Sentencia 2010-00294 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C. veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Exp.: 730012331000201000294 01 (44.127)

Actor: Mario Alfonso Sierra Gaitán y otros

Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 30 de marzo de 2012, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(16).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(17), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(18).

En el sub examine, la responsabilidad patrimonial impetrada con la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Mario Alfonso Sierra Gaitán, supuestamente ocurrida entre el 30 de octubre de 2003 y el 16 de junio de 2005, fecha en la que quedó bajo libertad provisional.

Teniendo en cuenta que la decisión que absolvió al señor Sierra Gaitán fue proferida el 14 de marzo de 2008 y quedó ejecutoriada el 11 de abril del mismo año(19), en principio el término de caducidad corrió hasta el 12 de abril de 2010.

Ahora bien, existe un evento en el cual, de acuerdo con lo previsto expresamente en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001(20), normas vigentes para el momento de interposición de la demanda(21), el término de caducidad de la acción admite suspensión y, es cuando, se presenta solicitud de conciliación extrajudicial.

En el caso bajo estudio, obra en el expediente el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial realizada el día 13 de mayo de 2010 en la Procuraduría 173 Judicial II Asuntos Administrativos de Ibagué(22), en donde se declaró terminado el trámite conciliatorio y, además, se dejó constancia que la solicitud fue presentada el 12 de marzo de 2010, esto es, antes que operara la caducidad de la acción.

Así las cosas, dado que el término se reanudó el día siguiente de haberse declarado fallida la audiencia de conciliación prejudicial, esto es, el 14 de mayo de 2010, la parte demandante tenía, hasta el 12 de junio de 2010 para interponer la demanda y, comoquiera que se presentó con anterioridad, el 9 de junio del mismo año(23), forzoso viene a ser que se encontraba dentro del término previsto para tal fin, circunstancia que impone proseguir con el estudio de fondo del recurso incoado por la parte demandante.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones, atacando en concreto el régimen de responsabilidad aplicado por el a quo, pues, a su parecer, en el presente caso, se debe aplicar es el régimen de carácter objetivo, por lo que la absolución del afectado conllevaría a calificar su situación como una detención injusta indemnizable.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve la parte demandante se encuentra limitado al aspecto indicado, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio del motivo de inconformidad planteado en el mencionado recurso de apelación.

4. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados los siguientes hechos:

El 30 de octubre de 2003(24), fue capturado el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán, para que rindiera indagatoria dentro de un proceso penal por el delito de rebelión, la cual se efectuó el 4 de noviembre de 2003(25) ante la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, el Patrimonio Económico y otros – Fiscalía Trece Seccional de Ibagué, entidad que ordenó(26) que se dejara al señor Mario Alfonso Sierra Gaitán en libertad provisional, lo cual se efectuó el mismo día(27).

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2003(28), la Unidad Primera de Patrimonio Económico - Fiscalía 13 Seccional de Ibagué, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Mario Alfonso Sierra Gaitán, entre otros, como autor del delito de rebelión y profirió la correspondiente orden de captura(29) en su contra la cual se hizo efectiva el 5 de abril de 2004(30).

El 28 de abril de 2004(31), la misma Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del señor Mario Alfonso Sierra Gaitán y otros, decisión que confirmó la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 28 de junio de 2004(32).

El proceso penal le correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué que, en providencia del 13 de junio de 2005(33), concedió la libertad provisional del señor Sierra Gaitán, que suscribió acta de caución y compromiso el 16 de junio de 2005(34).

Finalmente, mediante sentencia del 14 de marzo de 2008(35), dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, se absolvió al aquí demandante, entre otros, al considerar que no existía certeza respecto de la materialidad delictual. Al respecto expresó (se transcribe literalmente):

“(...) no existe certeza de la comisión de la conducta punible de rebelión y la responsabilidad de los encartados frente a este delito (...) la prueba de cargo que milita en contra de los procesados, está compuesta única y exclusivamente por la declaración de tres (3) desmovilizados, quienes además de no tener congruencia en sus relatos, realizan toda clase de señalamientos para lograr los beneficios de ley, es tanto así que expresaron que funcionarios judicial y estatales eran colaboradores de la guerrilla, pero fue tan deficiente la prueba que estos empleados no fueron acusados. (...) La Fiscalía en sus apreciaciones, no tuvo en cuenta que en aquellos municipio en donde no hay presencia de la fuerza pública, y que impera fuerzas irregulares, someten a la población y a sus habitantes a prestar una colaboración al grupo subversivo, pues de lo contrario su vida y la de su familia se ponen en peligro, sería entonces errado decir que en estos eventos en donde los habitantes prestan una colaboración forzada, pues no podemos dejar a un lado que es rebelde aquel grupo de personas que en forma voluntaria pretende derrocar el orden legal y constitucional vigente, y que bajo esta motivación ideológica, cumplen dentro del grupo armado varias funciones en la búsqueda del mismo fin, lo que efectivamente no fue probado por la Fiscalía dentro de este proceso (...)”(36). 

La anterior decisión quedó ejecutoriada el 11 de abril de 2008(37), fecha en la que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación interpuesto contra de la providencia del 14 de marzo de 2008.

Así las cosas, se tiene que el señor Sierra Gaitán fue investigado penalmente y, como consecuencia de ello, su derecho a la libertad fue limitado así:

• Del 30 de octubre(38) al 4 de noviembre de 2003 tiempo durante el cual el demandante soportó una detención intramural;

• Del 5 de noviembre de 2003(39) al 5 de abril de 2004(40), el actor estuvo bajo libertad provisional, con condición de observar buena conducta y prohibición de salir del país;

• Del 6 de abril de 2004 al 16 de junio de 2005(41), el demandante soportó nuevamente una detención intramural;

• Y, finalmente bajo libertad provisional, del 17 de junio de 2005 hasta el 11 de abril de 2008(42), fecha en la cual quedó en firme la providencia que dispuso la absolución de los cargos a su favor.

5. Conclusiones probatorias y caso concreto.

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán fue capturado el 30 de octubre de 2003 y, a partir de esa fecha, estuvo privado de la libertad tanto en establecimiento penitenciario como bajo libertad provisional, hasta el 11 de abril de 2008, fecha en la que quedó ejecutoriada la decisión que lo absolvía de todos los cargos formulados en su contra.

5.1 Acerca del hecho exclusivo de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual al Estado(43).  

Teniendo en cuenta que el tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que en el caso bajo estudio se había configurado la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, la Sala estudiará si dicha causal efectivamente se configuró y, de no ser así procederá a estudiar de fondo el asunto, y si hay lugar a ello, revocara la decisión impugnada.

Comoquiera que el hecho dañoso causado al demandante fue ocasionado por la medida de aseguramiento dictada en su contra por la Unidad Primera de Patrimonio Económico - Fiscalía 13 Seccional de Ibagué, mediante proveído calendado el 11 de noviembre de 2003, se procede ahora a analizar si dadas las circunstancias del caso concreto, en los términos expuestos en el fallo recurrido y cuestionados por la parte actora, se dan los presupuestos para concluir que se trata de un evento constitutivo de hecho exclusivo de la víctima, que pueda dar lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder —activo u omisivo— de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado (se transcribe literalmente):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado: 

“... Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño...”.(44) 

De igual forma, se ha dicho: 

“... para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: 

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. 

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración...”(45)-(46) (Se destaca).

Ahora bien, en lo que toca con la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia-, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

En consonancia con lo anterior, para caracterizar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(47) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(48), de los cuales se extrae que el primero se corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Así mismo, sobre el primer concepto, el tratadista español Guillermo Cabanellas de Torres, al referirse a la culpa grave(49) señala que “no puede ser medida por las consecuencias, sino que ha de apreciarse según la conducta del agente. Consiste esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente”(50).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder -se repite, activo u omisivo- de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello comoquiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así (se transcribe literalmente),

“... se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo: 

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño... 

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”(51)-(52). 

De acuerdo con la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de responsabilidad estatal por el hecho de la privación de la libertad ordenada por autoridad judicial competente y descendiendo al caso concreto, los presupuestos fácticos del sub lite podrían ser encuadrados en el régimen de responsabilidad derivado de la privación injusta de la libertad que tiene lugar cuando, a pesar de que la medida de aseguramiento hubiere sido legalmente proferida, comoquiera que si bien reunía el pleno de los requisitos legales para ser emitida, a la postre el imputado fue puesto en libertad provisional y posteriormente absuelto de los cargos formulados en su contra, por estimar el juez del conocimiento que existían dudas sobre la ocurrencia de los hechos delictivos, toda vez que se basaban en el testimonio de subversivos que buscaban beneficios judiciales. Así las cosas, encuentra la Sala que, contrario a lo expuesto por el tribunal a quo, en el presente caso no se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad.

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del demandante, configuró para él un daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación, mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada por un delito que, a la postre, se determinó que no existió, pues, como quedó visto, en el sub lite la medida de aseguramiento se profirió y se cumplió, hasta que finalmente el señor Sierra Gaitán fue absuelto, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006(53), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado. 

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Así las cosas, la Sala estima necesario reiterar que el régimen de responsabilidad aplicable según la postura mayoritaria de la Sección es de carácter objetivo, bajo el cual se atiende exclusivamente al daño antijurídico producido, por tanto, basta demostrar este último para endilgar la responsabilidad de la Administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo —en este caso el daño producto de la privación de la libertad—(54).

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Sierra Gaitán debió padecer la limitación de su libertad hasta que fue absuelto de los cargos en su contra; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(55).

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte demandante tiene vocación de prosperidad, por lo que habrá lugar a revocar la sentencia apelada para declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

Al respecto, se recuerda que en la demanda se solicitó que se pagara una indemnización equivalente a 100 smlmv para el directamente perjudicado, su compañera permanente y cada uno de sus hijos, y 50 smlmv para cada uno de sus hermanos y su sobrina, “de conformidad con lo que resulte probado en el curso del proceso”(56), sin especificar si se solicita la indemnización sólo por el tiempo que estuvo recluido en establecimiento penitenciario, o también durante el periodo que estuvo bajo libertad provisional.

Ahora bien, ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización por perjuicio moral que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(57) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la sentencia de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad, proferida el 28 de agosto de 2014(58).

Esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(59) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia cercana han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

Para el caso sub lite, entiende la Sala que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán produjo una afección moral que debe ser indemnizada en su favor y en el de sus familiares.

En el caso bajo estudio, está probado mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, que el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán es padre de Zayra Marcela Sierra Prieto(60) y Adriana Paola Sierra Montoya(61).

De igual forma, está comprobado que las señoras María del Carmen Sierra Gaitán(62), Herminia Sierra Gaitán(63) y Luz Stella Gaitán(64) son hermanas del directamente afectado(65).

Ahora bien, la señora Heidy Johana Monroy, quien dijo acudir en calidad de compañera permanente del señor Mario Alfonso Sierra Gaitán, demostró ese hecho con la declaración que rindieron ante el Juzgado Promiscuo municipal de Icononzo (Tolima), los señores José Manuel León Vásquez(66), José Manuel Bernal Muñoz(67) y José Cornelio Castañeda González(68) quienes aseguraron que la reconocían como la compañera permanente del señor Mario Alfonso Sierra Gaitán y en sus declaraciones coincidieron en manifestar la relación de convivencia y afecto existente entre ellos, así como el profundo dolor, tristeza y desilusión que produjo la privación de su libertad. La Sala da crédito a estos testimonios y, por lo tanto, tendrá a esta demandante como compañera permanente del señor Sierra Gaitán para efectos del reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales de quien aseguraron los deponentes padeció dolor, tristeza y sufrimiento por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido su compañero.

Así las cosas, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Sierra Gaitán le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensible a sus familiares, quienes igualmente resultaron afectados por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

Ahora bien, sumado a lo anterior, esta Subsección en reiterada jurisprudencia(69) ha considerado que, en los casos en que el ente investigador concede la libertad a los sindicados previa suscripción de acta de compromiso, se configura una restricción a la libertad en el plano jurídico, la cual compromete la responsabilidad del Estado, toda vez que con dicho compromiso le produjo un daño antijurídico al sindicado que no estaba en la obligación de soportar y por consiguiente habrá lugar a indemnizar. Al respecto se expuso (se transcribe literalmente):

“En efecto, debe destacarse que en la decisión en la cual se le concedió el beneficio de la libertad provisional se le impuso a cargo la siguiente obligación: “suscribir acta compromisoria de acuerdo a (sic) lo consagrado en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal”; por lo tanto, en virtud de tal precepto normativo se encontraba sometida al cumplimiento de los deberes de: i) presentarse cuando el funcionario competente lo solicitara; ii) observar buena conducta individual, familiar y social; iii) informar todo cambio de residencia; iv) no salir del país sin previa autorización del funcionario. 

Tan es cierto, que la señora Rosmira gozaba de una “libertad restringida”, que dentro del caudal probatorio se acreditó que la sindicada solicitó un permiso ante el organismo investigador para salir del país y, como consecuencia de tal petición, el ente público demandado expidió la correspondiente autorización para que la investigada saliera del país, en los siguientes términos (fl. 181, cuaderno 1): 

(...)  

Ante tal panorama, para la Sala resulta claro que, si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que la conducta investigada no estaba tipificada como delito, la restricción a la libertad en el plano jurídico a la cual se le sometió le produjo un daño antijurídico que no estaba obligada a soportar y, por consiguiente, habrá lugar a indemnizarla. Así pues, en estos eventos considera la Sala que el elemento que compromete la responsabilidad del Estado radica en la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, comoquiera que ésta no tiene el deber de padecerlo”(70). 

De igual manera, la Sala ha estimado necesario, en punto a la tasación de la indemnización correspondiente a los perjuicios morales, considerar qué tipo de medida afectó a la víctima, esto es, si se trató de una privación de la libertad en establecimiento carcelario, detención domiciliaria o si se le impuso una privación jurídica de la libertad, pues la indemnización a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta de su libertad en establecimiento carcelario no debe ser la misma que se le reconozca a quien no padece allí la restricción de su libertad.

Por lo anterior, en sentencia de 9 de marzo del 2016(71), se estimó que para los casos de privación jurídica de la libertad era procedente aplicar una reducción del quantum indemnizatorio equivalente al 50% de la suma indicada en la sentencia de unificación jurisprudencial sobre la materia, criterio que tuvo alcance en sentencia de 1º de agosto del 2016(72), para señalar que, en los casos en que la restricción de la libertad se cumpla bajo la modalidad de detención domiciliaria, la mencionada reducción debía corresponder al 30% de lo sugerido por el criterio unificado de la Sección.

En consonancia con lo anterior, como en el presente caso el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán vio restringido su derecho fundamental a la libertad personal tanto en establecimiento penitenciario como bajo las restricciones que impone estar en libertad provisional, debe establecerse el monto indemnizatorio que corresponde en el presente caso, teniendo en consideración la anotada concurrencia, habida cuenta que el lapso de la detención en centro carcelario no iguala ni supera los 18 meses que la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera estima como suficiente para conceder la suma sugerida como máximo a reconocer por concepto de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad, caso en el cual esta Sala considera que no hay lugar a reducir el quantum indemnizatorio(73).

Ahora bien, para efecto de la tasación de la indemnización por concepto de perjuicios morales se tendrá en cuenta que el señor Sierra Gaitán fue investigado penalmente y, como consecuencia de ello, su derecho a la libertad fue limitado así:

• Del 30 de octubre(74) al 4 de noviembre de 2003 tiempo durante el cual el demandante soportó una detención intramural; (6 días)

• Del 5 de noviembre de 2003(75) al 5 de abril de 2004(76), el actor estuvo bajo libertad provisional, con condición de observar buena conducta y prohibición de salir del país; (5 meses)

• Del 6 de abril de 2004 al 16 de junio de 2005(77), el demandante soportó nuevamente una detención intramural; (1 año, 2 meses y 10 días)

• Y, finalmente bajo libertad provisional, del 17 de junio de 2005 hasta el 11 de abril de 2008(78), fecha en la cual quedó en firme la providencia que dispuso la absolución de los cargos a su favor. (2 años, 9 meses y 25 días)

De lo anterior, se concluye entonces que, el señor Sierra Gaitán estuvo en total 14,53 meses (1 año, 2 meses y 16 días) en establecimiento penitenciario, por lo que, según los parámetros fijados en la aludida sentencia de unificación, sería indemnizado con una suma equivalente a 90 smlmv.

Sumado a lo anterior, se tiene que, además el señor Sierra Gaitán estuvo, en total 38,83 meses (3 años, 2 meses y 25 días) bajo libertad provisional, por lo que en principio le correspondería una indemnización equivalente 100 SMLMV(79) el que, de acuerdo con lo expuesto en precedencia respecto de la tasación derivada de la privación jurídica bajo libertad provisional, se reduce en un 50%, para un sub total de 50 smlmv.

Ahora bien, la sumatoria de los montos antes señalados arroja un total que asciende a 140 SMLMV, pero, como el tope de indemnización por perjuicios morales a reconocer es de 100 smlmv conforme a los lineamientos anotados y que será aplicado en esta oportunidad a fin de garantizar la unificación jurisprudencial y el derecho a la igualdad, será este el valor a reconocer, el que servirá de parámetro para tasar la indemnización que se otorgará a los actores por concepto de perjuicios morales, teniendo en consideración, además, los porcentajes indicados en la aludida unificación jurisprudencial sobre la materia en función de los grados de parentesco. En consecuencia, se reconocerán las siguientes sumas:

DEMANDANTESMLMV
Mario Alfonso Sierra Gaitán100
Zayra Marcela Sierra Prieto100
Adriana Paola Sierra Montoya100
Heidy Johana Monroy100
Herminia Sierra Gaitán50
Luz Stella Gaitán50
María del Carmen Sierra Gaitán50

De otra parte, en lo que se refiere al señor Benjamín Herrera Gaitán, se observa que si bien en la demanda se aportó copia de su partida de bautismo(80), dicho documento, por sí solo, no constituye prueba para demostrar el parentesco que tiene con el directamente afectado. Lo anterior, en razón a que la mencionada partida fue expedida el 15 de mayo de 1949, esto es en vigencia de la Ley 92 de 1938(81), la cual dispuso que el registro civil es el único documento que tiene el carácter de prueba principal y que, en ausencia de éste, podría suplirse con otros documentos auténticos, como la partida de bautismo, bajo la condición que se demostrara la imposibilidad de expedición del registro civil como tal, lo cual no se acreditó en el proceso de la referencia.

En cuanto a la señora Alcira Beatriz Rubiano Gaitán, se tiene que, a pesar que en el poder visible en folio 7 del cuaderno de primera instancia se manifestó que es sobrina del señor Mario Alfonso Sierra Gaitán, lo cierto es que en el expediente no obra prueba que la acredite como tal, por lo que no se puede establecer su parentesco. De igual forma no obra ningún documento del que se pueda inferir la cercanía afectiva entre ésta y la víctima directa, por lo que no se probó que la privación de la libertad que soportó el señor Sierra Gaitán le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado.

Finalmente, respecto del menor Mario Andrés Sierra Monroy, se tiene que es hijo(82) del directamente afectado y que nació el 12 de diciembre de 2006, fecha para la cual el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán se encontraba bajo libertad provisional. Sin embargo, en el expediente no obra ninguna prueba que permita establecer o inferir la afectación moral que pudo haber sufrido el recién nacido por la limitación de la libertad de su padre.

Precisa la Sala que, no obstante que el aspecto atinente a la legitimación en la causa no fue objeto del recurso de apelación y que la competencia para resolver la alzada se circunscribe únicamente a los puntos apelados, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admite excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales, relacionados con algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, entre otros, los cuales deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito, además, atendiendo lo decidido por el juez de instancia, a éste no le correspondió llevar a cabo dicho análisis teniendo en cuenta que negó las pretensiones incoadas con la demanda.

Al respecto, vale hacer referencia a lo expuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera al unificar el tema que se deja reseñado(83). Expuso la Sala (se transcribe literalmente):

“En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(84) de la sentencia como el principio dispositivo(85), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(86).  

Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada. 

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa por activa o por pasiva e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. (Se destaca).

Con fundamento en lo anterior, se negarán las pretensiones a Benjamín Herrera Gaitán, Alcira Beatriz Rubiano Gaitán y al menor Mario Andrés Sierra Monroy.

6.2. Perjuicios materiales.

Precisa la Sala que, si bien en la demanda no se especifica la cantidad solicitada como perjuicios materiales ocasionados a la parte actora con la privación de la libertad de la cual fue víctima el señor Sierra Gaitán, lo cierto es que en forma genérica solicitó que se indemnizaran los perjuicios que “resulten probados en el curso del proceso”(87), por lo que, con fundamento en los documentos obrantes en el expediente y que fueron decretados como prueba por el tribunal a quo, se tasaran los perjuicios materiales probados.

— Daño emergente 

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados en la modalidad de daño emergente, encuentra la Sala que en la demanda se expresó que la parte actora tuvo que “contratar a un profesional del derecho para que lo asesorara y asumiera su defensa (...) al cual debió cancelarle los honorarios correspondientes (...)”(88).

La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

Así las cosas, no le cabe duda a la Sala que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad injustamente, constituyen un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe su pago por parte del solicitante(89).

Sobre este particular, se precisa que en el expediente obra un documento(90) suscrito por una profesional del derecho en el que certifica que recibió la suma de cinco millones de pesos ($ 5’000.000) como honorarios por la defensa técnica del señor Sierra Gaitán dentro del proceso penal. Dicho documento se aportó con la demanda, se decretó como prueba mediante el auto de 28 de octubre de 2010(91) y no fue tachado de falso por la parte demandada, por lo que resulta suficiente para acreditar el perjuicio material ocasionado.

Así las cosas, le asiste la razón al recurrente, en tanto está acreditado el pago de los mencionados honorarios profesionales, por lo que hay lugar a su reconocimiento en esta instancia.

Para actualizar la mencionada suma se dará aplicación a la fórmula de actualización, tomando como índice inicial el correspondiente al mes de junio de 2010(92) y como índice final, el último conocido a la fecha de esta providencia:

Ra = Rh x índice final (febrero de 2017)

índice inicial (junio de 2010)

Ra = $ 5’000.000 x 136.12

104.52

Ra = $ 6’511.672

Total perjuicios materiales por daño emergente: SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 6’511.672).

— Lucro cesante 

Al igual que los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, se tiene que la parte actora no fue específica respecto de la solicitud de los daños materiales por lucro cesante. Sin embargo, en la demanda se expresó que el señor Sierra Gaitán “dejó de ejercer la actividad que venía desempeñando en el Municipio de Icononzo como conductor, ingresos que durante todo el tiempo que estuvo privado de la libertad no los percibió en detrimento de su patrimonio, honra y prestigio, (...)”(93). Así las cosas, se tasará la indemnización por concepto de lucro cesante, por los ingresos que el señor Mario Alfonso Sierra Gaitán hubiera recibido para la época en que fue privado de la libertad.

En orden a resolver sobre la pretensión formulada, observa la Sala que en el expediente no obra ningún documento que permita establecer los ingresos que tenía el mismo para la época de la privación de la libertad y, si bien se manifestó que el señor Sierra Gaitán era conductor de la alcaldía del Municipio de Icononzo (Tolima), dicha entidad manifestó el 14 de diciembre de 2003(94), que el demandante prestó servicios como contratista de esa institución pero que, para la época en que se le impuso la medida de aseguramiento, no tenía ningún vínculo con la misma.

En este orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación(95), hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, monto que será tenido en cuenta por la Subsección para liquidar el lucro cesante. A esa suma se le debe adicionar el 25% por concepto de prestaciones sociales, razón por la que la Subsección procederá a realizar la liquidación de dicha indemnización. Entonces:

Para determinar lo que le corresponde al demandante por concepto de lucro cesante, se actualizará el valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2004:

Ra = Rh ($ 358.000) x índice final – febrero/17 (136.12)

índice inicial – abril/04 (78,74)

Ra = $ 618.884

Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2017 ($ 737.717) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante, la cual será incrementada en un 25% según se dijo anteriormente.

737.717 x 0.25 = 184.429 + 737.717 = 922.146

Período a indemnizar: 14,36 meses(96)

De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $ 922.146 como ingreso base de liquidación.

(1+i)n -1

S = VA -------------

I

(1.004867)14,36 -1

S = VA ---------------------

0.004867

S = $ 13’681.289

Es del caso precisar que, para efectos de liquidar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, esta Sala ha reconocido también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido (se transcribe literalmente):

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(97)(98).

A pesar de lo anterior, como ya se expresó, el señor Sierra Gaitán no se encontraba vinculado a ninguna entidad al momento de la privación de la libertad, así como tampoco se probó que su detención hubiese determinado la pérdida de alguna oportunidad laboral, así que no hay lugar a reconocer de forma adicional el mencionado lapso de tiempo certificado por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano.

Así las cosas, se tiene que el total de indemnización por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante será de:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 13’681.289).

6.3. Daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Al respecto, se reitera que la parte actora solicitó la indemnización por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad del señor Sierra Gaitán, sin especificar el concepto y cuantía de los daños a la vida de relación que supuestamente fueron ocasionados(99).

Cabe resaltar que mediante sentencia proferida el 14 de septiembre de 2011, la Sección Tercera de esta corporación precisó la tipología de los perjuicios inmateriales en los siguientes términos (se transcribe literalmente):

“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”(100) (Se destaca).

Así las cosas, a partir de dicho pronunciamiento jurisprudencial(101), se estableció una cláusula residual en relación con los perjuicios inmateriales frente a los cuales no es posible adecuarlos bajo el contenido y denominación de “daño moral” o “daño a la salud”, razón por la cual se les ha clasificado bajo la tipología de daños derivados de “vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados”.

En efecto, quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(102).

Respecto de dicha tipología la Sección Tercera se ha pronunciado sobre sus características en los siguientes términos (se transcribe literalmente):

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. 

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.  

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.  

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales”(103). 

Así pues, la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—(104), tales perjuicios se reconocerán bajo la denominación antes mencionada, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral(105).

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional convencionalmente protegido, no obstante, debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad podría llegar a configurar este perjuicio.

En estas condiciones, debe entenderse que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, los cuales evidentemente resultaron afectados con la privación de la libertad del señor Mario Alfonso Sierra Gaitán, razón por la cual, en el presente caso, se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto a los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, que hace referencia a los derechos al buen nombre(106) y a la honra.

En efecto, a folios 18 y 19 del cuaderno de primera instancia, obran la portada y la página 6B del periódico “El nuevo día” con fecha de 1º de noviembre de 2003, en las que, además de mostrar una foto clara del demandante, se expresa (se transcribe literalmente):

“(...) Capturados presuntos farianos en Icononzo. OCHO PRESUNTOS milicianos de las FARC fueron capturados por la Policía en el Municipio de Icononzo en desarrollo de una operación que pretendía dar cumplimiento a requerimientos hechos por la Fiscalía, que solicita a los hoy detenidos mediante orden judicial dentro de un proceso que adelanta por rebelión. Los detenidos fueron identificados como Rafael Parrado Monroy, José Manuel León Vásquez, José Penagos Castellanos, Carlos Orlando Robayo Moreno, José Gabriel Parrado, Miguel Antonio Buitrago Muñoz, Mario Alfonso Sierra Gaitán y Pedro María Castellanos”. (Negrilla fuera de texto). 

“(...) Mario Alfonso Sierra Gaitán de 43 años, residente en el barrio Alto de la Virgen de Icononzo, conductor, a quien la Fiscalía le dictó orden judicial número 0412891 por el mismo delito de rebelión (...)”. 

Así las cosas, al encontrar e identificar el bien constitucionalmente protegido que resultó afectado con la medida impuesta al señor Mario Alfonso Sierra Gaitán, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, razón por la cual cabe concluir que resulta procedente disponer una medida no pecuniaria para efecto de su reparación, pues, como se dijo anteriormente, la reparación de esta tipología de perjuicio se efectúa, principalmente, a través de medidas de carácter no pecuniario y, de manera excepcional, a través de la reparación económica cuando aquéllas no resulten suficientes para reparar integralmente a la víctima(107).

En este sentido, al observar que los derechos a la honra y al buen nombre del investigado y su familia se vieron afectados con el despliegue mediático que rodeó su vinculación al proceso penal, la Sala considera que para el presente caso resulta pertinente privilegiar la medida no pecuniaria, en punto a ordenar a la Fiscalía General de la Nación que disponga la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar en el periódico “El nuevo día” del departamento del Tolima, sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del señor Mario Alfonso Sierra Gaitán.

5(sic). No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 30 de marzo de 2012; en consecuencia, se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor MARIO ALFONSO SIERRA GAITÁN.

2. Como consecuencia de la declaración anterior CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

DEMANDANTESMLMV
Mario Alfonso Sierra Gaitán100
Zayra Marcela Sierra Prieto100
Adriana Paola Sierra Montoya100
Heidy Johana Monroy100
Herminia Sierra Gaitán50
Luz Stella Gaitán50
María del Carmen Sierra Gaitán50

3. CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor MARIO ALFONSO SIERRA GAITÁN la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 6’511.672), por concepto de daños materiales en modalidad de daño emergente.

4. CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor MARIO ALFONSO SIERRA GAITÁN la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 13’681.289), por concepto de daños materiales en modalidad de lucro cesante.

5. ORDÉNASE a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que, a fin de reparar el daño causado a los bienes constitucionalmente protegidos, disponga la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar a los medios de comunicación sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad de MARIO ALFONSO SIERRA GAITÁN.

6. Negar las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

10. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

16 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

17 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.” 

18 Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp. 13.622. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E) Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Fecha en la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, declara desierto el recurso de apelación formulado por la Fiscalía General de la Nación, visible en folio 155 del cuaderno de primera instancia.

20 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

21 Se recuerda que la demanda se interpuso el 9 de junio de 2010.

22 Fls. 20 a 22 del cdno. de primera instancia.

23 Folio 1 del cdno. de primera instancia.

24 Folio 124 del cdno. pbas. Nº 11.

25 Fls. 170 a 175 del cdno. pbas. Nº 11.

26 Fl. 178 del cdno. pbas. Nº 11.

27 Fl. 179 del cdno. pbas. Nº 11.

28 Fls. 24 a 41 del cdno. de primera instancia.

29 Fl. 23 del cdno. pbas. Nº 10.

30 De conformidad con la constancia proferida el 25 de noviembre de 2010 por el Departamento de Policía del Tolima, visible en folio 1 del cdno. pbas. Nº 12.

31 Fls. 109 a 137 del cdno. pbas. Nº 6.

32 Fls. 268 a 292 del cdno. pbas. Nº 6.

33 Fls. 181 a 183 del cdno. pbas. Nº 3.

34 Fl. 198 del cdno. pbas. Nº 3.

35 Fls. 70 a 98 del cdno. de primera instancia.

36 Fls. 96 a 97 del cdno. de primera instancia.

37 Fl. 155 del cdno. de primera instancia.

38 Fl. 124 del cdno. pbas. Nº 11.

39 Fl. 179 del cdno. pbas. Nº 11.

40 De conformidad con la constancia proferida el 25 de noviembre de 2010 por el Departamento de Policía del Tolima, visible en folio 1 del cdno. pbas. Nº 12.

41 Fl. 198 del cdno. pbas. Nº 3.

42 Fl. 155 del cuaderno de primera instancia.

43 En similares términos, consultar la sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463 y la sentencia de 11 de abril de 2012, Exp. 23.513, ambas con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

44 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

45 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 Exp. 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Rad. 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784), Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

47 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933; Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414; Subsección C, sentencia de 2 de mayo de 2016, Exp. 32126B; Subsección C, sentencia de 25 de mayo de 2016, Exp. 35033; Subsección A, sentencia de 27 de enero de 2016, Exp. 39311.

48 ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.// El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

49 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II C. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, pág. 506: “descuido o desprecio de las precauciones más elementales para evitar un daño o impedir un mal. En el Derecho Romano se caracterizaba por la negligencia en que no incurriría el administrador más torpe, como no interrumpir una prescripción estando presente, dejar dinero al alcance de extraños, romper un documento sin haberlo leído, no hacer ninguna reparación en los edificios necesitados de ellas, ni las labores que las cosechas precisen (...)”.

50 Ibídem.

51 Nota original de la sentencia citada: TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2., Santafé de Bogotá, 1996, págs. 245, 246.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dieciocho de octubre de dos mil, Rad. 11981, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Actor: María Celeny Zapata Zapata y otros.

53 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 13168.

54 Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2001.

55 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

56 Fl. 100 del cuaderno de primera instancia.

57 En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. RENATO SCOGNAMIGLIO, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

58 Al respecto consultar la sentencia de unificación de la Sección Tercera proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Rad. 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149).

59 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

60 Registro civil de nacimiento en folio 11 del cdno. de primera instancia.

61 Registro civil de nacimiento en folio 10 del cdno. de primera instancia.

62 Registro civil de nacimiento en folio 14 del cdno. de primera instancia.

63 Registro civil de nacimiento en folio 15 del cdno. de primera instancia.

64 Registro civil de nacimiento en folio 16 del cdno. de primera instancia.

65 Registro civil de nacimiento en folio 13 del cdno. de primera instancia.

66 Fls. 11 a 12 del cdno. pbas. No. 2.

67 Fls. 13 a 14 del cdno. pbas. No. 2

68 Fls. 15 a 16 del cdno. pbas. No. 2

69 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de junio de 2011. Exp. 19.958. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado.

70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2015, expediente 36888, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

71 Sentencia del 9 de marzo de 2016, Exp. 25000-23-26-000-2005-02453-01(34.554) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expuso la Sala: “(...) Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel.
Con base en lo expuesto, la Subsección reducirá la indemnización por perjuicios morales a favor de los actores en este proceso en un 50%, pues como se indicó anteriormente, en el presente litigio se acreditó que el actor nunca estuvo privado físicamente de su libertad”.

72 Exp. 76001-23-31-000-2005-02506-01 (39.747), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Dijo la Sala: En cuanto al monto a pagar por el tiempo restante, la Sala acoge lo dispuesto por esta Subsección en la citada sentencia del 9 de marzo de 2016 y la complementa en el sentido de que a su juicio el monto a indemnizar a una persona que fue víctima de una privación injusta de la libertad pero que estuvo recluida en su domicilio debe ser disminuido en un 30%, comoquiera que, si bien la detención domiciliaria limita derechos fundamentales es mayor la afectación cuando se recluye a una persona en un establecimiento carcelario, pues en este último caso se vulneran derechos tales como la intimidad, el trabajo, la educación, entre otros, a lo cual se suman las situaciones de angustia o intranquilidad que puede atravesar al convivir con otros reclusos, nada de lo cual ocurre con la detención domiciliaria ni con la privación jurídica de la libertad, pues no es lo mismo, sin duda, permanecer en la casa que en un centro de reclusión”.

73 En este sentido en sentencia de 14 de septiembre de 2016, Exp. 250002326000200900787 01 (42.533), expresó lo siguiente: “Ahora bien, en pos de continuar con la labor de precisar los criterios a tener en cuenta para tasar la indemnización a que haya lugar bajo los supuestos antes anotados, la Sala reitera las posturas enunciadas y las complementa para señalar que, en aquellos casos en los que la privación de la libertad en centro carcelario sea igual o superior a 18 meses y concurra con otras modalidades de restricción del mencionado derecho fundamental –bien sea bajo detención domiciliaria o privación jurídica de la libertad-, no hay lugar a la referida reducción del quantum indemnizatorio, comoquiera que en tales eventos ya se cumple con el límite temporal fijado en la unificación jurisprudencial para acceder a la suma sugerida como máximo a reconocer por concepto de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad (se destaca).

74 Fl. 124 del cdno. pbas. Nº 11.

75 Fl. 179 del cdno. pbas. Nº 11.

76 De conformidad con la constancia proferida el 25 de noviembre de 2010 por el Departamento de Policía del Tolima, visible en folio 1 del cdno. pbas. Nº 12.

77 Fl. 198 del cdno. pbas. Nº 3.

78 Fl. 155 del cuaderno de primera instancia.

79 Más de 18 meses privado de la libertad.

80 Partida de bautismo visible en folio 17 del cuaderno de primera instancia, proferida el 15 de mayo de 1949, (en vigencia de la Ley 92 de 1938, pero con anterioridad a la Ley 1260 de 1970), por lo que, ante la ausencia del registro civil de nacimiento, constituye prueba supletoria para acreditar el nacimiento.

81 “ART. 18.—A partir de la vigencia de la presente ley solo tendrán el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley.

ART. 19.—La falta de los respectivos documentos del estado civil podrá suplirse, en caso necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas de partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil”. 

82 Registro civil de nacimiento en folio 12 del cuaderno de primera instancia.

83 Autos de 9 de febrero de 2012, dictados en los expedientes: 500012331000199706093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y 05001-23-26-000-1994-02321-01(20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

84 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1 de 2009, dentro del Exp. 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”. 

85 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:

“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”. 

"Son características de esta regla las siguientes:  

"(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado" (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Parte general, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106. 

86 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

87 Fl. 100 del cdno. de primera instancia.

88 Fl. 102 del cdno. de primera instancia.

89 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, Exp. 36.566.

90 Fl. 23 del cuaderno de primera instancia.

91 Fls. 188 a 189 del cuaderno de primera instancia.

92 Comoquiera que el documento aportado no tiene fecha para determinar cuándo se realizó el pago, la Sala tomará la fecha de presentación de la demanda, esto es el 9 de junio de 2010.

93 Fl. 102 del cdno. de primera instancia.

94 Fl. 17 del cdno. pbas. Nº 9.

95 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2013, proceso Nº 31301.

96 Lapso comprendido entre la fecha en la cual el señor Sierra Gaitán fue privado de la libertad en establecimiento penitenciario (5 de abril de 2004) hasta el momento en que la recobró (16 de junio de 2005).

97 Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

98 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

99 Ver folio 100 del cuaderno de primera instancia, ordinal tercero de las pretensiones de la demanda.

100 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, Rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

101 Para efectos de apreciar la línea de evolución de los perjuicios inmateriales, se destacan las siguientes providencias: En sentencia del 25 de septiembre de 1997, Rad. 10421, M.P. Ricardo Hoyos Duque, la Sección Tercera cambió la expresión “perjuicio fisiológico” por el concepto de “perjuicio de placer”, asimilándolo al de “daño a la vida de relación”. Más tarde, en sentencia del 19 de julio de 2000, Rad. 11842, M.P. Alier Hernández Enríquez, precisó que este de daño de orden inmaterial debía denominarse “daño a la vida de relación”, por cuanto se trata de un concepto más adecuado que el “perjuicio fisiológico”: “el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”, afectación inmaterial que puede tener origen en una lesión física o corporal, como también, por ejemplo, en una acusación calumniosa o injuriosa, en la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona, en un sufrimiento muy intenso o, incluso, en un menoscabo al patrimonio o una pérdida económica. Posteriormente, en decisiones de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007, Rad. 2002-00004-01(AG) y 2001-00029-01(AG)- la Sección Tercera cambió su denominación y lo denominó “alteración grave a las condiciones de existencia”, la cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias: “[E]n esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando -en ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política (...) El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”. Finalmente, las providencias de 14 de septiembre de 2011, Rad. 19.031 y 38.222, antes citadas, sistematizaron la tipología de los daños inmateriales, así: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) daños a bienes constitucionales.

102 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

103 Consejo de Estado, sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

104 Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, Exp. 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros. M.P. Enrique Gil Botero.

105 Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 2007, Exp. 16.407.

106 Sobre el derecho al buen nombre, consultar la Sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, en donde la Corte hace una relación de la jurisprudencia en torno al concepto y los alcances de los derechos al buen nombre y a la honra.

107 Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2016, Exp. 41.716 y sentencia de 20 de mayo de 2016, Exp. 44.241.