
Jaime Darío Araque GarcíaResolución 1145 de 20019.043%$12.010.755
Alonso Rodríguez Rodríguez (Sustituyó en favor de María Esther Saker Fuentes)Resolución 0418 de 199526.49%$46.321.041
Silvio Dorado HoyosResolución 00626 de 200123.24%$23.889.737
Ramón María López CorreaResolución 00689 de 20025.28%$6.075.330
Luciano Carmona PatiñoResolución 001224 de 20056.69%$5.423.431
Jaime Bachiller Reyes (objetó la cuota parte)Resolución 001885 de 20065.58%$4.066.498
José Álvarez MurilloResolución 1058 de 20050.67%$819.833
María del Carmen Forero BanoyResolución 203 de 199911.70%$16.222.638
Elsa Charry BastidasResolución 343 de 19978.13%$13.621.907
Nelly Judith Neuman HurtadoResolución 1258 de 200116.57%$14.634.878
Antonio José Delgado Pérez (Sustituida a Gladys González)Resolución 0577 de 199516.57%$37.088.744
Juan de Jesús Cárdenas ÁvilaResolución 1496 de 20063.89%$4.705.525
Jesús Laureano VillamizarResolución 2566 de 20042.05%$2.586.074
Gustavo Valcárcel CarrolResolución 2634 de 20055.91%$6.443.534
Heber Torres RamírezResolución 1944 de 199635.56%$29.885.988
José Obed Tabares PérezResolución 1892 de 200613.05%$7.499.751
Joaquín Sierra CanoResolución 624 de 2006 18.04%$24.119.471
Álvaro Pérez SuescunResolución 124 de 200615.04%$15.962.790
Edgar Peña SalinasResolución 1886 de 200614.17%$7.587.877
José Raúl Parada GranadosResolución 1515 de 20061.6%$1.757.982
Jorge Ignacio Gómez MatallanaResolución 346 de 20066.75%$5.331.979
Diego Garzón GuzmánResolución 2087 de 200616.16%$9.416.276
Antonio José Reyes Escobar Resolución 2635 de 200529.20%$42.238.435
Julio Roberto Espinel SuarezResolución 0382 de 20078.6%$4.204.885
Luis Jaime Monroy BenavidezResolución 2483 de 200615.68%$7.176.015
Hernán Guillermo Vellojin BurgosResolución 2535 de 20053.63%$3.738.609
José Rafael Turriago TorresResolución 2771 de 20079.11%$4.609.832
Miryam Edelmira Rodríguez RamírezResolución 397 de 20086.72%$1.518.047

Los valores que se incluyeron en el mandamiento de pago 007 de 2009 coinciden plenamente con los fijados en las resoluciones de reconocimiento pensional allegadas al proceso (Anexos 3, 4, 5 y 6).

Conviene decir que además del contenido trascrito que consta en la providencia citada el SENA entregó al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la cuenta de cobro con corte a 31 de mayo de 2009 en la que efectuó el cálculo que arrojó las cifras mencionadas, con la inclusión de la fecha en que se ingresó a nómina al pensionado, el valor de la cuota parte pensional mensual, los intereses y lo pagado por la entidad (fls. 30 a 307 del cuaderno principal). La prueba de que esta relación dé las cifras adeudas se entregó a la entidad deudora es el contenido de la notificación en la que consta ello (fl. 15, anexo 1).

Conforme a lo anterior, para la Sala es claro que el mandamiento de pago 007 de 2009 sí se sustentó en títulos ejecutivos que contenían una obligación clara expresa y exigible, toda vez que en todas y cada una de las resoluciones que dieron lugar al mismo se determinó: (i) El objeto de la obligación de forma exacta y precisa porque se indicó que debía pagar la cuota parte pensional, (ii) las partes vinculadas por la obligación, toda vez que en las mismas sé señaló que el SENA asumiría el pago de las mesadas pensionales y repetiría en contra del Incora por el porcentaje de su cuota parte pensional, (iii) la determinación de la cuantía o monto de la obligación o que esta sea claramente deducible. En las resoluciones se fijó el valor de la mesada pensional y el correspondiente porcentaje que debía asumir el Incora, lo que permitía efectuar el cálculo para hallar el valor a pagar y; (iv) la certidumbre respecto del plazo. Conforme la jurisprudencia la obligación se hace exigible una vez se pague la primera mesada pensional.

Ahora, con respecto a que la entidad no podía dar el trámite correspondiente al cobro de las obligaciones hasta tanto el SENA no cumpliera los requisitos y entregara los documentos que contempla la Circular 069 emitida conjuntamente por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el instructivo del FOPEP 12310-683-08, la Sala advierte que dichos actos se refieren al procedimiento que deben seguir las entidades para proferir las cuentas de cobro de las cuotas partes pensionales(12), empero las mismas no determinan los requisitos sustanciales que deben reunir los títulos ejecutivos para iniciar el cobro coactivo, como sí lo hacen el artículo 68 del CCA y el artículo 488 del CPC. Por esta razón, tal argumento no tiene la fuerza para desestimar las resoluciones de reconocimiento pensional que sustentaron el mandamiento de pago 007 de 2009.

En conclusión:

Las resoluciones de reconocimiento pensional con base en las cuales el SENA emitió el mandamiento de pago 007 de 2009 contienen una obligación clara, expresa y exigible en contra del Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia y en consecuencia son verdaderos títulos ejecutivos. Por tanto, se desestima el argumento denominado “falta de título ejecutivo” esbozado-por la entidad demandante.

2. Prescripción de las cuotas partes pensionales.

La prescripción de la acción de recobro de las cuotas partes pensionales fue instituida por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, en sus artículos 41 y 102 respectivamente, por un término de tres años contados a partir de la causación de la obligación(13). Estas normas son aplicables porque también regularon lo concerniente al derecho que tiene la entidad que reconoció la pensión de repetir en contra de las que legalmente están obligadas a participar en el pago de forma proporcional(14).

Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 1066 de 2006, en cuyo artículo 4º dispuso:

“[...] Art. 4º—Cobro de intereses por concepto de obligaciones pensionales y prescripción de la acción de cobro. Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora [...]” (Resalta la Sala).

La norma sujetó el inicio del conteo del término prescriptivo al momento que se efectúa el pago de la mesada pensional respectiva, toda vez que la exigibilidad de la obligación de reembolso de las cuotas partes pensionales, surge desde el momento en el que se cancela la primera mesada al pensionado.

Ahora, conforme lo ha interpretado la jurisprudencia, con la expedición de la Ley 1066 de 2006 lo que el legislador pretendió fue unificar en un solo artículo el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales y la prescripción de éste, lo que no quiere decir que el mismo no existía ya en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. La razón era evitar precisamente dicha interpretación. Al respecto la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-895 de 2009 en los siguientes términos:

“[...] Como se observa, el Legislador siempre tuvo claro que la tardanza en el pago de las cuotas partes daba lugar al reconocimiento de intereses y que en todo caso debía haber un término de prescripción; pero como esos asuntos no estaban definidos con absoluta precisión, consideró oportuno expedir una regulación al respecto, bajo el entendido que las normas sustantivas y procesales de los regímenes laborales y prestacionales siempre han consagrado el fenómeno de la prescripción como forma de extinguir las obligaciones periódicas.

De igual forma, conviene mencionar que la Ley 1066 de 2006 fue dictada con el objetivo de estimular una política de saneamiento fiscal de las entidades públicas, forzando la recuperación de cartera y evitando la permanencia indefinida de créditos o el papo de cuantiosos intereses.

[…]

Desde esta perspectiva, teniendo presente el principio según el cual “no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción”(15), razones de orden público y de seguridad jurídica exigen que estas obligaciones tengan un plazo extintivo o liberatorio. Y así como es facultativo del Legislador señalar los requisitos para la creación de obligaciones, también es potestativo de éste fijar las reglas de extinción de las mismas [...]”.

En conclusión: El término de prescripción de las cuotas partes pensionales es de tres años. Así se estableció en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y en la Ley 1066 de 2006. El mismo se debe contar a partir del momento en que se hizo exigible la obligación, que no es otro que desde el instante en que se efectuó el pago de las mesadas pensionales.

2.1. Caso concreto:

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con relación a la prescripción, manifestó que con los pagos efectuados por el fondo demandante el día 13 de marzo de 2006 y el día 15 de enero de 2007 se interrumpió la materialización de la misma, conforme lo preceptuado por el artículo 2539 del Código Civil. Además, señaló que también se interrumpió con la expedición del mandamiento de pago el día 8 de julio de 2009 y notificado el 12 de agosto del mismo año.

Revisado el material probatorio, la Sala encontró que efectivamente el Incora efectuó dos consignaciones en favor del SENA el día 15 de marzo de 2006 por un valor de $299.466.686 y el día 15 de enero de 2007 por cuantía de $316.275.666. La entidad demostró ello con la copia auténtica de los recibos (fls. 705 y 706).

Para la Subsección, es cierto lo afirmado por el A quo según lo cual, las mencionadas consignaciones por si solas no demuestran que los pagos se efectuaron como abono a la deuda que luego fue ejecutada a través del cobro coactivo. No obstante, del acto mediante el cual se resolvieron las excepciones en el trámite administrativo y que se encuentra como prueba en el presente proceso, si es posible determinar que el pago efectuado el día 15 de enero de 2007 se hizo como abono a la obligación. En efecto en el mencionado acto se puede leer: “[...] debe decirse que la defensa estudiada y denominada “el pago de la obligación” esta llamada al fracaso; pues si bien es cierto se presentó un pacto parcial de la obligación anterior a la iniciación de este proceso por valor de $316.275.666, con ello no logra cubrirse la totalidad de la obligación [...]” (Resalta la Sala) (f. 62, anexo 1).

De esta manera, es claro que la entidad deudora (Incora) a través del pago realizado el 15 de enero de 2007 reconoció la obligación y en ese sentido interrumpió el término de prescripción conforme lo señala el artículo 2539 del Código Civil que reza:

“[...] ART. 2539.—Interrupción natural y Civil de la prescripción extintiva. La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente.

Se Interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.

Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados én el artículo 2524 [...]” (Resaltado fuera de texto).

Bajo tal contexto, es claro que el término prescriptivo debe computarse desde el 15 de enero de 2007, lo que implica que solo puede reconocerse el pago de las sumas causadas por concepto de cuotas partes pensionales desde el 15 de enero de 2004 en adelante, encontrándose prescritas las correspondientes a los años anteriores. Por tanto habrá de modificarse la sentencia de primera instancia en este sentido.

Finalmente, en cuanto al argumento esbozado por el SENA referente a que la prescripción de las cuotas partes pensionales solo operó a partir del 29 de julio de 2009, fecha en que entró en vigencia la Ley 1066 de 2006, y que por tanto no puede declarase de forma retroactiva, la Sala no dará la razón a la entidad, toda vez que, según se explicó, el término prescriptivo de estas sumas se contempló desde la entrada en vigencia de los decretos 3135 de 1968 (art. 28) y 1848 de 1969 (arts. 72 y 72).

En conclusión:

Con la consignación efectuada por el Incora en favor del SENA el día 15 de enero de 2007, sí se interrumpió el término de prescripción de los valores adeudados por concepto de cuotas partes pensionales. Por tal razón, procede el reconocimiento y pago de las sumas causadas con posterioridad al 15 de enero del año 2004, no así con respecto a las correspondientes a los años anteriores, en tanto se encuentran prescritas.

Decisión de segunda instancia.

Por lo expuesto la Subsección A modificará parcialmente el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el día 26 de abril de 2012, que quedará así:

“[...] 1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 111 de 2009 proferida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante la cual se resolvieron las excepciones propuestas por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia contra el mandamiento de pago 007 de 2009, en lo que tiene que ver con la prescripción de las cuotas partes pensionales.

En consecuencia se declara la prescripción de las sumas adeudadas por concepto de cuotas partes pensionales con anterioridad al 15 de enero del año 2004 debiéndose reconocer y pagar las causadas con posterioridad a dicha fecha [...]”

En lo demás se confirmará la sentencia de primera instancia.

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

Reconocimiento de personería

Se reconocerá personería a la abogada Natalia Viviana León Ávila portadora de la tarjeta profesional núm. 139.475 del CSJ como apoderada del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los términos y para los efectos del poder conferido.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla

1. Modificar parcialmente el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el día 26 de abril de 2012, el cual quedará así:

“Primero: Declarar la nulidad parcial de la Resolución 111 de 2009 proferida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mediante la cual se resolvieron las excepciones propuestas por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia contra el mandamiento de pago 007 de 2009 en lo que tiene que ver con la prescripción de las cuotas partes pensionales.

En consecuencia, se declara la prescripción de las sumas adeudadas por concepto de cuotas partes pensionales con anterioridad al 15 de enero del año 2004 debiéndose reconocer y pagar las causadas con posterioridad a dicha fecha”.

2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

3. Reconocer personería a la abogada Natalia Viviana León Ávila portadora de la tarjeta profesional 139.475 del CSJ como apoderada del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los términos y para los efectos del poder conferido.

4. Sin condena en costas por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

1. La Ley 6º de 1945 fue modificada por el artículo 1º de la Ley 24 de 1947, cuyo parágrafo consagró:
“[...] PAR. 1º—Cuando el favorecido con la pensión de jubilación haya servido diez años, lo menos, en empleos o cargos públicos nacionales, el total de la pensión le será cubierto por la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, sin perjuicio del oportuno reembolso de su mayor costo por cuenta de las entidades obligadas a reconocerlos, en los términos del artículo 3º del Decreto 2567 de 1946 (agosto 31) [...]”.

2. “[…] La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ella a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince días para objetarlo [...]”

3. La norma fijó la acumulación del tiempo de servicios para efectos pensionales.

4. “[...] 3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas [...]”

5. Esa fue la interpretación que hiciera la jurisprudencia ante la confusión generada con la entrada en vigencia de la Ley 490 de 1998, la cual en el artículo 4º ordenó suprimir las obligaciones que por concepto de cuotas partes tuvieran las entidades públicas nacionales causadas antes del 1º de abril de 1994, lo que hizo pensar, en principio, que las cuotas partes pensionales habían desaparecido del ordenamiento jurídico al ser remplazadas por los bonos pensionales. No obstante, el Decreto 13 de 2001 aclaró la confusión y dispuso en el inciso 3º del artículo 1º “[...] En los casos en que de acuerdo con la ley no corresponda emitir bonos pensionales, la entidad que haya reconocido o que reconozca la pensión, tendrá derecho a obtener el pago de la cuota parte correspondiente a los tiempos de servicio prestados o cotizados a otras entidades que se hayan tomado en cuenta para el reconocimiento de la pensión, de conformidad con las normas aplicables y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 490 de 1998 [...]”. Ver la sentencia del 14 de noviembre de 2013, con Radicación 25000-23-25-000-2008-00949-01(2340-11), proferida por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

6. Así consideradas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-147 de 2013.

7. Ver sentencias del 27 de marzo de 2003, Expediente 22.900; del 10 de abril de 2003, Expediente 23.589; del 2 de octubre de 2003, Expediente 24.020 y del 17 de febrero de 2005, Expediente 25.860.

8. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 19 de mayo de 2016. Radicado 2011-00579-01 (20854). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

9. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (E). Bogotá D.C. 23 de junio de 2016. Radicación 05001-23-31-000-2011-00505-01(21913). Actor: Municipio de Jericó. Demandado: Departamento de Antioquía.

10. En dicha providencia, se dejó claro que “[...] el acto administrativo de liquidación de las cuotas partes pensionales causadas en virtud del desembolso efectivo de las respectivas mesadas pensionales no es un título ejecutivo en los términos del artículo 828 del Estatuto Tributario, aplicable por disposición del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, pues este acto funge, simplemente, como un certificado de la administración de los valores pendientes de pago por concepto de cuotas partes pensionales [...]” (Resaltado fuera de texto).

11. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia asumió el pago y reconocimiento de las pensiones que estaban a cargo del Incora en virtud del artículo 2º del Decreto 4986 de 2007 que modificó el Decreto 1292 de 2003.

12. Así se desprende del texto de dichos actos administrativos. La Circular 069 de 2008 se puede ver en la siguiente página web:
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_Minprotección_0069_2008.htm y el instructivo del FOPEP en el Folio 37 del anexo 2.

13. En este sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección A. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, en la sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicación 25000-23-25-000-2010-00258- 01(0948-12). Actor. Departamento del Meta. Demandado: Blanca Leonor Chaparro Sossa y Otros.

14. El artículo 28 del Decreto 3135 de 1968 derogado por la Ley 33 de 1985 preceptuaba: “[...] Art. 28. La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido en ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince días para objetarle [...]”. En igual sentido se regulaba la situación en los artículos 72 y 75 numeral 3º del Decreto 1848 de 1969.

15. Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.