Sentencia 2010-00304 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente: 2010-00304-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Efrén de Jesús Henao Henao.

Acción popular - Fallo.

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil trece.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Pereira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira, contra la sentencia de 4 de octubre de 2012, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda, accedió a las suplicas de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. El señor Efrén de Jesús Henao Henao, instauró acción popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, contra el municipio de Pereira, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la “salubridad pública al ambiente sano, preservación de desastres previsibles técnicamente, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Intereses de la comunidad relacionados con la preservación y conservación del medio ambiente”.

I.2. Hechos.

Manifestó que en Caimalito, corregimiento municipal de Pereira, existe un sector en el que la comunidad carece de un adecuado sistema de alcantarillado, en el que corren aguas residuales al aire libre por el caño localizado a un costado de una vía pública, situación que ha generado problemas de salud y contaminación ambiental.

Adujó que los habitantes de este sector, han solicitado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira, el mantenimiento del alcantarillado existente para que las aguas residuales sean transportadas técnicamente y su disposición final no afecte a la comunidad; sin embargo, las peticiones no han sido atendidas hasta el momento.

Expresó que en la vía pavimentada que conduce a Caimalito centro, se reventó el servicio de alcantarillado, debido a un derrumbe, ocasionando el vertimiento de aguas residuales en la vía pública, lo que ha traído malos olores y proliferación de moscas y roedores, sin que hasta la fecha la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira, hubiese solucionado el daño.

Aseveró que tanto el municipio de Pereira, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira, tienen responsabilidad en los hechos constitutivos de la transgresión de los derechos colectivos de la comunidad de Caimalito y en la violación de la normativa consagrada en el artículo 14 de la Ley 9ª de 1979.

I.3. Pretensiones.

El actor solicitó que se amparen los derechos colectivos invocados, y se le ordene a las entidades accionadas, realizar las obras pertinentes para que las aguas residuales sean evacuadas técnicamente por vías de redes de alcantarillados convencionales alejadas de la comunidad.

Igualmente, solicitó que se ordene el pago del incentivo económico establecido en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

I.4. Las contestaciones.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, afirmó que no está llamada a garantizar los derechos colectivos alegados por el actor en la presente acción popular, pues de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, el Decreto 3100 de 2003, las resoluciones 1433 de 2004, 2145 de 2005, 3440 de 2004 y la Resolución Cader 808 de 13 de junio de 2007, esa obligación le corresponde al municipio de Pereira.

Aseveró que en el acta de concertación de 29 de diciembre de 2003, hay un compromiso del municipio para construir el plan maestro de alcantarillado y saneamiento para los centros poblados de Arabia, Altagracia, Caimalito, la Bella, la Florida, Tribunas y Puerto Caldas.

Adujo que se está violando el artículo 21 de la Ley 472 de 2008, toda vez que las corporaciones autónomas regionales en las acciones populares pueden ser llamadas como terceros intervinientes en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, pero no como parte demandada.

Manifestó que su competencia se circunscribe al otorgamiento de permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental, y a su respectivo control y seguimiento, motivo por el cual expidió la Resolución 808 de 13 de junio de 2007, por medio del cual se aprueba el plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV, para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Pereira - Aguas y Aguas.

Expresó que en atención a lo señalado en el artículo 5º de la Ley 142 de 1994, la competencia para realizar las obras solicitadas en la presente acción popular, son del municipio de Pereira, en asocio con la Empresa de Servicios Públicos Aguas y Aguas de Pereira, quien ya cuenta con un plan de saneamiento y manejo de vertimientos que le fue aprobado.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira, mencionó que los hechos que sustentan la acción popular, no le son imputables ni por acción ni por omisión, pues no presta los servicios de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Caimalito.

Advirtió que según el Acuerdo 68 de 2004, el competente para realizar la operación de los acueductos rurales, incluido el de la zona de Caimalito, es precisamente el municipio de Pereira y es este quien debe responder por acción u omisión frente a los hechos planteados por el actor.

Señaló que la Ley 142 de 1994, le atribuye la responsabilidad a los municipios para atender este tipo de situaciones y en este caso, son sus dependencias, como la secretaría de gobierno y/o la división operativa de la secretaria de infraestructura, las que deben dar solución a estos temas.

El municipio de Pereira, señaló que no ocasionó ninguna acción u omisión que amenazara o violara los derechos colectivos invocados, pues es la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, quien tiene la responsabilidad de que su servicio se preste de manera eficiente y oportuna, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.

Manifestó que a pesar de no ser el responsable de las situaciones alegadas en la acción popular, considera que de las pruebas contenidas en el expediente no se deduce violación de derecho colectivo alguno, pues el actor expone simples situaciones hipotéticas que no presentan un nexo causal entre la realidad y la posible trasgresión.

Agregó que la demanda carece de pruebas que demuestren que en la parte alta del sector centro de Caimalito, exista desperdicio de agua o problemas ambientales y de salubridad pública.

Indicó que la copia simple de un artículo del Diario del Otún, titulado “Piden respuestas claras”, no es una prueba fidedigna de los hechos constitutivos de la acción popular, máxime cuando fue el único documento aportado para demostrar sus afirmaciones.

Afirmó que la secretaría de infraestructura a través de la dirección operativa de mantenimiento de obras, ha intervenido la parte alta del sector de Caimalito, removiendo los desprendimientos de tierra que han afectado algunas viviendas y los casos en los que esto no se ha podido realizar, es porque existe un alto riesgo debido a las características geomecánicas del talud, que impiden remover la base de tierra.

Comentó que la red de alcantarillado que se encuentra averiada en un lote particular de este sector, es responsabilidad de los propietarios de las viviendas, a los cuales se les ha propuesto el suministro de los materiales para que realicen la respectiva instalación.

Sostuvo que la Secretaría de Gobierno - dirección operativa para la prevención y atención de desastres, Dopad, ha realizado evaluaciones preliminares de la condición de riesgo y posteriormente se procederá a efectuar los estudios detallados para las viviendas que se encuentran en la zona de peligro.

Resaltó que la prueba aportada por el actor no tiene valor demostrativo, como quiera que no fue autorizada, autenticada o compulsada, en los términos de que trata el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Anotó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, pues es la Empresa Aguas y Aguas de Pereira S.A. ESP, la que debe responder de manera individual por sus acciones u omisiones, puesto que cuentan con personería jurídica y el Alcalde de Pereira no actúa como su representante legal.

Alegó que existe falta de legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta que el actor no reside en el lugar donde ocurrieron los hechos y no tiene conocimiento directo del problema ni se ve afectado con la supuesta transgresión de los derechos colectivos invocados en la acción popular.

Citó diferentes pronunciamientos de esta corporación en los que se ha discernido sobre el abuso en la utilización de las acciones populares y el constante olvido de los actores de probar lo que afirman en las mismas.

Por último, advirtió que por no ser la llamada a responder, el incentivo solicitado no debe estar a su cargo.

I.5. Pacto de cumplimiento.

El 9 de febrero de 2011, se llevó a cabo la audiencia pública consagrada en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, con la presencia de la magistrada ponente en el tribunal, la apoderada y el delegado del municipio de Pereira, la apoderada y el gerente suplente de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, el apoderado y el delegado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la agente del Ministerio Público y el actor, la cual se declaró fallida, por no haber ninguna propuesta para conciliar.

II. Fundamentos de la sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Risaralda, mediante sentencia de 4 de octubre de 2012, accedió a las suplicas de la acción popular y encontró vulnerados los derechos colectivos invocados por el actor, por considerar que tanto el municipio de Pereira como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, incumplen con su función de asegurar la prestación eficiente del servicio público de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Caimalito, por ser de su competencia, en virtud de lo consagrado en los artículos 5º y 15 de la Ley 142 de 1994, el Decreto 302 de 2000, el artículo 3º de la Ley 136 de 1994, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 2811 de 1974 y los artículos 79, 131 y 366 de la Constitución Política.

Igualmente, manifestó que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, omitió ejercer su función de acompañamiento técnico, vigilancia y protección al medio ambiente en la zona objeto de controversia, por lo tanto, también vulneró los derechos colectivos alegados en la acción popular.

Afirmó que a pesar de que el municipio de Pereira conocía la situación del corregimiento de Caimalito y sus funciones legales respecto del aseguramiento de la prestación del servicio público allí carente, no ha desplegado una actuación eficaz para construir o reparar un adecuado sistema de alcantarillado, que cese los problemas de salud y contaminación que padece la comunidad de dicha zona.

Adujo que mediante el dictamen pericial rendido por el ingeniero sanitario Diego Paredes Cuervo, el 8 de noviembre de 2011, quedó desvirtuada la eficiencia de las actuaciones que la administración realizó en la zona centro del corregimiento objeto de la acción popular, pues en la diligencia se pudo constatar que no existe un sistema de alcantarillado de aguas residuales domésticas, ni sumideros de aguas para las viviendas, por lo que se producen fuertes olores y contaminación de las aguas, por lo tanto, un peligro para los habitantes del sector.

Comentó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, en el Oficio 1401-2022 de 18 de abril de 2011, reconoció que es quien presta los servicios públicos reclamados en esta acción popular en el corregimiento de Caimalito, por lo tanto también es responsable de la situación que allí se presenta, puesto que ha sido pasiva e indiferente y ha asumido una actitud irresponsable al no dar solución a los problemas del alcantarillado.

Indicó que la carencia de un sistema de alcantarillado que permita que las aguas residuales lleguen a la red pública diseñada para ese efecto, hace necesaria una intervención oportuna y eficaz de las autoridades encargadas, máxime si se tiene en cuenta que en el plan de desarrollo 2007-2016 del corregimiento de Caimalito, expedido por la Alcaldía Municipal de Pereira, se estableció un programa de mejoramiento del equipamiento, sin que hasta el momento se hubiesen adelantado gestiones y obras que demuestren la puesta en marcha de dicho programa.

Finalmente, negó el incentivo reclamado y ordenó que en el término de 6 meses, contados a partir de la ejecutoria de dicha sentencia, las entidades demandadas deben iniciar en forma coordinada, las actuaciones administrativas y presupuestales necesarias para efectuar los estudios y las obras que aminoren los riesgos de salud y contaminación ambiental para la población de la zona centro del corregimiento de Caimalito.

III. Fundamentos del recurso

El municipio de Pereira, solicitó revocar la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda, porque, a su juicio, la administración sí ha atendido la problemática que se presenta en el sector de Caimalito, particularmente a través del contrato de obra 1412, con el cual se invirtieron $ 229.731.176 entre el 15 de julio y el 7 de diciembre de 2011, en la realización de canales de recolección de aguas lluvias y residuales, lo que demuestra que no hubo en ningún momento omisión por parte del ente territorial.

Expresó que la alcaldía ha implementado un programa de zonas de libre pobreza en el corregimiento en cuestión y ha realizado diagnósticos a fin de identificar las necesidades de las familias y las acciones, metas y responsabilidades que puedan ayudar a la solución de los problemas de índole social y habitacional.

Informó que se han venido cruzando escritos entre la secretaría de infraestructura del municipio y la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, respecto del tema del alcantarillado del corregimiento de Caimalito, en los cuales se ha dado a conocer la cotización que hizo una firma americana para la solución del tratamiento de las aguas residuales, por lo que no es posible afirmar que la alcaldía no ha adelantado gestiones para el mejoramiento de la situación del sector.

Manifestó que la aprobación de los temas presupuestales, debe seguir unos períodos legalmente establecidos y unas condiciones que no dependen solamente de la alcaldía del municipio.

Refirió que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, vulnera flagrantemente principios consagrados en el estatuto orgánico del presupuesto, como el de la planificación, el cual establece que el presupuesto municipal debe guardar concordancia con los contenidos del plan de desarrollo, plan de inversiones, plan financiero y plan operativo anual de inversiones.

Estimó que un magistrado no puede exigir de la administración la ejecución de todo el rubro presupuestal en un término perentorio de 6 meses, a sabiendas de que el ente territorial no puede hacer ningún gasto público que no esté aprobado para la vigencia fiscal por la autoridad competente, pues significaría un co-gobierno de la rama judicial y una vulneración del artículo 113 de la Constitución Política.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira, reiteró que es el municipio de Pereira el verdaderamente responsable y llamado a atender la situación descrita en la sentencia apelada, por ser una obligación que le atañe por mandato constitucional.

Afirmó que la responsabilidad ambiental no es parte de su resorte funcional ni de su objeto social, por lo tanto, no se observa obligación alguna desatendida.

Mencionó que los términos dados en la sentencia de primera instancia resultan escasos para adelantar los procedimientos administrativos y legales necesarios para cumplir la orden de ejecutar unas obras de no poca monta.

Agregó que no entiende como una Empresa Prestadora de Servicios Públicos, debe salir en solidaridad a cumplir una sentencia cuyo sentido y objeto desborda su responsabilidad y pone en peligro la estructuración de la tarifa y al usuario mismo, cuando el municipio bien puede garantizar el servicio mediante distintas acciones, como la creación de empresas de acueducto y alcantarillado locales.

Recordó que el municipio adquirió un compromiso mediante el acta del acuerdo de concertación, la cual se refiere a un plan maestro de alcantarillado y saneamiento para unos sectores de la ciudad en los que se encuentra el corregimiento de Caimalito.

Expresó que el objeto social de la empresa es la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el área urbana de la ciudad de Pereira, por lo tanto no puede endilgársele responsabilidad por una omisión inexistente de conformidad con su naturaleza jurídica.

Indicó que la prestación del servicio en el corregimiento de Caimalito se hizo con la aquiescencia del municipio de Pereira, pero su responsabilidad solo va ligada a la operación del servicio público, porque el acceso lo debe garantizar el municipio.

Alegó que de haberse verificado en la primera instancia de manera íntegra el Acuerdo 68 de 2004, se habría concluido que el municipio de Pereira debe adelantar acciones en procura de mejorar la calidad del servicio de alcantarillado en sus zonas rurales.

Señaló, que de los artículos 311, 315, 334, 336 y 365 de la Constitución Política y de la Ley 142 de 1994, se establece con claridad que la obligación de garantizar el acceso y la efectiva prestación de los servicios públicos recae como primera medida en los municipios.

Manifestó que no existe nexo de causalidad entre los problemas alegados en la presente acción popular y sus actuaciones como entidad operadora.

Aseveró que la sentencia de primera instancia establece la misma responsabilidad para todas las entidades demandadas, sin diferenciar sus funciones, sus competencias y su naturaleza jurídica.

Por último, advirtió que el cumplimiento del fallo del a quo, tal y como se profirió, implicaría un cambio en la estructura tarifaria y en las inversiones que serían cargadas a las facturas de los usuarios, lo cual viola flagrantemente el principio de reserva legal y además requeriría de una autorización de la comisión de regulación respectiva.

V. Consideraciones de la Sala

1. De la acción popular.

La acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares, cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

2. Del asunto planteado a la Sala.

En la sentencia apelada el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó al municipio de Pereira, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, adelantar dentro del término máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de dicho fallo, todas las actuaciones administrativas y presupuestales necesarias para efectuar los estudios y las obras que sean conducentes para aminorar los riesgos de salud y contaminación ambiental para la población de la zona centro del corregimiento de Caimalito, ante la falta de construcción de un adecuado sistema de acueducto y alcantarillado.

El municipio de Pereira impugnó la sentencia manifestando básicamente que no ha sido ajeno a la problemática que se presenta en el sector de Caimalito, pues a destinado recursos de su presupuesto y ejecutado medidas tendientes a solucionar o aminorar las condiciones planteadas por el actor, por lo que solicita que la decisión del a quo sea revocada en su totalidad.

Igualmente, considera que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, viola los principios fundamentales de la Ley Orgánica del Presupuesto, al ordenar la ejecución de unas obras en un término perentorio, omitiendo los diferentes requisitos legales que eso conlleva y las dificultades respecto de los periodos fiscales y el gasto público ya establecido para los mismos.

Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira, controvierte la decisión de primera instancia, argumentando que no es el responsable ni por acción ni por omisión de la situación que se presenta en el corregimiento de Caimalito, por lo tanto, no está llamada a responder por competencias que son propias del municipio de Pereira.

No obstante lo anterior, señaló que el municipio ha realizado importantes obras en aras de garantizar los derechos de la comunidad acentuada en la zona objeto de discusión, por lo que solicita que la sentencia del a quo sea revocada totalmente o en su defecto, se le exima de la condena en ella interpuesta.

Cabe resaltar que ambos apelantes manifestaron su inconformidad respecto del término dado para el cumplimiento de la providencia de primera instancia, en virtud de la magnitud de los trámites y las obras allí referidas.

Ahora bien, para resolver las inconformidades esbozadas en los recursos, será necesario abordar los siguientes cuestionamientos: i) Aspectos generales normativos del servicio público de alcantarillado; ii) Régimen probatorio para demostrar la vulneración de los derechos colectivos invocados, iii) Responsabilidad de las entidades demandadas en la presunta conculcación; iv) Obras ejecutadas para probar la presunta inexistencia de la omisión; v) Problemas presupuestales para realizar las obras requeridas en el sector de Caimalito y vi) Término para el cumplimiento de la eventual orden impartida.

i) Aspectos generales normativos del servicio público de alcantarillado.

De conformidad con el artículo 365(1) de la Carta Política, al Estado le compete el deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. El mismo texto constitucional autoriza que la prestación del servicio se haga directa o indirectamente por parte del Estado, o por comunidades organizadas, o por particulares.

En cumplimiento del anterior mandato, el Congreso de la República expidió la Ley 142 de 1994(2), que se aplica a los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, el acueducto y el alcantarillado, y a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos, de que trata el artículo 15, ídem.

El citado artículo 15 establece:

ART. 15.—Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar los servicios públicos:

15.1. Las empresas de servicios públicos.

15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta ley.

15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.

15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en esta ley.

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17” (resaltado fuera del texto original).

Por su parte, el artículo 14.23 de la Ley 142 de 1994, define qué es el servicio público domiciliario de alcantarillado:

“14.23. Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos”.

El Decreto 302 de 2000, que reglamentó la Ley 142 de 1994, en su artículo 3º, estableció como definiciones pertinentes para este servicio lo siguiente:

“3.31. Red local de alcantarillado sanitario. Conjunto de tuberías y accesorios que conforman el sistema de evacuación y transporte de las aguas residuales de una comunidad y el cual descarga las acometidas de alcantarillado de aguas residuales de los inmuebles.

3.32. Red local de alcantarillado pluvial. Conjunto de tuberías y canales que conforman el sistema de evacuación de las aguas lluvias de una comunidad y al cual descargan las acometidas de alcantarillado de aguas lluvias de los inmuebles, y al que se deben conectar los sumideros pluviales dispuestos en vías y zonas públicas.

3.33. Red local de alcantarillado combinado. Conjunto de tuberías y canales que conforman el sistema de evacuación y transporte de las aguas lluvias y residuales de una comunidad y el cual descargan las acometidas de alcantarillado de los inmuebles.

3.42. Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección de residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos”.

ii) Régimen probatorio para demostrar la vulneración de los derechos colectivos invocados.

Del material probatorio allegado al expediente, se resalta el dictamen pericial(3) rendido por el ingeniero sanitario Diego Paredes Cuervo, docente de la facultad de ciencias ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, del que se puede extraer lo siguiente:

“Realizada la visita al sitio, Caimalito zona centro, frente a las casas 388 y 389, 82 y 83, zona centro frente a las casas 138, 139, 344, 345, se puede determinar lo siguiente:

1. No existe un sistema de alcantarillado de aguas residuales domésticas, ni sumideros de agua, ni canales de aguas lluvias para dichas viviendas.

2. Las viviendas están disponiendo de aguas residuales directamente a caños que escurren superficialmente en áreas aledañas a las viviendas mencionadas. Se puede apreciar en las fotos anexas las conexiones que algunos propietarios de las viviendas han realizado ante la ausencia de redes de alcantarillado. Es de anotar que los caños han sido canalizados al pasar por las vías y por la zona habitada.

(…).

Foto 1. Vivienda 83 A. Disposición de aguas residuales a caño vecino. Obsérvense los descoles a diferentes alturas.

(…).

Foto 2. Caño entre viviendas 82 y 83. Disposición de aguas residuales a caño vecino. Obsérvense los descoles a diferentes alturas provenientes de ambas viviendas.

(…).

Foto 3. Caño entre viviendas 138 y 139. El caño ha sido cubierto mediante canalización. Las aguas residuales de las viviendas se disponen en el caño. Cada propietario maneja las aguas residuales y lluvias según su mejor criterio.

(…).

Foto 4. Caño cubierto entre las viviendas 344 y 345. Disposición de aguas residuales a caño canalizado. Obsérvese descole de una de las casas al caño.

3. Indiscutiblemente la calidad de los caños ha sido afectada por la disposición de aguas residuales de las viviendas, produciendo contaminación de las mismas, tal como se aprecia en las foros 5 (caño antes de las viviendas) y 6 (caño después de las viviendas).

(…).

Foto 5. Caño antes de las viviendas. Se puede apreciar los descoles de las viviendas. El agua es clara.

(…).

Foto 6. Caño después de las viviendas. Se puede apreciar que el agua es grisácea, con olores producto de la contaminación a la que ha sido sometida” (resaltado fuera de texto).

De lo consignado en el informe rendido por el perito, se demuestra con claridad que en la zona centro del corregimiento de Caimalito, particularmente, en el sector aledaño a las viviendas allí referidas, no existe un sistema de alcantarillado que permita tratar y transportar adecuadamente las aguas lluvias y sobre todo las residuales, por lo cual, los habitantes se ven obligados a utilizar los caños mediante acometidas propias, para disponer de dichas aguas, produciendo una evidente contaminación en el sector.

Por otra parte, las respectivas contestaciones e impugnaciones dadas por las entidades vinculadas en la presente acción popular, se limitan a referir su falta de responsabilidad en los hechos alegados por el actor y a indicar algunas acciones y obras realizadas en la zona en controversia, pero no desvirtúan las situaciones que producen la contaminación en el sector e incluso ni siquiera las niegan expresamente.

Así las cosas, la ausencia de un alcantarillado adecuado en la zona objeto de estudio, hace necesario que la comunidad resuelva la disposición de las aguas residuales mediante sistemas artesanales, que adolecen de las técnicas requeridas para garantizan las condiciones mínimas y dignas de protección a la comunidad que allí habita, con lo cual, la vulneración de sus derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, está totalmente demostrada.

Es menester resaltar que el dictamen pericial rendido en primera instancia, no fue controvertido en ninguna de las etapas del presente proceso, por lo cual, las conclusiones allí expuestas por un experto en la materia, son prueba suficiente de que en el sitio estudiado existe un problema serio de contaminación ambiental que vulnera directamente los derechos colectivos de la comunidad por el indebido manejo de las aguas residuales.

iii) Responsabilidad de las entidades demandadas en la conculcación de los derechos colectivos.

a) Responsabilidad del municipio de Pereira.

En desarrollo de los preceptos consagrados en la Constitución Política, particularmente en los artículos 365 y 367, la Ley 142 de 1994, en su artículo 5º dispuso:

ART. 5º—Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente” (resaltado fuera de texto original).

En virtud de lo consignado en la norma transcrita, es claro que los municipios no solo actúan eventualmente como prestadores directos o indirectos de los servicios públicos, sino principalmente como garantes y gestores de su prestación efectiva y oportuna a la comunidad.

Lo anterior significa que la responsabilidad de un municipio, no se enerva por la existencia de un prestador del servicio diferente a él, pues su función primerísima es la de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado en el territorio en que ejerce jurisdicción gubernamental, entre los cuales se encuentra la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios para su población.

En el presente caso, está demostrado que la comunidad del corregimiento de Caimalito, adolece de un adecuado sistema de alcantarillado, incluso, la prueba pericial recaudada en el expediente da cuenta que hay sectores en los que este servicio no existe, por lo tanto, la responsabilidad del municipio como garante en su prestación resulta evidente.

En casos similares, ya la Sala se ha pronunciado en cuanto a la responsabilidad del municipio, señalando lo siguiente:

“10. En ese orden de ideas, es claro para la Sala que la sentencia apelada debe ser confirmada, como quiera que el municipio de Nieva sí tiene competencias claras y específicas en materia de construcción y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, tal como el de alcantarillado, el cual hace parte del saneamiento básico cuya atención es prioritaria, a términos de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 142 de 1994.

Además, es claro que de esa forma contribuye a asegurar que dicho servicio público domiciliario sea prestado a sus habitantes en forma eficiente y oportuna, más aún si se tiene en cuenta que en las actuales condiciones de funcionamiento del alcantarillado del barrio Olaya Herrera en el sector indicado en la demanda, genera un impacto negativo en el medio ambiente y en la salubridad pública, producto del rebosamiento de las aguas negras y lluvias que por el corren hacia la vía pública y al interior de las viviendas de particulares, como da cuenta el informe técnico del 8 de junio de 2004 rendido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (fls. 124 y 125)”(4).

Es pertinente resaltar, que para el municipio de Pereira las áreas del centro poblado del corregimiento objeto de la presente acción popular, fueron declaradas como suelo urbano a través del artículo 23 del plan de ordenamiento territorial, adoptado con el Acuerdo 18 de 2000 y revisado por el Acuerdo 23 de 28 de julio de 2006.

Igualmente, el municipio de Pereira, cumpliendo con su plan de ordenamiento territorial, realizó el plan local del centro poblado del corregimiento de Caimalito, en el que se propuso como objetivos físicos especiales “Consolidar el desarrollo del perímetro urbano existente, mediante la provisión de una adecuada infraestructura de servicios públicos, espacio público y equipamientos colectivos, a través de programas de redesarrollo y mejoramiento integral”(5).

También es importante resaltar que la Ley 715 de 2001, le permite a los municipios el financiamiento de obras, como la que requiere el corregimiento de Caimalito, a través de recursos propios o del sistema general de participaciones, tal y como se advierte de su artículo 76:

“ART. 76.—Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del sistema general de participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.1. Servicios públicos.

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos”.

Por lo mencionado anteriormente, es claro que el municipio de Pereira si debe responder por el cumplimiento de sus funciones, como garante de la prestación de los servicios públicos en el corregimiento de Caimalito, pues éste se encuentra dentro de su jurisdicción y el hecho de que exista una empresa prestadora directa, no lo exime de tal cumplimiento.

b) Responsabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira.

Lo primero que es pertinente señalar, es que en virtud de un requerimiento realizado por el a quo, mediante memorial de 18 de abril de 2011(6), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP Aguas y Aguas de Pereira, expresamente manifestó que sí presta su servicio en el corregimiento de Caimalito, por lo tanto, las afirmaciones hechas en la contestación de la demanda, e incluso en la misma apelación, referentes a negar que su radio de acción excluía a este sector en particular, quedan totalmente desvirtuadas.

Teniendo claro lo anterior, la empresa referida tiene la responsabilidad directa de prestar de forma eficiente el servicio para el cual fue creada, lo que significa realizar las gestiones necesarias que permitan un desarrollo óptimo de sus actividades y sobre todo, un adecuado funcionamiento que garantice a sus usuarios niveles de calidad para una vida digna.

En este punto, es preciso reiterar que el hecho de que el municipio de Pereira actúe constitucionalmente como garante, no significa que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que es la directamente responsable de la prestación del servicio, se releve de su legítima obligación, pues al aceptar ejercer su competencia en la zona objeto de discusión, debía tener conocimiento de las condiciones y la problemática en que se encontraba el sistema y actuar acorde a ello, sin que pueda excusarse simplemente en la inexistencia de las redes necesarias para el tratamiento de las aguas residuales.

En efecto, en el presente caso, es claro que la responsabilidad primaria recae en cabeza del municipio de Pereira, pues las normas de carácter constitucional y legal así lo disponen. Sin embargo, también se presenta una responsabilidad solidaria por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado, pues decidió ejercer y prestar sus servicios a sabiendas de que la zona padecía de una problemática respecto de la infraestructura del sistema de alcantarillado, el cual no se encuentra interconectado a la red pública de Pereira.

Para la Sala, no es posible aceptar una actuación indiferente por parte de la Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario de Acueducto y Alcantarillado, frente a un problema no solo ambiental, sino de salubridad pública, en una zona en la que está comprobada y reconocida su actividad directa, con la simple excusa de que el encargado de realizar las obras es únicamente municipio, omitiendo la evidente responsabilidad social que también le atañe.

En apoyo de lo anterior, será importante resaltar las obligaciones sociales que tienen las empresas prestadoras de servicios públicos, consagradas en el artículo 11 de la Ley 142 de 1994, que entre otras cosas dispone:

“ART. 11.—Función social de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones:

11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros.

(…).

11.3. Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que otorguen las autoridades.

(…).

11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte, protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas de especial importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad.

11.6. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de los servicios”.

Estas responsabilidades emanadas directamente de la ley, permiten entender que este tipo de entidades, no simplemente operan un servicio público domiciliario, sino que al mismo tiempo, cumplen un cometido esencial del Estado y por lo tanto, tienen funciones sociales respecto de los ciudadanos que reciben la prestación y del entorno ambiental y ecológico afectado por su actividad u omisión.

En el presente caso, está demostrado que la falta de alcantarillado en el sector objeto de esta acción popular, no solo genera problemas colectivos propios de una comunidad que vive sin este servicio esencial, sino que también produce contaminación ambiental, debido a la disposición de aguas residuales, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos para tal finalidad.

c) La responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional de Pereira, Carder.

En cuanto a la responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional de Pereira, Carder, procederá la Sala a indicar que, de conformidad con el artículo 31 de Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, las corporaciones autónomas regionales tienen, entre otros cometidos, los siguientes:

“4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del sistema nacional ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales;

(…).

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos o gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos” (resaltado fuera del texto).

(…).

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados” (resaltado fuera de texto).

Lo anterior permite reconocer que la Corporación Autónoma Regional de Pereira, sí tiene obligaciones funcionales directas referentes a la vigilancia y control en la salvaguarda del medio ambiente, por lo tanto, su omisión acarrea responsabilidades en la vulneración de los derechos colectivos de una comunidad eventualmente afectada.

En el presente caso, la corporación no demostró que hubiese actuado activamente para evaluar, controlar y prevenir los hechos que vienen generando la contaminación ambiental en el sector de Caimalito, ni tampoco se probó el uso de sus facultades sancionatorias que evitasen los riesgos ambientales que hoy se presentan.

Empero, la Sala estima pertinente advertir, que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, no es entidad competente para realizar la adecuación de la infraestructura del alcantarillado o la ejecución de las obras necesarias, pues su función se circunscribe al control, vigilancia y protección del medio ambiente.

En ese orden de ideas, será pertinente exhortarla para que acentúe sus funciones de asesoría; acometa de manera permanente el seguimiento necesario y haga uso de las herramientas legales a su disposición para presionar al ente territorial demandado y a la empresa de servicios públicos domiciliarios, que realice sin dilación las gestiones de todo orden, con miras a solucionar, a la mayor brevedad posible, la carencia del sistema de alcantarillado y evitar el incremento del daño al medio ambiente en la zona.

iv) Obras ejecutadas para probar la presunta inexistencia de la omisión.

En lo que tiene que ver con las obras que el municipio aduce en su apelación, es pertinente recordarle, que la sentencia de primera instancia lo condena por no haber desplegado actuaciones eficaces para construir o reparar el sistema de alcantarillado de la zona, lo cual no significa que no hubiese actuado frente a la problemática general del sector de Caimalito, por lo tanto, no puede constituir hecho superado, la demostración de que el municipio ha efectuado algunas obras aisladas, pues el objeto de esta acción popular y lo que se probó dentro del expediente, es la vulneración de los derechos colectivos, por la ausencia de un adecuado servicio público de alcantarillado.

No obstante lo anterior, cabe señalar que las obras de canalización realizadas en el año 2011, no resultan una solución real y efectiva a la problemática ambiental objeto de discusión, ni mucho menos constituyen un cese de la vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor, teniendo en cuenta que el corregimiento de Caimalito, lo que necesita es una estructuración y planificación general del alcantarillado, que evite que los habitantes del sector se vean en la necesidad de utilizar sistemas artesanales para disponer de sus aguas residuales, contaminando el ambiente y violando todas las disposiciones técnicas existentes para tal finalidad.

Por otra parte, el peritaje ordenado en primera instancia tiene fecha de 8 de noviembre de 2011, es decir cuando se encontraban ejecutando las obras de canalización que el municipio manifiesta en su apelación y a solo un mes de su terminación. No obstante a esto, el Ingeniero Sanitario, a quien se le confirió la realización del mismo, informó que en la zona no había un sistema de alcantarillado de aguas residuales domésticas ni canales de aguas lluvias, por lo que los habitantes disponían de las aguas residuales en el caño vecino.

En dicho informe, ya constaba que los caños habían sido canalizados, sin embargo, eso no evitaba que se produjera la contaminación ambiental, pues la ausencia de las redes de alcantarillado, es lo que obliga a que las casas del sector manejaran las aguas lluvias y residuales, según su criterio, tal y como expresamente lo manifestó el ingeniero sanitario.

En ese sentido, la Sala reitera que el cese de la vulneración de los derechos colectivos no se produce con la realización de obras dispersas sino con la reparación o en su defecto, la construcción de un adecuado sistema de disposición de aguas residuales y lluvias, que cumpla con todas los requerimientos técnicos y que garantice el eficiente y oportuno servicio público domiciliario de alcantarillado, por lo tanto, los hechos comprobados en primera instancia no han sido desvirtuados ni superados.

v) Problemas presupuestales y tarifarios para realizar las obras requeridas en el sector de Caimalito.

Respecto a la vulneración del marco presupuestal alegado por el municipio de Pereira, es pertinente advertir que esta Sala ya se ha pronunciado frente a esa temática, señalando lo siguiente:

“Tampoco resultan de recibo los argumentos de orden económico para justificar la omisión de las demandadas, pues se ha sostenido de manera reiterada que frente a la acreditada vulneración de derechos colectivos lo procedente es acometer de manera eficaz y sin dilaciones injustificadas todas las gestiones necesarias para prever y lograr los recursos indispensables a fin de realizar las labores que lleguen a conjurar su afectación.

Acerca de este tema la Sección Primera del Consejo de Estado ha dicho en su jurisprudencia que:

“La falta de disponibilidad presupuestal y de existencia real de recursos no es, en manera alguna, argumento válido para destruir el acervo probatorio que sustenta el fallo del inferior y que se puntualiza en la indudable demostración de los hechos que sirvieron de fundamento al ejercicio de la acción popular(7)(8).

Es claro entonces que la ausencia de recursos al momento en que se profiere la sentencia, no exime de la responsabilidad a las entidades accionadas de realizar todas las obras pertinentes para superar los hechos que generan la afectación de los derechos colectivos, pues en razón a eso se les otorgan términos razonables para que inicien todos los trámites administrativos necesarios para la consecución de las partidas presupuestales y la inclusión de la obra en el gasto público y en la respectiva vigencia fiscal.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el cambio en la estructura tarifaria, alegado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, es importante indicarle que cualquier movimiento al respecto, debe cumplir con las normas que regulan dicho tema y ser acorde con las directrices impartidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Lo anterior no obsta para que los usuarios asuman el respectivo costo de las redes internas del inmueble en virtud de lo consagrado en el artículo 8º del Decreto 302 de 2000, mas no del sistema principal de la red de alcantarillado, pues éste es competencia de la administración y de la respectiva empresa prestadora del servicio público y de ninguna manera pueden traspasarlo o financiarlo a costa del usuario.

vi) Término para el cumplimiento de la orden impartida.

Ante la inconformidad por la escases de tiempo para el cumplimiento de la sentencia de primera instancia, la Sala se permite aclarar que el término que se le da a las entidades accionadas, hace referencia solamente al inicio de las actuaciones administrativas y presupuestales, mas no a la ejecución de la obra, pues es evidente que la misma requiere de un término mayor, dadas las condiciones propias de dicha construcción y la tramitología administrativa y presupuestal necesaria para la administración, por lo que 6 meses no sería un lapso razonable.

No obstante, en esta instancia se ampliará a 18 meses el término para el inicio de la ejecución de la obra requerida, contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, tiempo más que prudencial para el cumplimiento de la misma.

3. De las modificaciones y adiciones necesarias en el fallo de primera instancia.

Lo primero que es menester considerar, es que la sentencia del a quo, tanto en la parte considerativa como en la resolutiva, hace referencia a la necesidad de soluciones no solo en el tema del alcantarillado, sino también en acueducto, lo cual no es pertinente, pues el objeto de discusión y de análisis probatorio, fue únicamente la ausencia de un sistema adecuado de disposición y transporte de las aguas lluvias y residuales domiciliarias en el sector de Caimalito.

En efecto, lo que efectivamente se probó en el expediente a través del dictamen pericial solicitado, es que no existe alcantarillado en la zona centro de Caimalito, por lo tanto, órdenes que involucren al sistema de acueducto no deben tener lugar en el presente fallo, no solo porque el tema no fue objeto de la controversia jurídica, sino porque no existen pruebas que evidencien alguna problemática al respecto.

En virtud de lo anterior, será necesario modificar el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el sentido de descartar cualquier tipo de orden referente al servicio público de acueducto.

Por otra parte, la Sala considera importante señalar que en este tipo de decisiones, en la medida de lo posible, las órdenes impartidas sean concretas respecto de la responsabilidad que le atañe a cada una de las entidades accionadas, pues esto permite un control más efectivo sobre el cumplimiento del fallo por parte del comité de verificación, por lo tanto, atendiendo lo desarrollado en la parte motiva de la presente providencia, se modificará el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, que es el que contiene la orden impartida, y se adicionarán dos numerales, así:

— Se ordenará al municipio de Pereira y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, que a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de este fallo, de manera conjunta y coordinada, establezcan y acojan un plan maestro de acción con su respectivo cronograma para que, en la próxima vigencia fiscal, adelanten las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales, necesarias para adoptar el sistema de redes de alcantarillado que técnicamente le convenga más a la zona centro del corregimiento de Caimalito, para lo cual deben tener en cuenta los estudios ya realizados a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP y referidos en la presente acción popular(9).

— Sin perjuicio del término para la adopción del plan de acción ya mencionado, el municipio de Pereira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, a más tardar dentro de los 18 meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo, deben iniciar las obras del sistema de alcantarillado que se hubiese adoptado para la solución definitiva de la problemática social y ambiental de la zona centro del corregimiento de Caimalito.

— Igualmente, se ordenará a la Corporación Autónoma Regional Risaralda brindar el acompañamiento técnico y ambiental en la adopción de la solución del problema de alcantarillado en la zona centro de Caimalito, en cumplimiento de su labor de asesoramiento, como autoridad ambiental según las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993.

— Por último, se ordenará a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, prestar la asesoría técnica a los habitantes de la zona centro del corregimiento de Caimalito, para la construcción de las redes locales e internas necesarias para conectar sus inmuebles al sistema de alcantarillado que se construya, de conformidad con el artículo 8º del Decreto 302 de 2000. Para el cumplimiento de esta orden, sí hay lugar a ello, deberá facilitar el acceso a estos usuarios de los subsidios eventualmente ofrecidos por las autoridades, atendiendo lo consagrado en el numeral 3º del artículo 11 de la Ley 142 de 1994.

Los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la parte resolutiva de la sentencia de 4 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, serán confirmados en su totalidad

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, el cual quedará así:

“ORDÉNASE al municipio de Pereira y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas de Pereira, que a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de este fallo, de manera conjunta y coordinada, establezcan y acojan un plan maestro de acción con su respectivo cronograma, para que, en la próxima vigencia fiscal, adelanten las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para adoptar el sistema de alcantarillado que técnicamente le convenga más a la zona centro del corregimiento de Caimalito, para lo cual deberán tener en cuenta los estudios ya realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP y referidos en la presente acción popular(10). Sin perjuicio del término para la adopción del plan de acción ya mencionado, el municipio de Pereira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP Aguas y Aguas de Pereira, a más tardar dentro de los 18 meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo, deberán iniciar las obras del sistema de alcantarillado que se hubiese adoptado para la solución definitiva de la problemática social y ambiental de la zona centro del corregimiento de Caimalito”.

2. ADICIÓNANSE dos numerales a la parte resolutiva de la sentencia impugnada, así:

“NOVENO: ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional Risaralda brindar el acompañamiento técnico y ambiental en la adopción de la solución del problema de alcantarillado en la zona centro de Caimalito, en cumplimiento de su labor de asesoramiento, como autoridad ambiental, según las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993.

DÉCIMO: ORDÉNASE a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP Aguas y Aguas de Pereira, prestar la asesoría técnica a los habitantes de la zona centro del corregimiento de Caimalito, para la construcción de las redes locales e internas necesarias para conectar sus inmuebles al sistema de alcantarillado que se construya, de conformidad con el artículo 8º del Decreto 302 de 2000. Para el cumplimiento de esta orden, sí hay lugar a ello, deberá facilitar el acceso a estos usuarios de los subsidios eventualmente ofrecidos por las autoridades, atendiendo lo consagrado en el numeral 3º del artículo 11 de la Ley 142 de 1994”.

En lo demás, confírmase la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de junio de 2013.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, Presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

(1) “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de la actividad lícita”.

(2) “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

(3) Folios 183 a 186, cuaderno 1.

(4) Sentencia de 2 de marzo de 2006, M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, radicación 41001-23-31-000-2003-01062-01(AP).

(5) http://www.curaduria2pereira.com/planes-locales/PLAN%20LOCAL%20CAIMALITO.pdf

(6) Folio 174, cuaderno 1.

(7) Consejo de Estado. Sentencia del 25 de octubre de 2001, expediente AP-0512, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(8) Consejo de Estado. Sentencia del 18 de mayo de 2010, expediente AP-15001-23-31-000-2004-00307-01, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

(9) Folio 297, cuaderno 2. Se habla de dos estudios técnicos, uno hecho en el año 2002, por la firma consultora ETSA-SER y otro en el año 2009 por la firma Americana Clear Brooke.

(10) Folio 297, cuaderno 2. Se habla de dos estudios técnicos, uno hecho en el año 2002, por la firma consultora ETSA-SER y otro en el año 2009 por la firma Americana Clear Brooke.