Sentencia 2010-00295 de abril 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 110010325000201000295 00

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Actor: Mario Gordillo Gordillo

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala:

1. Los actos acusados son las resoluciones 367 del 3 de diciembre de 2009 y 111 de 25 de marzo de 2010(1), expedidas por la Junta Central de Contadores de Bogotá.

La Sala omite la transcripción de los actos acusados, dada su considerable extensión, aun cuando se hará referencia expresa a los apartes pertinentes a los cargos contra ellos formulados.

Sea lo primero considerar que la Resolución 367 de 3 de diciembre de 2009 declara la responsabilidad disciplinaria del contador Mario Gordillo Gordillo, por cuanto su conducta vulneró los artículos 37.4 y 37.6 de la Ley 43 de 1990.

En consecuencia, la resolución señalada sanciona disciplinariamente al contador público mencionado, con suspensión de la inscripción profesional por el término de nueve (9) meses.

Por su parte, la Resolución 111 de 25 de marzo de 2010, confirma en todas sus partes la Resolución anterior, al resolver el recurso de reposición contra esta interpuesto.

2. Sea lo primero resolver las excepciones propuestas por la parte demandada, las cuales, se anticipa, no están llamadas a prosperar, pues las mismas se fundamentan en normas jurídicas equívocas frente los supuestos que aquella pretende demostrar para la improcedencia de la presente acción.

Así, en lo que respecta a la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer de esta acción, es del caso indicarle a la apoderada de la Junta Central de Contadores, que los actos acusados provienen de una entidad central y al no constar estos de cuantía alguna, su conocimiento corresponde a esta corporación en los términos del numeral 2º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo(2).

En cuanto a la excepción de caducidad de la acción, considera la demandada que había operado dicho fenómeno para cuando se interpuso la demanda, pues al haber sido notificado el acto acusado el 3 de mayo de 2010, el término de caducidad previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se comenzó a contabilizar a partir del día siguiente, esto es, el 4 de mayo del mismo año; por tanto, la demanda debió presentarse el 4 de septiembre de 2010, lo cual no ocurrió así, dado que la misma fue radicada el 6 de ese mismo mes y año.

Pues bien, verificado el calendario del año 2010, es constatable que el 4 de septiembre era sábado, de forma tal que en este caso se debe dar aplicación al artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, según el cual, el término se extiende al día hábil siguiente, correspondiente al lunes 6 de septiembre, fecha en que la demanda fue presentada personalmente, según costa a folio 34 del expediente.

La excepción consistente en que no se cumplió con el requisito de procedibilidad referente a la realización de la conciliación extrajudicial, de que trata la Ley 640 de 2001, se responde recordándole a la demandada que en tratándose de asuntos que no comportan contenido económico, como el presente caso, aquella no constituye prerrequisito para incoar la acción, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 2º del Decreto 1716 de 2009(3), por lo que la excepción así propuesta, tampoco prospera.

3. Establecida la improcedencia de las excepciones formuladas por la demandada, debe ahora la Sala abordar el estudio de legalidad propuesto por el demandante, no sin antes advertir que el mismo ha de ser reordenado por cuanto la exposición fáctica y jurídica expuesta en la demanda, da cuenta de que gran parte del libelo del actor transcribe los descargos formulados ante la administración con ocasión del proceso disciplinario adelantado contra el profesional contable sancionado, limitándose a imputar como cargos concretos contra las resoluciones demandadas, la violación al debido proceso de que trata el artículo 29 de la Constitución Política, y al artículo 92 numeral 3º de la Ley 734 del año 2002.

Según se expuso en los antecedentes de este proveído, el actor, primeramente alude a cada uno de los actos acusados para formularles, respectivamente, cuestionamientos de legalidad que convergen en la violación al debido proceso; y, frente a la exposición de los descargos formulados en el marco del proceso disciplinario, se infiere que el apoderado del actor pretende exponer, ante esta Jurisdicción, la actuación administrativa surtida en la Junta Central de Contadores para que la Sala verifique si, en efecto, esa entidad incurrió en la vulneración a las normas legales que aquel invoca.

4. De este modo, la Sala comenzará por determinar si la resolución por la cual se impuso la sanción no se hallaba en firme para el momento en que se ordenó la inscripción de la sanción; y, si tal firmeza deviene, como sugiere el actor, de una decisión judicial respecto de los actos demandados.

En este punto, alude a la Resolución 111 de marzo 25 de 2010, notificada personalmente el 3 de mayo de 2010, mediante la cual se decidió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 367 de diciembre 3 de 2009. Asimismo, acusa de ilegal por la misma razón anotada, la constancia de ejecutoria de 4 de mayo de 2010.

Pues bien, es de anotar que contra la resolución que impuso la sanción, se presentó en oportunidad el recurso de reposición, el cual fue decidido por la Resolución 111 antes señalada. Contra este último acto administrativo, no procedía ya recurso alguno por haber agotado el mismo el procedimiento de la vía gubernativa. Así, la Resolución 111 dispone en el numeral cuarto de su parte resolutiva lo siguiente:

“En firme la presente resolución, inscríbase la sanción en la base de datos de la U.A.E. Junta Central de Contadores y ordénese el archivo del expediente”.

Cabe anotar que esta resolución fue notificada personalmente al señor Mario Gordillo el 3 de mayo de 2010(4), por lo que a partir del día siguiente, la misma estaba llamada a generar efectos jurídicos frente al administrado, en atención a que, como se ha indicado en incontables oportunidades por esta sección, la notificación constituye un presupuesto de eficacia del acto administrativo(5). Igualmente, el haber sido culminada la vía gubernativa mediante la Resolución 111 de 2011, implica que la misma cobró firmeza en los términos del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, al señalar esta norma en su numeral segundo, que los actos administrativos quedarán en firme cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

Así las cosas, es claro que el acto administrativo sancionatorio se hallaba en firme y era ejecutable a partir de la mencionada fecha, según se expone en la certificación que cuestiona el actor(6), por lo que la Sala no halla reparo de legalidad alguno en el hecho de que la Junta Central de Contadores hubiere inscrito la sanción de suspensión del ejercicio profesional durante nueve (9) meses, en el correspondiente registro, el 4 de mayo de 2010 pues como se anotó, ya había culminado el proceso gubernativo para que el afectado controvirtiera la decisión sancionatoria, como en efecto lo hizo, y por tanto, había adquirido firmeza. Es claro, entonces, que la administración no procedió a ejecutar el acto sin que el mismo estuviere en firme, como sugiere el actor.

Ahora, es palmario el desatino en el que incurre el actor al pretender que sea la decisión judicial la llamada a otorgar ejecutoria a los actos administrativos pues, como bien señala el Ministerio Público, si ello fuera así, resultaría contrario al sentido común el que las decisiones de la administración se hallen revestidas de legalidad y por tanto, encuentren en tal presunción legitimidad para su ejecución. En este punto, no sobra recordarle al apoderado del contador sancionado, que la vía judicial controla el que los actos administrativos ejecutoriados en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se hallen ajustados a derecho, y de ahí que sea la decisión del juez la única llamada a desvirtuar la presunción de legalidad a ellos inherente mediante su declaratoria de nulidad, cuando así proceda.

Asimismo, cabe señalar que tanto la constancia de ejecutoria Nº 2328 de mayo 4 de 2010, como el oficio CJ71576/10 – 02071(7), respecto de los cuales solicita el actor su nulidad, no constituyen actos administrativos susceptibles de una decisión judicial en tal sentido, pues aquel tan solo da cuenta de la realidad jurídica referente a la ejecutoria de una decisión administrativa; y, el mencionado oficio, consiste en una comunicación en la que se le indica al profesional contable que la mencionada sanción fue registrada el 4 de mayo de 2010, y que por tanto, debe abstenerse de ejercer la profesión durante nueve (9) meses, de forma tal que el mismo es un mero informativo emitido como consecuencia de la determinación de la administración, que tampoco reviste la calidad de acto enjuiciable ante esta jurisdicción por no generar, ninguno de los documentos enunciados, efecto jurídico alguno respecto del administrado.

Así las cosas, no se observa la violación al debido proceso endilgada por el demandante, con fundamento en la razón anotada.

5. El apoderado del demandante continúa con la alusión a la Resolución 367 de diciembre 3 de 2009, respecto de la cual se remite a lo señalado contra ésta en el recurso de reposición y en la contestación a los cargos formulados en el marco de las diligencias previas del proceso.

Es de precisar que lo cuestionado por el actor en este aparte, se circunscribe a la reiteración exacta de lo expresado a la administración con respecto a la ausencia de dolo y daño real a la Empresa Flota Huila S.A.; proscripción de la responsabilidad objetiva y el no haberse efectuado la diligencia para rendir versión libre y espontánea de los hechos como parte del proceso disciplinario, todo lo cual, a su entender, vulnera el derecho al debido proceso.

Es del caso señalar que la Junta Central de Contadores halló disciplinariamente responsable al contador Mario Gordillo Gordillo por los cargos que a continuación se transcriben(8):

“1. Omitir pronunciarse en su calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad Flota Huila S.A., oportunamente y por escrito ante la asamblea, junta directiva o gerente general sobre las posibles irregularidades existentes al interior del ente, relacionadas con el presunto manejo de altas sumas de dinero de la Sociedad en efectivo; castigarse a 31 de diciembre de 2006 la suma de $15.184.317 pesos sin existir el correspondiente soporte; elaborarse un comprobante manual el 31 de octubre de 2006 por valor de $30.184.317 como cuentas por cobrar a socios sin identificarse cada uno de los respectivos socios; así como omitir pronunciarse frente a los presuntos mayores valores pagados a la aseguradora solidaria por concepto de pólizas.

2. Dictaminar los estados financieros de fechas 25 de febrero de 2006, 20 de febrero de 2007 y 29 de febrero de 2008, manifestando que “la sociedad ha implementado y desarrollado procedimientos adecuados de control interno que le permite la conservación y custodia de sus derechos y bienes sin contar con los respectivos soportes de tales afirmaciones, toda vez que de acuerdo al material probatorio obrante dentro del plenario, el profesional contable Mario Gordillo Gordillo no realizó el correspondiente examen a los pagos efectuados por concepto de seguro, verificación las pólizas (SIC), recirculización de la expedición y valor pagado por cada póliza”.

Es pertinente resaltar, igualmente, que el demandante admite el hecho referente a que los informes y advertencias que estaba obligado a efectuar el profesional contable, como revisor fiscal de la empresa(9), no fueron presentados por escrito, tal como cuestionó la entidad demandada. Sobre este punto, el actor se limita a recalcar como alegación contra la Resolución 367 en comento, el que dichos informes no deben constar necesariamente mediante documentos o papeles, pues por celeridad es posible que aquellos se manifiesten oralmente.

Obsérvese que esta argumentación comporta en sí misma la aceptación expresa de que el contador sancionado no cumplió con su deber de advertir y señalar por escrito los riesgos y movimientos irregulares que se estaban llevando a cabo con el manejo del dinero efectivo, según se expone en los cargos transcritos, y ello supone una clara falta a su función como revisor fiscal en los términos del artículo 207 del Código de Comercio, cuyo tenor literal dispone:

Son funciones del revisor fiscal:

(…).

2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios…” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Lo anotado demuestra con suficiencia que la administración se ajustó a derecho al hallar disciplinariamente responsable al contador sancionado por haber omitido la presentación de las observaciones o advertencias a que se hallaba obligado en el ejercicio de su función como revisor fiscal; y tal hecho se corrobora mediante la aceptación que su mismo apoderado hace de la falta en que aquel incurrió, al admitir que las supuestas advertencias se hicieron verbalmente; lo cual, desde luego, no apunta a desvirtuar el cargo así formulado por la administración, pues la norma transcrita no admite duda alguna en cuanto a que dichas observaciones deben elevarse por escrito.

A partir de lo señalado, se procede entonces a verificar si era menester que la conducta omisiva cuestionada generare la causación de un daño a la empresa, en los términos indicados por el demandante, como presupuesto para la procedencia de la sanción disciplinaria. Al respecto, arguye el demandante que no toda omisión es susceptible de ser sancionada.

Sea lo primero precisar que las normas regulatorias de la profesión de contador público previstas en la Ley 43 de 1990, están llamadas a garantizar que la información contable y financiera de los entes económicos refleje la realidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, pues en virtud de ella se habrán de generar decisiones por parte de socios, inversionistas, del mismo Estado y de la comunidad en general, que de resultar errónea o imprecisa, puede afectar negativamente el desenvolvimiento económico asociado al ente de que se trate, y a todos quienes directa o indirectamente tengan relación con este. De ahí que la observancia estricta de la ética y de la normativa que regula el ejercicio profesional del contador público revista la mayor importancia, y que por tanto, su desconocimiento acarree las consecuencias sancionatorias previstas en la mencionada ley.

A fin de tener presente el contenido ético de la profesión contable, vale la pena transcribir el contenido del artículo 35 de la Ley 43 de 1990:

Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la contaduría pública:

La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. El contador público como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado. El contador público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado. La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de estos entre sí”. (Resaltado fuera de texto).

Asimismo, el artículo 8º ibídem dispone:

“De las normas que deben observar los Contadores Públicos. Los Contadores Públicos están obligados a:

1. Observar las normas de ética profesional.

2. Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas.

3. Cumplir las normas legales vigentes.

4. Vigilar que el registro e información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. (Resaltado fuera de texto).

La normativa expuesta permite explicar que la responsabilidad disciplinaria derivada de las faltas a la ética y a las normas legales en que incurren los contadores públicos no se halle sometida al examen referente a la eventual causación de un daño patrimonial específico a la empresa, pues por un lado, el objeto evaluable en este ámbito de la responsabilidad es la conducta del profesional en si misma; y, por el otro, ello encuentra su razón de ser en las graves implicaciones que para el ente económico, la sociedad y el Estado puede revestir una información económica desfasada, irreal o equívoca.

En efecto, en el presente caso, el proceso disciplinario que culminó con la sanción cuestionada, fue incoado en razón de la queja presentada por el señor Elberto Garavito Ardila el 23 de octubre de 2007(10), como gerente general de Flota Huila S.A, lo cual explica que el simple hecho de advertirse un manejo contable irresponsable y antiético al interior de la empresa, constituye en sí mismo un menoscabo para el ente económico, de suerte que, se recalca, el desconocimiento de la regulación a que debe obedecer el contador público en su ejercicio profesional es motivo suficiente para que proceda la correspondiente sanción.

De este modo, la inobservancia de los deberes a que estaba obligado el demandante frente a la empresa en su calidad de revisor fiscal, se enmarca en las conductas previstas en las normas invocadas por la Junta Central de Contadores así:

“ART. 37.—En consecuencia, el contador público debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, sean estas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, observando en todos los casos, los siguientes principios básicos de ética profesional:

(…).

37.4. Responsabilidad.

(…).

37.6. Observaciones de las disposiciones normativas…” (Resaltado fuera de texto).

Por su parte, las mencionadas conductas generan la sanción de suspensión del ejercicio profesional, sin condicionamiento alguno previsto en la ley, relacionado con el efecto de la misma, según se deriva del tenor literal del artículo 25 de la Ley 43 de 1990:

“ART. 25.—De la suspensión. Son causales de suspensión de la inscripción de un contador público hasta el término de un (1) año, las siguientes:

2. La violación manifiesta de las normas de ética profesional,

(…).

4. Desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión…” (Resaltado fuera de texto).

Lo expuesto, conlleva a colegir que la Junta Central de Contadores aplicó la normativa sancionatoria correspondiente a las faltas encontradas en el ejercicio profesional del contador público, sin que para ello requiriere efectuar verificaciones adicionales, que, se recalca, no se hallan consagradas legalmente.

6. El planteamiento relativo a la inexistencia de dolo y al desconocimiento por parte de la administración de la proscripción de la responsabilidad objetiva, se han de responder conjuntamente por existir una conexión conceptual entre estos dos cuestionamientos.

Así, la responsabilidad objetiva se refiere a la imposición de sanciones de plano, con fundamento en la simple constatación fáctica de una determinada infracción y sin efectuar un análisis de los elementos subjetivos de la conducta previamente tipificada, como son la intencionalidad, la culpabilidad e incluso la imputabilidad(11). De este modo, y dado que el dolo comporta un factor subjetivo asociado a la intencionalidad del infractor, el análisis de su eventual existencia se asocia con la verificación de la objetividad o subjetividad con que fue endilgada la falta, y por ende la responsabilidad del sujeto disciplinado.

Pues bien, en el presente caso, es claro que el elemento subjetivo referente al dolo no constituyó un factor estimable a la hora de calificar la falta en que incurrió el contador, puesto que el criterio subjetivo de la conducta infractora se encontró soportada en sede de culpa y no de dolo. Así se deriva de la Resolución 367 de 2009, al señalarse allí lo siguiente:

“…el comportamiento que vulnera la ética profesional se puede calificar como grave a título de culpa, como consecuencia del actuar profesional del Contador Público Mario Gordillo Gordillo, al demostrarse que omitió pronunciarse en su calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad Flota Huila S.A., oportunamente y por escrito ante la Asamblea, Junta Directiva o Gerente General sobre las irregularidades al interior del ente, relacionadas con el manejo de altas sumas de dinero de la sociedad en efectivo; elaborarse un comprobante manual el 31 de octubre de 2006 por valor de $30.184.317 como cuentas por cobrar a socios sin identificarse cada uno de los respectivos socios; así como omitir pronunciarse frente a los mayores valores pagados a la Aseguradora Solidaria por concepto de pólizas; de igual forma, porque dictaminó los estados financieros de fechas 25 de febrero de 2006, 20 de febrero de 2007 y 29 de febrero de 2008, manifestando que “la sociedad ha implementado y desarrollado procedimientos adecuados de control interno que le permite la conservación y custodia de sus derechos y bienes” sin contar con los respectivos soportes de tales afirmaciones, toda vez que de acuerdo al material probatorio obrante dentro del plenario, el precitado profesional no realizó el correspondiente examen a los pagos efectuados por concepto de seguro, verificación las pólizas (sic), recirculización de la expedición y valor pagado por cada póliza”. (Resaltado fuera de texto).

Ahora la culpa grave se halla determinada, además, por la omisión de deberes de cuyo conocimiento tiene certeza el profesional por tratarse de obligaciones asociadas directamente a su campo ordinario de operación como contador público, de forma tal que su inobservancia resulta inexplicable frente a profesionales de un rango equivalente, o incluso, inferior(12).

Así las cosas, la Sala observa que la administración no desatendió el postulado legal(13) referente a la proscripción de la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria, pues la conducta del contador sancionado fue evaluada y calificada a título de culpa grave, sin que el elemento concerniente al dolo hubiere revestido importancia alguna para efectos de la mencionada calificación. Además, el actor se limitó a cuestionar la no existencia de aquel como fundamento de violación al debido proceso, sin efectuar ante esta instancia cuestionamientos frente a la valoración culposa mencionada, por lo que no es necesario incurrir en mayores indagaciones con respecto a los razonamientos esbozados por la administración para encontrar el comportamiento del contador sancionado, como gravemente culposo.

Ahora, en cuanto a los cargos que generaron la imposición de la sanción, relacionados con el no pronunciamiento del contador frente a los mayores valores pagados por concepto de pólizas de seguro, la expedición de cuentas por cobrar a socios sin identificar, el dictaminar los estados financieros sin el soporte de sus afirmaciones, entre otros, la Sala observa que ellos no fueron refutados ante esta instancia mediante un aporte probatorio diferente del acervo recopilado en el procedimiento administrativo, o a través del señalamiento de cargos precisos en relación con tales asuntos contra los actos acusados. Al efecto, el demandante se limitó a transcribir los descargos respondidos en el marco de las diligencias previas, consistentes en la simple negación de la conducta endilgada y en la manifestación de afirmaciones que aluden a un ejercicio profesional irreprochable, por lo que en este punto no se hallan elementos de juicio que soporten el adelantamiento de un juicio referente a la veracidad de las conductas concretas por las cuales fue encontrado disciplinariamente responsable el contador Mario Gordillo.

Incluso, según se anotó anteriormente, el apoderado del demandante admite que no hubo pronunciamientos escritos referentes a las advertencias que debió efectuar el contador en relación con las irregularidades advertidas en los movimientos económicos evidenciados, lo que conlleva a admitir que la conducta omisiva objeto de sanción fue de indudable ocurrencia. Igualmente, el actor alude, en un vano intento por defender la ilegalidad de los actos acusados, a algunos planteamientos por los cuales la administración no aceptó determinados cargos generados en la queja del señor Garavito, como por ejemplo, el que la no existencia de contratos de seguros no era imputable al revisor fiscal al corresponder a la órbita de los contratantes expresar su voluntad de contratar verbalmente o por escrito, lo cual sin duda, en nada aminora la responsabilidad que a aquel correspondía de elevar mediante escrito las observaciones pertinentes en materia de los pagos cuestionados por concepto de pólizas de seguros.

Lo propio se puede señalar en relación con un pago del que no se encontró el soporte requerido por parte de la administración para endilgar responsabilidad al revisor fiscal; pero estos razonamientos, se reitera, constituyen motivos aislados por los cuales la Junta Central de Contadores no encontró responsabilidad en la persona del contador, de forma tal que en esos temas específicos, no prosperó la acusación expuesta en la queja.

Asimismo, el actor alega que la sanción se generó en un informe contable que no fue objeto de contradicción, pero tampoco aportó pruebas o argumentos que desvirtuaran la veracidad del mismo en el curso del trámite administrativo ni ante esta instancia, por lo que tampoco es de recibo admitir el vago planteamiento por aquel formulado en tal sentido, para censurar los actos acusados.

7. Finalmente, el asunto concerniente a la no realización de la versión libre del sancionado, como situación violatoria del artículo 92 numeral 3º de la Ley 734 de 2002 y del debido proceso, no está llamado a tener opción alguna de prosperidad, toda vez que según admite el actor, este presentó memorial de contestación de cargos(14) en el que tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de cada uno de ellos, y de adjuntar y solicitar las pruebas que a bien tuviere para defender su posición en el marco del proceso disciplinario, de forma tal que el memorial a que aquel alude, sin duda, hizo las veces de versión libre de los hechos, sin que fuera menester su realización presencial como presupuesto para ejercer eficazmente el derecho de defensa, y menos aun cuando el actor dilató su realización hasta que optó por presentar el memorial en comento por escrito.

A lo anterior, se agrega que el demandante presentó los recursos de vía gubernativa dirigidos a controvertir la actuación de la Junta Central de Contadores, razón de más para constatar que el debido proceso no le fue vulnerado al actor en ningún momento del proceso disciplinario.

Vale la pena traer a colación lo señalado por esta Sección(15) sobre el alcance del debido proceso, con ocasión de un asunto similar al tratado en el sub lite:

“El debido proceso se encuentra consagrado en el art. 29 de la Constitución Política, cuyo primer parágrafo prescribe que "...se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales administrativas". No es, como en ocasiones se piensa, un culto a la ritualidad que es menester observar en los diversos procedimientos, sino un precepto básico en cualquier estado de derecho que protege la defensa de quienes aspiran a que la administración o la justicia se pronuncie en uno u otro sentido. Pero no es cualquier irregularidad u omisión la que puede constituir quebranto de la citada norma constitucional, sino aquella que ponga en peligro o cause desmedro a los intereses de los sujetos que contienden o respecto de los cuales se inquiere sobre ciertos hechos. Es decir, debe tratarse de un vicio con carácter trascendente". (Resaltado fuera de texto).

Así las cosas, concluye la Sala que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, por lo que no accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Folios 35 a 56.

(2) “Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

(…)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral…” (resaltado fuera de texto).

(3) “Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan…” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

(4) A folio 57 del expediente obra la constancia de notificación personal.

(5) Léase la Sentencia de 22 de abril de 2004, Exp. 1999-00389-02, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(6) Folio 58 del expediente.

(7) Folio 59 del expediente.

(8) Folios 40 y 41 del expediente.

(9) A folios 43 a 47 del cuaderno de antecedentes administrativos obra el Certificado de Existencia y Representación Legal en el que consta que el señor Mario Gordillo era el Revisor Fiscal de la Empresa Flota Juila(sic) S.A.

(10) Folios 1 a 42 del cuaderno de antecedentes administrativos.

(11) Léase la Sentencia C-690 de 1996.

(12) Esta apreciación encaja en la concepción de culpa grave prevista en el código civil en su artículo 63, al señalar que esta consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

(13) Artículo 13 de la Ley 734 de 2002.

(14) Folios 778 y siguientes del cuaderno de antecedentes administrativos.

(15) Sentencia de 8 de mayo de 1997, Radicación 4032, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.