Auto 2010-00292 de julio 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 20001-23-31-000-2010-00292-01(43011)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Actor: Hospital Rosario Pumarejo de López

Demandado: Departamento del Cesar

Referencia: Proceso ejecutivo (apelación auto)

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto comoquiera que supera la cuantía exigida por el numeral 7º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, para que fuera conocido en primera instancia por los tribunales administrativos(2). Asimismo, se advierte que el auto que repone el mandamiento de pago es susceptible del recurso de apelación, en los términos del artículo 505 del Código de Procedimiento Civil(3). Por último, corresponde a la Sala decidir al tenor del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo y del artículo 61 de la Ley 1395 de 2010, en tanto pone fin al proceso.

2.2. Procedencia del recurso de reposición en contra del mandamiento de pago.

El artículo 29 de la Ley 1395 de 2010 adicionó un inciso al artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe:

Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad.

Según la jurisprudencia de la corporación(4):

(…) el juez al pronunciarse inicialmente sobre la demanda ejecutiva en principio, salvo falta de jurisdicción, sólo puede estudiar los requisitos formales y de fondo de los documentos que dan apariencia del título, judicial o no, y por ello cualquiera discusión distinta a través de un recurso contra el mandamiento, es ajena a la defensa mediante recursos. En efecto: Los argumentos del recurso —o de reposición o de apelación— sólo se deben estructurar sobre el equívoco del juez al librarlo y no sobre hechos respecto de los cuales no tuvo conocimiento al librarlo, pues los hechos no conocidos por la Justicia, y que no son constitutivos de excepciones previas, son objeto de excepciones de fondo, por lo general. Además recuérdese que el mandamiento de pago el juez lo libra, y por tanto tiene fundamento provisional, siempre y cuando, como lo enseña el artículo 497, la demanda ejecutiva se haya presentado “con arreglo a la ley, acompañada de los documento que preste mérito ejecutivo (…).

Frente a los requisitos necesarios para que las obligaciones puedan ser ejecutivas, la corporación ha precisado(5):

La ley exige que se satisfagan varios requisitos para que las obligaciones puedan ser susceptibles de ejecución. Entre ellos están los formales, relativos a que los documentos conformen una unidad jurídica y que provengan del deudor; además están los requisitos sustanciales según los cuales es necesario que los documentos que conforman el título ejecutivo contengan obligaciones claras, expresas y exigibles.

En ese orden, el recurso de reposición y la apelación resultan procedentes, en la medida que se discuten los documentos que hacen parte del título y el origen del mismo. Efectivamente, se puso de presente la existencia de la liquidación bilateral de los convenios 172 del 20 de marzo, 501 del 13 de mayo y 887 del 11 de agosto de 2009, así como la falta de aceptación de las facturas.

2.3. De lo probado.

De las pruebas allegadas se tiene:

2.3.1. La ejecutante y la ejecutada suscribieron los convenios 172 del 20 de marzo, 501 del 13 de mayo y 887 del 11 de agosto de 2009 para la prestación del servicio de salud de segundo nivel de las personas más pobres y vulnerables no cubiertas con subsidio a la demanda y subsidiadas en eventos NO POS-S de los estratos I, II y III, no afiliadas al sistema de seguridad social en salud, así como los medicamentos del POS, por los siguientes valores $ 9.684.443.847,29(6); $ 3.500.000.000 y $ 363.600.000 y con 9 meses; 7 meses con 15 días y 120 días de plazo, respectivamente (fls. 422 a 443, cdno. 3).

En los dos primeros se pactó que los documentos que se debían presentar para cada pago serían los siguientes: “RIPS (registro individual de prestación de servicios de salud en medio magnético, según Resolución 3374 de 2000 y normas modificatorias); fotocopia del contrato; fotocopia del certificado de disponibilidad presupuestal; fotocopia del registro presupuestal; informe del supervisor del contrato; acta de iniciación de actividades; comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y los parafiscales” —cláusulas décima segundas— (fls. 426 y 438, cdno. 3). En el convenio 887 se acordó que “la ESE para acceder a los pagos en mención, deberá acreditar pagos de pensión, salud, ARP y parafiscales al día según lo establecido en la ley, informe técnico de actividades en los formatos respectivos, certificación de la ESE, informe de la interventoría generado por el interventor y certificación de actividades del interventor” y “Anexar a la facturación correspondiente el soporte de pago de las prestaciones sociales y parafiscales” —cláusulas tercera y cuarta, numeral 4º— (fl. 442, cdno. 3).

Los tres contratos pactaron que la liquidación se efectuaría de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución o en los términos que disponga la Ley 1150 de 2007 —cláusulas décima terceras y décima segunda— (fls. 426, 438 y 443, cdno. 3).

2.3.2. La ejecutante agrupó las facturas individuales en facturas cambiarias de compraventa, por concepto de todos los servicios de salud con cargo a los convenios en estudio, recibidas por la entidad con anotación de “Sujeto a verificación”, así (fls. 444 a 468, cdno. 3):

Factura cambiaria Fecha expediciónCon cargo al convenioValor a pagar
79259 junio 2009172$ 1.818.700.833
75547 marzo 2009172$ 689.852.087
77006 mayo 2009172$ 2.167.540.511
959627 enero 2010172$ 1.664.142.045
930316 diciembre 2009172$ 1.588.534.114
907710 noviembre 2009172$ 1.669.143.546
887821 octubre 2009172$ 1.864.988.570
83942 septiembre 2009172$ 1.652.899.164
82433 agosto 2009172$ 2.156.068.901
80656 julio 2009172$ 1.527.735.040
954027 enero (sic) 2009501$ 739.486.668
906010 noviembre 2009501$ 872.519.559
922116 diciembre 2009501$ 717.465.440
887721 octubre 2009501$ 1.077.861.807
83952 septiembre 2009501$ 873.822.278
82423 agosto 2009501$ 1.095.056.934
79269 junio 2009501$ 716.376.253
84012 septiembre 2009887$ 283.490.465
887921 octubre 2009887$ 293.368.225
905710 noviembre 2009887$ 480.438.688
934016 diciembre 2009887$ 380.741.695
954727 enero 2010887$ 214.644.420
  Total$ 24.544.877.243

2.3.3. El 22 de abril de 2010, los convenios 172 y 501 se liquidaron bilateralmente en los siguientes términos (fls. 518 a 531, cdno. 4, copias auténticas):

Convenio 172
Valor contrato$ 12.184.443.847
Total facturado$ 13.546.929.642
Total glosado$ 1.146.650.541
Total pagado$ 11.748.988.555
Saldo a favor del contratista$ 651.290.566
Saldo a favor del contratista con cargo al contrato$ 435.455.292
Valor sin ejecutar0

Convenio 501
Valor contrato$ 3.500.000.000
Total facturado$ 4.417.876.324
Total glosado$ 365.794.055
Total devoluciones$ 71.235.710
 $ 3.159.221.150
Saldo a favor del contratista$ 821.625.409
Saldo a favor del contratista con cargo al contrato$ 340.778.850
Valor sin ejecutar0

2.3.4. La relación de facturas que aquí se cobran, incluidas dentro de la agrupación referida en el numeral 2.3.2 de esta providencia, a juicio de la ejecutante no pagadas, si bien se encuentran firmadas por los pacientes, están sin recibo ni aceptación del departamento del Cesar (54 anexos).

2.4. La cuestión de fondo: Las facturas como único fundamento del mandamiento de pago.

Ab initio se tiene que los argumentos de la apelación se encaminan a erigir las facturas extendidas en desarrollo de unos convenios interadministrativos (sic) (sic) como base suficiente para librar el mandamiento ejecutivo deprecado. Asimismo, precisa aclarar que las facturas cambiarias relacionadas en el numeral 2.3.2 de esta providencia, agruparon las facturas que el actor adjuntó en 54 anexos, las cuales, a diferencia de lo expresado por el a quo (fl. 675, cdno. ppal. 2), son el título ejecutivo que se trata de hacer valer en el presente asunto.

2.4.1. Las facturas como título valor y mérito ejecutivo.

Es preciso aclarar que hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 1231 de 2008(7), la factura de venta y la cambiaria de compraventa se distanciaban en la medida que sólo esta última constituía título valor(8). En efecto, el artículo 772 del Código de Comercio disponía:

Factura cambiaria de compraventa es un título-valor que el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador.

No podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente al comprador.

Sin embargo, con la reforma introducida por el artículo 1º de la Ley 1231 en cita, la situación cambió. La redacción del citado artículo quedó así:

Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (…) (se resalta).

Igualmente, conviene destacar que el mismo artículo de la reforma prohíbe librar factura alguna “que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito” (se resalta).

La misma norma en su artículo 3º, que modificó el artículo 774 del Código de Comercio(9), frente a los requisitos de la factura, señaló:

Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente código(10), y 617 del estatuto tributario nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo.

Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada.

La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas.

Igualmente, dicho documento se aceptará en los términos del artículo 773 del Código de Comercio, modificado por el artículo 2º de la ley en comento, que señala:

Una vez que la factura sea aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, se considerará, frente a terceros de buena fe exenta de culpa que el contrato que le dio origen ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título.

El comprador o beneficiario del servicio deberá aceptar de manera expresa el contenido de la factura, por escrito colocado en el cuerpo de la misma o en documento separado, físico o electrónico. Igualmente, deberá constar el recibo de la mercancía o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario del servicio, en la factura y/o en la guía de transporte, según el caso, indicando el nombre, identificación o la firma de quien recibe, y la fecha de recibo. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del título valor.

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento.

De lo expuesto, se desprende que desde la entrada en vigencia de la Ley 1231 las facturas, indistintamente de su denominación como cambiaria de compraventa o de venta —huelga advertir que la Sección VII del Código de Comercio las titula como facturas cambiarias—, serán títulos valores, en tanto cumplan las exigencias de los artículos 621, 772 a 774 del Código de Comercio y 617 del estatuto tributario, de carácter crediticio, con las atribuciones inherentes —literalidad, autonomía, incorporación, incondicionalidad, negociabilidad, legitimidad, autenticidad— representativo de un precio pendiente de pago por la venta a plazo de mercancías y/o servicios.

De no darse las anteriores condiciones, carecerán de la condición de título valor. Ahora, el hecho de que un documento carezca del carácter de título valor no desdice su condición de título ejecutivo y tampoco impone que el mismo deba de ser complejo. En tal sentido, es preciso aclarar que un documento presta mérito ejecutivo, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil(11), es decir, cuando se trate de una obligación expresa, clara y exigible(12), verificados los cuales no se requiere de la conformación de un título complejo(13).

2.4.2. El caso concreto.

De lo expuesto se desprende que uno de los requisitos ineludibles para la expedición de facturas es que “corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito” (L. 1231/2008, art. 1º). En el sub judice, aunque todas las facturas que se reclaman están cargadas a los convenios 172, 501 y 887, lo cierto es que los dos primeros fueron liquidados de común acuerdo, circunstancia que impide el cobro autónomo de esas facturas. En esa vía, esta Sección ha considerado(14):

[Es] procedente adelantar un proceso ejecutivo para hacer efectivas obligaciones derivadas del contrato estatal, cuando los mismos se han hecho exigibles durante su ejecución, siempre que a la fecha de presentación de la demanda el mismo no se hubiere liquidado(15).

La única condición prevista por la ley para que proceda el cobro de obligaciones por la vía del proceso ejecutivo la constituye la existencia de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del ejecutado. Si el ejecutante demuestra la existencia de un crédito a su favor con estas características debe librarse el correspondiente mandamiento de pago, pues cuando la parte ejecutante cumple las condiciones previstas en el contrato para que la entidad le pague determinadas sumas de dinero la obligación se torna exigible y su cumplimiento puede lograrse por la vía del proceso ejecutivo. Así, la liquidación del contrato no debe ser entendida como una condición de exigibilidad de las obligaciones a cargo de las partes contratantes(16).

Cosa distinta ocurre cuando el contrato ya ha sido liquidado y el contratista pretende el cobro ejecutivo con fundamento en actas parciales de obra. En este evento, ha precisado esta Sala, el acta de liquidación del contrato se constituye en la prueba principal del estado económico del contrato y de las obligaciones que subsisten a cargo de cada una de las partes contratantes. En este sentido, la Sala, en el auto proferido el 3 de agosto de 2000, expediente 17.979, precisó:

“Una vez que las partes suscriben el acta de liquidación del contrato sin reparos, en la que constan deudas o acreencias, quedan resueltas las diferencias que entre ellas pudiesen haber y son éstas, deudas o acreencias, las únicas obligaciones vigentes entre las partes con ocasión de la ejecución del contrato.

“Por tanto, el contratista debió manifestar en el acta de liquidación que los valores pendientes de pago eran, a esa fecha, otros distintos; debió indicar expresamente que la fecha de las obligaciones pendientes de pago eran anteriores a la fecha de liquidación del contrato, manifestar que esos valores debían actualizarse y que los intereses se habían causado con anterioridad.

“Esa omisión del contratista se traduce en que está de acuerdo y conforme con el contenido del acta de liquidación; y que los valores pendientes de pago allí señalados corresponden a lo que le debe la administración con ocasión de la ejecución del contrato 245 de 1995”.

Liquidados los convenios 172 y 501, el 22 de abril de 2010, antes de la presentación de la demanda, el 4 de agosto siguiente (fl. 417, cdno. 3), quedaron resueltas las diferencias y sus deudas o acreencias y, por ende, constituyen las únicas obligaciones que pueden reclamarse por vía ejecutiva y, en consecuencia, las facturas allegadas no pueden soportar el mandamiento ejecutivo solicitado, en tanto que agrupadas, cobradas y reconocidas, en sede de liquidación, dejaron un saldo a favor de la ejecutante distinto del que aquí se reclama.

Además, el texto de las facturas no tiene recibo ni aceptación de las mismas por parte del departamento del Cesar, que sí de los pacientes, tal como lo confirma la apelante. Incluso, el concepto que se cita como fundamento de la alzada aclara que la única autorizada para dicha operación es la entidad obligada del pago, además de precisar que el paciente es el beneficiario del servicio, así(17):

La Ley 1231 de 2008 “por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones”, hace referencia a un comprador o beneficiario del servicio y a un vendedor o prestador del servicio, en algunos de sus apartes hace alusión a “el obligado”. En la relación que se establece en el sector salud el beneficiario del servicio es el afiliado y no la entidad obligada a asumir el pago por la prestación del servicio (EPS o entidad territorial, entre otros). Dentro del sistema de seguridad social en salud, implementado a raíz de la expedición de la Ley 100 de 1993, la institución prestadora de servicios de salud no está facultada para librar y entregar o remitir al beneficiario del servicio en este caso el paciente, la factura de que trata la Ley 1231 de 2008en los términos allí definidos. La misma debe ser librada y entregada o remitida a la entidad obligada al pago (EPS o entidad territorial, entre otros) quien es la única que debe aceptarla de manera expresa, precisión que no establece la Ley 1231 por cuanto esta aceptación se radica en el beneficiario del servicio (se resalta).

Un entendimiento en línea con la alzada haría nula la participación de quien compromete los recursos, lo cual es, desde todo punto de vista, inaceptable.

Tampoco puede entenderse satisfecha la aceptación con la remisión de las facturas cambiarias que agruparon todas las facturas expedidas con cargo a los pluricitados convenios, incluidas las que se intentan ejecutar, en tanto ello debe surtirse sobre cada factura que respalda el servicio, así lo impone el artículo 773 del Código de Comercio cuando prescribe que el “comprador o beneficiario del servicio deberá aceptar de manera expresa el contenido de la factura, por escrito colocado en el cuerpo de la misma o en documento separado, físico o electrónico”.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto del 17 de noviembre de 2011, a través del cual el Tribunal Administrativo del Cesar revocó el mandamiento ejecutivo a favor del Hospital Rosario Pumarejo de López y en contra del departamento del Cesar.

2. En firme éste proveído DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) La cuantía del presente proceso se encuentra estimada en la suma de $ 10.486.546.834, superior a los 1.500 SMLMV exigidos.

(3) “Notificación del mandamiento ejecutivo y apelación. El mandamiento ejecutivo se notificará en la forma indicada en los artículos 315 a 320 y 330. // El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente, lo será en el efecto suspensivo; y el que por vía de reposición lo revoque, en el diferido. // Cuando se revoque el mandamiento ejecutivo se condenará al ejecutante en costas y perjuicios”.

(4) Consejo de estado, Sección tercera, auto del 8 de mayo de 2003, expediente 24.124, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2007, expediente 26.767, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(6) El convenio 172 fue adicionado en $ 2.500.000.000 (fls. 431 a 433, cdno. 3).

(7) Por la cual se unifica la factura como título valor, como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones. Publicada en el Diario Oficial 47.053 del 17 de julio de 2008.

(8) Para efectos contables, es indiferente si la factura que respalda una operación económica, corresponde a una factura de compraventa o una factura de venta, puesto que en cualquier caso son un soporte válido para respaldar los registros contables, tal y como lo contempla el artículo 123 del Decreto 2649 de 1993. Igualmente, el artículo 617 del estatuto tributario, el cual establece los requisitos de la factura, la denomina como “factura de venta”. A su vez, el artículo 771-2 ejusdem tampoco exige ninguna denominación especial para la procedencia de costos y deducciones.

(9) Dicha norma tenía la siguiente redacción: “La factura cambiaria de compraventa deberá contener además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes: // 1) La mención de ser 'factura cambiaria de compraventa”.

(10) “Requisitos para los títulos valores. Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes: 1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y 2) La firma de quién lo crea. La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto. Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas. Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega”.

(11) En su parte pertinente, dicha norma dispone: “Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de octubre de 1999, expediente 16.868, M.P. María Elena Giraldo Gómez. En esa oportunidad la Sala precisó que la obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título; es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido; y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, expediente 31280, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La corporación sostuvo: “La única condición prevista por la ley para que proceda el cobro de obligaciones por la vía del proceso ejecutivo la constituye la existencia de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del ejecutado. Si el ejecutante demuestra la existencia de un crédito a su favor con estas características debe librarse el correspondiente mandamiento de pago, pues cuando la parte ejecutante cumple las condiciones previstas en el contrato para que la entidad le pague determinadas sumas de dinero la obligación se torna exigible y su cumplimiento puede lograrse por la vía del proceso ejecutivo. Así, la liquidación del contrato no debe ser entendida como una condición de exigibilidad de las obligaciones a cargo de las partes contratantes”.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, expediente 31280, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(15) Cita original: En el segundo evento, la Sala ha considerado viable el proceso ejecutivo para el cobro de obligaciones que se han hecho exigibles durante la ejecución del contrato; así en providencia proferida el 27 de enero de 2000, expediente 17.017, revocó la decisión del tribunal y ordenó el cumplimiento de una obligación parcial: (…) “Se tiene entonces que la circunstancia de que a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva no se haya producido la liquidación del contrato, no impide el cobro ejecutivo de obligaciones parciales a cargo de las partes contratantes; dicho en otras palabras, la liquidación del contrato no es presupuesto para el pago, por vía de la acción ejecutiva, de las actas parciales de obra o de sus reajustes”.

(16) Cita original: Al efecto puede consultarse sentencia proferida el 9 de marzo de 2000, expediente 10.778. También providencia del 19 de julio de 2006, expediente 30.770, en la cual se precisó: “De otra parte cabe observar que en este tipo de asuntos el título ejecutivo puede ser singular, como cuando está contenido o constituido en un solo documento, como por ejemplo un título valor, caso de la letra de cambio, cheque, pagaré, etc., o bien puede ser complejo, cuando quiera que esté integrado o deba integrarse por un conjunto de documentos, como sería el caso del contrato, las actas de liquidación, constancias de cumplimiento o recibo de las obras, servicios o bienes contratados, el reconocimiento del co-contratante del precio pendiente de pago, el acta de liquidación, etc.”.

(17) Concepto 9462 del 12 de marzo de 2009 del Ministerio de Protección Social. Visto en: http://actualicese.com/normatividad/2009/03/12/concepto-9462-de-12-03-2009/.