Sentencia 2010-00288 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 08001-23-31-000-2010-00288-01(2380-13)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Zunilda Cecilia Meza Ortiz

Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Contraloría Distrital de Barranquilla

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera

1. Problema jurídico.

La Sala deberá determinar si en este caso se configuran los presupuestos que dan lugar al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, por la omisión en el pago de las cesantías a que la actora tenía derecho, correspondientes a los años 2001-2006. En caso afirmativo, si se configuró la prescripción del derecho y durante qué periodo.

2. Marco jurídico.

El auxilio de cesantía se rige por lo dispuesto en la Ley 6ª de 19 de febrero de 1945(2), que en su artículo 17 estableció, entre otras, esta prestación para los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, teniendo en cuenta el tiempo prestado con posterioridad al 1º de enero de 1942.

A su turno, el artículo 1º de la Ley 65 del 20 de diciembre de 1946(3) hizo extensiva dicha prestación a los trabajadores del orden territorial y a los particulares, cuando dispuso:

“ART. 1º—Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro.

PAR.—Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6ª de 1945, y a los trabajadores particulares”.

La anterior disposición fue reiterada por el artículo 1º del Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947(4).

Posteriormente, el artículo 27 del Decreto 3118 de 26 de diciembre de 1968(5) preceptuó que cada año calendario, contado a partir del 1º de enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados. De igual manera advirtió que la liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.

En el artículo 33 de la norma últimamente referida se establecieron intereses del 9% anual sobre las cantidades que a 31 de diciembre de cada año figuraran a favor de cada empleado público o trabajador oficial; porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3º de la Ley 41 de 11 de diciembre de 1975(6).

Así, con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se da comienzo en el sector público, especialmente en la Rama Ejecutiva Nacional, al desmonte de la retroactividad de la cesantía, para dar paso a su liquidación anual. El pago de intereses a cargo del Fondo Nacional de Ahorro se previó para proteger dicha prestación de la depreciación monetaria.

En el orden territorial el auxilio de cesantía continuó bajo los parámetros de la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947, que consagran su pago en forma retroactiva.

El 28 de diciembre de 1990 se expidió la Ley 50(7), en cuyo artículo 99 se estableció el régimen anualizado de liquidación de cesantías y, en el numeral 3º, la sanción moratoria por la no consignación oportuna de tal auxilio a los trabajadores afiliados a los fondos privados. Veamos:

“ART. 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

(...)” (negrilla fuera del texto original).

El artículo 13 de la Ley 344 de 27 de diciembre de 1996(8) estableció un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías, aplicable a partir de 1997 con corte a 31 de diciembre de cada año, para los servidores públicos vinculados o que se vincularan a los órganos y entidades del Estado, cualquiera que fuera su nivel (nacional, departamental, municipal o distrital).

Se expidió luego la Ley 432 de 29 de enero de 1998(9), en cuyo artículo 5º se estableció la obligación de afiliación al Fondo Nacional de Ahorro para los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional y la posibilidad de que los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios hicieran lo propio.

En cuanto a la transferencia de las cesantías de los servidores públicos, el artículo 6º ibídem dispuso:

“ART. 6º—Transferencia de cesantías de servidores públicos. En la fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte de los factores de salario que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior por los servidores públicos afiliados.

El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al fondo para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales equivalentes al doble del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas por todo el tiempo de la mora.

Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.

Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de la respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de la autoridad correspondiente”(10).

En el ámbito territorial ese nuevo régimen de liquidación anualizada de cesantías fue reglamentado por medio del Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998(11), vigente a partir del 10 de agosto del mismo año, en cuyo artículo 1º se estipuló:

“ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998” (destaca la Sala).

Por su parte la Ley 244 de 29 de diciembre de 1995 fijó los términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado y estableció sanciones por la mora en el pago de dicha prestación(12).

Finalmente el artículo 1º del Decreto 1252 de 30 de junio de 2000(13), dispuso que los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de su vigencia(14), tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso.

Y el artículo 2º ibídem señaló que los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000 disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas, continuarían en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.

Conforme a lo expuesto se definen tres regímenes de liquidación de cesantías para el sector público, a saber: (i) el de liquidación retroactiva; (ii) el de liquidación anualizada y (iii) el de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

Bajo este marco normativo abordará la Sala el estudio y solución del problema jurídico planteado.

3. Análisis probatorio y solución del caso.

Con las pruebas aportadas al expediente se probaron los siguientes hechos:

— La actora ingresó a laborar como empleada pública de la Contraloría Distrital de Barranquilla el 8 de enero de 1997 hasta el 30 de abril de 2001. A partir del 4 de junio de 2001 nuevamente fue vinculada a la misma entidad, desempeñando en la actualidad el cargo de profesional especializado, grado 01, código 335(15).

— El 9 de octubre de 2009 la actora formuló un derecho de petición ante el Alcalde de Barranquilla solicitando el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías correspondientes a los años 2001 a 2006(16). Dicha petición fue resuelta negativamente por la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla, mediante Oficio DSH-1403 de 12 de noviembre siguiente(17).

— El 5 de noviembre de 2009 la actora formuló una petición idéntica ante el Contralor Distrital de Barranquilla(18), la que fue resuelta negativamente por el secretario general del mencionado órgano de control, mediante Oficio SG-012-001-0064-09 de 19 de noviembre siguiente(19).

— De acuerdo a la certificación suscrita por la Secretaría General de la Contraloría Distrital de Barranquilla el 21 de febrero de 2011 y demás documentos adjuntos, las cesantías correspondientes a las vigencias 2001-2006 tan solo fueron canceladas a la demandante el 12 de mayo de 2010(20).

3.1. Lo primero que ha de aclararse es que a la señora Zunilda Cecilia Meza Ortiz se le debe aplicar el régimen de liquidación anualizada de cesantías, contenido en la Ley 50 de 1990, toda vez que su vinculación laboral con la Contraloría Distrital de Barranquilla comenzó el 8 de enero de 1997, vale decir, en vigencia de la Ley 344 de 1996, que estableció la aplicación de tal régimen a partir de 1997, entre otros, para los servidores del Estado del nivel distrital.

Adicionalmente, el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998 dispuso que el régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos territoriales, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y afiliados a los fondos privados, como es el caso de la actora, sería el previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.

Conforme al marco normativo expuesto en el acápite anterior, resulta claro que la tardanza de la Contraloría Distrital de Barranquilla en cuanto al pago de la cesantía correspondiente a los años 2001-2006, que tan solo se surtió hasta el 12 de mayo de 2010, hace perfectamente viable la cancelación de la sanción moratoria prevista en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990.

3.2. Ahora bien, teniendo claro que a la actora le asiste el derecho al pago de la sanción moratoria por el incumplimiento de la obligación legal prevista en la norma últimamente citada, se pregunta la Sala si se configuró la prescripción parcial de este derecho por no haber sido reclamado en tiempo.

Como quedó visto, las pruebas recaudadas hicieron evidente la mora en la que incurrió la Contraloría Distrital de Barranquilla, toda vez que los valores correspondientes a las cesantías de la señora Meza Ortiz para los años 2001-2006 tan solo fueron consignados en el fondo de cesantías Colfondos el 12 de mayo de 2010, vulnerando de manera flagrante el término concedido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma aplicable a este caso conforme a lo expuesto en precedencia.

En lo que concierne a la prescripción trienal de carácter laboral, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto 3135 del 26 de diciembre de 1968(21), que estipula:

“ART. 41º—Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual” (resalta la Sala).

A su turno el Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969(22), en su artículo 102, señala:

“ART. 102.—Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual” (se destaca).

El apelante sostuvo que estas normas no debieron ser aplicadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico para declarar la prescripción del derecho al pago de la sanción moratoria, considerando que fueron creadas en un marco histórico diferente y no pueden emplearse respecto de una figura que para la época de su expedición aún no existía.

Desde hace varios años este argumento ha sido desechado por la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación. En efecto, mediante sentencia de 21 de marzo de 2002 la Subsección B sostuvo lo siguiente(23):

“(...) No cree la Sala que el vacío normativo que presenta el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, conlleve radicalizar la tesis de la imprescriptibilidad del derecho salarial o permitir subsidiariamente la vigencia del término veintenario contemplado en el artículo 2536 del Código Civil, puesto que en una interpretación sistemática, es preciso reconocer que la prescripción de los derechos laborales no previstos en dicha norma se regula por otras disposiciones que establezcan la materia.

En este sentido, es de recibo aplicar el trienio prescriptivo que se enuncia en el artículo 151 del Código Procesal Laboral y que consagra este fenómeno para “las acciones que emanen de las leyes sociales”, norma que por su carácter de orden público y ante la ausencia de precepto normativo de carácter especial, es viable para suplir esta falencia por aplicación analógica. La Ley 153 de 1887 artículo 8º al preceptuar los principios de interpretación jurídica, acepta como regla de hermenéutica la analogía cuyo alcance se explica en que “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes...”.

Acudiendo al artículo 151 del Código Procesal Laboral en vigor de la pauta analógica, es dable concluir, que aun otorgando a esta norma un alcance estrictamente privatista, contiene una materia común extensible para los empleados públicos, porque es innegable la relación laboral que surge respecto de ambas modalidades, luego existe una “materia semejante” que colma el vacío normativo regulador del régimen prescriptivo salarial para los empleados públicos.

La norma referida no tiene un alcance estrictamente privatista y siendo así, no existen elementos indicadores que permitan deducir que la expresión trienal está limitada a temas tratados específicamente para regular el sector privado. En consecuencia, la prescripción contemplada en el artículo 151 del Código Procesal Laboral, abarca los derechos tanto de los servidores públicos como de los trabajadores particulares, a menos que existan normas especiales que regulen términos prescriptivos, verbigracia el artículo 23 del Decreto-Ley 1045 de 1978”.

A partir de lo anterior se ha concluido que la ausencia de norma expresa que regule la figura de la prescripción respecto de otros derechos laborales no incluidos en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, como es el caso de la sanción moratoria por el no pago oportuno de la cesantía anualizada, no implica la imprescriptibilidad de los mismos, pues la pauta hermenéutica de la analogía permite aplicar el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo(24), salvo que existan cánones que regulen este tópico en puntos específicos.

3.3. Adicionalmente, basado en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el apelante señaló que en este caso no es posible aplicar el fenómeno de la prescripción, por cuanto la relación laboral de la demandante con la Contraloría Distrital de Barranquilla aún se encuentra vigente. En similar sentido se pronunció la procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado, citando jurisprudencia de esta Sección en respaldo de sus argumentos.

En esta oportunidad la Sala se apartará de dicha tesis, por las razones que a continuación se exponen:

En el concepto emitido por la agencia del Ministerio Público se citan tres providencias relacionadas con el tema de la prescripción de la sanción moratoria por el no pago oportuno de la cesantía anualizada.

a) La primera de ellas fue proferida por la Sección Segunda-Subsección A el 15 de septiembre de 2011(25), en cuyas consideraciones se adujo que “...la sanción de la Ley 50 de 1999 (sic) se aplica mientras esté vigente la relación laboral y será pagadera en el momento en que el trabajador se retire del servicio, pues a partir de este instante la obligación que se origina no es la de consignar la cesantía en un fondo, sino la de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y salarios a que tenga derecho. A diferencia de esta, la sanción de la Ley 244 de 1995, para el pago de la cesantía definitiva, se activa cuando el funcionario solicita ante la administración su cancelación”(26).

En sentir de la Sala, la afirmación que se acaba de destacar no resulta cierta, puesto que no es necesario que el empleado espere a que su relación laboral con el Estado termine para reclamar el pago de la sanción por mora en la cancelación de la cesantía anualizada.

De otro lado, en el caso que fue objeto de decisión mediante la providencia que se acaba de citar, la demandante reclamaba el pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de la cesantía definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995; razón por la que no constituye un precedente para el asunto que ahora se estudia, en el que se solicita la sanción por no pago de cesantía anualizada.

b) La segunda sentencia que cita la Procuraduría fue proferida por la Subsección B el 9 de mayo de 2013(27), para resolver una demanda en la que se reclamaba al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y a la Contraloría Distrital de esa misma ciudad el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de la cesantía anualizada correspondiente al año 2006, conforme al artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990.

En esta providencia se señaló lo siguiente:

“Respecto a la prescripción de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esta Sección ha dicho que si bien las obligación de consignar en el fondo el auxilio de cesantía surge para el empleador antes del 15 de febrero de cada año, la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la administración, al retiro del servidor no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación”.

Esta afirmación no resulta cierta, por cuanto el ejercicio del derecho de acción y el acceso efectivo a la administración de justicia no está condicionado a la voluntad del empleador incumplido. Vale decir, no hay que esperar al pago efectivo de la cesantía ni a la terminación del vínculo laboral con el Estado para reclamar la sanción moratoria prevista en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, pues tal obligación se hace exigible desde el 15 de febrero del año siguiente al de la causación del derecho.

En la decisión a que se ha hecho alusión se citan in extenso las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 12 de octubre de 2004 y el 13 de septiembre de 2006, radicados 23794 y 26327, en las que de manera expresa se refiere a la “prescripción del auxilio de cesantía”, cuyo término se debe contabilizar a partir de la terminación del vínculo laboral, en aplicación e interpretación de lo dispuesto por el artículo 99-4 de la Ley 50 de 1990. Pero lo cierto es que esa jurisprudencia en ningún momento refiere a la prescripción de la sanción moratoria.

En efecto, una vez revisado el tenor literal del numeral 4º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990(28) se evidencia que esta norma hace alusión expresa a “saldos de cesantía” y a “intereses legales respectivos”, por lo que a partir de su texto no es posible afirmar que la prescripción de la sanción moratoria prevista en el numeral 3º ibídem deba contabilizarse desde la terminación del vínculo laboral con el Estado, como se sostiene en la sentencia expedida por la Subsección B.

En suma, a partir de un pronunciamiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, referido al momento en que se debe iniciar el conteo del término de prescripción del auxilio de cesantías, no es posible inferir la excepción al plazo de tres años previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo respecto de la sanción moratoria por el no pago oportuno de la cesantía anualizada.

c) La última sentencia que cita la procuradora segunda delegada ante esta corporación, también fue dictada por la Subsección B el 21 de noviembre de 2013(29), en un evento en el que se demandaba a las mismas entidades que son parte pasiva en este proceso, reclamando el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de la cesantía anualizada correspondiente a los años 2004, 2005 y 2006, conforme al artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990.

Con base en la sentencia referida en el literal anterior y en las de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en esta providencia se afirma que para efectos de contabilizar el término de prescripción de la sanción moratoria por el retardo en el pago de la cesantía anualizada, se debe tener en cuenta el momento de la terminación de la vinculación laboral.

Como quedó visto esto constituye un error, considerando que la Corte Suprema de Justicia abordó el tema de la prescripción del auxilio de cesantía, mas no de la sanción moratoria contenida en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, por lo que no era posible trasladar tales argumentos a una figura que claramente tiene una naturaleza jurídica distinta.

3.4. En estas condiciones observa la Sala que, contrario a lo afirmado por el apelante, el término de prescripción de tres años respecto de la sanción moratoria por el no pago oportuno de la cesantía anualizada se debe contar desde que la obligación se hace exigible, mas no desde que finaliza la relación laboral del empleado con la respectiva entidad, pues esta tesis, a todas luces, resulta contraria al tenor literal del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, aplicable en virtud de la pauta hermenéutica de la analogía a la figura en mención, como se advirtió en el numeral 3.2 de este mismo acápite.

En el caso particular se reclama el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de las cesantías causadas por la actora durante los años 2001-2006.

Aunque la mora en la cual incurrió la Contraloría Distrital de Barranquilla empezó a correr desde los días 16 de febrero de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y la misma cesó el 12 de mayo de 2010, la solicitud de pago de la referida sanción tan solo se cursó ante el mencionado órgano de control el 5 de noviembre de 2009, configurándose de forma parcial el fenómeno de prescripción del derecho.

El numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma que contiene la sanción moratoria solicitada, no condiciona la causación de tal derecho al pago efectivo de la prestación, ni mucho menos al retiro del empleado.

Se insiste, la obligación de pago de la sanción moratoria no surge a partir de la cancelación efectiva de la cesantía ni de la terminación de la relación legal y reglamentaria, como parece entenderlo el apelante, sino que ella se causa desde el día siguiente a aquel en que se incumple con el deber de consignar el valor que corresponda en la cuenta individual del trabajador, a razón de un día de salario por cada día de retardo.

Un entendimiento contrario conllevaría al absurdo de afirmar que el reclamo de la sanción moratoria dependería de la voluntad del empleador incumplido, pues solo sería viable formularlo una vez se ha pagado la cesantía o ha ocurrido el retiro del servicio del empleado. Por el contrario, la intención del legislador al establecer dicha sanción fue justamente castigar la omisión o el retardo en el pago de la prestación.

El apoderado de la actora considera que el término de prescripción de tres años solo empezará a correr una vez finalizada la relación laboral de la señora Zunilda Cecilia Meza Ortiz con la Contraloría Distrital de Barranquilla, lo que hasta el momento no ha ocurrido, lo cual no es de recibo, dado que como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, dicho término se contabiliza, hacia atrás, desde el momento en que el interesado solicitó a la administración el pago de la sanción moratoria, pues con ello se interrumpe la prescripción. El razonamiento del recurrente equivale a ampliar el término de prescripción de los derechos laborales a más de tres años, sin ningún fundamento jurídico(30).

Por ende, se equivocó el Tribunal Administrativo del Atlántico al ordenar el pago de la sanción moratoria desde el 16 de febrero de 2007, dado que si la petición fue formulada el 5 de noviembre de 2009 la orden de pago debió darse a partir del 5 de noviembre de 2006, considerando que la cesantía correspondiente al año 2005 aún no había sido consignada y la sanción se seguía generando.

Por lo anterior, se modificarán los numerales tercero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia objeto de apelación, en el sentido de declarar parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de los derechos generados con anterioridad al 4 de noviembre de 2006 y de ordenar el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, a partir del 5 de noviembre de 2006 y hasta el 12 de mayo de 2010, fecha en que se verificó el pago efectivo de las cesantías causadas durante las vigencias 2001-2006.

De igual manera se aclara que el pago de la condena estará a cargo de la Contraloría Distrital de Barranquilla, entidad que funge como empleadora de la demandante, sin que exista norma que obligue al Distrito de Barranquilla a asumir de manera directa las obligaciones emanadas de los vínculos laborales del referido órgano de control(31).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia del 17 de noviembre de 2011, proferida por la Subsección de Descongestión Laboral del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de declarar parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de los derechos generados con anterioridad al 4 de noviembre de 2006.

2. MODIFÍCASE la primera parte del numeral quinto de la sentencia del 17 de noviembre de 2011, proferida por la Subsección de Descongestión Laboral del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de ordenar a la Contraloría Distrital de Barranquilla el reconocimiento y pago a favor de la actora de la sanción moratoria consagrada en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, a partir del 5 de noviembre de 2006 y hasta el 12 de mayo de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. En lo demás se CONFIRMA la sentencia objeto de apelación.

4. Reconócese personería a la abogada Kelly Tatiana Henao Pulido, portadora de la tarjeta profesional 159.224 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Contraloría Distrital de Barranquilla, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 438 del expediente.

5. Devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”.

(3) “Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras”.

(4) “Sobre auxilio de cesantía”.

(5) “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones”.

(6) “Por la cual se modifica el Decreto-Ley 1253 de 1975 y se dictan otras disposiciones”.

(7) “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.

(8) “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.

(9) “Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones”.

(10) Esta norma fue modificada por el artículo 193 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”, en los siguientes términos:

“ART. 193.—Transferencia de cesantías. El artículo 6º de la Ley 432 de 1998, quedará así:

“ART. 6º—Transferencia de cesantías. Durante el transcurso del mes de febrero las entidades empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago.

Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.

Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de la respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de la autoridad correspondiente.

PAR.—Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de la obligación de transferencia no serán aplicables a las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de transferencia de cesantías, y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan”.

(11) “Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”.

(12) “ART. 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.

(13) “Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública”.

(14) 6 de julio de 2000.

(15) Folio 8.

(16) Folio 10.

(17) Folios 11-13.

(18) Folio 9.

(19) Folio 14.

(20) Folios 142-146.

(21) “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.

(22) “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.

(23) C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado, expediente con número interno 4238-2001.

(24) Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

“ART. 151.—Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual”.

(25) C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente con número interno 2005-09.

(26) Se resalta.

(27) C.P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente con número interno 1219-2012.

(28) Ley 50 de 1990. “ART. 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

(...)

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos”.

(29) C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), expediente con número interno 0800-2013.

(30) En idéntico sentido se ha pronunciado esta misma Sala, mediante sentencia de 17 de abril de 2013, con ponencia de quien ahora elabora esta providencia, Expediente 2664-11, actor: José Luis Acuña Henríquez, demandados: Nación - Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social y departamento del Atlántico.

(31) Sobre este mismo asunto se pronunció la Sección Segunda - Subsección B en sentencia de 21 de noviembre de 2013, con ponencia de la consejera encargada Bertha Lucía Ramírez de Páez, en el expediente con número interno 0800-2013.