Sentencia 2010-00308/45703 de marzo 11 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 25000232600020100030801 (45.703)

Actor: L.R.E.P. y otros

Demandada: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Asunto: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS. «II. Consideraciones.

2.1. Prelación de fallo(2). 

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la privación de la libertad que afectó al señor L.R.E.P., tema sobre el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2.2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(3), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2.3. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(5).

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca con Funciones de Conocimiento, mediante sentencia del 12 de febrero de 2008, declaró la responsabilidad del señor L.R.E.P. y lo condenó a 12 años de prisión, por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego (fls. 43 a 72, cdno. 2), decisión que fue apelada por su defensor y revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de mayo de 2008 (fls. 73 a 92, cdno. 2), la cual quedó ejecutoriada el 1 de agosto de ese mismo año (fl. 93, cdno 2).

En consecuencia, la demanda de reparación directa debió instaurarse, a más tardar, el 2 de agosto de 2010; por lo tanto, como ello ocurrió el 18 de mayo de 2010 (fl. 20, cdno. 1), no hay duda de que aquélla se presentó dentro del término de ley.

2.4. Privación injusta de la libertad.

En cuanto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —anterior Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

Bajo este escenario, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone la declaración de ésta en todos los eventos en los cuales quien ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió o iii) la conducta era atípica.

De igual forma, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado contempla la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva en aquellos eventos en los cuales se aplica, dentro del proceso penal respectivo, el principio universal de in dubio pro reo(6).

Así, pues, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, así se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que, si se da alguna de las causales recién mencionadas o se estructura una falla en el servicio, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados, siempre que quien demande no tenga el deber jurídico de soportarlos.

Bajo este panorama, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte actora, con ocasión de la privación de la libertad del señor L.R.E.P.

2.5. El caso concreto.

Se encuentra acreditado que, el 24 de mayo de 2007, a eso de las 8:30 a.m., el señor A.G.L.E. y su sobrino J.L.G., cuando se movilizaban en el furgón de placas XXX por la carretera que del municipio de Tabio conduce a Subachoque, departamento de Cundinamarca, fueron abordados por 4 individuos fuertemente armados, quienes los obligaron a salir del automotor y los llevaron a una paraje aledaño, donde fueron atados y amordazados.

Se estableció que, mientras 3 de los asaltantes se apoderaron del vehículo, el otro mantuvo a las víctimas retenidas durante 4 horas, aproximadamente, al cabo de las cuales huyó del lugar; posteriormente, aquéllas lograron liberarse y se comunicaron con sus familiares, tras lo cual se dirigieron hasta el municipio de Tabio y denunciaron lo ocurrido ante las autoridades. Toda vez que éstas establecieron que el automotor se dirigía por la carretera que conduce hacia Tunja montaron un retén en cercanías del municipio de Arcabuco y capturaron a los señores E.E.G.P., quien conducía el furgón y R.E.R., quien conducía el vehículo Mazda, de placas XXX y escoltaba a dicho automotor. En el automóvil se encontraron los documentos del furgón (fls. 43 y 44, cdno. 2).

El 25 de mayo de 2007, el Juzgado Promiscuo de Arcabuco con Funciones de Control de Garantías legalizó la captura de los citados señores. El 22 de junio de ese mismo año, la Fiscalía los acusó por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El 24 de agosto, el 10, el 18 y el 25 de septiembre y el 4 de octubre de 2007 se realizó la respectiva audiencia preparatoria, mientras que el juicio oral se llevó a cabo entre el 9 de noviembre de ese mismo año y el 12 de febrero de 2008 (fl. 75, cdno. 2).

Mediante sentencia del 12 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca con Funciones de Conocimiento condenó a los citados señores a 12 años de prisión y a una multa de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los delitos atrás mencionados (fls. 43 a 72, cdno. 2), decisión que fue apelada por su defensor y revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de mayo de 2008, en la cual se invocó el principio del in dubio pro reo.

De conformidad con esta última decisión, si bien la exoneración de responsabilidad del señor E.P., por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, obedeció a la aplicación del citado principio, lo cierto es que el día de los hechos aquél fue detenido cuando se movilizaba en el automóvil de placas XXX y escoltaba el furgón que había sido hurtado horas atrás, a lo cual se suma, por una parte, que en su poder fueron encontrados los documentos del último de los automotores mencionados y, por otra parte, trató de huir al percatarse de la presencia de las autoridades, por lo que a juicio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca (se transcribe textualmente):

“Es indudable que la actitud asumida por E.G. y L.E. ante el retén montado por la Policía en el municipio de Arcabuco (Boyacá), esto es, de embestida y no detención del furgón de placas XXX hasta después de serle efectuado un disparo de advertencia, por parte del primero, y de huida, por el segundo, a todas luces es indicativa de la conciencia que tenían éstos de estar cumpliendo una acción contraria al ordenamiento jurídico.

El comportamiento que desarrollaron consistió en trasladar y custodiar el desplazamiento de un furgón que siete (7) horas antes había sido objeto de hurto en la vía Tabio - Subachoque.

“Ahora bien, la lógica y las reglas de la sana crítica enseñan que las acciones antes descritas pudieron ser llevadas a cabo por E.G. y L.E. bien como aporte dentro de un plan previamente concebido con quienes materialmente ejecutaron el hurto, el secuestro y el porte de armas en la vía Tabio – Subachoque, en donde aquellos no estuvieron presentes, ora como actividad complementaria para la cual fueron contratados, esto es, sin hacer parte del grupo perpetrador, aunque con conciencia de la ilícita procedencia del automotor de carga” (se subraya) (fls. 86 y 87, cdno. 2).

Para el Tribunal Superior, si bien el señor L.R.E.P. y su acompañante incurrieron en el delito de receptación, éste no fue imputado por la Fiscalía en la acusación y, por tanto, a términos del artículo 448 de la Ley 906 de 2004, “el acusado no podrá ser declarado culpable por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.

Como puede verse, a pesar de que hubo dudas en torno a la participación del señor E.P. en los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo cierto es que éste fue capturado cuando en el vehículo Mazda de placas XXX escoltaba el automotor que horas antes había sido hurtado en la carretera que de Tabio conduce a Subachoque, a lo cual se suma que en su poder fueron encontrados los documentos del vehículo plagiado y que trató de huir cuando advirtió la presencia de las autoridades (fls. 44, cdno. 2).

A pesar de que el señor E.P. fue exonerado de responsabilidad, lo cierto es que lo fue por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego y si no se le condenó fue porque el delito de receptación no le fue imputado, de modo que para la Sala no hay duda alguna de que su actuar doloso, pues, como se dejó dicho, el día de los hechos escoltaba el furgón de placas XXX a sabiendas de que era robado y con ello provocó que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación en su contra y que el juez de control de garantías avalara su captura, de suerte que las decisiones y medidas que debió soportar resultan imputables a su propia culpa, máxime teniendo en cuenta que aquéllas estuvieron debidamente respaldadas con las pruebas que militaban en el expediente penal.

Es evidente que el comportamiento del señor E.P. puso en funcionamiento el aparato judicial del Estado y, de paso, provocó las decisiones y medidas que lo afectaron, acerca de lo cual vale la pena recordar que el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- dispone que “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, eventos éstos que, de llegar a configurarse, enervan la responsabilidad del Estado; al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado (se transcribe literal):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor …, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)”(7) (se subraya).

En un asunto en que el Estado fue exonerado de responsabilidad por la privación de la libertad que afectó a una señora, la Sala consideró que dicha medida obedeció a su propia culpa, toda vez que:

“(…) está plenamente acreditada en el expediente la inexistencia de vínculo causal desde la perspectiva de la causalidad adecuada, se entiende entre la tantas veces mencionada medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el sub lite, previa declaratoria de la responsabilidad del Estado por los hechos que dieron lugar a la iniciación del trámite procesal que esta providencia decide, pues, como lo concluyó la agente del Ministerio Público ante esta corporación —cuyo criterio la Sala comparte— y así también lo decidió el Tribunal Administrativo del Cesar en primera instancia, la privación de la libertad de la señora … no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la Administración de Justicia —a pesar de ser la causa inmediata—, sino en la conducta asumida por la víctima.

“Sólo como consecuencia de las diligencias adelantadas posteriormente dentro de la investigación penal y, en especial, con ocasión de la inspección judicial, se logró establecer que el faltante que hacía aparecer el desorden en el cual se encontraba la dependencia en cuestión, realmente no tenía la trascendencia como para ser considerado un hecho punible. Pero los elementos de prueba obrantes en contra de la aquí accionante estuvieron gravitando hasta cuando la propia autoridad pública investigadora se ocupó de establecer que el ilícito no había ocurrido, razón por la cual el proceder negligente, imprudente y gravemente culposo de la víctima, en el presente caso, determina que la misma deba asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, como una carga que le corresponde por el hecho de vivir en comunidad, a fin de garantizar la efectividad de la función de Administración de pronta y cumplida Justicia.

“La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos colisionantes en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro”(8) (se subraya).

Cabe destacar que, frente a casos como éste, corresponde a la parte actora acreditar cuál fue la actuación del Estado que produjo el daño, además del nexo de causalidad entre estos dos elementos, los cuales, en el asunto sub examine, se encuentran acreditados, ya que fue una decisión de la administración de justicia la que determinó que el señor L.R.E.P. fuera privado de la libertad durante 11 meses, aproximadamente, al cabo de los cuales fue exonerado de responsabilidad.

Por su parte, las demandadas tenían la obligación de demostrar que se configuró algún supuesto de hecho que impide el surgimiento de responsabilidad del Estado, acerca de lo cual es dable señalar que la privación de la libertad de la que fue víctima el señor E.P. obedeció a su propia culpa, por cuanto, como quedó visto, obró dolosamente, pues el día de los hechos escoltaba un automotor a sabiendas de que era robado, al punto que los documentos de este último estaban en el vehículo que lo seguía, el cual era conducido por el mencionado señor, quien, incluso, trató de huir cuando advirtió la presencia de las autoridades, razón por la cual fue capturado y vinculado a un proceso penal, en desarrollo del cual y conforme a las pruebas que militaban en él, se adoptaron las medidas y decisiones que lo afectaron y, por tanto, es obvio que aquél estaba obligado a soportarlas, circunstancia que exime de responsabilidad al Estado por los hechos imputados.

De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia del 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones acá expuestas.

2.6. Decisión sobre costas.

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 De conformidad con el Acta 10 del 25 de abril de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3 Expediente 2008 00009.

4 Ley 446 de 1998.

5 Entre otros, sentencias del 14 de febrero de 2002 (expediente 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (expediente 21.801).

6 Tesis que el suscrito ponente de esta providencia no comparte.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2002 (expediente 13.744).

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007 (expediente 15.463).